Olimpo Cárdenas Delgado

Olimpo Cárdenas Delgado

Tuesday, 09 April 2019 00:00

Un pueblo que resiste en lucha

Es evidente el cambio de ciclo que trajo consigo el gobierno de Duque. Pasamos de la posibilidad de solucionar políticamente el conflicto armado –alternativa que venía posicionándose en la sociedad colombiana–, a la propuesta de salida militar ante la “amenaza terrorista” adoptada por los uribistas para negar la existencia del conflicto político, social y armado que no cesa en Colombia desde hace décadas, y al cual sus dos gobiernos anteriores le vaciaron muchos ríos de sangre.

Este tercer des-gobierno de la seguridad democrática se jugó todo para fortalecer las fuerzas militares, dándoles recursos suficientes para incidir en obras públicas, educación, seguridad empresarial, protección, campañas de salud, y vías libres para realizar actividades cívico militares, que les permiten no solo condicionar a las comunidades en sus territorios, sino participar en jugosos y multimillonarios negocios. De otro lado, la lealtad del uribismo con los altos mandos militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, y falsos positivos, llevó a Duque a nombrar a varios de ellos en cargos poderosos, y responsabilizarlos de tareas absurdas como garantizar la protección a los líderes y lideresas sociales perseguidos y estigmatizados precisamente por esta clase de oficiales.

Aunque las armas solo deben estar en manos del Estado, según las normas constitucionales y legales, en Colombia estas normas son un buen chiste. Arsenales se mueven en la ilegalidad y se nota desidia por parte de las fuerzas militares a la hora de perseguir, capturar y judicializar a los miembros de grupos paramilitares, bandas criminales, carteles de narcotraficantes nacionales y extranjeros, a quienes se les permite el libre tránsito por todo el territorio nacional, en especial en los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, donde imponen su ley sin obstáculo alguno. La cereza del pastel de la militarización de la sociedad está en la propuesta de otorgar el uso de armas a la “gente de bien” como preámbulo a la estrategia muy conocida del millón de amigos, es decir, la participación de civiles en el conflicto armado y la creación del semillero paramilitar, medidas que consolidan un pensamiento reaccionario en toda la sociedad.

Departamentos como Arauca, territorios como el Catatumbo en el Norte de Santander o Micoahumado y sus alrededores en el Sur de Bolívar, son ejemplos concretos de la política de militarización que le permite al Estado perseguir, asesinar y judicializar a los líderes sociales y estigmatizar a sus procesos organizativos. Miles de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) cumplen su papel y lo hacen uniformados o de civil, a punta de plomo y represión o a través de campañas cívico militares para arreglar caminos, construir escuelas, centros de salud o canchas de fútbol. El Estado administrado por los militares. Injustas, ridículas y perversas medidas tomadas por el gobierno de Duque en un país que sigue viendo sin inmutarse cómo aumenta el contador de líderes y lideresas sociales asesinados, judicializados, amenazados y perseguidos por el Estado.

Una vez el Estado y sus agentes combinan todas las formas de lucha contra los líderes y los procesos que defienden el territorio y protestan contra las medidas antipopulares del nuevo Gobierno, los medios corporativos de comunicación hacen su trabajo que consiste en invisibilizar o tergiversar las causas de las problemáticas en los territorios, como hicieron con Hidroituango. O peor aún, afianzar la política de estigmatización de la protesta social, señalando a los líderes y lideresas como terroristas o desadaptados que impiden el progreso, el desarrollo y la inversión extranjera en los territorios.

Es bueno remitirse al caso del departamento del Cauca, donde el Gobierno y los medios señalan a los indígenas y campesinos de ser responsables por el desabastecimiento de víveres, gasolina y medicamentos que requieren los más necesitados. Los mismos a los que el Estado y los medios jamás prestan atención en materia social y económica. Duque se niega a ir a los territorios porque según él no acepta las vías de hecho, sin embargo, sus fuerzas militares y el escuadrón del ESMAD lo hacen cada tanto con sus acciones represivas. Tal vez sucede que a Duque no le da réditos visitar a los indígenas y a los campesinos y conversar con ellos, cosa que sí sucede cuando le busca camorra a Maduro. En suma, Duque ofrece ayuda humanitaria a una oposición mafiosa y ladrona en Venezuela, pero se niega a hacerlo con su propio pueblo humilde al que le da tratamiento de guerra.

Lo que este Gobierno y sus asesores guerreristas no comprenden es que el pueblo y sus procesos están lo suficientemente curtidos y dispuestos a soportar muchos días o meses en las carreteras, en los puertos y en sus territorios hasta que se les escuche y se les resuelvan, entre otras cosas, los acuerdos que desde los gobiernos de Uribe y Santos les han incumplido. La Minga y el Paro Cívico Nacional que se prepara para el 25 de abril en todo el país no pretende regalos, ni plata para palear las agudas crisis. Tiene fines políticos acordes al momento, para defender la vida y la libertad, la no injerencia militar en Colombia o contra los vecinos, la desmilitarización de los territorios, el respeto e implementación de los Acuerdos de Paz, adoptar la solución política como única medida para solucionar los conflictos sociales y armados, y detener las políticas regresivas contra el pueblo, en especial las contenidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

En abril se viene el Paro y se viene el Refugio Humanitario para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y le corresponde a toda la sociedad acudir al llamado de los pueblos que se levantan por la justicia social.

Sunday, 10 March 2019 00:00

Zapatero a sus zapatos

No tenía qué decir ni qué hacer el señor Iván Duque en sus primeros meses de mandato, iba de tumbo en tumbo haciendo el oso en sus giras internacionales, llevando razones de su jefe a la monarquía española, y ofreciendo conferencias sobre los siete enanitos en el foro de la Unesco; también adueñándose a su conveniencia de los resultados del Acuerdo de paz en Europa, mientras aquí en Colombia los hacía trizas. Llegó a tener tan solo el 23% de favorabilidad después de anunciar una reforma tributaria disfrazada, de respaldar abiertamente al corrupto y criminal jefe de la Fiscalía, y luego de pagar favores a los expresidentes a través de nombramientos de sus esposas o exesposas: una embajada para doña Nohra Puyana, otra para doña Ana Milena Muñoz; la mermelada se le agotó muy pronto cubriendo las deudas de campaña electoral. Duque se quedó a merced de Álvaro Uribe, ese que sí sabe cómo subir en las encuestas a punta de odio, guerra y señalamiento.

Hay que reconocer que las acciones armadas de la insurgencia del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, y la arremetida mediática y económica del imperio contra Venezuela le dieron respiración artificial a un Gobierno desorientado como el de Duque, que con cada acto demostraba su falta de experiencia y de gobernabilidad. El discurso de Duque claramente influenciado por Uribe y sus asesores se puso a la ofensiva. Y los medios masivos, los compinches y cómplices de fechorías rápidamente se montaron en la estrategia de señalar los enemigos a enfrentar. Ahora Duque y los uribistas tenían qué decir y que hacer, jugar a la guerra con la sangre y la vida de los demás, práctica en la que les sobra experiencia y experticia.

No obstante, el nivel de popularidad de Duque inflado a punta de encuestas y de la sumisa postración de los medios masivos no alcanzó los niveles esperados. El desprecio por los problemas del país y su claro respaldo a las élites y a los responsables de desfalcos y desastres ambientales como el de Hidroituango, así como el ataque a la JEP, y su silencio ante el genocidio contra líderes y lideresas sociales le sigue pasando cuenta de cobro en un país que trata de sacar la cabeza y reaccionar ante el desgobierno.

El discurso de la guerra sin duda le dio réditos a Duque por unas semanas y lo sacó parcialmente del lodazal en que se encontraba, pero sus cartas jugadas sin cautela y con tal fanatismo y servilismo a los designios del polémico Donald Trump le podrían pasar una nueva cuenta de cobro ante el fracaso del 22 y 23 de febrero, donde actuó como general invasor sin éxito.

