(16)

La Fundación Pueblo Indio en Quito fue la sede que recibió a cerca de 20 medios de comunicación alternativos y populares que llegaron desde Colombia, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de la negociación entre el Gobierno colombiano y la insurgencia del ELN, convocados por la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU). Este lugar, legado del MonseñorLeonidas Proaño, sacerdote aquien le acuñan “la revolución del poncho”,un proceso a favor de los indígenas empobrecidos del Ecuador, abrió el espacio para preguntas e inquietudes sobre el curso de la negociación, sobre la cual ante la llegada próxima del Papa Francisco a Colombia se cierne en el debate un posible cese bilateral.

Un día inicia temprano para los integrantes de la delegación de paz del ELN. A las seis de la mañana comienzan a trabajar, y a las ochoya deben estaren la mesa para dar inicio a las discusiones con su contraparte, que se desarrollan hasta la una de la tarde. Pablo Beltrán confiesa que hace un esfuerzo, “así los debates sean muy fuertes, profundos y con muchas distancias, para que esto no se convierta en un asunto personal”. En las tardes preparan los elementos para las discusiones del día siguiente, atienden a la prensa y a las relaciones políticas.

Paradójicamente, lo que más extrañan de la vida en las selvas es la tranquilidad. “En las montañas de Colombia uno vive muy tranquilo, cero ruidos, agua limpia… esta vida aquí es muy agitada, es bastante fuerte y en ese tren de trabajo estamos seis semanas seguidas”, afirma el jefe de la delegación.

Lo claro de la negociación es que encontrar un punto de aproximación no ha resultado fácil, y no es para menos. En la mesa se encuentran sentadas dos partes totalmente opuestas. Desde el inicio ha existido una serie de desencuentros que han marcado el ritmo lento del proceso; el Gobierno por su parte ha condicionado la negociación a temas que van a apareciendo en el transcurso de esta, y en ese sentido la delegación expresó que si bien son conscientes de que son un organización pequeña, en la mesa están en condiciones de igualdad con la delegación del Gobierno.

Los negociadores del Gobierno, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, buscan aplicar un modelo de negociación basado en el proceso llevado a cabo en la Habana con las FARC, pero el ELN insiste en que  para ellos este proceso tendrá que ser muy diferente. “Las FARC se sentaron a negociar, nosotros queremos poner los temas que son importantes para el país”,manifestó el delegado Carlos Reyes. La realidad es que si alguna vez las insurgencias buscaron dos mesas y un proceso, nunca existió una sincronía debido al desarrollo de los mismos tiempos de cada mesa y a la voluntad del Gobierno.

De las experiencias pasadas de exploración de negociación, como la llevada a cabo en la época de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, o del proceso durante el gobierno de Samper, expresa Beltrán que “hemos aprendido que cuando avanzamos con un Gobierno, llega el siguiente y lo desconoce. Quiere decir que no hay una política de Estado. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? De toda esa élite dirigente ya vamos aprendiendo quiénes tienen voluntad de que esto cambie y hay una gran mayoría que están cómodosde cómo está Colombia y no quieren que cambie”.

Su visión sobre la paz  es que esta tiene que ser un proceso de abajo hacia arriba. “El primer punto de la mesa es la participación y este no ha comenzado”,comentó  Consuelo Tapias. En este sentido, en el momento no se está discutiendo cómo va a ser la participación que es el 60% del proceso. Para esto, las partes han llegado al preacuerdo de realizar las audiencias preparatorias con 25 estamentos de la sociedad colombiana, los cuales representarán desde lo sectorial y territorial la diversidad de voces sobre este primer punto  y darán como resultado la estructura de la participación  de la sociedad.  Según la delegación del ELN, el Gobierno concibe la participación como reunir gente sin ninguna repercusión, mientras que para ellos este ejercicio debe ser parte esencial del contenido del acuerdo de paz.

A pocos días de terminar el tercer ciclo, las fuerzas y las discusiones sevolcaron en conseguir el Cese al Fuego Bilateral. Las partes dieron a conocer sus condiciones para este, sin embargo el cese del que se hablaba en este momento no corresponde al del punto 5 de la agenda de negociación. Según la delegación, “este cese es de un momento especial que busca crear confianza en el desarrollo de la mesa y busca desatrancar los puntos de la agenda”. Este momento ha sidoimportante en la mesa porque el Gobierno, quien desde el inicio se había negado a hablar del cese, desde hace unos meses evalúa esta posibilidad y porque la guerrilla de manera conjunta como organización está cohesionada entorno a la decisión de pactar este cese.

Las expectativas de la negociación de la delegación del ELN son claras. Al preguntarle a Pablo Beltrán sobre los mínimos que esperan de esta, responde decididamente: “los mínimos es que saquemos la violencia de la política,  y que se cree una mayoría por la paz que imponga unos cambios básicos urgentes, si esta negociación aporta a eso nos damos por bien servidos”, también afirmó que esta negociación les ha permitido ver una élite dividida entorno a la paz,y comprender la importancia del momento histórico que cruza el país.

Se logró el Cese Bilateral

Después de extender este tercer ciclo, el lunes  4 de septiembre el país se levantó con la noticia de que las partes lograron acordar el Cese al Fuego Bilateral, en la madrugada del domingo. Tanto  el Gobierno como la insurgencia consiguieron comprometerse con el objetivo principal de mejorar la situación humanitaria de la población del país.

El Cese iniciará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero, con la posibilidad de prorrogarse en la medida en que las partes cumplan los compromisos adquiridos en este acuerdo. Por su parte el gobierno se comprometió con el sistema de alertas tempranas para la protección a líderes sociales, un programa de carácter humanitario para mejorar condiciones de salud de los presos del ELN y la puesta en marcha de las audiencias preparatorias. El ELN se comprometió a suspender retenciones, enrolamientos de menores y detonaciones contra la infraestructura.

Por el momento, el ciclo de conversación se extenderá para precisar los aspectos logísticos del Cese que será verificado por un mecanismo en donde estarán la ONU, la Iglesia y las partes.

 

 

PIE DE FOTO:La delegación que recibió a los medios de comunicación estuvo integrada por diferentes figuras dentro de la guerrilla como Gustavo Martínez, Aureliano Carbonell, Carlos Reyes Niño, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda y Tomás García. Luego del recibimiento a este espacio se uniría después el Comandante y jefe de la delegación de paz de la guerrilla, Pablo Beltrán. La FIPU entregó camisetas a la delegación con el mensaje “Stop Wars”.

