Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

—Toda mala vida en el fondo tiene su gozo— dice alguien que es importante, pero no en esta historia.
—No, esto es bueno –responde Areiza–, pero sí hay que mejorar algunas cosas que se hacen difíciles aun siendo uno de este territorio. Con decirte que en este tiempo de verano, que los ríos están secos, hay que caminar una, dos, tres horas hasta la tapa para cobrar el sueldo. Y si no tienes alguien en Turbo que te haga el favor no puedes hasta que… las urgencias, que si se enfermó alguien... y así.

Luz Areiza Salazar es licenciada en etnoeducación con énfasis en antropología. De lunes a viernes Areiza enseña español, matemáticas, biología, química y demás materias a los grupos de básica primaria de Quebrada del Medio, comunidad cercana a la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios, adonde Areiza viene todos los fines de semana; al origen, su lugar en el mundo, ubicado en el medio Atrato, en el Valle del Cacarica, Chocó.

—A mí esto me gusta y siento que lo hago bien. Pero hay necesidades que tenemos que satisfacer para que la educación sea más eficiente, y también para que los chicos se sientan mejor. Yo trabajo en una comunidad donde apenas tengo los marcadores, el tablero y ya. Los niños no tienen un balón de futbol, no hay un hula hula, no hay una bolita, no hay nada para jugar, entonces se hace un poco rutinario y eso hace que uno hasta se desilusione del trabajo.

Cuando Areiza sonríe, se ilumina y se enternece todo el valle cuarteado por el Atrato y sus afluentes. La sonrisa de Areiza parece indestructible, es inconmensurable, contundente, indescriptible, negrísima y, sobre todo, emocionante.

Nueva Esperanza en Dios es un mundo sin alcantarillado, sin agua potable, sin tendido eléctrico… sin tantas cosas, pero este mundo tiene “jaladera”, dice Areiza sin dejar de sonreír, “porque uno se va de este monte, y a uno le hace falta esta mala vida”. Tan fuerte es la “jaladera” que fueron desplazados en 1997, y regresaron tres años después.

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Una tras otra llegaban las pangas al puerto de Turbo. La policía registraba a las personas que descendían de ellas. Las que no tenían familiares en el municipio eran llevadas en volquetas y carros al coliseo. Huían del Cacarica por las bombas que arrojaron los aviones de la Fuerza Pública entre el 24 y 26 de febrero de 1997.

El 27, en la mañana, la zona fue ocupada por militares e integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes dieron un plazo de tres días para desocupar el territorio. Además de las agresiones y las amenazas, los ocupas establecieron un retén donde detenían los botes y decomisaban los alimentos y víveres. Los líderes comunitarios se trasladaron a un sitio llamado La Balsa para pedirle explicaciones al jefe paramilitar y al comandante de la Brigada 17 del Ejército, liderada por Rito Alejo del Río, y procurar que fuera otro el desenlace. “Yo no puedo tomar ninguna decisión, debe hablar con el comandante paramilitar”, dicen que dijo el titular de la Brigada 17. Abandonar el territorio fue la orden del jefe paramilitar. El 20 de noviembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la operación Génesis ejecutada por el Ejército y los paramilitares, cuyo saldó fue 86 personas asesinadas y/o desaparecidas, y 3850 desplazados.


Fueron tres años en el coliseo, el lugar más parecido al infierno. Los primeros dos meses desayunaron Bienestarina, almorzaron Bienestarina, y comieron Bienestarina. A las cinco de la tarde comenzaba la pelea por un metro cuadrado de cemento donde dormir. Algunos dormían en colchonetas que regalaba la Cruz Roja, otros en alguna sábana que lograron sacar de su casa, otros en cajas de cartón. Las farolas del coliseo, a pesar del tamaño y el voltaje, permanecían prendidas desde que se ocultaba, hasta que volvía a salir el sol. A muchos empezaba a quemárseles la piel, pero esa era la manera de evitar que un desconocido entrara. Como no había agua en el coliseo, las mujeres dependían de la generosidad ajena para hacerse con un balde de agua y bañar a los niños. Estando hacinados allí, murieron niños y ancianos.

Con la violencia física no bastó, también sufrieron violencia psicológica. Dolía no tener qué comer cuando en Cacarica sobraba la comida, pero dolía más ver a los victimarios caminando orondos por las cercanías del coliseo. Dolía pensar en Marino López y la sádica forma como lo desmembraron, pero nada dolía tanto como la discriminación de los habitantes de Turbo que les decían colaboradores de la guerrilla, que decían que las chanclas se habían acabado por culpa de los desplazados, que decían que los desplazados habían llevado la fiebre, la gripa y otras cuantas enfermedades.

Los colegios también les cerraron las puertas a los hijos desplazados. 750 niños quedaron desescolarizados. 13 jóvenes bachilleres se encargaron de ser los profesores sustitutos y voluntarios de los niños a los que el Estado les dio la espalda. Esa educación casera fue complementada con actividades lúdicas los fines de semana.

Mientras los pequeños estudiaban, o bailaban, los adultos y los patriarcas, como les llaman a los ancianos, denunciaban los hechos y discutían la manera de reconquistar su territorio. Poco a poco, sin ellos mismos darse cuenta, se gestó una organización llamada CAVIDA, un ser colectivo potenciado con la llegada de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, recibida con desconfianza y recelo al principio porque sus integrantes eran blancos como los victimarios.

“Estábamos convencidos de que la ciudad no era donde debíamos estar como campesinos. Porque no teníamos una formación académica para ocupar un puesto en las grandes ciudades. Y había otro problema más coyuntural: estábamos viendo que nuestros hijos e hijas podían adoptar otras costumbres, otras culturas; y la falta del quehacer del día a día. Nosotros no estamos acostumbrados a estar solamente de brazos cruzados esperando que nos dieran una imposición de alimento que no estábamos enseñados a consumir”, asegura Bernardo Vivas, representante legal de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), al tiempo que pasa por detrás suyo una gallina negra como su piel y las gafas anchas que casi nunca se quita.

A los tres años, la organización, cuyo sostén era un proyecto de vida elaborado con base en cinco valores: verdad, libertad, justicia, fraternidad y solidaridad, decidió que al momento de retornar todos debían asentarse en un mismo territorio. Luego construyó una ruta de diálogo con el Gobierno basada en cinco puntos. Lo pactado, como casi todo lo que se pacta con el Gobierno, se cumplió parcialmente. Tras lograr la titulación colectiva de 103.024 hectáreas, se consumó el acto de valentía.

En un inicio se asentaron en la que hoy en día es conocida como la comunidad El Limón. Cuando Álvaro Uribe Vélez puso en marcha su plan de seguridad democrática, los militares y paramilitares volvieron a incursionar en el territorio. El Estado pagó informantes que se infiltraron en la comunidad. Varios líderes, señalados de ser narcotraficantes de las FARC, fueron víctimas de un montaje judicial, algunos tuvieron que exiliarse de nuevo. Regresó la militarización, y regresaron las agresiones. Intentaron violar a las mujeres y clausuraron la emisora comunitaria.

El Estado violaba, una vez más, el mandato central de CAVIDA: “no queremos actores armados en el territorio”. Decidieron entonces penetrar la selva y construir su proyecto de vida a cinco minutos de El Limón. Para evitar futuras agresiones declararon el territorio como Zona Humanitaria, desarrollaron un cordón humanitario y un sistema de alertas tempranas para denunciar ante organizaciones nacionales e internacionales la violación a la soberanía comunitaria.

Los hostigamientos de todos los actores cesaron parcialmente. La aparente calma permitió a CAVIDA reconstruir el tejido social y fortalecer sus dos pilares fundamentales: verdad y justicia. En el 2007 las comunidades del Cacarica, gracias al apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, participaron en un compartir de experiencias con la línea fundadora de las Madres de La Plaza de Mayo de Argentina, el Comité Ético Contra la Tortura de Chile, ex detenidos políticos y el pueblo Mapuche también de Chile, organizaciones civiles de México, El Salvador, Nicaragua y Sudáfrica, y organizaciones de todo Colombia. Al escuchar las diversas iniciativas de verdad y memoria emprendidas contra la impunidad, las comunidades del Cacarica concluyeron que necesitaban construir una propuesta de derecho restaurador, pues la cárcel no era sinónimo de justicia. Mucho antes de que Santos y las FARC-EP firmaran un documento que prometía una dosis de paz, Cacarica imaginaba y materializaba el país del futuro.

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Tres horas largas en lancha, más una o dos horas de caminata por una selva espesa si es época de verano, separan la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios de Turbo, la capital económica de Urabá, el puerto por donde entran y salen todos los males de la patria.

