Proceso con Farc podría fracasar y desmotivar al ELN: Benedicto González Destacado

Periferia conversó con Benedicto González, antes conocido como Alirio Córdoba, del bloque Martín Caballero de las FARC-EP, hoy Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Habló, entre otras cosas, de los incumplimientos del Estado y la falta de garantías para la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros.


PO: ¿Cree que el Estado les ha cumplido los acuerdos pactados en La Habana, y desde su punto vista cómo cree que lo ven los elenos en estos momentos de negociación?
BG: Este momento de implementación, nosotros preferiríamos denominarlo como una suerte de renegociación de los diferentes compromisos adquiridos por el Estado colombiano en ese pacto de paz. Es así como temas cruciales, como el presupuesto de la paz, hoy tiene una suma inferior a la expectativa, no solamente de las Farc sino el del pueblo colombiano. Ese presupuesto ha sido recortado, y en contradicción con el aumento del presupuesto de guerra para el año 2018 que se ha incrementado. Eso demuestra que no existe una voluntad política de avanzar hacia la paz de Colombia, que no existe una decisión de la clase política de atacar las condiciones sociales, económicas y políticas que han generado este conflicto. No existe ningún propósito, ninguna intención de ceder sus fortunas, lujos, poder, que han caracterizado a esta oligarquía. Es una situación lamentable y delicada porque no solo el proceso con las Farc podría fracasar, sino que en vísperas de un acuerdo con el ELN, desmotiva e invita a esta organización insurgente a mirar con desconfianza un posible acuerdo.

PO: ¿Por ejemplo, en lo jurídico y económico se está cumpliendo lo pactado?
BG: Hay inseguridad jurídica, y un ejemplo de ello fue el gran operativo policial por aire y tierra que se desarrolló en la variante, en la antigua zona veredal hoy espacio de capacitaciones y reincorporación Ariel Aldana, en Tumaco, donde lidera nuestro querido compañero Edilson Romaña. Con cualquier pretexto, y acusado por narcotráfico fue capturado uno de nuestros compañeros, integrante del partido que acabamos de fundar, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, y existe la posibilidad y la amenaza de la extradición. Eso hizo que más de ciento cincuenta hombres y mujeres militantes de las Farc abandonaran el lugar, porque se sienten amenazados, sienten que no hay garantías.

En materia de seguridad socio económica para la reincorporación, tenemos la ausencia no solo de recursos sino de medidas y políticas para que los antiguos combatientes puedan adelantar las diferentes actividades que se requieren en una adecuada y exitosa reincorporación, por ejemplo en materia educativa, en materia de salud, y fundamentalmente socioeconómica, en la producción o la puesta en marcha de los proyectos productivos que incluyen la necesidad de la disposición de tierras, para que esta población del prolongado conflicto tenga sus propios sustentos de manera sostenible y digna.

Por otro lado, en cuanto al proceso, el Gobierno dijo que dispondría de ciento 29.5 billones de pesos a quince años para poner en práctica cada uno de los mandatos de la reforma rural integral, participación en política, fin del conflicto, sustitución de cultivos, y derechos de las víctimas. Según cifras publicadas por Fedesarrollo, solo para la implementación del primer punto del acuerdo de la reforma rural integral del nuevo campo colombiano, se requerirían 20 billones de pesos anuales. Entonces estamos encontrando la contradicción y la falta de decisión de la clase política colombiana para acabar con esa gran brecha de desigualdad y pobreza que reina en el país.

PO: ¿Qué pasa con las zonas donde tenían presencia, y cómo ven las garantías de seguridad?
BG: Es lamentable que esos territorios en los que ejercíamos control político y militar, una vez que hiciéramos el repliegue de nuestra fuerza hacia las llamadas zonas veredales, hoy espacios territoriales de capacitaciones y reincorporación a la vida civil, estén siendo copados y tomados por bandas y grupos paramilitares que actúan de manera libre, con la mirada cómplice del Estado colombiano. Estos grupos ponen en riesgo la seguridad y la vida de la población y en especial la de estos dirigentes. Es lamentable porque se demuestra que el Estado colombiano tiene una incapacidad para garantizar la seguridad y que sus mayores esfuerzos se han dado a combatir las movilizaciones y la protesta social de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, que exigen garantías, seguridad social, salarios dignos, educación pública y apoyo a la labor rural. Cuando se hacen esas exigencias, hace presencia ese gran componente que pasa de los quinientos mil efectivos, ese pie de fuerza no se destina a garantizar la seguridad de los territorios sino a reprimir la protesta social.

PO: ¿Cómo interpretan los homicidios de sus miembros y los más de 120 asesinatos a líderes de derechos humanos y sociales desde que se inició el proceso de paz?
BG: En materia de seguridad física personal, los ejemplos abundan, no solamente se atenta contra la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, sino que se viene atentando contra la vida de antiguos combatientes con la falsa matriz de que los hechos criminales provienen de las llamadas disidencias. Es una estrategia del estado gobernante para sabotear los esfuerzos de paz, de esperanza y de reconciliación de la mayoría de los colombianos.

PO: ¿Cree usted que después de los acuerdos existe alguna estrategia por parte del Gobierno para diezmarlos en el terreno político?
BG: En conclusión, para cerrar este primer capítulo, todo indica que la política y estrategia del Estado, del gobierno de Juan Manuel Santos y de la clase política es la de dispersar nuestra fuerza, es la de fragmentar, desunir, romper la cohesión de nuestra organización y sus militantes, aplicando o retomando sus estrategias de la desmovilización y la reinserción que tanto hemos debatido, porque para las Farc como organización, y para nosotros como integrantes, como individuos, no existe una desmovilización dado que nunca fuimos vencidos en la guerra, en la confrontación, igualmente en el tema de las armas, pues se trata de su no uso, pero no una entrega de las mismas. El acuerdo todo es el resultado de un consenso, de un pacto y por lo tanto es nuestra plataforma para nuestra movilización política

PO: ¿Cuál es la exigencia de los acuerdos de parte de los del común frente al paramilitarismo?
BG: Este es el punto del acuerdo que contiene las medidas, las garantías para el desmonte del paramilitarismo y la creación de una unidad especial dedicada a su investigación y desmantelamiento, la creación de un cuerpo élite de policía dedicado a combatir el paramilitarismo y las medidas para encontrar la verdad del conflicto, que deben garantizar que no se repita este periodo oscuro en Colombia. Todo eso está contenido en el tercer punto del acuerdo que se llama fin del conflicto. Lo único es que estas medidas han encontrado enemigos poderosos como el propio fiscal Nector Humberto Martínez y otros sectores de la vida militar en Colombia que no aceptan que se esté viviendo un momento histórico, que Colombia sigue anhelando la construcción de una paz estable y duradera, y la no repetición del conflicto.

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