Equipo Periferia Eje Cafetero

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El pasado tres de mayo en la vereda Volcanes del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), se llevó a cabo el proceso de levantamiento de piezas arqueológicas que corresponden a tumbas precolombinas de la cultura Quimbaya. Este hallazgo se dio en el momento que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) realizaba trabajos para el establecimiento de la torre número 61 del proyecto de transmisión eléctrica UPME-02-2009, subestación Armenia a 230 KV y líneas de transmisión asociadas, que contempla en total 83 torres, las cuales pasarán por cinco municipios de los departamentos de Risaralda y Quindío, involucrando cerca de 27 veredas y  atravesarán el distrito de Conservación de Suelos Barbas – Bremen.

Inicialmente la EEB guardó silencio frente al hallazgo de las piezas arqueológicas y pretendió retirarlas sin reconocer los procedimientos que se requieren para ello. Así lo relató un vecino de la vereda Volcanes, quien además explica que estas piezas habían sido cuidadas por el propietario del predio y campesinos de la zona, así como que fue él quien dio aviso a las autoridades competentes sobre este importante descubrimiento.

Posteriormente funcionarios de la EEB, en compañía de la Policía y Ejército Nacional, Sijin y personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, procedieron a la extracción de las piezas halladas, incurriendo en varias irregularidades, como lo señala el Comité por la Defensa del Territorio de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, en un comunicado en el cual manifiestan que “No se presentó una orden de allanamiento oficial y se ingresó sin autorización del dueño del predio, en la operación hubo un despliegue exagerado de fuerza pública con aproximadamente 100 agentes entre personal del ESMAD, la policía, SIJIN e incluso el Batallón 8 Móvil del ejército en una clara actitud intimidatoria y de amedrentamiento frente a una comunidad desarmada”.

Así mismo, relatan que “Los agentes de la fuerza pública se dirigieron a la comunidad de manera despectiva, además realizaron daños en fincas aledañas al armar campamentos sin el consentimiento de los propietarios y aprovechando que los predios se encontraban solos. Para realizar el levantamiento de las Tumbas ingresaron por sitios no autorizados de la finca, incluyendo la casa principal interrumpiendo la privacidad de los propietarios, y la acción de desmantelamiento se realizó pasando por encima de una solicitud de medida cautelar de suspensión ante el Tribunal Administrativo de Risaralda en el marco de una Acción Popular, instaurada por la Defensoría del Pueblo seccional Risaralda”. Por estos motivos, el Comité por la Defensa del Territorio argumenta que esta situación constituye un abuso por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, las autoridades departamentales, municipales y la fuerza pública, contra la comunidad de la vereda Volcanes y la memoria e historia del pueblo Quimbaya.

Por su parte la comunidad denunció que estas piezas fueron trasladadas en costales y se encuentran en una oficina de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, y aún no se conoce el destino del hallazgo cultural.

Las piezas encontradas consisten en dos tumbas de cancel, es decir, estructuras en piedra que utilizaba la cultura Quimbaya para rituales de sus funerales. Según autoridades, estas piezas arqueológicas datan del año 500 después de Cristo.

Para las organizaciones ambientalistas, sociales, la academia y los habitantes de la zona, este hallazgo significa una oportunidad para el rescate de la historia, la cultura y memoria de los pueblos y por ello proponen que las piezas sean retornadas al sitio y allí se realice la construcción de un parque arqueológico que conecte con otros lugares culturales como el Salado de Consotá y Piedras Marcadas. Igualmente proponen que dicho parque sea administrado por la comunidad organizada, la cual cuenta con un Plan de Manejo que ha sido construido con la asesoría de expertos en el tema.

De igual modo el Comité por la Defensa del Territorio ha solicitado que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, explique a la comunidad por qué no se consultó al Consejo Departamental de Patrimonio, entidad asesora de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, para tomar una decisión más acertada sobre el manejo del hallazgo arqueológico, a la vez que señalen por qué no estuvieron presentes y supervisaron el operativo que empleó la EEB para el “rescate” de las tumbas que en momentos se hizo sin la supervisión ni siquiera de los mismos arqueólogos de la empresa.

