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Entre el racismo y el paramilitarismo

 

Dejar la casa no es fácil. Abandonar a la fuerza la familia, las costumbres y el mar fue para Pura Lurán Ortíz el reto más difícil de su vida. Se enfrentó al racismo de la ciudad que le quitaba los sueños de salir adelante. En el barrio Pescaíto, al norte de Santa Marta, vivía Pura con su esposo y sus cuatro hijos. Trabajaba como gerente de una empresa de venta por catálogo y su pareja tenía un taller de mecánica automotriz cuando el conflicto armado irrumpió la tranquilidad de su hogar. Desde el 2004 la presencia paramilitar en Santa Marta se iba fortaleciendo bajo el comando de Hernán Giraldo. El Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se movía libremente por el territorio con rutas que transportaban drogas y armas en la región, que luego eran enviadas a Europa y Norteamérica. Sin embargo, el grupo armado también era reconocido en la ciudad por aterrorizar a los comerciantes al cobrarles una “vacuna” por estar bajo su “protección” o un peaje para permitirles recibir la mercancía que llegaba de otras ciudades.

Eran muchos los samarios que no podían cumplir con el pago de las vacunas, entre ellos dos cuñados de Pura Lurán quienes fueron asesinados por los paramilitares al rehusarse a pagar la extorsión. Como retaliación, Ñaño, como era conocido el esposo de Pura, fue víctima del hostigamiento de miembros de la organización, que en cuatro oportunidades fueron al taller en camionetas Cherokee y motos sin placas. En la última visita agredieron fuertemente al vigilante y dispararon contra dos autos que se encontraban en mantenimiento. 'Ñaño' fue a contarle al día siguiente a su esposa con el terror de quien tiene la muerte encima.

A pesar de las fuertes sospechas de la colaboración de la Policía con la organización paramilitar, Pura y su esposo denunciaron ante las autoridades y pidieron protección, la cual nunca llegó. Sin dinero y sin garantías para la vida de su familia tuvieron que abandonar sus trabajos, amigos, casa e irse a otra ciudad. La iglesia de la que hacían parte les ayudó a solventar pasajes y estadía mientras lograban establecerse.

La zozobra de no pertenecer
Un 12 de agosto de 2007 la familia Toscano Lurán pasó a ser parte de los cerca de ocho millones de colombianos que han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados, de los cuales el 21,2% son afrodescendientes.

Llegaron al municipio de Girón, Santander, con la intención de volver a vivir, de estar en paz. Esperaban que fuera una oportunidad para empezar de cero, pero no contaban que el racismo llegara a sus vidas. Lamentablemente, al igual que muchos de los colombianos víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, llegaron a una ciudad donde fueron estigmatizados. Pura cuenta que en el proceso de inscribir a sus hijos en la escuela fueron discriminados. La rectora de la institución le explicó que no podía recibirlos porque no había cupo para personas negras, desplazadas y menos de la costa porque era una región con un índice pésimo de educación. “Para mí fue un reto, me dolió porque mis hijos me preguntaron: “Mamá, ¿por qué no nos aceptan? ¿Por qué no quieren que nosotros estudiemos?” ¿Cómo actúas, qué le respondes a una niña de 6 años que está desconcertada, que no sabe por qué le tocó venirse? Yo le dije que lo que pasaba era que hacían falta unos documentos, pero que no se preocupara que yo resolvía eso. Cuando somos las víctimas resulta que terminamos siendo victimarios”, relató.

Recuerda que fue una época con demasiado dolor, ya que su esposo atravesó una crisis en donde no era capaz de salir a las calles ni dormir con tranquilidad porque tenía pesadillas de los paramilitares buscándolo para asesinarlo. No obstante, Pura se sobrepuso a las adversidades e inició un proceso con la Secretaría de Educación de Santander en rechazo a la discriminación que vivían sus hijos. Meses después pudieron iniciar sus estudios y actualmente se encuentran en la universidad terminando la formación en arquitectura y comunicación social. Ahí inició su camino contra el racismo.

Falta de oportunidades
La samaria explica que durante muchos meses estuvo en la búsqueda de un trabajo. A pesar de su insistencia y experiencia en distintos ámbitos, sentía que era discriminada, razón que la motivó a explorar en la cocina y en la organización de eventos de forma independiente. “Nunca he tenido una oportunidad laboral en este departamento. Todo lo que yo he querido hacer lo he hecho a costa mía, de mi empeño, mi trabajo como independiente y de mis ganas de salir adelante”, añade Lurán. Sin embargo, esta situación se generaliza a nivel nacional ya que el 53% de las personas afro trabajan en la informalidad o de forma independiente, según el informe “Raza y derechos humanos de Colombia” del Observatorio de Discriminación Racial.

Con la falta de contratos empezó a estudiar y prepararse como defensora de derechos humanos e inició su formación con la Corporación Compromiso. La impulsaba representar a todas las mujeres afro y familias desplazadas, que al igual que ella, llegaron a una ciudad desconocida sin oportunidades.

Incidencia política
En 2007 nace la primera red departamental de mujeres víctimas: Las Auroras, un proceso que buscaba fortalecer la participación y formación jurídica de las mujeres que huyeron del conflicto. Este espacio propone fortalecer los conocimientos sobre la Ley 1257 que brinda normas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y la Ley 1448 de reparación a las víctimas, ambas leyes de 2011. Con la incidencia que habían logrado cerca de 600 mujeres se vieron representadas en la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 que logró 13 programas que beneficiaban a las mujeres afrodescendientes.

Pura empezó a posicionar su liderazgo hasta llegar a la Mesa de Participación de Víctimas a nivel departamental. Es una de las creadoras de la Fundación de Afrodescendientes y Víctimas y pertenece al colectivo La Comadre, un movimiento de mujeres a nivel nacional que reconoce que el trabajo principal lo realizan desde los territorios, ya que debido al conflicto gran parte de la población de afrodescendientes del país se encuentran dispersos en los distintos municipios. “El objetivo de nosotras, las mujeres que estamos en los territorios, es que a través de la juntanza que hacemos podamos tener esos liderazgos en nuestros territorios, transmitiendo todo ese legado cultural, ese legado político que se ha venido cosechando con nuestras generaciones, porque eso no se puede perder”, explica Lurán. Así mismo, cuenta que buscan centrar su trabajo en la niñez porque debido al desplazamiento forzado no tienen un acercamiento a la gastronomía, a la cultura y a las prácticas de medicina ancestral de las comunidades afro.

Como mujer afro, Pura explica que ha sido revictimizada en muchos aspectos. Cuenta que fue constantemente encasillada en estereotipos, como por ejemplo que las mujeres costeñas “son calientes”. Esta estigmatización solo ha generado que varias mujeres la juzguen, la aparten y no quieran conocerla. En el marco del conflicto armado, las mujeres han experimentado afectaciones graves que incluyen desde la violencia simbólica hasta la física como parte de una política de miedo ejercida por los actores armados. De acuerdo a los datos de la encuesta del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, se ha identificado que el 33% de las mujeres afro han recibido agresiones físicas durante el desplazamiento, el 58% de las mujeres negras encuestadas afirmó conocer casos de mujeres agredidas físicamente, pero por varios factores solo el 30% de ellas denunció. Más del 20% afirmó haber sido víctima de violencia sexual. Además, el 63% de las mujeres encuestadas afirmaron que fueron víctimas de agresiones por su color de piel y por su contextura física un 24%, entre las expresiones más usadas estaba “chocorramo”, “negra hijueputa” y “aquí no aceptamos negras”.

