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Cristina está sentada en las faldas de un edificio del centro de Medellín. Lleva en brazos a su hijo de dos años, tiene el semblante caído, los ojos tristes, la cara llena de pequeñas heridas. Hace unos años luchaba en Venezuela por ser una de las pocas mujeres educadas y cultas de su familia, hoy es indigente.

Así como esta mujer, existen miles de migrantes venezolanas que hoy se encuentran en la mendicidad, son explotadas laboral o sexualmente, sufren acoso callejero y laboral, son violadas, y en el peor de los casos, asesinadas. Este es el drama que sufren en los países a los que migran; sin embargo, la tortura empieza mucho antes: en su país.

Según el informe denominado “Mujeres al Límite”, realizado por organizaciones venezolanas como Avesa, la Asociación Civil Mujeres en Línea, Freya y el Centro de Justicia y Paz, las mujeres son el género con mayor estado de vulnerabilidad en Venezuela. En este informe, publicado en 2017, se mencionan puntos clave como las dificultades para acceder a salud pública, justicia, educación, así como los diversos tipos de violencia que sufren.

“Mujeres al Límite” señala que una mujer tiene menos probabilidades de alimentarse adecuadamente puesto que, en la mayoría de familias, son los varones quienes cubren la canasta familiar y son ellos quienes comen mejor. En cuanto a la salud pública, miles de mujeres padecen complicaciones por no tener acceso a medicinas o implementos de higiene –como unas simples toallas higiénicas–, lo que las expone a contraer infecciones vaginales o urinarias, entre otras enfermedades.

Así mismo, el informe señala que las mujeres son violentadas física, sexual y psicológicamente, en especial por la fuerza militar, ya sea cuando realizan filas para conseguir alimentos, cuando son recluidas por manifestar contra la injusticia o cuando las retienen arbitrariamente y las utilizan para amedrentar a sus familiares. Se mencionan casos de torturas, asesinatos y violaciones a mujeres por parte de la fuerza militar venezolana. No obstante, si ellas desean acceder a la justicia, son ignoradas porque los órganos de justicia no consideran prioritarios dichos delitos.

Por todo esto, las mujeres venezolanas deciden migrar a otros países. Pero dejar Venezuela no es nada fácil, y es doblemente difícil si se trata de una mujer.

Primero, son asediadas sexualmente en la frontera por militares venezolanos y por el personal de migraciones de los países a los que acuden. Luego, pasan días en buses o caminando rumbo a las ciudades que tienen por destino. En algunas ocasiones tienen suerte, logran conseguir empleo en restaurantes o puestos de atención al público, pero son pocos los finales felices.

La mayoría de veces, cuando llegan a las ciudades donde pretenden residir, pasan un verdadero martirio. Y es que la xenofobia, el machismo, el oportunismo, el acoso callejero, la perversión humana, la explotación laboral y sexual, hacen de su migración un infierno.

Este año, un reportaje de CNN visibilizó el negocio de la prostitución de venezolanas en Colombia. El trabajo del periodista Fernando Rincón hacía énfasis en que la mayoría de estas mujeres optaron por someterse a este oficio por necesidad, por la desesperación de enviar dinero a sus familiares, y en especial por la supervivencia de sus hijos.

–Tengo conocidas aquí, hay muchas que se prostituyen por necesidad, para que sus hijos coman–, asegura Cristina

Entrar en el mundo de la prostitución no es nada fácil. Se han registrado casos de mujeres que ingresan voluntariamente a prostíbulos, las mafias que trafican con sexo se aprovechan de su condición, son explotadas sexualmente, y luego salir del negocio es casi imposible. Además, un reportaje del diario El País documentó que existe actualmente una ola de feminicidios de mujeres venezolanas en América Latina, siendo Colombia uno de los países con mayor tasa de asesinatos de mujeres venezolanas.

Aunque las mujeres no opten por la prostitución, también son violentadas: “Me han ofrecido 50 mil pesos por sexo, me han visto necesitada y han querido aprovecharse de mí, pero no he aceptado”, sostiene Cristina. Las venezolanas no solo sufren explotación sexual o reciben propuestas indecentes. Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), cuatro millones de venezolanos han abandonado su país. Los países con mayor inmigración venezolana son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. En dichos países las mujeres venezolanas son cosificadas. Inescrupulosos osan darles un empleo para que ellas vistan prendas diminutas y atraigan más clientela, más ingresos. También los empleadores aprovechan su condición para asediarlas y ofrecerles seguridad laboral a cambio de sexo. Dentro o fuera de Venezuela, son víctimas de violencia de género.

Lo peor es que estas mujeres quieren acceder a educación, luchan por sobrevivir, por salir de la crisis, pero las personas simplemente se olvidan de su aguda condición, de su nombre, de su nacionalidad, y hasta las llaman “venecas”, término que además de vulgar es ofensivo. No lo merecen. Merecen respeto y reconocimiento por luchar contra su desgracia. Merecen que amparen todos sus derechos.

Saturday, 07 September 2019 00:00

Masacres racistas en los Estados Unidos

“Este hombre anglo vino aquí para matar latinos”.
Richard Wiles, Alguacil del condado de El Paso.

Es un joven blanco de escasos 21 años, con estudios universitarios, aficionado a la informática, y vive pegado ocho horas diarias a su computador personal. Sus vecinos y compañeros de clase dicen que siempre anda solo, no tiene amigos ni compañera sentimental, es muy tímido e incluso algunos afirman que es una nulidad, un tonto. En sus cuentas en redes sociales se quejaba de la falta de perspectivas laborales y pensaba que en el mejor de los casos podría desempeñarse como técnico de informática. Ese joven, que responde al nombre de Patrick Crusius, habitaba en un suburbio de Dallas (Texas), y el sábado 4 de agosto condujo su coche particular durante un poco más de 1000 kilómetros durante 10 horas para dirigirse a la ciudad de El Paso, fronteriza con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. En su automóvil portaba un fusil AK-47, con el que llevaría a cabo la misión de matar a personas inocentes.

El Paso, el lugar donde ocurrió la masacre, fue seleccionado en forma premeditada, puesto que esa ciudad de 700 mil habitantes tiene una particular característica demográfica: el 80% de sus habitantes son de origen latino, especialmente mexicano, y en los últimos meses ha adquirido importancia por la afluencia de migrantes centroamericanos que quieren ingresar al territorio de los Estados Unidos desde México. Además la selección de un supermercado, Walmart, para efectuar la matanza, responde a que en ese sitio concurren a diario cientos de personas de origen mexicano.

