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Por Julián Gil 

Llenar las cárceles en Latinoamérica parece ser la mejor forma en la que se expresa la política de combate en contra de la pobreza, pero no con la finalidad de acabarla proponiendo mejores condiciones para la vida, sino mediante el ataque directo a los pobres. La imposición de políticas de criminalidad, identifican los mecanismos de supervivencia o protesta como factores que alteran la seguridad y el orden en los Estados, mas no se ubica en el centro el abordaje de los problemas sociales que sustentan los comportamientos delictivos.

En Colombia esta situación parece cada día profundizarse mucho más, sin importar la infinidad de denuncias, llamados internacionales, o el reconocimiento de un Estado Inconstitucional de Cosas -EIC en cuanto a la situación de las cárceles. La política criminal avanza endureciendo su paso irreflexivo, que encubre los problemas reales que vive la sociedad, ensañándose principalmente con las clases más empobrecidas y marginadas, mientras que a las clases con más dinero se les condona la pena o se les considera irrelevante su delito.  Sujeta a esta se encuentra la política penitenciaria y carcelaria, enfocada en resocializar a aquellos infractores de las normas sociales, y que debe garantizar las condiciones mínimas de vida y herramientas para superar los problemas que les han conducido a infringir la ley, de manera que sean aptos para nuevamente estar en la sociedad.

Analizar esta política penitenciaria y carcelaria es acercarse a la piedra angular del funcionamiento del Estado y de la sociedad colombiana, pues permite comprender el sometimiento de la soberanía nacional a las directrices estadounidenses en cuanto a la política criminal, la violencia sistemática que habita en los territorios y la utilización de esta por el Estado para el cumplimiento de los intereses de las clases dominantes.  La estructural pobreza que no deja más opciones que participar en alguna ramificación de la violencia, la corrupción o la delincuencia, así mismo la corrupción estructural que habita en todas las instancias del gobierno nacional, que somete a miles de personas a tratos indignos con el único interés de mostrar resultados y llenar algunos bolsillos;  dejando en evidencia las orientaciones propias del modelo neoliberal, que restringe los derechos de los ciudadanos y rezaga la garantía de derechos (Navarro, 2005).

En este texto presentaré un somero análisis del documento CONPES[1] 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria de Colombia para el cuatrienio 2015-2019. Para ello me permitiré, en un primer momento, hacer una revisión de los propósitos y las pretensiones de esta sobre la población carcelaria; segundo una mirada a algunos informes de derechos humanos y a las sentencias de la corte suprema de justicia; y por último, plantear algunas conclusiones a modo de reflexión y apertura de la discusión.

Propósitos y aspectos generales de la Política Penitenciaria y Carcelaria

La política penitenciaria y carcelaria tiene la central pretensión de satisfacer la “demanda” de cupos producidos por la política criminal. Propone atender aspectos que inciden directamente en los “centros penitenciarios, tales como la adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos; el mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad; y la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado (CONPES, 2015, pág. 56).

De la implementación de esta política pública en el cuatrienio comprendido entre 2015 a 2019 se espera la reducción de la tasa de hacinamiento en 7 puntos porcentuales; una disminución en la relación entre sindicados y condenados[2] de 9; la generación de 11. 843 cupos penitenciarios y carcelarios mediante obra pública a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC; y, 7200 nuevos cupos bajo el esquema de asociaciones público privadas; el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario y carcelarios con un aumento en las salas de audiencias de 88 a 645 al finalizar el cuatrienio, así como la disminución en hasta un 80% de la extorsión que se produce desde las Estructuras de Reclusión de Orden Nacional-ERON.

Pretende instaurar una racionalidad en el uso de medidas privativas de la libertad, el mejoramiento de los programas de resocialización de la población privada de la libertad, y la implementación de soluciones para las personas detenidas preventivamente, con el fin resocializador de la pena. Responsabilidad que recae principalmente en el Ministerio de Justicia, seguido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC; entidad que debe garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad al proveer alimentación, servicios de salud, vigilancia e infraestructura; finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia-INPEC quien asume la tarea de vigilancia y custodia, y que en algunos pocos casos es asumida por entidades de seguridad privada.

Importante resaltar que el presupuesto calculado por la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario -Fecospec para quienes tienen prisión intramural, ronda los $13 millones por persona (Ojeda, 2018). Es decir, en promedio, por cada preso, el Gobierno destina en su Presupuesto Carcelario del Ministerio de Justicia, $1.092.000 mensuales; lo equivale a un aproximado de $132 mil millones de pesos al mes, y $1.3 billones al año.  

Es posible revisar la división mensual de los $132.000 millones destinados por el gobierno para el mantenimiento de los presos: primero, $54.267 millones de pesos pago de nómina INPEC; segundo, $37.968 millones de pesos bienes y servicios contratados a terceros donde se incluye la alimentación de los internos, cuya cifra es de 28 mil millones de pesos al mes; tercero, $13.527 millones de pesos Gastos Generales, en donde se incluyen los Servicios Públicos, Mantenimiento, Transporte de Internos y compras de Muebles y Enseres; cuarto, $8.355 millones de pesos Gastos de Ocupación Laboral y Atención a los Reclusos, donde están incluidos los servicios de salud; y por último, $17.000 millones de pesos en nuevas construcciones o reparaciones locativas.

Siguiendo este punto y pensando en la pretensión de garantías de derechos contenida en esta política pública, del rubro de $28 mil millones de pesos al mes destinados para alimentación, se estima que se asigna a cada preso $232.128 mensuales, cifra que, por día, equivale a $7.738 y por comida es de $2.579 pesos (Mantilla, 2016). Monto que denota un abandono en relación al costo de vida. 

Puntos de análisis

Esta política pública supone la búsqueda de garantías efectivas de derechos básicos como el acceso a la salud, la alimentación digna, acceso a la justicia y la resocialización (función social de la cárcel). Sin embargo, como lo ha manifestado la Corte Suprema de justicia en la sentencia T-338 de 2013, existe un Estado Inconstitucional de Cosas-EIC en el sistema penitenciario y carcelario por las condiciones en la que estaban viviendo los reclusos; razón por la cual, se expidieron órdenes y mandatos generales y específicos para poder remediar la situación; así mismo, en el año 2015, la Sentencia T–762 reiteró el EIC.

Con estas sentencias se realizó un recuento de los derechos que son violados a las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios; hace énfasis en la protección diferenciada que se le debe dar a estos; y define el problema de la situación penitenciaria y carcelaria como un problema estructural y complejo.  Ahora, con la sentencia T - 762 del 2015, además de reiterar el EIC, expuso que el gran aumento del hacinamiento en estos centros penitenciarios equivale a una política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, etc. (Prisiones, 2019).

Es preciso señalar que el hacinamiento carcelario que está presente en la mayor parte de los países latinoamericanos, es un problema que genera sufrimiento a miles de personas privadas de libertad. De la misma manera, el estado de las infraestructuras penitenciarias y las innumerables condiciones deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos “comprometen la posición del Estado como garante de derechos fundamentales” (Arenas & Cerezo, 2016).  Este no es un fenómeno aislado, sino que se trata de un modelo globalizado que hace presencia tanto en los denominados países desarrollados como en los que se encuentran en vía de desarrollo, que, en el caso colombiano, se caracteriza por un incremento alarmante en los últimos años, debido a las reformas legislativas que crean nuevos delitos, aumentan las penas,  y restringen beneficios y subrogados penales.[3]

De acuerdo a informes presentados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, se calcula que a la fecha existe una población de 122.417personas que habitan en los 137 centros carcelarios, pero que cuentan con una capacidad para 80.373, lo que significa un hacinamiento equivalente al 52.3% (INPEC, 2019, pág. 24). Particularizando, hay regiones donde este índice de hacinamiento llega hasta un 372 % como es el caso de Riohacha, que tiene una capacidad para 100 personas y es habitada por 474 (2019, pág. 28).  

Es decir que, a junio de 2019 la situación que pretendía resolver la implementación de esta política pública, se podría calificar como ineficiente, pues los índices de hacinamiento no han podido ser resueltos; y de acuerdo al crecimiento anual de la población privada de la libertad la generación de nuevos cupos no da abasto, y en relación a la generación de los 11.843 cupos penitenciarios y carcelarios no se cumplió ni la mitad, llegando solo a 2.420 cupos (2019, pág. 25).  