Una vez el mar Caribe se encuentra con el río Atrato, todo se vuelve selva. Conforme el motor devora kilómetros, aparecen súbitamente asentamientos hechos de madera donde brotan niños que juegan con un cangrejo como si fuera un juguete de goma, niños de cinco años que reman un bote, con la experticia de quien se ha enfrentado a las tormentas de cinco mares, sin más protección alguna que el mismísimo cuero. Caseríos poblados por pieles tinturadas en el río, y tostadas y refinadas al sol. Gentes de sonrisas genuinas y tropicales que lograron estabilizar su vida sobre la inestabilidad cíclica del agua, que conocen sus resabios y saben patinar sobre ella montados en una panga. Gentes que generaron los anticuerpos necesarios para tomar agua sucia, descartar la higiene, caminar el mundo descalzo, saber dónde está el sur y el norte, aunque para donde uno mire toda sea igual: pura infinitud. Gente que naturalizó lo que para el que mira por primera vez es poco natural.

Hace cuatro meses que no llueve. La tierra está agrietada, tan dura, tan deshidratada, que pareciera que aquí ya hubiera empezado o ya hubiera pasado el fin biológico del mundo. En la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios la estética vital es simple, básica: casas de madera con techos de madera sostenidos por pisos de madera; chiquillos que corren por aquí y por allá, que crecen como criaturas silvestres; mucha silla plástica, y mucho tiempo para sentarse a ver cómo lo único que pasa es el tiempo; una fraternidad manifestada en una mirada, en el desparpajado, en esta aparente calma que invade el cuerpo amenizada por la sinfonía animal; y en la noche, solo la oscuridad.

Aproximadamente 40 familias viven aquí. Sobre este corredor estratégico que comunica la ilegalidad colombiana con el pacífico y con Panamá. Región apetecida por proyectos de infraestructura como la Transversal de las Américas, proyectos energéticos, proyectos extractivos, y agro negocios como los cultivos de palma aceitera y bananera. Territorio donde actualmente hay un laboratorio de paz, a pesar de que ahora, con el vacío de poder dejado por las desmovilizadas milicias de las FARC, el 90% de la zona y de la población estén bajo el control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La tranquilidad es el anhelo, pero las certezas espantan los miedos. CAVIDA lleva muchos duelos y mucho tiempo de ventaja. Saben que la paz no se hace con leyes ni con términos teóricos, la paz comienza y termina en la consciencia, reconciliándose consigo mismo, que es también reconciliarse con el otro.

Según Bernardo “la reparación moral le permitiría a la gente dar un respiro hondo. (…) Esa reparación parte de una palabra: ya no más. Y que los victimarios o inculpados pidan perdón a las víctimas (…) Pueden las Cortes institucionales o los Congresos dictar las leyes habidas y por haber, pero si no hay perdón, si no hay arrepentimiento, no habrá paz en este país (…) Esa es una de las apuestas de CAVIDA. Es un error pensar que con la cárcel se va a pagar todo. Con la cárcel no se paga nada porque el victimario o el inculpado sigue viviendo, y cuando salga de allá cómo va salir, ¿será que sale mejor? A esa persona hay que llamarla, venga, vamos a trabajar juntos, vamos a recomponer lo que se dañó. Este país necesita es eso”.

Las comunidades de Cacarica quieren que los victimarios cuenten qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y quién ordenó que hicieran lo que hicieron. Y que sean condenados a cumplir castigos morales como pilar arroz, girar la canilla de los baños de la escuela y experimentar una impotente desazón porque no sale agua, tirar el balde al pozo y cargarlo los metros que sean necesarios si quieren bañarse, pagar los 50mil pesos que vale el trayecto hasta Turbo en caso de necesitar atención médica, o radicar un derecho de petición y correr el riesgo de perder la cita o encontrar la oficina cerrada porque puede dañarse el motor en el camino, o caminar dos horas bajo un sol cruel con una mochila al hombro y después de cierto tiempo sentir que llevan en la espalda el peso de toda la maldad del mundo.

Ese país imaginado es un país muy distinto al nuestro. ¿Por qué los políticos-intelectuales-revolucionarios que planean y escriben el futuro de la patria no escuchan las propuestas que construyen las comunidades en las profundidades de la patria? ¿Si nuestro modelo de sociedad fracasó –y nos dejó 8.771.850 víctimas– por qué no implementamos el de ellos? El de ellos que hace mucho rato entendieron que “habitar es reconstruir lo cotidiano".

Más de diez días completa la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Más de 12.000 indígenas, campesinos, y representantes de diversos sectores sociales y populares permanecen concentrados en cinco municipios del Cauca: Santander de Quilichao, Cajibio, Piendamó, Caldono, y Puracé. En El Hobo, Huila, hay otro grupo respaldando y apoyando la minga del suroccidente.

Organizaciones sociales e indígenas de Huila, Caldas, Valle y Cauca reclaman la presencia de Iván Duque en este último departamento, en el que más líderes sociales han asesinado hasta la fecha, para que aclare cuándo y cómo va cumplir los acuerdos que pactaron con el Gobierno.

Aunque los indígenas del Cauca han entablado conversaciones en 14 oportunidades con varios funcionarios, se quejan porque aún no se materializa el Plan Cuatrianual que hace parte del decreto 1811 expedido el 2017, el cual recoge más de 1.200 acuerdos, establece una Comisión Mixta y contempla Planes de Acción para cada año.

Los pueblos indígenas se sienten excluidos del país que planifica Duque, pues el capítulo especial sobre la consulta previa, pactado el año pasado, fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como un anexo. Además, los sectores étnicos no fueron tenidos en cuenta en las líneas primordiales del PND, ni hacen parte del artículo 4 que define las metas e indicadores sobre asuntos presupuestales. Hay sospecha de que los 10 billones de pesos que Duque aseguró destinar a las comunidades indígenas los próximos cuatro años, son una falsa promesa como las que repitió cuando era candidato presidencial.

Respetar la autonomía y formas de gobierno propio, cumplir los acuerdos de paz firmados con las FARC, retomar la mesa de dialogo con el ELN, implementar políticas categóricas para acabar con el paramilitarismo y detener el asesinato de líderes sociales, reconocer al campesinado como sujeto político de derechos, proteger paramos y zonas estratégicas de conservación ambiental en los territorios étnicos, expedir el decreto de autoridad ambiental indígena pactado el año pasado en Monterilla, son las banderas del pliego de exigencias de la minga del suroccidente.

Foto tomada del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Hasta ahora Iván Duque solo ha enviado mensajeros al Cauca. El Alto Comisionado Para la Paz, el Viceministro de Educación Superior, el Viceministro del Interior, el Director Nacional de Gestión de Riesgo, la Procuradora delegada para el diálogo social, y la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que estuvo el 12 de marzo en El Pital, municipio de Caldono.

El Presidente, después de reunirse con los Gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, reiteró este lunes que por ahora no atenderá el llamado de la minga: “El gobierno va a seguir enviando delegados para propiciar una conversación clara que parta de la base que nos es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país”.

Quien sí hace presencia en el departamento es la violencia estatal encabezada por el ESMAD. El viernes 15 de marzo, fueron detenidos siete buses donde se desplazaban delegaciones universitarias hacia Popayán, capital del departamento y sede del Tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. El sábado 16, el ESMAD y la fuerza pública invadieron los puntos de concentración ubicados en Cajbio, agredieron a los campesinos que se encontraban allí, les destruyeron los refugios y les quemaron los alimentos y las pertenencias. El domingo 17 resultaron heridas tres personas y otras tres fueron detenidas en Kokonuko, municipio de Puracé. Este lunes 18 de marzo, fueron hostigados los mingueros concentrados entre San Miguel y Asnazu en el municipio de Suarez. Y hoy al medio día, una persona resultó herida luego de que el ejército disparara en el punto de concentración de La Agustina en Santander de Quilichao.

Desde el territorio varias fuentes denuncian la militarización del departamento y se rumora que se prepara una arremetida terrestre y aérea; mas tanquetas, más gas lacrimógeno, más drones, más balas, más disparos. A pesar de las agresiones, los indígenas y campesinos no retroceden. La duración de la minga dependerá del Presidente.

 

500 personas afectadas que se oponen al proyecto Hidroituango protestan en Valdivia. Alguien recibe una llamada. Del otro lado del teléfono, una voz se presenta como alias 'Alejandro', líder paramilitar de la zona. 'Alejandro' les prohíbe gritar consignas en contra de EPM y del proyecto. Y les ordena que se vayan inmediatamente porque le están calentando la zona, y si no se van los matarán a todos.

La megaobra –su muro de contención, sus toneladas de concreto, sus costosas máquinas compradas en Europa– es una mínima parte. La punta que vemos del iceberg. Hidroituango es un acertijo de violencia, vicios, mentiras, secretismo, coincidencias, intereses, modificaciones, opiniones encontradas.

Libros como Colombia Nunca Más: Extractivismo – Graves violaciones a los derechos humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad, dan pistas para resolver el misterio. La investigación realizada por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentada a finales de febrero, revela que el mayor orgullo de los antioqueños huele feo, como huele un cadáver putrefacto.

