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Urabá, la tierra del despojo

¿Qué?
“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en Urabá, porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado con cuchillo en la mano diciéndoles que quien hiciera paro lo matábamos. ¿Por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros, ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos y ninguno está pagando”.

Este testimonio de Hebert Veloza, alias 'H.H, hace parte de una sentencia emitida en 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La declaración del excomandante del Bloque Calima de las Autodefensas fue utilizada y recuperada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, organizaciones que con el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá, pretenden demostrarle a la Comisión de la Verdad, y al país, que empresarios locales e internacionales, en complicidad con las Fuerzas Militares y el Estado, llevaron a cabo un macabro plan de acumulación y despojo de tierras para lograr imponer una dinámica económica extractiva y privatizadora.

El despojo y la titulación fraudulenta de tierras en Urabá son tan antiguas como el país mismo. El siglo pasado, por ejemplo, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ordenó en 1943 que se desalojaran “los bosques nacionales […] y reclutar a los pequeños colonos como fuerza de trabajo”. Además, adjudicó baldíos de hasta 2.300 hectáreas a terratenientes ganaderos.

En la década del 60, lo que detonó el despojo en Urabá fue la producción de banano, que hasta la década anterior era sembrado por campesinos colonos. Pero en 1959, tras la llegada de la Frutera Sevilla, filial de la empresa estadounidense United Fruit Company, para quienes trabajan los asesinados en la conocida 'Masacre de las Bananeras, la economía campesina, que hasta ese momento era de pequeña escala, se convirtió en agroindustria.

En el 70, el Gobierno incentivó la compra de plantaciones bananeras por parte de empresarios colombianos a través de los créditos generados por la Alianza para el Progreso, la ayuda monetaria, impulsada por John F. Kennedy, con la que Estados Unidos colonizó económicamente a América Latina. El proceso de compra fue conflictivo e irregular. La titulación de tierras estuvo marcada, según el informe de las organizaciones, por “la especulación acompañada de la expulsión de viejos colonos mediante subterfugios legales, [y] presiones directas que obligan al pequeño propietario a vender o abandonar la zona”.

Por la misma época que se instaló la Frutera Sevilla fue terminada la carretera que conectaba a Medellín con Urabá. La conexión terrestre permitió que se consolidara la industrialización de la producción agrícola. Muchos campesinos vendieron sus tierras a empresarios bananeros de Medellín y Bogotá, quienes se aprovechaban del desconocimiento de los campesinos sobre el valor y la importancia estratégica de sus bienes.

El llamado eje bananero –del que hacían parte Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo– pasó de 10.000 hectáreas sembradas de banano en 1960, a 19.300 hectáreas en 1982. Ese mismo año las hectáreas de palma africana pasaron de 351 hectáreas a 2.260, mientras que la ganadería pasó de 179.000 a 362.000 hectáreas. A medida que incrementaba la agroindustria y la concentración desigual de la tierra, aumentaban los conflictos por ella. Las instituciones estatales obraron en favor de los dueños de las grandes extensiones de tierra, y destinaron la presencia de fuerza pública para brindarle seguridad a su producción y exportación.

La conflictividad se agudizó con las protestas y la invasión de predios organizados por la Asociación de Nacional Usuarios Campesinos (ANUC) en los 70, años de surgimiento y consolidación de guerrillas como las FARC y el EPL, las primeras en hacer presencia en la zona. Los trabajadores sindicalizados, obligados a dormir en cambuches y a soportar jornadas que superaban las 16 horas, también empezaron a demandar condiciones laborales dignas. La visión anticomunista del empresariado, sumado al apoyo militar del Estado, desató la militarización de la zona, la estigmatización de los sindicatos, las amenazas, la desafiliación masiva, el exilio, y el asesinato de dirigentes sindicales.

Asdrúbal Jiménez, asesor jurídico de varios sindicatos bananeros de Urabá en los 80, dijo a los investigadores que la primera huelga se hizo en la empresa Codelsa [empresa colombo-holandesa que cultivaba palma de aceite] en 1972. El sobreviviente de esa primera oleada de violencia sufrida por en la región antioqueña, asegura que el paro total de la producción “trajo una nueva situación para la crisis que se vive en Urabá que fue la participación del ejército colombiano en la solución de los conflictos laborales”. Según el testimonio de Jiménez, Urabá era una zona muy pacífica donde el ejército no hacia presencia, y el trabajador no sabía qué derechos tenía, “consideraba que el hecho de darle trabajo era un favor que le hacía el patrón”.