Según informe del Comité Internacional de la Cruz Roja-CIRCn 25 años el problema del hacinamiento ha pasado de 1.7 al 52.3% en relación a las cifras presentadas por el Inpec en junio de este año; asunto que bien puede relacionarse con la represiva política criminal que ha multiplicado el uso de la prisión preventiva (Kooyman, 2018). 

En este mismo informe de la CICR presentado el 21 de marzo de 2018, se manifiesta que la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente. Falta espacio de esparcimiento y resocialización. La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento, además, el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan en evidencia la dificultad para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas, pues la demanda real que se estima por el mismo INPEC equivale a la contratación de 40.000 empleados para dar cobertura a las actuales necesidades (Kooyman, 2018).

En el cuarto informe de seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, se concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que es imperativo que el Estado implemente una estrategia para reformar la política criminal y superar el Estado Inconstitucional de Cosas de las cárceles y el sistema penitenciario.  Es evidente una crisis humanitaria con la negación de una alimentación digna, limitado o inexistente acceso a la salud, y limitado acceso a la justicia, llegando a tratos inhumanos y denigrantes.

En cuanto a la garantía del derecho a la salud, es claro que existen muchos problemas, como la falta de personal médico y una adecuada infraestructura. También es recurrente la escasez de medicamentos e insumos en ciertos establecimientos y hace falta una política de prevención de enfermedades. Conjuntamente, hay dificultades de acceso a la justicia y a la administración en las diferentes fases de criminalización, que incluyen la falta de una defensa penal efectiva en la fase de judicialización, o la aplicación adecuada de beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional, entre otros.  Además, de estos elementos se devela la incipiente implementación de un enfoque diferencial en el sistema penitenciario; se mantiene un irrespeto generalizado de los derechos de las poblaciones vulnerables con necesidades especiales, como las mujeres, las personas con discapacidad, la población mayor o la población LGBTI (Dejusticia, 2018).

Todo este cuadro se agrava ante el aumento de la tasa de personas que va a la cárcel, y esto no corresponde a una completa construcción de garantías humanas en los centros de reclusión.  De manera que, de cada 100 mil personas, 391 se encuentran privadas de la libertad, y esta cifra, comparada con otros años, demuestra un aumento de los niveles criminalidad; situación que se presenta incongruente con respecto a la necesidad actual de 42.044 nuevos cupos en relación a la tasa de hacinamiento actual. Los 11.243 cupos nuevos son insuficientes para garantizar las necesidades de espacio físico y condiciones mínimas de vida. 

Por otra parte, es importante señalar la estratificación o categorización social, de acuerdo a la capacidad socioeconómica de los reclusos, en la garantía de sus derechos básicos. Indistintamente, la criminalidad de acuerdo al enfoque de la justicia colombiana, se encuentra alojada mayoritariamente en los estratos más bajos de la sociedad; para lo cual se han diseñado centros carcelarios que no garantizan mínimos para vivir en dignidad; y para aquellos casos “excepcionales” de corrupción burocrática o delitos de las clases altas de la sociedad, existen otro tipo de centros de reclusión, donde no sólo se garantizan sus derechos, sino que hay espacio para opulencias o excentricidades de acuerdo a sus capacidades económicas.

En este mismo sentido, es importante resaltar que el diseño de estas cárceles no corresponde a la garantía de mínimos vitales, tal como lo indica el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en su Informe la implementación de nuevas cárceles en Colombia (FCSPP, 2012), refiriéndose a la Estructura de Reclusión de Ordena Nacional- ERON picota:

“tiene grandes errores en su diseño; las personas detenidas deben estar encerradas en cuatro paredes las (24) horas del día; pues la cárcel no cuenta con un patio al aire libre, realizan todas sus tareas bajo una luz dura fluorescente que titila con frecuencia dificultando la lectura y aumentando el estrés. Los que quieren ver el sol tienen que acercarse a las mallas, donde por supuesto no caben todos. ¿A quién se le ocurre diseñar y construir cárceles sin un patio al aire libre? Al INPEC y sus asesores expertos del bureau de prisiones de los EE.UU” (FCSPP, 2012, pág. 14) .

Construcciones que agudizan la carencia de condiciones para la resocialización, dado el reducido espacio para el desarrollo cotidiano de la vida; destacando el tamaño limitado de las celdas, la ausencia de sistemas de ventilación, la inexistencia de espacios comunes suficientes, la imposibilidad de creación de talleres de trabajo y demás áreas educativas que sean adecuadas para los fines resocializadores de la pena, la ineficiente evacuación de aguas residuales, la permanente obstrucción de las cañerías y el consecuente aumento de malos olores, y la deficiente prestación de los servicios de salud.

Apuntes para la reflexión

Es preciso problematizar la Política Criminal en relación a la Política Pública Carcelaria y Penitenciaria que estamos analizando, resaltando que en los principales resultados de la política criminal queda en evidencia los efectos negativos que han ocasionado en la política penitenciaria y carcelaria, y la urgente necesidad de una nueva orientación.  Pues si bien esta segunda busca garantizar unos mínimos vitales para las personas privadas de la libertad, no es ni va a ser suficiente, dado el endurecimiento de la primera. En lo que se puede inferir que se mantendrá sistemáticamente una violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y no alcanzará una cobertura total o universalidad en su implementación; es más, se tiende a agudizar la focalización de estas mejoras paliativas (Tavares, 2019, pág. 9).

El enfoque de castigo sin ningún tipo de cuidados a las personas, ni garantías sociales, además de una política criminal tan agresiva, en donde se da una sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social, sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad, contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. Todo esto no apunta a lograr una real solución de los problemas que se viven en la sociedad. Las cárceles no brindan reales soluciones a los problemas estructurales que enfrenta la sociedad colombiana.  

Como señala Elke Kooyman, un rediseño de la política criminal, así como de la política penitenciaria y carcelaria, debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad. Como se desarrolla la política carcelaria en Colombia es insostenible. La política pública no debería enfatizar solamente en la construcción de nuevos cupos, sino también en la garantía de los mínimos vitales para las personas privadas de la libertad.

Es importante destacar el papel de las organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos, la Red Comunitaria Trans, las asociaciones de familiares como la Asociación de Familiares de Presos- ASOFAMIPRE, las organizaciones de personas privadas de la libertad como el Movimiento Nacional Carcelario, también el papel de las mismas instituciones garantes de los derechos sociales como la Defensoría del Pueblo en la labor de denunciar, exigir y cuidar la vida como valor máximo en la sociedad. Mucho más en las condiciones oprobiosas a las que somos sometidas miles de personas en el mundo, bajo el argumento de cumplir con el orden social y el cuidado del statu quo.

El Acuerdo de Paz vive su momento más crítico: con el de Robert Hurtado son en total 197 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos, 118 de ellos durante la presidencia de Iván Duque; la implementación no arranca, pero el gobierno insiste en medidas como la erradicación forzada que van en contravía de lo negociado; y el Ministro de Defensa dijo, al parecer en son de advertencia, que el país debería estar dispuesto a renegociar el acuerdo. A pesar de todo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y Sandra Ramírez están convencidos de invertir todas sus energías en el proceso de paz.

Sandra participó en las negociaciones de La Habana y es una de las voces que representan al partido en el Congreso. Nació en La Paz, Santander, tierra que huele a dulce de guayaba, y es hija de quien fue el enfermero y partero de su vereda. Estudia sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y aún no logra adaptarse a los vericuetos de las plataformas virtuales.    

Hoy se cumplen 56 años de la fundación de las FARC-EP, guerrilla devenida a partido político, Periferia habló con la senadora, y compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, para conocer cuál es el futuro que vislumbra ella para la paz y para el partido:

Pregunta: No es un momento nada dulce para el proceso de paz.

Respuesta: El acuerdo es la mejor obra reparadora para la sociedad colombiana que se haya firmado. Nosotros tenemos un universo de casi nueve millones de víctimas directas del conflicto. Pero hay víctimas de la pobreza, víctimas del modelo económico. El acuerdo tiene un espíritu transformador para alcanzar una sociedad reconciliada, y un país más justo, equitativo, en paz, un país en el que se garantice la vida. Eso es el acuerdo.

