Asistimos al despliegue de una crisis civilizatoria, es decir orgánica, del sistema mundo vigente desde los años setenta; eso implica un cambio radical en la gestión de nuestro modo de vida. Su deconstrucción requiere de años y centurias como lo ilustra la historia, pues no se trata de una crisis funcional al mantenimiento del sistema sino a la emergencia de uno nuevo.

Dos son las variables que fundamentan el carácter de este tipo de crisis: un nuevo patrón o paradigma energético y un nuevo giro comunicacional. El primero relacionado con el tipo primordial de energía utilizada para el sostenimiento de todo el sistema por parte de las respectivas formaciones sociales, y el segundo con la forma de comunicarse entre sí.

En la historia de la humanidad se han dado dos de esas crisis, y actualmente nos encontramos en la transición hacia una tercera, debido a la emergencia de un nuevo patrón energético, sustentado en las energías renovables –que son las más abundantes en el planeta y el universo–, y de la comunicación en red-internet que fundamenta la naciente sociedad informacional.

La primera fase premoderna se erigió por sobre las comunidades primitivas a partir de la aparición de las ciudades-estados –hace unos diez mil años–, acompañada de la invención de la escritura y el uso de la leña, que superaba su tradición oral. Su gestión estaría a cargo de los sistemas políticos despóticos y patrimonialistas concentrados en un soberano: Faraón, César, Mandarín, Gran Inca o Rey, quienes disponían de forma personal de la organización de esas sociedades conocidas como hidráulicas.

La segunda fase emerge a partir del siglo XV con base en el uso de las energías fósiles como el carbón, y en el siglo XIX el petróleo, junto a la escritura de Gutenberg, que dio al traste con la premodernidad y erigió la sociedad moderna. Por sus características de ser una energía almacenada y de riqueza única, su gestión requiere de monopolios centralizados –de gran capital de inversión– como las empresas transnacionales, y políticos –de gran poder–, como los estados nacionales con sus agentes, los partidos políticos; todos estos asistidos por el despliegue científico y tecnológico “duro” y macro, la administración empresarial taylorista-fordista, y la democracia representativa liberal, entre otros. Su impacto ambiental y la reducción de las reservas del petróleo gatillan la aparición de una nueva fuente.

La crisis petrolera de los años setenta y su réplica a partir de entonces hace de las energías limpias el nuevo paradigma energético, a su vez acompañado de la comunicación en red, ambos en correspondencia con el nuevo espíritu de la época: lo diverso. Diversidad en las fuentes energéticas y en los discursos de la riqueza étnica y cultural. Fuentes energéticas que al no estar almacenadas sino disipadas en diversas fuentes: solar, eólica, hidráulica, térmica, biomasa, biogás, mareomotriz, olamotriz, hidrógeno, etc., revaloran el lugar como un punto vital y ponen en el centro la participación de sus lugareños en su producción y gestión. Como explica Gunter Pauli (2011) en su texto La economía azul, “se trata de un nuevo enfoque de la gestión de la demanda: la intervención en el lado del suministro…”

Esa nueva gestión cuestiona la administración corporativa vertical y monopólica de las grandes empresas, fundadas en la administración de la energía fósil almacenada. Así, da cabida al ejercicio de la participación directa de los productores y distribuidores individuales y colectivos, organizados en pequeñas y medianas empresas comunitarias autosuficientes, autogestoras y cogestoras, en red con otras comunidades e individuos, para el uso de sus propias energías, que como diría Gandhi, “no se basa en la fuerza, sino en la gente en su propio hogar, no una producción para las masas, sino de producción de las masas”. Sistema de producción de la mano de las tecnologías “blandas”, “pequeñas y hermosas”, de punta como la producción en 3D, que sigue la filosofía de acceso de código abierto, donde el software con las instrucciones para imprimir objetos no es propiedad de nadie, en el que se usan materiales de origen local que la hace una tecnología de aplicación universal.

Y como el asunto energético se concentra en la obtención de electricidad a partir del calor, la fricción, la presión, el magnetismo y la bioquímica, se abre entonces todo un arcoíris de posibilidades energéticas que incluye la producida por los mismos cuerpos biológicos a través de la química del potasio, el sodio y el calcio, que no necesita de pilas ni de cables, ni metales, requiriendo menos energía externa y la disminución en la dependencia de la minería, como explica Pauli.

Quedan de lado esas imágenes de grandes depósitos y chimeneas de las que salen diversas fuentes contaminadas y contaminantes –administradas por monopolios–, para imaginar tiempos en que se intercomunican los más diversos y constantes flujos limpios de energía, que mantienen en funcionamiento permanente la red, sin stock críticos por efecto de la acumulación, sino obrando armoniosamente a través de la complejidad distribuidora-productora.

Estas redes intercomplejas van construyendo espacios como Internets de energía local, cuyo ejemplo se ilustra en la India, “en dónde debutó a lo grande en julio de 2012, cuando el país sufrió el peor apagón, entrando en pánico gran parte de su territorio, mientras en una pequeña aldea de una zona rural de Rajastán siguió como si nada gracias a su micro red de electricidad verde”, según relata Jeremy Rifkin (2014) en su texto La sociedad de coste marginal cero.

