Periferia

Periferia

Por Julián Gil 

Llenar las cárceles en Latinoamérica parece ser la mejor forma en la que se expresa la política de combate en contra de la pobreza, pero no con la finalidad de acabarla proponiendo mejores condiciones para la vida, sino mediante el ataque directo a los pobres. La imposición de políticas de criminalidad, identifican los mecanismos de supervivencia o protesta como factores que alteran la seguridad y el orden en los Estados, mas no se ubica en el centro el abordaje de los problemas sociales que sustentan los comportamientos delictivos.

En Colombia esta situación parece cada día profundizarse mucho más, sin importar la infinidad de denuncias, llamados internacionales, o el reconocimiento de un Estado Inconstitucional de Cosas -EIC en cuanto a la situación de las cárceles. La política criminal avanza endureciendo su paso irreflexivo, que encubre los problemas reales que vive la sociedad, ensañándose principalmente con las clases más empobrecidas y marginadas, mientras que a las clases con más dinero se les condona la pena o se les considera irrelevante su delito.  Sujeta a esta se encuentra la política penitenciaria y carcelaria, enfocada en resocializar a aquellos infractores de las normas sociales, y que debe garantizar las condiciones mínimas de vida y herramientas para superar los problemas que les han conducido a infringir la ley, de manera que sean aptos para nuevamente estar en la sociedad.

Analizar esta política penitenciaria y carcelaria es acercarse a la piedra angular del funcionamiento del Estado y de la sociedad colombiana, pues permite comprender el sometimiento de la soberanía nacional a las directrices estadounidenses en cuanto a la política criminal, la violencia sistemática que habita en los territorios y la utilización de esta por el Estado para el cumplimiento de los intereses de las clases dominantes.  La estructural pobreza que no deja más opciones que participar en alguna ramificación de la violencia, la corrupción o la delincuencia, así mismo la corrupción estructural que habita en todas las instancias del gobierno nacional, que somete a miles de personas a tratos indignos con el único interés de mostrar resultados y llenar algunos bolsillos;  dejando en evidencia las orientaciones propias del modelo neoliberal, que restringe los derechos de los ciudadanos y rezaga la garantía de derechos (Navarro, 2005).

En este texto presentaré un somero análisis del documento CONPES[1] 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria de Colombia para el cuatrienio 2015-2019. Para ello me permitiré, en un primer momento, hacer una revisión de los propósitos y las pretensiones de esta sobre la población carcelaria; segundo una mirada a algunos informes de derechos humanos y a las sentencias de la corte suprema de justicia; y por último, plantear algunas conclusiones a modo de reflexión y apertura de la discusión.

Propósitos y aspectos generales de la Política Penitenciaria y Carcelaria

La política penitenciaria y carcelaria tiene la central pretensión de satisfacer la “demanda” de cupos producidos por la política criminal. Propone atender aspectos que inciden directamente en los “centros penitenciarios, tales como la adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos; el mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad; y la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado (CONPES, 2015, pág. 56).

De la implementación de esta política pública en el cuatrienio comprendido entre 2015 a 2019 se espera la reducción de la tasa de hacinamiento en 7 puntos porcentuales; una disminución en la relación entre sindicados y condenados[2] de 9; la generación de 11. 843 cupos penitenciarios y carcelarios mediante obra pública a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC; y, 7200 nuevos cupos bajo el esquema de asociaciones público privadas; el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario y carcelarios con un aumento en las salas de audiencias de 88 a 645 al finalizar el cuatrienio, así como la disminución en hasta un 80% de la extorsión que se produce desde las Estructuras de Reclusión de Orden Nacional-ERON.

Pretende instaurar una racionalidad en el uso de medidas privativas de la libertad, el mejoramiento de los programas de resocialización de la población privada de la libertad, y la implementación de soluciones para las personas detenidas preventivamente, con el fin resocializador de la pena. Responsabilidad que recae principalmente en el Ministerio de Justicia, seguido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC; entidad que debe garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad al proveer alimentación, servicios de salud, vigilancia e infraestructura; finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia-INPEC quien asume la tarea de vigilancia y custodia, y que en algunos pocos casos es asumida por entidades de seguridad privada.

Importante resaltar que el presupuesto calculado por la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario -Fecospec para quienes tienen prisión intramural, ronda los $13 millones por persona (Ojeda, 2018). Es decir, en promedio, por cada preso, el Gobierno destina en su Presupuesto Carcelario del Ministerio de Justicia, $1.092.000 mensuales; lo equivale a un aproximado de $132 mil millones de pesos al mes, y $1.3 billones al año.  

Es posible revisar la división mensual de los $132.000 millones destinados por el gobierno para el mantenimiento de los presos: primero, $54.267 millones de pesos pago de nómina INPEC; segundo, $37.968 millones de pesos bienes y servicios contratados a terceros donde se incluye la alimentación de los internos, cuya cifra es de 28 mil millones de pesos al mes; tercero, $13.527 millones de pesos Gastos Generales, en donde se incluyen los Servicios Públicos, Mantenimiento, Transporte de Internos y compras de Muebles y Enseres; cuarto, $8.355 millones de pesos Gastos de Ocupación Laboral y Atención a los Reclusos, donde están incluidos los servicios de salud; y por último, $17.000 millones de pesos en nuevas construcciones o reparaciones locativas.

Siguiendo este punto y pensando en la pretensión de garantías de derechos contenida en esta política pública, del rubro de $28 mil millones de pesos al mes destinados para alimentación, se estima que se asigna a cada preso $232.128 mensuales, cifra que, por día, equivale a $7.738 y por comida es de $2.579 pesos (Mantilla, 2016). Monto que denota un abandono en relación al costo de vida. 

Puntos de análisis

Esta política pública supone la búsqueda de garantías efectivas de derechos básicos como el acceso a la salud, la alimentación digna, acceso a la justicia y la resocialización (función social de la cárcel). Sin embargo, como lo ha manifestado la Corte Suprema de justicia en la sentencia T-338 de 2013, existe un Estado Inconstitucional de Cosas-EIC en el sistema penitenciario y carcelario por las condiciones en la que estaban viviendo los reclusos; razón por la cual, se expidieron órdenes y mandatos generales y específicos para poder remediar la situación; así mismo, en el año 2015, la Sentencia T–762 reiteró el EIC.

