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Editorial 154: Democracia de papel

¿Qué hacer en un país donde no funcionan la democracia y las instituciones, y el sistema de justicia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía tienen prácticas criminales y de impunidad? Donde el sistema electoral es un fiasco porque las investigaciones y denuncias que señalan los vínculos de los clanes de siempre con la delincuencia, no solo no llegan a ningún lado, sino que las mafias siguen reeligiendo una y otra vez a las mismas familias que saquean los recursos públicos. Y el Gobierno, con ánimo guerrerista, exhibe su habilidad para engañar a los organismos internacionales legitimando la mentira, el crimen, la ilegalidad y los antivalores autoritarios y traquetos.

Donde los medios masivos de comunicación tapan un escándalo con otro nuevo, echándole tierra al anterior sin que la verdad se pueda conocer y los responsables paguen por ello. Peor es cuando la verdad se conoce y sin embargo nadie responde. Así se construyen montañas de olvido e indiferencia. También su lenguaje legitima la violencia, al punto que la sociedad, los líderes de centro o izquierda, y las organizaciones sociales y de derechos humanos, terminan usándolo. “Uso desmedido de la fuerza”, dicen, refiriéndose a varios policías del ESMAD que patean sin piedad a un jovencito o jovencita por protestar ante la corrupción en el sector de la educación, o ante los incumplimientos del pasado paro, como si hubiera una violencia que se pudiera medir y aceptar.

Acudimos mudos y ciegos al derrumbe de lo poco que queda de democracia. En los últimos meses fuimos testigos de cómo la protesta legítima de la sociedad fue reprimida de manera violenta, con policías infiltrados entre los estudiantes destruyendo puertas y ventanas de edificios para provocar el uso de la fuerza; con cuerpos élites del ESMAD y militares disparando de manera letal contra campesinos e indígenas en la Minga, portando armas que apagan ojos y mutilan extremidades, lanzando golpes que rompen cráneos y al mismo tiempo familias, vidas, sueños y esperanzas.

Seguimos contando cadáveres y observando impávidos el terrorismo de Estado. Atendemos como espectadores a la traición de las élites que, a través del genocidio, acaban con las vidas de los desmovilizados que entregaron sus armas, creyendo honesta, o ingenuamente, que los caminos del cambio y la revolución se podían transitar también por las vías institucionales. Pareciera que no tuviéramos fuerza para detener el asesinato y la judicialización de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, reivindican sus derechos, y construyen la paz con justicia social.

Sin embargo, la voz desprovista de autoridad y ética del Estado, y su Gobierno ilegítimo, nos vuelven a invitar a participar en las elecciones, las más sangrientas en comparación con las que se llevaron a cabo hace cuatro años. Según la revista Semana, han sido asesinados una candidata y seis candidatos a las alcaldías, y 46 más han sido amenazados y presionados a retirarse de la contienda.
Pero ese no es el principal problema. Reducir la democracia a la clásica y vacía concepción de que hay derecho a elegir y ser elegido, mientras se escogen a las buenas o a las malas los mismos de siempre, viene siendo una manera lapidaria forma de enterrar otras formas de lucha y de construcción de democracia que las comunidades y los procesos sociales han desarrollado por décadas en nuestro país.

El pacifismo y el electorerismo baboso se impregnan como almizcle y se apoderan de todo, empujando a los procesos sociales y a las voces críticas a sumarse a las consignas de las derechas: “más vale una paz y una democracia imperfectas que una guerra perfecta”; “en política todo se vale porque esta es dinámica”. Bajo estas “máximas” hoy es fácil ver a candidatos de izquierda o de procesos sociales pedir avales o aliarse con personajes de los partidos de la derecha vinculados con el paramilitarismo, la corrupción, o el crimen.

Ahora nadie puede justificar ni reivindicar la legitimidad de las acciones beligerantes de las comunidades, ni las explicaciones históricas y éticas que amparan el derecho a rebelarse, so pena de quedar encasillado, por la derecha o la izquierda políticamente correcta, en la fila de los guerreristas y ser linchado socialmente.

El sueño, válido y legítimo de llegar al gobierno con una propuesta alternativa no puede mermar la convicción ideológica de los procesos que históricamente han contribuido a la dignidad colectiva. Esta les ha permitido a las comunidades confrontar con la cara en alto las políticas entreguistas de las élites y fomentar la defensa del territorio, el poder popular y la denuncia al terrorismo de Estado. Tampoco se pueden reducir los esfuerzos y las propuestas de transformación social a su participación desordenada y descriteriada en las urnas.

Las comunidades, partidos, movimientos y procesos populares tienen la obligación política y ética de poner a jugar todo su acumulado en la disputa por el poder en todas las modalidades y escenarios. En la disputa institucional su aporte es fundamental, justamente en el cambio de mentalidad, de las prácticas y de las costumbres políticas antidemocráticas y discriminatorias que durante casi dos siglos le asignaron al pueblo el papel pasivo y sumiso de asistir tímidamente a votar, creyendo que allí se agotaba su responsabilidad.

El rol de un movimiento social que aspira a disputarse el poder debe ser el de cogobernar, exigir, denunciar, vigilar y movilizarse en torno a sus intereses. Esto solo es posible si el ejercicio electoral va a acompañado de una dinámica de poder popular que sea capaz de jugar de tú a tú, y bajo las mismas condiciones en el fortalecimiento del gobierno progresista, o uno de transición hacia la democracia que proponga nuevas formas de gobierno en donde los pueblos tomen las riendas de su presente y futuro.

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