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Casi 20 años después de la tragedia de Machuca en el nordeste antioqueño (18 de octubre de 1998),  en donde un estallido de un oleoducto a manos de fuerzas del ELN provocó un desenlace trágico de 84 muertos, el periodista irlandés Gearoid  Padraig Ó Loingsigh, quien por un tiempo vivió en Segovia, escribió un libro en el cual investigó elementos que nadie había puesto de relieve y que involucra además del ELN, la responsabilidad de Ocensa y el Estado colombiano en dicha tragedia. Periferia habló con él sobre la obra que será lanzada el 3 de octubre en Quito - Ecuador.

Periferia: ¿Cuál fue la razón que lo motivó a escribir este libro justo en este momento que hay un proceso de paz con el ELN?
Gearoid: Independientemente de este proceso, la verdad es necesaria, hay cosas qué  escribir sobre Machuca y lo iba a hacer con o sin proceso de paz con el ELN. 84 muertos y quemados en medio de semejante tragedia da escalofrío, pero hay necesidad de presentar otras explicaciones distintas a la que ha dado el Estado, que no ha escuchado ni leído la sociedad, por ejemplo en materia de industria petrolera, y el impacto de esta en la tragedia. No defiendo al ELN, pero creo que esta organización tiene razón en muchas cosas frente a la industria petrolera, por eso sale mejor librado en el libro que las empresas y el Estado.

P: ¿Cuáles son esas cosas que la gente no sabe o no ha leído o escuchado sobre la industria petrolera?
G: Pues la misma industria, y los Estados hacen hasta lo imposible para que no se sepa que esta es una actividad de mucho riesgo; que las explosiones en los oleoductos son más comunes de lo que se cree, que un oleoducto no explota solamente por agentes externos, o cargas dinamiteras, sino también por reacciones químicas, corrosión, movimiento del suelo, mayor o menos humedad o lluvia, etc. También que la industria en el mundo gasta miles de millones de dólares en prevención y seguridad industrial, en planes de contingencia. Los tubos explotan en Canadá y en México, o en Nigeria, y causan incendios también, y matan personas, pero allá existen los protocolos y los planes de contingencia que hacen que una tragedia sea menos grave.

P: ¿El comando del ELN que realizó el atentado podía saber qué clase de crudo o material llevaba este oleoducto que pasa por Machuca?
G: Antes debo explicar que el oleoducto que pasa por Machuca viene de Casanare. En Machuca no hay petróleo, el oleoducto pasa por allí porque está en la línea recta hacia el occidente y resulta más barato construirlo en el lugar que se hizo, cerca de Machuca. Estos oleoductos llevan petróleo crudo, pero este no tiene la misma composición química de otro, y nadie puede saber qué reacción concreta tiene este tubo, excepto la empresa que lo transporta. En este caso Ocensa. En mis investigaciones Ocensa nunca preparó a la comunidad para una eventualidad como la que se presentó, ni advirtió el peligro de la cercanía del tubo, ni se aseguró que estuviera en el otro lado de la montaña, en donde no había gente, entre otras cosas, lo cual hubiera cambiado el destino de esas 84 personas, aun en medio de un atentado dinamitero de la guerrilla.

P: ¿Entonces qué fue lo que pasó?
G: Los guerrilleros rasos que pusieron la carga son responsables de lo que se llama homicidio culposo de 84 personas, eso no se puede poner en duda; pero quienes pusieron el tubo cerca a Machuca también tienen culpa. Esa noche el tubo transportaba un petróleo muy volátil, muy puro, que al contacto con una hormilla u otra fuente de calor explotaba fácilmente;  Corantioquia concluye que  cualquier derrame siempre afectaría el pueblo de Machuca y que se debería mover el pueblo o el tubo, y que si se hubiera puesto el tubo del otro lado de la montaña nunca hubiera matado a nadie. Es decir, que con guerrilla o sin guerrilla, los  protocolos básicos para atender en cuestión de minutos una tragedia de esa magnitud son obligatorios y en este caso no existían. No había comunicación para avisar cualquier accidente, la ambulancia más cercana está a dos horas y media por carretera destapada; el plan de contingencia no contemplaba incendios y se sabe que en accidentes con quemados la atención de las primeras horas es fundamental. En esta oportunidad la tragedia se dio a las 12:30 de la media noche, y los últimos heridos salieron en helicóptero a las 4 de la tarde, es decir 15 horas y media después.