Antes de efectuar la masacre, Patrick Crusius colgó en un portal digital denominado 8chan ―en el que se difunden opiniones racistas, xenófobas y misóginas― un manifiesto de 2300 palabras con el título La verdad inconveniente. Esta perorata racista se basa en la “teoría” del “gran reemplazo”, promovida tanto en Europa como en Estados Unidos, por ideólogos de extrema derecha que sostienen que la “raza blanca” está en peligro de desaparecer porque está siendo sustituida por “razas inferiores”, procedentes de África, Asia o América Latina. La supremacía de los blancos sale a relucir en este manifiesto de odio, con la terrible novedad de que los enemigos que se señalan como el objetivo a liquidar ya no son los musulmanes o los árabes, sino que son los migrantes de origen latino (principalmente mexicanos) que malviven en los Estados Unidos. Crusius dice que Texas se encuentra en peligro porque está siendo invadida por los mexicanos y es imperativo matarlos, para salvar a los blancos, con lo cual “nuestra forma de vida puede ser más sostenible”. Con tono de mesías salvador, Crucius sostuvo que su acción criminal es “solamente el principio de la lucha por Estados Unidos y Europa […] Me siento honrado de encabezar la lucha para recuperar mi país de la destrucción”.

Al llegar al Walmart con la frialdad del asesino que actúa meticulosamente para hacer daño y causar dolor, Crusius accionó su AK-47 contra las personas que estaban en el lugar, como luego lo confesaría a la policía, con el objetivo de matar a “la mayor cantidad de mexicanos posibles”. Al final de su cruzada mortal perecieron 22 personas y otras 26 resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran tres mexicanos y otros seis más fueron heridos. Una mujer mexicana de 25 años, madre de tres niños, fue abatida mientras llevaba a su pequeño bebé de dos meses en brazos, como constancia de la determinación criminal del joven racista de acabar con las personas que se encontraba a su paso, así fueran niños.

Esta ha sido la masacre número 248 de este estilo que ha sucedido en los Estados Unidos en el 2019, pero es la primera en donde se afirma que su objetivo son los latinos que viven en los Estados Unidos. Esa terrible novedad, que no puede pasar desapercibida, refleja el impacto directo del discurso de Donald Trump cargado de odio y racismo hacia los latinoamericanos, a quienes califica de “plaga”, “asesinos” y “violadores” que están “invadiendo a los Estados Unidos”. Este discurso en sí mismo no es nuevo en los Estados Unidos, pues viene siendo esgrimido por distintos sectores de la extrema derecha en ese país, lo que sucede es que ahora esa perorata tiene “carta de ciudadanía oficial” y “licencia para matar”, al ser propugnado por el presidente de los Estados Unidos.

De ahí que por primera vez y en forma directa el asesino de El Paso haya aludido a los latinos y mexicanos como los enemigos a matar. Un terrible antecedente que no puede separarse del discurso incendiario de Trump, que ha avivado el odio de importantes sectores de la población “blanca” de los Estados Unidos, que consideran a los migrantes latinos como los responsables del desempleo y el deterioro de sus condiciones de vida. Pero atención, no es que el odio sea promovido de manera exclusiva por Trump, ni sea una cuestión reciente, como afirman ciertos políticos y periodistas en los Estados Unidos. Es el resultado de procesos de odio y racismo de larga duración, incubados en la sociedad estadounidense, en la que se rinde culto al individualismo, a la violencia, a las armas, a las acciones homicidas dentro y fuera de ese país, encubiertas además con un barniz religioso de tinte apocalíptico.

Por ello, no extraña que aparezcan jóvenes blancos como Patrick Crusius, convertidos en criminales por la influencia de la propaganda racista que circula por todos los medios en la sociedad estadounidense promoviendo el odio. Estos individuos pasan del anonimato al desprestigio criminal, porque ellos encarnan la intolerancia homicida que siempre ha caracterizado a diversos sectores de la sociedad estadounidense desde hace siglos, y que podría expresarse en forma lacónica con un lema emblemático: odio luego existo. Con ese lema, miles de jóvenes blancos de los Estados Unidos están dispuestos, y armados que es lo peor, para matar en cualquier esquina y a cualquier hora a los que conciben como enemigos e invasores, porque están permeados por una lógica racista de pretendida superioridad sobre todos aquellos que son considerados inferiores.

Una masacre como la de El Paso no es una acción de lobos solitarios o de casos aislados, ni mucho menos. Es un proyecto criminal de envergadura que seguirá generando muerte y desolación dentro de los Estados Unidos, en la medida en que las transformaciones demográficas se tornan irreversibles, y como resultado los “blancos puros” tienden a convertirse en una minoría en los próximos años. Dentro de esa minoría operan fuerzas retrógradas de la extrema derecha, de la cual Donald Trump es por ahora su vocero más visible, que acarician la vana ilusión que matando a los “invasores” van a impedir el flujo de inmigrantes al territorio de los Estados Unidos. Así, este tipo de masacres tiene un porvenir asegurado en los suelos del Tío Sam.

Saturday, 07 September 2019 00:00

La verdad, el camino para transitar hacia la paz

Hoy la sociedad colombiana se encuentra ante el desafío de la transición, es decir, tiene la oportunidad de construir un país distinto, en paz. Dicha transición adquiere mayor sentido si logramos comprender el país que habitamos, no en singular sino en plural, y no solo desde lo individual sino también desde lo colectivo. En particular aquello que tiene que ver con los impactos del conflicto armado en la política, la economía, la cultura, las relaciones sociales y las formas organizativas como los sindicatos, que han moldeado una sociedad con una mezcla de diversas expresiones, conflictividades y tensiones; con fracturas, exclusiones y diferencias profundas.

Es necesario conocer la verdad de lo que pasó en el marco del conflicto armado interno, de qué manera diferencial ha tocado cada vida individual y colectiva, por qué y cómo llegamos a semejantes niveles de barbarie y deshumanización, conocer las causas y las consecuencias, identificar las responsabilidades, así como las distintas respuestas frente a lo padecido. Estos son algunos de los propósitos trazados en la implementación del Acuerdo de Paz, y es lo que se espera frente a los derechos de las víctimas, en particular.

Lo que está en juego es el rol transformador que debe jugar la verdad en una sociedad en proceso de transición, darle el giro a una realidad plagada de barbarie y violaciones a los derechos humanos, mutar la apuesta hacia la construcción de la paz, que no es posible concebir sin iniciativas de verdad que pongan en el centro a las víctimas como sujetos de derechos. No solo por la estigmatización, persecución y violaciones masivas a sus derechos, a su libertad individual y colectiva, sino porque en muchos casos encarnan voces históricamente marginadas y excluidas.

En Colombia las víctimas son un sujeto diverso. Una de las historias más graves de victimización sistemática y selectiva, ha sido la del sindicalismo. La violencia en su contra ha sido de tal dimensión y complejidad, que no se compara con otro país en el mundo. Según los registros de la Escuela Nacional Sindical, ENS, desde 1973 hasta agosto de 2019 se registraron alrededor de 14.931 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas. 3195 han sido homicidios, 3372 violaciones contra mujeres sindicalistas, 6288 contra la dirigencia y el activismo sindical. Al menos 487 sindicatos, de alguna forma, han sido afectados por esta violencia antisindical.