Con estas sentencias se realizó un recuento de los derechos que son violados a las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios; hace énfasis en la protección diferenciada que se le debe dar a estos; y define el problema de la situación penitenciaria y carcelaria como un problema estructural y complejo.  Ahora, con la sentencia T - 762 del 2015, además de reiterar el EIC, expuso que el gran aumento del hacinamiento en estos centros penitenciarios equivale a una política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, etc. (Prisiones, 2019).

Es preciso señalar que el hacinamiento carcelario que está presente en la mayor parte de los países latinoamericanos, es un problema que genera sufrimiento a miles de personas privadas de libertad. De la misma manera, el estado de las infraestructuras penitenciarias y las innumerables condiciones deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos “comprometen la posición del Estado como garante de derechos fundamentales” (Arenas & Cerezo, 2016).  Este no es un fenómeno aislado, sino que se trata de un modelo globalizado que hace presencia tanto en los denominados países desarrollados como en los que se encuentran en vía de desarrollo, que, en el caso colombiano, se caracteriza por un incremento alarmante en los últimos años, debido a las reformas legislativas que crean nuevos delitos, aumentan las penas,  y restringen beneficios y subrogados penales.[3]

De acuerdo a informes presentados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, se calcula que a la fecha existe una población de 122.417personas que habitan en los 137 centros carcelarios, pero que cuentan con una capacidad para 80.373, lo que significa un hacinamiento equivalente al 52.3% (INPEC, 2019, pág. 24). Particularizando, hay regiones donde este índice de hacinamiento llega hasta un 372 % como es el caso de Riohacha, que tiene una capacidad para 100 personas y es habitada por 474 (2019, pág. 28).  

Es decir que, a junio de 2019 la situación que pretendía resolver la implementación de esta política pública, se podría calificar como ineficiente, pues los índices de hacinamiento no han podido ser resueltos; y de acuerdo al crecimiento anual de la población privada de la libertad la generación de nuevos cupos no da abasto, y en relación a la generación de los 11.843 cupos penitenciarios y carcelarios no se cumplió ni la mitad, llegando solo a 2.420 cupos (2019, pág. 25).  

Según informe del Comité Internacional de la Cruz Roja-CIRCn 25 años el problema del hacinamiento ha pasado de 1.7 al 52.3% en relación a las cifras presentadas por el Inpec en junio de este año; asunto que bien puede relacionarse con la represiva política criminal que ha multiplicado el uso de la prisión preventiva (Kooyman, 2018). 

En este mismo informe de la CICR presentado el 21 de marzo de 2018, se manifiesta que la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente. Falta espacio de esparcimiento y resocialización. La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento, además, el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan en evidencia la dificultad para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas, pues la demanda real que se estima por el mismo INPEC equivale a la contratación de 40.000 empleados para dar cobertura a las actuales necesidades (Kooyman, 2018).

En el cuarto informe de seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, se concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que es imperativo que el Estado implemente una estrategia para reformar la política criminal y superar el Estado Inconstitucional de Cosas de las cárceles y el sistema penitenciario.  Es evidente una crisis humanitaria con la negación de una alimentación digna, limitado o inexistente acceso a la salud, y limitado acceso a la justicia, llegando a tratos inhumanos y denigrantes.

En cuanto a la garantía del derecho a la salud, es claro que existen muchos problemas, como la falta de personal médico y una adecuada infraestructura. También es recurrente la escasez de medicamentos e insumos en ciertos establecimientos y hace falta una política de prevención de enfermedades. Conjuntamente, hay dificultades de acceso a la justicia y a la administración en las diferentes fases de criminalización, que incluyen la falta de una defensa penal efectiva en la fase de judicialización, o la aplicación adecuada de beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional, entre otros.  Además, de estos elementos se devela la incipiente implementación de un enfoque diferencial en el sistema penitenciario; se mantiene un irrespeto generalizado de los derechos de las poblaciones vulnerables con necesidades especiales, como las mujeres, las personas con discapacidad, la población mayor o la población LGBTI (Dejusticia, 2018).

Todo este cuadro se agrava ante el aumento de la tasa de personas que va a la cárcel, y esto no corresponde a una completa construcción de garantías humanas en los centros de reclusión.  De manera que, de cada 100 mil personas, 391 se encuentran privadas de la libertad, y esta cifra, comparada con otros años, demuestra un aumento de los niveles criminalidad; situación que se presenta incongruente con respecto a la necesidad actual de 42.044 nuevos cupos en relación a la tasa de hacinamiento actual. Los 11.243 cupos nuevos son insuficientes para garantizar las necesidades de espacio físico y condiciones mínimas de vida. 

Por otra parte, es importante señalar la estratificación o categorización social, de acuerdo a la capacidad socioeconómica de los reclusos, en la garantía de sus derechos básicos. Indistintamente, la criminalidad de acuerdo al enfoque de la justicia colombiana, se encuentra alojada mayoritariamente en los estratos más bajos de la sociedad; para lo cual se han diseñado centros carcelarios que no garantizan mínimos para vivir en dignidad; y para aquellos casos “excepcionales” de corrupción burocrática o delitos de las clases altas de la sociedad, existen otro tipo de centros de reclusión, donde no sólo se garantizan sus derechos, sino que hay espacio para opulencias o excentricidades de acuerdo a sus capacidades económicas.

En este mismo sentido, es importante resaltar que el diseño de estas cárceles no corresponde a la garantía de mínimos vitales, tal como lo indica el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en su Informe la implementación de nuevas cárceles en Colombia (FCSPP, 2012), refiriéndose a la Estructura de Reclusión de Ordena Nacional- ERON picota:

“tiene grandes errores en su diseño; las personas detenidas deben estar encerradas en cuatro paredes las (24) horas del día; pues la cárcel no cuenta con un patio al aire libre, realizan todas sus tareas bajo una luz dura fluorescente que titila con frecuencia dificultando la lectura y aumentando el estrés. Los que quieren ver el sol tienen que acercarse a las mallas, donde por supuesto no caben todos. ¿A quién se le ocurre diseñar y construir cárceles sin un patio al aire libre? Al INPEC y sus asesores expertos del bureau de prisiones de los EE.UU” (FCSPP, 2012, pág. 14) .

Construcciones que agudizan la carencia de condiciones para la resocialización, dado el reducido espacio para el desarrollo cotidiano de la vida; destacando el tamaño limitado de las celdas, la ausencia de sistemas de ventilación, la inexistencia de espacios comunes suficientes, la imposibilidad de creación de talleres de trabajo y demás áreas educativas que sean adecuadas para los fines resocializadores de la pena, la ineficiente evacuación de aguas residuales, la permanente obstrucción de las cañerías y el consecuente aumento de malos olores, y la deficiente prestación de los servicios de salud.