Iván Duque creyó ciegamente en el poder omnímodo del imperio norteamericano, y se envalentonó con el precario apoyo de un grupo de países que los medios masivos se encargaron de calificar a los cuatro vientos como “mayoría”, cuando en realidad no son ni la cuarta parte del sistema de universal de naciones; el mismo Duque se tragó el anzuelo mediático que tendría la tarea perversa de convencer a la humanidad sobre la “tragedia humanitaria” que vivía el pueblo venezolano y desviar la atención de las verdaderas intenciones gringas sobre su petróleo.
Los medios, en especial, ocultaron las consecuencias fatídicas de la guerra mundial que podría desatarse por la confluencia de factores de poder global, como los que representa no solo EEUU, sino Rusia, China, Irán, entre otros países que tienen intereses en la región y poseen armas nucleares.
Lo cierto es que a Cúcuta y al concierto por Venezuela no llegó Donald Trump, pero sí sus peones Piñera de Chile, Abdo de Paraguay, y más nadie. Duque se quedó solo, con su sonrisa socarrona y nerviosa, escuchando a los destemplados “artistas” que fueron convocados para el concierto “Venezuela Aid Live”. Ni el concierto, ni los camiones o gandolas, como dicen los venezolanos, llenos de supuestas ayudas “humanitarias” que nadie pudo ver ni saborear, lograron calentar la temperatura de las personas que se encontraban en las inmediaciones de los puentes fronterizos, como para atreverse a pasar por encima de la guardia venezolana e introducirlas por la fuerza al vecino país.

Tampoco fueron capaces de insurreccionar a las masas “desesperadas” y hambrientas que anunciaban los medios masivos, a los cientos de jóvenes encapuchados contratados por la oposición venezolana, ni a los paracos entrenados ofrecidos gustosamente por el Gobierno colombiano, con el fin de generar el ambiente propicio de guerra, caos, muertos y heridos, de los que se culparía a la guardia y a los agentes de seguridad chavistas.

Todo esto se llevó a cabo sin éxito, y las pruebas navegan por decenas en las redes sociales que en directo fueron testigos de la anarquía vivida en territorio colombiano y a la vista de las autoridades. Por lo menos dos camiones con supuestas ayudas humanitarias fueron incinerados por los propios “manifestantes” bajo la mirada cómplice de servidores públicos colombianos.

Las críticas contra el mandatario colombiano no se hicieron esperar, ya que muchos colombianos y colombianas sufrían el rigor de las tragedias invernales en Chocó y otros puntos del país, sin recibir la misma atención y solidaridad que su Presidente ofrecía en otras latitudes.

Algunos diputados de la oposición venezolana que se vinieron a Colombia a dirigir el desorden y pagar a los vándalos, fueron agarrados a trompadas por no cumplir su compromiso; y uno de ellos, Freddy Superlano, investigado por corrupción a manos de Odebrech, por andar bebiendo y celebrando por anticipado la caída de maduro, fue drogado junto a su primo Carlos Salinas en un motel de Cúcuta por dos mujeres, causándole la muerte a Salinas. El senador republicano, Marco Rubio, quiso utilizar esta situación mediáticamente para dejar en el ambiente un asesinato por envenenamiento en su desayuno. Es la catadura de quienes están detrás de la provocación militar contra Venezuela.

La resaca del lunes 25 de febrero llevó a los alicaídos presidentes de 10 países que hacen parte del debilitado grupo de Lima a reunirse en la ciudad de Bogotá en medio de protestas contra la intromisión imperialista en América Latina, y en contra de la guerra con Venezuela. La declaración que salió de esta reunión es tan larga como insípida y babosa; 18 puntos que refuerzan y explican de diferentes maneras que Maduro debe salir, y que afianzarán el “cerco diplomático”.

Tal vez toda esta novela haga reflexionar a los colombianos y colombianas frente a los problemas que aquejan al país, y le exijamos con movilización y protesta a Duque que gobierne y resuelva la grave situación de pobreza, hambre y violencia que cunde en los territorios de Colombia. Para eso fue que lo eligieron, no para andar jugando a la guerra y al invasor con la vida de los demás

Saturday, 09 February 2019 00:00

¡Basta Ya!

Gilberto Valencia, líder juvenil de Suárez, Cauca, fue el primer líder asesinado en el 2019. El dos de enero, en la trágica lista continuó Jesús Adier Perafán, en Caicedonia, Valle del Cauca. La muerte siguió su tenebrosa ronda en Cajibío, Cauca, llevándose la vida de Wilder Antonio Miranda el cuatro de enero. Igual suerte corrió José Solano en Zaragoza, Antioquia. A la luchadora por la tierra Maritza Quiroz los asesinos le cobraron su osadía de justicia el cinco de enero, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a Wilson Pérez Ascanio en Hacarí, Norte de Santander.

El desangre de líderes continuó la noche del siete de enero en Cartagena de Chairá, Caquetá, con Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria. El diez de enero la comunidad indígena Awá de Nariño sufrió por su primer líder asesinado, Leonardo Nastacuás Rodríguez. Un día después fue hallado, en límites entre Cauca y Nariño, el cuerpo de Faiber Manquillo Gómez, líder campesino, desaparecido desde el 26 de diciembre. Cuatro días después la comunidad de Puerto Guamo, Bolívar, denunció el asesinato de Víctor Manuel Trujillo.

Pero el genocidio no paró allí. El cuerpo de Maritza Ramírez, de Tumaco, fue encontrado en inmediaciones de El Tigre, Tumaco, el 24 de enero, con visibles signos de violencia, y en el Oriente antioqueño un par de jóvenes apuñalaron al también joven y valiente Samuel Gallo en El Peñol, el 25 de enero. El 28 de enero fue baleado por sicarios José Jair Orozco, en Cartago, Valle del Cauca, y al otro día fue encontrado el cuerpo de Dilio Corpus Guetio, en Suárez, Cauca. El primer mes del año cerró con 14 líderes sociales asesinados.

El asesinato sistemático o, mejor dicho, el genocidio perpetrado contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, indígenas, afros y en especial integrantes de juntas de acción comunal, viene en ascenso desde el primero de enero de 2016, año en el que sicarios, paramilitares y otros grupos armados cobraron la vida de entre 80 y 120 líderes y lideresas sociales, según cifras del programa Somos Defensores, Marcha Patriótica, Indepaz, y la Defensoría del Pueblo.

Se suponía que la cifra pararía allí por la protección del Estado y la firma del proceso de paz entre gobierno Santos y las Farc, pero no fue así. En el año 2017 la escalada criminal de estos grupos, por la omisión del Estado y los organismos internacionales, incrementó esta cifra, que según el programa Somos Defensores fue de 106; Indepaz asegura que fueron 170 y la Defensoría del Pueblo reporta 206. Las cifras varían de acuerdo a las variables que las organizaciones utilizan para recolectar los datos, y según perfiles o métodos de investigación. El 2018 cerró, según la Defensoría, con 172 asesinatos (158 hombres y 14 mujeres).

Así las cosas, desde el primero de enero de 2016 hasta hoy, el terrorismo de Estado y sus prácticas genocidas, por acción u omisión, recorrieron 27 de los 32 departamentos de Colombia, quitándole la vida a cerca de 500 colombianos y colombianas dedicadas a transformar el país; a darle valores humanistas, a luchar contra las injusticias que padece uno de los rincones más desiguales del mundo. Un genocidio de esta naturaleza contra líderes sociales no se presenta hoy en ningún lugar del mundo, sin embargo, no ha logrado un solo rechazo del jefe de Estado Iván Duque, de su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y mucho menos del señor ministro de Defensa o la ministra del Interior, quienes han optado por menospreciar el tema, lo han negado o hasta ridiculizado. Tampoco la llamada comunidad internacional ha hecho algo contundente que logre parar el genocidio, y el movimiento social reacciona entre indignado y temeroso en jornadas simbólicas de mayor o menor calado que los asesinos que dirigen el país observan de manera burletera.

Recientemente, las redes sociales le cobraron el oportunismo a la vicepresidenta Ramírez, que envió condolencias a la familia de un joven fallecido en Venezuela supuestamente en medio de los disturbios de los últimos días, pero no ha tenido la cortesía de hacerlo con el medio millar de víctimas del genocidio colombiano. Los muertos por acciones violentas y protestas sociales de los últimos años en Venezuela no llegan ni a la mitad de los que perdieron su vida en la “democrática” Colombia.