Empresarios nacionales e internacionales han demostrado gran interés durante los últimos años en la exploración y explotación de los recursos mineros en el territorio colombiano. Este hecho ha abierto un debate en los medios de comunicación nacionales y ha contribuido a la movilización de las comunidades donde se adelantan procesos de exploración. Se han generado protestas en pueblos que históricamente han sido netamente mineros, ya que las mismas multinacionales que quieren llevar a cabo actividades de gran minería en territorios donde el renglón económico es otro, también quieren ocupar las minas de estos pueblos como Segovia, Antioquia y Marmato, Caldas.

Son pueblos que llevan poco más de trescientos años extrayendo del río o de las vetas dentro de la montaña, minerales como el oro para intercambiarlo por su sustento diario. El despliegue mediático ha demostrado las visiones que tienen los entes estatales acerca de la minería y de los segmentos empresariales de este sector, y las visiones de quienes rechazan cualquier actividad minera y sus prácticas. Además se ha evidenciado la existencia de varios tipos de minería a lo largo y ancho del país que son hoy el eje central de las disputas entre el Gobierno, la comunidad y las trasnacionales.

En Colombia, cuando se habla de tipos de minería se clasifica en artesanal o barequeo; pequeña o de subsistencia; mediana y gran minería. La minería artesanal o de barequeo consiste en la recolección de materiales preciosos que son arrastradas por las aguas del río desde las laderas de las montañas, o desde los sedimentos del río sobre los que se hace la separación de los “granitos” de oro que se alcanzan a ver. Esta práctica no genera grandes problemas sociales y ambientales, y se convierte en una alternativa económica. Por su parte la pequeña minería o de subsistencia se apoya en herramientas sencillas, como poleas y motores de bajo calibre para extraer y remover la arena, el agua o hacer perforaciones, y no emplea sustancias químicas como el mercurio. Mientras que la mediana y gran minería, que puede presentarse de manera legal o ilegal, utiliza maquinaria pesada, sustancias químicas como el mercurio y en el peor de los casos se vale de grupos paramilitares o contribuye al lavado de dinero del narcotráfico, como se ha registrado en algunas regiones del país.

A partir del año 2001 las diferencias entre pequeña, mediana y gran minería desaparecieron del Código de Minas. Los requisitos y exigencias para realizar cualquier actividad minera fueron estandarizadas, obligando con el paso de los años a que el reconocimiento del “pequeño minero” desapareciera, y se decretó que: “solo son mineros tradicionales, quienes hayan trabajado antes de 1991”, como si la minería no fuera un asunto hereditario históricamente.

Los últimos debates que se han presentado en el país han girado alrededor de si la “pequeña minería” es legal o ilegal. El Estado cataloga de “minería ilegal” a las prácticas que “se limitan a simplemente extraer el recurso de la manera menos costosa y más rápida. La verdadera minería está bajo el amparo de reglas y procedimientos técnicos para extraer el mineral del subsuelo”. Así lo explica Álvaro Ponce, en su libro: ¿Cuál locomotora?

Aunque es sabido que “los pequeños mineros y de barequeo” siempre han existido, el Gobierno nacional sentenció el 25 de febrero del 2015 “las disposiciones trascendentales que permitan controlar acciones en contra de la minería ilegal”, y a su vez, en abril del 2017 diseñó una cartilla titulada: Normatividad para el control a la explotación ilícita de minerales. Allí ratifica que: “A partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, únicamente se constituye, declara y prueba el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado por la autoridad minera e Inscrito en el Registro Minero Nacional”.

El presidente Juan Manuel Santos declaró en el año 2011 para BBC Mundo que “La minería ilegal es una prioridad para las autoridades, se encuentra en manos de grupos al margen de la ley, y en este momento es una actividad importante y de crecimiento fuerte de financiación para el país”. Por su parte Gustavo Wilchex Chaux, experto en la Gestión del Riesgo, señaló para BBC Mundo: “Hay muchos pequeños mineros, que hacen una explotación artesanal, que aunque no tienen licencia, no se pueden catalogar como maleantes”.

Para realizar un contrato de concesión en Colombia se deben pagar derechos de solicitud, demostrar que está habilitado legalmente para contratar, indicar el mineral o minerales de interés, delimitar el área solicitada, señalar las actividades exploratorias que se pretenden realizar, demostrar que tiene la capacidad económica para hacerlo y pagar por anticipado el valor del canon superficiario, una especie de impuesto donde se concreta un monto de acuerdo con la extensión solicitada y se paga hasta iniciada la exploración. Desde allí a este dinero se le conoce como Pago de regalías (Ley 685 de 2001). Estas exigencias de formalización, hasta el día de hoy, son imposibles de cumplir para un minero artesanal o pequeño minero.

Una muestra viva de ello actualmente es el caso de Segovia (Antioquia) y en el pasado el caso de Marmato (Caldas). Javier Marín, vocero de los mineros en Marmato relata que: “los pequeños mineros (de este municipio) tienen una proyección comunitaria del territorio como proceso de transición en la que una comunidad minera busca recuperar su capacidad agraria, pero a su vez, conservar su práctica minera ancestral”, y han manifestado públicamente que quieren formalizarse como lo exige el Estado, pero no les dan la oportunidad porque las exigencias son como para una trasnacional.

Por su parte, los mineros de Segovia, en medio de la desesperación decidieron protestar el pasado 21 de julio, inconformes frente a las políticas mineras que favorecen a la multinacional Gran Colombia Gold, la cual ilegalmente compró una empresa que era de los trabajadores: la Frontino Gold Mines. Esta multinacional también tiene presencia en Marmato; adquirió al parecer más de 100 títulos mineros en la parte del cerro El Burro ubicado en este municipio, y donde se centra la mayor extracción de oro. Finalizado el 2010 la trasnacional empezó a sacar a los mineros porque ella decía ser la dueña y cerró con grandes puertas metálicas las entradas a las minas; además destruyó la mayoría de los molinos de los pequeños mineros que de ellos dependían, y cerca de 822 personas se quedaron sin empleo.

El Gobierno, con sus políticas, ha dejado en evidencia que su preocupación principal no es la situación económico-social de las comunidades que han contribuido a la economía del país a través de esta actividad; más bien, necesita recuperar territorios para la minería a gran escala y considera como una amenaza las Consultas Populares que han tenido impulso en el país para evitar la gran minería. Hasta el momento, no ha mostrado disposición para negociar con los pequeños mineros la construcción de una política que regule y controle sus procesos, porque ya no los reconoce siquiera dentro del código de minas. Los mineros han pensado un sistema minero dentro de sus comunidades para resolver las necesidades que el Estado no ha resuelto, como una manera de sobrevivencia, como estrategia adaptativa a sus territorios; entienden que la auto regulación de la explotación y la construcción de alternativas organizativas son necesarias para su buen vivir, y que en la lógica del Estado o la racionalidad empresarial ellos no existen.