Apuntes para la reflexión

Es preciso problematizar la Política Criminal en relación a la Política Pública Carcelaria y Penitenciaria que estamos analizando, resaltando que en los principales resultados de la política criminal queda en evidencia los efectos negativos que han ocasionado en la política penitenciaria y carcelaria, y la urgente necesidad de una nueva orientación.  Pues si bien esta segunda busca garantizar unos mínimos vitales para las personas privadas de la libertad, no es ni va a ser suficiente, dado el endurecimiento de la primera. En lo que se puede inferir que se mantendrá sistemáticamente una violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y no alcanzará una cobertura total o universalidad en su implementación; es más, se tiende a agudizar la focalización de estas mejoras paliativas (Tavares, 2019, pág. 9).

El enfoque de castigo sin ningún tipo de cuidados a las personas, ni garantías sociales, además de una política criminal tan agresiva, en donde se da una sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social, sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad, contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. Todo esto no apunta a lograr una real solución de los problemas que se viven en la sociedad. Las cárceles no brindan reales soluciones a los problemas estructurales que enfrenta la sociedad colombiana.  

Como señala Elke Kooyman, un rediseño de la política criminal, así como de la política penitenciaria y carcelaria, debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad. Como se desarrolla la política carcelaria en Colombia es insostenible. La política pública no debería enfatizar solamente en la construcción de nuevos cupos, sino también en la garantía de los mínimos vitales para las personas privadas de la libertad.

Es importante destacar el papel de las organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos, la Red Comunitaria Trans, las asociaciones de familiares como la Asociación de Familiares de Presos- ASOFAMIPRE, las organizaciones de personas privadas de la libertad como el Movimiento Nacional Carcelario, también el papel de las mismas instituciones garantes de los derechos sociales como la Defensoría del Pueblo en la labor de denunciar, exigir y cuidar la vida como valor máximo en la sociedad. Mucho más en las condiciones oprobiosas a las que somos sometidas miles de personas en el mundo, bajo el argumento de cumplir con el orden social y el cuidado del statu quo.

Wednesday, 03 June 2020 00:00

Libro Kurdistán

Kurdistán, la nación soñada

Autor: Victor de Currea-Lugo

Páginas: 158

El pueblo kurdo sobrevive y se fortalece en medio de las fronteras que separan y las guerras que los rodean. Este libro es un viaje, de la mano del autor, por las organizaciones y conflictos armados que enfrenta la población kurda en Turquía, Irak y Siria. Allí se recoge las voces de las comunidades y de sus líderes que recrean el rigor del exilio, la persecución, los genocidios en su contra, las batallas recientes y más antiguas, así como sus apuestas políticas para avanzar hacia su nación soñada.

 

Costo: $ 30.000 (sin envio)

                                                   $ 35.000 (con envio a las principales ciudades.)

 

El libro estará disponible a partir de la cuarta semana de junio de 2020. 

 

CONTACTO PARA LA COMPRA

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321 852 92 21 (WhatsApp)

Monday, 01 June 2020 00:00

Retratos de una cuarentena

Por Álvaro Lozano Gutiérrez - Colectivo Alebrijes

Todo comenzó como algo ajeno, como algo que siendo de otros no nos puede tocar. La noticia se mezclaba con los chismes del día o con la cotidiana violencia a la que nos acostumbramos. Por eso no fue difícil la indiferencia, esa sensación que nos dice que algo está pasando pero que alguien más lo tendrá que arreglar. Después supimos que la enfermedad había llegado a Europa y comenzaba a azolar sus centros cosmopolitas. De nada valió el cierre de las ciudades o la prohibición de viajar: la aldea global se convirtió a la postre en el mejor caldo de cultivo para la muerte que vendría y también para el miedo. A continuación contemplamos los féretros embalados en camiones militares, las fosas interminables de Nueva York y los cadáveres pudriéndose en las calles de Guayaquil . A veinte años de comenzar este siglo la covid-19 se enseñoreaba como el primer fenómeno global desde el fin de la Guerra Fría: una infección sin control, una peste, una pandemia.

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Los primeros días fue una locura de verdad. La gente compró todo el papel higiénico que pudo y eso hacía reír un montón. Pero también se llevaron la leche, los enlatados, los granos, las harinas y cualquier cosa que pareciera que iba a escasear o acabarse. Vea, fue como en las películas de zombis donde todo el mundo se vuelve loco e intenta salvarse como pueda. En el supermercado donde trabajo las filas se extendían hasta cinco o seis cuadras y para el primer fin de semana ya uno veía las estanterías vacías.


Yo me asusté mucho porque la quincena estaba lejos. A diferencia de las personas que atiendo todos los días, no tengo ahorros que se digan significativos. Creo que quienes no vivimos la guerra en carne propia le tenemos mucho miedo al hambre. Uno veía pasar gente mayor contando las monedas para pagar un paquete de arroz o unas latas de atún. Yo me sentía culpable pero también impotente. Todavía pienso que uno está parado al borde de un abismo y que una cosa como esta sacude el mundo para dejarnos ver lo frágiles que somos.

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A uno le dicen “reinventese”, pero uno se reinventa con capital. Esto no es tan fácil, ni es de economía naranja. Lo que hoy está en riesgo son las condiciones materiales de la vida… la vida de las personas.

A mí me echaron con la primera oleada (así le llamamos los que perdimos el trabajo en los primeros quince días), y aunque antes había enfrentado el desempleo, esta vez la cosa era más dura. Mis amigas me decían que estaban aguardando la quincena o que les definieran algo y por la voz se les adivinaba el terror. Después todas quedamos igual: sin trabajo y en muchos casos respondiendo solas por la familia completa. Pasados veinte días ya no tenía a nadie a quien acudir, mis conocidos a duras penas sobrevivían. Al fin, vencida, puse una bandera roja en la ventana esperando que tal vez el gobierno o la alcaldía nos asignaran alguna ayuda. Pero nada, lo que nos dijeron es que no salíamos en las listas.


Banderas rojas por todas partes, era desesperante salir de la casa y ver esos benditos trapos pegados en las ventanas. Con los vecinos y algunos de los líderes del barrio decidimos salir a protestar. Y no, lo que nos mandaron fue la policía a darnos garrote. La alcaldesa decía que era una mentira para desprestigiar su gobierno que apenas comenzaba… claro no tener con qué comer o pagar arriendo es una forma que tenemos los pobres para dañar la imagen de los políticos. A mí me llevaron a la estación de policía y me preguntaron si yo era desmovilizada de las FARC o militante de la izquierda… lo único que les dije es que soy militante de mi familia.