De esa manera se va predisponiendo una civilización del Procomún Colaborativo, como la denomina Rifkin, que se traduce en una nueva “manera de organizar la vida económica, y ofrecer la posibilidad de reducir las diferencias en ingresos, democratizar la economía mundial y de crear una sociedad más sostenible desde el punto de vista ecológico (…) procomún colaborativo que está en alza y es probable que hacia 2050 se establezca como el árbitro principal de la vida económica en la mayor parte del mundo”. Año a partir del cual el petróleo entre en picada productiva ante el agotamiento de sus últimas reservas en la actualidad, objeto del fracking.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

La ciudad de Cali es uno de los principales centros urbanos del país, por lo tanto está unida a la dinámica del capitalismo comercial y financiero. Actualmente, con la reestructuración de las dinámicas económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas de la ciudad, se ha perpetuado una lógica avasalladora en contra de las comunidades populares y sus territorios, desembocando en conflictos que la prensa amarillista termina denominando como disturbios o enfrentamientos.

El caso más se reciente se dio en el oriente de la ciudad (sector conformado por comunidades populares), donde se planea implementar los proyectos Plan Jarillón y Obras Complementarias (PJAOC) y la Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco Azul, proyectos complementarios con otros que se están desarrollando en el resto de la ciudad como Ciudad Paraíso, que reestructurará el centro de la ciudad para convertirlo en un sector comercial, y Zonamerica, la primera zona franca de venta de servicios del país, y la segunda a nivel latinoamericano, que buscar potenciar la ciudad como una ciudad del servicio. Estos proyectos juntos articulan la renovación y modernización de la ciudad.

El proyecto Plan Jarillón, que no solo es una de las obras más importantes de ciudad, sino de Colombia, bajo la excusa de proteger a los pobladores asentados en los alrededores del río de los “estragos generados por inundaciones”, busca realizar un malecón en el Jarillón del río Cauca y darle uso privado a su navegabilidad. Para ello reubicarán forzosamente a 8.700 familias, aproximadamente 35.000 personas. Cabe resaltar que estas reubicaciones van desde desalojos violentos, hasta comprar los predios a precios mínimos sin haber hecho la correcta valorización, sumándole que a muchas personas que ya contaban con vivienda se les reubicará en viviendas de interés social que no se ajustan a sus necesidades.

Como solución al problema de la vivienda, la Alcaldía adelanta el proyecto Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco azul, que comprende la construcción de 1.940 apartamentos, en condiciones no aptas, para las familias víctimas de los desalojos producidos por el Plan Jarillón y Ciudad Paraíso, quitándoles así a las familias de los barrios Brisas de la Paz, El Barandal, El Jazmín, La Esperanza, La Florida, Nueva Florida, Nueva Ilusión, Playa Alta, Playa Baja, Polo, Sardi, Villa Uribe y Belisario el único pulmón verde del oriente de la ciudad y el escaso espacio comunitario con el que cuentan en el sector.

Este último proyecto ya se encuentra contratado y firmado con la constructora Enlace S.A.S., quienes afirman que el lote es de propiedad privada; sin embargo la actual administración del alcalde Maurice Armitage tiene el antecedente de adelantar obras con permisos que poseen dudoso marco legal para su ejecución. Un ejemplo más reciente es la obra en ejecución de la terminal sur del Transporte Masivo Integrado de Occidente, que se adelantó en la zona conocida como el humedal El Cortijo, que desaparecería dejando a la ciudad sin un importante corredor ecológico, y generando daños irreparables a la fauna y flora del sur de la ciudad.

Ciudadela Recreativa hace parte de las tácticas que han ejecutado las administraciones para poder adecuar la ciudad a los intereses de la clase privada. Recordemos el proyecto del barrio Potrero Grande, donde se construyeron casas de interés social para reubicar 48 asentamientos del Jarillón del río Cauca y la Laguna del Pondaje, pero el resultado de este proyecto fue una zona donde se multiplicaron las problemáticas sociales de la comunidad. Básicamente lo mismo se generará con la implantación autoritaria de este proyecto habitacional donde se les quitará a los barrios aledaños su único espacio verde para la recreación y la cultura.

Todas estas acciones obedecen al POT aprobado en el municipio por medio del acuerdo 069 del año 2000, que rigió en teoría hasta el 2014, año en que fue ajustado con vigencia hasta el año 2027. Según instituciones como la Universidad del Valle, este tiene potenciales efectos devastadores de las políticas de desarrollo para la construcción de la ciudad. Este documento permite a los gremios del sector privado del gran capital, apropiarse de los espacios, las instituciones y las relaciones sociales, buscando el ordenamiento y el control de las actividades de sus pobladores y del territorio. Por otra parte, les permite marcar las tendencias económicas, políticas y culturales de sus áreas de influencia, en concordancia con los planes de reestructuración de todo el departamento del Valle del Cauca, para generar la concentración de actividades productivas especializadas, que maximicen la inversión pública de infraestructura y seguridad, en aras de la potenciación de la inversión privada. En este POT se generan las Unidades de Planificación Urbana (UPU), que corresponden a diversos proyectos de re-direccionamiento de los usos de los espacios urbanos, sacrificando los intereses comunitarios a los rendimientos de la empresa privada. Una de las UPU es la Zona del Oriente de Cali.