Por último, piden a la Defensoría del Pueblo efectuar una demanda a la EEB por violar la ley que protege el patrimonio arqueológico por encima de leyes que permiten proyectos de infraestructura, y exigen que se tomen las acciones disciplinarias al personal de la Policía Nacional, el Ejército, la Sijin y el Esmad  por incursionar en una acción judicial ilegal, ya que no contaban con una orden judicial concebida por un juez.

La Reserva Forestal Protectora Río Blanco está ubicada en el departamento de Caldas, municipio de Manizales, limita con los barrios La Sultana y Minitas. A su camino está la vereda Las Palomas que también se le conoce como la Joya de Vida del municipio, pues se resalta que es el área boscosa más grande, así como rica en diversidad de flora y fauna andina y fuentes hídricas. De acuerdo al documento de Plan de Manejo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas del año 2010 “constituye una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo, en contraste, es una de las más amenazadas y menos estudiadas. La región andina tropical en donde se encuentra la reserva, por su alta biodiversidad, está entre las 25 regiones prioritarias para la conservación del planeta”, su integralidad y naturalidad contribuye a la conservación de la biodiversidad.

Daniel Hassan, Abogado de la Corporación Centro de Estudios y gestión de Derechos para la justicia Espacial, comenta que pese a la importancia de este territorio, en la actualidad Construcciones CFC&A y Vélez Uribe ingeniería S.A, tienen un proyecto de urbanización sobre el suelo de La Aurora, que se encuentra ubicado en el área adyacente de la Reserva Forestal Río Blanco, más exactamente a 800 metros de la misma. Apunta además que este territorio también es conocido y determinado de acuerdo a las normas colombianas como la zona de amortiguamiento de la importante reserva forestal.

Este proyecto urbanizador, en conjunto llegaría a albergar a un aproximado de 9.000 o 10.000 personas, lo que generaría un impacto ambiental de inmensas proporciones, de acuerdo a la proximidad con que se encuentra de la reserva Río Blanco.

Hassan anota que “el suelo de La Aurora ha tenido históricamente un tratamiento rural, asociado con la vocación de zona amortiguadora dado por la ley, y se pretende mitigar el impacto negativo que el accionar humano pueda generar sobre esta reserva, reconociendo la importante función ecosistémica que cumple el área. En el año 2003, a través del Concejo Municipal de Manizales se cambió la vocación de dicho suelo y se le dio una clasificación de suelo de expansión urbana, permitiendo con esto la urbanización del sector”, por su parte Omar Vargas habitante de la Comuna Ecoturística Cerro de Oro y líder comunitario, plantea la necesidad de que este tipo de proyectos que directamente tiene que ver con los Planes de Ordenamiento Territorial – POT - sean consultados con las comunidades.

Es importante tener en cuenta que el proyecto Ciudadela La Aurora ocuparía apenas una porción del referido suelo de expansión, es decir, en el futuro podrían plantearse nuevos proyectos urbanizadores sobre el área, lo que agravaría la situación ambiental de la reserva, con la creación de un cerco humano, una muralla de casas y cemento que alteraría su función ecológica.

Por su parte, la bióloga Alejandra Osorio manifiesta que “es importante resaltar el valor ecosistémico que cumplen las zonas de amortiguamiento de cualquier área de interés ambiental, más aún cuando se trata de una reserva forestal de la importancia y fragilidad de Río Blanco. Estamos hablando de zonas que sirven como conectores o corredores biológicos para la fauna existente en la reserva forestal, hacen parte de la estructura ecológica principal de los municipios o regiones en las que se encuentran comprendidas, porque permiten la interconectividad biológica de la fauna que cohabita en las diferentes áreas protegidas de la ciudad, tienen incalculables valores paisajísticos, de recreación y de enseñanza y aprendizaje ambiental para los habitantes de la región”, anotando que con la alerta de este proyecto desde la comunidad y ciudadanía se viene configurando un movimiento al que se le ha denominado “Movimiento Kumanday”, donde a partir de actividades como caminatas de reconocimiento de territorio, ejercicios de cartografía social y ambiental, entre otros, se construye con las comunidades estrategias de cuidado y defensa del territorio y los diferentes bienes naturales de la región.