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Yo no quiero que me saquen por televisión o que el alcalde me dé una medalla. Siempre me han mirado como un delincuente, yo me doy cuenta. Lo que queremos con mis parceros es darle a la gente una ayuda, no mucho porque no tenemos millonadas. Una panela, unas bolsas de arroz o algo para que no pasen el día en blanco.


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Uno no sabía que pensar… cada quien decía una cosa diferente y salía con informaciones sacadas no se sabe de dónde. Yo me la he rebuscado en la calle desde hace casi seis años cuando ya por la edad me fue imposible conseguir trabajo. Lo último que vendí fue incienso y bolsas para la basura. Ese domingo me di cuenta que las cosas no estaban bien… estaban mal como siempre pero de otra manera. En un restaurante me compraron algunas bolsas y me dieron monedas… la gente me miraba con lástima, como si supiera que me iba a morir rápido. Al fin salí a un parque y me puse a llorar… esto es muy berraco.


No aparezco en las listas del gobierno nacional, ni en las de la alcaldía y mucho menos en las de ayudas a la tercera edad. Eso sí, siempre he estado en las de votaciones y creo que incluso voy a figurar todavía cuando me muera, eligiendo algún politiquero. Ahora estoy vendiendo tapabocas y pañitos. Si le soy franco me da miedo salir a la calle y arriesgarme, pero los pobres no tenemos alternativa. Si no salgo no como y punto.


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Para mí la calle es un lugar de peligro, pero principalmente de trabajo. Lejos de los grandes locales de prostitución donde quien te explota pone protección a su negocio. Salir es arriesgarse a una agresión o a la muerte. Ahora con el virus no es diferente.


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Y es que el aislamiento no es igual para todos. La cultura de la banalidad lo convierte en un espectáculo donde estrellas de cine dan recetas para salir de la rutina, formulas infalibles para bajar de peso o terapias para enfrentar el estrés por encontrarse de este lado de la puerta. Un mundo ya habituado a interactuar por redes sociales ha transformado el sufrimiento de los otros en el tema del día o el #Hashtag para figurar en una tendencia. Los que mueren son los otros. Otro es encerrado en un sótano con apenas comida a cambio de cuidar un edificio y no perder su empleo. Otro debe recorrer kilómetros para acceder a internet y poder estudiar. Otro es quien deambula en las calles sin el privilegio de quedarse en casa. Y ese otro somos todos, quienes podremos construir un mundo mejor a partir de las ruinas y de la esperanza.

El Acuerdo de Paz vive su momento más crítico: con el de Robert Hurtado son en total 197 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos, 118 de ellos durante la presidencia de Iván Duque; la implementación no arranca, pero el gobierno insiste en medidas como la erradicación forzada que van en contravía de lo negociado; y el Ministro de Defensa dijo, al parecer en son de advertencia, que el país debería estar dispuesto a renegociar el acuerdo. A pesar de todo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y Sandra Ramírez están convencidos de invertir todas sus energías en el proceso de paz.

Sandra participó en las negociaciones de La Habana y es una de las voces que representan al partido en el Congreso. Nació en La Paz, Santander, tierra que huele a dulce de guayaba, y es hija de quien fue el enfermero y partero de su vereda. Estudia sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y aún no logra adaptarse a los vericuetos de las plataformas virtuales.    

Hoy se cumplen 56 años de la fundación de las FARC-EP, guerrilla devenida a partido político, Periferia habló con la senadora, y compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, para conocer cuál es el futuro que vislumbra ella para la paz y para el partido:

Pregunta: No es un momento nada dulce para el proceso de paz.

Respuesta: El acuerdo es la mejor obra reparadora para la sociedad colombiana que se haya firmado. Nosotros tenemos un universo de casi nueve millones de víctimas directas del conflicto. Pero hay víctimas de la pobreza, víctimas del modelo económico. El acuerdo tiene un espíritu transformador para alcanzar una sociedad reconciliada, y un país más justo, equitativo, en paz, un país en el que se garantice la vida. Eso es el acuerdo.

Desafortunadamente hoy el partido que está en el poder es el mismo que cuando estábamos en La Habana se opuso totalmente, el mismo partido que hizo una campaña con mentiras por el no en el plebiscito. Hace poco citaron un debate en el Senado de la Republica, no para hablar de los incumplimientos del Estado, al que le corresponde cumplir con la implementación, sino para hablar de los incumplimientos de las FARC-EP, de una guerrilla que ya no existe.

Este mismo partido es el que ahora está pidiendo renegociar el acuerdo. ¿Con quién lo van a renegociar, con las FARC-EP que ya no existen? ¿Con los países garantes, o con los países acompañantes? ¿Con la ONU? ¿Con quién? El acuerdo es una herramienta de lucha legal para la sociedad colombiana, para que con ella presione las transformaciones en todos los aspectos de la vida política, social y económica de nuestro país.

P: ¿Por qué a la elite política y económica representada en el partido de gobierno le da tanto miedo implementar el acuerdo?

R: Esta clase política que ha gobernado a Colombia durante 200 años se ha sostenido en el poder con violencia. Ha usado todas las formas de violencia y de guerra sucia contra la gente. Está aferrada al poder. Pero lo otro es el temor a la verdad. Esta clase política corrupta, violenta, le teme a la verdad, porque el día que se sepa la verdad, el país se va enterar de todo lo que han hecho para sostenerse ahí. Además la guerra da muy buenos dividendos, y esta clase política también se ha beneficiado con los dividendos que da la guerra. Ha vivido de la guerra, se ha hecho rica con la guerra y se ha sostenido en el poder con la guerra.

P: ¿Cómo afectan los incumplimientos y los ataques a los acuerdos en la moral de los reincorporados?

R: Tenemos una dificultad grandísima y esa es la que nos tiene pensativos: no tenemos garantías de vida. Tenemos un exterminio de los firmantes de la paz y eso preocupa, y preocupa muchísimo. No tenemos lo esencial para poder cumplir con los acuerdos. No sabemos qué es lo que no están cobrando. Nosotros firmamos un acuerdo para construir con él una nueva sociedad, para hacer nuestro proceso de reincorporación, de reconciliación, pero no para que nos asesinen por estar dentro de las comunidades, por ejecutar proyectos productivos junto a las comunidades. Estamos en proceso de solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

P: ¿Pero la voluntad de los reincorporados sigue en pie?