Bajo toda esa maquinaria se terminan desarrollando proyectos visionados desde el gran sector empresarial, que termina perjudicando el Oriente de Cali con proyectos que atentan contra los derechos básicos para garantizar una vivienda digna, donde solo terminan beneficiándose en últimas la clase privada de la región que está en perpetua unión con la clase política del Valle.

No hay entre las dirigencias privadas que controlan la economía y el Estado, una apuesta de ciudad para la gente. Para las élites las gentes son potenciales compradores y mano de obra barata. Su interés se concentra en la implementación de una economía que avanza en detrimento de los sectores populares empobrecidos de la ciudad. Los planes no están pensados para el bienestar ni el buen vivir del pueblo, al contrario, se traducen en la continuación de la violación reflejada en el recorte de derechos fundamentales como la vivienda.

Hay acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, y son cruciales, porque revelan las cosas necesarias para que una sociedad funcione todos los días. Uno de estos acontecimientos ha sido la acumulación de basuras en la ciudad de Bogotá. Este hecho elemental de recoger la basura pone de presente la trascendencia de unos trabajadores nunca nombrados, sin cuya labor silenciosa, anónima y despreciada, no podría funcionar en forma normal una ciudad extensa y superpoblada como Bogotá. Sí. Esos trabajadores, los recolectores de basura, los recicladores, los cartoneros. Sin ellos ninguno de nosotros podría habitar en Bogotá o en cualquier lugar en que se necesite recoger las toneladas de desechos que producimos, como parte de la lógica destructiva y contaminante que caracteriza al capitalismo. Sin esos recolectores, Bogotá apestaría (más de lo que hoy apesta), y las miles de toneladas dejadas de recoger producirían gases tóxicos y líquidos venenosos que en cuestión de semanas causarían una pandemia apocalíptica, que afectaría en forma fulminante el corazón y los pulmones de miles de personas, y frente al cual lo que se cuenta en El diario del año de la peste, la novela de Daniel Defoe (convertida en el Año de la Peste, la película de Felipe Cazals, con guion de Gabriel García Márquez), sería juego de niños.

Sin embargo, pese a su importancia, en esta crisis de basuras los trabajadores no son nombrados, a nadie le importan. Al respecto, en esta coyuntura de desaseo generalizado deberían hacerse cuestionamientos de fondo, relativos a las miserables condiciones de trabajo y de vida que soportan miles de seres humanos que desde las primeras horas del día salen a efectuar un trabajo duro, sorteando peligros diversos, que les pueden costar la vida a ellos y a sus familiares, por enfermedades y contaminaciones que resultan de tratar con desechos orgánicos e inorgánicos. Nadie quiere saber de la existencia de ese proletariado de la basura, solo importa que ellos quiten de nuestros ojos los desechos que producimos, los lleven lejos de nuestra presencia, sin interesar el destino de este enjambre de hombres, mujeres y niños.

Con la crisis de las basuras en la capital de Colombia emerge la figura del recolector de basuras, que trabaja para la empresa Aguas de Bogotá (en proceso de liquidación), cuyos 3700 trabajadores van a ser despedidos por la administración de Enrique Peñalosa, para concederle el negocio a sus amigos. A este personaje y a sus compinches, no les interesa ni la suerte ni la vida de esos miles de trabajadores, cuyo sustento depende de recoger basuras, una actividad sin la cual no podríamos vivir.

Los recolectores de basura de Aguas de Bogotá ven en peligro su futuro inmediato, porque al menos tres mil de ellos van a ser expulsados y no se les renovará contrato. Los otros miles de recolectores, la inmensa mayoría, que trabajan por su cuenta y riesgo, alcanzan escasamente un ingreso diario de 20 mil pesos (menos de diez dólares), por efectuar esta labor de utilidad pública y social.

Pero mientras esto sucede, a través de los medios de desinformación, y principalmente ahora por las redes antisociales, se difunden todos los días y a toda hora, chismes sobre la estrafalaria vida de los “famosos” (James Rodríguez, Falcao García y Shakira…), como si su existencia y las estupideces que a diario dicen o realizan, fueran trascendentales para la vida de todos los colombianos. Mientras que los recolectores de basura son despreciados y tratados como delincuentes y criminales, los medios de desinformación masivos (empezando por los noticieros deportivos y de farándula) adulan a esos famosos, que se han convertido en delincuentes de cuello blanco y de alta alcurnia, puesto que los mencionados arriba son, sin excepción alguna, evasores de impuestos, ladrones del fisco español, hasta el punto que uno de ellos, Falcao García, tuvo que pagar 6.5 millones de euros en multa. Si esa es la multa, no es difícil suponer la magnitud de su delito (que ameritaría cárcel de varios años).