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La publicación de la CJL documentó 255 casos –de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento– que involucran a 604 víctimas de seis municipios del Occidente y seis municipios del Norte de Antioquia. Su columna vertebral es una hipótesis: el extractivismo y la violación a los derechos humanos son una pareja inseparable.

Históricamente los territorios ricos en recursos han sufrido acciones violentas planificadas, cuyo propósito es preservar un modelo económico lucrativo como lo es el extractivismo. En los últimos 25 años, la mayoría de violaciones a los derechos humanos en el Occidente y el Norte de Antioquia, regiones de influencia de Hidroituango, fueron perpetradas por los paramilitares y con la complicidad de la Fuerza Pública.

En 1995 el proyecto paramilitar gestado en el Magdalena Medio comenzó a colonizar Antioquia. Llegó primero a Urabá y luego se expandió por el Norte. Actualmente, 180.000 personas habitan los 12 municipios donde la CJL realizó su investigación. Entre el 1996 y 2006, década en la que el paramilitarismo se afianzó en el departamento, fueron desplazadas más de 80.000 personas de esos territorios.

El paramilitarismo logró derramarse por el departamento gracias a las Convivir promovidas por el gobernador de la época. Uno de esos primeros grupos de civiles alzados en armas fue conformado por comerciantes, ganaderos, civiles, entre ellos un sacerdote, en los Llanos de Cuivá, corregimiento ubicado al Norte de Antioquia, entre los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Angostura. Otra Convivir que fomentó la expansión paramilitar, fue fundada también en Yarumal y estaba integrada, entre otros nombres, por Julián Bolívar, quien años después sería el comandante del Bloque Central Bolívar.

Años después, la zona del Bajo Cauca y parte del Norte fue copada por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por 'Cuco Vanoy'. Mientras que el Occidente fue ocupado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que más tarde formaron el Bloque Noroccidental comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias 'Memín'.

El brote paramilitar asesinó a 3500 personas entre 1990 y 2016. El 80% de los casos ocurrieron entre 1995 y 2006. Astrid Torres, quien participó activamente en la investigación, aseguró que después de cruzar cifras, contabilizaron 48 masacres que dejaron 290 víctimas. 39 de ellas perpetradas en su mayoría por el Bloque Mineros entre 1996 y 2005.

Los investigadores también pudieron comprobar que los grupos paramilitares del Norte y el Occidente pasaban de una región a otra y participaban en acciones conjuntas. El Bloque Noroccidente, por ejemplo, apoyó al Bloque Mineros en la masacre cometida en el corregimiento El Aro de Ituango, el 22 de octubre de 1997. A la masacre de El Aro, le siguieron, entre otras tantas, las masacres de Orobajo en el municipio de Sabanalarga el 12 de julio de 1998, y la masacre de Peque en 2001, que provocó el desplazamiento de 3500 personas en menos de tres días.

La violencia de esa década se focalizó en los líderes y presidentes de las juntas de acción comunal, puesto que el nivel organizativo era de carácter primario y no había grandes plataformas sociales y políticas. Astrid Torres contó que en las audiencias de Justicia y Paz el comandante del Bloque Mineros en Briceño, José Higinio Arroyo Ojeda, dijo que la orden era clara: “las mujeres no tienen que estar haciendo nada en colectivo, eso es para chismiar. Esos procesos organizativos se tienen que acabar”.

En el Occidente, en Yarumal y en Ituango, los profesores denunciaron las tomas de los colegios, el reclutamiento y el accionar paramilitar en los territorios, convirtiéndose así en objetivo militar. En Ituango, por ejemplo, fueron capturados tres profesores. Asesinaron dos y al tercero lo lanzaron desde un helicóptero.

Es casi imposible hablar de Hidroituango y no mencionar la palabra desaparecido. La desaparición forzada fue una práctica utilizada para generar terror. “'Cuco Vanoy' expresaba: “yo nunca le dije a mis subalternos que desaparecieran la gente. Lo que pasa es que a ellos les daba pereza, entonces preferían tirarlos al río que hacer el hueco”. Eso no es cierto. Las víctimas han sido contundentes en decir que a sus hijos, a sus madres, a sus padres se los llevaban porque los paramilitares querían desaparecer y querían bajar el número de homicidios en el territorio (…) Se dice que en la zona solo hay desparecidas 682 personas, pero al Bloque Mineros se le imputan 1150 desapariciones forzadas en el Bajo Cauca y parte del Norte”, aseguró Astrid.

Los paramilitares usaron el río Cauca como cementerio. Las laderas del Patrón Mono se convirtieron en fosas donde enterraban los muertos que no eran lanzados al río. Ni EPM ni el Estado se han interesado en buscar los cuerpos y determinar cuántas son las víctimas de desaparición forzada en la zona.

Mientras los paramilitares negociaban su desmovilización en Ralito, la Fiscalía solicitó a 'Cuco Vanoy' que le permitiera ingresar al cementerio que tenían en el Guáimaro, corregimiento de Tarazá, para exhumar los cuerpos. 'Cuco Vanoy' aceptó y dio la orden de permitir la entrada. Cuando la Fiscalía llegó, encontró que las fosas habían sido abiertas. “Cuando se les pregunta a los comandantes de medio rango, ellos dicen: “sí, nosotros abrimos las fosas, sacamos los cadáveres y los tiramos al río porque nos dijeron que nos metían a la cárcel”. Revictimizan a las familias con un mecanismo que sí es planificado”.

Sin el consentimiento de la Fuerza Pública y las autoridades civiles, el paramilitarismo no hubiese podido llevar a cabo su terrorífica expansión. El libro de la CJL demuestra los nexos, ya fueran deliberados o por omisión, de los diferentes bloques con los batallones Girardot y Pedro Nel Ospina del Ejército, las brigadas móviles de Ituango, las comandancias locales de Policía, los alcaldes de Valdivia y Yarumal, notarios, e Inspectores de Policía que en aquellos años eran los encargados de realizar el levantamiento de los cadáveres.

Del 2006 al 2016, último periodo del cual da cuenta el libro, bajaron sustancialmente las cifras de desplazamiento, homicidios y masacres en el Norte y el Occidente. Esto no quiere decir que hayan desaparecido los efectos o hayan dejado de ocurrir hechos violentos. Entre 2010 y 2017 se contabilizaron más de 2500 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y el Occidente, la subregión que después de Urabá reconcentró más tierras en pocas manos entre 1996 y 2006.

Saber –comprobar una hipótesis– sirve para darse cuenta de que sabemos muy poco –que faltan hipótesis por comprobar–. ¿Sin esta campaña violenta hubiera podido construirse Hidroituango? En las guerras no hay vencedores, pero sí personas que se benefician de ella.

Quizás por eso en el 2011 el Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía para que investigará quiénes son los socios de Hidroituango en su primera conformación. Para la magistratura de Justicia y Paz resulta coincidencial y sospechoso que, a partir del año 98, cuando se realiza la primera asamblea de socios de Hidroituango, se desaten la mayor cantidad de masacres en el territorio. Es primordial para la magistratura que la Fiscalía determine si hubo relación entre los socios y el Bloque Mineros.
Los investigadores de la CJL identificaron dos socios de dudosa procedencia. El primero de ellos es William Vélez Sierra, que ha sido accionista de la empresa Proyectos S.A, accionista minoritaria que estuvo en la primera asamblea de socios de Hidroituango y se mantiene hasta la fecha. Vélez Sierra además fue presidente de Odinsa, filial de Argos, que también hace parte de los socios minoritarios del proyecto. Vélez Sierra, a quien Iván Cepeda denunció por acaparar baldíos del Estado en Córdoba. Vélez Sierra, señalado por paramilitares de tener jugosos negocios de basura en la Costa Atlántica.

El otro socio rastreado por los investigadores es la empresa Cobaco Limitada. Una de las 60 empresas que aparecían en los documentos contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá encontrados en 1997 por la Fiscalía después de allanar un parqueadero en Medellín. Entre los documentos estaba el registro de los cheques girados por las empresas al grupo paramilitar.

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Son 27 los impactos que componen el estudio de impacto ambiental de Hidroituango. De los tres positivos, uno de ellos remarca que por la crudeza del conflicto no hay comunidades a las que fuera necesario reubicar, por lo tanto, Hidroituango produciría el megavatio más barato del continente.

“¿Cómo vamos a demostrar que sí estamos ahí? Esa fue nuestra primera batalla. Incluso gente de la sociedad civil quiso anularnos. La voz particular ha querido ser opacada por la voz de los profesionales, de los geólogos, de los expertos. Cuando queremos enunciar las cosas con nuestras palabras la voz es arrebatada. No es un derrumbe o un volcán, es un movimiento en masa”, manifestó Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, en la presentación del libro de la CJL.