El día de la huelga, el ejército hizo presencia en la empresa, y capturó toda la “dirección del sindicato. Los trasladan a las instalaciones de La Maporita [donde se había ubicado el Ejército en Chigorodó…] Cuentan los trabajadores que a todos los dirigentes sindicales los torturaron. Una de las torturas que utilizaban era raspar los árboles en la zona de polígono y los obligaban a subirse en los árboles lisos con una bayoneta sosteniéndolos por detrás, y si el trabajador no subía o se resbalaba pues se enterraba la bayoneta”.

La violación de los derechos humanos y laborales, y la violencia contra el sindicalismo, marcó los años 80 en Urabá. Esa década también trajo consigo la participación y llegada a cargos públicos de organizaciones en cuyos discursos demandaban la redistribución de la tierra, y criticaban la lógica de acumulación fomentada por el modelo de producción y el uso de la tierra. En 1986, la Unión Patriótica –partido fundado e integrado por guerrilleros desmovilizados de las FARC y el ELN que se acogieron al acuerdo de paz de Belisario Betancur– ganó la alcaldía de Chigorodó, logró 9 sillas en el congreso, 10 en las asambleas departamentales, y 350 en los concejos municipales del país. Y en las elecciones de 1988 se hizo con la alcaldía de dos municipios de Urabá: Apartadó y Mutatá.
A la efervescencia política de organizaciones de izquierda como la Unión Patriótica, el Frente Popular, A Luchar y el Partido Comunista, el empresariado respondió con una violencia sicarial que extinguió las huelgas obreras y acabó con la vida de varios dirigentes de esas organizaciones. Los empresarios intentaron justificar la violencia ante la opinión pública remarcando las potencialidades geoeconómicas de la región. En un artículo publicado por la revista SEMANA en 1989, un ganadero de Urabá sostuvo que “Colombia no se ha dado cuenta del papel estratégico que tiene este golfo […] Urabá es la prolongación de Centroamérica y nosotros estamos viviendo los procesos de revolución y contrarrevolución que se viven en este punto del planeta. Es un enfrentamiento entre la democracia y el comunismo".

El capital empresarial apelaría a la violencia –en público y en privado– para controlar y usufructuarse de este corredor estratégico que conecta Antioquia con Chocó y Cordoba, y en el que se piensan implementar tres megaproyectos: Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí, los cuales suman una inversión de más de 1.350 millones de dólares.

¿Cómo?
Entre el 14 de enero de 1990 y el 26 de diciembre de 2005 se contabilizaron 98 masacres Urabá, la mayoría perpetradas por paramilitares. Desde el sur de Córdoba llegó a la región portuaria la primera manifestación paramilitar: alrededor de 100 hombres llamados 'Los Tangueros', quienes obedecían ordenes de Fidel Castaño, autor intelectual de la masacre en la que murieron 42 campesinos de Pueblo Bello, Turbo, en enero de 1990. 'Los Tangueros' hacían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conformadas por Fidel y Carlos Castaño en 1987. El telón de fondo de la violencia paramilitar era el conflicto por la tierra. Según “el Agustín Codazzi, en 1988 los predios menores a 5 hectáreas sumaban el 62% del conjunto de los predios, lo que contrastaba con las propiedades mayores a 500 hectáreas, las cuales, constituyendo apenas el 1.3% del total de predios, equivalían al 42.14% de la superficie”.
Los paramilitares y el empresariado conformaron un rentable pero letal matrimonio. El mayor incremento de los índices de despojo se dio de 1995 a 1998, años en los que se “pacífico” Urabá, coparon el territorio las Autodefensas Campesinas, proliferaron las convivir patrocinadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, e hizo presencia la Brigada XVII del ejército comandada por el general Rito Alejo del Río.

Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, explicó, en el marco del proceso de Justicia y Paz, cómo empresarios, ganaderos y palmicultores aprovecharon la expansión paramilitar en la región para adquirir tierras a bajos costos: “En la medida que las autodefensas fueron avanzando […] muchos empresarios, ganaderos y bananeros, gente muy honorable, aprovechó para comprar tierras en ese momento, los campesinos, debido a los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, vendieron sus propiedades […] mucha gente a la sombra de Vicente Castaño vio un nicho de negocio, llevaban calculadora […] Mucha gente compró cientos de hectáreas en esa zona con el propósito de desarrollar ganadería y palma”.