Como muestra de la injusticia del capitalismo local y mundial, mientras que los recolectores de basura se mueren de hambre o subsisten con los mismos desechos que recogen, los “famosos”, cuya actividad es innecesaria, ganan millones de euros en salario, por efectuar cosas que no tienen ninguna importancia para la sociedad. Una sociedad, cualquiera que sea, puede vivir sin las patadas del futbol de James o Falcao y sin los aullidos destemplados de una bailarina que a veces trata de cantar, como Shakira. Si estos dejaran de existir o de hacer lo que hacen, de ninguna manera eso representaría un colapso social, ni mucho menos. Pero con los recolectores y recicladores no sucede lo mismo: sin ellos, literalmente hablando, no podríamos vivir.

El culto a los ricos y poderosos conduce a creer que son estos los que serían imprescindibles, lo que evidencia que en el capitalismo de hoy lo que de verdad cuenta y vale, tiene un precio inversamente proporcional a su valor real para la sociedad. Así, los recolectores de basura, con una función social de primer orden, valen menos que la basura que recogen, mientras quienes como Shakira desempeñan labores baladíes en términos del metabolismo material de la sociedad, obtienen ganancias aberrantes, que no se corresponden para nada con la nula importancia de lo que hacen. Por ejemplo, Falcao y James ganan en forma neta, libre de impuestos y deducciones, 750 mil euros al mes (2625 millones de pesos), mientras que Shakira recibe 4 millones de euros al mes (133 mil euros cada día, equivalentes a 465 millones de pesos). Esta última cifra de los ingresos diarios de una persona como Shakira, corresponden a lo que un reciclador de basuras, suponiendo en forma optimista que devengue el salario mínimo mensual de hoy en Colombia (780 mil pesos, o 260 dólares), ganaría en 50 años. Así de injusto e irracional: el recolector de basura, esencial para todos nosotros, va a ganar en medio siglo, lo que una persona que no desempeña ninguna actividad que sea importante para la sociedad, gana en 24 horas.

Aunque esto sea lo que existe en términos salariales, esa desigualdad demencial no puede ocultar ni negar –como se ejemplifica en estos días de acumulación de basuras en Bogotá– que vale más para la subsistencia de una sociedad recoger basuras que dar patadas a un balón o entonar gritos estridentes. Como lo ha dicho el crítico literario inglés Terry Eagleton, “buena parte de ese trabajo sucio y peligroso […] podría ser realizado por antiguos miembros de la familia real (inglesa)”. A lo que podemos agregar que el trabajo sucio, duro y peligroso, de recoger basura, debería ser realizado por todos nosotros, incluyendo a los “famosos” que no hacen nada importante en la vida, aparte de generar basura material y contaminación espiritual.

Por lo demás, a los trabajadores de todos los sectores, precarizados y explotados en forma intensiva como los recolectores de basura, bien les cabe emprender una lucha organizada y colectiva con la actualización de la célebre formula del Manifiesto Comunista: “¡Basuras del mundo, uníos!”.

En el mundo entero, y Colombia no es la excepción, la extrema derecha alienta un proyecto negacionista sobre el pasado, que consiste en rechazar la investigación, enseñanza y difusión de los crímenes del capitalismo y de las atrocidades de dictaduras militares y gobiernos colaboracionistas con los grandes poderes imperialistas. Dicho negacionismo busca borrar el pasado e imponer una verdad oficial, a la cual deben sujetarse los ciudadanos de un determinado país, so pena de ser juzgados y condenados por ponerla en cuestión. El hecho más reciente es el del gobierno derechista de Polonia, que el seis de febrero aprobó una ley que castiga con condenas de hasta tres años de cárcel a quienes afirmen que el Estado o el pueblo polaco estuvieron vinculados con los crímenes nazis, cuando ese territorio estuvo ocupado por las tropas hitlerianas.

Esta postura se sustenta en un patriotismo torpe y barato que llega al extremo de prohibir el uso de expresiones como “campos de concentración polacos”, “nazis polacos” y “campos de muerte polacos”, y a criminalizar a quien las utilice, no solo dentro del territorio de Polonia sino en cualquier lugar del mundo.

La turbia persecución y censura ya empezó a operar contra el periódico Página 12 y el periodista Federico Pavlovsky, sudamericano, concretamente de Argentina. En días recientes, una ONG polaca, denominada La Liga Polaca contra la Difamación, cuyo segundo nombre es Reducto del Buen Nombre, y aliada directa del gobierno de extrema derecha, presidido por Andrzej Duda, decidió demandar a Página 12. Esa organización cree que Polonia es tan grande e inmaculada que hasta puede juzgar a cualquier extranjero, sin importar dónde se encuentre, como si las leyes nacionales tuvieran un carácter de extra-territorialidad que permita aplicarla en cualquier sitio del planeta tierra. Además, se supone que esas leyes operan con retroactividad, lo cual indica el rigor intelectual y la sapiencia de sus impulsores. Así, el periódico señalado ha sido demandado porque el 18 de diciembre de 2017 publicó un artículo, con el título de Rostros familiares, que es encabezado por la foto de cuatro cadáveres de la resistencia anticomunista polaca de después de la Segunda Guerra Mundial. Esa ONG acusa a Página 12 de "manipular" la información con el objetivo de "dañar a la nación polaca y la imagen de los soldados polacos" y de "engañar conscientemente" a sus lectores para hacer "creíble la tesis del antisemitismo polaco".