Las comunidades estaban ahí, los opositores también. De entrada, cuando comenzó la obra en el 2008, EPM dijo que no negociaría con Ríos Vivos. La empresa, ayudada por las instituciones locales, departamentales y nacionales, impulsó una campaña de difamación que creó un ambiente para que el Movimiento fuera blanco de ataques. En el 2015 Ríos Vivos denunció a EPM por arrojar material de excavación al Cauca. La obra quedó suspendida durante ocho meses. “Por culpa de Ríos Vivos tuvimos que despedir 3000 obreros”, dijo la empresa. “Por ustedes me quedé sin trabajo”, decían los vecinos y los familiares de los integrantes del Movimiento que trabajaban en el proyecto. A esto se sumó la prohibición de entrar a las instalaciones de la Alcaldía de Valdivia, y la amenaza de que a ningún integrante le darían ayudas o trabajo en las administraciones locales.

“Nuestro interés no es crecer. Por una sencilla razón: el Movimiento es de afectados. Y lo que queremos es que no hayan afectados. El Movimiento lo que quiere es desaparecer desde que se funda, no quiere crecer ni llegar al poder”, sostuvo Isabel Zuleta.

El progreso verde jamás llegó, Hidroituango institucionalizó la violencia en el Norte y el Occidente. EPM utilizó a menores, sin el consentimiento de sus padres, para hacer campañas publicitarias. En 2012, durante una protesta, fueron capturadas 80 personas, 13 de ellas judicializadas. Ese día detuvieron a Isabel y la montaron a un helicóptero de EPM. La Policía hizo una reunión y amenazó a los demás manifestantes. “Van a llegar por ustedes. Los van a matar los paramilitares. Ustedes son muy verraquitos con la Fuerza Pública, pero nosotros sí sabemos de quién les da miedo”, cuenta Isabel que dijeron los policías.

No con la misma crueldad, pero los paramilitares siguen en el territorio. Una vez iniciaron las obras, los paramilitares hicieron paros armados durante varios días, quemaron varias máquinas y un helicóptero. Sin un acuerdo tácito entre ellos y la empresa, la obra no hubiera podido continuar. Aunque en la zona hay cuatro bases militares, en ningún momento hubo un operativo militar. “Los militares solo salían cuando nosotros estábamos protestando”, advirtió Isabel.

Desde un principio estaba pronosticado que a las comunidades les correspondía sacrificarse, resignarse y asumir los perjuicios. No fueron pensados para ellos los beneficios. Una de las tres grandes líneas de transmisión que salen de Hidroituango van dirigidas a Cerro Matoso, una de las minas a cielo abierto más grande de Colombia; otra a la represa de Hidrosogamoso, que a su vez se dirige al Páramo de Santurbán, un manantial de minerales; y la tercera a Medellín. Además, hay 20 títulos mineros en Briceño, en Toledo y en Ituango que atraviesan el embalse, la mayoría propiedad de la empresa Continental, quien ya tiene una mina en Buriticá. Todo indica que Hidroituango fue hecho para que la empresa canadiense tuviera el agua y la energía necesaria para extraer oro.

Alguna vez funcionarios de EPM le dijeron a Ríos Vivos que el proyecto era ambiental y técnicamente inviable, pero la presión política y los intereses empresariales impusieron su terquedad y su avaricia.

En la mayor hidroeléctrica del país –el gran orgullo paisa– depositaron dinero el banco francés BNP Paribas, el banco alemán KFW, bancos chinos y brasileños. “Nos reunimos la semanada pasada con ellos –manifestó Isabel–. Y nos dijeron de frente: nosotros no vamos a perder. La banca extranjera nunca pierde, primero se quiebra EPM. El problema no es de nosotros, es de ustedes los colombianos”.

Si Hidroituango no funciona el problema es de nosotros. De nosotros que nos quedamos sin río Cauca, sin el bosque nativo, sin la fauna, sin la mayor fuente de empleo, sin los caminos de herradura y sin los pasos de quienes los transitaron durante 120 años. De nosotros que nos quedamos endeudados y con el cadáver, porque desmontar la obra “vale otro montón de dinero” y EPM no va querer prestar plata para eso.

La estrategia de criminalizar la protesta y los liderazgos sociales llegó al Oriente antioqueño. El viernes 8 de marzo integrantes del C.T.I de la Fiscalía detuvieron a Ancísar de Jesús Morales en el parque principal de San Francisco, municipio ubicado en la subregión bosques del Oriente de Antioquia.

Ancísar es concejal del municipio, hace parte de la junta directiva de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), organización que a su vez hace parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).

Todo indica que Ancísar seria víctima de un montaje judicial. La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de estupefacientes, utilización de menores y tenencia de armas, pues en el allanamiento realizado a su casa, en la zona rural, fue encontrada una escopeta que culturalmente es utilizada para cazar. Son extraños los señalamientos puesto que las denuncias fueron realizadas por una fuente que no se identificó, y corroboradas por una persona que Ancísar había denunciado ante la Policía por vender sustancias ilícitas.

La captura fue motivo de sorpresa y de repudio al interior de la ACA y demás organizaciones y procesos sociales del Oriente antioqueño. Meses atrás Ancísar había manifestado a las autoridades del municipio su preocupación por el aumento del micrótrafico en San Francisco y la participación de los jóvenes en la venta y el consumo. El Alcalde del municipio, el Comandante de Policía, el Presidente del Concejo, el Párroco y el Coordinador del colegio certificaron que Ancísar promovió campañas de prevención en favor de los menores de edad, sin embargo, el juez de control de garantías desestimó tales afirmaciones.

En una carta, los jóvenes del área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia ratificaron el liderazgo de Ancísar, quien desde el 2008 impulsa “el proceso de formación y capacitación audiovisual con jóvenes campesinos en el municipio de San Francisco”. Su principal motivación, manifiestan los jóvenes en la carta, “siempre ha sido propiciar en los demás jóvenes arraigo y sentido de pertenencia por el campo, desde el desarrollo de semilleros artísticos y creativos con niños, niñas y jóvenes de veredas en su municipio y en otros de la región. Buscando generar procesos de permanencia en el territorio, mediados por la comunicación y el arte. Damos fe de la transparencia y del trabajo comprometido de Ancísar, de su sensibilidad, liderazgo y constante preocupación por las problemáticas ambientales y sociales en el municipio”.

José Ariel Rueda, representante de la Asociación Campesina de Antioquia, definió a Ancísar como un constructor de comunidad y sociedad que lleva 14 años desarrollando y apoyando estrategias de producción agrícola orgánica. Ancísar, aseguró Ariel, también participó en la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio, y hace parte de la asociación productora de chocolate ASOFAGUA. “Sabemos que es un falso positivo que busca apagar el liderazgo que lleva en el municipio, porque hay algunos grupos que se perjudican con esto que él ha venido haciendo”.

Tal parece que los únicos que se benefician con la captura de Ancísar son los verdaderos criminales. Por eso la ACA y el Movete exigen su libertad inmediata: porque ser líder social no puede seguir siendo un delito. 

Friday, 15 February 2019 00:00

Que no muera la esperanza

De nada sirve tener vida si no hay esperanza. 22 años después la llama de la esperanza sigue viva. La esperanza de que volverán, que les dirán por qué se los llevaron, y quién ordenó que se los llevaran. La esperanza de que algo así no vuelva a suceder nunca más.

Entre el 21 de junio de 1996 y el 27 de diciembre del mismo año, paramilitares del Magdalena Medio comandados por Ramón Isaza y un grupo de soldados que integraban la Fuerza de Tarea Águila incursionaron en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral y apresaron a Aníbal de Jesús Castaño, Oscar Hemel Zuluaga, Juan Crisóstomo, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego, Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía, Javier de Jesús Giraldo, Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz, Leonidas Cardona Giraldo y a Andrés Gallego Castaño. Desde entonces nadie los volvió a ver.

En 1996 un tramo de aproximadamente 60 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, que iniciaba en el sector Alto Bonito del municipio del Santuario y finalizaba en el sector Montebello de San Luis, fue catalogado por las autoridades departamentales como un punto crítico por la presencia de grupos guerrilleros. El Ejército creó entonces la Fuerza de Tarea Águila para recuperar y ejercer control en la autopista. La unidad especial, actuando de manera conjunta con los paramilitares del Magdalena Medio, cometió graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición de 12 personas y el asesinato de un campesino de la vereda La Esperanza, ubicada al borde la autopista.

Los esperanzados de La Esperanza denunciaron los hechos ante las autoridades. El personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, asumió el caso y de manera valerosa denunció la participación del Ejército. Helí fue asesinado el 26 de noviembre de 1996.