Desafortunadamente hoy el partido que está en el poder es el mismo que cuando estábamos en La Habana se opuso totalmente, el mismo partido que hizo una campaña con mentiras por el no en el plebiscito. Hace poco citaron un debate en el Senado de la Republica, no para hablar de los incumplimientos del Estado, al que le corresponde cumplir con la implementación, sino para hablar de los incumplimientos de las FARC-EP, de una guerrilla que ya no existe.

Este mismo partido es el que ahora está pidiendo renegociar el acuerdo. ¿Con quién lo van a renegociar, con las FARC-EP que ya no existen? ¿Con los países garantes, o con los países acompañantes? ¿Con la ONU? ¿Con quién? El acuerdo es una herramienta de lucha legal para la sociedad colombiana, para que con ella presione las transformaciones en todos los aspectos de la vida política, social y económica de nuestro país.

P: ¿Por qué a la elite política y económica representada en el partido de gobierno le da tanto miedo implementar el acuerdo?

R: Esta clase política que ha gobernado a Colombia durante 200 años se ha sostenido en el poder con violencia. Ha usado todas las formas de violencia y de guerra sucia contra la gente. Está aferrada al poder. Pero lo otro es el temor a la verdad. Esta clase política corrupta, violenta, le teme a la verdad, porque el día que se sepa la verdad, el país se va enterar de todo lo que han hecho para sostenerse ahí. Además la guerra da muy buenos dividendos, y esta clase política también se ha beneficiado con los dividendos que da la guerra. Ha vivido de la guerra, se ha hecho rica con la guerra y se ha sostenido en el poder con la guerra.

P: ¿Cómo afectan los incumplimientos y los ataques a los acuerdos en la moral de los reincorporados?

R: Tenemos una dificultad grandísima y esa es la que nos tiene pensativos: no tenemos garantías de vida. Tenemos un exterminio de los firmantes de la paz y eso preocupa, y preocupa muchísimo. No tenemos lo esencial para poder cumplir con los acuerdos. No sabemos qué es lo que no están cobrando. Nosotros firmamos un acuerdo para construir con él una nueva sociedad, para hacer nuestro proceso de reincorporación, de reconciliación, pero no para que nos asesinen por estar dentro de las comunidades, por ejecutar proyectos productivos junto a las comunidades. Estamos en proceso de solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

P: ¿Pero la voluntad de los reincorporados sigue en pie?

R: Tenemos mucha esperanza de que la situación cambie con la presión y la solidaridad de la comunidad internacional. La gente sigue ahí en los territorios. Quien ha vivido la confrontación directa no quiere y no va volver a la guerra. Tendría que ser demasiado fuerte la agresión o la amenaza para que se cambie de opinión. Hicimos un proceso y el compromiso es que aquí estamos y aquí nos quedaremos, y desde aquí seguiremos con nuestra lucha. La lucha con la palabra en la mano, con la razón, y junto a la gente. De la mano de ellos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una mejor sociedad, más justa y equitativa.

P: ¿Es el congreso un escenario desde el que se puedan impulsar las luchas que defendían cuando estaban en la guerrilla?

R: Estar en el congreso es importante. Desde ahí hemos iniciado una relación con diferentes actores de la sociedad: con los profesores, con los sindicatos. También  relación con otros sectores progresistas con los que conformamos la bancada de oposición. Y eso es significativo porque exactamente eso es la democracia, que se le de la participación al opositor. Ya no somos enemigos somos contradictores políticos. En esa construcción de nuevo país nos necesitamos todos, porque todos tenemos ideas, todos tenemos visiones. La presencia nuestra en el Congreso es la posibilidad de empezar a abrir camino a la democracia participativa, incluyente y directa en nuestro país. Y por estar en estos puestos representativos, donde exponemos nuestra posición, por eso no se nos tiene que asesinar.

El Congreso ha sido un Congreso muy polarizado, eso no nos ha permitido avanzar en temas esenciales y sensibles para la sociedad. Sectores de la derecha han convertido el Senado en una discusión interminable de polarización, que desafortunadamente en el territorio se ha traducido en muerte. Estamos tratando de avanzar en otros aspectos. 53 senadores presentamos una proposición de renta básica o mínimo vital para la vida ante el gobierno nacional y el Congreso. Si no avanza, vamos a radicar un proyecto de ley.

P: La asamblea del partido iba a realizarse en abril, ¿cuáles son las discusiones y decisiones que tendrán lugar en esa asamblea?  

R: Una de las decisiones que vamos a tomar, y que vamos a poner en consideración de los delegados, es el cambio de nombre. Tenemos propuestas para que los delegados sean quienes decidan el cambio de nombre. Y tenemos unas tesis que se han llevado a las comunas y a los consejos departamentales para que las estudien, para que propongan, para que las tesis que se van a convertir en guías sean participativas. Hay otras propuestas como reducir la dirección que es demasiado grande. Hacerla mucho más operativa. Vamos a hacer un análisis profundo de la coyuntura. De las posibilidades y las no posibilidades que tenemos en esta lucha por el voto, que es de la que ahora nos toca ocuparnos y aprender, porque no sabíamos.

P: ¿Es cierto que hay divisiones al interior del partido?

R: En el partido hay unas lecturas diferentes, por supuesto. Simplemente invitamos a esos compañeros a que esas diferencias las discutamos en las instancias internas de participación. Cuando tú tienes un mecanismo interno y haces una discusión de las lecturas de la coyuntura, del acuerdo, de la implementación, eso lo que hace es enriquecer. Ninguna organización  ha desaparecido por recibir una crítica o hacerse una autocrítica. Al contrario, eso fortalece. Nosotros somos de la línea del centralismo democrático. De que la minoría se suma a la mayoría. No ahora, sino desde que nacieron las FARC en 1964. Nosotros no somos partidarios de esas discusiones que se dan en los medios, para eso tenemos los mecanismos internos. Sí tenemos diferentes lecturas. Hay gente que se ha retirado del partido. El partido no puede ser nunca una camisa de fuerza, aquí se llega voluntariamente y también se retira voluntariamente. Antes cuando éramos una guerrilla se cumplían órdenes, ahora aquí no se cumplen órdenes. Estamos en un proceso de estructuración, también de crecimiento.

P: ¿Cambiar el nombre es la posibilidad de hablarle a personas del común que no hacen parte de las bases pero con la que pueden coincidir en sus luchas y apuestas?

R: Nosotros en el primer congreso votamos por la sigla, porque para nosotros la sigla representa resistencia, representa la sangre de muchos compañeros nuestros que murieron en combate, que murieron en bombardeos soñando un país diferente; un país, como decía Marulanda, donde quepamos todos. No pensamos bien, no hicimos un análisis profundo del estigma que realmente había sobre esa sigla de las FARC. Algunas personas dijeron hasta aquí los acompañamos y se fueron, se fueron a una aventura. Muchas personas del común, hasta senadores de la derecha, nos han dicho: “señores, mejor cámbiense el nombre”. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar el nombre del partido para evitar esas confusiones y ese estigma.

P: ¿Cuál sería la orientación que daría Manuel Marulanda en estos momentos?

R: Estoy segura que si aquí estuviera en este momento, estaría junto a nosotros pensando cómo resolver todas las dificultades que día a día se nos están presentando. Pensando en la implementación del acuerdo, en la reforma rural, en la participación política, en la reincorporación, en las garantías de vida que necesitamos. Aquí estaría con nosotros ayudándonos con su enorme experiencia para avanzar hacia la construcción de la paz, porque él era un hombre de paz.

¡Símbolos de dignidad!

Por Renán Vega Cantor

Estos impactos tienen efecto boomerang: reviven a nuestros héroes, y nos recuerdan las alertas que ambos nos legaran sobre la naturaleza del naciente imperialismo del Norte. Los balazos a las estatuas y bustos de nuestros mayores, no los hieren, los revitalizan y enaltecen. Son heridas que todos compartimos y sentimos como propias, irradian coraje y vergüenza y nos estimulan a defender sus ideas, principios y nuestra Cuba soberana.