En esta reserva se han identificado 362 especies de aves, y a nivel nacional es considerada el bosque de niebla con mayor diversidad de mamíferos donde se identifican alrededor de 40 especies como el Venado de cola blanca, el Tigrillo, el Mono Aullador, el Perezoso, se encuentran también especies vegetales propias de estos bosques, como el Anturio Negro, la Palma de Cera y el Yarumo Blanco. Por estas y otras características desde 1992, el Ministerio de Agricultura la declaró como Reserva Forestal Nacional Protectora. Así mismo, Corpocaldas en el documento mencionado señala que la importancia de esta reserva en la región radica en servir de corredor biológico que conecta el Parque Nacional Natural Los Nevados, con las zonas boscosas de los municipios de Manizales, Neira y Villamaría, involucrando otros fragmentos boscosos, por lo que favorece la conservación de la biodiversidad regional, y menciona precisamente que uno de los aspectos más importantes lo constituye sus fuentes hídricas, ya que le proporciona a la ciudad de Manizales un 35% de su demanda de agua.

Finalmente, Hassan apunta que si se permite que la zona amortiguadora de Rio Blanco sea urbanizada, en un futuro la reserva será vulnerada en su interior, “creemos que las luminarias que se creen con la urbanización, los sonidos y el ruido que se proyecte desde la misma, con carros, equipos de sonido y demás, la intromisión que el ciudadano, habitante de la urbanización realice, con sus mascotas, y otros procesos de contaminación que generen los ciudadanos que habitarán el suelo de La Aurora, traerán impactos ambientales negativos incalculables para la reserva forestal y la estructura ecológica principal de la ciudad de Manizales”.

 

En el marco de la V Asamblea del Coordinador Nacional Agrario (CNA), realizada del 1 al 6 de febrero del presente año en el resguardo indígena San Lorenzo del municipio de Riosucio (Caldas), Periferia conversó con diversos líderes y lideresas nacionales y regionales de esta organización campesina, acerca de las perspectivas y caminos de construcción de paz que desde el movimiento campesino se vislumbran en medio de un contexto de negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, y de posibles diálogos con el ELN, para la terminación del conflicto armado. Sus voces nos dejaron ver preocupaciones y  retos que como movimiento social vienen planteando.

 

Las ZIDRES, un obstáculo para la paz en los territorios
Para el dirigente campesino y hoy senador de la república por el Polo Democrático, Alberto Castilla, “las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) son la apuesta del Gobierno nacional por acabar con el campesinado, centralizar el territorio y quitar la facultad a los entes territoriales para ordenarlo y ponerlo en función del empresariado y las transnacionales. Es una política para entregar la tierra como activo a los empresarios y buscar “asociar” al campesino y pequeño productor a su gran proyecto productivo. Esto implica entregar las tierras baldías y acabar con las formas de protección de los territorios como las zonas de reserva forestal”.

Según Castilla, estas medidas se convierten en una forma concreta de obstaculizar la construcción de paz en los territorios. “… consideramos que el reconocimiento del campesino como sujeto político y de sus derechos, la forma como se ordena el territorio, la defensa de la economía campesina, la producción de alimentos, la soberanía que debe tener el campesino para decidir a través de la consulta popular lo que se hace o no en su territorio, son las mejores maneras de confrontar el modelo impuesto por el gobierno en las ZIDRES. De lo contrario el campesino desaparece”, manifestó el senador.