Los medios de comunicación actúan aun con mayor cinismo. Los asesinatos cotidianos, que son muestra de una tragedia humanitaria, son tratados como intrascendentes por los principales medios tradicionales; son reducidos a simples notas sin contexto; son cifras, fácilmente superadas en la agenda noticiosa por secciones banales, o por chivas que muestran como primicia la podredumbre de la corrupción que carcome al país y que es practicada por lo más granado del establecimiento. Chivas noticiosas, superficiales, que terminan ocultando la responsabilidad y los crímenes de los poderosos, para la muestra un fiscal.

Sin embargo, los terribles y condenables hechos de violencia perpetrados por el ELN en la Escuela General Santander de Bogotá, que segaron la vida de 22 cadetes, sí fueron seguidos en detalle y condenados hasta la saciedad por todas las instancias del Estado, los medios tradicionales de comunicación, y velozmente resueltos por los organismos de inteligencia y de justicia. Reacciones calculadas políticamente, y aprovechadas por los carroñeros que conducen el país y que esperaban una oportunidad para promover de nuevo la guerra, para saciar su apetito de cadáveres. Los mismos carroñeros que en medio de la marcha del dolor de miles de colombianos y colombianas fueron sorprendidos por las cámaras riendo a carcajadas. Los que ahora juegan a varias bandas para involucrar a los más humildes en guerras internacionales contra los vecinos; los que inoculan odio y polarizan; los que nos ponen a mirar para las fronteras mientras saquean el patrimonio nacional, y acaban con la dignidad y la soberanía de la nación.

Es verdad, no se puede ocultar, en Colombia existen muertos de primera, segunda y tercera categoría, para los cuales no hay ceremonias, ni homenajes, ni honores, ni marchas de condolencia convocadas por los medios tradicionales y patrocinadas por las instituciones del Estado; a estos otros héroes y heroínas solo los lloran sus pueblos, sus territorios y sus familiares; los lloramos sus compañeros, que no tenemos reparo en condenar las muertes de todos y todas los que sufren las guerras ajenas que provocan los poderosos, que jamás enviarán a sus hijos e hijas a los frentes de batalla. Muy pronto tendremos la oportunidad de salir a las calles y protestar masivamente en defensa de la vida y la paz, por nuestros líderes y lideresas, y en contra de los corruptos; y de regocijarnos con el triunfo de la justicia social.

 

El pasado 10 de septiembre, siete líderes y lideresas sociales de los municipios Castilla La Nueva y Acacías, Meta, fueron capturados por supuestamente pertenecer a bandas delincuenciales cuyo objeto es organizar las protestas para perjudicar a Ecopetrol y atentar contra la fuerza pública. Lo cierto es que allí, donde Ecopetrol explota varios pozos mientras evade su responsabilidad de invertir socialmente en la zona y proveer empleo a los habitantes del territorio, las comunidades se han organizado para desarrollar jornadas de protesta, en las que han exigido a la petrolera que cumpla con sus obligaciones.

¿Protestar es delito?
En mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018, “las comunidades de Acacías y Castilla La Nueva (Meta) realizaron movilizaciones para exigir a Ecopetrol la contratación de mano de obra en el área, pues revelaban que mientras en la región hay altos índices de desocupación, la petrolera empleaba mano de obra de otras regiones del país y hasta del extranjero; igualmente denunciaban los incumplimientos de Ecopetrol en la inversión social acordada anteriormente con las comunidades. Como ha sido costumbre de empresarios y gobernantes, en vez de dialogar para encontrar soluciones, les arrojaron las fuerzas del Esmad, cometiendo todo tipo de atropellos en viviendas, fincas y contra motos y vehículos de la comunidad, dejando decenas de heridos”. Así lo afirmaron el pasado 12 de septiembre los miembros del sindicato de la Unión Sindical Obrera, de la seccional Meta, en una denuncia pública realizada a través de las redes sociales.

A pesar de que la mayoría de estas protestas se sellaron con la firma de actas y acuerdos entre las comunidades y Ecopetrol, con presencia de las autoridades, lo que no sabían ni se imaginaban los líderes y lideresas es que entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa estatal Ecopetrol existen convenios y contratos de cooperación por miles de millones de pesos. Y estos contratos buscan acabar con este tipo de protestas a través de la judicialización de sus promotores.

Son muchos contratos “que se desprenden de un contrato marco, que dice que [la Fiscalía y las autoridades] proveerán todos los funcionarios y elementos necesarios para el trabajo [de colaboración], por ejemplo nos sorprendió muchísimo la presentación de videos grabados por la fuerza aérea; porque mover un avión encima de una zona durante media o una hora cuesta millones de pesos, y tienen muchos de esos videos”, afirma la abogada Liria Manrique, refiriéndose a las supuestas pruebas que presentó la Fiscalía en medio de la audiencia que se adelantó el 12 de septiembre en contra de estos tres líderes y cuatro lideresas capturadas.
Entre estas personas, informa el comunicado de la USO Meta, está “la líder comunitaria Sandra Patricia Ruiz Riaño, de quien la Policía dice: “inició su actuar delictivo al estar como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Municipio de Acacias”, no sabemos a qué horas se volvió delito presidir una organización comunitaria; también fueron detenidos el líder de los oficiales civiles y las mesas de concertación laboral, Flaminio Mendoza, Jorge Hugo Sarmiento, José Fernando Barbosa Corredor, Doris Sánchez, Gustavo Carrión, Nidia Janeth Martínez y Jessica Hernández Quevedo”.

Los cargos
Luego de la captura de los líderes y las lideresas, que son ampliamente conocidos en la zona y apoyados por las comunidades en sus labores de veedurías, negociaciones y representación legal de las juntas de acción comunal, el 11 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, y el día 12 de septiembre la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Sorprendió allí la cantidad y complejidad de los cargos que se le imputan a los líderes; según la Fiscal, los detenidos hacen parte de “una banda criminal” y les imputó nueve delitos: concierto para delinquir, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Según Liria Manrique, quien es asesora penal de la USO seccional Meta, “nos hemos enterado que existe una campaña de desprestigio por parte de la Policía nacional contra los líderes, ya que informa y denuncia públicamente que han capturado una banda criminal, cuando saben que se trata de líderes de las comunidades; todo este proceso es impulsado por la Fiscalía General de la Nación a través de la estructura especial de apoyo EDA, que es financiada y pagada por Ecopetrol. La empresa lo que busca es eliminar toda clase de obstáculos a sus políticas económicas en los territorios, como son los líderes… hemos dicho que en estos procesos hay una asimetría judicial ya que en lo corrido de este año han asesinado más de 30 defensores de derechos humanos, todos en absoluta impunidad, mientras tanto una estructura como la EDA destina fiscales especializados, recursos y funcionarios, solo para investigar a los líderes y vincularlos irregularmente con el crimen organizado, tratándolos como delincuentes”.

Debido a las extensas intervenciones de la Fiscalía y de la defensa de los imputados durante la audiencia del 12 de septiembre, la Juez encargada pidió un plazo, que se cumplió el pasado 25 de septiembre, para tomar la decisión. En esta fecha, la defensa presentó la consideración que no se podían imputar cargos tan delicados pues no era posible comprobar la vinculación entre el hecho y los detenidos. Atendiendo a estos argumentos y al material probatorio, la Juez consideró que una medida intramural no era la adecuada y ordenó la libertad de los detenidos, imponiendo unas medidas no intramurales.

A pesar de que estos líderes recobraron la libertad desde las 6:00 p.m. de este mismo día, la Fiscal y el abogado de Ecopetrol interpusieron un recurso de apelación, porque consideran que deben estar privados de la libertad durante el proceso, calificándolos como un peligro para la sociedad y la empresa. Sin embargo, explica la abogada Manrique, “la Procuraduría apoyó la solicitud de la defensa de que se mantuvieran en libertad, e incluso mencionó que el proceso era el típico proceso judicial espectáculo donde la Fiscal detuvo los líderes y lideresas más por hacer llamar la atención que porque tuviera material para ello”.

La estrategia de criminalizar la protesta social no es nueva es este departamento ni tampoco son nuevos los actores. Ya en septiembre de 2017 la líder Marisol Parra Ramos, de Guamal - Meta, tuvo que enfrentar además de una fuerte golpiza por parte de la policía, una imputación penal de las mismas características derivada de un conflicto entre las comunidades y Ecopetrol, por las afectaciones ambientales que provocaba la empresa Repsol en la zona. De este intento de judicialización Marisol salió ilesa gracias a la defensa legal de la abogada Manrique.