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo el evento conmemorativo de los 35 años del Instituto Popular de Capacitación –IPC-, el cual tuvo como mensaje político que la memoria, la verdad y la democracia son elementos fundamentales para hacer el tránsito en la sociedad colombiana de la guerra a la paz.

San Javier, Moravia y Aranjuez fueron los lugares elegidos para ser recorridos durante esta conmemoración debido al trabajo que esta organización ha realizado desde hace más de tres décadas en estas comunas de Medellín. Este espacio también fue el escogido para hacer el lanzamiento del informe “Resintiendo la violencia política”, un ejercicio que comenzó como un diagnóstico para el plan de reparación colectiva hacia la organización, pero que terminó por tomar la forma de un trabajo de memoria colectiva, que según Diego Herrera, presidente del IPC,“está en el marco de la búsqueda de la verdad frente a las agresiones y el daño político ocasionado, no solo al IPC, sino también al movimiento de derechos humanos en Antioquia y en el país”.

El trabajo del IPC comenzó enlos años 80's en Medellín y en las regiones de Urabá y Suroeste antioqueños, alrededor de la educación sindical y el acompañamiento a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra, y a organizaciones barriales y urbanas. Desde entonces su trabajo se ha consolidado alrededor de la educación,la investigación y la comunicación de carácter popular, con diferentes iniciativas que han fortalecido un trabajo regional en defensa de los derechos humanos.

Su labor se ha visto obstaculizada por diferentes ciclos de violencia entre los cuales han ocurrido sucesos como: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, y amenazas. Este ejercicio de memoria señala como responsables de estos hechos a agentes estatales y paramilitares que buscaban restringir el ejercicio crítico y social del IPC. Uno de los momentos mástristes en esta historia de violencia política contra el IPC es el de la bomba del 29 de agosto de 1999.“A pocos minutos de la 1:00 de la mañana fue activado un artefacto explosivo en la sede del IPC. La onda explosiva destruyó parte de las instalaciones del primer piso, donde se situaban el área administrativa, el auditorio, el centro de documentación y el archivo”, relata este informe.

Pese a estos actos de intimidación y terror, el IPC ha continuado su trabajo y en el marco de las apuestas que buscan construir una paz a través de la negociación política durante los últimos años, han reafirmado, según ellos, la permanencia del colectivo y su resistencia política.En la actualidad el IPC trabaja en articulación con las organizaciones sociales,en iniciativas encaminadas a rodear la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, por lo cual han acompañado espacios como el Congreso Nacional/Regional de Paz, distintosforos sobre el balance de la implementación, y también han venido rodeando el proceso con el ELN en Quito.

Esta conmemoración de sus 35 años se da entonces en un momento en el cual su apuesta ha generado unos escenarios de diálogo social y político, alrededor de la agendas específicas en Medellín y en subregiones de Antioquia, en temas como el de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la reforma política y la reforma rural integral.

En el colegio mis amiguitas se burlaban de mi nombre, Violeta, por eso nunca me gustó, y cuando apenas tenía cinco años les dije a mis padres Luis Santiago y Claudia que quería cambiármelo. Ellos se sorprendieron, era solo una niña y ya tomaba determinaciones sobre mi vida, ¿y cómo quieres llamarte? Azul les dije, era mi color preferido.

Mis padres, amorosos, siempre cuidaron de mis dos hermanos y de mí, pero no tanto para prohibirnos soñar, jugar y volar por cuenta propia, como dice mi padre. Él cree que los humanos somos como las aves: a los pichones siempre los cuidan, les dan de comer y les enseñan lo básico, luego deben volar por cuenta propia y ahí los padres casi siempre terminan su tarea. Ellos se esmeraron por nuestra educación, no tanto para que obtuviéramos buenas calificaciones sino para que aprendiéramos y fuéramos buenas personas con capacidad de tomar decisiones.

Por eso nos levantamos libres, bueno, hasta donde el cuidado de nuestros padres nos lo permitía. Siempre estábamos con papá y mamá, a donde quiera que fuera mi padre por razones de su trabajo allá estábamos los cinco; mi padre es el mejor ingeniero mecánico del país, eso dice él orgulloso y yo le creo, se graduó como yo de la Universidad Nacional, pero él lo hizo cuando yo ni siquiera estaba en sus planes, por allá en el año 81. Es un antioqueño muy buena gente, humano, buen lector, amante de Dostoievski, y del ajedrez, hasta lo practicó en competencia. Ha trabajado en las principales obras viales del país y es experto en ventilación de túneles; aunque ya se pensionó aún lo llaman para asesorías. A veces peleamos por las ideas políticas, confieso que yo soy más radical que él. Mi padre cree que es tan mala una dictadura de izquierda como una de derecha. Yo lo pongo en duda.

Mi madre es adorable. Aunque se graduó en la Universidad de Cundinamarca y es tecnóloga agrícola, desde que nació mi hermano mayor no tuvo más vida sino para nosotros. Ella es la que nos transfirió el carácter fuerte, la solidaridad y la capacidad del equilibrio, nunca uno de nosotros tuvo más que el otro; mi madre nos conoce en lo más profundo y sabe de qué somos capaces y de qué no, ella sabe que somos incapaces de caminar senderos de injusticia. Nunca se queda callada y discute siempre que considera que tiene argumentos; además es una artista, hace con sus manos casi lo que quiera: con la madera, con las telas, con las agujas, con las pinturas; sus manos saben amar y en especial saben transformar.

Y mis dos hermanitos… ellos son libres, igual que yo, y nos amamos. Todos terminamos nuestras carreras universitarias con enfoque humanista, y cada uno se ha tomado en serio lo que escogió ser y hacer. El mayor, aunque vive lejos, nunca se ha ido, siempre quiso saber de dónde proviene nuestra especie y las razones de sus comportamientos culturales, además escribe muy lindo; y el menor es increíble, nunca quiso estudiar formalmente, ni asistir a clases en el colegio, pero ante la angustia de mis padres se comprometió a graduarse y lo hizo, al estilo de Estanislao Zuleta. Estudió por su cuenta y obtuvo uno de los mejores resultados en las pruebas Icfes; ahora se empeña en prepararse para transformar el sistema educativo del país.