R: Tenemos mucha esperanza de que la situación cambie con la presión y la solidaridad de la comunidad internacional. La gente sigue ahí en los territorios. Quien ha vivido la confrontación directa no quiere y no va volver a la guerra. Tendría que ser demasiado fuerte la agresión o la amenaza para que se cambie de opinión. Hicimos un proceso y el compromiso es que aquí estamos y aquí nos quedaremos, y desde aquí seguiremos con nuestra lucha. La lucha con la palabra en la mano, con la razón, y junto a la gente. De la mano de ellos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una mejor sociedad, más justa y equitativa.

P: ¿Es el congreso un escenario desde el que se puedan impulsar las luchas que defendían cuando estaban en la guerrilla?

R: Estar en el congreso es importante. Desde ahí hemos iniciado una relación con diferentes actores de la sociedad: con los profesores, con los sindicatos. También  relación con otros sectores progresistas con los que conformamos la bancada de oposición. Y eso es significativo porque exactamente eso es la democracia, que se le de la participación al opositor. Ya no somos enemigos somos contradictores políticos. En esa construcción de nuevo país nos necesitamos todos, porque todos tenemos ideas, todos tenemos visiones. La presencia nuestra en el Congreso es la posibilidad de empezar a abrir camino a la democracia participativa, incluyente y directa en nuestro país. Y por estar en estos puestos representativos, donde exponemos nuestra posición, por eso no se nos tiene que asesinar.

El Congreso ha sido un Congreso muy polarizado, eso no nos ha permitido avanzar en temas esenciales y sensibles para la sociedad. Sectores de la derecha han convertido el Senado en una discusión interminable de polarización, que desafortunadamente en el territorio se ha traducido en muerte. Estamos tratando de avanzar en otros aspectos. 53 senadores presentamos una proposición de renta básica o mínimo vital para la vida ante el gobierno nacional y el Congreso. Si no avanza, vamos a radicar un proyecto de ley.

P: La asamblea del partido iba a realizarse en abril, ¿cuáles son las discusiones y decisiones que tendrán lugar en esa asamblea?  

R: Una de las decisiones que vamos a tomar, y que vamos a poner en consideración de los delegados, es el cambio de nombre. Tenemos propuestas para que los delegados sean quienes decidan el cambio de nombre. Y tenemos unas tesis que se han llevado a las comunas y a los consejos departamentales para que las estudien, para que propongan, para que las tesis que se van a convertir en guías sean participativas. Hay otras propuestas como reducir la dirección que es demasiado grande. Hacerla mucho más operativa. Vamos a hacer un análisis profundo de la coyuntura. De las posibilidades y las no posibilidades que tenemos en esta lucha por el voto, que es de la que ahora nos toca ocuparnos y aprender, porque no sabíamos.

P: ¿Es cierto que hay divisiones al interior del partido?

R: En el partido hay unas lecturas diferentes, por supuesto. Simplemente invitamos a esos compañeros a que esas diferencias las discutamos en las instancias internas de participación. Cuando tú tienes un mecanismo interno y haces una discusión de las lecturas de la coyuntura, del acuerdo, de la implementación, eso lo que hace es enriquecer. Ninguna organización  ha desaparecido por recibir una crítica o hacerse una autocrítica. Al contrario, eso fortalece. Nosotros somos de la línea del centralismo democrático. De que la minoría se suma a la mayoría. No ahora, sino desde que nacieron las FARC en 1964. Nosotros no somos partidarios de esas discusiones que se dan en los medios, para eso tenemos los mecanismos internos. Sí tenemos diferentes lecturas. Hay gente que se ha retirado del partido. El partido no puede ser nunca una camisa de fuerza, aquí se llega voluntariamente y también se retira voluntariamente. Antes cuando éramos una guerrilla se cumplían órdenes, ahora aquí no se cumplen órdenes. Estamos en un proceso de estructuración, también de crecimiento.

P: ¿Cambiar el nombre es la posibilidad de hablarle a personas del común que no hacen parte de las bases pero con la que pueden coincidir en sus luchas y apuestas?

R: Nosotros en el primer congreso votamos por la sigla, porque para nosotros la sigla representa resistencia, representa la sangre de muchos compañeros nuestros que murieron en combate, que murieron en bombardeos soñando un país diferente; un país, como decía Marulanda, donde quepamos todos. No pensamos bien, no hicimos un análisis profundo del estigma que realmente había sobre esa sigla de las FARC. Algunas personas dijeron hasta aquí los acompañamos y se fueron, se fueron a una aventura. Muchas personas del común, hasta senadores de la derecha, nos han dicho: “señores, mejor cámbiense el nombre”. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar el nombre del partido para evitar esas confusiones y ese estigma.

P: ¿Cuál sería la orientación que daría Manuel Marulanda en estos momentos?

R: Estoy segura que si aquí estuviera en este momento, estaría junto a nosotros pensando cómo resolver todas las dificultades que día a día se nos están presentando. Pensando en la implementación del acuerdo, en la reforma rural, en la participación política, en la reincorporación, en las garantías de vida que necesitamos. Aquí estaría con nosotros ayudándonos con su enorme experiencia para avanzar hacia la construcción de la paz, porque él era un hombre de paz.

Wednesday, 20 May 2020 00:00

¡Símbolos de dignidad!

Por Renán Vega Cantor

Estos impactos tienen efecto boomerang: reviven a nuestros héroes, y nos recuerdan las alertas que ambos nos legaran sobre la naturaleza del naciente imperialismo del Norte. Los balazos a las estatuas y bustos de nuestros mayores, no los hieren, los revitalizan y enaltecen. Son heridas que todos compartimos y sentimos como propias, irradian coraje y vergüenza y nos estimulan a defender sus ideas, principios y nuestra Cuba soberana.

René González Barrios

Las agresiones de todo tipo que llevan a cabo los Estados Unidos en diversos lugares del mundo, entre los que sobresalen los países de Nuestra América, han sido una constante histórica desde hace dos siglos. Aparte de la destrucción, sufrimiento, muertos y heridos que dejan esas agresiones imperialistas, también se llevan a cabo ataques premeditados contra los símbolos que representan el sentido de independencia e identidad de los países agredidos. Existe una política deliberada, para nada accidental, por parte de Estados Unidos de destruir los símbolos de un país, al mismo tiempo que lo ocupa, invade, se apropia de sus riquezas materiales y esclaviza a sus habitantes. Lo acontecido en Irak es un terrible ejemplo, si recordamos que a la par que se ocupaba el territorio se destruía el patrimonio cultural e histórico de pueblos milenarios, como se evidenció con el arrasamiento de museos y bibliotecas en los que se hallaban riquezas bibliográficas y documentales, así como legendarios artefactos materiales, que desaparecieron en una noche de niebla al más puro estilo nazi. Esa destrucción cultural busca derrumbar las bases simbólicas sobre las cuales se sustentan la identidad de una nación.