En el artículo se hace referencia a un hecho histórico puntual, que aconteció el 10 de junio de 1941, en el pequeño pueblo de Jedwabne, en la Polonia ocupada por los nazis. En ese pueblo de solo 3000 habitantes fueron masacrados 1600 judíos por el resto de habitantes polacos: “Ese día, mil quinientas personas mataron o vieron matar a otras mil seiscientas, éstas últimas de origen judío, y en el exterminio no hubo ninguna distinción entre hombres, mujeres, niños y ancianos”. Resulta llamativo de esta masacre que no fuera ordenada por los nazis, sino que fuera un crimen colectivo efectuado por “pacíficos vecinos”, comunes y corrientes, que de repente procedieron a torturar y masacrar a quienes eran sus amigos y/o conocidos.

Según el historiador polaco-estadounidense Jan Gross, quien escribió el libro Vecinos, que desnuda este suceso histórico, fue un asesinato en masa “en un doble sentido, por el número de las víctimas y por el número de los verdugos. Los mataron de modo frenético, barbárico, y de múltiples maneras, a unos con herramientas de metal, a otros a cuchilladas, a otros a estacazos”. Según Pavlovsky, “uno de los elementos más perturbadores de esta historia es que rompe el arquetipo de monstruo que comete actos inhumanos”, porque “los verdugos fueron unos polacos normales y corrientes”.

Sin embargo, para el actual gobierno de Polonia, hablar de estas atrocidades es inaceptable porque cuestiona la pretendida pureza y heroicidad de los polacos, nacionalistas, católicos y anticomunistas, de los que ellos se proclaman descendientes.

Pero si por Polonia llueve negacionismo histórico, en Colombia no escampa en materia de borrar el pasado. La prueba más elocuente son las continuas alusiones de la representante del Centro (Anti)Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha dicho que “la masacre de las bananeras es otro de los mitos históricos de la narrativa comunista” y que “fueron más los soldados asesinados en esa confrontación, donde el sindicato fue penetrado por la Internacional Comunista”. En cuanto a los asesinatos de Estado, que alcanzaron su máximo nivel en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los justificó diciendo que “parece que esos muchachos (víctimas de falsos positivos) habían cometido muchos crímenes”.

Estas afirmaciones son producto de la ignorancia, de un desprecio hacia aquellos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de este país, y de una exaltación de los crímenes que estas han cometido, por defender la santa propiedad privada de la oligarquía criolla. A borrar los crímenes de esas Fuerzas Armadas y de los “hombres de bien de la patria”, como los grandes terratenientes y ganaderos, gremio al que está ligada directamente la mencionada congresista, y a presentarlos como héroes, se dirige ese intento de borrar el terrible pasado, y presente, de la sociedad colombiana. Por ello, tampoco sorprende que uno de los objetivos centrales de la extrema derecha colombiana, en cabeza de un criminal de guerra, cuyos principales amigos son paramilitares, sea el de impedir que no funcione ninguna comisión de la verdad ni que sean juzgados los empresarios patrocinadores de miles de asesinatos, torturas y desapariciones realizadas en Colombia. De llegar a triunfar en las próximas elecciones presidenciales ese sector, no sería extraño que se impulsara una ley por el estilo de la de Polonia.

Para que los colombianos no sepan que en este territorio se han cometido crímenes similares a los de los nazis, como los hornos crematorios (en Antioquia y Santander) para matar y desaparecer a humildes colombianos; que fueron asesinados cerca de diez mil colombianos entre 2002 y 2010 por miembros de las Fuerzas Armadas, cumpliendo órdenes del presidente y los ministros de defensa, solamente para presentar resultados positivos en la lucha contra-insurgente; que durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se generalizó la tortura a los presos políticos; o que en la retoma del Palacio de Justicia fueron asesinados y desaparecidos por el Ejército decenas de trabajadores y visitantes de ese lugar…

Como bien lo dice el dramaturgo y novelista Miguel Torres en su libro La invención del pasado, sobre ese intento de borrar el pasado que tanto caracteriza a las clases dominantes, haciendo alusión a los sucesos del Palacio de Justicia: “Solitarias y vestidas de luto en un rincón de la plaza de Bolívar, se ven mujeres levantando los retratos de los empleados de la cafetería que los militares se llevaron del Palacio de Justicia y que hasta hoy no han vuelto a aparecer. Nadie se acerca a ellas. Dicen que eso no es cierto, que no ha pasado nada, que no hay desaparecidos, ni guerra, ni masacres, ni centenares de miles de muertos, que la gente como ha olvidado todo lo inventa todo. Eso es lo que dicen”.