Más allá de las cifras, es preciso anotar que la violencia antisindical aún no es un hecho del pasado y que los graves daños que ha desatado tanto en lo individual como en lo colectivo aún no han sido reparados. Miles de vidas aniquiladas, familias afectadas, sindicatos debilitados y desaparecidos, liderazgos sindicales exterminados y menguados, derechos vulnerados, garantías sindicales y democráticas truncadas, ruptura del tejido social, proyectos colectivos entorpecidos, implementación de relaciones y modelos laborales que van en contravía de los derechos de los trabajadores, así como la profundización de la estigmatización y la exclusión política del sindicalismo, son algunos de los daños e impactos dejados por la victimización sindical.

¿Cuál es el papel de la verdad frente al fenómeno de la violencia antisindical en el marco del conflicto armado? Es avanzar en explicaciones que permitan a la sociedad conocer qué y por qué pasó, para que no se repita. Es dignificar el nombre de las víctimas, identificar a los presuntos responsables y los factores que permitieron que esta violencia persista hoy en día. Es identificar los impactos en el ejercicio del derecho a la libertad sindical como derecho humano para avanzar hacia la reparación integral.
La construcción de verdad es asimismo un camino para reconocer las luchas y los aportes del sindicalismo a la democratización de la sociedad y el logro de mejores condiciones de trabajo, para dejar atrás la estigmatización y la cultura antisindical, y hacer que el sindicalismo se reconozca como sujeto colectivo y actor fundamental en la construcción de la paz, la democracia y la justicia social.

Pero el camino a la verdad está lleno de altibajos, obstáculos y tensiones, pues la pluralidad de voces y de narrativas no es asunto fácil de abordar ni de resolver. Se trata de escuchar a quienes más han sufrido el conflicto y no han sido reconocidos, y de que la verdad cumpla una función reparadora y reconciliadora en clave de no repetición.

Para eso será necesaria la suma de muchos esfuerzos y el trabajo de muchas manos. No solo es tarea de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Tal desafío implica asumir la verdad como un asunto de interés común, que compete a toda la ciudadanía, a los movimientos y organizaciones sociales, a los sindicatos, a la academia y a diversos colectivos y comunidades. Para lograrlo, es necesario que la sociedad colombiana asuma la verdad como un derecho y un bien público a defender, como una condición necesaria para avanzar en la construcción de una paz estable, duradera e incluyente.

La ENS apoya esta tarea a partir de la experiencia investigativa, la construcción de memoria histórica, el registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra sindicalistas, y la asesoría a las organizaciones sindicales para que concurran ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
*Profesional de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical

Por Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - Redher

Este fue el grito de protesta que resonó en el auditorio de Pelaya - Cesar, cuando se instaló el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria, realizado el 19 y 20 de octubre de 2018. Al evento se convocó a personas de base que cotidianamente enfrentan las agresiones de la fuerza pública y la militarización de sus territorios. Muchos de ellos han vivido la judicialización arbitraria de la Fiscalía y la imposición de medidas intramurales. En un instante, espontáneo, pudimos dimensionar el impacto de dicha judicialización. La mitad de los asistentes levantó la mano cuando se preguntó por quiénes han estado en una cárcel, ya sea como preso o visitante. Y muchas más alzaron la mano cuando se preguntó quién había sido víctima de despojo en su territorio.

Los asistentes provenían del campo de Colombia, territorio asediado por los grupos armados que no solo intimidan a las comunidades, sino que además limitan y persiguen la movilización social. Precisamente por esta razón las organizaciones convocantes se le midieron al reto de realizar el evento en este territorio. “Es uno de los municipios más golpeados por el paramilitarismo y por las estrategias más brutales del Estado para reprimir y destruir el movimiento popular”, explicó Gloria Silva, una de las organizadoras del encuentro, perteneciente al Equipo Jurídico Pueblos (EJP).

Por ello, aparte de compartir experiencias de defensa de los derechos de los pueblos y construir recomendaciones para hacer frente a la criminalización del movimiento social, uno de los objetivos fue mantener viva la memoria de las masacres paramilitares que tuvieron lugar en pueblos cercanos. Los dirigentes sociales de la zona, presentes en el encuentro, son sobrevivientes de una matanza sistemática. De hecho, aún hay paramilitares en los alrededores de Pelaya y la Serranía de Perijá. Luego del evento supimos que por amenazas algunas comunidades de la parte alta de las montañas no pudieron participar en el Encuentro.

A esto se suma la represión del Estado contra el movimiento popular, que busca desarticular y destruir la identidad del pueblo en resistencia. “En los últimos cuatro años hemos encontrado que más de 40 personas han sido detenidas en esta región. Decidimos hacer el evento este año en Pelaya, porque es un territorio donde se estigmatiza, persigue y judicializa al movimiento social que está en defensa del territorio en contraparte de los intereses de terratenientes y multinacionales”, dijo Rommel Durán, integrante de EJP.

De hecho, no faltaron los ataques del Estado contra el evento. Unas semanas antes la policía presionó al dueño del auditorio para que no se hiciera el encuentro en sus instalaciones. Por ello, su realización es una demostración de que la voluntad política sí puede contrarrestar las intimidaciones de la fuerza pública.

Ahora bien, a pesar de estos retos, hemos demostrado que se puede construir poder popular a través de un intercambio de saberes. Partimos de la experiencia de algunos líderes sociales de la región que fueron judicializados y privados de la libertad, como le pasó a José Ángel Lindarte, campesino y padre de familia, de 53 años de edad, que era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Singararé de Pelaya. A José lo capturaron el 24 de diciembre de 2016 cuando bajó desde su finca al casco urbano. Fue trasladado al Centro Penitenciario de Valledupar, uno de los peores centros de tortura del país. Su madre, de casi 80 años, sufría cada vez que lo iba a visitar.  

Sin prueba alguna, la Fiscalía le sindicó de formar parte de la guerrilla del ELN. Lo señaló de extorsionar a los ganaderos del pueblo y de suministrar comida al grupo. “Absurdo. A veces ni yo mismo tengo suficiente comida para mi familia y me toca salir de la casa con el estómago vacío”, comenta.

Después de 22 meses en el infierno de la cárcel, salió por vencimiento de términos, pero con un juicio pendiente. El caso de José Ángel es uno de tantos montajes judiciales en los que las garantías resultan vulneradas, los procedimientos son lentos, y no se respeta el principio de presunción de inocencia. Gracias al apoyo de su familia, la comunidad y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos del Cesar (MTCC), regresó fortalecido a su vereda. Ante el público del evento dejó claro su mensaje: “La captura de los líderes y las lideresas sociales no quiere condenar a la persona, sino callarnos la boca y acabar con el movimiento social.”