Pasaban los años y con ellos el silencio y la impunidad. Los familiares continuaron reclamando justicia. Buscaron el apoyo de organizaciones de derechos humanos y en 1999 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Nunca dejaron de acudir a las instancias judiciales colombianas, y lograron obtener la versión de los responsables en las audiencias de Justicia y Paz, luego de que los paramilitares se desmovilizaran entre el 2003 y 2006. Quienes testificaron aceptaron su responsabilidad y admitieron que actuaron conjuntamente con el Ejército. La verdad fue una verdad a medias. Ocultaron los nombres de los militares que participaron y ordenaron las acciones, y tampoco dieron luces sobre el paradero de los desaparecidos. 

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donderesponsabiliza al Estado colombiano por violar el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales. La Corte también ordenó al Estado “continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes”; y “efectuar una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas”.

No son más de 12 los casos colombianos que cuentan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado no manifiesta intenciones de cumplir la sentencia.

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Cada año las familias de La Esperanza le recuerdan al Carmen de Viboral, al Estado y a sus desaparecidos, que para ellas siguen y seguirán vivos; “que la memoria es el alma de los que no están”. En el primer memorial el Ejército realizó varios disparos cerca al lugar donde estaban congregados. En la conmemoración de los diez años pintaron los rostros de cada desaparecido, celebraron una eucaristía y construyeron un monumento. En 2008 depositaron en las aguas del río Cocorná sus anhelos de encontrarlos. Y en 2011 realizaron una caminata.

El año pasado, en el casco urbano del municipio, también realizaron el acto de memoria característico. Además de la carga emotiva, el acto contó con el respaldo de la Comisión de la Verdad representada por Alejandro Valencia. “Estoy aquí como una muestra de reconocimiento a ellas y ellos. Lo que más me sorprende es su capacidad de resistencia, de organización, su capacidad de estar juntos, de caminar y también de recordar”, manifestó al inicio de su intervención el comisionado.

Valencia también aprovechó para recordarles a los que ya lo sabían, y aclararles a quienes no, cuál es la razón de ser de la Comisión de la Verdad, organismo incluido en los acuerdos firmados con las FARC cuyo funcionamiento empezó a finales de noviembre del año pasado. Uno de los propósitos centrales, dijo el comisionado, es promover los ejercicios de memoria que enaltezcan la dignidad y el valor de las víctimas. La Comisión además aspira promover la convivencia en los territorios, y ofrecer una verdad histórica que explique qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y a quién benefició lo ocurrido en el conflicto armado.

Consciente del manto de impunidad que cobija a Colombia, el abogado defensor de derechos humanos, quien ha participado en iniciativas nacionales e internacionales de verdad y memoria, explicó que la Comisión de la Verdad no posee facultades penales ni judiciales, ambos temas son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La intervención dejó claro que la Comisión no escuchará las más de ocho millones de víctimas. “Imposible que una entidad como la nuestra, que tiene un mandato de tres años y bastantes limitaciones humanas y financieras, pueda esclarecer todos los casos. Por eso la Comisión ha decidido que se va dedicar al esclarecimiento de ciertas dinámicas de violencia que se presentaron en épocas determinadas, en regiones determinadas, perpetradas por unos actores armados específicos, y así arropar un número significativo de casos”.

Para identificar tales dinámicas, los 11 integrantes de la Comisión visitarán los territorios e instalarán 26 Casas de la Verdad donde “todos y todas, de manera voluntaria, pueden ir a dar su relato”. En Antioquia habrá tres: una en Medellín, otra en Urabá, y la tercera fue proyectada en Caucasia pero por las condiciones de seguridad que se viven en el Bajo Cauca su instalación fue postergada. “Queremos proponer un gran ejercicio de habla y de escucha. Tenemos un gran desafío porque no solo debemos escuchar a las víctimas, también a los responsables. La única forma de completar la verdad es hablar con empresarios, paramilitares, políticos, policías, militares, y guerrilleros de diversas organizaciones”, finalizó el comisionado.

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El meridiano de la violencia pasa por el Oriente antioqueño. Bombas, masacres, tomas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, desplazamiento y campos minados dejaron cicatrices y conmoción a lo largo y ancho del territorio.

Las comunidades han construido una rica memoria del conflicto en la región después de enfrentarse con su pasado. Fue tan cruda y tan compleja la violencia que quedan muchos dolores y voces por documentar.

Fernando Valencia, director de Conciudadanía, aprovechó la presencia del comisionado de la verdad en la conmemoración para hacerle un llamado a tener en cuenta las memorias de las comunidades en el momento de buscar el esclarecimiento de la verdad, y para pedirle a él y a su equipo de trabajo que estudien el calvario que los conductores de servicio público, conocidos en la región como 'chiveros', sufrieron durante el conflicto. Según Fernando, Conciudadanía logró registrar el asesinato de 55 conductores entre 1996 y 2003 en el Carmen de Viboral.

La principal puerta de acceso al Carmen es la carretera que comunica el municipio con Rionegro, la capital industrial y el centro de servicios del Oriente antioqueño. Su zona rural es muy extensa: se extiende al sur hacia la parte más montañosa de la región, la cual fue retaguardia estratégica de las FARC y el ELN. El municipio limita con Cocorná, territorio rico en agua ubicado a un costado de la autopista Medellín-Bogotá, y con Sonsón, el corredor que comunica al Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.

Los chiveros fueron, y en algunas partes siguen siéndolo, el único transporte público en las zonas rurales. Los conductores de esos jeeps cuadrados, trompones, capaces de soportar el peso de un remordimiento y serpentear cualquier trocha, fueron involucrados en una guerra ajena. 

Hace 20 años todos encontraban utilidad en ellos. Las rutas que conducían a la cabecera urbana les servían a las guerrillas como línea de abastecimiento y de logística para el desplazamiento. Para no entrar en zona de guerra, quienes necesitaban hablar con las guerrillas encontraban en los chiveros el mejor canal de comunicación. Y para los campesinos era la única forma de mantener viva su economía y acceder a diferentes servicios.

En el Carmen y en toda la región hubo una agresión contra este sector. La guerra paró el transporte, bloqueó veredas, acabó con la vida de los conductores y de las flotas. Las culpas recayeron sobre el gremio. Los administradores públicos y la Fuerza Pública los presionaban para que no suspendieran el transporte cuando había un paro armado o para que interrumpieran sus actividades cuando querían bloquear una zona. Los paramilitares los señalaban por colaborar con la guerrilla, y la guerrilla los señalaba por colaborar con los paramilitares.

“Quisiéramos estudiar la situación de los chiveros en el Carmen. Hacer una conversación de territorio: ¿qué pasó en el territorio con los conductores de servicio rural? ¿Qué pasó en el territorio con el servicio de transporte? Aquí hubo un patrón particular que valdría la pena tener en cuenta en la construcción de los ejercicios de memoria”, manifestó Fernando Valencia.

La zona rural del Carmen y del Oriente antioqueño, al igual que cualquier zona rural del país, se caracterizaba por la ausencia estatal. Las veces de Estado las hacían las guerrillas encargadas de tomar decisiones logísticas o de solucionar conflictos. Contra su propia voluntad los chiveros tenían que relacionarse con los grupos insurgentes. 

Otro factor que complejizó los hechos fue la llegada de un grupo residual del EPL. Aunque esa guerrilla se desmovilizó parcialmente en Urabá en 1991, la fracción que no se desmovilizó fue hostigada y se vio obligada a migrar al Oriente antioqueño. El frente Elkin González del EPL se instaló en la zona rural del Carmen. Intensificó el secuestro y la extorsión sobre la autopista, y emprendió el reclutamiento de campesinos que ocasionaría varios muertos entre la población por culpa de los señalamientos. El EPL duró poco tiempo en el territorio. Algunos se desmovilizaron, otros se enrolaron en las filas paramilitares y el resto se convirtió en informante del Ejército.

Todas las expresiones armadas hicieron presencia en el territorio: las FARC que ejercían presión sobre los grupos residuales, el ELN caracterizado por sus campañas de reclutamiento, el sobrante del EPL que debía cumplir con cuotas de señalamiento, las Autodefensas del Magdalena Medio, el Cacique Nutibara y varios batallones del Ejército.

Las autoridades departamentales también participaron de la maraña bélica. Uno de los gobernadores de la época afirmó que había varios municipios guerrilleros gobernados por administraciones guerrilleras, entre ellas la del Carmen de Viboral. La estigmatización fracturó los territorios. Se hizo evidente la división y la desconfianza entre las cabeceras municipales, controladas por los paramilitares, y la zona rural, plagada de presencia guerrillera. Se multiplicaron los bloqueos y las amenazas al transporte y al comercio. La población entró en estado de zozobra, “en el silencio profundo”. 

Analizar la afectación a los chiveros, aseguró Fernando, permitiría esclarecer hechos que perjudicaron a toda la sociedad. Por ello, reiteró la necesidad y la voluntad de trabajar de la mano con la Comisión de la Verdad. “Cuesta mucho que ese tipo de víctimas silenciosas se reconozcan como gremio en una afectación colectiva. Hay muchas ganas de hacer cosas para comprender estos contextos del conflicto”.