La esperanza de volver
Han pasado 14 años desde que Pura y su familia tuvieron que abandonar Santa Marta. Durante este tiempo ha vivido en el municipio de Girón y siente orgullo de hacer parte de procesos políticos que visibilicen a las mujeres de su comunidad. Para ella, Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades afro, quienes representan una de las poblaciones con más víctimas en el conflicto armado, hecho que los ha obligado a permanecer lejos de su lugar de nacimiento. “En cada departamento, en cada municipio, en cada rincón, en cada vereda hay un afro producto de ese desplazamiento y de esa violencia”, explica la mujer de 56 años.

Quiere volver a Santa Marta, sueña con estar en el mar, bañarse, comprar pescado fresco, y lo más importante, abrazar a su familia y conocer a sus sobrinos. Aunque entiende que aún no es seguro y no estaría en la libertad de quien vuelve a su pueblo dado que la presencia paramilitar en esta ciudad aún se mantiene. “Ojalá Dios me permita antes de morir ver todo lo hermoso de mi ciudad”, agregó.

Wednesday, 02 June 2021 00:00

Editorial 168: Soy Primera Línea porque…

Testimonio Primera línea Puerto Resistencia, Cali

Puerto Resistencia sigue firme hasta la fecha –cuando se imprimió este periódico–, ya que queremos que nuestros derechos sean reales; que no pasen por nuestros derechos y por nuestra humanidad. Porque tenemos un estado que lo único que hace es masacrar jóvenes, y personas que están en contra de que se compartan solamente sus riquezas entre ellos. Llevamos más de 20 días y estaremos los que toquen, porque tenemos el apoyo de la comunidad, que nos ha estado brindando alimentación, sus casas para que nos duchemos, para que descansemos. Esto es articulado con toda la población civil que ya está cansada de una oligarquía que lo único que hace es llenar sus bolsillos y no pensar en los demás.

Yo creo que ya es la hora del cambio. Si en este momento nuestro país y nuestra nación no cambian, vamos a estar en una grave crisis humanitaria, porque la persecución del Estado va a ser pesada. A nosotros los jóvenes –de Primera Línea– ya nos da miedo ir a nuestras casas, por miedo a lo que le pase a nuestras esposas e hijos, porque sabemos que estamos peleando contra una oligarquía, y estamos peleando contra su poder. No tenemos armas, no tenemos dinero, mansiones, no tenemos carros; pero tenemos corazón, la humildad, la grandeza y las ganas de salir adelante y ser grandes personas.

La opresión siempre ha estado ahí. Siempre ha estado la Sijín, el ESMAD, la Policía, carros con civiles, sin placas, disparándonos. Las últimas noches se han vuelto pesadas porque cualquier cosita nos atemoriza. Estamos en un terror psicológico. El mismo Estado está provocando esto, porque evade todo lo que está pensando con la clase media y la clase baja, que somos los que nos levantamos todos los días para ir a una empresa a producir, a generarle miles de millones a una multinacional, mientras que lo único que el pueblo está recibiendo es más pobreza e inequidad.

Yo soy un pelado campesino, vengo del eje cafetero. He vivido una vida difícil, nunca quise ser un trabajador del campo. No he estudiado en un colegio, en una universidad, tampoco he validado mi bachillerato. Aquí hay jóvenes que hemos sufrido la guerra, que hemos sufrido el maltrato, y el descuido del Estado. Nunca hemos tenido algo de cuenta del Estado, nunca hemos sido partícipes de algo del Estado. Siempre se quedan con la plática unos cuantos, y nosotros los pobres, las personas que necesitamos prosperar, tener un estudio o algo, no lo podemos lograr. Queremos que seamos escuchados nacional e internacionalmente. Seguimos aquí en firme por la libertad de nuestro país, o nos matan o nos liberan. Necesitamos un país mejor, este es el momento, no hay otro momento. Hemos tenido miles de manifestaciones pero no hemos logrado lo que hemos logrado hasta hoy. Esto es histórico en la vida de Colombia.

Aquí estamos cansados. No estamos pidiendo que nos regale nada. Estamos diciendo que la oligarquía deje de generar tantos recursos para ellos y que compartan algo con el pueblo. El pueblo necesita esos recursos; porque si vamos al puerto de Buenaventura, es increíble que un puerto que genera más de 80 billones al año, veas las casas paradas en palos de madera. Ya nos cansamos de eso y no necesito estudiar para aprender de mi país, porque veo todo lo que sucede cada día con los campesinos, las mujeres, los niños, los camioneros, con el que le quieren invadir su finca. Nos cansamos de pensar que el gobierno y los congresistas mandan. Los que mandan son el pueblo.

Y cuando un pueblo se une, nunca será derrotado. Es el momento de que Colombia cambie. Queremos ser una nación grande; que vayamos a otro país y digan yo quiero ir a Colombia porque en Colombia hay paz, hay seguridad y democracia, una democracia real, no una democracia que sale por la televisión diciendo lo que ellos quieren, y al pueblo lo están reprimiendo con balas de fuego, con armas, cuando nosotros las únicas armas que tenemos son piedras, y el amor de salir adelante.

 

Thursday, 18 March 2021 00:00

La historia de la infamia vol 2021

En la  tarde en que la mujeres en medio de una pandemia donde se han agudizado las múltiples violencias que vivimos diariamente, salimos en juntanza a tomarnos las calles, si, en la Marcha del 8 marzo día donde no celebramos nada, sino que reivindicamos las luchas de las mujeres,  si, en la marcha del 8 de marzo, nos juntamos, sin dinero para convocar, sin el poder de los “medios de comunicación”, sin el poder político de las estructuras verticales que obligan a sus cuadros a llenar las marchas, en medio de una pandemia donde nos condenan a aislarnos en nuestras casas – para muchas su campo de batalla-,  si, salimos a denunciar que hemos sido asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas,  abusadas en casa, empobrecidas  y fragmentadas. La tarde en que salimos a luchar las voces de la godarria y la ética del Sagrado Corazón de Jesús, salen a condenarnos, negando las arengas, la solidaridad, los gritos que nos salen de nuestras cuerpas y nuestros corazones que se han roto múltiples veces, negaron a las mujeres reunidas cantando y haciendo un homenaje a las mujeres que han matado, negaron la #Emergencianacionalporfeminicidios, negaron a la compañera que hizo arte con nuestros cabellos en un oficio predominantemente masculino, están negando lo más importante que son las razones, y como siempre las han negado, pues hoy no tenemos miedo a sus acusaciones.

 

Hoy  salen a condenarnos, en todas las redes sociales, nos bombardean con publicaciones de más de l400 comentarios  juzgándonos, y lo que emerge es una pregunta:  ¿en serio?, ¿después de siglos de violencias? –porque si, somos histéricas e históricas,- y por esos salimos a la calle, porque no hemos olvidado, no olvidamos a Rosa Elvira Celis, ni a Yuliana Samboní, ni las niñas indígenas violadas por militares, no olvidamos la mujer tirada en la cuneta, ni a la policía que su compañero de vida - un  militar-  mato, somos históricas y por eso decidimos tomarnos la calle, esa misma calle que por años se nos ha sido negada con prejuicios, miedos y violencias. ¿Nos están condenando?, ¿nos condenan con la bendición de la Santa Inquisición?, con la historia de genocidios en la época de la Colonia, la pederastia, abusos y negación de las mujeres en una institución que ha perpetuado, socializado, propagado e impuesto a través de la muerte  la ideología patriarcal?, esa misma ideología de dominación que lleva la vida de las mujeres y de la Pachamama a la destrucción. Nos están condenando desde una institución que ha condenado a niñas a ser madres sin importar si han sido violadas; solo porque creen desde su moralidad que nuestro cuerpo le pertenece, ¿nos están condenando desde una institución de pederastas?, ¿en serio?. ¿Nos están condenando por las paredes de una institución que mató en hogueras a las mujeres sabias curanderas?, que quemó, marcó, expulsó y reprimió a mujeres por disfrutar de sus cuerpos.  