René González Barrios

Las agresiones de todo tipo que llevan a cabo los Estados Unidos en diversos lugares del mundo, entre los que sobresalen los países de Nuestra América, han sido una constante histórica desde hace dos siglos. Aparte de la destrucción, sufrimiento, muertos y heridos que dejan esas agresiones imperialistas, también se llevan a cabo ataques premeditados contra los símbolos que representan el sentido de independencia e identidad de los países agredidos. Existe una política deliberada, para nada accidental, por parte de Estados Unidos de destruir los símbolos de un país, al mismo tiempo que lo ocupa, invade, se apropia de sus riquezas materiales y esclaviza a sus habitantes. Lo acontecido en Irak es un terrible ejemplo, si recordamos que a la par que se ocupaba el territorio se destruía el patrimonio cultural e histórico de pueblos milenarios, como se evidenció con el arrasamiento de museos y bibliotecas en los que se hallaban riquezas bibliográficas y documentales, así como legendarios artefactos materiales, que desaparecieron en una noche de niebla al más puro estilo nazi. Esa destrucción cultural busca derrumbar las bases simbólicas sobre las cuales se sustentan la identidad de una nación.

Desde este punto de vista, la destrucción material se complementa con la destrucción espiritual con el objetivo es derruir los soportes simbólicos que estructuran la vida de un pueblo, máxime cuando esos símbolos expresen el deseo irredento de independencia y soberanía. Con esa guerra a los símbolos, Estados Unidos demuestra que está dispuesto a arrasar con lo que encuentre a su paso y, al mismo tiempo, sabe que con esos procedimientos aumenta la desmoralización de los agredidos. Esto no quiere decir que el ataque a los símbolos impida la rebelión y resistencia contra las fuerzas imperialistas y, dependiendo de la capacidad de lucha de los agredidos, puede convertirse en un factor adverso para los atacantes, si estos no pueden obtener un provecho inmediato, como lo veremos en los dos acontecimientos que relatamos en este artículo.

Estas consideraciones vienen al caso para evocar dos hechos ligados a las agresiones que Estados Unidos viene efectuando contra Cuba de manera ininterrumpida desde 1959, y han dejado heridas simbólicas, literalmente hablando, de una gran actualidad, por lo que expresan en sí mismas y porque los dos hechos mencionados, con una diferencia de 59 años, tienen coincidencias que permiten entender en la larga duración el carácter criminal del imperialismo estadounidense, el cual no se ha modificado ni un ápice en las últimas seis décadas.

Pero los hechos aludidos también demuestran que los símbolos atacados se convierten en una importante fuente de resistencia a la dominación imperialista, en la medida en que su permanencia misma los convierte en una imagen visible y reveladora de la agresión, que se mantiene a lo largo del tiempo, como si de la pieza de un museo vivo se tratara, para mostrar en forma directa y sin intermediarios, la alevosía destructiva de los Estados Unidos.

15 de abril de 1961: Invasión a Bahía Cochinos y tiroteo al busto de Antonio Maceo

Con la soberanía nacional obtendremos nuestros naturales derechos, la dignidad sosegada y la

representación de pueblo libre e independiente.

                                                                                                                                    Antonio Maceo

El 15 de abril de 1961 se efectuó la invasión de los mercenarios a Cuba, financiados, armados y organizados por los Estados Unidos, que pretendían detener el avance de la revolución. Las operaciones, apoyadas directamente por la CIA, se iniciaron con bombardeos realizados por aviones de mercenarios, portando las insignias de la Fuerza Aérea Revolucionaria, que despegaron desde Nicaragua, contra la base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el aeropuerto internacional Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. Con este ataque artero se pretendía destruir la reducida flotilla de aviones que tenía Cuba, como forma de facilitar el desembarco y avance de los contrarrevolucionarios de la Brigada 2506. Como resultado del ataque al aeropuerto de Santiago de Cuba fueron alcanzados siete aviones y fue averiada la Torre de Control.

Durante el bombardeo fue atacada la estatua de Antonio Maceo y Grajales, cuyo nombre honra a este aeropuerto. Una bala calibre 30 disparada desde el aire atravesó el busto del general de la independencia de Cuba. Este ataque se constituyó en algo así como el segundo asesinato del líder independentista. Recordemos que Antonio Maceo (1845-1896), conocido como el Titán de Bronce, fue un luchador indoblegable contra el colonialismo español, al que enfrentó con las armas en la mano durante dos guerras: la de los Diez Años (1868-1878), y la guerra final de independencia (iniciada en 1895) y durante la cual perdió la vida en 1896. De forma indirecta también participó en la Guerra Chiquita (1879), en la que no se le concedió el mando por el racismo de otros jefes insurreccionales.

Maceo era hijo del venezolano Marcos Maceo y de Mariana Grajales, de origen dominicano, y había nacido en 1845. Durante la guerra de independencia fue, junto con el dominicano Máximo Gómez, el principal conductor militar de la invasión a oriente. El 7 de diciembre de 1896, en Punta Brava Maceo fue herido y rematado a machetazos por la tropa española.

Maceo se distinguió por ser un militar de temple que defendía además de la independencia la libertad de los esclavos, en concordancia con sus orígenes raciales, y por haber soportado en carne propia la discriminación y el racismo. Maceo no fue solamente un extraordinario estratega militar, sino también un pensador que señaló con convicción que “La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide; mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos”. También había hecho una premonitoria advertencia, que se proyecta hasta el día de hoy: “Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”.

Con estos antecedentes, resulta evidente que el busto de Antonio Maceo fue acribillado en forma premeditada, en la medida en que simbólicamente encarna el ideal de libertad, independencia de Cuba y socialmente los sentimientos emancipadores de la población negra. Para los mercenarios financiados por los Estados Unidos al dispararle a Maceo se estaba atacando a una figura que representa lo más genuino de la nación cubana, entre cuyos méritos sobresale su independencia y autodeterminación.

Pero como la invasión resultó siendo un fracaso absoluto, la estatua de Antonio Maceo se ha mantenido en pie en el mismo lugar que estaba cuando la atacaron los agresores ese 15 de abril de 1961. Se mantiene invencible como fue la trayectoria del luchador popular contra el dominio colonial. Mejor aún, el orificio que atravesó la estatua se ha convertido en un nuevo símbolo de la resistencia y deseo de independencia indoblegable de Cuba. Por eso, allí en ese Aeropuerto se yergue como imagen de dignidad, mostrando su herida No. 27 como símbolo de resistencia, herida que se le causo 65 años después de muerto, puesto que en vida durante su lucha contra los colonizadores españoles fue herido en 26 ocasiones. Esa herida abierta es un símbolo de la resistencia a la dominación de los Estados Unidos en nuestra América que Cuba encarna con altivez y gallardía.

30 de abril de 2020: Ataque a Embajada de Cuba en Estados Unidos y tiroteo al busto de José Martí

(...) Patria inaugura, en el número de hoy, una sección permanente de «Apuntes sobre los Estados Unidos», donde (...) se publiquen (...) aquellas calidades de constitución que, por su constancia y autoridad, demuestran las dos verdades útiles a nuestra América: –el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos– y la existencia, en ellos continua, de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos”.

                                                                                                                                  José Martí

59 años después, el 30 de abril de este año fue atacada con armas de fuego la sede de la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Este ataque tampoco es accidental, y responde a las continuas agresiones de la primera potencia mundial, incrementadas en los últimos meses, como parte de la política de doblegar al país caribeño. En la madrugada del jueves 10 de mayo fue alcanzado por 32 disparos la sede de la Embajada, sin que ninguna autoridad policial o militar de Estados Unidos lo impidiera. Después del ataque con un fusil de asalto (algo típico en la política de muerte cotidiana que caracteriza la vida interna de los Estados Unidos) fue detenido el agresor, un individuo de origen cubano y residente en Texas, identificado como Alexander Alazo. Este individuo quien afirmó que si hubiera salido el Embajador de Cuba o algún funcionario de la sede atacada le hubiera disparado a matar por considerarlo su enemigo, portaba una bandera de Cuba con una confusa e incoherente leyenda (en inglés), pero cuyo sentido profundo si se puede evidenciar: “Deja de mentirle a la gente. El respeto. Trump 2020. Estados Unidos, Tierra y Familia”.