Desde este punto de vista, la destrucción material se complementa con la destrucción espiritual con el objetivo es derruir los soportes simbólicos que estructuran la vida de un pueblo, máxime cuando esos símbolos expresen el deseo irredento de independencia y soberanía. Con esa guerra a los símbolos, Estados Unidos demuestra que está dispuesto a arrasar con lo que encuentre a su paso y, al mismo tiempo, sabe que con esos procedimientos aumenta la desmoralización de los agredidos. Esto no quiere decir que el ataque a los símbolos impida la rebelión y resistencia contra las fuerzas imperialistas y, dependiendo de la capacidad de lucha de los agredidos, puede convertirse en un factor adverso para los atacantes, si estos no pueden obtener un provecho inmediato, como lo veremos en los dos acontecimientos que relatamos en este artículo.

Estas consideraciones vienen al caso para evocar dos hechos ligados a las agresiones que Estados Unidos viene efectuando contra Cuba de manera ininterrumpida desde 1959, y han dejado heridas simbólicas, literalmente hablando, de una gran actualidad, por lo que expresan en sí mismas y porque los dos hechos mencionados, con una diferencia de 59 años, tienen coincidencias que permiten entender en la larga duración el carácter criminal del imperialismo estadounidense, el cual no se ha modificado ni un ápice en las últimas seis décadas.

Pero los hechos aludidos también demuestran que los símbolos atacados se convierten en una importante fuente de resistencia a la dominación imperialista, en la medida en que su permanencia misma los convierte en una imagen visible y reveladora de la agresión, que se mantiene a lo largo del tiempo, como si de la pieza de un museo vivo se tratara, para mostrar en forma directa y sin intermediarios, la alevosía destructiva de los Estados Unidos.

15 de abril de 1961: Invasión a Bahía Cochinos y tiroteo al busto de Antonio Maceo

Con la soberanía nacional obtendremos nuestros naturales derechos, la dignidad sosegada y la

representación de pueblo libre e independiente.

                                                                                                                                    Antonio Maceo

El 15 de abril de 1961 se efectuó la invasión de los mercenarios a Cuba, financiados, armados y organizados por los Estados Unidos, que pretendían detener el avance de la revolución. Las operaciones, apoyadas directamente por la CIA, se iniciaron con bombardeos realizados por aviones de mercenarios, portando las insignias de la Fuerza Aérea Revolucionaria, que despegaron desde Nicaragua, contra la base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el aeropuerto internacional Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. Con este ataque artero se pretendía destruir la reducida flotilla de aviones que tenía Cuba, como forma de facilitar el desembarco y avance de los contrarrevolucionarios de la Brigada 2506. Como resultado del ataque al aeropuerto de Santiago de Cuba fueron alcanzados siete aviones y fue averiada la Torre de Control.

Durante el bombardeo fue atacada la estatua de Antonio Maceo y Grajales, cuyo nombre honra a este aeropuerto. Una bala calibre 30 disparada desde el aire atravesó el busto del general de la independencia de Cuba. Este ataque se constituyó en algo así como el segundo asesinato del líder independentista. Recordemos que Antonio Maceo (1845-1896), conocido como el Titán de Bronce, fue un luchador indoblegable contra el colonialismo español, al que enfrentó con las armas en la mano durante dos guerras: la de los Diez Años (1868-1878), y la guerra final de independencia (iniciada en 1895) y durante la cual perdió la vida en 1896. De forma indirecta también participó en la Guerra Chiquita (1879), en la que no se le concedió el mando por el racismo de otros jefes insurreccionales.

Maceo era hijo del venezolano Marcos Maceo y de Mariana Grajales, de origen dominicano, y había nacido en 1845. Durante la guerra de independencia fue, junto con el dominicano Máximo Gómez, el principal conductor militar de la invasión a oriente. El 7 de diciembre de 1896, en Punta Brava Maceo fue herido y rematado a machetazos por la tropa española.

Maceo se distinguió por ser un militar de temple que defendía además de la independencia la libertad de los esclavos, en concordancia con sus orígenes raciales, y por haber soportado en carne propia la discriminación y el racismo. Maceo no fue solamente un extraordinario estratega militar, sino también un pensador que señaló con convicción que “La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide; mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos”. También había hecho una premonitoria advertencia, que se proyecta hasta el día de hoy: “Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”.

Con estos antecedentes, resulta evidente que el busto de Antonio Maceo fue acribillado en forma premeditada, en la medida en que simbólicamente encarna el ideal de libertad, independencia de Cuba y socialmente los sentimientos emancipadores de la población negra. Para los mercenarios financiados por los Estados Unidos al dispararle a Maceo se estaba atacando a una figura que representa lo más genuino de la nación cubana, entre cuyos méritos sobresale su independencia y autodeterminación.

Pero como la invasión resultó siendo un fracaso absoluto, la estatua de Antonio Maceo se ha mantenido en pie en el mismo lugar que estaba cuando la atacaron los agresores ese 15 de abril de 1961. Se mantiene invencible como fue la trayectoria del luchador popular contra el dominio colonial. Mejor aún, el orificio que atravesó la estatua se ha convertido en un nuevo símbolo de la resistencia y deseo de independencia indoblegable de Cuba. Por eso, allí en ese Aeropuerto se yergue como imagen de dignidad, mostrando su herida No. 27 como símbolo de resistencia, herida que se le causo 65 años después de muerto, puesto que en vida durante su lucha contra los colonizadores españoles fue herido en 26 ocasiones. Esa herida abierta es un símbolo de la resistencia a la dominación de los Estados Unidos en nuestra América que Cuba encarna con altivez y gallardía.

30 de abril de 2020: Ataque a Embajada de Cuba en Estados Unidos y tiroteo al busto de José Martí

(...) Patria inaugura, en el número de hoy, una sección permanente de «Apuntes sobre los Estados Unidos», donde (...) se publiquen (...) aquellas calidades de constitución que, por su constancia y autoridad, demuestran las dos verdades útiles a nuestra América: –el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos– y la existencia, en ellos continua, de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos”.