 

¿Nos están condenando desde la “autoridad” de un gobierno municipal que en plena pandemia infló los precios de los mercados que repartió como “ayuda humanitaria” ?, que repintaron sin necesidad los espacios públicos de azul para imponer su simbología de derecha y así representar su dominio macabro sobre un territorio que tiene de las tazas más altas de desempleo y de informalidad del país. Si, hemos  estudiado, leído y sobretodo VIVIDO, hemos vivido las violencias en nuestras mentes y nuestras cuerpas, han venido de tantos lados que llenaríamos todas las paredes de la alcaldía o de la iglesia registrándolas, SOMOS NOSOTRAS MISMAS y nos ha costado muchas batallas, por eso, si querían desde su PODER condenarnos, juzgarnos y callarnos, pierden su tiempo, ¿nos han escuchado?, lo hemos cantado múltiples veces: “nos  sembraron miedo, nos crecieron alas” y somos hermanas, ya no somos rivales como ustedes querían, nos tenemos unas a las otras y en manada somos más fuertes, así que NUNCA MAS tendrán la comodidad de Nuestro Silencio.

 

La situación actual de la atención desde el sistema educativo oficial a nivel nacional tiene hoy una de sus mayores tensiones de los últimos tiempos. Por la vía del distanciamiento social, se ha logrado develar y desmitificar algunas tramas de la argumentación administrativa del sistema educativo que lo hacían ver omnipotente, como lo ha sido la adecuación del propio sistema a las tecnologías de la educación en el marco de las ideas del desarrollismo ilustrado y el ofrecimiento del profesionalismo con la ilusión de la movilidad social. Las perspectivas críticas han profundizado hace ya más de medio siglo en el asunto y el listado de enunciaciones esta hoy a flor de piel, la alienación ideológica eclesial que heredó el aparato opresivo estatal y que hoy delega a la máquina de producción en serie, tomando prestadas algunas palabras del Freire profundo, podemos sumar hoy a ese listado de enunciaciones, el negocio de la “burocracia de la mente”, que por lo menos en Colombia va creciendo en clientela.

El entorno protector del sector económico que vive de la contratación
Desde finales del año que pasó se viene hablado de lo necesario o lo conveniente que es para la ciudad, que los estudiantes de la básica vuelvan a las aulas presencialmente, ya que el último año el sistema educativo en Colombia, en modo pandemia, se efectuó desde la virtualidad y según parece, el experimento no fue satisfactorio. Las preguntas que surgen de tal situación tienen que ver con: ¿será que la presencialidad en el sistema educativo es más efectiva? ¿cómo entender esa efectividad en términos del para qué y para quién? ¿será que la virtualidad pone en crisis la sensación de atención por parte del establecimiento?

Al escuchar las declaraciones de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín en enero del 2021, semanas antes de iniciar el año escolar, en su idea de “entorno protector escolar”, estereotipo internacional de atención educativa en tiempos neoliberales, deja en el ambiente su real preocupación con la presencialidad y al parecer ese afán por llevar al estudiantado a las aulas tiene mucho más que ver con la protección del entorno de los sectores que se benefician económicamente de la dinámica educativa, que con lo que pueda pasar con la salubridad de los reales actores del escenario escolar.

Según parece, los afanes con la presencialidad o en su defecto la alternancia, pretenden responder a las clientelas políticas patrocinadoras, evitando la quiebra de los contratistas alrededor del funcionamiento de la educación. Es preocupante que la funcionaria en sus declaraciones no haga alusión a la parte académica y las posibles afectaciones a los desempeños o a las situaciones cognitivas que puedan generarse. Aunque no es extraño, este tipo de énfasis, habitual cuando la tecnocracia aborda la educación pública, no deja de ser inquietante, pues la preocupación por mantener los empleos de los operadores logísticos, ya acomodados a las maneras del sistema oficial, que entre otras aportan muy poco a la superación de las adversas condiciones en las que estudiantes y docentes afrontan la salubridad, la vida social y la cultura académica , deja ver que la crisis en el sistema educativo y su funcionamiento es exacerbada por las políticas y abordajes de los administradores.

A los espíritus críticos, las preguntas nos seguirán rondando, pues no terminaremos de comprender el entorno protector de la contratación de la dinámica educativa en Medellín en términos de ¿cómo es la presión o el lobby de los mercaderistas del sistema educativo local sobre los funcionarios para que se vuelva a las aulas? y ¿de qué modo las asignaciones presupuestales, en época de educación vía digital, afectan los bolsillos de la oficialidad de turno?

Decadencia de los discursos de calidad y eficiencia del sistema educativo
Otra arista que aparece en la tensión de volver o no a las aulas tiene que ver con los esquemas mentales de algunos directivos docentes, que deja ver la pre-modernización que habita la gerencia educativa y la administración curricular en la localidad, pues dichos directivos, con la virtualidad, parece que pierden poder de control de los cuerpos y los espacios de la dinámica de la atención educativa oficial. Hace aproximadamente tres décadas el sistema educativo plantea el soliloquio de la calidad y la innovación tecnológica y bajo ese discurso, prioriza la inversión en supuesta modernización y tecnologización. Hoy esas asignaciones suman al despilfarro del erario público. No queda más que preguntarse ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo los discursos tecnicistas de la calidad y la innovación exitosa de la educación oficial? y ¿quiénes institucionalmente se benefician el mantenimiento de tales eufemismos?

Lo real es que el paso del panóptico análogo a su versión digital fue abrupto. Aún las sociedades latinoamericanas no están tan modernizadas para la atención básica en la educación, como se hacen ver ante la opinión pública, incluso no han podido responder al pedido de la OCDE, quien se supone marca el avance educativo neoliberal de los últimos años. Entonces ¿para qué ha servido el dinero de la supuesta modernización y la propaganda de la tecnologización educativa?, hasta ahora no hay otra respuesta que enriquecer a la firma de turno, manteniendo una clientela politiquera, convirtiéndose en nómina paralela de carácter privado, que desempeña funciones que tendrían que desempeñar los funcionarios oficiales. Hasta los potentados del neoliberalismo internacional debe estar sorprendidos, por el grado de despilfarro y corrupción de los impulsadores de los discursos tecnocráticos en la fracasada condición virtual del sistema educativo regional. Una jugada maestra, que se deja ver como imprevisto, la pandemia, devela las reales situaciones sociales desde uno de sus aspectos más claves para la manipulación doctrinaria del sistema educativo: el dogma del desarrollismo.

La idea defectuosa de implementación de un sistema de atención digital, que hoy se usa como dispositivo remedial que, aunque no ha sido evaluado sistemáticamente mediante una investigación a rigor, realza las versiones de las “comunidades educativas”, que dejan ver que la oferta digital no será apropiada en el corto plazo y se convierte en el argumento para plantear el retorno a las aulas y mantener el cartel burocrático de la mente. La falacia está en creer que el sistema de educación presencial es el adecuado, ya que no les es conveniente implementar la digitalidad.

Ante el por qué de la insistencia con la alternancia, parece ser que el Ministerio de Educación tiene claro que no está en condiciones de transformar sus formas de operar el establecimiento, ofreciendo un sistema educativo digital y haciendo creer a la mayoría de la población, que el mamertismo resentido no tiene razones de peso para preguntar ¿por qué en 200 años de vida republicana, tampoco se ha estado en condiciones de ofrecer un sistema adecuado presencialmente?