Lo que queda claro en el confuso mensaje es el apoyo a Trump y allí se encuentran los nexos con los ataques que desde las altas esferas del poder en Estados Unidos se han orquestado contra Cuba en los últimos meses y han arreciado la permanente política hostil del imperialismo, contra la isla caribeña iniciada hace 61 años y que prolonga los apetititos colonialistas de Estados Unidos que comenzaron en las primeras décadas del siglo XIX.

En el ataque al edificio de la Embajada, en teoría protegido por Convenios Internacionales, se dispararon 32 proyectiles de un fusil AK-47 con poder mortífero y uno de ellos atravesó la estatua del prócer de la independencia de Cuba, José Martí. Esto tampoco es accidental, ya que recientemente han sido atacados en La Habana algunas estatuas de José Martí por mercenarios financiados desde Miami.

Además, con los sucesos recientes en la Embajada de Venezuela en Washington, que en forma ilegal le fue entregada a los títeres de Guaidó y de donde fueron sacados a las patatas algunos ciudadanos estadounidenses que la defendían, no es dudoso sospechar de la participación directa de funcionarios del gobierno de Trump, que han azuzado a un aparente “desquiciado mental” (pero acaso Donald Trump, Marco Rubio, Mike Pompeo no lo son) para que como “lobo solitario” atacara la embajada en pleno corazón de Estados Unidos.

Ahora bien, el ataque a Martí tiene las mismas dimensiones simbólicas que el realizado a Antonio Maceo, puesto que el “apóstol de Cuba” es la figura emblemática de la independencia de nuestra América, rubricada con su muerte en combate (como Maceo). Y, además, porque Martí vislumbró al naciente imperialismo y señaló la imperiosa necesidad de combatirlo, como cuando dijo en una carta el 18 de mayo de 1895, un día antes de morir, que su lucha se daba para “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. (...) Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: —y mi honda es la de David”.

La herida que queda en el costado izquierdo del busto de José Martí se convierte desde ahora mismo en una huella simbólica de la intolerancia, el odio y el sentido de destrucción que caracteriza a los Estados Unidos y también de la capacidad de resistencia de un pueblo valeroso, que personificó como pocos el gran poeta, pensador y luchador de nuestra América. Estos ataques a los monumentos de dos luchadores de nuestra América no solamente se dirigen a Cuba sino a toda nuestra patria grande, la misma que en estos momentos sigue siendo agredida, como lo ilustra el reciente desembarco en las costas venezolanas, de mercenarios y asesinos, respaldados por Donald Trump y compañía y entrenados en territorio de Colombia, como buen ejemplo de lo que significa ser el Caín del continente.

Pero las heridas de las estatuas de Antonio Maceo y José Martí, las que siguen incólumes en los mismos lugares donde fueron atacadas, simbolizan el sentido de dignidad de todos los que se niegan a que seamos un suburbio miserable de Miami.

El conflicto armado no está en cuarentena

Por Wilmar Harley Castillo Amorocho

Están matando a los líderes sociales en San Juan del Micay. Ese es el nombre del río que atraviesa los municipios de López de Micay, y parte de El Tambo, en el departamento del Cauca; también es el nombre del corregimiento donde su población es principalmente negra, al igual que la pobreza histórica sufrida por el abandono estatal. Este rincón caucano fue y es noticia nacional y mundial por el asesinato de cuatro miembros del consejo comunitario AFRORENACER a manos de un grupo residual que quedó después de la desmovilización de las FARC.

Teodomiro Sotelo, Andrés Casimance, Jesús Riscos y Sabino Angulo son las ultimas victimas en la lista de líderes sociales asesinados por los armados que, según los habitantes, después de los enfrentamientos contra la guerrilla del ELN, decidieron retomar los territorios donde operaban antes de desmovilizarse y sacar a cualquier persona relacionada con los “elenos”, también a los desmovilizados y miembros del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Hay un tema que llama la atención detrás de todo este horror. La economía de la zona ha sido la pequeña minería, los cultivos de uso ilícito, la pesca y la agricultura, fundamentada en ese elemento simbólico de vida que es el río San Juan de Micay, el cual desemboca en el océano Pacífico. Este cuerpo de agua tiene encima los ojos del capital privado desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En esos años se planeó allí el megaproyecto hidroeléctrico: “Arrieros del Micay”, que aquella época tendría una inversión de siete millones de dólares, y una producción estimada de 3.500 mw, pero este se frenó por la inviabilidad ambiental encontrada por el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA).

La amenaza al río revivió en el 2016, por medio el ex-secretario privado del Congreso de la República, Felipe Valencia, el exgobernador del Cauca, Óscar Campo, y otros políticos e inversionistas privados como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), planteando esta vez que Arrieros del Micay puede producir 700.000 kw por hora. A pesar del eco recibido en medios nacionales y locales, del proyecto no se menciona que quiere ser impuesto sobre territorio afrocolombiano, al cual, gracias a la ley 70 de 1993, le deben consultar si quieren o no la construcción de la gran hidroeléctrica. Por ahora, se oyen comentarios sobre el proyecto extractivo sin tener información precisa sobre la licitación o permisos que se estén tramitando en el gobierno nacional.

El otro azote de las comunidades negras del Micay es el cultivo de coca traída por colonos de otros departamentos en los años 70. Con la salida del río al mar, el proceso de cultivo, procesamiento y exportación de la droga es una fuente económica importante para cualquier grupo armado. No es fortuito que las disidencias quieran retomar ese territorio, uno de los desplazados del proceso AFRORENACER asegura que están buscando controlar las tres entradas que tiene la zona y así tener control sobre las 1.500 personas que aún quedan en las veredas, y sobre el territorio y su economía. No es extraño entonces que los carteles mexicanos estén detrás de la financiación de estos grupos armados, como lo dijo el excandidato presidencial Gustavo Petro cuando denunció la intromisión del cartel de Sinaloa en Colombia.

Este año no empezó nada bien para esta comunidad que ha visto como se dan plomo el ELN y la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército desde el 25 de enero, poniendo además los asesinados y los desplazados. El Ejército ha salido en fotos de prensa mostrando acciones contra las disidencias de las FARC en Suarez (municipio vecino de López de Micay), donde no han ocurrido asesinatos de líderes sociales. Y en el corregimiento de San Juan de Micay, las fuerzas militares han peleado y capturado integrantes del ELN, quienes el 1 de abril habían decretado un cese unilateral como gesto humanitario por la propagación del COVID-19.

¿Estaremos frente a un caso de ayuda mutua entre fuerzas militares con disidencias de FARC para acabar la guerrilla del ELN? ¿Estas disidencias tendrán un papel específico en la geopolítica local donde hay un megaproyecto hidroeléctrico en el trasfondo? ¿Por qué el Ejército no muestra “resultados” con las disidencias de FARC que están en San Juan de Micay? 

¿Cómo estarán mis vecinos y compañeros? ¿Cómo hacemos para no dejar caer al Consejo Comunitario? ¿Cómo seguimos denunciando este problema? Son algunas preguntas que también se hacen las desplazadas de sus fincas que ahora están con familiares o compañeros en la ciudad de Popayán, capital del Cauca.

Por Victor de Currea-Lugo

Uno puede imaginarse que las decisiones políticas de Duque están basadas solo en la arrogancia, así como respondió cuando Venezuela le propuso donarle dos máquinas de diagnóstico ante la pandemia; la misma arrogancia de la que se armó para reunirse primero con el cantante Maluma que con los estudiantes en protesta.

También puede acusarse a Duque de que simplemente actúa por su torpeza, como cuando propuso el “aislamiento inteligente” (http://victordecurrealugo.com/confinamiento-inteligente-coronavirus/) o cuando salió a tratar de convencernos de que, contrario a toda la tendencia mundial, aquí ya se estaba aplanando la curva;  pero no es así.

El problema de Duque, a menos que me demuestren lo contrario, es de maldad. Hay maldad cuando se concentran los recursos de los territorios y se ponen al servicio del gobierno central, desprotegiendo a alcaldes y gobernadores que son, como se ha demostrado en las últimas semanas, la piedra angular de la respuesta. El presidente actúa con la misma maldad que lo hizo frente al paro nacional que empezó en noviembre pasado. Me rehúso a repetir el cántico de algunos ingenuos de que el presidente solamente está mal informado o que  está atrapado en el uribismo, pero que sí tiene voluntad de hacer las cosas bien.