Por su parte Ricardo Herrera, quien fue elegido presidente del CNA en esta asamblea, manifiesta que “nos parece muy importante y respaldamos los diálogos de La Habana, pero nos preocupa mucho que ya no se habla de reforma agraria integral, sino de desarrollo rural. Este va en los términos modernistas del capitalismo y el modelo neoliberal, mientras que la reforma agraria integral ha sido nuestra bandera de lucha desde hace 60 años o más. Nos preocupa mucho que no se toque el problema de la tenencia de la tierra en este país, y que no haya un espacio de participación de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y populares”.

La participación en la construcción de la paz
Marylen Serna, vocera nacional del Congreso de los Pueblos y del CNA, quien además lidera la Mesa Social por la Paz, señala que “el campesinado ha venido ganando un protagonismo en la movilización social, en la articulación y también en la lucha jurídica por su reconocimiento en la constitución, pero también en la construcción de propuestas de país, de salidas a la situación que vive el campo colombiano. Hay que decir que los procesos de negociación no logran recoger esta perspectiva del movimiento campesino; por ejemplo en los diálogos de La Habana en el punto de desarrollo rural, no se ve una negociación que dé respuesta a este planteamiento del movimiento campesino en cuanto a la distribución inequitativa de la tierra y cómo frenar el despojo de bienes comunes de las comunidades en sus territorios. Ese es un punto donde el campesinado no se siente representado y por ello plantea generar otros escenarios de participación”.

En ese sentido considera que el espacio de negociación que se abriría con el ELN podría ofrecer algunas posibilidades. “Hay un planteamiento muy general; el ELN lo que ha dicho es que va a convocar a la sociedad para la participación; nos corresponde a los campesinos prepararnos con nuestras propuestas, con nuestra articulación, con nuestra fuerza de movilización para buscar unas garantías y condiciones para esa participación y proponer los cambios que se necesitan en cuanto a la tierra, la autonomía, la cultura, la soberanía. Sin embargo eso sigue siendo un atranque pues hasta ahora no hay un esquema de participación abierto, amplio, incluyente”.
Marylen afirma que desde el movimiento social se considera necesario “mirar el proceso de paz con una visión más integral y por eso hablamos de un gran diálogo nacional, y de una Mesa Social por la Paz, porque los actores para construir la paz no son solo la insurgencia y el gobierno. Ellos van a ser una parte importante en cuanto a la negociación del conflicto armado y también algunos componentes del conflicto social, pero eso no es todo. El escenario de paz tiene que ver con la implementación de los acuerdos, así como con un ejercicio real y directo de participación, donde sean las organizaciones y la sociedad representada en distintas instancias, quienes se sienten a negociar de manera directa con el gobierno nacional, no mediado ni dependiente de las insurgencias sino de una forma autónoma. Requerimos escenarios y agendas propias, y son necesarios los ejercicios de movilización para presionar el cumplimiento de los acuerdos”.

Frente a este tema, Ricardo Herrera complementa “nosotros creemos que es importante que se habilite la mesa con el ELN, pero el ejercicio que hemos venido haciendo de fortalecer la organización campesina, de construir plataformas y propuestas políticas, son apuestas reales y hechos concretos para construir la paz. Nosotros no podemos tener como única opción la mesa con las insurgencias, por eso hemos venido construyendo una verdadera paz para nuestra gente, para nuestros territorios, para nuestra nación. No debemos esperar que se establezcan esos diálogos, sino exigir al gobierno, a través de la movilización, que establezca una mesa con el movimiento social y que cumpla los acuerdos. Algo hemos hecho desde la cumbre agraria y, por lo tanto, debemos fortalecer ese proceso”.

Las voces de las regiones
Campesinas y campesinos de todo el país, también expresaron desde su cotidianidad las preocupaciones por una paz que, según ellos, sigue esquiva en las políticas de gobierno, y que debe nacer de las prácticas que tejen las organizaciones sociales en los territorios.