Las intervenciones sirvieron para pensar mecanismos para que la comunidad se defienda de las capturas y detenciones arbitrarias. Los resultados fueron presentados con pequeñas obras de teatro, una forma lúdica que facilitó la participación de cada integrante de los grupos (y un ejemplo de educación popular). Luego hubo diferentes actos culturales como parte de la resistencia y la identidad cultural del pueblo. “Que el amor, la música, el baile, el teatro, la poesía, y el circo, nos sigan brindando herramientas para resistir e incidir en todos los territorios”, comentó Mariana Galvis, de la Universidad Industrial de Santander.

Pero más allá de la prevención y reacción a las detenciones arbitrarias, los movimientos presentes se comprometieron con un plan de trabajo conjunto para seguir con la formación de derechos humanos en sus respectivas comunidades y atenuar la crítica situación humanitaria de los presos políticos, cuya voz escuchamos a través de audios en el auditorio.

Al final del encuentro Gloria Silva concluyó: “La organización y movilización de las comunidades son una alternativa que tienen los movimientos populares para revertir los efectos de la política criminal del Estado”. Una muestra de movilización se dio con el bloqueo de los participantes a la Ruta del Sol, columna vertebral del transporte entre la costa y el interior del país. Que le sigan muchas movilizaciones más para que en un futuro cercano los presos políticos estén de nuevo entre nosotros.  en los territorios”.

Por lo visto, al presidente Duque no le dio ni cinco de vergüenza nombrar en su gabinete a personajes como Alberto Carrasquilla, Nancy Patricia Gutiérrez, María Victoria Angulo González, entre otros, a pesar de haber estado involucrados en escándalos de corrupción o procesos penales por paramilitarismo. El cinismo afloró muy rápido; en tan solo semanas el joven Iván Duque olvidó los compromisos que hizo ante el país el 27 de mayo, cuando ganó las elecciones: combatir la corrupción, renovar la política y acabar con la práctica de repartir mermelada.

Sin embargo, ya el tarro de mermelada está casi vacío: los empresarios, los corruptos, los militares implicados en falsos positivos, y los representantes de gremios como Guillermo Botero, recibieron su untada. Botero, reconocido empresario de las flores y hasta ahora presidente de Fenalco, fue nombrado ministro de Defensa, y como buen godo, lo primero que ofreció fue represión y control hacia la protesta social, un anuncio muy particular en un país que espera que alguien con autoridad haga algo para detener el genocidio contra líderes y lideresas sociales, cifra que supera 400 asesinatos en los últimos 30 meses.

Alberto Carrasquilla fue nombrado ministro de Hacienda. Este señor es un conservador ortodoxo, según lo definen en el diario El Tiempo, o un godo, como nosotros le diríamos, que se caracteriza como todos ellos por practicar la doble moral. Por un lado, lanzan a los cuatro vientos lecciones de moral y de comportamiento para los demás, pero aplican para sí mismos otras reglas, más flexibles, para beneficiarse de su poder y su cargo con los grandes contratos, o practicar la corrupción y el arribismo abiertamente contra los pobres. Carrasquilla estaría vinculado, por lo menos por omisión como ministro de Hacienda de Uribe, en el caso de contratación de la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, en la que se robaron más de ocho mil quinientos millones de dólares.

Su nombre se encontró en la lista de los papeles de Panamá, eufemismo usado para referirse a los paraísos fiscales en donde personajes como él esconden el dinero que se roban del erario público, o la plata que perciben por facilitar o recomendar meganegocios, práctica muy desarrollada y aplicada por los ricos de todo el mundo, casi siempre respetadísimos empresarios. Recientemente, y como si tuviera las manos y la imagen limpia, el polémico señor Carrasquilla manifestó en el diario económico La República, que el salario mínimo era “ridículamente alto” por lo que habría que rebajarlo. Carrasquilla además lidera el equipo de 295 personas que están haciendo el empalme con el saliente gobierno de Santos. Los multimillonarios, los godos, y las mafias que se apoderaron del Estado en los dos periodos de Uribe, manejarán la línea política y económica del gobierno de Duque. Más mano dura para los pobres.

Por otro lado, la nueva ministra del Interior es ni más ni menos que Nancy Patricia Gutiérrez, excongresista uribista, acusada e investigada por parapolítica y tráfico de influencias. Gutiérrez fue señalada de haber recibido apoyo de los paramilitares en su campaña, por personajes como Andrés Vélez del bloque centauros, Luis Alberto Medina alias “Cristo Malo”, y por la polémica Rocío Arias, ex representante a la cámara, uribista hasta los tuétanos, también condenada por parapolítica. El delito de tráfico de influencias fue por recibir información confidencial del DAS con la que Gutiérrez desprestigió a Piedad Córdoba. Todas estas ilegalidades fueron respaldadas por Uribe y la famosa exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Aunque la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia inhibitoria en favor de Gutiérrez, el expediente y el proceso siguen vivos, pues aunque el asunto jurídico tiene debilidad probatoria, podría activarse con nuevas pruebas.
María Victoria Angulo González, nueva ministra de Educación, aunque no es tan conocida se desempeñó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Es una mujer muy estudiada, economista de la Universidad de los Andes, que desde 2011 dirigió la fundación Empresarios por la Educación. Según La Silla Vacía, esta fundación “promueve la vinculación activa del sector privado en el mejoramiento de la educación y tiene o ha tenido en su junta directiva a empresarios superpoderosos como David Bojanini, presidente de Suramericana, Antonio Celia de Promigas, Alberto Espinosa de Alpina y Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, entre otros”.

Nada de esto es ilegal, el problema es que cuando se presentaron los escándalos de corrupción por los carteles de los alimentos escolares, se pudo observar que la entonces secretaria de Educación del distrito firmó contratos con la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, la misma empresa que con otro nombre le vendía las pechugas de pollo más caras del país a los cartageneros, platica destinada para alimentar a los niños y las niñas más humildes de esa ciudad.

Pero las acciones del nuevo gobierno y sus bancadas en el Congreso también han mostrado, con rapidez, el objetivo central de hacer trizas los acuerdos de paz, como lo había prometido uno de sus máximos voceros, el corrupto Londoño Hoyos. Para ello han atacado con virulencia la Justicia Especial para la Paz - JEP. En realidad a nadie le cabe duda que el fin primordial es la protección de Álvaro Uribe, ya que reconocidos y altos mandos militares se han acogido a la JEP, y allí tendrán que contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y ordenados por el expresidente, o por lo menos con su complicidad o su omisión, y con el apoyo de importantes empresarios. Interesante observar el enredo y los conflictos que van a tener entre sí los áulicos del uribismo. Tal vez en esta oportunidad algunos no querrán pagar los crímenes del patrón.

Por otro lado, tampoco está tan fácil para Duque hacer trizas lo que queda de los acuerdos con las FARC, o patear la mesa con el ELN, pues la directora del FMI, Christine Legarde, advirtió a Duque que la inversión y el crédito dependen de la paz de Colombia. Y como el presidente electo se fue a recibir instrucciones, seguramente se devolvió con preocupaciones al respecto.