P: En el libro usted presenta debates jurídicos frente a la responsabilidad del ELN, ¿cuáles son esos debates?
G: No son tan fáciles, pero en principio los fallos hablan de dolo eventual por parte de quienes llevaron a cabo los atentados, y de coautoría en el caso de los comandantes del COCE. Según los análisis de juristas y los míos propios, no hay dolo porque ningún guerrillero sabía ni quería causar semejante tragedia, menos sobre una población en donde habían familiares de sus compañeros o de ellos mismos. Lo de Machuca le causó más daño al ELN, a su imagen externa e interna. Y en cuanto a la responsabilidad de la comandancia, es absurdo, así no funciona la guerrilla, no hay órdenes en directo ni conocimiento de las acciones que corresponden a las estructuras regionales o locales.

*
Esta obra saldrá a la luz pública oficialmente el 3 de octubre, luego de su lanzamiento en Quito. Después en Colombia se harán presentaciones y lanzamientos en Bogotá, Cali y Medellín, inicialmente.

Sea como fuere, a la comunidad de Machuca aún no le sanan las heridas. El pueblo es tan pobre como hace 30, 20 o 10 años. El tubo sigue allí, igual que el pueblo, igual que la gente que se curó sola sus heridas. Todos han ofrecido recursos pero ninguno ha cumplido. Esta obra podría coadyuvar a  generar un nuevo momento para encontrar verdad y resarcir a las víctimas, y a su dignidad.

 

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Por Sebastían Perdomo

La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA) se pensó a finales de los 90, pero solo hasta el 2003 su creación se concretó tras la necesidad de escuchar a las víctimas del conflicto armado de esta parte de Antioquia. Sin embargo, su lucha se ha diversificado debido a las frecuentes formas de violencia que continúa soportando esta región.

Conflicto y lucha
En el año 1988, en el municipio de Segovia hubo una serie de amenazas mediante grafitis, boletines, cartas, entre otros, donde el gripo ilegal Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) prometió acciones violentas contra dirigentes de izquierda. Previamente, entre marzo de 1986 y octubre de 1988, allí y en Remedios, fueron asesinados 16 líderes comunitarios, todos militantes de la Unión Patriótica (UP).

Luego, este grupo ilegal salió a la luz pública y, cuenta el informe del libro Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia (1982 – 1997) escrito por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que las amenazas fueron persistentes contra los miembros de la UP, quienes en gran parte salieron victoriosos en las elecciones del 88 en esta región y donde sus militantes fueron el principal objetivo de estas actuaciones. Más tarde, en octubre de ese mismo año y tras enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Policía, tres agentes murieron, por lo que el Ejército tomó represalias contra la población.

Pero el caso más lamentable ocurrió el 11 de noviembre de 1988 durante un ataque del MRN, liderado por Fidel Castaño, dejando un saldo de 43 personas asesinadas y 45 heridas. Fernando Álvarez, Representante Legal de ASOVISNA, relata que para la séptima conmemoración de aquella masacre, se llevó a cabo una movilización nacional denominada “Peregrinación a Segovia”, la cual pretendía promover la no repetición de esos hechos.

En 1995, previo a la peregrinación, Fernando asegura que llamaron al Párroco y al Director del Hospital en Segovia a decirles: “les van a faltar tumbas y camas para las personas muertas y heridas que van a quedar”. Esa fue la amenaza que dictaron los paramilitares si continuaban invitando a la peregrinación de aquel año. A pesar del ambiente de miedo que se palpitaba, la caminata se realizó.

Ante estos ataques contra líderes sociales, en el mismo informe se manifiesta que “el último ciclo de protesta (1994 – 1997) marcó el declive progresivo de las manifestaciones de protesta social en la región”. Además, dice que “para comienzos de 1996, los miembros de las Juntas Cívicas que aún permanecían en la región redujeron su trabajo [de protesta social que fue fuerte luego de la masacre de 1988] a una veeduría ciudadana en medio de una estigmatización y victimización crecientes”.