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Colombia se acostumbró a hacer memoria en medio de las balas. Las memorias construidas y las que faltan por construir están en disputa. Hay igual número de personas que anhelan verdad como personas interesadas en enterrar y adulterar el pasado.

Las fechas son una combinación de números, no son motivos. Los que quedaron construyen las memorias todos los días, porque ni el dolor ni los muertos que están vivos dan descanso. Las palabras de Flor Gallego, bandera de persistencia y dignidad en el Oriente antioqueño, demuestran que el fin de la lucha de una víctima es el comienzo de otra: “El día que yo encuentre a mis hermanos y a mi esposo, ese día me voy caminar para buscar a todos los desaparecidos que tiene Colombia. Es que no solo es mi dolor, son miles y miles que tenemos el mismo dolor”

Buenaventura grita que don Temis sigue vivo, carajo 

Muerte es una palabra que sabe a piedra. Pronunciar la palabra muerto es sentir que se desencaja un hueso o tratar de tragarse un cuchillo. 

Hace un año lo esperaban en una reunión a la que nunca llegó. Él sabía que el nudo de esta historia solo podría tener este desenlace. Pero nunca retrocedió. Hace un año dos personas que se desplazaban en una moto asesinaron a Temístocles Machado. Apagaron el alma negra que más brillaba en Buenaventura, el puerto por el que entran y salen el 50% de las importaciones y las exportaciones del país.

Don Temis era un cartógrafo social empírico. Un memorioso. Un padre, hermano y esposo noble que “tuvo la habilidad y la sabiduría de tejer lazos. Sabía qué quería, cómo lo quería y quién le podría ayudar (...) Iba por cada barrio buscando a los líderes para recordarnos que nosotros no podemos interiorizar un discurso de afuera, que no somos una cuna de delincuentes”, recuerda emocionada una lideresa que lo conoció.

Defender los esteros en los que quieren construir plataformas portuarias, denunciar la ocupación ilegal de terrenos, exigir la garantía de servicios básicos y la titulación de tierras para los habitantes de las comunas 5 y 6, denunciar los vicios de corrupción, politizar los vecindarios, entutelar y radicar cuanto derecho de petición fuera necesario, exponer las penurias y las demandas de los bonaverenses en Bogotá, afirmar que “esta tierra es nuestra, totalmente nuestra, y de aquí no nos vamos” le costó la vida a Don Temis.

Buenaventura tiene a Temístocles en la punta de la lengua. A un año del asesinato, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité del paro cívico, la asociación Nomadesc y las juntas de acción comunal realizaron del 25 al 27 de enero varias actividades para honrar su memoria. Entre ellas torneos deportivos, presentaciones culturales y un recorrido territorial por lo esteros del puerto que demostró la degradación natural y los impactos socio ambientales causados por las plataformas comerciales.

Se avecina un año clave para Buenaventura. Las elecciones regionales serán la oportunidad de dejar atrás una estela de malas administraciones, y arriesgarse a tomar un camino distinto para materializar todo lo que soñó don Temis. Quienes los asesinaron solo hacían el trabajo por el cual les pagaron. Esas personas sin nombre ni rostro que dieron la orden lamentarán que después del 27 de enero del 2018, el legado de Temístocles Machado vive y arde en los corazones de los bonaverenses.

Sin negros –sin su memoria, sin su cosmovisión–, no habrá paz. Por el puerto entran y salen las esperanzas del país. Buenaventura vibra. Es digna, recursiva y creativa ante la adversidad. Buenaventura reclama la atención que merece. Él ya no está, pero enseñó el camino, por eso Buenaventura grita que “Don Temis sigue vivo, carajo”.

A Hermes José Burgos le arrebataron la libertad por algo que no hizo. El domingo 30 de septiembre, a eso de las 2:30 de la tarde, lo capturaron en el municipio de Arauquita porque la Fiscalía General de la Nación lo acusa de concierto para delinquir y rebelión.

Hermes hace parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca). Lideró proyectos productivos, organizativos y políticos en el departamento de Arauca y en el Centro Oriente de Colombia. Y defendió los intereses del campesinado en las mesas de interlocución con el Gobierno nacional.  Esos son, para el Estado, sus verdaderos delitos.


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No hay cifra exacta de cuántos líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido capturados por delitos que nunca cometieron. En los primeros meses del año fueron judicializados 12 integrantes de asociaciones campesinas, mineras y pesqueras del Sur de Bolívar. En el Suroccidente, región que comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, llegaron a registrarse 20 líderes judicializados, entre los que se encontraban alcaldes, concejales y personeros. De zonas como la Costa Caribe o los santanderes no hay registro, pero existe la certeza de que hay casos de montajes judiciales.

Defensores de derechos humanos plantean que el sistema culpa a las personas y desconoce la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la fuerza pública, instituciones encargadas de investigar mas no de condenar, hacen un juzgamiento a priori. La persecución judicial en el Centro Oriente y en Colombia es una estrategia tan vieja como la democracia. Liderazgos como los de Hermes Burgos son una piedra en el zapato para el Estado y las empresas que negocian los territorios como si fueran una mercancía.

En Casanare, Meta y Arauca, zona de trabajo de Hermes, la ley Zidres perpetúa el histórico problema de concentración de la tierra en estos departamentos. El Estado, legalizando lo ilegal, permite que conglomerados económicos se apropien de vastas extensiones de tierra que le pertenecen a medianos y pequeños productores, y además les entrega terrenos baldíos para la producción agroindustrial de celulosa, etanol, o para la producción de cárnicos como es el caso de Fazenda.
 
Las comunidades en sus diferentes formas organizativas le han hecho resistencia a este modelo de país, y han construido un plan de vida propio que privilegia la dignidad, la solidaridad, la equidad y el buen vivir. Intereses que van en contravía de la concentración de la riqueza y de la explotación de los recursos naturales por parte de la industria petrolera. Son dos interpretaciones del mismo territorio que se oponen. Mientras Hermes intentaba imponer la suya a través del trabajo comunitario, el Estado y el sector privado trata de salvaguardar la suya rompiendo el tejido social con los falsos positivos judiciales.

“El blanco objetivo ya no son las FARC. Entonces [el Estado] tiene que cambiar de enemigo, y ha identificado al movimiento social como su enemigo interno (…) [Hermes] está siendo señalado de pertenecer a las guerrillas. Ese es un discurso viejo que siempre han utilizado para encartar cualquier persona, sobre todo a los líderes sociales”, aseguró uno de los defensores entrevistados para este artículo.



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Arauquita, finales de los 90.
Hermes José Burgos termina sus estudios secundarios en el bachillerato agrario de Arauca. Estudia, trabaja su finca, y al mismo tiempo lidera los comités de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en las veredas Las Gaviotas y San Isidro. Ese liderazgo lo catapulta a la Inspección de Panamá de Arauca que tiene a su cargo 24 veredas. En el 2000, estalla un carrobomba puesto por las FARC en la ye de Pueblo Nuevo, jurisdicción de Arauquita. Diez soldados muertos, varios civiles heridos, entre ellos Hermes, es el saldo que deja la explosión.

El ecosistema hostil no logra amedrentarlo. Años después, Hermes abandona la ANUC y se integra a Asonalca. Vende su finca en Arauquita, y se asienta en Fortul. Participa activamente en el trabajo comunitario y en las asambleas de Asonalca. Poco a poco la suya comienza a ser una voz relevante en la región. Por ello, más tarde, le encargan responsabilidades en la conducción regional y departamental de la asociación campesina.

2007. Año bisagra para Arauca.
Los campesinos deciden erradicar voluntariamente las 2.116 hectáreas de coca que hay en el departamento. Tanto la coca como la marihuana, explican quienes están a la cabeza de la iniciativa, son una amenaza para la vocación agrícola de la zona. Si bien resulta más fácil producir coca, porque para cultivar plátano o yuca es necesario ciencia, tecnología e infraestructura, los campesinos son los que menos se benefician de la cadena productiva del narcotráfico.

(“Nosotros teníamos un plan de vida, y decíamos que la coca no era posible; porque la coca era utilizada como un sofisma del Estado para perseguirnos, para estigmatizarnos, entonces el campesino sufría mucho”, recuerda Carlos Núñez, compañero de Hermes en el bachillerato agrario y en los diferentes procesos organizativos; testigo del exitoso proceso de erradicación gracias al cual Arauca pasó de tener 2.116 hectáreas de coca en el 2007, a tener nueve en el año 2016).

Los gremios productivos, las cooperativas agrícolas y, sobre todo, la pedagogía política, logran que la coca pase de ser una rentable e ilegal opción de vida a ser una amenaza para la tranquilidad de las comunidades. Y, por supuesto, la contribución de Hermes es fundamental en ese cambio de paradigma.

No contento con esto, años más tarde, se empeña en dinamizar la actividad comunitaria y política de Asonalca en el Casanare. Allí encuentra un departamento dependiente de la economía petrolera con graves problemas de vivienda, salud, educación e infraestructura.