No se puede negar que se ha consolidado un gobierno tirano y cruel en contra de los más necesitados, uno con mano de hierro para atacar a la oposición social y política; así lo demuestran los más de 400 asesinatos y los cientos de judicializaciones y acciones de intimidación y amenazas contra los líderes sociales y sus organizaciones. Sin embargo, el viernes seis de julio cientos de miles de personas en Colombia, en más de 50 plazas públicas y en otros países, se congregaron para rechazar los asesinatos y la violencia contra los líderes y lideresas en una velatón por la defensa de la vida. Con esta acción de humanismo dijeron al movimiento social que no estaban solos.

Esta iniciativa democrática provocó el impulso de un pacto por la vida y la paz, que suscribió incluso el nuevo presidente Duque. Pero como desde entonces la violencia no ha parado, diferentes organizaciones sociales y populares, la bancada alternativa del Congreso de la república y la Colombia Humana reaccionaron con una propuesta de carnaval por la vida y la paz: una monumental movilización de millones de personas que se llevará a cabo el siete de agosto en Colombia y en todo el mundo, un mensaje claro para el uribismo y para los asesinos encubiertos. La vida, la democracia y la paz se disputarán y se ganarán en las calles.

El norte del Tolima no es ajeno a la historia del conflicto armado entre insurgencia, fuerza pública y el paramilitarismo, y mucho menos ahora. Los habitantes de esta región llevan en su espalda la experiencia y energía que los ha mantenido con vida y en el campo, como es la solidaridad con el vecino, tramitar las discordias con la junta de acción comunal, cuidar, respetar y trabajar por lo común, como el derecho a la tierra. Aunque esto último los pone en discusión con particulares, sectores privados y el Gobierno, pues no dimensionan ni respetan la vida de los campesinos en su territorio.

Ser líder social y defensora de derechos humanos en el norte del Tolima no solo trasciende en la defensa del territorio, en organizarse y trabajar para mejorar las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en el campo. Con estos esfuerzos, que deberían ser los mínimos a brindar por parte del Estado, parecen generar molestia e inconformidad a personas o proyectos que, a toda costa, y por medio de la fuerza física y psicológica, siguen poniendo cercas para que los campesinos y campesinas del norte del Tolima puedan vivir en paz.

***


Sandra Milena Castro es una joven campesina, madre y abuela, cabeza de familia. Es vicepresidenta de la Asociación Agroalimentaria y Ambiental Camilo Rodríguez Restrepo “Asacol”, que tiene presencia en el norte del Tolima, y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aurora del municipio del Líbano, Tolima. Esta mujer, como muchas otras en Colombia, inicia su jornada en el campo a tempranas horas, cuando el sol aún no da cara. Toma una taza de café o agua de panela luego de alimentar a sus animales, fuente principal para su alimentación y apoyo económico para solventar los gastos diarios de ella y su familia. Durante su jornada también arregla la huerta, siembra, y platea el café y plátano que cultiva en su parcela.

Todas estas actividades las alterna con el trabajo comunitario en su región; en su quehacer cotidiano también atiende situaciones de deslizamientos y reubicaciones temporales que suceden en su vereda; gestiona ayudas para las viviendas de los damnificados; lidera proyectos económicos para las familias campesinas; hace parte y lidera un proceso de titulación de tierras para las 30 familias desplazadas que habitan desde hace un poco más de 40 años en la vereda La Aurora. A esto se suman las actividades de la Asociación a la que pertenece el norte del Tolima, como su participación en el paro nacional de 2015 que tuvo como nombre Minga de Resistencia por la Vida.

Pero su vida como mujer campesina, líder social y defensora de derechos humanos le ha ocasionado recibir amenazas por medio de llamadas telefónicas; seguimientos por parte de la Fuerza Pública; allanamientos y robo de documentación de sus asociados por personas sin identificar. En lo que va de este año, estas situaciones se han agudizado.

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Escucho a Sandra llena de zozobra, cuando se aproxima la noche y recibo su llamada. Comenta que no saben qué pasa o quién anda, porque los perros de la casa y de los vecinos no han dejado de ladrar en lo que va del fin de semana. Tienen conocimiento que en el camino que conduce a su casa hay un hombre escondido en el monte. Su familia y vecinos no saben de quién se trata; la semana pasada en una vereda aledaña apuñalaron a un campesino por robarle lo que había trabajado en la semana. Se sabe que desde el sábado tumbaron unos palos sobre la carretera de la vereda Zaragoza del municipio del Líbano, para no permitir el paso de carros y nadie sabe quién fue. Estas situaciones no dan espera. Ella y su familia solo están a la expectativa de lo que pueda pasar en la noche que hasta ahora inicia. Hoy vive la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su vida y la de su familia.

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Los gobiernos nacional, regional y local demuestran una vez más que los decretos nacionales no son garantías para la vida de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos que viven en zonas rurales en Colombia. Sus acciones demuestran que entre ellos no existe coordinación, ni una ruta mínima de comunicación para el desarrollo de lo que se plasma en los decretos. No se puede seguir entendiendo como casos aislados lo que pasa en los territorios con los líderes sociales, quienes son desplazados a causa de amenazas, seguimientos o allanamientos. Salvaguardar la vida y la permanencia en el territorio no se puede quedar en los trámites que ha puesto el Gobierno nacional, y que se agilizan solo cuando los movimientos y organizaciones sociales ejercen presión.

Quedan preguntas entre los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, sobre si el Gobierno nacional a posesionarse el siete de agosto del presente año mantendrá las comisiones y mesas de interlocución con el movimiento social, las cuales intentaban ser un mínimo de garantía para la preservación de la vida de los líderes sociales. También sobre si estas agendas de trabajo con sus avances se mantendrán bajo los criterios de respeto a los espacios autónomos, en los que los participantes llegan con posibilidad de voz y voto y con facultades para la toma de decisiones, siendo vinculantes para el Estado como para el movimiento social que representan.

Corría el 13 de marzo de 1986. A las cuatro de la tarde de ese jueves la Policía acordonó un edificio en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Una barahúnda de falsos obreros de la compañía de teléfonos, del gas y de la empresa de electricidad, se adentró en el edificio en donde se sabía que estaba el comandante guerrillero.

23 años atrás, el recio comandante era un dócil joven que vivía en Cartago, Valle del Cauca, y estudiaba el bachillerato en el Seminario de Santa Rosa. Para entonces, ya empezaba a plantearse preguntas de difícil resolución. En el año 1965 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia; su anhelo era convertirse en psicólogo. Allí conoció al Sacerdote Camilo Torres Restrepo, con quien entabla una poderosa amistad que supera sus distintas militancias. En ese momento Fayad ya militaba en la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), en donde se encuentra con Jaime Bateman Cayón, a quien le corresponde ocupar hasta la eternidad el honroso sitial de haber sido quien le cambió el rumbo de su vida.