Para Luz Stella Cifuentes de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), existe una gran preocupación en tanto que “… con las comunidades que trabajamos en el suroeste, occidente y oriente Antioqueño hemos conversado y reflexionado sobre esa paz que se está construyendo desde el Estado, es una paz pensada para la entrega de los territorios, porque igual siguen avanzando los proyectos para hacer micro-centrales, para explotaciones mineras, para proyectos agro turísticos pero con visión de mercado, entonces ¿dónde van a vivir los campesinos? Esos son unos acuerdos de paz que buscan un país para las empresas trasnacionales, para el mercado y la producción de dinero, y no propiamente para los campesinos, campesinas, indígenas, negros”.

“La opción de vida nuestra es la paz. Nos hemos visto insertos en una guerra que no provocamos, que no es nuestra; todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad como campesinos, son hechos de paz. Estamos recuperando la soberanía alimentaria, producimos nuestra comida limpia y orgánica, nuestros propios abonos. La paz es que todos vivamos en condiciones de dignidad; estamos luchando por una propuesta de economía propia donde la producción, la transformación y la comercialización sea de los campesinos y campesinas, de los indígenas y los negros; estamos luchando por una educación propia, por una salud propia, por recuperar todos esos saberes ancestrales”, puntualiza Luz Stella.

Por su parte Cruz Quilina Piraza de Asoquinchas, municipio Litoral del San Juan al sur del Chocó, manifiesta que: “Como pueblos interétnicos reclamamos la participación de la sociedad en el proceso de paz. En nuestro territorio hay cantidades de macroproyectos, una fuerte presencia paramilitar, y encima, un descuido y desamparo del Estado. En el Alto Baudó se está viendo afectada el agua; en el Litoral del San Juan hay concesiones mineras que comprometen el río San Juan y Condoto, toda la parte del Alto San Juan. Hay otros proyectos como la carretera Panamericana, y la carretera de agua dulce que se va a hacer desde Bahía hasta Tribugá”.

Sin embargo, señala “en el Alto Baudó se está llevando a cabo una propuesta de mejoramiento de planes de vida de los pueblos afro e indígenas; se hizo una minga interétnica con la que se logró que las instituciones del Estado y la gobernación del departamento instalaran unas mesas de trabajo con las comunidades afro e indígenas, para que estas formulen sus propios proyectos y aporten a los planes de vida de los pueblos interétnicos”.

De igual modo Gonzalo Romero, del Congreso de los Pueblos Santander, dice que “en la región queremos la paz, pero no cualquier paz; nos parece muy bien el ejercicio de negociación del Estado con la Insurgencia, pero la paz que nos imaginamos es una donde haya una real participación de la sociedad y se vean resueltas las condiciones sociales, económicas, de salud, de educación y laborales del pueblo. Las manifestaciones del Estado en el territorio no son de paz; por ejemplo, la privatización de las aguas en las provincias Guarentina, Comunera y Veleña para hacer 14 represas; o que el 70% del territorio de Santander esté concesionado a multinacionales mineras; o que en Vélez, Caño Bonito, Cimitarra, Landázuri aproximadamente 3000 hectáreas se le entregaran a una multinacional hindú para la explotación de carbón a cielo abierto”.

Gonzalo cuenta que en su región vienen haciendo esfuerzos para organizarse y trabajar por la paz: “Estamos organizados en torno a la tierra, y a 250 acueductos comunitarios construidos y administrados por las mismas comunidades, como propuesta de resistencia a esos megaproyectos de represas”.

Dagoberto Medina Martínez, Vocero del CNA en el departamento del Tolima, dice que “nosotros hacemos un análisis bien concienzudo en el territorio porque estamos a la expectativa, porque vemos que desde el Estado y las Multinacionales va a haber una andanada de recursos en los territorios que no sabemos de qué índole, pero que van a desestabilizar la región. Estamos aportándole a la paz muy decididamente, con propuestas claras: hay que dignificar al campesino como sujeto político, y los campesinos necesitamos una reforma agraria integral”.