El 14 de agosto de 2018 la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, y la estatal petrolera Ecopetrol dieron inicio al proceso de negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Este conflicto laboral se desarrolla en medio de un clima tenso y complejo por la grave situación que atraviesa la empresa de petróleo de los colombianos, y por las poderosas voces de los gremios económicos que le piden al gobierno nacional de Iván Duque la venta de Ecopetrol, o como mínimo de sus principales activos.

La USO, por su parte, se empeña en la defensa de Ecopetrol como empresa pública y Estatal, en la no venta de la sección de transporte Cenit, en la modernización de la refinería de Barrancabermeja y en la no venta de los campos de producción, entre otros aspectos que no tocan asuntos estrictamente laborales sino políticos y sociales.

La venta de Ecopetrol
En julio del presente año Jorge Humberto Botero, actual presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda, anunció su propuesta para el gobierno de Iván Duque de vender la totalidad de Ecopetrol, por una suma que ronda los 130 a 160 billones de pesos, para invertir este dinero en proyectos de infraestructura. Según lo informó Cesar Loza, actual presidente de la USO, en una reunión con organizaciones sociales y populares realizada en Bogotá el 17 de agosto, esta es una propuesta idéntica al modelo que usaron para vender Isagen en el gobierno de Santos, en donde Botero fungía como miembro de su junta directiva. Aunque públicamente no hubo consenso, al parecer se trata de una propuesta del Consejo Nacional Gremial que agrupa a los 21 sectores más poderosos del país, incluida la banca, la industria, y el comercio, entre otros. Los mismos que hoy conducen el gobierno de Duque, afirma Cesar Loza.

Y tienen razón los obreros de la industria petrolera de estar preocupados. Desde hace más de tres años revistas especializadas como Dinero vienen hablando de la necesidad de la venta de activos de Ecopetrol, y en especial de la que llamaron “La joya de la corona, Cenit, que es uno de los activos clave de la industria petrolera colombiana… Con un precio que podría superar los 10.000 millones de dólares”. Recientemente la revista Semana confirmó en un artículo lo que los propios trabajadores y sus asesores vienen denunciando desde hace años: la desmembración de Ecopetrol o su privatización por partes, que es casi lo mismo. En efecto, en la primera edición de agosto la revista Semana publicó el artículo titulado ¿Cómo tapar el hueco fiscal en el próximo gobierno? Allí vuelve a aparecer Cenit como uno de los activos a enajenar por más de 2000 millones de dólares. Cenit es la red de tubos, el área de transporte de hidrocarburos… mejor dicho, el negocio pulpito de Ecopetrol.

La situación actual de Ecopetrol
Dice Cesar Loza que salir de Cenit es como si a una mesa de tres patas se le quitara una, lo más seguro es que se cae. Las tres patas de Ecopetrol son Cenit, los campos de producción, y la refinería de Barrancabermeja, y a esta última se le ha sacado el cuerpo desde 2007 para su modernización.

Según un informe financiero presentado en medio de la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo, Cenit es la red de oleoductos más grande del país con 4543 km distribuidos en 15 oleoductos. Tiene una red de poliductos de 3635 km con capacidad de evacuación de 1.215.000 barriles por día; y una capacidad de transporte de 335.000 barriles diarios. Cenit en los últimos cinco años ha obtenido utilidades por 11,7 billones de pesos, siendo el 47,1% de todas las utilidades de Ecopetrol, las cuales ascienden a 24,8 billones de pesos, en este período. Dentro del segmento de negocio transporte, Cenit representa el 99,1% de las utilidades, a pesar de que Ecopetrol cuenta con una amplia red de oleoductos (17 en total).

Eso solo en transporte, pero existe una cifra que debe poner a pensar a los colombianos: entre 2007 y 2016 Ecopetrol recibió 184 billones de pesos en regalías, impuestos y utilidades (casi la mitad de esa plata es de utilidades), y esta descomunal cifra entró a subsidiar y financiar innumerables áreas sociales. Entonces ¿qué pasaría si la petrolera se vende? Pues que el gasto público que hoy cubre Ecopetrol de todas maneras hay que financiarlo, y al no tener los recursos de Ecopetrol habría que conseguirlos a través de impuestos. De manera que no habría razón para vender los activos de Ecopetrol, y mucho menos aquellos que le proporcionan utilidades nada despreciables tanto a la empresa como al país. Ahora mucho menos si se tiene en cuenta que el precio del petróleo se recuperó y que en el primer trimestre Ecopetrol obtuvo utilidades por casi un billón de pesos.

Una estrategia mediática en contra de los trabajadores
No es la primera vez que los trabajadores de Ecopetrol, representados en su sindicato USO, se enfrentan a situaciones tan críticas en medio de los conflictos laborales, y tampoco la primera en la que tienen que desvirtuar las falsas noticias, o las verdades dichas a medias o sin contexto por parte de los medios masivos de información.

En esta oportunidad, denuncia Cesar Loza que “los medios masivos reproducen la falsa noticia, orientada por las directivas de Ecopetrol, que el pliego de peticiones de los trabajadores en 2018 cuesta dos billones de pesos, y es obvio que si la empresa viene de una crisis económica causada por los bajos precios del petróleo, la opinión pública se les va a echar encima. Pero esa cifra no es cierta y está descontextualizada”.

En 2016 la nómina de Ecopetrol, según Loza, costó 2,1 billones de pesos con todos los beneficios; y en 2017 los gastos laborales de los 9282 trabajadores, incluido el presidente de Ecopetrol, costaron 2,3 billones, lo que significa que hubo un incremento anual del 7% entre 2016 y 2017, como es normal. Es decir que los costos para el 2018 se incrementarían en una suma similar, que estaría alrededor de 200 mil millones de pesos; no dos billones como afirman Ecopetrol y los medios masivos.

Es claro que lo que persigue la estrategia mediática de desprestigio es ocultar las verdaderas intenciones del Estado de vender Ecopetrol; y de paso opacar las poderosas argumentaciones de los trabajadores en su defensa. Así como en 1948 con una huelga los obreros presionaron la creación de Ecopetrol, esta vez, según Cesar Loza, los trabajadores están dispuestos a acudir nuevamente a esta para defender a la estatal petrolera de los apetitos del capital privado, de las intenciones y la doble moral de los corruptos que ayer criticaron la venta de Isagen, pero que hoy se les hace agua la boca con el billonario negocio que significaría para ellos vender Ecopetrol.

La calidad del roble, de la ceiba roja, el cedro, la tolúa y la melina, principalmente, persuadían a cientos de campesinos pobres, la mayoría liberales desplazados por la violencia bipartidista de los años 50, a adentrarse en las selvas del Sur de Bolívar. Desde Antioquia, Santander y la Costa Caribe llegaban por el río Magdalena para internarse días enteros en la manigua y cortar gigantescos árboles de finas maderas, que posteriormente se llevaban los barcos de vapor hacia otras latitudes. Así levantaban el sustento para ellos y sus familias, y aunque la marañosa montaña se iba convirtiendo en su hábitat natural, de vez en cuando les recordaba el poder de su embrujo, el enigma de sus profundidades y la oscuridad de sus secretos. Perderse en la selva siempre fue un riesgo, aún para los más avezados aserradores, y sobrevivir a cualquier precio incluso matando micos y ahumándolos en la hoguera para no morir de hambre, una opción; las historias, las anécdotas y los azares de los colonos fueron uno solo con la espesura y permanecen estampados para siempre en sus montañas; los hombres se quedaron con Micoahumado, la selva se alejó y se llevó a los micos choibos que muchas veces les sirvieron de alimento.

Primero lo colectivo
Eso cuentan las montañas, los ríos de la región, y también don Julio Arboleda y don Isidro Alarcón, descendientes de los viejos colonos que sembraron sus raíces hace más de cinco décadas en la tierra libre de ese corregimiento del Sur de Bolívar, al cual le dieron hasta el nombre que lleva; Micoahumado fue construido palmo a palmo por ellos, y por las pisadas rebeldes de jóvenes guerrilleros que caminaban sus sueños de revolución en los años 60. Algunos, como Fabio Vásquez, uno de los fundadores del ELN, y el “viejo Raúl”, oriundo de la región, gastaron sus botas, dejaron su sudor en esas trochas, y se compenetraron con los primeros habitantes de la región que se congregaban en el nuevo caserío. Hacia el año 1964 entre todos convirtieron a Micoahumado en centro de encuentro, trueque y mercado, en hogar de muchas familias. Primero fue la colectividad y la solidaridad; luego la población y su cultura liberal y revolucionaria. La institucionalidad siempre estuvo ausente, por eso las necesidades desde entonces se resuelven en comunidad.