No sé qué decir de mí, es tan difícil hablar de una misma. No sé si es importante haber tenido una gran memoria desde muy niña, y haberme aprendido las 32 banderas de los equipos del mundial de futbol del año 98 en Francia, o haber leído un libro maravilloso que me regaló mi padre, “los niños del mundo”; aún lo recuerdo, todavía me impresiono con las imágenes de los niños de Brasil de la zona de la Amazonía, sus pies siempre descalzos permitían que sus dedos crecieran diferente a los míos, tanto que servían como las manos para agarrar cosas. Nunca fui la mejor estudiante, pero sí una de las más destacadas, quería estar en todo, lo discutía todo, incluso el día de mi graduación de bachiller exigí hablar en la despedida pública en el teatro, pese a que no estaba en el protocolo.

Tal vez sea importante contar que siempre me irritó la injusticia, en todos los casos, las discriminaciones, las desigualdades sociales, nunca pude con eso. Tengo grandes amigas y amigos, muchos de ellos gracias a que en un momento tuve el valor de defenderlos justo cuando eran agredidos, como Alejandro que era víctima de la homofobia de sus compañeros. Cuando terminé la secundaria ya sabía lo que quería estudiar, para eso me formé toda la vida al lado de los que amo, para ayudar a cambiar el mundo, y también en el colegio tuve la oportunidad de encontrar mi vocación de socióloga. Me presenté a la Universidad del Rosario, por si acaso no pasaba a la Nacional, pero pasé, y nunca tuve duda que era allí donde quería terminar mi carrera. Y así lo hice este año, en 2017, antes de que mi vida y la de mis seres queridos se volviera casi un infierno por cuenta del atentado cobarde del Centro Comercial Andino.

Jamás negaré mi pensamiento crítico, ni mis autores preferidos como Fals Borda o Estanislao Zuleta; admiré sus vidas rebeldes y en especial sus actos rebeldes, siempre atados a las transformaciones sociales, al humanismo. Para eso estudié, por eso trabajé muchas veces durante mi carrera con comunidades de diferentes regiones del país; conozco de primera mano sus ausencias y sus carencias, las viví con ellos, no me pueden engañar con cuentos. Por eso hice mi tesis con las comunidades de Suárez, en el departamento del Cauca. Por eso escojo a mis amigos entre los que como yo quieren transformar estas injusticias. Por eso jamás sería capaz de cometer un acto infame que cegue la vida de personas que igual que yo son víctimas de un sistema decadente.

La vida de mis padres, de mi familia y de mis amigos cambió desde el 24 de junio de 2017 a las 7:30 pm, ocho días después del atentado del Centro Comercial Andino. En casa estaba mi padre solo, enruanado, apaciguando el frío de la noche bogotana. Cuando abrió la puerta tras los golpes, recibió tal vez el impacto más grande de su vida. Le increparon, le entregaron la orden de allanamiento, y le enrostraron que yo, Violeta, su hija, tenía una orden de captura por intervenir en el atentado del Andino. Solo de imaginarme el momento, siento el mismo frío y desolación que él sintió. Los agentes fueron por los rincones de la casa, buscaron quién sabe qué, era la casa de mis padres, no la mía. Le quitaron su celular, se llevaron cuatro computadores, dos torres viejas, y dos discos portátiles en desuso, todos de mi padre, y hasta unas USB publicitarias sin usar que le había entregado una compañía española en la que presta asesoría. Luego abandonaron el lugar sin grandes hallazgos.

Los medios insisten en que hay pruebas contundentes contra mí, y contra los chicos que fueron seguidos con sigilo y detalle y capturados casi al mismo tiempo. Sin embargo, hoy nadie da crédito a las supuestas pruebas, pasó la fiebre mediática, el desenfreno. Nadie volvió a preguntar por la señora que vio a un tipo extraño en el baño de mujeres el día del atentado, ni por la ausencia de las cámaras de seguridad y los perros antiexplosivos justo ese día, ni por las autoincriminaciones del Clan del Golfo. Mucho menos se volvió a preguntar por el infierno que se presentaba en casa de una familia que veía cómo su entorno se derrumbaba, cómo los amigos de la casa se alejaban temerosos, cómo el teléfono dejó de sonar, y cómo las visitas dejaron de llegar.

Ahora mis padres discuten entre sí, evitan hablarse o lo hacen por señas, tienen paranoia, sienten que todas las comunicaciones están interceptadas y que los vecinos del frente en realidad son agentes que los observan y los escuchan. Ya no ven ni oyen noticias, en estas casi siempre quieren mostrarles a un monstruo en vez de a su hija alegre y amorosa; están mamados de la frase “pruebas contundentes” que usaban a toda hora los “periodistas” de Caracol y la W.

La última vez que nos vimos con mis padres fue en mayo. Desde entonces no siento el calor de sus brazos en mi cuerpo. Sufro por ellos, y aunque no me siento culpable de nada, desearía que todo esto jamás hubiera sucedido. Sus vidas les cambiaron, tienen miedo que involucren a sus otros hijos en toda esta farsa. Soportaron seguimientos descarados, amenazas de nuevos allanamientos. Les ha tocado cambiar hábitos, y hasta acudir a los psicólogos para superar todo este trago amargo. Desde mayo no saben de mí, y no quiero que lo sepan, es mejor así. No puedo volver y eso me revienta por dentro, siento que no tengo garantías, los medios de comunicación me condenaron antes de que yo pudiera siquiera demostrar mi inocencia.

Confío en mis padres, en su fuerza, en su amor y tengo la seguridad que convertirán la adversidad en una nueva etapa de resurgimiento. Ellos seguirán yendo al psicólogo para que les ayude a soportar la angustia, se ayudarán con el tabaco y las oraciones; al final pasarán por encima de todo gracias a la fuerza del amor.

Me llamo Violeta, no soy terrorista, quiero ser azul como el cielo, y libre como el viento.
*La voz de la protagonista de esta historia fue reconstruida a partir de las declaraciones e historias de sus padres.

La loma también es Cali

Por Isabel Campos

Cali, una ciudad enorgullecida de su salsa, de su ritmo y de su valle, alberga un lugar que contradice ese dicho popular que resuena en las canciones y en las voces de muchos de sus habitantes, y que dice “Cali es Cali y lo demás es loma”. Se trata de Siloé, como es conocida la Comuna 20 de esta ciudad, una montaña mágica, un lugar en la ladera en donde se escuchan historias de conflicto, pero también de organización y resistencia. La loma también es Cali, y quienes la habitan se esfuerzan por cambiar el rumbo de su historia.