Por último, Gabriel Henao integrante de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar y dirigente regional del CNA, señala que “si bien es positivo que se esté hablando de paz en la Habana, vemos en los territorios que están creciendo los grupos paramilitares que nunca se fueron. Hace poco llegó a la zona un grupo de 80 paramilitares a disputarse el territorio, entonces mientras se habla de paz nos despojan del territorio, y esa es precisamente nuestra lucha, por el territorio”.

Según Gabriel, “la propuesta de paz de nosotros es que si la gente tiene donde trabajar, si tiene salud, educación, vivienda y lo necesario para vivir dignamente, puede haber paz, pero parece que eso en la agenda del gobierno no está. Y con nosotros por ejemplo ha habido una mesa, pero el gobierno no ha querido volverse a sentar; quieren cansarnos, quieren dividirnos, pero con el gran paro que estamos preparando creemos que es el momento para hacer sentar al gobierno a negociar con el movimiento social".

Campesinos, campesinas e indígenas de los municipios de Samaná, Riosucio, Pensilvania y Salamina, con el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas, realizaron un ejercicio de reflexión y recuperación de la memoria de la experiencia vivida desde el origen del conflicto en sus territorios, hasta el proceso de restitución de tierras en el que las familias participan actualmente. Estas reflexiones fueron presentadas por las víctimas en el marco del Foro Público de Restitución de Tierras en Caldas realizado en noviembre del año pasado.


“Así vivimos el conflicto armado en el territorio”
Las décadas de los sesenta y setenta fueron prósperas para el corregimiento de Florencia en Samaná, Caldas. En ese entonces, según sus habitantes, el comercio creció, las vías del pueblo se pavimentaron, se construyeron el centro de salud, el parque, la carretera, escuelas y colegios en el campo, entre otros espacios públicos.

Sin embargo, en los años 90 empezó una disputa entre familias del municipio por las influencias políticas de los partidos tradicionales y la presencia de la insurgencia. En 1996, según lo relatan, empezó en los territorios el impacto de la guerra política; el frente noveno de las FARC-EP realizó su primera toma guerrillera en la cabecera municipal. En 1997 los grupos armados hicieron una división territorial: las FARC-EP se ubicaron en la zona de los Cristales, Arboleda, Pueblo Nuevo y la zona alta de Samaná, mientras que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y los hijos de Ramón Isaza ocuparon la región del Magdalena Medio hasta la Laguna de San Diego.

En 1999 ocurrió la segunda toma guerrillera a Florencia. Cuentan los habitantes que cayó un cilindro de gas a la iglesia y que la gente corría a resguardarse para defender su vida, y a causa de esta toma se desplazaron muchas familias, se generalizó la violencia y la policía abandonó el pueblo. Por esa época, según relata un campesino, la caída del precio del café y la llegada de la roya, coincidieron con el incremento de los cultivos de coca auspiciados por los grupos armados, que al final quedaron dominando el territorio ante la ausencia del Estado.

A partir del año 2000 las cosas empeoraron. Cuentan que la guerrilla les dejaba tres caminos: Incorporarse a ella, morir tras ser amenazados, o irse del pueblo. La decisión fue irse para San Diego. En el año 2002, la guerrilla destruyó el puente que comunicaba el Río Manso con San Diego y amenazaron con quemar el casco urbano. Esto causó que en dos horas las familias huyeran abandonando su pueblo con rumbos diferentes.

Pero los hechos más críticos, que no se borran de la memoria de la gente, se dan con la arremetida de los paramilitares. El 14 de noviembre de 2001 ocurrió una masacre en la vereda El Congal, y el 19 de enero de 2002 entraron los paramilitares: “todos corrimos de miedo, entraron quemando el caserío, así la vida era insostenible y nos tuvimos que desplazar, algunos nos fuimos para la vereda El Volcán, y entre el 2003 y 2007 a raíz de los constantes enfrentamientos armados nos tocaba echar pal monte a escondernos hasta quince días. En esa época hubo desapariciones forzadas y una gran incursión de frentes paramilitares en la zona”, comentan los campesinos.