El reloj marcaba las seis de la tarde; el inicio de la noche colombiana era el momento propicio para cortar la luz del edificio de Quinta Paredes. Ya los efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad -GOES de la Policía nacional estaban todos en posición de asalto; estos mastines sedientos de pólvora, ansiosos por acabar con la vida y con lo humano, se preparaban azarosos para ejecutar extra judicialmente al comandante. Ellos sabían de su condición inerme y de su soledad, sin embargo, actuaban como si se dirigieran a una confrontación justa, en equiparables condiciones de combate para un bando y el otro. Nada más lejos de eso, sin sospecharlo “El Turco” esperaba su último momento en compañía de la señora de la casa, cuyo primer mes de embarazo acaba de completarse hace pocos días.

El decir que Bateman le cambió la vida a Fayad, podría significarse en su ingreso conjunto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy convertidas en partido político. En esa guerrilla permanecieron los entrañables amigos hasta finales de 1969, momento en el que, en compañía de algunos otros compañeros, optaron por ingresar a la ANAPO, para luego conformar el M-19 en 1970. En esta guerrilla, Fayad se caracterizó por su claridad política y por insistir en que las armas eran un medio y no un fin. Como una muestra de su hidalguía quijotesca, participó en el año 74 en el robo de la espada de Bolívar, en una intrépida acción que buscaba dar a conocer al M-19 y su postura política bolivariana.

Con cada acción militar ganaban en espectacularidad, sin embargo, la acción para recuperar las armas del cantón norte lo puso en prisión, diez meses después de caer la mayoría de sus compañeros. De su juicio, al lado de 219 miembros del M-19 —que más que un juicio fue un consejo verbal de guerra—, se destaca que asumió él mismo su propia defensa, denunciando las torturas a las que fueron sometidos él y los otros 219. El Tribunal Militar lo condenó a 26 años de cárcel, pena que se interrumpió por la amnistía concedida por el gobierno de Belisario Betancur en 1982.

Su presencia en la capital colombiana ese jueves de marzo, se debía a la preparación de una cumbre de la Coordinadora Nacional Guerrillera ante las próximas elecciones presidenciales en el mes de mayo. Esa era su vocación, un ser profundamente político, de esos que no interesaban al Gobierno, ni a las oligarquías, ni a los colonialistas foráneos, tampoco a los industriales o al bipartidismo imperante por aquellos días y mucho menos a las fuerzas armadas regulares; Fayad era de esos que incomodan y que por tanto sobran en el para-estado. Él, como otros del mismo talante, sobrarán siempre para la corrupta institucionalidad que se niega a encontrar una solución negociada al conflicto armado. ¿A quién podría interesarle la vida de un revolucionario con denotada capacidad negociadora?

El tiroteo fue breve. Entre las 7:00 y las 7:30 p.m. más de 300 policías arremetieron contra el políglota de origen libanés, razón por la cual le apodaban así, “El Turco”. Con él cayeron una mujer y su hijo de apenas un mes de gestación; solo un pequeño niño de ocho años sobrevivió milagrosamente al furibundo ataque, ese mismo que los medios de comunicación insisten en denominar “combate”. Nadie pudo ingresar al edificio, una jauría de más de 300 personas impidió el paso y con ello sepultaron no sólo a “El Turco” y a la desafortunada mujer; con ellos se fue para siempre la verdad de lo ocurrido esa noche, esa parte de la verdad por la que, de vez en cuando, en la historia de las naciones se reúnen algunos jóvenes entusiastas y soñadores para dar la hasta la vida por preservarla.

Thursday, 21 June 2018 00:00

¡Le bajo el salalio malica!

Por Wilmar Harley Castillo Amorocho*

Ya anda mucha gente indignada en las redes sociales, disparando desde sus trincheras virtuales frases con carga de resignación, odio y pereza frente a los dos acontecimientos que mueven la política diaria y nacional. Por un lado, la derrota del primer partido de la sele ante Japón 2-1, con la expulsión de Carlos Sánchez a los tres minutos de juego por evitar un posible gol (que finalmente sí fue gol); por el otro lado, el aplazamiento en el Senado del debate de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Alrededor del partido en Saransk, pues la rabia patriota ha despertado en aquellos colombianos que se identifican con sacar siempre la buena cara del país ante el mundo. Guillermo Cárdenas, junto a los hinchas que entraron guaro al estadio camuflado en unos binoculares fueron blanco de las críticas por su comportamiento nada ético en Rusia. Al caído caerle, la sele perdió con 10 jugadores y de paso salen estos youtubers criollos reluciendo lo “avivatos” de los colombianos.

Pero esto me preocupa por un asunto reciente. Porque los 10 millones que escogieron a Duque (espero que un porcentaje mayoritario no haya sido por la magia votarum registradurum) a conciencia ¿entran en la corriente avispada del ser colombiano? Porque hay 10.000 razones para pensar seriamente la inclinación política hacia el Centro Democrático, sin contar los muertos de El Aro a manos de paramilitares, mientras el innombrable fue gobernador. Una hoja de vida tan despulida no habla bien de un referente público. La ñapa, ¿hará parte de ese avispamiento criollo querer ser testigo contra Uribe, siendo consciente de que amanecerá muerto? Cosas del altísimo.

Habrá que recordar también el consejito de Alberto Carrasquilla (exministro de Hacienda en el régimen del innombrable, y recientemente nombrado jefe de la comisión de empalme de Duque con el gobierno Santos) cuando fue consultor privado, de bajar el salario mínimo, porque “Cerca del 30% de la población colombiana, gana por debajo del salario mínimo legal y si se le añaden los cargos de los parafiscales, esta proporción aumenta notoriamente. Entonces, ¿para qué aumentamos esta brecha subiendo más el salario, si ni siquiera se garantiza que el promedio en el que está el salario en este momento, alcance para subsanar las necesidades básicas?”.

Además, un pensador del progreso económico nacional de este nivel (según registra la revista Voces, cuando estalló el escándalo de los papales de Panamá, el exministro apareció como accionista de la sociedad de Panamá, Navemby Invesments Group INC, en donde figuraría con un 33% de las acciones, desde el 2001 y ahora maneja el fondo de inversión Konfigura Capital), ha propuesto privatizar los fondos de compensación y el SENA ¿cómo les quedó el ojo?

Con este tipo de gente haciendo política económica, me queda más claro el tipo de avispados que hay en el país, porque de ahí para atrás las políticas en general no fueron las más beneficiosas y todavía sufrimos los estragos de otras imposiciones: Ley 100, falsas desmovilizaciones paramilitares, representantes a la cámara vinculados con el paramilitarismo, etc., sin contar lo que viene en los próximos cuatro años.