Nace un barrio
Elizabeth Álvarez ha dedicado sus años a servirle a la comunidad. Vive en el sector de Pueblo Joven, tiene 62 años, y sueña ver su barrio convertido en un lugar donde los niños y jóvenes puedan vivir dignamente. A borde de carretera tiene su puesto con venta de minutos, cigarrillos y dulces, también en su casa una pequeña tienda donde vende helados y productos varios. Recuerda con aprecio pero también con nostalgia su infancia en esta ladera. Allí llegó con sus padres a los ocho meses de nacida, cuando decidieron asentarse en uno de los terrenos de lo que hoy se conoce como Tierra Blanca.

Para esa época, Siloé apenas empezaba a poblarse. Aunque desde 1907 se asentaron los primeros pobladores, mineros provenientes de Marmato, fue en 1948, luego de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, cuando muchos desplazados por la violencia llegaron a construir en la loma. Igual ocurrió en 1954 luego del golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla. Por eso cuando doña Elizabeth llegó a este lugar, los asentamientos aunque precarios, ya tomaban forma y dinámica.
Cuenta ella que “nos tocaba cargar el agua desde la parte baja hasta la parte de arriba, la remesa nos tocaba cargarla en caballo. Y para poder sobrevivir teníamos que trabajar en el Centro. La niñez fue muy dura. La carretera era toda destapada; cuando llovía, la gente que subía en las 'gualas' (jeeps) tenía que subirse a pie, porque los carros se devolvían por el barrizal que se hacía”.

El ingenio y la necesidad de los habitantes fueron fundamentales para construir el barrio. Según David Gómez, historiador popular y líder comunitario de Siloé, en 1971, a raíz de los Juegos Panamericanos, Cali se convirtió en una metrópoli. Entonces a la ciudad llegaron con comercio pobladores de Cauca y Nariño, los cuales se asentaron posteriormente en esta ladera, dando paso a una nueva generación de habitantes que persiste hasta ahora. Por eso, como cuenta Elizabeth, no es casualidad encontrar que los rasgos de la mayor parte de la población sean caucanos.

Una lucha por el territorio con distintas caras
Asentarse y construir en la ladera es y ha sido un ejercicio mismo de resistencia. Aunque las administraciones municipales nombran este como un lugar de invasión, para David Gómez habitar la ladera es recuperar el territorio que fue arrebatado desde la época de los ancestros. Algunos barrios de esta comuna, como Belén, albergan esa rebeldía; la Anapo y el Partido Comunista fueron partícipes en esta construcción. Por eso David cuenta con orgullo que hoy en Siloé, luego de 60 años, el Monumento en contra de la opresión y en memoria a los estudiantes caídos el 8 y 9 de junio de 1954, durante la dictadura de Rojas Pinilla, se mantiene erguido y como un legado de esas épocas.

“Después de todo esto, en la década del 80, el M-19 llegó al territorio. Este fue el primer grupo que visibilizó a Siloé, aunque dejaron un legado de autoridad. Antes de ellos el barrio era más estigmatizado, pero ellos por ejemplo hicieron negociaciones para que el carro recolector de basuras recogiera los residuos que quedaban a cielo abierto, causando la muerte de muchos niños”, cuenta David, haciendo referencia al momento en que la lucha por el territorio empezó a tener otros matices.
El M-19 logró desarrollar un trabajo de organización barrial que tenía como fin la conquista de los derechos. Cuando lograron un acuerdo de paz con el Gobierno nacional, algunos de sus fusiles quedaron en el territorio, lo que, sumado a la instrucción militar que les dieron a muchos jóvenes, hizo que una confrontación de otro tipo se consolidara. Tomaron fuerza las pandillas y grupos ilegales de jóvenes, influenciados en mayor medida por “la penetración de la televisión con modelos norteamericanos de películas violentas entre pandillas”, explica David.

Estos grupos se enfrentaron para “defender” un pedazo de terreno, y “la comunidad llegó a necesitar maquiavélicamente de ellos para controlar el territorio y defenderse de los otros combos. Ahora, el enfrentamiento se da porque los mafiosos están convirtiendo las pandillas en bandas del crimen, y eso causa un problema mucho más complejo”, puntualiza Gómez mientras explica que la violencia se va volviendo cotidiana, y que seguirá mientras no haya salidas de educación y empleo.

Semillas que van creciendo
La marginalidad, la pobreza, y otros tantos problemas a los que deben enfrentarse estas comunidades que habitan la ladera, han generado que muchos de estos conflictos se arraiguen. David piensa que la rebeldía en los jóvenes ya no es la misma, pero cree que hay posibilidades desde el arte y la cultura para mantener viva la lucha y la esperanza de cambio. Por lo mismo, para no dejar desfallecer la memoria, David sostiene con esfuerzo el Museo Popular de Siloé, una casa llena de objetos, recuerdos e historias, con las cuales ha reconstruido minuciosamente la historia de esta Comuna y que ha servido para que muchos, desde los más pequeños hasta los más grandes, se empoderen de este, su territorio.

En Siloé el espacio público es casi inexistente. 11 centímetros por habitante, cuando la media en Cali es de cinco metros, es equivalente a un hacinamiento que, en medio del sol y los pocos árboles, sofoca. Sin embargo, los mismos jóvenes de esta ladera se han dispuesto no a reclamarlo, sino a construirlo. En Pueblo Joven, por ejemplo, varios jóvenes que crecieron con el rigor del conflicto, se agruparon para recuperar un territorio anteriormente controlado y perteneciente a los carabineros. Allí fundaron el Parque Ecológico Los Guayabales, un sendero en el que siembran plantas, recuperan árboles, reciclan y reutilizan los residuos sólidos. Tienen nueve comités y trabajan de manera autónoma y por medio de la autogestión; con el reciclaje que venden compran la tierra abonada, o papeles para publicidad con mensajes dirigidos a la comunidad. Jhon Caicedo, uno de los jóvenes impulsores de esta propuesta manifiesta con firmeza que “este es un territorio de paz, un territorio que ha roto fronteras. Esta es una propuesta de la misma comunidad, y no queremos que vengan empresas a tirar sobrados. Nos sirven las ayudas, pero no que vengan a invertir”.

En la parte baja del sendero, y a pocos metros de las últimas casas del sector, están las canchas de deporte que creó la misma comunidad sobre lo que antes era un basurero. Allí han logrado encontrarse alrededor del fútbol, lo que ha permitido que jóvenes de diferentes sectores, que antes tuvieron conflictos entre sí, lleguen para compartir. “A pesar que no hay donde sentarse, esto se llena”, cuenta esperanzado Jhon, porque sabe que con ello contribuyen a que el “conflicto de balas” se acabe. Habitar el espacio público y generar otro entorno es su apuesta de transformación. Ese es el legado que quieren dejarle a los más pequeños, esa es la semilla que están sembrando y que esperan pronto ver nacer y dar frutos.