Los contratistas de la educación o los “burócratas de la mente” en cambio, siguen convenciendo al incauto poblador de estas comarcas, que con el esquema de digitalización de la oferta educativa se vulneran los derechos del estudiantado y se aumentan las brechas de inequidad. Lo paradójico es que en los 150 años de instrucción pública presencial en Colombia, son soportables los daños provocados por el sistema, que ha ahondado las brechas entre los que pueden y los que tienen menos posibilidades, así como la lógica del capital lo ha predispuesto hasta el final de los tiempos.

Thursday, 10 December 2020 00:00

Editorial 163: ¿ENTRAMPAMIENTO?

Néstor Humberto Martínez, el venenoso personaje que representa los intereses de la oligarquía criminal colombiana, utilizó esa palabreja como Fiscal General de la Nación, para ponerle un nombre sofisticado al ataque que emprendió contra el acuerdo de La Habana y contra dos figuras del proceso de paz, a las que desprestigió y pretendía extraditar. Detrás de este eufemismo se esconde una perversa práctica genocida del Estado colombiano, una trampa, una estrategia de persecución y exterminio, que le sirve al régimen, principalmente, para meter a la cárcel sin formula de juicio a quienes denuncian al Estado por sus actos criminales y corruptos, a los que luchan por la paz y defienden el acuerdo de La Habana y los diálogos con el ELN, a los que ejercen el liderazgo social, a los que defienden el territorio y a los que desde la oposición política proponen una transición hacia la democracia.

Existen Innumerables ejemplos para demostrar que en Colombia la justicia es para los de ruana, como se dice coloquialmente. A un líder o lideresa social implicado, o “entrampado” por la Fiscalía en la comisión de un delito, casi nunca se le niega una medida de aseguramiento de carácter intramural, ósea la cárcel. Además, los medios de comunicación corporativos, chiviados por las autoridades, presentan en vivo y en directo las espectaculares escenas de allanamiento y captura de supuestos terroristas, cuando en realidad se trata de estudiantes de la universidad pública o líderes sociales entrampados por agentes de inteligencia militar, como ocurrió en el caso del Centro Comercial Andino en Bogotá. Años después, y de manera oculta, salen en libertad los supuestos implicados sin que nadie repare su imagen, ni los graves daños materiales y sicológicos causados por el encierro y el escarnio público. Pero hay algo que casi nadie analiza: el demoledor daño simbólico causado contra la propuesta social transformadora, y el debate político que encarnaban esas personas que fueron injustamente privadas de la libertad y señaladas como peligrosos criminales.

Organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos han sido incansablemente perseguidas con esta práctica genocida de la judicialización. Más de 200 casos se han presentado en los últimos veinte años. Uribe inauguró la práctica de las capturas masivas en Arauca, y desde entonces campesinos y campesinas del Sur de Bolívar, Cesar, Sucre, y todo el Sur Occidente colombiano han sido perseguidos sin formula de juicio. La mayoría han tenido que ser liberados meses o años más tarde, sin que los responsables de practicar los montajes judiciales paguen por su crimen.

Uno de los casos emblemáticos es el de Julián Gil, secretario técnico del Congreso de Los Pueblos, ex seminarista y destacado líder comunitario de la localidad de Bosa. A Julián lo venían siguiendo sin que él se percatara, y sin que hasta hoy sepamos en realidad la razón. El 6 de junio de 2018, hacia las 2:30 de la tarde, cuando salió a la puerta de la sede de su organización, fue abordado y capturado por hombres de civil que lo condujeron sin mayor explicación en un carro particular. En el ágil desarrollo del proceso, Julián y su abogado conocieron los graves delitos por los que lo sindicaban: homicidio agravado en grado de tentativa, porte de explosivos, armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, y el delito de receptación. A pesar de que la Fiscalía no presentó ninguna prueba, ni indicios conducentes a demostrar los delitos que le imputaban, a Julián le impusieron la medida de aseguramiento de privación de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

Durante 900 días, casi tres años de encierro injusto, Julián, sus abogados, familia, compañeros y compañeras de trabajo y de lucha social se empeñaron en demostrar que “Juli” nada tenía que ver con los delitos que se le imputaban. La Fiscal, que más que una funcionaria del ente acusador se comportaba como una enemiga de Julián, aseguraba sin pruebas que los movimientos sociales hacían parte de la insurgencia, un señalamiento que gracias a la doctrina del enemigo interno y la seguridad nacional difundida ampliamente por las fuerzas militares y los organismos de seguridad e inteligencia, se convirtió para la sociedad en una verdad incontrovertible que mantiene en medio del odio, el repudio y el riesgo a millones de luchadores sociales.

El 24 de noviembre de 2020, la Juez Primera Penal del Circuito Especializada de Cundinamarca concedió la libertad inmediata para Julián, y lo encontró inocente de todos los delitos por los que fue acusado. Para la funcionaria, el único testigo de cargos presentado por la Fiscalía no tenía ninguna credibilidad porque tuvo varias versiones contradictorias con relación a Julián y el conocimiento de los hechos. Durante los casi tres años de encierro, los daños son incalculables para su familia, su comunidad, su organización social y para el proceso social y popular al que ha dedicado su vida. Nadie conoce las verdaderas razones de esta injusticia, y menos quien es el determinador de estas prácticas genocidas, pero ya es hora de que el país y la humanidad se sacudan de estas mafias que controlan todos los poderes del Estado y manejan hasta el último detalle de la tecnología del poder para poner fuera de combate a sus opositores y seguir manejando a sus anchas un modelo de muerte y un sistema de miseria e injusticia social.

Jorge Gómez Pinilla, en su más reciente columna Atentado al Centro Andino: ¿otro “entrampamiento”?, pone en tela de juicio los procedimientos y detalles que se presentaron en este hecho grave que les costó la vida a tres mujeres en 2017, y en donde el ente investigativo también estaba dirigido por Néstor Humberto Martínez. El columnista nos recuerda que en los magnicidios de Luis Carlos Galán y Jaime Garzón, hubo una extraordinaria y sospechosa eficacia del DAS para capturar a unos falsos culpables. Jorge Gómez se pregunta, “¿…no será que desde tiempo atrás a Colombia la gobierna la “mano negra?” Reflexión dolorosa que va acompañada de un dato de la Silla Vacía sobre los asesinatos que presuntamente cometieron agentes de la Policía en las protestas de septiembre en Bogotá: existen “7.491 denuncias contra la Policía en cinco años y, aunque usted no lo crea, no ha habido una sola condena”. ¿La Fiscalía persigue criminales o a los hombres y mujeres que son el futuro del país?

Thursday, 15 October 2020 00:00

Ardiendo, una discusión impajaritable

Ahora que la dama tiene plata
Viene el galán a la casa y promete quererla
Claro tiene el gas que es una ganga
La sal de Manaure y su carbón piedra
Pa los gringos su carbón de piedra
Pa los yankees su carbón de piedra
Pa los monos su carbón de piedra
Pa los japoneses su carbón de piedra
Pa los sudafricanos su carbón de piedra
Y pa nosotros
Que comamos
Piedras *

Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer y de paja de páramo sembraremos el mundo **

¿Qué tienen en común Alemania, Rusia y Colombia? En estos tres países emerge una resistencia, con voluntad y capacidad de adelantar una acción política en contra del corporativismo, la corrupción y la represión estatal. Los pueblos en estos países nos estamos comunicando, nos movemos, tenemos historia, y vamos a cambiar la historia que le vamos a contar a las generaciones futuras. Podría decirse que somos pueblos sin miedo.