Con lo más reprochable que puede ser el comportamiento de los compatriotas en Saransk, nos podríamos ver reflejados en esos videos con un guion más o menos así: Duque: nos van a jodel. Pueblo: Nos van a jodel. Duque: muy bien, ahora: Nos van a bajal el salalio. Pueblo: Nos van a bajal el salalio. Duque: ¡muy bien pueblito!

 

*Secretaría de Comunicación y Formación. Coordinador Nacional Agrario

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 77 EN EL 2012) 

Una de las dificultades por las que atraviesa el campesinado en Ituango ha sido el acceso a la energía eléctrica. A pesar de la construcción del proyecto hidroituango en su territorio y de que Colombia es un país potencia en generación de ésta energía, muchas veredas cercanas al nudo del Paramillo no han gozado de la electricidad. Pero algunas familias que antes cocinaban con leña ahora lo hacen con biogás. Y no sólo eso: la implementación de bioabonos, a partir de los biodigestores, para sus cultivos, está mejorando la producción. Y la intención es perfeccionar este sistema, y por eso el pasado mes de agosto, entre el 16 y 18 se realizó en el municipio de Ituango, norte antioqueño, el curso Teórico Práctico sobre Agroecología y Energías Alternativas.

  

Hubo en este curso dos detalles significativos: el ingeniero agrónomo y especializado, Dairom Blanco Betancourt, encargado del curso, es de nacionalidad cubana. Por otro lado, John Jairo Álvarez, “el Cangrejo”, un humilde campesino, junto a su hermano y otros albañiles construyeron un biodigestor mientras se hacía el curso.

Dairom trabaja para la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” de Cuba. Su presencia en Ituango tenía que ver con la intención de compartir e intercambiar sus conocimientos sobre los biodigestores y, en general, sobre prácticas agroecológicas en el campo.

El “Cangrejo”, por su parte, se convirtió en el primer oficial constructor del biodigestor de tapa fija en Ituango. Él es admirado en su pueblo por su ingenio, agilidad y habilidad para trabajar. Se sube escaleras sin dificultad y se trepa por cualquier barranco como si fuera una araña, y es reconocido por sus conocimientos empíricos en la mecánica automotriz. Todas estas habilidades las puso a jugar para la construcción del biodigestor en la finca “las Chambas”, la primera de este modelo en Ituango. El “Cangrejo” trabaja sin importarle la discapacidad en sus piernas, producto de una poliomielitis, porque no se siente en discapacidad. Pero esta condición no le valió para evitar que fuera detenido el pasado 26 de agosto de 2012, cuando lo sindicaron de guerrillero. Afortunadamente, fue liberado el 3 de septiembre.

Conocimientos y prácticas al alcance de las comunidades
Al iniciarse el curso, Dairom observó que era necesario que los/as participantes aclararan unos conceptos técnicos básicos con respecto al proceso químico y físico de los biodigestores. Y, para ello, empezó por la explicación de la materia prima: el biogás. “El biogás es un compuesto de gas generado en el proceso de fermentación (descomposición) anaeróbica (que no está expuesta al oxigeno) de los compuestos orgánicos como el estiércol de animales, cuerpos de animales y otros elementos provenientes de las plantas. Esta materia va destinado a una planta digestora”.

Dairom agregó que los elementos principales del biogás son el metano (CH4), el dióxido de carbón (CO2) y otros gases. “El metano es el gas inflamable y ocupa el 50% al 70% de la mezcla. Por eso se puede aprovechar el metano como un tipo de combustible. La transformación de los componentes orgánicos es el proceso de descomposición con la participación de microorganismos”.

Dairom destacó, además, que el biogás está presente en los entornos naturales, como ocurre en el fondo de los charcos estancados o pantanos. Pero de manera artificial, el biogás es producido desde las plantas construidas por diferentes procedimientos y se denominan como biodigestores. Uno de los propósitos de la obtención de biogás es el tratamiento de la materia residual para reducir la contaminación. El estiércol que producen las diferentes especies de las fincas, esa materia que produce gas metano, tiene 21 veces más efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono, aseguró Dairom. “Estos gases son los que terminan afectando la capa de ozono”.

Beneficios para la economía campesina
Los beneficios en la economía campesina se expresan en las satisfacciones de necesidades como, por ejemplo, utilizar el biogás para cocinar o para iluminar a través de lámparas caperuzas. Según comentó Dairom, se puede utilizar incluso en los motores generadores de electricidad a base de gasolina, siguiendo una serie de procedimientos.

Para demostrar el ahorro en costos con la implementación del biodigestor, Dairom calculó cuánto cuesta cocinar con leña en la finca “las Chambas”. El cálculo determinó que le cuesta en el año, aproximadamente, 6 millones de pesos, y gran parte de ese valor corresponde al jornal de la persona que busca y lleva la leña, más sus herramientas. Pero el costo por la tala de árboles, dijo Dairom, es incalculable, y el uso de la leña para cocinar conlleva enfermedades que pueden ser irremediables. En cambio, con la construcción de un biodigestor de tapa fija para ésta finca, el costo aproximado fue de 5 millones de pesos, y Dairom pronosticó que si se le hace un buen uso, éste puede durar hasta 25 años.

Pero, además, de los biodigestores se puede obtener un importante bioabono. Por ejemplo, a Orencio Morales, presidente de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Ituango –Asogadi-, la utilización del bioabono le ha permitido obtener una mejor calidad en los cultivos de caña, de pastos y de café. Y no sólo obtiene abonos a partir del biodigestor, también tiene dos lombricompuestos que aprovechan el estiércol de los cerdos y así abona las hortalizas, los frutales y los cafetales.

Ha sido tan significativo económicamente, que Orencio, durante un año, ha abonado una sola vez con fertilizantes químicos a su cultivo de café de variedad castilla, mientras que en otras fincas que tienen la misma variedad de café y con la misma edad que el suyo, ya van por la tercera abonada con fertilizantes químicos. Orencio explicó que esto se debe a la preparación que le hizo al terreno previamente a la siembra en la que utilizó abono orgánico. Además, Asogadi ha determinado que ésta finca puede abastecer en un 50% el consumo de una familia, y eso es gracias a la diversificación agropecuaria y al trabajo con los abonos orgánicos.

Del curso quedó la idea de multiplicar el conocimiento adquirido en estos tres días, bien sea a través de cursos sobre elaboración de biodigestores, o con la venta de bioabonos y biopesticidas. O también compartiendo lo aprendido con campesinos/as para que puedan mejorar su economía familiar, ya que la dependencia de las transnacionales en cuestión de semillas y fertilizantes es uno de los elementos que está quebrando a la economía campesina.

Tuesday, 24 April 2018 00:00

Ituango, la guerra contra el pueblo

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 77 EN EL 2012)

En las tierras donde se construye Hidroituango, sus pobladores/as se sienten entre la espada y la pared. Han manifestado que se sienten abandonados por el Estado y, cuando éste actúa, lo hace para perseguir y criminalizar. La misma situación generada por los grupos armados, según las comunidades, beneficia al gran capital y asegura el despojo.