                                                                                                                                  José Martí

59 años después, el 30 de abril de este año fue atacada con armas de fuego la sede de la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Este ataque tampoco es accidental, y responde a las continuas agresiones de la primera potencia mundial, incrementadas en los últimos meses, como parte de la política de doblegar al país caribeño. En la madrugada del jueves 10 de mayo fue alcanzado por 32 disparos la sede de la Embajada, sin que ninguna autoridad policial o militar de Estados Unidos lo impidiera. Después del ataque con un fusil de asalto (algo típico en la política de muerte cotidiana que caracteriza la vida interna de los Estados Unidos) fue detenido el agresor, un individuo de origen cubano y residente en Texas, identificado como Alexander Alazo. Este individuo quien afirmó que si hubiera salido el Embajador de Cuba o algún funcionario de la sede atacada le hubiera disparado a matar por considerarlo su enemigo, portaba una bandera de Cuba con una confusa e incoherente leyenda (en inglés), pero cuyo sentido profundo si se puede evidenciar: “Deja de mentirle a la gente. El respeto. Trump 2020. Estados Unidos, Tierra y Familia”.

Lo que queda claro en el confuso mensaje es el apoyo a Trump y allí se encuentran los nexos con los ataques que desde las altas esferas del poder en Estados Unidos se han orquestado contra Cuba en los últimos meses y han arreciado la permanente política hostil del imperialismo, contra la isla caribeña iniciada hace 61 años y que prolonga los apetititos colonialistas de Estados Unidos que comenzaron en las primeras décadas del siglo XIX.

En el ataque al edificio de la Embajada, en teoría protegido por Convenios Internacionales, se dispararon 32 proyectiles de un fusil AK-47 con poder mortífero y uno de ellos atravesó la estatua del prócer de la independencia de Cuba, José Martí. Esto tampoco es accidental, ya que recientemente han sido atacados en La Habana algunas estatuas de José Martí por mercenarios financiados desde Miami.

Además, con los sucesos recientes en la Embajada de Venezuela en Washington, que en forma ilegal le fue entregada a los títeres de Guaidó y de donde fueron sacados a las patatas algunos ciudadanos estadounidenses que la defendían, no es dudoso sospechar de la participación directa de funcionarios del gobierno de Trump, que han azuzado a un aparente “desquiciado mental” (pero acaso Donald Trump, Marco Rubio, Mike Pompeo no lo son) para que como “lobo solitario” atacara la embajada en pleno corazón de Estados Unidos.

Ahora bien, el ataque a Martí tiene las mismas dimensiones simbólicas que el realizado a Antonio Maceo, puesto que el “apóstol de Cuba” es la figura emblemática de la independencia de nuestra América, rubricada con su muerte en combate (como Maceo). Y, además, porque Martí vislumbró al naciente imperialismo y señaló la imperiosa necesidad de combatirlo, como cuando dijo en una carta el 18 de mayo de 1895, un día antes de morir, que su lucha se daba para “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. (...) Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: —y mi honda es la de David”.

La herida que queda en el costado izquierdo del busto de José Martí se convierte desde ahora mismo en una huella simbólica de la intolerancia, el odio y el sentido de destrucción que caracteriza a los Estados Unidos y también de la capacidad de resistencia de un pueblo valeroso, que personificó como pocos el gran poeta, pensador y luchador de nuestra América. Estos ataques a los monumentos de dos luchadores de nuestra América no solamente se dirigen a Cuba sino a toda nuestra patria grande, la misma que en estos momentos sigue siendo agredida, como lo ilustra el reciente desembarco en las costas venezolanas, de mercenarios y asesinos, respaldados por Donald Trump y compañía y entrenados en territorio de Colombia, como buen ejemplo de lo que significa ser el Caín del continente.

Pero las heridas de las estatuas de Antonio Maceo y José Martí, las que siguen incólumes en los mismos lugares donde fueron atacadas, simbolizan el sentido de dignidad de todos los que se niegan a que seamos un suburbio miserable de Miami.

Tuesday, 12 May 2020 00:00

Miedo en el búnker

Por Jhonathan Balvín R.

Estoy encerrado en este búnker. Ya estoy perdiendo la noción del tiempo. No recuerdo cuándo empezó la cuarenta, tampoco sé cuándo terminará. De no ser por el ejército de vendedores ambulantes que ofrecen sus productos, el día sería igual que la noche. Al principio buscaba información sobre el virus, pero perdí el interés. Un día decían que el virus se adhiere a la ropa, al otro día desmentían la información; después decían que sí podía adherirse a la ropa, luego desmentían de nuevo la información. Los juegos del exceso de información-desinformación empezaron a mortificarme, incluso dejé de imitar al personaje de La ventana indiscreta: cerraba las cortinas de mis ventanas para evitar que el virus ingresara por ahí. 

A veces escuchaba que la gente aplaudía a las ocho de la noche. De un momento a otro se interrumpieron los aplausos. Mis vecinos, imagino, también recibieron las imágenes en sus redes sociales donde informaban que el virus en España e Italia se había esparcido con ese tipo de prácticas ciudadanas. Después dijeron que esas prácticas no podían esparcir el virus. Después dijeron que existían posibilidades de que el virus se esparciera de esta manera. Y después, siempre hay un después, o por lo menos eso espero, mis vecinos dejaron de aplaudir y yo de leer noticias o revisar informaciones relacionadas con el virus. De hecho ni sé si ya se acabó la cuarentena, sólo sé que mis vecinos siguen sin madrugar para salir a trabajar.

Todos estamos esperando a que se acabe la cuarentena. Algún día se tendrá que acabar, pienso para distraerme del encierro en este búnker, pero me imagino el día que deba salir y me invade el miedo de que exista un rebrote del virus. La última vez que salí tuve que hacer una fila de una cuadra para ingresar al supermercado. Todos estábamos a la espera recibiendo sol en medio del apabullante silencio de la fila. Uno a uno pasaban vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, uno a uno cantaban sus canciones los cantantes de música popular, uno a uno interrumpían el silencio ilusionados con recibir un par de monedas. 

Las personas detrás de mí seguían llegando, aumentaba la larga fila en espera de que ingresaran otras tres personas al supermercado. Un grupo de ancianos, reticentes al uso tapabocas, se quejaban del encargado de permitir el ingreso al supermercado por irrespetar sus canas, por condenarlos a realizar la fila; se lamentaban, también, de la imposibilidad de jugar un chico de billar o de sentarse a tomar tinto en la panadería. Por fin llegaba mi turno de ingresar al supermercado, de escaparme de la perorata del anciano de boina de cuadros grandes, quien seguía comunicando su viacrucis por la cancelación de la Semana Santa.