Diferentes organizaciones de víctimas del país se dieron cita el pasado 27 de julio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de la conmemoración de los nueve años de la ejecución extrajudicial de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de Soacha víctima del conflicto armado. Allí los familiares de las víctimas manifestaron su rechazo a que los militares responsables de estos hechos fuesen acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

 

La justicia en el caso de Soacha
En el año 2008, más de 15 jóvenes de Soacha fueron desaparecidos y posteriormente reportados por el Ejército como caídos en combate en Santander y Norte de Santander. Hasta el momento, solo pocos casos han sido juzgados. Uno de ellos es el de Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, por el cual en 2012 fueron condenados seis militares a 53 y 54 años de prisión. También, este año, 21 militares que eran investigados fueron condenados por estar involucrados en el asesinato de cinco de estos jóvenes.

Sin embargo, María Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Steven Sanabria, uno de estos jóvenes desaparecidos y asesinados, asegura que su caso se encuentra en la completa impunidad. Su hijo, de 16 años, fue llevado con engaños a Ocaña, en el Norte de Santander, donde la Brigada 16 del Ejército lo torturó y asesinó. Posteriormente lo llevó a una fosa común como NN, acusado de guerrillero. Luego de nueve años no hay respuesta sobre este crimen, asegura Sanabria.

Por esto, las madres, familiares y esposas de estos jóvenes, organizadas en el colectivo “Las Madres de Soacha”, se encontraron el pasado 27 de julio, junto con otras tantas organizaciones de víctimas, para honrar la memoria y dignificar a las víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales desde la puesta artística “Cuerpos Gramaticales”.

Según la Unidad de Víctimas, en Colombia se han registrado a la fecha 8.504.127 víctimas, de las cuales 8.186.896 son del conflicto armado, de estas 1.770.470 son desapariciones forzadas, homicidios y fallecidos. Es por ello que en el marco de la negociación y los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, las partes manifestaron que las víctimas y sus familiares serían el centro del proceso. La JEP fue concertada y consignada en el punto quinto –Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado– del documento final del Acuerdo de Paz, como el mecanismo judicial a través del cual se juzgarán los delitos cometidos por todos los actores del conflicto armado, con el fin de judicializar en el menor tiempo posible a los que se les demuestre culpabilidad en delitos en el contexto de guerra.

Pero un debate sobre las competencias o no de la JEP inició en marzo del presente año, cuando un juez ordinario se negó a imputar cargos por el caso de tres “falsos positivos” de Soacha, argumentando que precisamente el caso debe corresponderle a la justicia transicional. Organizaciones de derechos humanos, así como la fiscal del caso, se mostraron en desacuerdo manifestando que “fueron muertos en circunstancias de indefensión”, por lo que no hacen parte del conflicto.

María Sanabria, también integrante de Las Madres de Soacha, dice que sus principales exigencias en este espacio es que haya justicia, por lo tanto “estos casos no deben considerarse crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, crímenes cometidos por agentes estatales, y estos no tienen por qué tener prelación en la JEP. Estos casos son de la justicia ordinaria. Queremos a las cabezas altas, de donde viene la orden, porque los soldados solo cumplieron con disparar”.


Una siembra de resistencia y esperanza
Wilmar Botina, organizador de Cuerpos Gramaticales y perteneciente al Colectivo Agroarte cuenta que este es un colectivo que nace hace 15 años como forma de resistencia a la Escombrera en la ciudad de Medellín, lugar que era destinado a enterramientos clandestinos de personas que habían sido detenidas, torturadas, ejecutadas e inhumadas, aprovechando la condición de botadero de escombros para el ocultamiento de los cuerpos.

“Somos sembradores y sembradoras del territorio, nacemos como una forma de resistencia a las 22 operaciones. En el 2002 pasan cinco operaciones importantes y devastadoras en términos de derechos humanos, unas de ellas son Mariscal, Cortafuegos y la más cruel y la más tremenda es la Operación Orión, con la que inicia el tema de Seguridad Democrática con el Gobierno de entonces, que deja a más de 300 personas enterradas y desaparecidas en la Escombrera, 72 muertos y un centenar de personas violentadas en sus derechos fundamentales”, asegura Botina.

Cuerpos Gramaticales, para Sanabria, “es un espacio para contarle al mundo sobre las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos; también para contar lo que sucedió en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que fue el cómplice. Fueron más de 6000 ejecuciones extrajudiciales”. Las Siembras, como ejercicios de recuperación de la memoria en espacios donde se implanta la política como miedo, permiten recuperar el territorio, generando espacios para el diálogo entre la búsqueda de la justicia y la verdad. Botina resume la propuesta artística como un espacio donde “nos sembramos como país, nos sembramos como luchas”.

El movimiento de víctimas crece en todo el país como respuesta a las cada vez más visibles violaciones de derechos humanos. Ante ello Sanabria asegura que “solos no hacemos nada”, y finaliza comentado que su lucha por la justicia es hoy, “mientras mis huesos tengan carne y mi nariz tenga halito, ahí estaré. Ellos están pensando que cada vez que me ponen trabas, que cada vez que sacan alguna ley o que me niegan el acceso a la justicia, yo me voy a cansar y me voy a sentar a llorar. Pues no, fíjese que con eso me dan más fuerzas para seguir adelante, no saben, no se lo imaginan. Necesitamos que más personas se unan, porque aún hay mucho miedo de decir, de contar, de denunciar. Queremos con todo esto que se hace, mostrarle a las otras personas que sí se puede, que unidas podemos”.

Transeúntes y curiosos se acercan a mirar la propuesta artística que tiene una duración aproximada de ocho horas. Algunos con inocencia preguntan: ¿Por qué se echan tierra encima esas personas? A lo cual unánimemente los organizadores responden: “Porque están sembrando esperanza”.

Por José Antonio Gutiérrez D.

Bajando desde Micoahumado, camino hacia la cabecera municipal de Morales, Sur de Bolívar, hay un complejo ecosistema donde se encuentran las lomas de la Serranía de San Lucas con una sabana donde el tórrido aire se siente aplastante, y con la ciénaga, donde en sus cálidas aguas babillas y manatíes coexisten con infinidad de peces en las épocas de desove. En esta región se encuentra una de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) más antigua de la región, la de Arenal y Morales, creada por una resolución el 24 de junio de 1999 y desarrollada con un importante impulso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Esta ZRC, de 29.100 hectáreas como todas las que hay en el país, se creó en el marco de marchas y protestas campesinas en la región, según cuenta Víctor Campos, presidente de la ZRC, “durante una protesta en San Pablo, en 1996, ahí surgió la propuesta”. Hasta ese momento, la región era considerada Zona de Reserva Forestal, por lo cual los campesinos no tenían propiedad de la tierra. Los principales productos de la ZRC son arroz, yuca, plátano, maíz y pequeña ganadería. Todo es a pequeña escala: los arroceros más grandes no pasan de las 20 hectáreas; el promedio son dos o tres hectáreas. Los ganaderos tienen entre 30 y 50 vacas.