Al ritmo de la radio y en los colores del rescoldo, inicia «Colonialismo y resistencia», el tercer capítulo de Ardiendo, una serie documental que se estrenará desde el 16 de octubre en todas las pantallas que quieran y puedan verla. Sucede en La Guajira, el gorrito largo o la península que aparece en la parte alta del mapa de Colombia. Y en la radio suena un vallenato, una particular melodía que denuncia la explotación y expropiación de los bienes comunes en este territorio. Para el equipo de Ardiendo en Colombia es muy importante hablar sobre el documental, así queríamos retratar el inicio:

Los colores del rescoldo se encuentran en el fogón, en primer plano aparecen las miradas, texturas y lugares de quienes habitan la Comunidad Charito, luego aparece el tren de la mina. El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, está abierta desde 1983, y es la causante de los conflictos socioambientales de los que «Colonialismo y resistencia» quiere hablar.

En el tren han sacado 529 millones de toneladas de carbón para su exportación. Aturde en su estridente paso, está bordeado por bases militares, divide el territorio con sus rieles y representa Carbones del Cerrejón Limited, una sociedad compuesta por Anglo American (Inglaterra), BHP Billiton (Australia) y Glencore (Suiza), quienes comercializan este mineral en Europa, Asia y Norteamérica, para posteriormente quemarlo y convertirlo en energía eléctrica para alumbrar y sobrealumbrar las industrias, viviendas y espacios públicos en estos países.

En tiempos pasados la extracción del carbón fue prohibida en Alemania por las consecuencias ambientales que hacen parte de la crisis climática. Como vemos en el primer capítulo de esta serie «Justicia climática y solidaridad», Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y otros países extraen indirectamente el carbón de La Guajira, al ser compradores son responsables de la vulneración a los derechos humanos que se vive en el norte del país.

Alemania, como Colombia, no es una unidad homogénea y abstracta. Pues no es un consenso social el conseguir la energía a través de la quema de carbón, tanto por el efecto invernadero de tal actividad, como por el efecto socioambiental en otras regiones del mundo. Allí emerge la solidaridad y el colectivo DeCOALnizate, quien propone el debate dentro de su país, bloquea la infraestructura de una central térmica para interrumpir la quema de carbón y expresa que es también en defensa del pueblo ruso donde no solo se extrae carbón, sino que se reprime a quienes se movilizan en contra del modelo minero-energético de Rusia.

Desde Kusbass, en Siberia (Rusia), las comunidades Shor reclaman por la extinción de la montaña sagrada Lysaya Gora. Tashelga, Khomutovka, Zaslonka, Kezek, Bolshaya Rechka, Shodrovo, Tos, y Chiazas son aldeas desaparecidas por cuenta de la extracción de carbón, igual que en Colombia se han desaparecido ríos y comunidades de cuenta de la misma actividad. En el segundo capítulo de esta serie «Capitalismo y crítica» se pone en evidencia, en la voz del pueblo ruso, la contradicción clara entre la finitud de los bienes comunes/la vida misma, y la acumulación por extractivismo.

Ardiendo es la traducción que realizamos desde Colombia para esta serie web documental, también tiene el nombre de Still Burning, y esperamos tener pronto una traducción al wayuunaiki, lengua indígena originaria de la península de La Guajira.


En Colombia/El Cerrejón
Podemos entender los conflictos que se generan alrededor de la minería en tres grupos: uno que considera el suelo desde una perspectiva tradicional/originaria, de habitancia, con prácticas como la siembra, el pastoreo, la pesca, la artesanía y el ritual, desde esta perspectiva sé es de y en La Guajira, pero eso significa una diversidad económica, religiosa y lingüística que ya tuvo un proceso de resistencia durante la colonización europea, y que hoy está en la crisis más profunda al desencadenarse una extinción de ríos y gentes de todas las edades.

También desde una perspectiva extractivista que se interesa por el subsuelo y su composición mineral. Desde los setenta se inició la extracción del carbón a cielo abierto, hacia 1984 se realizó el primer embarque para la exportación, y se calcula que desde 1986 la mina El Cerrejón inició su actividad. Hoy es la más grande del mundo, y la causante de la extinción que mencionamos antes. En países como Alemania y Rusia colectivos y movimientos están proponiendo acabar definitivamente con la quema del carbón y asumir la responsabilidad política de los gobiernos europeos con los derechos humanos en otras regiones del mundo, es decir que El Cerrejón podría quedarse sin compradores.

La relación con los bienes comunes suma otro conflicto. Por un lado se considera que el río no es solo una despensa de agua, animales y minerales. Con el río se han gestado otros relacionamientos que superan el orden material, y que forman la identidad de la gente; tiene cauce propio y está interconectado con todos los ríos, como una red de apoyo. Por otro lado, se considera que los ríos son la materia prima de trabajo en la extracción del carbón, por lo cual El Cerrejón ha considerado que secar 17 cuerpos de agua es importante para que la mina funcione, y que acabar con el río Ranchería, el último río que queda vivo, será indispensable para aumentar sus ganancias. En este caso, la contradicción pone de nuevo en crisis ambas perspectivas, y la realidad bajo la cual la muerte del río es colectiva e irreparable.

Un tercer grupo de situaciones que generan conflicto tiene que ver con las afectaciones que sufren las personas por la minería en La Guajira. Han sido desalojadas 35 comunidades originarias y afrodescendientes a través del engaño y la fuerza militar, vulnerando sus cosmovisiones y prácticas económicas, sociales y ambientales. La mina significa cambiar la agricultura por maquinaría, dormir con tapabocas por la contaminación del aire, vivir con aturdimientos a causa de la contaminación auditiva.

La Corte Suprema de Justicia, por primera vez en todos estos años, falló a favor de la comunidad el 18 de diciembre de 2019, reconociendo que se estaba violando el derecho a la salud y a un ambiente sano de la comunidad indígena de Provincial. Las razones: dispersión continua de material particulado y polvillo de carbón que se desplaza desde la mina hasta el interior de sus hogares, la presencia de concentraciones de este material (PM10 y PM 2.5) que supera los límites exigidos a nivel nacional e internacional, la afectación de suelos y cuerpos de agua aledaños debido a vertimientos y filtraciones en la zona, la exposición constante de la flora y fauna cercana a sustancias contaminantes, la generación de mezclas complejas de químicos y gases causantes de diversas enfermedades, entre otros factores.

En la sentencia también se explicita que Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales han corroborado incumplimientos por parte de Cerrejón sin adoptar sanciones correspondientes. Entre la institucionalidad y el corporativismo se genera la complicidad que niega la realidad de 4.770 niñxs muertxs de cuenta de estas problemáticas.

Pensar estos conflictos nos acerca a programas de soberanía energética e hídrica que permitan la superación de los mismos, y la ruptura con la expropiación y explotación que viven los territorios. Las fuentes de carbón, petróleo y gas son explotadas con el propósito de suplir dos grandes demandas: las que nos imaginamos, es decir la energía para viviendas, industrias y sistemas de transporte; y hay otra que no parece notoria, aunque en dimensiones signifique una proporción similar de requerimiento, es el caso de la infraestructura para el transporte de carga, de vuelos internacionales y del aparato militar; se gasta para mover vehículos (trenes, aviones, camiones), para alumbrar gigantescos edificios día y noche, y para construir infraestructuras.

La energía permite escribir estas palabras, imprimirlas, publicarlas en internet, y llevarlas a todas las personas que leerán y gastarán energía haciéndolo. La energía es fundamental en la vida social. Y la energía que extrae bienes comunes fósiles es fundamental en el sistema económico capitalista. Por esto hablar de soberanía energética es criticar al modelo económico, específicamente al sector minero-energético.