Hablar de Hugo Chávez es hablar de polémica, de discurso encendido, de antiimperialismo y de excelente capacidad oratoria. Desde aquel cuatro de febrero de 1992, cuando siendo un desconocido pronuncia el “por ahora”, hasta su siembra el cinco de marzo de 2013, captó la atención de buena parte del mundo, incluyendo a quienes abiertamente le odiaban. Es ampliamente difundida en Venezuela la experiencia de enconados opositores, antichavistas “hasta la médula”, que no dejaban de sintonizar todos los domingos Aló Presidente, programa de radio y televisión en el que el Jefe de Estado abordaba diversos temas hasta por ocho horas continuas.

¿Qué hizo que casi la totalidad de un país se volcara bien sea a apoyar o a rechazar a Chávez? ¿Qué hizo que poderosos medios de comunicación, corporaciones y líderes mundiales pusieran los ojos en Venezuela? ¿Por qué durante 14 procesos electorales tan sólo perdió uno? La retórica simplista nos dice que era un líder populista, que manipulaba a su pueblo a través de dádivas y que tenía en su mente un proyecto autócrata, otros más imaginativos lo acusaban de loco y hasta miembro de una especie de culto casi satánico.

Sin embargo, la realidad es otra. Si bien Chávez no fue un dios, aun cuando lo han querido endiosar, sí es importante destacar que significó para la revolución bolivariana e incluso para el movimiento popular latinoamericano y mundial, el catalizador que contuvo, por lo menos por dos décadas, los procesos entreguistas y neoliberales que amenazaban al continente.

Es importante mencionar que Hugo Chávez llega al poder no por méritos de la izquierda, la cual estaba en franco retroceso tanto político como ideológico, sino por la precaria situación que vivía la población venezolana, pudiéndose resumir en una sola palabra: exclusión. Esto resulta clave para entender por qué un militar de rango medio, con tinte nacionalista, sin estar apoyado por los partidos tradicionales y que no pertenecía a la élite, logra quedarse con el poder.

Es la exclusión el detonante que derrumba la denominada cuarta república y el esplendor que vivía una pequeña pero opulenta clase social que disfrutaba de las mieles del petroestado. Para 1993, FUNDACREDESA, una institución gubernamental, estimaba, entre otras cosas que “El 1,07% de la población vive en la opulencia (cuatro mil familias). El 7,09% vive en relativo confort (15 mil familias). La clase media se ha reducido al 13,6%. El 37,6% conforma la clase obrera del país, unos 7 millones y el 40,34% son marginales, desclasados (cerca de 8 millones)”.

Una vez Chávez asume la presidencia, comienza a realizar una serie de transformaciones que cobraron su mayor éxito luego del fallido golpe de Estado proyanqui de 2002. Dicho éxito se debió a que, para superar las trabas y la burocracia típica del Estado burgués, creó una especie de instituciones paraestatales a las que llamó misiones sociales, que ofrecieron soluciones inmediatas a la población en temas sensibles como alimentación, salud, educación e identidad.

De esta forma se daba inicio a una etapa en la cual los índices de pobreza comienzan a retroceder por primera vez en años, con resultados excepcionales, lo que prendió las alarmas de poderosos intereses políticos transnacionales que temían la propagación por la región de la experiencia venezolana, más cuando la dialéctica de la propia revolución había transformado al Chávez, soldado nacionalista, en un comandante cada vez más radical y socialista.

En el plano meramente económico es importante destacar algunos datos y cifras de organismos multilaterales, que ofrecen luces y desmontan mitos. Antes que nada es perentorio acotar que si bien Chávez fue un militante del socialismo, la economía venezolana nunca trascendió el capitalismo, la vieja estructura del Estado burgués permaneció casi intacta. Ello no le quita méritos al enorme trabajo realizado por su gobierno, no olvidemos el estado y las condiciones en que se encontraba la República antes de 1998.


Indicadores como el PIB crecieron a un ritmo acelerado, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad se redujo 20% en tan solo una década, siendo el más bajo de toda América Latina. Además no en vano, de acuerdo a la CEPAL, la pobreza pasó de 75,5% en 1997 a 25% en 2012. Por medio de las misiones sociales la patria se volvió una escuela, más de tres millones de mujeres, obreros y personas de la tercera edad volvieron al aula, lo que generó procesos no sólo de educación sino de empoderamiento. La matrícula universitaria creció como nunca, lo que antes era un privilegio pasó a ser parte de la cotidianidad. A través de convenios con Cuba se logró brindar atención gratuita y de calidad a sectores populares y zonas apartadas en las que nunca había llegado un médico. En fin, fue una época dorada, en la que negar el enorme crecimiento cuantitativo que tuvo el pueblo venezolano no es más que un signo de profundo sesgo e ignorancia.