Pero una de las actividades más importantes en la región es la pesca. Existe en la región un complejo cenagoso compuesto por Simoa, Confín, Morrocoy, Manatí, San Rafael y Paredes, parte del cual se encuentra en la ZRC y está siendo amenazado por distintas actividades humanas. Un ejemplo puede ilustrar la problemática. Hace unos siete años se secó la ciénaga de Morales: para hacer caminos carreteables y para evitar inundaciones, fueron construyendo muros y puentes de relleno con los cuales bloquearon los caños que irrigaban la ciénaga. En gran medida han sido responsables de esto los ganaderos y políticos de Morales, que cercaron la ciénaga para utilizarla como pastizales para las vacas. Esto ha sido posible porque desde hace décadas el INCORA (luego INCODER, ahora ANT) entrega títulos a los ganaderos sobre los playones.

La ciénaga de Morales está sedimentada, y allí están sembrando palma aceitera, la cual succiona, cada una, unos 30 litros de agua al día. Estos terrenos luego son cercados y a veces protegidos con seguridad privada. Debido a esto, la ciénaga se ha secado, y los pescadores que antes pescaban allí se han ido para la ciénaga de Simoa, lo que genera una gran sobreexplotación. Los pescadores que llegan de Morales son unos 60, mientras que de Simoíta apenas son unos 15 pescadores, y de Simoa son apenas unos 10. Esta situación se ha vuelto insostenible y demanda, según Campos, todo un re-ordenamiento territorial.

Como consecuencia, el 16 de enero del 2016, guerrilleros del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) retuvieron a 15 pescadores en la ciénaga de Simoa mientras estaban realizando sus labores de pesca con transmayos. A las 36 horas los dejaron en libertad, pero un par de veces volvieron a tomar acción destruyendo los transmayos. En un reciente comunicado de este frente, aclaran que “conocedores (…) de la labor que ustedes desempeñan para sacar la alimentación para sus familias, (…) ustedes (…) están causando un daño muy grande al medio ambiente porque están haciendo una pesca destructora (…) por esa razón nos ha tocado actuar con algunos reteniéndolos y destruyendo los transmayos; tenemos conocimiento que se están organizando para hacer una pesca adecuada, nos parece que ese debe ser el camino correcto, respetar las normas de pesca. En ningún momento hemos prohibido la pesca, lo que sí estamos en contra es del método que están utilizando y mientras ustedes no piensen en el futuro de sus hijos y nietos (…) vamos a estar muy vigilantes y cuando ustedes no cumplan nos toca actuar porque nosotros no compartimos el daño que ustedes hacen con coger un pescado y matar dos para botarlo”.

Para evitar nuevos incidentes, parte de la población ha tomado la iniciativa, como se menciona en el comunicado. Se han puesto ciertas regulaciones sobre la pesca: la malla del transmayo con la que permiten pescar debe ser de 320 en adelante, una malla grande, para que no atrape al pescado pequeño. Cada canoa no puede llevar un transmayo de más de cuatro kilos. Los pescadores comerciales pueden pescar solamente de lunes a viernes, quedando esta práctica estrictamente vedada los fines de semana, aunque sí se permite la pesca para el consumo familiar. Se pueden instalar las redes solamente desde las 2pm en adelante. La caza del manatí y del caimán queda terminantemente prohibida. La comunidad se encarga de que haya gente de ellos mismos vigilando que esta normativa se cumpla. Al que no cumple con las medidas de las mallas, se les queman. Si reincide o si caza, se le prohíbe el ingreso a la ciénaga.

Pero si bien las regulaciones están ayudando a un manejo más sostenible de la pesca, los pobladores que dependen de la ciénaga para su subsistencia son concientes de la necesidad de desarrollar alternativas económicas, pues la pesca tiene solamente una temporada de dos a tres meses en la cual se puede desarrollar. Ya han presentado algunas propuestas a la alcaldía de Morales y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, es en este punto que se encuentran con el más grande obstáculo: la falta de organización de la comunidad. Como lo reconoce la vicepresidenta de la ZRC, Melina del Real, “no se ha logrado un acuerdo comunitario para hacer la actividad en la ciénaga sostenible, en buena medida, porque las asociaciones de pescadores son inexistentes”.

La necesidad de proteger la ciénaga de la sobreexplotación tras el incidente con los elenos, ha llevado a que comiencen a darse los primeros rudimentos de organización, muy incipiente e informal, que está sirviendo tanto para regular la actividad, como para contribuir a una mayor educación sobre la necesidad de proteger este ecosistema único. Recientemente, 57 organizaciones comunitarias domiciliadas dentro de la ZRC se han agrupado en una figura llamada Azocamsur (Asociación de la Zona Campesina de Morales y Arenal, Sur de Bolívar), la cual reúne a Juntas de Acción Comunal, de mujeres, cooperativas, agropecuarias, de víctimas, de transporte. Los grandes ausentes son los pescadores. Esta asociación, fundada en diciembre del 2016, busca fortalecer las organizaciones sociales, interlocutar con las instituciones e implementar un plan de desarrollo propio sostenible para la ZRC. Este espacio también se relaciona con otros procesos organizativos en el Sur de Bolívar: con Fedeagromisbol y también con las asociaciones de Micoahumado, territorio que se define como agroalimentario.

Nos comenta Melina que “la idea es poder ampliar la ZRC a Micoahumado y hacerla lo más incluyente posible. Porque no podemos permitir que cosas políticas nos afecten, ya que la ZRC es una figura que nos permite la permanencia en el territorio. No estamos todavía en ANZORC, pero estamos ya articulando trabajos. Desde nuestra perspectiva, ANZORC es una asociación nacional que agrupa a ZRC, esto debe ir más allá de los espacios hoy alineados con Marcha Patriótica o con el Congreso de los Pueblos, hay que buscar la unidad. Como ZRC debemos vencer prevenciones para no quedar desarticulados de lo que pasa en el país”. El desafío es grande, pero posible. De la misma manera que la ZRC es una garantía para la permanencia del campesinado en el territorio, debe ser también un mecanismo para la preservación del medio ambiente y la producción sostenible. La preservación del complejo cenagoso del Sur de Bolívar y de esta cultura anfibia parece depender de estos esfuerzos.