Cuando decimos que esta es una discusión impajaritable queremos gritar que es una discusión urgente, y a través de esta voz, que es creación y trabajo, llamarlxs a que se acerquen y vean el documental. De antemano agradecemos a las amistades, conocidxs y medios como Periferia Prensa Alternativa, por hacer parte de esta discusión.

De ñapa les proponemos que pensemos la energía en la cotidianidad: cómo la usamos y cómo la generamos. Creamos que nosotras mismas podemos ordenar nuestro territorio, entendiendo en lo urgente una apuesta política, resonante y continua, que beneficie ⸺con la urgencia que lo necesitan⸺ todas las manifestaciones de vida en La Guajira.

Nuestra administración de justicia viene enferma; desde hace varias generaciones padece de males que se volvieron endémicos, algunos de ellos agravados por otras dolencias mayúsculas que aquejan al país con repercusión inmediata sobre ella. Fernando Hinestrosa, Estado actual de la justicia colombiana: diagnóstico y soluciones.

Los males que hoy padece la justicia colombiana no son nada nuevos. Como consecuencia de la crisis económica que perturbó a Colombia en 1930 surgieron varias corrientes renovadoras conformadas por quienes propugnaban por unas transformaciones estructurales a nuestra rama judicial y poder así responder a las verdaderas necesidades de la nación.

En 1965, los abogados y catedráticos Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Gabriel Gutiérrez Tovar, en su obra La reforma judicial en Colombia, señalaron como “desde hace mucho tiempo captamos cuán honda e intensa inconformidad existía en el país por su sistema judicial, aquejado de lentitud e ineficacia y cómo –infortunadamente– cada día descendía el aprecio y veneración que un pueblo organizado debe a sus jueces”.

En 1986, el entonces Presidente Virgilio Barco advertía que “sin justicia oportuna que aplique la ley en los casos particulares sometidos a su consideración (…) no habrá paz ni orden social”. En 2007, en su análisis La problemática de la Administración de Justicia en Colombia, Eduardo Fierro y Martha Cecilia Manrique identificaron que la duración de los procesos judiciales en Colombia era el mayor de toda América Latina.

En el año 2016, el Rule of Law Index del World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil que trabaja “para extender el imperio de la ley en el mundo”, ubicó a Colombia en el puesto 70, entre 113 países, en un ranking sobre la efectividad de la justicia civil, y en el puesto 91 respecto a la justicia penal.

El Doing Business que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades seleccionadas, nos ha posicionado en el puesto 174 entre los 190 países analizados, concluyendo que el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en el país es de 1.288 días (735 más que la media de los países de la OCDE).

A juicio de esta última organización, nuestra justicia es incompetente, carente de conocimientos técnicos y de gestión. Existe complejidad normativa: desde 1991 se han expedido 2.010 leyes. La impunidad es del 97.7%, pues apenas el 2.3% de los casos penales son juzgados. Predomina el yo te elijo, tú me elijes, incentivado por la corrupción y el clientelismo. Campea la inseguridad jurídica aupada por múltiples interpretaciones de las normas por carencia de precedente judicial.

Ahora bien, uno de los problemas identificados de forma más recurrente es la congestión judicial, que se define de distintas maneras y que usualmente se asocia con la acumulación o no tramitación de una cantidad superior al 35% de los procesos que tuvo a su cargo un despacho judicial durante los últimos 12 meses. Según Fierro y Manrique, algunas de las mayores causas son la morosidad de algunos funcionarios y empleados de la rama judicial, la inconveniente distribución de personal, las deficiencias tecnológicas, los procedimientos excesivamente formalistas y la excesiva litigiosidad.

Otra de las problemáticas que ha tratado de resolver desde hace décadas nuestro país, tiene que ver con el esquema de gobierno y de administración de la rama judicial. A pesar de las múltiples reformas que se impulsaron bajo la Constitución de 1886, no se logró encontrar un esquema que mantuviera un equilibrio en la rama, una estructura que permitiera un correcto direccionamiento técnico y estratégico, y asegurara la autonomía y la independencia de los jueces.


En cuanto a las soluciones, si bien los diferentes gobiernos al menos han manifestado no ser indiferentes ante la problemática, transcurren los años y no se han aplicado verdaderas soluciones. Es así como en los últimos 20 años, los intentos de reformar la justicia no han pasado de ser eso, simples intentos. Veamos:

Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2002, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia. Proyecto de Ley Estatutaria 112 de 2004, por el cual se reforma la Ley 270 de 1996. Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2008, por el cual se reforman unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo 09, 11, 12, 13 y 143 de 2011, por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia

Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2011, por medio del cual se reforman los artículos 78, 86, 116, 179 a 181, 183, 184, 228, 230 a 232, 237, 238, 241, 254 a 257, 264 y 265 de la Constitución Política de Colombia; acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011. Proyecto de Ley 137 de 2013, por el cual se consulta al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política en lo relacionado con la Justicia y la elección de sus delegatarios. Proyecto de Acto Legislativo 18 de 2014, por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, fue aprobado y se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, la estructura básica de dicha reforma constitucional, en lo relacionado con el Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016 y otras decisiones complementarias (C-053, C-230 y C-373 de 2016 y C-094, C112 y C-290 de 2017).

Proyecto de Acto Legislativo 19 de 2014, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de Administración de Justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos. Proyecto de Ley Estatutaria 130 de 2015, por el cual se desarrolla parcialmente el Acto Legislativo número 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Acto Legislativo de 2018, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.

Iniciativas todas que han fracasado. Mientras tanto los colombianos seguimos aquejados por la falta de seguridad jurídica que ha sido definida por la Corte Constitucional como “aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del Derecho cuando el mismo se aplica”, y, en este sentido, constituye un componente esencial de un Estado de Derecho y del funcionamiento ordenado de las instituciones. Sin embargo, la complejidad del ordenamiento jurídico colombiano y la excesiva litigiosidad ha hecho que este principio del derecho sea frecuentemente desconocido frente a las decisiones judiciales. Esta situación ha generado que los colombianos no tengamos nunca certeza sobre las decisiones judiciales que se profieren en cada uno de nuestros casos en particular, pues, por regla general, existen más de siete recursos o acciones contra una sentencia (reposición, apelación, impugnación, queja, revisión, casación y tutela contra la decisión de casación).

Caso aparte de la variopinta gama de recursos y de la inseguridad jurídica que hoy padecemos, lo constituyen la tutela contra decisiones judiciales en firme, y la tutela contra sentencias de tutela. Estas dos figuras, aparte de acrecentar la inseguridad jurídica, han desatado los denominados choques de trenes, pues las decisiones ejecutoriadas, en firme, son revocadas, anuladas por otros jueces o magistrados que lastiman el henchido ego de sus pares desencadenando arduas disputas que trascienden del ámbito académico y laboral, al personal, y que solo perjudican al ciudadano de a pie esperanzado en obtener pronta y cumplida justicia.

Quien lo creyera, a pesar de conocer suficientemente sus padecimientos, el panorama de nuestra justicia es peor hoy que hace noventa años. Se encuentra maniatada por los corruptos, la ineficiencia, el burocratismo, la improvisación y, hoy más que en el siglo XX, por la politización de las altas cortes.

La reforma a la justicia no da espera, verdadera trasformación integral debe comprender, en lo administrativo, una política pública de administración de justicia que fortalezca la independencia y autonomía en su gobierno, que establezca un servicio planeado, con tecnología de punta, con una gestión y ejecución del presupuesto controlables. Para la eficiencia de los procesos se requiere que cuanto antes se implemente la meritocracia, sin excepción. Hoy el 44% de los cargos de jueces y de magistrados, y el 50% del personal de auxiliares, son provisionales.