Creación de ASOVISNA
Fernando Álvarez cuenta que tuvo que salir del municipio en 1996 junto a otros compañeros, pues hacían parte de un listado de inteligencia y les sindicaban como insurgentes; un señalamiento con el que siempre, aún hoy, tienen que sufrir. Otros compañeros se quedaron, pero poco a poco fueron saliendo y continuaban su lucha principalmente desde Medellín. El 22 de abril de 1996 se dio una masacre en dos barrios periféricos del casco urbano de Segovia, distantes entre sí: El Tigrito y La Paz. Como consecuencia de esta incursión de paramilitares, hubo 14 personas muertas. Poco después, las investigaciones dieron como resultado la condena de Rodrigo Antonio Cañas Forero, oficial del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Contraguerrilla Nro. 46.

En 1997 entró a operar el GAN (Grupo de Autodefensas del Nordeste), pero se pudo establecer que tanto los que ejecutaron masacres el 22 de abril, como los que estuvieron ahí ocho meses entre el 2 de enero e inicios de septiembre de 1997, no eran una estructura propiamente paramilitar, sino que estaba compuesto por unas Convivir que operaban desde Medellín, y con la anuencia del Ejército Nacional. Muchos de esos que participaron en los asesinatos colectivos y selectivos, fueron asesinados luego en Medellín para borrar posibles testigos.

Así entonces, el informe realizado por el CNMH y todo lo vivido entre 1986 y 1996 por las dos poblaciones más importantes en esta parte de Antioquia, motivó la conformación de una organización que recogiera las historias de las víctimas del Estado, paramilitares y la insurgencia. En el 2003 y con la participación de 50 personas, se conformó ASOVISNA.

A partir de ahí, la asociación se centró en cuatro ejes:
Investigación; acompañamiento y denuncia; trabajo de memoria y verdad; y acompañamiento judicial. Por ahora han desarrollado principalmente memoria y verdad porque desde la asociación se espera que ambas no queden invisibilisadas.


La construcción de memoria se realiza hoy apartir de la publicación de informes. ASOVISNA le apuesta a esos dos conceptos fundamentales por el contexto actual, los cuales deben ser elaborados por las comunidades y no por una memoria oficial, porque la verdad se diluye y queda en el escenario, afirma Fernando.

Oliva de Jesús Castaño, secretaria de ASOVISNA, una mujer de 67 años que se vinculó a la organización en el 2015, concuerda con Álvarez al afirmar que se trabaja más en memoria y verdad porque saben que hay personas necesitadas de ser escuchadas. En este punto se hacen capacitaciones para que sus miembros puedan enfrentar la situación y mirar qué es lo que realmente pasó con ellos. "Todos tenemos derecho a eso, a la verdad", y subraya que "la voz del Estado no es tan verdad".

Oliva llegó a Medellín desplazada por los paramilitares en Segovia, y se vinculó gracias a una invitación de Fernando. Primero fue desplazada de San Roque, Antioquia (1994); luego cuando vivió en el campo, en Segovia (1997). De allí se fue al pueblo (barrio José Antonio Galán), hizo parte de la Junta de Acción Comunal (JAC), y la desplazaron de Segovia a Medellín (1997). En Medellín también fue desplazada de su barrio Esfuerzos de Paz, en el 2012 y, afirma ella, fue el Bloque Metro.

Ahora, en el acompañamiento judicial se labora en relación a demandas, algunas por desplazamiento, otras por ejecuciones extrajudiciales, y algunas por los hechos del 11 de noviembre de 1988. En la investigación, ASOVISNA ha frenado un poco por las condiciones del territorio. “Primero porque hay unos sectores que tienen control social, y también por la falta de recursos”, asegura Fernando.

La legitimidad social es buena, pues ella está articulada al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y además hace parte de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Cuentan con el apoyo de la Coordinación Colombia - Europa y el Proceso Social de Garantías. En esos escenarios se han podido visibilizar y ASOVISNA tiene cierto reconocimiento.