Junto a Miriam Aguilar –que también fue su compañera en el bachillerato agrario y también fue capturada en Yopal el mismo día que capturaron a Hermes– entablan relación con las lideresas de los asentamientos urbanos La Bendición y Mi Nueva Esperanza de Yopal. El 19 de febrero de 2015, representantes de Asonalca, líderes y lideresas de diferentes barrios construyen un pliego compuesto por cuatro puntos: el rechazo a los intentos de desalojo efectuados por la fuerza pública, la exigencia de proyectos de reubicación, el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos, y el aumento de la cobertura y calidad de los servicios públicos.

A eso: a exigir condiciones de vida digna para los campesinos de Arauca y los habitantes de Yopal se dedicaron Hermes y Miriam hasta el día que los capturaron.

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En la mitología griega Hermes es el dios de los viajeros, del ingenio, de la astucia, de la prudencia, era el único dios que tenía permitido entrar al inframundo porque les ayudaba a los difuntos a encontrar su camino al más allá. Por su elocuencia, se le atribuía una habilidad especial para hacer uso de la palabra, por ello hacía las veces de mensajero de los demás dioses.

En el Centro Oriente colombiano, Hermes también era la voz de muchas voces. Fue formador de formadores. La palabra fue la única arma que utilizó en su lucha: “Siempre trabajaba al lado de la olla. En las mingas y movilizaciones nos contaba las luchas que había dado. Él cuenta con orgullo cómo en ese momento [año 2003] lograron que la cartera de educación nacional fuera al departamento y reconociera la deuda que tenían con el Arauca. En ese momento se sentía en las veredas la crisis de la canasta educativa (…) Don Hermes era una persona que enseñaba con el ejemplo. No era de tanta carreta. Era más de cumplir los acuerdos. De ser muy cumplido con su palabra”, dice Carlos Roa, joven integrante de Asonalca que conoció a Hermes Burgos mientras trabajaba con las comunidades de Yopal.

Hermes, el griego, era el dios de las ganancias y las riquezas. Era el responsable de fertilizar la tierra. Personificaba el intercambio: de bienes, de información, de palabras. Por su pericia para el canje también se le conoce como el dios del comercio. Hermes, el araucano integrante de la Federación de Cacaoteros, demostró que si a lo político se le agregan practicas productivas, puede germinar algo rentable que dignifique la vida campesina: “Hermes es un líder campesino integral. Porque una cosa es ser líder, y otra cosa es ser líder y tener finca. Él tiene finca y tiene la experiencia de los aciertos y los desaciertos en la producción. Una cosa es la teoría y otra la práctica –dice Carlos Núñez–.  Eso ha sido Hermes, un campesino con tesón, muy aferrado al trabajo campesino, y con mucha experiencia en el tema agrario”.

Hay hombres que se convierten en dioses. Y hay dictaduras disfrazadas de democracias.

Wednesday, 24 October 2018 00:00

Con-suma responsabilidad

Decidir es también renunciar, elegir solo una posibilidad, descartar formas distintas de hacer las cosas. Muchas veces, aunque el curso del tiempo impida comprobarlo, las decisiones tienen consecuencias significativas por aquello que se descarta más que por aquello que se elige.

Comer —ingerir las calorías necesarias para que funcionen estas cáscaras complejas rellenas de carne— es una necesidad biológica: una obligación. Hace miles de años —cuando no existían los refrigeradores, el hombre no conocía la sal, ni los conservantes— el dueño del granero donde se almacenaban los granos tenía el control sobre aquellos que necesitaban comer esos granos, porque podía decidir el valor de cada grano, podía decidir cuándo comía él y cuándo comían los demás.

Lo que hoy es normal, años atrás no lo era. Históricamente el elemento principal de la dieta humana fueron los cereales. Como estos no aportan la cantidad de proteínas necesarias, los acompañábamos de leguminosas, luego de tubérculos y, si la capacidad adquisitiva lo permitía, acudíamos a los aceites; solo cuando el nivel de vida era lo suficientemente alto se podía acompañar de un trozo de carne. Comer carne fue —y lo sigue siendo— sinónimo de poder. Comían carne no quienes querían sino quienes podían pagar o eran dueños de ella. Comer carne fue una de las primeras fronteras que separó a pobres y ricos.

No solemos darnos cuenta de que lo aparentemente normal, no es tan normal. En apariencia son muchas las posibilidades que tenemos de saciar el hambre: existen 250.000 especies de vegetales de las cuales unas 50.000 son comestibles, pero comemos 250: cereales, raíces, tubérculos, frutas, verduras, hierbas, nueces, especias… El noventa por ciento de nuestras calorías provienen de 15 especies vegetales, dos tercios de ellas producidas por tres plantas: arroz, maíz, y trigo. La mitad de toda la comida que los 7000 millones de humanos comemos cada día es arroz.

El humano fue el primer animal capaz de transformar el alimento. La perfección de la técnica de producción, recolección y preparación, con el paso de los años, encogió nuestro repertorio gastronómico.

Nunca antes fuimos capaces de producir tantos alimentos: —nunca antes fuimos capaces de producir tantos hambrientos: 821 millones— nunca antes fuimos capaces de hacerlo tan mal. Antes comíamos lo que sembrábamos, y vendíamos o intercambiábamos lo que nos sobraba con otros que también sembraban. Ahora compramos lo que comemos a multinacionales que producen alimentos a gran escala, alteran genéticamente los frutos y las semillas, sobreexplotan los suelos y destruyen los ecosistemas, especulan con los alimentos en la bolsa de Nueva York y utilizan agrotóxicos y herbicidas nocivos para la salud.

Es por culpa del uso indiscriminado de agroquímicos que lo que comemos cada vez tiene más toxinas y menos minerales. Anualmente Colombia fabrica 78.469 toneladas de plaguicidas, importa 64.000 y exporta 23.000. De estas, 119.486 toneladas son para consumo interno. Lo que quiere decir que a cada colombiano le corresponderían 2,5 kilos de plaguicidas. Los agroquímicos atracaron en el país en 1962. Actualmente existen 2490 productos con aval para ser utilizados en territorio nacional. Son 376 las empresas nacionales e internacionales que producen este tipo de venenos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Palmira. Las ciudades envían el veneno al campo, y los campesinos lo devuelven a la ciudad transformado en alimento. Dice el adagio que uno recibe lo que da.

Según cifras compiladas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de los 39.709 casos de intoxicación por sustancias químicas registrados en el país en el 2017, 8423 fueron causados por plaguicidas. El informe sobre Antioquia, publicado en 2016 por la misma institución, indica que, de las 2419 intoxicaciones registradas, 501 corresponde a plaguicidas; siendo el químico con mayor número de casos después de los fármacos. En el Norte, Nordeste y Magdalena Medio la mitad de intoxicaciones fueron provocadas por plaguicidas.

Los estudios sobre las consecuencias de los pesticidas en la salud humana escasean en Colombia. Sin embargo, los pocos análisis realizados han demostrado que, por ejemplo, las mujeres expuestas a este tipo de químicos presentan menores índices de colinesterasa —la enzima que permite que una neurona se comunique con otra para que los órganos funcionen e una manera adecuada—. Tambien También se ha comprobado que los problemas respiratorios, la alteración del sistema nervioso, y la degradación de los neurotransmisores que segrega el intestino están íntimamente relacionados con los plaguicidas.

Este no solo es un problema de salud pública, también cultural y económico. La agroindustria promovida por las multinacionales reemplazó las formas ancestrales de cultivar y relacionarse con la tierra. Relegó al campesino al último eslabón de la cadena productiva, le paga poco por su trabajo y lo obliga a pagar grandes cantidades de dinero por los venenos.

El sistema obliga al campesino a resignarse y aceptar sus reglas de juego. Desde que la publicidad empezó a ser utilizada en la industria alimentaria, el primer mordisco lo damos con los ojos. Al mercado —y al consumidor— le interesa la factura —el color, el tamaño—, no los nutrientes del producto. Y la única manera de cumplir con esos estándares publicitarios, según las grandes multinacionales, es utilizando pesticidas y agrotóxicos.

Pasan los años y la agricultura sigue resumiéndose en cinco procesos básicos: seleccionar plantas utilizables, manejar el agua, renovar y enriquecer los suelos, proteger los cultivos de las pestes, usar fuerza de trabajo para recogerlos. Las actuales prácticas agrícolas cada vez utilizan menos plantas, hacen mal uso del agua, alteran los ciclos de la materia orgánica, y envenenan a quien cultiva y a quien consume para evitar las plagas.