Si eso fuera cierto, no puedo entender su afán de darles gusto a los grandes empresarios para priorizar la economía sobre la vida; ni su falta de claridad frente a un sistema de registros que permite a los muertos y a muchos inexistentes, dizque cobrar subsidios frente a la pandemia. Los mismos registros que aparecen para el Icetex y para las elecciones.

Hay maldad cuando no se actúa, de manera seria y responsable, ante la cascada de denuncias por abuso policial, sin que aparezca la noción de Derechos Humanos, recogida en la Constitución. Hay reportes de disparos a civiles, arrestos injustificados, comparendos absurdos, gases lacrimógenos contra vecindarios, golpizas y una larga lista de maltratos.

Tampoco el Estado se ha movido como debiera frente a la corrupción: es cierto que apartaron del cargo a tres coroneles del Ejército por corrupción con recursos para la pandemia, pero eso es más común de lo que se percibe. De hecho, la Contraloría ha alertado por la compra irregular de insumos hospitalarios y compra de alimentos para la población en general. La Procuraduría reportó investigaciones en 14 gobernaciones, 55 alcaldías y 24 entes territoriales. A finales de abril ya se investigaban 1.286 casos de irregulares en contratación. Y eso no es por la pandemia, sino que la pandemia de corrupción es una constante, que además no depende de los pobres sino de gente de la clase de Duque.

Hay mucha maldad, cuando aprovecha la coyuntura para salir a salvar, junto con su escudero Carrasquilla, a los fondos privados de pensiones, desprotegiendo aún más precisamente a los adultos mayores, es decir a la población de mayor riesgo por la pandemia. Hay maldad cuando en vez de responder a la urgencia nacional se arrodilla ante la agenda estadounidense y prioriza la justificación de un ataque militar a Venezuela. Hay mucha maldad cuando no actúa ante un sistema financiero que ha duplicado el costo de las transacciones en medio de la pandemia sin que los entes de control cumplan su cometido de manera eficaz. Y así mismo la hay, cuando no controla ni castiga la especulación de las grandes cadenas de almacenes.

Ya sé que nadie estaba preparado para esto, pero con el pasar de los días, esa frase tiene más de pretexto que de realidad. Tampoco el Estado estaba preparado para producir docenas de decretos, pero lo hizo: 73 decretos ley, 33 decretos ordinarios y 94 resoluciones y circulares, producidos en un mes. La pandemia no redefine el poder ni sus intenciones, sino que los potencializa. No se es cierto que nada se pueda hacer, el problema es que muchas de las cosas que han hecho, van en sentido contrario.

Hay maldad, de la peor, cuando autorizan trasladar personas contagiadas de una cárcel a otra, una medida deliberada que solo sirve para expandir la pandemia. Es una medida que, a todas luces, iba a producir unas consecuencias previsibles, como efectivamente ha sucedido. Claro, hay cárceles para ricos, llámense clubes militares o casas fiscales, donde los ladrones de cuello blanco dizque pagan las penas, lejos del hacinamiento de los pobres en prisión y lejos del coronavirus.

Hay maldad cuando el Estado no protege a los líderes sociales: varios de ellos, que cumpliendo la cuarenta, se han quedado en sus casas y allí han terminado expuestos frente a sus asesinos. No solamente hay torpeza y arrogancia, hay maldad. Por eso no le creo a Duque ni a los de su clase, que hasta los últimos minutos han tratado de mantener abiertos sus clubes de golf.

No le creo a Duque por su afán de hacer trizas la paz, y por eso usa hasta la pandemia para querer apropiarse de los recursos de la paz para la pandemia. Eso no es inteligente sino perverso. La paz, como concepto, nos haría menos vulnerables frente a la pandemia, quitarle recursos es hacernos más débiles. De hecho, hubiera bastado la implementación del punto 1 de los Acuerdos con las FARC para que hoy tuviéramos un campo capaz de responder ante la demanda de alimentos que se viene.

En una esquina están la medicina y el Estado social que son, por definición, anti-darwinianas; mientras que el neoliberalismo es precisamente el culto a la selección “natural” que nace de la competencia salvaje y de la negación de la solidaridad. Con base en esto, se ve que hay maldad cuando se resuelve un problema de salud pública en la cárcel con una masacre, cuando se transfiere la plata a las EPS y no directamente a los hospitales, cuando congresistas áulicos de Duque prefieren no sesionar, pero tratan de que los obreros sí vuelvan lo más pronto posible a sus sitios de trabajo para garantizar la producción.

Duque y los de su clase, desde la otra esquina, insisten en el fracking cuando las pruebas demuestran el daño ambiental, ese medio ambiente que tampoco le importa a Bolsonaro ni a Trump. Uno de los cercanos a Duque dijo que: “la democracia no puede ser obstáculo para el desarrollo”, léase el desarrollo económico, no el humano; toman partido por el neoliberalismo salvaje.

En esa misma esquina está Avianca, una aerolíena que paga impuestos en Panamá, es propiedad de empresarios estadounidenses, no tuvo ningún empacho en abusar de las tarifas, de lesionar los derechos laborales de los pilotos, de manipular el Estado para que sus servicios fueran declarados esenciales, y ahora tampoco tiene vergüenza para pedir que se la apoye con recursos públicos fingiendo ser una empresa colombiana.

Y en ese lado de la competencia salvaje, están también las grandes superficies que dispararon los precios, las empresas que subieron los recibos de la luz, las aerolíneas que insistieron en no cerrar el aeropuerto, Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) que propuso que los trabajadores aporten al pago de nóminas, sí, la misma Fenalco que propuso cambiar el día de la madre de mayo a septiembre, porque el asunto es vender.

Pero las personas de esa clase no están solo en la capital. En Chocó, la Gobernación contrató cursos por una millonada dizque para prevención frente a la pandemia, mientras a gente se muere de hambre; en la costa hay funcionarias que justifican la compra de latas de atún a 20.000 pesos para justificarlas como ayuda en medio de la crisis, en Arauca hay varias investigaciones por sobrecostos en contrataciones, así como en otros departamentos.

Ahora se viene el levantamiento del aislamiento. Entiendo perfectamente a los que salen a buscarse la vida, empujados por el hambre; pero no al que obliga a salir para construir edificios que, precisamente, los pobres que los construyen no podrán comprar. Jamás los empresarios colombianos habían necesitado tanto a sus trabajadores. Que salgan los que gritaban “yo no paro, yo produzco”; entiendo a los que salen por el pan para el hijo, pero no por la langosta del patrón.

El gobierno no ha logrado que el personal de salud tenga tapabocas y promete que los obreros de la construcción tendrán la protección adecuada. Deberían priorizar la alimentación, porque la ganancia se distribuye más que la de la construcción, porque es esencial para la sociedad y porque la gente no come ladrillos.

No es solo la medida de cuarentena o de abrir la ciudad, es para qué, al servicio de quien. Los pobres tenían hambre antes, y nadie me va a convencer que el hambre de los pobres desaparecerá si se levanta la cuarentena. El debate es cuarentena o no, es cómo, bajo qué condiciones.

Y el gran debate es que, al margen de la pandemia, el Gobierno y los de su clase siguen y ahondan una política económica contra los más pobres, invierte un poco de millones en carros blindados para la rama judicial y para el presidente cuando las prioridades deberían ser otras, no enfrentan la violencia en las zonas rurales, desvían los recursos de la paz para posicionarse en las redes sociales a través de la firma que dirigió la campaña contra la paz en el plebiscito, obedecen las órdenes dadas por Trump para regresar al uso de glifosato contra las zonas de cultivos ilícitos.

Al tiempo, Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,) se quedó con los créditos y las ayudas que eran para todo el agro dejándolas en manos de unas pocas grandes empresas, las EPS (Empresas Promotoras de Salud) que ahora se benefician con la pandemia por la caída en la demanda de servicios y ni siquiera contribuyen a la solución de la crisis sino que siguen jugando al intermediario quedándose con la administración de los recursos públicos para la salud.