“Mi papá fue el primer presidente de la junta de acción comunal —comenta Isidro—, vean como es la vida, el Estado nunca hizo presencia, pero cuando vieron que las cosas marchaban bien gracias a la comunidad entonces ahí sí llegaron, pero con la Policía para desalojar a la gente de las fincas y las casas, porque esa zona había sido declarada reserva forestal desde el año 59. Entonces había enfrentamientos directos entre los campesinos y la Policía, por eso tenemos fama de rebeldes y nos estigmatizan como guerrilleros, pero lo que hemos hecho siempre es defender la autonomía y la forma de vida que construimos en el territorio. Aquí desde el principio casi todo fue colectivo; si se mataba un cerdo se repartía, si se cogía buen pescado se distribuía, se intercambiaban productos porque la región tiene tres pisos térmicos y la comida nunca faltó. Igual si una borrasca le tumbaba el techo a una casa, todos íbamos en convite y la reconstruíamos. Somos ricos viviendo aquí, así no tengamos riquezas materiales, pero sí autonomía y autoridad propias”.

De problema en problema
Por allá en 1973, gracias a la pujanza de sus habitantes, Micoahumado fue elevado a corregimiento, y un tío de Isidro fue el primer Inspector; resolver las necesidades de primer orden como los servicios públicos, la salud, la carretera, los profesores, seguía siendo tarea de todos y todas. El primer acueducto fue hecho con el trabajo de la comunidad, y ante la demanda de esta, la tubería fue donada por la institucionalidad. Al mismo tiempo que los valores colectivos construían comunidad, las amenazas afloraban. La bonanza marimbera atentaba contra la cultura laboriosa, el modelo productivo y la solidaridad de la gente de Micoahumado, pero fue sorteada gracias no solo a la solidez del proceso social, sino también a la aparición a mediados de los 80 de otro problema mayor, la siembra de coca, las montañas de dinero y la cultura traqueta.

“La situación se puso muy complicada, porque empezó a entrar mucha gente extraña a la región. La plata “fácil” se enquistó en casi todo, afectando las costumbres y prácticas de la gente. Las guerrillas de las FARC y el ELN tenían visiones diferentes frente al manejo de la coca: mientras el ELN prohibía su siembra, las FARC, recién llegadas al territorio, eran permisivas no solo con la siembra sino con el negocio. La cosa se puso tan difícil que tocó promover un debate: las FARC, la coca, o el ELN? La comunidad decidió que las FARC tenían que irse, y los cultivos de coca sustituirse. Entonces se llegó a un acuerdo con el ELN en la vereda La Guácima: las comunidades se comprometían a sustituir los cultivos, y el ELN a construir las carreteras para que la gente sacara sus productos; las semillas, las cerdas de cría, y otras iniciativas productivas las donaba el ELN, y luego compraba parte de la producción para su propio consumo. La gente cumplió y el ELN construyó todas las carreteras que hoy día comunican a Moralitos con Micoahumado y sus veredas”, relata Isidro.

Llegan los paracos
Detrás de la economía del narcotráfico estaban los grupos paramilitares; el manejo y provisión de los químicos se hacía desde los municipios de Morales y Arenal. La estrategia de penetración que inició con el cultivo de la hoja de coca y su comercialización, ahora se complementaba con la amenaza psicológica y luego con su presencia física en el territorio. Después de incursiones aisladas y amenazas de masacres, cientos de paramilitares entraron a Micoahumado.

“Eso fue terrible —manifiesta don Julio Arboleda—, era el dos de diciembre de 2002 y cerca de 600 paramilitares entraron al pueblo apoyados por las Fuerzas Militares y sus helicópteros. Empezaron a meterse en las casas de la gente y se aprovechaban de todo lo que había. La guerra con el ELN estalló, duraban todo el día dándose plomo. A los líderes les tocó meterse montaña adentro y cuando la cosa mejoraba regresaban; el proceso organizativo evitó el desplazamiento permanente, como ocurrió en otros lugares. El ELN exigía que nos saliéramos del pueblo para poder entrar y sacar a los paramilitares, pero nosotros no estábamos dispuestos a dejar lo que mucho nos había costado. Y más encima los paras acusándonos y amenazándonos por guerrilleros. Estábamos entre la espada y la pared”.

La Asamblea Popular Constituyente
En 2001, el sacerdote Joaquín Mayorga fue a celebrar la eucaristía a Micoahumado. Él había estado en Mogotes, Santander, en el proceso de Constituyente Popular, y le dijo a don Julio que iría en diciembre de 2002 a pasar navidad y que le reuniera gente para trabajar el proceso constituyente también allí. Pero cuando llegó ese diciembre de 2002, ya los paramilitares se habían tomado el pueblo.

“Sin embargo —comenta don Julio—, con Octavio Gil, Andrés Trilloz y con el apoyo de gente y organizaciones de varias regiones, entre ellos Pacho de Roux, la gente de Desarrollo y Paz, y el obispo Gómez Serna, creamos una comisión de diálogos de la comunidad de Micoahumado, para entablar conversaciones con la guerrilla. Se pudo conversar con los comandantes Samuel y Mosquera, y acordar que levantaran varias medidas que perjudicaban a la comunidad, como el bloqueo al ingreso de alimentos, desminar las zonas aledañas al acueducto, y permitirle a la comunidad resolver de manera autónoma la salida de los paramilitares. El ELN accedió. Entonces hablamos con los paras y les tocó también aceptar. Luego los diálogos fluyeron de manera permanente y el 15 de enero del 2003 se fueron del corregimiento los paras”.

El proceso constituyente continuó y el 14 de marzo de 2003, con una Asamblea de unos 80 delegados del corregimiento y sus veredas, se instaló oficialmente la Asamblea Popular Constituyente por la justicia, la vida y la paz; en ese entonces había más de 200 casas, más de mil personas. La Asamblea proyectó colectivamente el corregimiento. Se pusieron unas reglas de juego, unas normas de convivencia y unos principios de respeto a su territorio.

“Lo más importante –continúa don Julio— fue recuperar la memoria de lo que se había hecho en comunidad, la importancia del trabajo colectivo y solidario, la autonomía del proceso y la defensa del territorio. A partir de ese momento mandatamos que la gente no pelearía, ni se mataría, ni se robaría entre sí. No admitiríamos presencia de gente armada ni uniformada, ni ingiriendo licor. Nadie se prestaría para trabajar como informante de ningún grupo armado legal o ilegal. Establecimos un aporte económico de todo mayor de 15 años que trabajara para invertir en las necesidades del corregimiento. Y así muchas cosas para recuperar la convivencia, la autonomía y el amor por nuestro proceso”.

Thursday, 07 December 2017 19:00

Participar es paz

Después de nueve meses de iniciada la fase pública del proceso de negociación y diálogos de paz en Quito, entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, este 30 de octubre de 2017 en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, a una media hora de Bogotá, se dio inicio al proceso de consulta sobre el punto uno de la agenda acordada desde el 30 de marzo de 2016 en Venezuela: Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz en Colombia.

Lo primero que hay que dejar claro, según palabras del comandante Pablo Beltrán, y de Consuelo Tapias de la subcomisión de participación del ELN, es que esta no es la participación sino un espacio de consulta con organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, para construir un mecanismo y un diseño que permita desarrollar el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. No debe ser el Gobierno o el ELN el que diga cómo participa la sociedad sino la misma gente la que lo proponga.

En principio, este ejercicio de escuchar a cerca de 225 personas, representantes de igual número de organizaciones e instituciones de la sociedad civil y algunas del Estado, se haría en la ciudad de Quito, pero debates alrededor de la metodología, la logística y los altos costos los condujeron a desarrollar el proceso en Colombia. Por eso decidieron conjuntamente enviar a la subcomisión de participación de la Mesa de Quito integrada por dos negociadoras del ELN: Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, y dos del Gobierno: Luz Elena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, para cumplir con la importante tarea de escuchar y tomar atenta nota sobre las propuestas.