La consolidación y expansión del paramilitarismo en Urabá no hubiese sido posible sin el decreto 356, expedido el 11 de febrero de 1994 por el Ministerio de Defensa de Colombia, cuyo artículo 42 permitió la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). Las Convivir fueron fachadas utilizadas para organizar, legalizar y financiar el paramilitarismo en Urabá. Sus autores materiales e intelectuales fueron Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno de Antioquia, Rito Alejo del Rio, José Miguel Narváez, experto en seguridad nacional, Irving Jorge Bernal Giraldo, empresario bananero y palmicultor, y Raúl Emilio Hasbún Mendoza, empresario ganadero y bananero, accionista de la comercializadora Banacol, y comandante del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La Corporación Jurídica Libertad logró documentar la existencia de nueve Convivir en Urabá. En 2010, Hasbún señaló “con nombre propio a 226 empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros de Urabá como los financiadores del Bloque Bananero que él mismo comandó”, y “entregó a la Fiscalía un listado de 346 fincas bananeras y 60 ganaderos que apoyaron a los paramilitares”. En ese listado mencionó a personas como Nicolás Echavarria, quien fuera exembajador del gobierno de Álvaro Uribe en Bruselas y que para la época era presidente de la comercializadora de banano Banafrut; también aparece Guillermo Enríquez Gallo, socio mayoritario de la comercializadora de banano Unibán y propietario de una de las fincas más grandes de la región; y Felipe Echeverri exdirectivo de Augura e investigado por despojo de tierras.

“Al inicio las Convivir era para la consecución o legalización de los recursos por parte de los empresarios bananeros. A medida que se van conformando y van empezando a funcionar, se dedican al tema político, político entre comillas, las conformaciones de las juntas de acción comunales, etc., recoger información de la brigada o del ejército y la policía […] manejar un sistema de comunicaciones en toda la zona de Urabá que controlaba 800, 900 radios de comunicaciones, un control permanente, apoyo a la fuerza pública”, declaró ante la justicia Hasbún.

Muchos de los empresarios señaladas han intentado limpiar su nombre asegurando que los aportes iban destinados a organizaciones de seguridad privada legalmente constituidas, y que en algunos casos lo hicieron bajo presión. Pero además de Hasbún, Freddy Rendón, y Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Catatumbo, reconocieron que había un acuerdo para que los dineros de las Convivir fueran a las AUC. Aparte de los aportes voluntarios, recibían tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Mientras que los ganaderos pagaban cuotas por cada hectárea a través de la Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar), y de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), fundada por empresarios entre los que estaba Claudia Argote, cuya familia, según 'El Alemán', aprovechó los precios irrisorios que le ponían los campesinos a sus tierras cuando se agudizó la incursión paramilitar.
La Chiquita Brands, antigua United Fruit Company, fue condenada por la justicia estadounidense después de reconocer que realizó más de 100 pagos a grupos paramilitares de Santa Marta y Urabá. La empresa aceptó que pagó más de 1.7 millones de dólares, desembolsados a través de su filial colombiana Banadex. Además, el 7 de diciembre del 2000, entraron al país por el puerto de Zungo, un puerto privado de la empresa Banadex, 3.000 fusiles y dos millones y medio de cartuchos para los grupos paramilitares.


La jefatura militar declarada para Urabá en 1994, ayudó al paramilitarismo a consolidar su control territorial y suplantar los gobiernos locales. Tres años después, se presentaría el mayor número de víctimas en Urabá: 119.944, de las cuales 115.744 eran víctimas de desplazamiento forzado. Justo ese año, 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia.
El paramilitarismo incluso fue capaz hacerse con el poder institucional. También en 1997, Vicente Castaño ordenó la conformación de un movimiento político llamado “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el dinero del movimiento “provenía de las múltiples subastas que realizaba 'El Alemán' en Virgen del Cobre, una finca en Necoclí que fue propiedad del narcotraficante José Antonio Ocampo alias 'Pelusa', y a la que acudían ganaderos de la región para regalar o comprar las mejores reses”.
Políticos aliados y avalados por el entramado paramilitar llegaron a alcaldías, concejos municipales, a la asamblea departamental, y obtuvieron una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2002–2006, curul que se alternaron entre Manuel Ávila Peralta, Jesús Doval Urango, Estanislao Ortiz Lara y César Moreno, cada uno “renunciaba a su cargo tras cumplir un año para cederle el puesto al siguiente”.