Y en los días que vendrán Habrá más ejemplos de porque no creerle a Duque. ¿Eso es polarizar? No. El que polarizó fue Duque priorizando los bancos, el ministro de Salud priorizando las EPS, Carrasquilla priorizando las utilidades. Yo solo me pongo de acuerdo con la “lógica” de ellos. Ellos empezaron, desde hace muchas décadas. Ahora preparan una nueva reforma tributaria, están mirando cómo recortar más salarios y aumentar impuestos sin tocar a esa gente de la misma clase de Duque, esa en la que por todo lo anterior, no le puedo creer ni un tantico.

 

Este articulo fue publicado originalmente en: http://victordecurrealugo.com/

Por Andrea Rodríguez, coordinadora Línea de incidencia FIAN Colombia, y Hernando Salcedo Fidalgo, coordinador Línea de Nutrición FIAN Colombia.

Hoy el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (PDSAN) es una realidad, fue aprobado por la Asamblea Departamental el 12 de marzo de 2020, y se encuentra listo para la firma del actual gobernador Aníbal Gaviria. Este hecho ocurre en los albores de los cambios que implicará, especialmente en materia alimentaria, la experiencia de la pandemia por el covid-19. Este ejercicio requerirá de nuevas maneras de abordar el ciclo alimentario para construir las posibilidades que nos conduzcan a sistemas alimentarios reales y sostenibles.

Estructura del PDSAN de Antioquia y avances pioneros

En un reciente articulo[1], debatimos el lugar desafortunado del nutricionismo en la defensa del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA), y la importancia de lograr nuevas miradas que conduzcan a proponer perfiles nutricionales autónomos, locales y apropiados a las condiciones de sostenibilidad y de acceso adecuado a alimentos reales y naturales. En el contenido del PDSAN del departamento de Antioquia descubrimos una propuesta que recoge el trabajo colectivo de la gerencia Maná, los aportes de la sociedad civil, los aportes de un amplio proceso regional de participación comunitaria con enfoque diferencial, y los resultados del trabajo de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, de cara a caracterizar un perfil nutricional para el departamento.

El Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia se erige como un ejercicio democrático y participativo en los siguientes doce años, que tiene como eje la realización del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas. Entre sus pilares está una nueva conceptualización de lo que tradicionalmente se ha concebido como “entornos”, para reformular la política publica hacia la intervención de los “ambientes”, enmarcados en el ciclo vital humano y con un enfoque diferencial que incorpora diferencias étnicas y de género.

La categorización de ambientes es una ventaja conceptual clara en temas como los planes de alimentación escolar, en donde la noción ambiental incorpora en forma sistémica los diversos componentes del acceso a alimentos reales y naturales producidos en forma sostenible, y a programas escolares que permitan entender lo alimentario como un componente del proceso educativo integral. Las huertas escolares serán seguramente un modelo de impacto de esta propuesta en términos de auto sostenibilidad y soberanía de los propios programas escolares de alimentación, saliendo por fin del destino caritativo y de la adhesión escolar como propósitos desviados de su misión.

Entre las apuestas más relevantes del PDSAN de Antioquia, podemos resaltar la recuperación de la agricultura familiar, campesina y comunitaria a través de la agroecología, entendida esta última como verdadera innovación tecnológica del campesinado; la implementación y estímulo de circuitos cortos y locales de distribución, el comercio justo y equitativo de los alimentos reales y naturales; la consideración sistémica de otros ambientes de interacción social como son los ambientes del trabajo, del transporte y de los comercios en donde es necesario regular la publicidad y disponibilidad de productos comestibles ultraprocesados, sobre todo cuando está dirigida contra niñas, niños y adolescentes; la garantía del acceso a alimentos reales en todos los momentos del ciclo vital, incluyendo la gestación y el periodo perinatal, con el apoyo a la lactancia materna; promover las formas de gobernanza derivadas de la soberanía alimentaria para la garantía y pleno ejercicio del DHANA.

Convergencias con el proyecto de ley para la garantía progresiva del DHANA en Colombia

El PDSAN de Antioquia se descubre como una propuesta convergente con algunos de los elementos que están plasmados en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en el año 2016, el cual abordó también el tema alimentario en varias de sus dimensiones, y uno de los asuntos que estableció fue la necesidad de poner en marcha un Sistema Especial Progresivo de Garantía del Derecho Humano a la Alimentación, el cual aun está en mora de ser efectivamente implementado por el gobierno nacional y frente al cual Fian[2] Colombia ha venido construyendo una propuesta que se espera pueda ser tramitada prontamente en el Congreso de la República, para hacer realidad este compromiso pactado en La Habana.

Entre  los puntos de convergencia podemos resaltar los siguientes: su enfoque territorial en términos de la defensa de los derechos de los campesinos y de soberanía alimentaria, su enfoque participativo y comunitario, su enfoque diferencial con énfasis en la perspectiva de género, el componente de desarrollo sostenible, y un eje de descentralización que implica el reconocimiento a la diversidad y heterogeneidad de las regiones y territorios locales.

Ante el optimismo que genera la aprobación del PDSAN del departamento para los próximos doce años, es imprescindible anotar que la aplicabilidad del plan, acorde con los principios que hemos resaltado, se encuentra en manos del nuevo gobierno departamental. Es así como proponemos desde ahora, acompañar el proceso de implementación manteniendo su esencial defensa del DHANA y de la soberanía alimentaria, y las participantes que estuvieron en el proceso de formulación.

En tiempos de reflexión sobre la necesidad de recuperar la capacidad de restitución alimentaria en forma sostenible y respetuosa de la biodiversidad y de los ecosistemas, es indispensable defender la materialización plena del DHANA, como eje articulador entre los pueblos y los proyectos de Estado que queremos construir para lograr un mundo mejor y  un planeta sano.

 

[1] Ver:  H. Salcedo Fidalgo & J.C. Morales, “Nutritional assessment methodologies: challenges and opportunities for the full realization of the Right to Food and Nutrition”, En: Frontiers in Nutrition, 05 de abril de 2019. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6461053/

[2] Fian Colombia es una organización no gubernamental que trabaja por el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, hace parte de Fian Internacional.

 

 

La salud del Chocó está enferma

Por Angie González

“Puesto de salud no hay, la auxiliar de salud atiende en un lugar que se dice puesto de salud, pero es de la comunidad y está en malas condiciones porque es un patrimonio y el Gobierno se lava las manos diciendo que no puede invertir, tampoco contamos con un médico profesional”, afirma el Presidente del Consejo Comunitario de San Miguel. Como esta comunidad, todos los habitantes del Chocó esperan el día que los gobernantes hagan presencia en el territorio con proyectos reales que dignifiquen la vida en la zona. Están ansiosos por inversiones visibles, especialmente en el sector de la salud. Se necesita presencia real y no de grupos armados que atenten contra las comunidades chocoanas.

Durante décadas, el departamento del Chocó ha sufrido por el abandono del Estado en todos los sentidos, al desplazamiento, el reclutamiento de menores, la casi nula existencia de políticas, se le suma el pésimo estado de la red hospitalaria en toda la región.

El Chocó cuenta con tan solo un hospital de segundo nivel, el ESE Hospital San Francisco de Asís ubicado en la ciudad de Quibdó, el cual hace días estuvo cerrado parcialmente debido a que se encontraron varios funcionarios contagiados del nuevo coronavirus. En el departamento hay seis hospitales de primer nivel que tienen atención básica. Todos públicos localizados en los municipios de Quibdó, Bahía solano, Carmen de Atrato, Tadó, Istmina y Condoto.

Infografía hecha por Asokinchas

Además, a toda la red pública de salud del departamento se les debe entre tres y cinco meses de honorarios, no cuentan con insumos necesarios para la atención de pacientes con covid-19, ni otras patologías, así lo afirma el procurador ambiental y judicial del departamento del Chocó, Acxan Duque, quien agrega que siendo éste un departamento con más de 530.000 habitantes no hay ni siquiera un hospital de tercer nivel. Cada vez que un paciente requiere hospitalización especializada, cirugía, servicios cardiovasculares, neurocirugía, y otros de gran complejidad, deben ser trasladados a Medellín, Cali u otros municipios que cuenten con la infraestructura hospitalaria de la que ésta región carece.

En la actualidad hay 13 casos confirmados de Coronavirus en el departamento, una persona fallecida y el personal médico sin implementos mínimos de protección como trajes de bioseguridad, máscaras, guantes, tapabocas.