Las partes nombraron seis relatores que se encargaron de escuchar detenidamente, sistematizar y sintetizar las exposiciones de cada participante, que duraban 15 minutos cada una. Este delicado trabajo será el insumo a partir del cual las partes de la Mesa de Quito definirán cómo es que se adelantará el proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz de Colombia. Un trabajo que no será fácil, pues a pesar de importantes consensos o coincidencias entre las propuestas, las líneas rojas del Gobierno y los gremios que allí se presentaron, se mantienen.

También, vale anotar que existió descontento entre algunos miembros de la Mesa Social para la Paz, que reúne más de 200 organizaciones sociales y comunidades de fe, por el formato tan conservador que asumió la Mesa de Quito para adelantar estas audiencias previas a la participación. No hubo publicidad en los principales medios de comunicación ni por parte del Gobierno ni del ELN, tampoco fueron invitados los medios al cubrimiento periodístico de las audiencias, y para colmo de males, los jefes de delegación no se presentaron de manera directa a la instalación de un proceso que según el ELN y el Gobierno es la columna vertebral de la negociación. Según la Mesa Social para la Paz, fue una gran falla no aprovechar el inicio de las audiencias para animar a la sociedad y crear un ambiente propicio a la paz en un momento complicado en la implementación de los acuerdos de La Habana, y para la visibilización de la Mesa de Quito que ha pasado de bajo perfil.

Consensos y líneas rojas
Consultados algunos de los participantes en las audiencias, y miembros de la subcomisión de participación del ELN, coinciden en que las audiencias fueron exitosas y que las exposiciones en su gran mayoría cumplieron el objetivo de ofrecer propuestas de participación. En este sentido aseguran que hubo coincidencias incluso entre sectores, gremios y regiones que conservan diferencias políticas e ideológicas.

Algunos consensos son: la participación se debe desarrollar desde los territorios, que es donde se vive con mayor intensidad el conflicto armado y las dificultades de injusticia social. Así mismo, que debe ser de abajo hacia arriba, es decir desde lo local a lo departamental, regional y nacional. Partiendo desde los espacios territoriales como veredas y municipios. También debe ser amplia y plural, o sea que participen todos y todas sin importar partido, etnia, condición económica; en este sentido la propuesta de Gran Diálogo Nacional desde el movimiento social retoma fuerza. Debe aprovechar el enfoque diferencia acordado en La Habana. La mayoría de participantes también propusieron prorrogar y proteger el Cese Bilateral del Fuego.

Aunque no fue consenso, se escuchó de manera mayoritaria que el proceso de diálogos debería trasladarse a Colombia para estar cerca de la sociedad, que es la que recibirá los frutos de un eventual acuerdo. Esto además permite rodear el proceso y dinamizarlo. El otro tema que fue reiterado en casi todas las intervenciones fue el carácter de la participación, para la mayoría debe ser vinculante, o sea decisorio, o sino, dice la gente, para qué se le invita a participar si no es para decidir. Sin embargo, el Gobierno y algunas instituciones y gremios hablan de incidente, o que simplemente recomiende.
Las líneas rojas, que son los temas que según el Gobierno y los empresarios invitados no se pueden ni deben tocar por ningún motivo, y que también se plantearon en el proceso de La Habana, en este caso también fueron defendidos con vehemencia. Por ejemplo que el Modelo no se discute, tampoco la propiedad privada, ni la política minero energética, ni la doctrina militar.

Formas de participar
El 16 de noviembre, con la participación de la región Caribe, los sectores urbanos y las organizaciones indígenas y afros que habían aplazado su participación, finalizaron las audiencias. Las propuestas presentadas, algunas complejas, otras completas y otras muy puntuales, dejan un insumo muy importante en donde se señalan cómo, cuándo y dónde se debe realizar lo que sería un novedoso y dinámico proceso de apertura a la democracia en un país como Colombia que lo pide a gritos.

El concepto asambleario es el más mencionado, es decir la herramienta de reunión en grandes colectivos que permita construir propuestas a partir de temas concretos. Entre ellos se habló de congresos populares, mesas temático territoriales y poblacionales, y cabildos abiertos. En este sentido las mujeres, el sector minero energético y los trabajadores llevaron propuestas concretas. Otros plantearon que estas dinámicas deberían caminar a través de un proceso hacia una gran constituyente.

El Gran Diálogo Nacional y el minero energético y ambiental, son tal vez las herramientas más importantes que se recogen en este ejercicio, porque es a través de estos que se podría llegar a acuerdos básicos y fuertes, entre sectores antagónicos, para adelantar este proceso de participación, al cual aún le falta establecer con claridad los temas centrales, los que deberían salir justamente del ejercicio de diálogo. Sin duda el país merecía haber escuchado y observado en vivo tan importante ejercicio.

Durante 12 años el mayor Julio Cesar Torrijos obstruyó la investigación por el caso del asesinato del niño Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, luego de una brutal acción policial ocurrida el Primero de mayo de 2005. El oficial, que hoy se encuentra privado de la liberad por delitos de narcotráfico, encubrió a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y este cuatro de agosto lo manifestó en audiencia de imputación y reconocimiento de cargos en las salas del juzgado 57 penal. Por el crimen y gracias a la confesión del mayor Torrijos, la Fiscalía llamó a otros uniformados.

Mataron a Nicolás y destruyeron su hogar
Nicolás era una promesa. Con tan solo 15 años era un joven sensible, comprometido, buen lector, solidario, y defensor de la vida de los animales, y por supuesto de los derechos humanos. “Nicolás era todo para Margarita su madre, quien solo vivía para él… después de darle su desayuno y despacharlo para el colegio de La Salle en Bogotá, lo único que esperaba era salir de su trabajo en la tarde para ir a verlo nuevamente; Nicolás era quien leía a sus padres antes de dormir, literalmente se quitaba el abrigo para entregárselo a quien lo necesitara”, por eso su muerte fue demoledora para su hogar, complementa el abogado del caso, Pedro Mahecha.

Con el asesinato de Nicolás no solo se perdió una vida, sino que se destruyó el cálido hogar que durante años le sirvió de abrigo; también acabaron con la felicidad de su abuela. La relación de los esposos se deterioró hasta romperse, los bienes del hogar se gastaron en esta lucha por la verdad y la justicia; Yuri, su padre, debió salir del país por las constantes amenazas y atentados contra su vida, sin embargo desde el exilio continuó lo que hasta ahora ha sido la única razón de su vida: alcanzar la justicia frente al asesinato de su hijo.

Una lucha por la reparación integral
Se perdieron muchas cosas en la familia de Nicolás, pero la sociedad ganó un incansable luchador por los derechos humanos. Yuri Neira se dedicó de cuerpo y alma a buscar a los responsables y a luchar por la abolición de la brutalidad policial encarnada en el Esmad. En abril de 2011, el juzgado 37 administrativo de Bogotá ordenó una indemnización por 160 millones de pesos para la familia de Nicolás Neira, pero para ellos y para Mahecha, esa indemnización aparte de ser ridícula no satisfacía para nada los elementos integrales de la reparación que incluyen verdad, justicia y no repetición; así afirmo el jurista quien además considera que en esa condena “no hubo una expresión seria por parte del Estado para evitar que hechos tan lamentables como los sucedidos ese Primero de mayo de 2005 se repitan en el futuro… peor aún es que el Estado acaba de anunciar la creación de un Esmad rural, seguramente, para reprimir, las justas protestas de los campesinos”.

Además, esta condena del juzgado 37 administrativo no conminó, como era de esperarse, a la justicia penal, y tampoco lo hizo en el ámbito disciplinario compulsando las copias respectivas a las autoridades correspondientes, es decir, mantuvo la cadena de impunidad del aparato de justicia, ya que la viceprocuradora de ese entonces había proferido fallo condenatorio destituyendo a dos oficiales por el caso de Nicolás Neira, pero el ex procurador Ordoñez tumbó esta decisión de su subalterna. De esta situación conoció el juzgado y el tribunal y no hicieron nada al respecto, detalla el abogado Pedro Mahecha.

Por eso, es a la familia de Nicolás a quien le ha correspondido, en conjunto con su abogado, mover cielo y tierra para que este aparato pesado de la justicia camine. Ellos han instaurado todas las quejas, demandas, peticiones y denuncias respectivas no solo ante las instancias de justicia nacionales sino ante la Comisión interamericana de justicia, y es por eso que el caso se movió y logró la confesión del mayor Torrijos.