“… ¡Oh buen Dios! ¿Qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio, y vicio desgraciado, vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados…?”, escribía Étienne de la Boétie en 1548, haciendo hincapié en cómo un solo hombre o pequeñas élites son capaces de llevar a millones a desarrollar los actos más serviles, perversos y complacientes, la mayoría a cambio de nada.

Esta es una muy buena referencia para reflexionar sobre lo que ha sido capaz de cocinar el poder político e ideológico durante siglos en los cerebros de casi todos los mortales, lo que nos deja con un panorama triste de la humanidad actual, y nos estalla en la cara todos los días en Colombia. Las últimas semanas han estado llenas de noticias que reafirman, a pesar de la manipulación y la cosmética de los medios masivos que las disfrazan, cuál es la calaña de las élites que gobiernan y desangran a la Nación y se llevan por delante las vidas de quienes intentan oponérseles.

Segovia es una población al nordeste de Antioquia en donde casi toda su gente vive de la minería artesanal, y junto con sus vecinos de Remedios reciben el sustento diario de esa actividad. Otros, como la transnacional Gran Colombia Gold hacen minería pero a gran escala, y por supuesto se llevan la mayor tajada dejando solo el paisaje desolador. Pero según sus altos ejecutivos, ellos no contaminan con mercurio: al parecer sacan los lingotes ya listos de la veta o la mina. Los malos son los mineros ancestrales nacidos la mayoría en el territorio. También habría que hurgar en la historia y enterarse cómo fue que estas poderosas empresas llegaron a esa región y se apoderaron de todo gracias a la arremetida paramilitar y a través de terribles masacres. Vale decir que Segovia y Remedios al igual que las poblaciones del país donde se explota oro, carbón, petróleo u otro mineral no son conocidas por su gran desarrollo, más bien se conocen por su miseria.

Desde el 21 de julio de 2017 en esas poblaciones se desarrolla un paro cívico en defensa de la minería artesanal, donde el común denominador es la brutalidad policial y militar contra los manifestantes que ha dejado muertos, heridos y hasta mutilados entre las personas que protestan. En este caso los manifestantes no son tan buenos y justos como los que protestan en Caracas, y la Policía y el Esmad no son tan malos como sus homólogos del vecino país, como lo muestran al desayuno, al almuerzo y la comida los grandes medios de comunicación, que como cosa rara no van a la región a entrevistar a los mineros y a la gente humilde sino a los grandes empresarios y las autoridades para que reafirmen que la lucha es contra la minería ilegal y contaminante, dejando en el ambiente que los pequeños mineros son poco más que delincuentes, y los policías inocentes víctimas de estos.

Contrasta esta grave injusticia, con el encuentro de comunidades ambientalistas llevado a cabo en Fusagasugá los días 5 y 6 de agosto de 2017, en donde se denunció la práctica extractiva minero energética como una política descontrolada, corrupta y depredadora contra las comunidades y sus territorios. Allí se discutió cómo enfrentar en el ámbito nacional esa práctica y cómo hacer respetar los resultados de las consultas populares que el Estado a través de sus instituciones quiere desconocer con argumentos baladíes, que se estrellan contra sus propios falsos argumentos de democracia y participación.

También en estas semanas los escándalos de corrupción, dicho por representantes de las mismas élites, tocaron fondo. Los casos de Reficar, Odebrecht, y otros, en donde las élites se reparten la plata de la salud, la educación y el presupuesto de la Nación, salpicó a todos: a los uribes y uribitos, a santos y santitos, a los ordoñez y los ñoños, a los de Cambio Radical, y a la U, a los liberales y especialmente a los conservadores expertos en recibir mermelada de todos los sabores. Todos los combos políticos de la derecha que han gobernado, como dijo William Ospina, desde hace 200 años el país, están embadurnados de porquería, y salen en televisión a vociferar en contra de la corrupción y hasta harán campaña para derrotarla. Son tan descaradas las élites y los medios masivos, que ofrecen notas informativas extensas para mostrar los éxitos empresariales de los delfines, en donde hacen gala de sus centros comerciales nuevos de costos superiores a los 120 mil millones, logrados seguramente con el sudor de sus frentes. Y nuestro pueblo goza viendo a los exitosos jóvenes derrochar sumas que entre millones de humildes y en años de trabajo jamás alcanzarían a reunir. Ojalá nuestro pueblo recuerde todo esto cuando vengan las elecciones en 2018.

Y hubo más noticias, todas confirmando los delitos y la perversidad de los héroes de la patria, y de la policía, que sirven gustosos a las élites que gobiernan. Las madres de Soacha acudieron a acciones públicas para denunciar en la Plaza de Bolívar la impunidad en que se encuentran casi 5000 casos de falsos positivos, o sea crímenes alevosos de los militares contra jóvenes inocentes e indefensos llevados a cabo durante la presidencia del hoy senador Uribe. Una práctica que por su cuenta mantienen militares y paramilitares en todo el territorio nacional. Y se destapó también luego de 12 años la responsabilidad d ela policía, , denunciada desde entonces, en el asesinato del niño Nicolás Neira, con la confesión del mayor Torrijos, comandante en el 2005 del Escuadrón que descerebró al joven; el oficial, preso por narcotráfico (qué joyita) aceptó que encubrió durante todos estos años a los responsables intelectuales y materiales.

Sin embargo el problema son los vecinos, es Maduro y su pueblo que lucha con uñas, dientes y manos para quitarse de encima a los gringos, a la CIA, y a la caterva de arrodillados que exigen democracia en Venezuela, cuando a los ojos de cualquiera que tenga dos dedos de frente, es obvio que se quieren robar el petróleo del país con las mayores reservas mundiales. ¿Existe alguna razón ética y moral para que algún funcionario, servidor público o líder de los gremios capitalistas colombianos diga una sola palabra frente a las supuestas injusticias de otros países? ¿Será que en Colombia no existe un departamento llamado Chocó, y otro Guajira, en donde niños, niñas y ancianos mueren de hambre porque las élites se roban la plata? ¿Acaso se nos olvidó quiénes y cómo se vienen robando la plata de la salud y las pensiones para construir lujosas edificaciones tipo resorts?

Queridos y queridas compatriotas, a ver si despertamos y miramos un poco hacia adentro de la casa, antes de hurgar en la de los vecinos. A ver si nos damos una oportunidad de barrer la basura que aquí nos inunda.

Page 2 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.