Desde las diferentes zonas se reciben denuncias de las comunidades dado que el gobierno no se ha hecho presente con implementos de protección y mucho menos con ayudas humanitarias. En San Miguel, medio San Juan, Jhon Harold López, presidente del Consejo Comunitario, afirma que hace algunos días unas personas enviadas por la administración municipal hicieron presencia para orientar sobre el Coronavirus, pero tan solo llevaron una caja de guantes, 40 tapabocas y 40 tarritos de gel antibacterial para una comunidad que se compone por más de mil personas.

Sumado al abandono, el Gobierno ha realizado fumigaciones aéreas en el territorio por estos días, causando así afectaciones al sustento de las comunidades chocoanas. Sin embargo, los habitantes no se oponen a la fumigación, pero exigen que se cumplan los compromisos pactados que por años la comunidad de San Miguel ha solicitado. Requieren la construcción de vías de acceso a la zona para facilitar el abastecimiento de la canasta familiar y comercializar los productos que ellos mismos fabrican.

Como si fuera poco, las comunidades no solo están expuestas al covid-19, sino que diariamente se enfrentan a problemáticas de salud tan delicadas como la enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, enfermedades crónicas pulmonares y malaria. Ésta última ha aumentado en algunas zonas, en el Medio Atrato hay más de 400 casos reportados: “No se puede descuidar ésta problemática, la malaria también nos mata” dice la personera del municipio, Aurelina Quejada Palma. Asegura que no se han implementado mecanismos de prevención. En el centro de salud se están atendiendo a las personas que llegan, se les toma muestras y se les entrega el tratamiento. “El centro de salud –afirma–está en precarias condiciones”.

En el Municipio de Tadó, el panorama no es diferente. Hace más de 10 meses los funcionarios de salud no reciben sueldo y no hay insumos médicos para la atención de ningún paciente. Los empleados del Hospital San José de Tadó afirman que cada persona debe salir a comprar lo necesario para ser atendida, desde jeringas e inyecciones, hasta medicamentos de más alto costo. Edison Quintero, es el presidente de la veeduría del municipio y denuncia que “el personal hospitalario se cansó de tantos años de engaños y falsas promesas por los gobernantes”. En plena crisis sanitaria a nivel nacional, el gobierno no ha entregado elementos de protección mínimos que se requieren para enfrentar el covid-19.

El Procurador ambiental y judicial del departamento dice que “se requiere una intervención en el hospital San Francisco de Asís, se requieren medidas contundentes del Gobierno Nacional, mejorar las instalaciones, tener máquinas de respiración, dotar de una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y pensar en un hospital móvil para el departamento. Incluso contemplar la posibilidad de articular con la Armada Nacional y gestionar buques medicalizados para que atiendan la población del pacífico como Juradó, Bahía Solano, Nuquí y Pizarro que en un momento dado pueden presentar síntomas de coronavirus y no hay lugar adecuado para la atención”.

El pasado viernes, el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa dieron a conocer un informe llamado "Transparencia por la emergencia", que realiza investigaciones penales, fiscales y disciplinarias por posibles irregularidades en temas de contratación en medio de la crisis sanitaria. En este informe se ve implicado el gobernador del Chocó, Ariel Palacios y por tal razón fue suspendido por un periodo de tres meses. El hoy suspendido gobernador firmó un contrato por más de 2.000 millones de pesos con la Fundación Chocó Saludable para realizar actividades y capacitaciones relacionadas con la pandemia del covid-19.

Todo éste panorama exige que se garanticen los derechos a la salud, que se inviertan recursos para insumos de bioseguridad, especialmente en este momento donde no hay elementos de protección ni estabilidad laboral por la falta de pago y las nulas inversiones en las instalaciones hospitalarias con las que cuenta el departamento.

Sin duda alguna la salud del Chocó está enferma, y si bien es cierto que siempre se ha escuchado desde todos los sectores que ésta región merece ser mirada con más atención y respeto por los gobernantes de turno, más aún en tiempos tan particulares y atípicos que agravan el ya preocupante y doloroso abandono, es momento que Colombia entera se una para aminorar las brechas de inequidad entre el Chocó y gran parte del país. Este es un departamento de enormes riquezas culturales, deportivas, fluviales y mineras, que le aporta no solo a la economía del país sino a los bolsillos de unos cuántos que a través de las diferentes administraciones lo han venido desangrando.

Lejos de casa

Por: Melissa Salazar C.

“Vea lo que está haciendo la policía. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos, necesitamos que alguien nos solucione” –al fondo se escucha el barullo de los otros colombianos y la voz del policía que les repite: “Retírense”.

Cansados de solicitar ayuda a la cancillería, consulado, presidencia, entre otros, y no recibir respuesta o solución alguna, un grupo de aproximadamente 30 personas se dirigieron el 27 de abril a la embajada colombiana en Lima . “Estuvimos esperando un rato al frente de la embajada, plantados allí, con carteles, gritábamos: ¡Queremos volver a nuestro país, queremos volver a nuestras casas!”, cuenta Juan Carlos Puerta, uno de los voceros del grupo de colombianos que estuvo allí.

Varios colombianos nos cuentan que la respuesta de la embajada y la cancillería siempre es el mismo correo electrónico, diciendo que están haciendo todo lo posible para garantizar su retorno. Después de llenar una encuesta que fue suministrada por estas delegaciones, algunos recibieron un correo en el que se les informaba que Western Union seguía trabajando y podían recibir giros provenientes de sus familias para alivianar su situación, es decir, hasta el momento no ha existido ninguna ayuda, ni solución concreta.

Algunos colombianos han tenido que  dormir en la calle, pues fueron desalojados por falta de dinero para pagar sus hospedajes. Entre ellos, algunas familias con niños, otros que venían desde Brasil y la noche que regresaban a Colombia fueron cerradas las fronteras.

A raíz de toda esta problemática, otro colectivo de colombianos decidió unirse a venezolanos caminantes para desplazarse en conjunto hasta Colombia, sin importar los riesgos, pues el desespero el hambre, la angustia, el frío y el silencio del Gobierno, los llevó a tomar esta decisión. De hecho, esto motivó también a la realización del plantón.

“A pesar de que generamos empatía en algunos senadores y estos presentaron una petición a cancillería, la respuesta ni siquiera señaló que eran turistas, sino que asumieron que todos eran residentes que estaban fuera del país”, cuenta Xiomara Castro, una de las familiares de los colombianos en Perú. Actualmente, hay alrededor de 280 colombianos varados en Perú, de los que aproximadamente 230 son turistas.

Sobre las 10:00 de la mañana llegaron policías al lugar del plantón. Primero arribó una camioneta y luego una buseta de la que se bajó un agente, este ataca a uno de los líderes y voceros del grupo que pidió fuése protegida su identidad. Fueron atacados a pesar de que el plantón se estaba desarrollando de forma pacífica, pues no estaban obstaculizando las vías o agrediendo a los policías de forma verbal ni física. De hecho, en los videos se ve a los manifestantes cumpliendo con los protocolos de salubridad (llevan guantes, tapabocas y mantienen una distancia prudente). La única normativa que estaban incumpliendo era la cuarentena obligatoria.

La policía comenzó a presionarlos para que se dispersaran, uno de ellos amenazó con llevarlos presos si no se retiraban. Les solicitaron devolverse para sus domicilios, algunos les respondieron: "¿volver a dónde? si estamos durmiendo en la calle." Finalmente, el grupo de colombianos se dispersó alrededor de la 1:00 p.m., los que tenían hospedaje fueron hasta ellos y los demás buscaron agolparse en las afueras del consulado, se desplazaron con sus pertenencias, cobijas, cajas que consiguieron para improvisar cambuches y camas en la calle.

Hoy, 30 de abril, el gobierno colombiano no ha brindado las suficientes garantías para la realización de repatriaciones humanitarias. Según el representante de colombianos en el extranjero, hasta el 20 de abril eran 3.600 colombianos en Estados Unidos, Chile, Egipto, Francia, Tailandia, India, entre otros países, los que querían y no han podido regresar a sus hogares. Algunos, incluso, denuncian xenofobia, y hasta agresiones sexuales.

 

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