Cuentan además que a raíz de la situación, en marzo del 2004 después de una reunión de los presidentes de Juntas de Acción Comunal con el general de la policía Rodolfo Palomino, empezaron a asesinar a los líderes y sus familias. Algunas de las víctimas fueron líderes de la vereda el Bosque, la Cumbre y Quebrada Seca, y en total fueron asesinados siete líderes de Juntas de Acción Comunal.

La zona quedó bajo el control paramilitar. En volquetas se transportaban los alimentos para los frentes paramilitares, mientras que a los campesinos les revisaban sus mercados cuando regresaban del pueblo los domingos hacia sus veredas, y si tenían más de 30 o 40 mil pesos en comida, les acusaban de transportar víveres para la guerrilla.

En el 2005 toda la comunidad de la vereda el Bosque se desplazó. Con las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos se afectaron los cultivos de pan coger, las fuentes hídricas como ríos y quebradas se contaminaron y mucho ganado murió. Recuerdan además que en el 2006 las familias de Florencia se desplazaron a causa de los atropellos que el Ejercito Nacional de Colombia venía realizando a la población.

En el 2011 inició el proceso de desminado humanitario en los territorios, y desde el Estado se impulsaron dos programas llamados “Familias en su Tierra” y “Familias Guardabosque”, ambos de asistencia social a población víctima del conflicto armado.

En la actualidad, las familias y víctimas del conflicto armado se encuentran participando del programa de Restitución de Tierras, un programa que desde el Estado es denominado como “el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado”.

Caldas según el Registro Único de Víctimas (RUV) es el departamento del Eje Cafetero con mayor número de hechos victimizantes (150.879, a septiembre de 2015). Carolina López trabajadora social del Cedat, quien acompañó el trabajo de campo en el municipio de Samaná cuenta que a noviembre de 2015 solamente estaban iniciados 95 casos para Caldas, un número bajo con relación al número de víctimas registradas en el departamento. Así mismo apunta que las víctimas son conscientes que el proceso apenas comienza, pero advierte que “la tarea del Estado no solamente es devolver las tierras a quienes fueron despojados de ella, sino generar procesos que permitan el retorno y la restitución de condiciones relacionadas con la totalidad de la cadena productiva y la vida de sujetos, familias y comunidades. Además se requiere reparar por pérdida a quienes por razones diversas, no están dispuestos al retorno”.

Para los campesinos y campesinas del municipio de Samaná, el retorno a sus territorios se convierte en un símbolo de esperanza, pero advierten que les preocupan las condiciones de seguridad y económicas, y el impacto social y ambiental de los megaproyectos hidroeléctricos que afectarían a sus territorios. Como dijo un campesino en uno de los talleres realizados por el Cedat: “Ojalá mis palabras no sean ciertas, pero a futuro lo veo, que a nosotros nos van a volver a desplazar por el uranio y el agua”.

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El Megaproyecto de Renovación Urbana de la comuna San José, en pleno corazón de la ciudad, (del cual hemos hablado en ediciones anteriores) ha causado el desarraigo y el despojo de muchos pobladores que se han visto forzados a desalojar su territorio para dejar atrás su historia y su cotidianidad. Sin embargo existen aún muchas personas y procesos organizativos que persisten en la resistencia y además construyen otras formas de relacionarse con el territorio, recuperando la tradición, saberes populares, autonomía y dignidad. Es el caso de Comunativa, proceso organizativo nacido en las entrañas mismas de la comuna, conformado por jóvenes que le apuestan al arte y a la agroecología como formas de resistencia, pero también como un ejercicio de autonomía y construcción de paz desde los territorios.

amenazaspereira

Durante los últimos meses las amenazas e intimidaciones a líderes estudiantiles y defensores de Derechos Humanos en la ciudad de Pereira han arreciado. Y pese al silencio cómplice de las autoridades, las organizaciones sindicales, sociales y populares han generado una dinámica creciente de solidaridad con las personas afectadas y de rechazo a las acciones intimidantes que pretenden negar el papel de la lucha social para construir una sociedad más justa.

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