Lo que sigue
La investigación debe ir más arriba, plantea Mahecha. En ese año (2005) hay pruebas de que las acciones del Esmad fueron especialmente violentas debido a una directriz de los mandos superiores de la policía y por parte del Gobierno que en ese entonces dirigía Álvaro Uribe Vélez, y hasta ellos deben llegar las decisiones de la justicia. Hasta hace poco la Fiscalía más que buscar a los responsables tenía una especie de estrategia dirigida a escudriñar en el pensamiento libertario de Nicolás, tal vez con el objetivo de legitimar la brutalidad ejercida contra un rebelde. Y es por esa razón que Yuri Neira, el padre de Nicolás, decide empeñarse en llegar hasta el mismo despacho del nuevo Fiscal General y como se dice popularmente, empapelarlo de toda clase de solicitudes que volvieran la investigación al curso debido. Tal tenacidad encontró resultados, ya que el propio Fiscal Néstor Humberto en uno de sus viajes a Europa lo contactó personalmente, según relata el jurista Pedro Mahecha.

La audiencia de imputación de cargos del cuatro de agosto deja claro que si el mayor Julio Cesar Torrijos reconoció haber encubierto a los responsables materiales e intelectuales del homicidio del menor, y haber obedecido a sus superiores para mantener la imagen del Esmad y de la Policía Nacional, entonces no se ha dicho toda la verdad ni están todos los responsables tras las rejas. De parte de la familia se tiene claro quiénes son los responsables, además hay muchos testigos que vieron que al niño no solo lo impactaron con una cápsula disparada por un trufly, sino que le dieron fuertes golpes de bolillo en su cabeza y cuerpo. La necropsia dictaminó que al niño Nicolás le abrieron su cráneo prácticamente en dos, de sien a sien, con una herida de 26 centímetros, que según los médicos era irreparable. Por eso, según manifiesta Mahecha, después de obstruir el aparato de justicia 12 años, de destruir una familia moral, económica y socialmente, de causarle grandes gastos a la justicia, este crimen no puede terminar con una sentencia que evite hurgar en las profundidades de un aparato militar y policial, de un Estado violador de los DDHH.

Ante la petición de esta familia, la Comisión Interamericana de Justicia le comunicó el 31 de julio al Estado colombiano y le corrió traslado de los expedientes, para que en tres meses, es decir el 31 de octubre se pronuncie frente al caso de Nicolás Neira. Por otro lado, el pasado 18 de agosto fueron citados a una nueva audiencia de imputación de cargos otros uniformados, pues se debe investigar la línea de responsabilidades hacia abajo, es decir el patrullero que disparó la cápsula, y los que golpearon a Nicolás hasta causarle la muerte; pero también hacia arriba, porque Torrijos reconoció que obedeció a un superior.

Sin embargo, siendo las 10:40 de la mañana, el Juez 71 penal municipal de Bogotá, con funciones de garantía, decidió enviar el caso al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva si la Jurisdicción Penal Militar es la competente para investigar el asesinato a manos del Esmad del niño Nicolás David Neira Álvarez. “Sin palabras distintas de que el festín de la impunidad en este caso continúa su curso perverso. Seguiremos reclamando verdad y justicia”, puntualizó Mahecha.

Nacido y criado en Ocaña, Luis Emil Sanabria Durán alternó su actividad estudiantil en la Universidad Industrial de Santander  con la militancia en el partido Comunista Marxista Leninista, PCML, que dirigía la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL. Él mismo asegura que quien lo llevó a la Juventud Revolucionaria de Colombia, y luego al partido PCML fue el propio Oscar William Calvo, destacado dirigente revolucionario, asesinado con tan solo 32 años de edad el 20 de noviembre de 1985, a manos de agentes del Estado y en pleno proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur.
 
La conversación con Sanabria no tiene el objetivo de mostrar el terrorismo de Estado en medio del proceso de paz y desmovilización del EPL en 1991, sino las experiencias de participación ciudadana y procesos constituyentes a los que, una vez reinsertado a la legalidad, Luis ha dedicado décadas.

Entre los años 80 y 90 existía alto nivel organizativo social y popular en la región de Norte de Santander, allí tenía fuerte presencia el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el EPL. Este último siempre le apostó a la participación electoral de las masas, y  tuvieron éxito igual que la Unión Patriótica cuando pudieron hacer uso de la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986 y ejecutada por primera vez en 1988. El EPL enarbolaba la consigna “Por una nueva Asamblea Nacional Constituyente” desde el año 1984, que fue fortalecida con la iniciativa estudiantil de 1990, llamada “Séptima papeleta” que coincidía con esta propuesta. En 1991, tras los acuerdos de paz y la desmovilización armada del M-19 y el EPL, y la muerte de miles de militantes de izquierda a manos del terrorismo de Estado y sus grupos paramilitares, se haría realidad la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de la compleja situación creada en los procesos de izquierda revolucionaria, muchos combatientes de las guerrillas desmovilizadas entraron a engrosar las  filas del paramilitarismo, y de los organismos de seguridad del Estado, mientras se realizaban masacres, confrontaciones entre guerrillas y desmovilizados, mientras que otros, la mayoría de ellos, se dedicaron a fomentar procesos organizativos en las mismas comunidades en donde habían desarrollado su actividad guerrillera o política; en este caso con el apoyo y la coordinación de otras fuerzas políticas y sociales de la región.

Cuenta Luis Emil que por allá en 1998 cuando se desempeñaba como subsecretario de paz en Norte de Santander, llegaron a recoger hasta 200 cadáveres de líderes sociales asesinados por los paramilitares, por su participación en las marchas de esa época. Por su labor política y las actividades ejecutadas dentro de su cargo fue incluido en una lista de 13 personas declaradas objetivo militar por los paramilitares y el Ejército. De estos solo viven dos, uno de ellos es Sanabria.

Las Asambleas Constituyentes Populares
A pesar de la arremetida paramilitar, la convergencia de varias fuerzas políticas, organizaciones sociales y populares y sectores de la iglesia logró conformar, hacia finales de los años 90, una Mesa por la paz, un Comité de atención a desplazados, y un Comité de paz, que hacían parte de Redepaz. Existía también la Asamblea Popular de desarrollo y paz del Catatumbo y Diálogos locales de paz, liderados por monseñor Leonardo Gómez Serna. La experiencia de la Asociación de campesinos de la India en Santander sirvió de ejemplo, ya que fue una de las primeras experiencias de participación popular en los procesos de paz.

Por otro lado, se habían instalado Asambleas Populares en San Calixto y El Tarra, procesos participativos sociales que recogían elementos de las propuestas de las FARC y especialmente del ELN, en la lógica de la Convención Nacional que por esos tiempos tomó gran audiencia en el país. La del municipio de Mogotes, en Santander, se bautizó como Asamblea Municipal de Constituyentes; era el pueblo haciendo uso del artículo tercero de la Constitución del 91. La consigna era “con Biblia y Constitución hacemos revolución”, porque era una alianza entre la iglesia y el pueblo, con sectores del cooperativismo y la organización campesina, principalmente.

Era tan importante y fuerte la iniciativa popular en Mogotes, que en 1997 cuando el ELN retuvo por denuncias de corrupción al alcalde Doryan Rodríguez, que le decían chocatón –y que por cierto, dice Luis Emil, recientemente volvió a ser elegido y capturado por corrupción–, la gente del pueblo, acompañada de monseñor Gómez Serna, se fue para el campamento del ELN y le exigieron que entregara al alcalde, porque ellos también sabían que era corrupto y lo querían juzgar. El ELN no tuvo más remedio que devolverlo. La Asamblea le pidió rendición de cuentas, confirmó los actos de corrupción y le exigió la renuncia. Quedó al frente del Gobierno la Asamblea Municipal de Constituyentes, la cual trabajaba de la mano con el Concejo, y con un nuevo alcalde elegido del proceso, y que hacía las veces de gerente bajo la orientación de la Asamblea.