“Como se interpreta una crisis determina como se actúa ante ella”, dice Martín Caparrós. El campesino debe replantear sus formas, y el consumidor asumir su responsabilidad en esta cadena de errores. Cuando preferimos ir a un supermercado de cadena en lugar de ir a la plaza de mercado, estamos siendo cómplices del mercado. Algunos comen lo que pueden, el resto cree que puede comer lo que quiere. Muchas veces las decisiones no dependen de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino de los factores económicos y culturales que las condicionan. Ante una situación tan penosa, mientras encontramos una idea clara para cambiar eso, la indignación y el arrepentimiento son el primer paso que nos comprometen a inventar algo mejor. Recuperar la propiedad absoluta de nuestras decisiones —de las consecuencias— tal vez sea el norte que tanto hemos buscado: esa es la verdadera emancipación.

No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

Wednesday, 05 September 2018 00:00

La retoma de Caño Limón

Esta historia comenzó aproximadamente en los años 80 cuando estas tierras fueron colonizadas y la gente subsistía de la naturaleza y del trabajo de sus manos. En el 90 se vino el boom petrolero para el departamento de Arauca, que jugó con la inocencia y la ignorancia de los campesinos, que pensaron que el petróleo iba a traer prosperidad a nuestros terrenos. Nunca se imaginaron que las empresas transnacionales y el Estado iban a desplazarlos, que los campesinos iban a pasar de ser pobres a ser miserables; porque un campesino sin tierra no es campesino.

El Estado usó la Policía nacional y el Ejército contra los campesinos. Tumbaban las casas, arrancaban los cultivos, los envenenan, llevaban a la gente a la cárcel de la capital, los tenían tres meses y luego los soltaban. En el 91, cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Por ese acoso constante la gente decidió salir de los territorios, pero con una promesa del Estado. Hay un acta firmada por el Incora [extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria], la empresa Occidental Petroleum -OXY, y las comunidades, donde el Estado se comprometió a reubicar la gente en un plazo máximo de 30 días. Le pagaron unos dineros irrisorios a la gente, y esos treinta días se volvieron una eternidad. 175 familias se desplazaron de este territorio. En ese tiempo el tema de la planificación no era muy común, entonces las familias eran numerosas.
Un campesino metió una tutela para que restablecieran el derecho a la tierra. Inmediatamente el Consejo de Estado le dio la orden al Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] que reubique a los campesinos. Los campesinos pensaron que era una victoria, que todos íbamos a tener nuestro pedazo de tierra. Pero el Estado no podía titular un terreno donde existiera petróleo. Y desafortunadamente para nosotros los campesinos araucanos, estamos parados encima del petróleo. Eso se nos convirtió en un martirio y en una burla hacia nosotros. Cuando pasaban los campesinos buscando dónde comprar, decían: “ahí van los compradores de tierra”.

El ocho de octubre del 2013 decidimos recuperar el territorio. Entramos e inmediatamente nos encontramos con la Policía, el Ejército, la Sijín, y la seguridad privada de la empresa. Nosotros empezamos a talar y a sembrar, y la Policía detrás a arrancar y envenenar. Era tal la humillación que nosotros no reconocemos a la Policía y al Ejército como una institución, para nosotros son unos mercenarios. Tenemos un compañero que no hace mucho salió de una cirugía, le estaban sacando una bala del cráneo. Otro compañero tiene como veinte tiros.

Tumbaban los cambuches, botaban la comida, se repetía la historia del 95. Hasta que decidimos que si nos iban a sacar de aquí tendría que ser con los pies de pa' delante. Decidimos usar nuestras armas de trabajo y empuñarlas para defendernos. El campesino dijo: “si usted me pega un tiro, yo le pego un machetazo”. El mensaje no era agresivo, sino decirles que estábamos decididos a morirnos por el territorio.

Nos hicieron miles de propuestas. La compañía nos ofreció otros territorios, pero nosotros queríamos nuestro territorio. Muchos de nosotros nacimos aquí, o al menos aquí nos hicieron los papás. El día que mi padre me trajo acá… uno siente como una energía. Él me decía: “mire papá, aquel era el palo, se acuerda, aquí había un zorrocuco, si usted se ponía a llorar lo callábamos era con eso”; que mire, nos encontramos la piedra donde hace veinte años afilaba la rula. Era ese llamado, ese sentimiento, ese interactuar con la tierra lo que nos aferraba más al territorio.

La OXY demanda 16 campesinos por cuatro delitos: daño ambiental, hurto, daño a la propiedad privada, y amenaza a la fuerza pública; nosotros amedrentando a esos pobres señores que llegan aquí como cuando Rambo va a los otros países: fusil, pistola, un cuchillo, granada, chaleco antibalas, cascos, mira telescópica.

***


La voz es de Nixon Torres, presidente de junta de la retoma de tierras del complejo petrolero Caño Limón; el drama también.
Estamos reunidos en lo que los habitantes de la vereda El Vivero, del municipio de Arauquita, llaman escuela: aproximadamente 40 metros cuadrados de tierra pura y dura, bancas sin espaldar hechas de madera, 12 vigas también de madera y un techo formado con láminas metálicas. El bochorno anestesia el cuerpo. Un perro negro y famélico es asediado por un ejército de moscas que no lo dejan dormir. El alarido de los insectos y el canto de las aves invade la instancia como una marejada.

A metros de nosotros, al lado de una masa de agua marrón sin oxígeno, entre plataneras y árboles nativos, un cambuche que hace las veces de casa y una cocina artesanal. Según Nixon, el charco en mención es uno de los 29 esteros y ríos navegables que componían la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora destruido por la OXY cuando instaló los más de 200 pozos del complejo petrolero Caño Limón.

De las más de 100.000 hectáreas que componen Caño Limón, Nixon y otras 98 familias han recuperado 4000. Allí siembran plátano, maíz, ahuyama, yuca, cacao, lechuga, maracuyá, papaya, guanábana, y cítricos. Actualmente la comunidad discute la posibilidad de declarar sus tierras como un Territorio Campesino Agroalimentario. Aunque el territorio está en proceso de división, se ha acordado que en el momento de la repartición se les dará la misma cantidad de tierra a todas las familias, sin importar si en el pasado eran dueñas de tres o de 40 hectáreas.

La vocación de Nixon y sus paisanos demuestra que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Tanto Colombia como Arauca son territorios campesinos, agrícolas y pecuarios. Las comunidades no viven del petróleo, subsisten de lo que produce la tierra y la cría de especies menores. Lo que trajo el petróleo a las zonas donde hay reservas, oleoductos o refinerías, es crisis ambiental, social y humanitaria.

***


Primero en el vocabulario de la gente era la invasión de Caño Limón. De la invasión cambiamos a la retoma. Hoy en día se habla de la vereda El Vivero. Hemos ido progresando en el lenguaje también.
Han utilizado toda clase de estrategias. Fuimos amenazados con el paramilitarismo. En la entrada de la vereda amanecieron un día los árboles pintados con letreros de las AUC. Manipularon a la inspectora de Arauca para hacer un desalojo en un territorio que no le correspondía. También amenazaron a Jesús Hernando Mancera, personero de Arauquita, porque defendió nuestros derechos, le tocó irse del municipio. Han aparecido personas armadas con ganas de joder a los líderes de la retoma. A mi particularmente me ha tocado salir como tres veces.

En la entrada de la vereda nos pusieron una reja con candando. Después nos hicieron una manga con alambre de púa. Ellos nos tapaban un camino y nosotros nos metíamos por otro. Cuando nos ponían la seguridad ahí, nos pasábamos por los esteros, porque nosotros sí conocíamos el territorio, porque era nuestra casa.
En el trayecto entre Caño Verde y La Yuca no se podía bajar ningún pasajero (el campo petrolero está ubicado entre estos dos sectores. En cada punto existía un retén militar que hasta el día de hoy se mantiene). Era un problema para que los carros lo trajeran a uno. Se metía en líos el conductor porque allá tenía que decir cuántos pasajeros iban, y cuando usted pasaba La Yuca revisaban si se había bajado alguien. Cuando ya sabían que estábamos aquí nos hacían quitar las botas. Se llevaban las cédulas y les tomaban fotos. La compañía tenía un bloqueador de señal, la señal de los celulares y de internet se iba. En los desalojos era un problema para que pudieran entrar al territorio las personas que venían a apoyarnos jurídicamente.

Ahorita les tocó aceptar que estamos aquí, que somos una realidad. A veces se ponen cansones pero El Vivero también se ha ganado una fama de que, si me grita lo grito, y si me toca dar puño pues doy puño.

La compañía nos ha llamado para que pactemos unas reglas de convivencia. Nosotros les decimos que no tenemos nada qué pactar con ellos. Que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros lo que hacemos es labrar la tierra. Quisiéramos que no sacaran el petróleo, pero desafortunadamente ya lo están sacando. En estos días se nos viene una batalla bastante campal con la compañía. La OXY va a construir unas plataformas en unos territorios donde no hay plataformas. Esa va ser nuestra lucha ahorita: no dejar que exploten ese pozo. Yo creo que los jurídicos tienen que irse preparando.

***


Esta retoma continuará…

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