Todos los cargos deben proveerse por concurso de méritos y no a dedo. No hay razón valedera para someter a las normas de carrera la escogencia a un citador de un juzgado municipal, mientras que la elección de un magistrado se hace a través del ejercicio de prácticas clientelistas cual proceso de elección de un mandatario local; el atraso en la adopción integral de la meritocracia judicial es evidente, con ello se impediría el clientelismo y se facilitaría el acceso de los más idóneos para desempeñar tan esencial tarea.

En materia de virtualización se debe superar la fase del discurso. La justicia debe dotar con conectividad efectiva y eficiente a los despachos judiciales, de métodos eficientes de archivo, de sistemas rápidos de copiado y reproducción de las audiencias, contar con salas de audiencias dotadas con excelentes equipos, con ello se facilitan las audiencias, sobre todo en lugares de acceso complejo, como cárceles de mediana y alta seguridad, facilitar el acceso a personas con discapacidad, etc.

En lo relacionado con el aspecto propiamente jurídico y normativo, debe establecerse un verdadero proceso de formación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hoy no tiene cobertura territorial, este centro de enseñanza requiere urgentemente incrementar su presupuesto para poder ampliar sus programas y llegar a todos los rincones de la patria.

Dada la múltiple expedición de leyes, inflación o proliferación legislativa, se ha propuesto dotar al gobierno de precisas facultades para que compile las normas de orden legal por materias. Con base en esa compilación, le corresponderá al Congreso el deber de proferir la nueva legislación de manera ordenada por sectores, identificando la normativa que modifica de manera precisa, dando con ello mayor claridad a los operadores jurídicos y al ciudadano en general.

Nuestro país evidencia una falta absoluta de política anticriminal del Estado, esta debe convertirse en otra verdadera política pública. Ese será el inicio de una auténtica reforma de la justicia. Se parte del errático supuesto de que todos los problemas de la justicia penal encuentren solución en nuevas leyes, esa es la razón por la cual hoy coexisten múltiples sistemas de enjuiciamiento criminal: la Ley 600 del 2000, la Ley 1826 del 2017, el Código de Infancia y la Adolescencia, el Código de Justicia Penal Militar, el Código de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Ley 906 que ha tenido 20 reformas en 17 años de vigencia.

Con el fin de dar solución definitiva a la grave crisis detectada, se ha dado a conocer un nuevo proyecto de acto legislativo propuesto por el Ministerio de la Justicia y del Derecho que algunos expertos consideran un revoltijo sin columna vertebral, pensado para resolver problemas coyunturales y no de fondo. Paños de agua tibia para un enfermo terminal y que resultarán peor que la enfermedad. Se pretende, con el fin de obtener el apoyo de los actuales magistrados, por un lado, garantizar su pensión extendiendo su período de ocho a doce años y, por el otro, darles un mayor control sobre el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, se va a robustecer el detestable carrusel o el yo te elijo, tú me eliges.

Otras de las críticas al proyecto de reforma se fundamenta en que definitivamente se perpetua el mecanismo de cooptación, que es un sistema de selección de nuevos magistrados por nominación interna de los magistrados antiguos, sin dependencia de criterios externos; lo que tira por la borda cualquier intento de que el ascenso por méritos, propio de la carrera judicial, se implemente en las altas cortes.

Esta propuesta de reforma, al igual que las anteriores se hace sin consultar las necesidades del país, sin escuchar las voces de la ciudadanía y sobre todo ignorando el concepto de los directos interesados: abogados litigantes, empleados judiciales operativos, las facultades de derecho, asociaciones de abogados, etc.

Oscuro panorama el de la Justicia colombiana. Como en un verdadero Macondo o lugar de lo imposible seguiremos padeciendo de carteles de la toga, puertas giratorias, carruseles de las pensiones, ineficiencia rampante y congestión en aumento.

El sistema de salud colombiano vive en crisis permanente desde la aprobación de la ley 100 de 1993, por medio de la cual se crearon las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como administradoras de recursos y como intermediarias entre el Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (hospitales, clínicas, centros de salud y de emergencias, entre otros).

Según la exposición de motivos de la ley 100, ésta se crea para hacer frente a un sistema de salud inequitativo y con problemas de acceso y calidad para la mayoría de la población. Con esta ilusión, aparecen las EPS “como salvadoras”, no obstante, casi tres décadas después, las condiciones perduran y la corrupción y el mal manejo de los recursos se ha profundizado.

A nivel nacional, los trabajadores y las trabajadoras de la salud se han visto obligadas a protestar para exigir el pago de salarios que se retienen por meses, el promedio nacional de la deuda con los trabajadores de la salud es de 4 meses. Por otro lado, los hospitales permanecen sin elementos básicos y los medicamentos han sido suplantados por acetaminofén.

Aunque la tasa de cobertura ha mejorado a nivel nacional, debido a la afiliación de gran parte de la población, departamentos como el Caquetá continúan con una cobertura del 78%, lo que lo ubica como el quinto departamento con mayor índice de barreras de acceso a servicios de salud con 11,27% de los hogares desprotegidos, y noveno departamento en barreras de acceso a salud para cuidado de la primera infancia con el 24,14%.

En suma, las Instituciones prestadoras de salud han sido categorizadas en tres niveles y solo las grandes ciudades cuentan con entidades de tercer nivel en las cuales se prestan la mayoría de especialidades, como si los departamentos más alejados de la capital o con menor población pudieran contraer únicamente enfermedades comunes.

En el departamento del Caquetá solamente hay hospitales de segundo nivel en las cabeceras municipales de Florencia, La Montañita y Morelia, en los demás municipios hay hospitales o puestos de salud de primer nivel, con personal limitado y las especialidades básicas. En lo que respecta al sector rural, la red de salud es casi inexistente y las pocas instituciones presentan problemas de infraestructura, problemas de dotación y mínima o nula presencia de personal.

Sistema de salud y covid-19
Desde la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), se realizó [en mayo] el foro “Sector salud y territorios en medio de la crisis actual”, en el que participaron Yesid Camacho, expresidente del sindicato de trabajadores de la salud ANTHOC; Yahira Granados, funcionaria de la ESE Sor Teresa de Adelle del municipio de Cartagena del Chairá; María Gonzáles, funcionaria de la ESE sor Teresa de Adelle del municipio de El Doncello; y Carlos Garay, coordinador indígena del tema de salud de ASCAINCA y miembro de la OPIAC.

Los cuatro panelistas fueron enfáticos en señalar que la principal problemática del sistema de salud es la ley 100 de 1993, debido a que su accionar convirtió los hospitales en puestos de salud con miles de problemáticas porque los dineros quedan en la intermediación de las EPS. Además, la ley fomenta la violación de las condiciones laborales y la integridad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud.

La ley 100 ha generado barreras geográficas, financieras y administrativas que quebranta el derecho a la salud de la población en general. A ello hay que sumar las malas administraciones que perduran en las entidades prestadoras de salud debido a las redes de corrupción y la politiquería local.

La mayoría de departamentos carecen de camas de Unidad de Cuidados Intensivos suficientes para enfrentar una emergencia. La precariedad del sistema de salud rural motivó a las comunidades a establecer puestos de control y desinfección para evitar la propagación del virus en los territorios.