Hoy la lucha es por motivar a la construcción de la verdad, dejar el miedo, pues no es fácil reconocer que los Policías, como le sucedió a Oliva, desplazan comunidades, o son cómplices y victimarios directos en algunas masacres. Asimismo, el nordeste antioqueño hoy actúa contra un escenario de conflicto social paralelo al armado, en el que la solidaridad de todas las organizaciones sociales es fundamental para afrontarlo, y en el cual ASOVISNA está dispuesta a aportar.

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo el evento conmemorativo de los 35 años del Instituto Popular de Capacitación –IPC-, el cual tuvo como mensaje político que la memoria, la verdad y la democracia son elementos fundamentales para hacer el tránsito en la sociedad colombiana de la guerra a la paz.

San Javier, Moravia y Aranjuez fueron los lugares elegidos para ser recorridos durante esta conmemoración debido al trabajo que esta organización ha realizado desde hace más de tres décadas en estas comunas de Medellín. Este espacio también fue el escogido para hacer el lanzamiento del informe “Resintiendo la violencia política”, un ejercicio que comenzó como un diagnóstico para el plan de reparación colectiva hacia la organización, pero que terminó por tomar la forma de un trabajo de memoria colectiva, que según Diego Herrera, presidente del IPC,“está en el marco de la búsqueda de la verdad frente a las agresiones y el daño político ocasionado, no solo al IPC, sino también al movimiento de derechos humanos en Antioquia y en el país”.

El trabajo del IPC comenzó enlos años 80's en Medellín y en las regiones de Urabá y Suroeste antioqueños, alrededor de la educación sindical y el acompañamiento a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra, y a organizaciones barriales y urbanas. Desde entonces su trabajo se ha consolidado alrededor de la educación,la investigación y la comunicación de carácter popular, con diferentes iniciativas que han fortalecido un trabajo regional en defensa de los derechos humanos.

Su labor se ha visto obstaculizada por diferentes ciclos de violencia entre los cuales han ocurrido sucesos como: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, y amenazas. Este ejercicio de memoria señala como responsables de estos hechos a agentes estatales y paramilitares que buscaban restringir el ejercicio crítico y social del IPC. Uno de los momentos mástristes en esta historia de violencia política contra el IPC es el de la bomba del 29 de agosto de 1999.“A pocos minutos de la 1:00 de la mañana fue activado un artefacto explosivo en la sede del IPC. La onda explosiva destruyó parte de las instalaciones del primer piso, donde se situaban el área administrativa, el auditorio, el centro de documentación y el archivo”, relata este informe.

Pese a estos actos de intimidación y terror, el IPC ha continuado su trabajo y en el marco de las apuestas que buscan construir una paz a través de la negociación política durante los últimos años, han reafirmado, según ellos, la permanencia del colectivo y su resistencia política.En la actualidad el IPC trabaja en articulación con las organizaciones sociales,en iniciativas encaminadas a rodear la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, por lo cual han acompañado espacios como el Congreso Nacional/Regional de Paz, distintosforos sobre el balance de la implementación, y también han venido rodeando el proceso con el ELN en Quito.

Esta conmemoración de sus 35 años se da entonces en un momento en el cual su apuesta ha generado unos escenarios de diálogo social y político, alrededor de la agendas específicas en Medellín y en subregiones de Antioquia, en temas como el de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la reforma política y la reforma rural integral.

En los postulados de la teología de la liberación, los empobrecidos siempre han estado presentes en la iglesia de América Latina. Siguiendo esta opción, y entendiendo los difíciles contextos por los que ha atravesado la sociedad latinoamericana, muchos, a partir de ciertas motivaciones religiosas, posibilitaron la construcción de un movimiento que propendiera por una forma nueva de vivir la iglesia con relaciones más fraternales y solidarias, y de paso aportar a la construcción de un continente y una sociedad más justa y solidaria.