Para controlar el escenario político e institucional, las AUC conformaron organizaciones sociales no gubernamentales y “cooperativas de trabajo asociado a las que integraron a personas que tenían relaciones activas o pasivas con el paramilitarismo”. También fortalecieron y dinamizaron las Juntas de Acción Comunal y las veedurías ciudadanas para formar cuadros políticos y tener una masa electoral que les permitiera determinar y manipular el rumbo de las elecciones, obligando “a la población a votar por los políticos que contaban con su bendición”. Lo que explica por qué en 2002 y 2006, Rubén Darío Quintero, y el Movimiento Renovación Acción Laboral (Moral), fundado por Mario Uribe –primo de Álvaro Uribe condenado por parapolítica–, obtuvieron altos índices de votos en Urabá, región en la que no desarrollaron trabajo político

La consecución del poder fue utilizada “no solo para favorecer a los paramilitares sino también a los empresarios durante su paso por el Senado […] Rubén Darío Quintero presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006 que abrió una puerta para la legalización del despojo al dar origen a la Ley 1183 del 14 de octubre de 2008, aún vigente, por medio de la cual el Estado les asignó funciones de titulación de tierras a los notarios y estableció tres requisitos para legalizar la posesión regular de predios: la identificación del solicitante, la identificación del inmueble y la declaración jurada del solicitante, diciendo que no hay procesos pendientes sobre la propiedad. Bajo esta legislatura, varios empresarios legalizaron predios despojados haciéndolos pasar como tierras baldías a través de resoluciones del Incoder […] Pero no sólo las instituciones y cargos de elección popular fueron infiltrados por los intereses del paramilitarismo. Las notarías y oficinas de registro, así como las oficinas locales del Incoder”, fueron utilizadas para la titulación fraudulenta de tierras.

¿Quién?
La desmovilización paramilitar iniciada en el 2003 no significó la desaparición de este actor armado. Grupos residuales como las Autodefensas Gaitanistas (AGC) controlan actualmente las rutas del narcotráfico, cuidan propiedades de algunos empresarios, e impide los procesos de restitución de tierras en Urabá.

Los acontecimientos y las cifras indican que la nueva oleada de violencia paramilitar que vive la región tiene su razón de ser en los procesos de reparación que allí se adelantan desde que se decretó la Ley 975 en el 2005. Entre el 2018 y el año en que se expidió la ley, fueron asesinados 25 líderes reclamantes de tierras. 4.159 víctimas del despojo y del abandono forzado de Urabá han presentado 6.880 solicitudes en las que piden que se les reparen un total de 6.371 predios. Hasta el 15 de noviembre del 2018, solo se habían emitido 146 sentencias que daban respuesta a esas solicitudes. Solo en 195 casos se ha dado la restitución. En zonas rurales como La Balsita, Macondo, Blanquicet, Guacamayas, Nuevo Oriente, California, San José de Apartadó, entre otras, la presencia de las AGC ha impedido el retorno o la restitución de las tierras.

No es conspirativa, ni fundada en argumentos ideológicos, la tesis de las organizaciones que elaboraron el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá. Hay casos de sobra que demuestran la estrategia empresarial, armada, e institucional que se llevó a cabo en Urabá para implementar megaproyectos y un modelo económico que privilegia la concentración de la riqueza. El caso de Puerto Antioquia, les da la razón. No es una simple coincidencia que el megaproyecto, calculado en 700 millones de dólares, se vaya construir “en una zona sobre la que existe una solicitud de restitución colectiva de tierras presentada el 3 de octubre de 2017 por el Consejo Comunitario Puerto Girón”, comunidad afrodescendiente que reclama 11.269 hectáreas. Tampoco es casualidad que entre los promotores de Puerto Antioquia estén empresas como la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A., Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban), y Agrícola Santamaría S.A.S., empresa de la que es propietaria la familia de Guillermo Henríquez Gallo, quien fue señalado por el exparamilitar Raúl Hasbún como financiador de paramilitares en esa zona de Antioquia.

Lo de Urabá fue algo planificado. Urabá es la muestra de que en Colombia hay muchas personas millonarias, y no precisamente por sus buenas conductas, por el sudor de sus frentes, o por estar apegados a la ley.

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Acerca del Autor

Juan Alejandro Echeverri