Aunque parezca paradójico, el mayor logro de Chávez no se puede medir ni en dólares, ni en cifras o porcentajes, pues trasciende lo economicista. Haber revivido el sentido de patria; haber sacado a Bolívar de las academias; empoderar al pueblo no sólo a través de las leyes sino del despertar de una masa que se encontraba acéfala e inerte; sembrar en la mente de millones de venezolanos la semilla de la independencia, el antiimperialismo y la lucha por el socialismo; contagiar a jóvenes y niños por la defensa de lo nuestro y visibilizar a los históricamente excluidos, a los nadies, a los explotados, a los que sólo aparecían en las páginas de sucesos, a las amas de casa que no contaban para las estadísticas oficiales, a los abuelos que permanecían casi inmóviles por ya no ser útiles al sistema, a los millones de jóvenes que por no tener recursos económicos estábamos destinados al hampa o en el mejor de los casos a servir de fuente de enriquecimiento de unos pocos. Ese fue su más grande éxito.

Aun cuando las condiciones materiales en Venezuela no son las mejores, aun cuando EEUU arrecia las sanciones para ahorcar la economía y aun cuando se han perdido muchos de los logros alcanzados, la figura, el liderazgo y la tenacidad del comandante Chávez siguen presentes. En cualquier barrio o aldea se percibe el inmenso sustrato bolivariano que brota por las venas de millones de venezolanos y que no se borrará pese a las adversidades. ¿Lo habrá tomado en cuenta el imperialismo?

Contó Galeano que le preguntó a un humilde venezolano durante un proceso electoral “¿Y usted por qué vota a Chávez?” y este le respondió: “Porque no quiero volverme invisible nunca más”.

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa(DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisissobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales.

Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito a las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicos, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.

Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades, y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incómoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002.

El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas se deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del “crimen organizado”, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.

En conclusión, se trata de unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.

El pasado 24 de noviembre se cumplió un año de la culminación oficial del proceso de diálogo y negociación llevado a cabo entre la guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, para darle, por fin, una salida social y política a ese conflicto militar cuya duración superó el medio siglo.

 

El proceso de negociación social y político al que estas dos fuerzas militares confrontadas entre sí por más de 50 años se involucraron, es el reconocimiento mutuo de la incapacidad de cada una de ellas de derrotar militarmente a la otra, pero también, y sobre todo, de aceptar que cada una de ellas es portadora de un modelo económico, de poder y de sociedad diferentes y adversos entre sí: la Mesa de Negociaciones en La Habana, un escenario sin derrotados ni vencidos militarmente, pero sí reconocidos como actores sociales y políticos.

El Acuerdo Final que da fe de ello, es el resultado de un consenso nacional social y político en el que participaron, además de los representantes de las FARC y del Gobierno nacional, muchos sectores sociales y comunitarios importantes del país, que de manera presencial aportaron valiosos insumos que enriquecieron cada uno de los temas gruesos del documento, en el que además se recogieron e incluyeron infinidad de proposiciones que llegaron a través de las redes sociales.

Es decir, a pesar de la distancia física entre la Mesa de negociaciones y la sociedad, se puede afirmar que este proceso en general fue el escenario de un diálogo social entre los administradores del modelo económico vigente y una gran parte de sus víctimas. Por efecto, el Documento (Acuerdo Final) reconoce tanto las razones sociales que motivaron el alzamiento de armas de dicha guerrilla (y por tanto, también víctima) como de la histórica deuda social que aún hoy el Estado tiene para con el pueblo colombiano.

El estado de salud del Acuerdo Final
Sin pretender “aguar la fiesta”, pero sí reflexionando sobre el estado de salud actual del Acuerdo Final (original), debemos echar un repaso al recorrido accidentado de (desde) esos cinco años que duró la gestación y posterior alumbramiento de esa hoja de ruta para la construcción de la paz con justicia social y dignidad, tan anhelada y soñada por varias generaciones, y mirar cómo va hoy.

Es imposible ocultar que este proceso desde sus inicios ha sido asediado y atacado por sectores poderosos de la élite colombiana que se niegan, no solo a compartir el poder que han usurpado por más de 200 años, sino a responder ante la sociedad colombiana por sus delitos atroces y de lesa humanidad que han cometido en toda la geografía nacional, en aras a conservar y ampliar cada vez más su poder, recurriendo incluso a la creación de grupos criminales narco-paramilitares.

Quisiéramos creer en la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos para con este proceso y para con la paz misma, pero no podemos dejar de lado la suspicacia que despertó su anuncio unilateral e inconsulto con las FARC, de llevar a un plebiscito el Acuerdo Final, toda vez que “este era innecesario e inconstitucional, ya que la firma misma del proceso de paz con la guerrilla era una aplicación concreta del derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 22 de la Carta Política de 1.991, que reza 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento'” (Jesús Pérez González, Revista Semana, 11-10-2017). El resultado de este plebiscito puso en entre dicho el trabajo de cinco años, y en aprietos al Acuerdo mismo, pero se sorteó haciéndole las primeras modificaciones acorde a los intereses de los más recalcitrantes enemigos de la paz.

Posterior a esto y como efecto de los resultados adversos, Juan Manuel Santos entregó el Acuerdo Final para su convalidación y reglamentación por Fast Track (vía rápida para la aprobación por bloque temático del Acuerdo Final), a las manos del Congreso de la República, en el que la gran mayoría de sus integrantes se hallan inmersos en procesos jurídicos y disciplinarios por delitos de corrupción (ejemplo Cambio Radical) y de para-política (ejemplo Centro Democrático).