La avanzada teológica del Concilio Vaticano II (realizado entre 1962 y 1965), la muerte de Camilo Torres Restrepo en febrero de 1966, Golconda y la conferencia de Medellín (CELAM) en 1968, fueron algunos acontecimientos que sin duda posibilitaron la consolidación, en palabras de Pablo Richard, de uno de los fenómenos más importantes de la iglesia latinoamericana: las llamadas Comunidades Eclesiales de Base  (CEBs).

Bajo este panorama, Medellín se convirtió en un escenario por excelencia en la configuración de un movimiento autónomo, liberador, que incentivado por la desigualdad social emprendió caminos de construcción de procesos organizativos alrededor de la Teología de la Liberación. Las denominadas CEBs aparecieron en el vasto territorio del Valle de Aburrá con la firme intención de luchar junto al empobrecido, humillado y excluido por las dinámicas comerciales y delincuenciales presentes en las décadas de los 80 y 90 de la “tacita de plata”. En su composición, las CEBs eran más que una corriente de pensamiento y se configuraban como una forma de la iglesia en el movimiento popular que buscaba no solo reivindicar el papel del empobrecido dentro de la iglesia, sino también su papel protagónico en la construcción de barrio, comuna, país y sociedad.

La experiencia de las CEBs en Medellín tiene su historia, en ocasiones revitalizadora, en otras martirizada, pero que puede ser observada en aras a manifestar su influencia en la vida y  construcción de los diferentes barrios y procesos sociales que hoy componen la ciudad. Su papel protagónico desde las apuestas educativas populares, la defensa de la vida, la comunicación popular, la economía popular, la construcción de comunidad, entre otras, hizo de las CEBs una opción de vida y de búsqueda de solución de los problemas concretos de las comunidades en los barrios de la metrópoli.

Su concepción de lo popular trasegaba por la búsqueda de una vida digna para todos los empobrecidos,  tanto así que fueron organizaciones pioneras en la conformación de los movimientos sociales y populares que hoy existen en Medellín y en todo el territorio nacional. Su abanderada de siempre, la vida misma, hizo que emprendieran múltiples luchas por lo que ellas mismas denominan la salvación y la liberación, condiciones humanas necesarias para vivir en la tierra y destruir un capitalismo salvaje que imparte muerte a diestra y siniestra.

La apuesta de las CEBs por construir desde el amor eficaz -inspirados en Camilo y su sueño de justicia-,  buscó hacer visible la situación de injusticia causada por una violencia institucionalizada por la que atraviesan los empobrecidos. Esa situación de injusticia expresa una situación de pecado, que no puede dejar de ver el que ha de llamarse “cristiano/a”, ya que es allí mismo donde se encuentran esas injustas desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, donde hay un rechazo del don de la paz de Dios.

Esta forma de ver la realidad, ligada a eso de lo popular, permitió a las CEBs erigir una tripleta por defensa/promoción/valorización de la vida y la preservación de los valores, proponiendo un método que incluía el ver, juzgar y actuar; ver por sí mismos elementos para juzgar, y exigencias para actuar, eligiendo la cultura popular como herramienta para la liberación de los pobres.

Así, la búsqueda infalible de las CEBs es buscar que lo popular engendre sinceros cristianos dispuestos a suprimir la explotación del hombre por el hombre y a luchar por la distribución justa de la riqueza social, la igualdad, la fraternidad y la dignidad de todos los seres humanos, es decir, ser portadores de la conciencia política, económica y social más avanzada, construyendo así  el reino de Dios en la tierra.

Los pilares sobre los que se levantan las CEBs en nuestros territorios siguen siendo los sin voz, los oprimidos, los trabajadores y las trabajadoras, los habitantes de las periferias urbanas, las comunidades indígenas y campesinas expropiadas de sus tierras, las mujeres, los estudiantes, y en sí misma la clase empobrecida.

Se ha dicho mucho sobre la “extinción” de las CEBs, pero allí mismo, donde la injusticia arrecia en Medellín y toda Colombia, las CEBs siguen su camino,  desenmascarando todos los efectos de la globalización, el neoliberalismo, el patriarcado, la pobreza, la exclusión y el pensamiento único, que han oprimido y explotado históricamente a la clase empobrecida de toda Nuestra América.

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