Empezó un ejercicio de planeación y  participación basado en el artículo tercero de la Constitución, en donde figura que la democracia es directa. Los constituyentes eran los comerciantes, transportadores, campesinos, la iglesia, los maestros, etc. Estos se fueron a las veredas, planearon con la gente el diseño social, cultural y económico de su municipio. Ahora el alcalde tenía que hacer rendición mensual de cuentas, la Asamblea Popular tomaba decisiones que se llamaban mandatos y los concejales convertían esos mandatos en acuerdos municipales. Muchas regiones se sintieron convocadas a aprender del proceso; algunas embajadas acompañaron también.  Mogotes ganó en 1999 el Premio Nacional de Paz.

En adelante y durante cinco años los alcaldes no se inventaron programas de gobierno sino que se sintieron con la responsabilidad de construirlo con la población. Antes de este proceso solo estaban los partidos Liberal y Conservador, luego de eso estaban casi todos, incluido el Polo. Además, Redepaz promovió 100 ejercicios de procesos participativos constituyentes de las mismas características en 100 diferentes municipios de Nariño, Antioquia, y Huila. Unos con mayor éxito que otros.


La contra-constituyente
Pero como dicen popularmente, tanta dicha no podía ser cierta. Mientras que el ELN se alejó de la zona como organización armada, el paramilitarismo del Bloque Central Bolívar  nunca cumplió con las condiciones que la Asamblea Constituyente le había impuesto a los grupos armados de retirarse del territorio; retomaron el control y ubicaron su retaguardia en el corregimiento del Riachuelo, del municipio de Charalá, y desde allí planearon la estrategia para acabar con la Asamblea Municipal Constituyente. Amenazaron a los más destacados en el proceso como los padres Joaquín y Héctor, asesinaron a una religiosa y desplazaron a los maestros. En ese momento Álvaro Uribe subió al poder y se convirtió en un enemigo de los procesos constituyentes. Ahora Mogotes es satanizado.

No obstante, la meta de 100 municipios con procesos constituyentes se multiplicó a 200 en todo el país, pero con algunos de ellos muy desvirtuados en su esencia fundacional, y manipulados por los partidos políticos. Uribe persiguió las constituyentes por doquier; la iglesia católica que había apoyado el proceso, ahora amenazaba con excomulgar a quienes lo apoyaban. Hoy existe en Mogotes un comité constituyente pero muy discreto. Redepaz fue perseguida y amenazada y tuvo que disminuir su dinámica organizativa. Los procesos populares pasaron a la resistencia adoptando procesos de participación, de defensa del territorio, de movimiento cívico y otras expresiones que les permiten actuar directamente en la construcción de sus planes de vida y de sus propuestas de localidad, región y país, porque la gente, dice Luis Emil, “a pesar de todo no renuncia a su deseo de participar y decidir sobre sus territorios”.

Wednesday, 25 January 2017 19:00

Simacota

Don Héctor me contó que ese día, el siete de enero de 1965, su patrón, un hombre acaudalado que tenía varias fincas y buen ganado, lo mandó a llevar una razón a otra finca de su propiedad a la cual se llegaba después de andar varias horas y pasar por Simacota. Antes que molestarse, Héctor con 15 años de edad y acostumbrado a la rudeza del trabajo en el campo, se puso feliz. Era una oportunidad de librarse de las fuertes jornadas, y conocer de primera mano los acontecimientos que rompieron la tranquilidad y rutina de aquella región, y especialmente de ese pequeño pueblo enclavado en las montañas de las “bravas tierras de Santander”.

La guerrilla se había tomado el pueblo esa madrugada del siete de enero, y aunque en la zona aún estaban tibias las cenizas de los fuegos provocados por la violencia de los años 50 que incendiaron las vidas de los campesinos de la región, esa toma era una novedad después de unos breves años de pacificación alcanzados luego del pacto entre las oligarquías liberales y conservadoras en 1958.

En realidad el patrón de don Héctor quería enterarse de cuan grave era la situación y había inventado la excusa del viaje a su otra finca para que el joven pudiera contarle lo que había sucedido en Simacota. Pero no fue mucho lo que el muchacho pudo verificar porque cuando llegó al pueblo ya todo había pasado y por allí solo había rumores. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, conformada por un grupo de jóvenes desconocidos, al parecer estudiantes apoyados por campesinos de la región, que habían llegado a San Vicente de Chucurí en julio de 1964 tomaron la decisión de “presentarse en sociedad” ese día y en ese lugar, sorprendiendo no solo a los uniformados de la policía y el ejército, sino a los habitantes. Ese día los revolucionarios después de expresar las causas del levantamiento armado, dieron lectura a un manifiesto de 12 puntos con el programa político, económico y social que resolvería las difíciles condiciones de la época.

Todo eso no se supo ese día por supuesto, sino que se fue conociendo con el tiempo. De la misma manera que yo, luego de 52 años me enteraría que el personaje que leyó el manifiesto no fue un guerrillero sino otro muchacho campesino llamado Juan Afanador quien como la mayoría de los campesinos y campesinas fueron convidados al parque central y se ofreció, ante la solicitud… o exigencia del guerrillero que comandaba el asalto, a leerlo. Eso me lo contó don Héctor, y me sorprendí más aún al enterarme que ese hombre estaba vivo y podría contarme más detalles de su experiencia; sin embargo, la búsqueda fue infructuosa en mi fugaz paso por la región.

Dos cafés amargos de muy buen aroma me permitieron conversar un largo rato con don Héctor. El suficiente para viajar con él a su dura niñez, y conocer a través de su historia de vida las condiciones sociales de la gente en esa época. El padre de don Héctor quien sufrió la penosa enfermedad de la lepra, ante la muerte de su esposa tuvo que abandonar a sus pequeños por razones legales y sanitarias en un centro educativo aislado en las montañas, allí vivían segregados todos los hijos de leprosos, y por eso, a sus siete años y a pesar de su cortísima edad, tuvo conciencia suficiente para escapar del lugar con sus hermanitos.

Solo pobreza, maltrato, abandono, trabajo y carencias de toda clase acompañaron a esos chicos por años. Ya adulto, en algún pueblo de la región don Héctor fue inspector de policía, y tuvo que convivir con las leyes que imperaban, las que por supuesto eran establecidas por las Farc y el ELN; a ellos acudían entre otros los párrocos, él mismo como inspector y las autoridades para resolver decenas de casos de convivencia entre vecinos, “ellos eran el Estado”, comenta don Héctor. La salud, la educación, la vivienda y el empleo eran precarios, y la gente siempre vivía alcanzada.

Hace 15 años don Héctor encontró una forma de vivir, o sobrevivir, a través de la venta de lotería, pero no le gusta, prefiere trabajar en los proyectos de las organizaciones campesinas, porque sueña con ayudar a resolver el abandono histórico del campesinado y a la par mejorar su calidad de vida. A pesar de sus 69 años, y sus dificultades para caminar, su paso es firme y enérgico, es incansable. Me acompañó a buscar a Juan Afanador, y me señaló cómo llegar al pueblo de Simacota, no sin antes contarme por dónde, cómo y en cuánto tiempo se llega a cada uno de los municipios de la provincia Guanentina.

Allá llegué, a Simacota, con las señas que don Héctor me dio, luego de bajar y serpentear por una angosta carretera en parte destapada y en parte pavimentada durante casi 30 minutos. A cada lado el monte amenaza tragarse la vía, los campesinos pasan sudorosos con sus mulas cargadas, y el calor sofocante alborota el olor de los helechos y la boñiga.

Me transporté a mis días de infancia cuando iba con el abuelo a ordeñar, el campo casi siempre huele a lo mismo, a recuerdos. Fui pasando despacio por las paredes de las casas, tratando de descubrir los secretos que guardaban. Es un pueblo bonito, que conserva el pasado en medio de la modernidad del internet, y de los jóvenes campesinos que ya no usan machete al cinto y sombrero sino celular. En una sola cuadra hay dos o tres carnicerías, y a pesar del extremo calor se comercia el café traído de las veredas.

Me paré en medio del parque y traté de imaginarme a Juan Afanador leyendo el manifiesto de Simacota, sin embargo solo pude escuchar nuevamente a don Héctor, y otras decenas de historias de hombres y mujeres, de diferentes lugares y épocas, duras todas, llenas de carencias todas, de humillación, de despojo; en años nada ha cambiado. De pronto lo vi, a Afanador con tan solo 15 años, en medio del parque central, rodeado de campesinos y campesinas, leyendo los 12 puntos… me cuesta saber si lo hace ahora o en 1965.

Page 1 of 5

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.