No es fácil entender cómo alguien con una pisca de sentido ético entregue a una instancia tan cuestionada e ilegitimada, el fruto de cinco años de trabajo que apenas son los mínimos necesarios para empezar a saldar la gran deuda social con los colombianos, a través de los Planes Nacionales, los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS), así como a través del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y el compromiso de No Repetición (SVJRNR), para, tal como lo mandata el Acuerdo, poner al día la deuda jurídica acumulada en esos 50 años de guerra fratricida.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional, a inicios del mes de mayo, hizo su primer aporte contra el Acuerdo Final, tumbando la esencia del Fast Track, y brindando la posibilidad al Congreso de la República para iniciar “estudio” (léase manoseo) de punto por punto y posterior modificación a su antojo.

Al unísono de estos lamentables episodios, se suma el del cuestionado fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien descarga “petardos” contra la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 5 del Acuerdo Final y columna vertebral del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición), contra el derecho a la participación política del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (punto 2 del Acuerdo Final), y contra sus dirigentes, amenazando con una pronta persecución jurídica hacia ellos.

A este panorama ya caldeado de por sí, la sangre de campesinos, indígenas y afros hace su presencia cuando una manifestación de cocaleros en Tumaco, que se resistían a la erradicación manual, la cual va en contravía a lo acordado sobre la Sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 1 y 4 del Acuerdo Final), fue atacada a tiros por el Ejército y la Policía nacional y, que según informe de Defensoría del Pueblo y de Organismos de Derechos Humanos, dejó un saldo de diez muertos y una veintena de heridos. Posterior a este sangriento suceso, han sido asesinados varios dirigentes sociales y comunitarios de esta región del pacífico colombiano, que se suman a la larga lista de casi un centenar de asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos durante el 2017, sin contar los más de 30 ex militantes de la antigua FARC-EP que han sido asesinados a mansalva en diferentes regiones del país.

Ahora bien, presenciamos cómo la Corte Constitucional se pronunció respecto a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), pero más parece otra arremetida contra la esencia del Acuerdo Final, toda vez que al excluir a terceros (empresarios, ganaderos) que participaron en crímenes atroces, dio vía libre a la permanencia de la impunidad, limitó a 20 años la permanencia de la JEP, y trasladó lo pertinente a las tutelas hacia la justicia ordinaria, es decir, gran parte de lo que adelante y sentencie la JEP quedará a merced de la justicia ordinaria que siempre ha favorecido con notoria impunidad o condenas irrisorias al “poderoso”.

Así mismo, la Corte Constitucional dio vía libre para que, al día siguiente de dicha sentencia, la plenaria del Senado “amordazara” a la JEP y la reglamentara, como ya lo advertimos, a merced de los intereses de los verdaderos responsables directos y terceros de la guerra sucia que enlutó y sigue enlutando nuestra patria. Así, la Corte Constitucional también arremete contra las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (punto 5 y 6 del Acuerdo Final).

Por su parte, los medios masivos de comunicación (RCN, Caracol, City Tv, CM&, Noticias Uno, El Tiempo, El Espectador, etc.), han sostenido un libreto noticioso y de opinión en estos temas de paz y de justicia social con un formato que estigmatiza, desinforma y oculta la verdad. En este caso en particular, han servido de parlante para desviar la atención de la esencia fundamental de este proceso, poner en la tribuna pública a la guerrilla y su dirigencia como único actor militar de la guerra y sus consecuencias desafortunadas, y engañar al país al proteger a los verdaderos responsables de los cientos de miles de asesinados, cientos de masacres, de los casi cinco millones de desplazados y de cientos de miles de hectáreas de tierra rural arrebatadas a sus legítimos y legales dueños (campesinos, indígenas y afros).

Soplan vientos de traición
En ese orden de acontecimientos, para nada aislados entre sí, se evidencia de manera clara, desde nuestro punto de vista, un perverso entramado sistémico conspirativo contra el Proceso de Paz y su Acuerdo Final, iniciado por el mismo presidente Santos y orquestado con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los medios masivos de comunicación, los empresarios, ganaderos, terratenientes, y los sectores, ya no tan oscuros, de la narco-parapolítica institucionalizada.

Ajeno a lo acertado que sea esta hipótesis, lo cierto e inocultable es que al Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la FARC, le soplan fuertes vientos de traición por parte del régimen, desde sus diferentes vertientes, sin excluir al ejecutivo mismo. Abonan así el terreno hacia una nueva burla y frustración a los anhelos de paz con dignidad y justicia social para la presente y futura sociedad colombiana.

Quienes algo conocemos de esta oligarquía, sabemos que la vergüenza por el incumplimiento a su palabra empeñada siempre ha brillado por su ausencia, y en este caso no será la excepción, incluso frente a la misma comunidad internacional que respaldó y acompañó este proceso. La pregunta que surge, en el marco del actual estado de Acuerdo Final es: ¿con qué argumentos éticos pretende el Gobierno llevar a “feliz término” las negociaciones con la guerrilla del ELN, que hoy se adelantan en la llamada “Mesa de Quito”?

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