 

Entre la espada y la pared
“Prácticamente el 100% de la población de Ituango tiene que ver con el negocio del narcotráfico y con las Farc”. Ésta es la acusación hecha por el fiscal 29 especializado de Medellín, Luis Amin Mosquera Moreno, a raíz de la captura de 9 personas, sindicadas de rebelión y de concierto para delinquir, el 29 de marzo de 2011 en este municipio. De paso, con este argumento, soldados de la brigada XVIII y miembros del CTI de la Fiscalía realizaron recientemente 22 capturas en diferentes veredas y en el casco urbano de Ituango el 26 de agosto de 2012. Pero el juez de control de garantías consideró que no había pruebas sólidas sobre sus presuntos vínculos con las Farc y les concedió la libertad el 3 de septiembre, aunque los mantiene vinculados a la investigación. Los capturados en marzo del año pasado tienen actualmente detención domiciliaria, con permiso para trabajar desde las 6am hasta las 6pm.

Al contrario de los anuncios por parte de la fuerza pública y la Fiscalía, en donde resaltan la efectividad y la contundencia de los operativos contra las Farc, diferentes organizaciones de productores y comerciantes de Ituango, y gran parte de su población, han rechazado tajantemente estas capturas masivas. “No se trata de actores armados ni delincuentes, se trata de gente de bien, gente del pueblo que no hace más que trabajar por sus familias y por sacar el municipio adelante; son campesinos, comerciantes, transportadores, albañiles, mecánicos, electricistas y hasta discapacitados, gentes con sus manos llenas de callos, con sus pieles tostadas por el sol y con marcas del trabajo por todo su cuerpo”. Así lo expresa un comunicado de la Asociación de Comerciantes de Ituango –Ascomi-, con fecha del 26 de agosto de 2012.

Giovanni Arango Lopera, uno de los comerciantes detenidos en marzo del 2011, piensa que las capturas obedecen a una exigencia de resultados, en medio del abandono estatal. “Estamos entre la espada y la pared, porque nos joden desde ambos bandos. Los desmovilizados señalan a diestra y siniestra”. Él, junto a los 8 capturados en aquel marzo, dijo que han sido objeto de señalamiento por parte de una desmovilizada de nombre Beatriz Elena Restrepo. Para su caso particular, Giovanni contó que esta mujer lo ha señalado de ser amigo del “Flaco”, uno de los mandos del frente 18 de las Farc, y de aportarles dinero que ella misma había recogido del almacén donde trabaja Giovanni. Sin embargo, este comerciante se ha cuestionado por qué la desmovilizada ni siquiera recuerda el nombre de quien fue su jefe, además de asegurar que nunca los vio juntos. “Entonces, ¿Por qué dice que era mi amigo?”.

Giovanni también ha cuestionado las pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas las interceptaciones telefónicas, pues lo que ha conocido hasta ahora son las transcripciones de dichas llamadas, pero hasta hoy no ha conocido los audios. Y otra pregunta que le retumba es por qué no tuvo sanción el fiscal, quien hizo mal el escrito de acusación al no incluir a uno de los detenidos. El tribunal de Antioquia, luego de percatarse de esto, hizo que lo agregaran de nuevo.


A la espera del juicio final, Giovanni y los demás aguardan su absolución, para gozar de la libertad, a pesar de las secuelas. Pero con la zozobra y la incertidumbre, no solo Giovanni siente temor de ser capturado de nuevo, pues hay personas que han sido detenidas hasta 3 veces sin aún concluir sus procesos judiciales anteriores. Algunos pobladores manifestaron que en cualquier momento pueden realizar de nuevo las capturas, pues el ejército ha anunciado que hay pendientes 300 detenciones en Ituango.

Hidroituango avanza a la par del despojo
La imagen del progreso con la construcción del más grande proyecto hidroeléctrico del país, Hidroituango, ha quedado en entredicho para los pobladores de los municipios de la zona de influencia. Si bien se había anunciado una mayor dinamización y estímulo de la economía regional, los resultados no son los esperados.

El desplazamiento forzado, la crisis económica en la parte productiva y comercial, la violación constante de los derechos humanos por parte de los actores armados, la persecución estatal, etc., son problemáticas del conflicto armado, denunciadas por diferentes organizaciones populares de este territorio. Esto, según los habitantes de Ituango, sumado al abandono por parte del Estado en sus obligaciones con la población, está beneficiando al gran capital. “El Estado está fijando toda su atención en garantizar las condiciones para la implementación de proyectos mineros y energéticos”, expresó Gonzalo, representante de Ascomi. Según él, en el municipio hay más proyectos energéticos a parte de Hidroituango, como son la construcción de varias microcentrales sobre el río Cauca y hay solicitadas 7mil hectáreas para exploración y explotación minera en el municipio.

Un sector que se ha movilizado por los impactos de Hidroituango es el de la pequeña minería. La comunidad minera del río Cauca acampó desde el 26 de agosto de 2012 hasta el 7 de septiembre en la zona de las obras de Hidroituango y exigió una mesa de diálogo con las Empresas Públicas de Medellín–Epm- (operadora del proyecto) y el gobierno departamental. Los líderes de la movilización denuncian que estas dos instituciones no han atendido los impactos sociales, económicos y ambientales, generados por el proyecto. En el corregimiento El Valle, del municipio de Toledo, epicentro de las protestas, las obras del proyecto estuvieron paradas. También se registraron varios combates en la zona, y los rumores entre la población sobre la infiltración de las Farc en este movimiento fueron desmentidos por sus líderes.

Y es que a la comunidad minera le han prohibido el acceso al río, que es, para la mayoría, su única fuente de ingresos. EPM sólo ha querido reconocer a 150 personas dedicadas a la minería artesanal; en cambio, las asociaciones mineras han hablado de cerca de 1400 personas. EPM ha señalado que este aumento de personas se debe a que han llegado desde otras partes del país “avivatos” que quieren aprovechar las indemnizaciones. Las asociaciones mineras han rechazado estas declaraciones y por ello persisten en que es necesario realizar de nuevo un censo que determine quién realmente pertenece al lugar.

Pero la negativa de EPM persiste. En la más reciente cita entre representantes de las comunidades, el gobierno departamental y EPM, realizada entre el 10 y el 11 de septiembre de 2012 en la ciudad de Medellín, las/os líderes aspiraban concretar unas garantías para la negociación y de allí empezar a definir los puntos de discusión y su respectiva metodología; pero EPM nunca asistió. Aunque el levantamiento del paro estuvo motivado en parte por la falta de condiciones de seguridad, ya que dos días antes se presentaron combates en la zona del campamento minero, las mismas comunidades mineras aseguraron que están preparadas para salir de nuevo a movilizarse si no se avanza en acuerdos con EPM.

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