Adicional a esto, quedó demostrada la dificultad para dar atención a problemas psicológicos que se han agudizado durante la pandemia, en muchos casos, potenciados por el manejo que los medios de comunicación han dado a la situación. También el abandono en el que viven los pueblos indígenas, quienes han denunciado el etnocidio por el que atraviesan. En los últimos días, el coronavirus cegó la vida de Camilo Suárez, diputado del departamento de Amazonas e importante igura para los pueblos indígenas de la Amazonia.
El Gobierno Nacional anunció la inyección de recursos al sistema de salud, acción que no implica que los dineros lleguen a hospitales o puestos de salud, como debería ser. Los recursos llegarán a las EPS, que en el mejor de los casos usarán los dineros para pagar las deudas que tienen con los hospitales desde hace años.

Propuestas
Es necesario cambiar la lógica con la que se viene manejando el sistema de salud en Colombia. Abolir la intermediación y potenciar la salud rural. Esto implica mejorar la conectividad de los territorios y la red de comunicaciones que permita a las comunidades indígenas y campesinas acceder al servicio de salud.

De igual manera es indispensable restituir los derechos que perdieron los y las trabajadoras de la salud con la ley 100. A finales del 2019 se presentó el proyecto de ley 291 con el que se pretende garantizar que el Estado les pague de manera directa. Dotarlos permanente de elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que el covid-19 no es la única enfermedad contagiosa, existen otras como la tuberculosis.

Por otra parte, urge avanzar en la creación del sistema de salud indígena, fortalecer los procesos de trasferencia de conocimientos y reconocer el valor de la salud tradicional y ancestral que pueden curar enfermedades que no cura la medicina occidental.

Medio ambiente y PDET´s
Vale la pena mencionar que los problemas ambientales como la contaminación de las cuencas hídricas, el aire y los alimentos causada por la minería y aspersiones de glifosato, amenazan la salud de los pobladores del Caquetá. La salud empieza por la prevención, por ello son indispensables unas condiciones ambientales óptimas y un fomento de la soberanía alimentaria.

Uno de los pilares de la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fue la salud. Las comunidades fueron enfáticas en manifestar que la salud rural debe estar a cargo del Estado y no puede depender de agentes privados nacionales o internacionales. Entre las iniciativas para mejorarla se contempla asegurar la comunicación y la conectividad de los territorios, fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y consolidar escuelas interculturales que involucren la medicina ancestral para construir una Salud Rural con enfoque comunitario y amazónico.

*Este artículo fue publicado inicialmente en el medio amigo recsur.com.co

Monday, 10 August 2020 00:00

Anti- homenaje

Monday, 10 August 2020 00:00

Editorial 159: Duque renuncie

La elección de Iván Duque como presidente de la república en 2018 nos deja una conclusión demoledora, y en suma vergonzosa: a la sociedad colombiana le tiene sin cuidado las cualidades éticas, humanas, intelectuales y políticas de la persona que vaya a conducir y administrar los destinos de su patria. Honestamente, ¿quién conocía a Iván Duque?

La otra, igual de triste y desoladora, es que la gente sigue esperando que sean los medios de comunicación masivos, y los caudillos de mala reputación, o los grandes señores, empresarios y apellidos ilustres venidos a menos, los que elijan al candidato. Para ser presidenciable, se requieren cualidades poco ortodoxas: ser rico, mentiroso, perverso, hipócrita, cruel, odiar a los pobres, tener doble moral, carecer de ética, amar la plata y a los gringos por encima de todas las cosas, ser vengativo, corrupto, odiar la paz, tener amistades del bajo mundo, nadar bien, rezar, tocar guitarra, hacer veintiuna con los pies y la cabeza, protestar contra las reformas tributarias y la privatización o venta de activos del Estado cuando las promueven los demás, buscar negocios rentables para los hijos, la familia y los amigos, y por supuesto garantizar que los cargos de control del Estado sean ocupados por gente cercana, y ojalá mediocre y cínica.

Iván Duque cumple todos los requisitos. Su ineptitud está fuera de toda discusión. La economía vista como la cualidad de distribuir los bienes escasos de la mejor manera, es una asignatura reprobada. La concentración de la riqueza se incrementó al mismo tiempo que el desempleo y la corrupción. Expertas como la profesora Helena Pérez de la Universidad Tadeo Lozano, y estudios de la propia OCDE, señalan a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo y el más desigual de América. Por otro lado, medios oficialistas como Caracol televisión informaron que la revista gringa especializada U.S. News ubica a nuestro país como el más corrupto del mundo. Y el propio contralor, mejor amigo del mejor amigo del mandatario (o sea el fiscal), aseguró que al año en Colombia se roban entre 40 y 50 billones de pesos, especialmente en los sectores de salud y educación, todo en la más completa impunidad. ¿Quién se roba toda esa plata, los atenidos?

La pandemia sacó a relucir la pobrísima capacidad de Duque y su nula experiencia como administrador de crisis. Con más de 120 decretos, el presidente peló el cobre dirigiendo los recursos hacia los banqueros y los empresarios más ricos. Sacó un decreto (el 546) para disminuir el hacinamiento, y hasta el momento han salido muy pocos presos, por el contrario, se han contagiado más de mil solo en la cárcel de Villavicencio. Firmó otro (el 965) de sometimiento para enfrentar el conflicto y promover la paz, el cual fue ofrecido a paramilitares y al ELN, quien por supuesto lo rechazó. Tuvo su propio agro ingreso seguro 2.0 con el programa “Colombia Agro Produce”, cuyos recursos millonarios, manejados por Finagro, pararon en los bolsillos de empresarios como De Carbone que donaron millonarias sumas a la campaña de Duque. También Duque se auto habilitó –con el Decreto 811 del 4 de junio– para vender activos del Estado, Duque quiere vender a Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro, bajo la falsa justificación de paliar la crisis de la salud.

Este señor no le atinó a una sola de sus metas, o tal vez les atinó a todas en materia de orden público, derechos humanos y paz. El terrorismo de Estado, la represión, el paramilitarismo y el narcotráfico se desbordó. En sus 20 meses de gobierno, según el reciente informe de Indepaz, el Estado es responsable, por acción u omisión, de 573 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y defensores o defensoras de derechos humanos, 82 de ellos en medio del confinamiento, también de los 138 asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo y 20 de sus familiares. Casi todos los departamentos en donde el paramilitarismo había desaparecido fueron militarizados por los grupos neo paramilitares en las narices de miles de soldados.

Los escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno y a las fuerzas militares con la corrupción, compra de votos, narcotráfico, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, chuzadas y violencia sexual, tampoco paran. La ñeñe política cada vez cuenta con más pruebas, videos, y llamadas entre el propio Duque y el ñeñe. Nada sucedió por la denuncia de los laboratorios de producción de coca encontrados en la finca del embajador de Uruguay, ni por los hedonistas viajes del fiscal y su amigo el contralor en plena pandemia. Ni por los gastos desmesurados en camionetas, computadores, armas, ni por las investigaciones contra su exministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez por paramilitarismo, las de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez por negocios con el narcotraficante conocido como “El Fantasma” y el ocultamiento de su hermano preso por narcotráfico, ni por el “tape tape” de los falsos positivos, las chuzadas ilegales y las violaciones de niñas por parte de militares activos que llevaron cínicamente a la destitución del militar denunciante del crimen. Ante todos estos graves hechos no hay sanciones, responsables, ni acciones por parte del mandatario que le aprendió muy bien a su mentor el arte de evadir la responsabilidad. Impunidad total e ilegalidad caracterizan a este gobierno. El que la hace, no paga.

El que siga apoyando a Duque lo hace de porfiado, o porque simplemente tiene un alma perversa, o se beneficia de sus políticas. Duque jamás debió ser elegido, ni siquiera ser candidato. Duque renuncie.

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