Uno a uno enjaboné, juagué, y sequé los productos que compré; invertí más tiempo en el proceso de desinfección de los alimentos, que en la compra de ellos. Esta nueva rutina la repetiré dentro de poco cuando me traigan los productos a domicilio. No quiero salir, tengo miedo a ser contagiado, tengo miedo, incluso, de acercarme a la puerta, no creo que mi sistema inmunológico resista el virus.

Ahora escuché que sonaba de nuevo el teléfono. Hace tres días que estoy acostado, sólo me levanto para orinar y comer. Sé que los alimentos que preparé están escaseando, que mañana debo cocinar, aunque no sé si llegue a mañana. A veces he pensado en dispararme, pero me da miedo dispararme en el lugar equivocado, desangrarme durante unos días hasta morir, o peor aún, durante unas horas antes de que alguien tumbe la puerta, me rescate y deba soportar el martirio de estar hospitalizado. 

No quiero regresar al hospital. Así que sigo encerrado en mi habitación escuchando el sonido del teléfono. Era una de las secretarias de la compañía que el gobierno autorizó para retomar las labores de producción: que me presente el lunes temprano a una charla sobre los nuevos protocolos de seguridad laboral, que evite usar los medios masivos de transporte.

Me anunció toda esa información pero no me preguntó si yo estoy interesado en retornar al mundo laboral, sin decirme cuántos días faltan para llegar al lunes, sin decirme siquiera si ya se acabó la cuarentena nacional. Por su sugerencia de acudir a la empresa en un medio de transporte alternativo, imagino que todavía no existe una cura. Sabía que algún día la cuarentena se acabaría, pero continúo con miedo de salir. 

El estómago me empieza a doler, tengo un leve dolor en el pecho, mi frecuencia cardíaca aumenta considerablemente, veo el incremento de sudoración en mis manos, no creo que sea un buen momento para abandonar este búnker, inventaré una excusa para no ir a trabajar, el dolor de estómago se hace cada vez más fuerte, no puedo aguantarme, debo ir al baño, no pueden obligarme a salir de mi casa, me siento mareado, todo está dando vueltas, no sé si alcance a llegar, todo empieza a desaparecer. 

 

 

Por Wilmar Harley Castillo Amorocho

Están matando a los líderes sociales en San Juan del Micay. Ese es el nombre del río que atraviesa los municipios de López de Micay, y parte de El Tambo, en el departamento del Cauca; también es el nombre del corregimiento donde su población es principalmente negra, al igual que la pobreza histórica sufrida por el abandono estatal. Este rincón caucano fue y es noticia nacional y mundial por el asesinato de cuatro miembros del consejo comunitario AFRORENACER a manos de un grupo residual que quedó después de la desmovilización de las FARC.

Teodomiro Sotelo, Andrés Casimance, Jesús Riscos y Sabino Angulo son las ultimas victimas en la lista de líderes sociales asesinados por los armados que, según los habitantes, después de los enfrentamientos contra la guerrilla del ELN, decidieron retomar los territorios donde operaban antes de desmovilizarse y sacar a cualquier persona relacionada con los “elenos”, también a los desmovilizados y miembros del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Hay un tema que llama la atención detrás de todo este horror. La economía de la zona ha sido la pequeña minería, los cultivos de uso ilícito, la pesca y la agricultura, fundamentada en ese elemento simbólico de vida que es el río San Juan de Micay, el cual desemboca en el océano Pacífico. Este cuerpo de agua tiene encima los ojos del capital privado desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En esos años se planeó allí el megaproyecto hidroeléctrico: “Arrieros del Micay”, que aquella época tendría una inversión de siete millones de dólares, y una producción estimada de 3.500 mw, pero este se frenó por la inviabilidad ambiental encontrada por el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA).

La amenaza al río revivió en el 2016, por medio el ex-secretario privado del Congreso de la República, Felipe Valencia, el exgobernador del Cauca, Óscar Campo, y otros políticos e inversionistas privados como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), planteando esta vez que Arrieros del Micay puede producir 700.000 kw por hora. A pesar del eco recibido en medios nacionales y locales, del proyecto no se menciona que quiere ser impuesto sobre territorio afrocolombiano, al cual, gracias a la ley 70 de 1993, le deben consultar si quieren o no la construcción de la gran hidroeléctrica. Por ahora, se oyen comentarios sobre el proyecto extractivo sin tener información precisa sobre la licitación o permisos que se estén tramitando en el gobierno nacional.

El otro azote de las comunidades negras del Micay es el cultivo de coca traída por colonos de otros departamentos en los años 70. Con la salida del río al mar, el proceso de cultivo, procesamiento y exportación de la droga es una fuente económica importante para cualquier grupo armado. No es fortuito que las disidencias quieran retomar ese territorio, uno de los desplazados del proceso AFRORENACER asegura que están buscando controlar las tres entradas que tiene la zona y así tener control sobre las 1.500 personas que aún quedan en las veredas, y sobre el territorio y su economía. No es extraño entonces que los carteles mexicanos estén detrás de la financiación de estos grupos armados, como lo dijo el excandidato presidencial Gustavo Petro cuando denunció la intromisión del cartel de Sinaloa en Colombia.

Este año no empezó nada bien para esta comunidad que ha visto como se dan plomo el ELN y la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército desde el 25 de enero, poniendo además los asesinados y los desplazados. El Ejército ha salido en fotos de prensa mostrando acciones contra las disidencias de las FARC en Suarez (municipio vecino de López de Micay), donde no han ocurrido asesinatos de líderes sociales. Y en el corregimiento de San Juan de Micay, las fuerzas militares han peleado y capturado integrantes del ELN, quienes el 1 de abril habían decretado un cese unilateral como gesto humanitario por la propagación del COVID-19.

¿Estaremos frente a un caso de ayuda mutua entre fuerzas militares con disidencias de FARC para acabar la guerrilla del ELN? ¿Estas disidencias tendrán un papel específico en la geopolítica local donde hay un megaproyecto hidroeléctrico en el trasfondo? ¿Por qué el Ejército no muestra “resultados” con las disidencias de FARC que están en San Juan de Micay? 

¿Cómo estarán mis vecinos y compañeros? ¿Cómo hacemos para no dejar caer al Consejo Comunitario? ¿Cómo seguimos denunciando este problema? Son algunas preguntas que también se hacen las desplazadas de sus fincas que ahora están con familiares o compañeros en la ciudad de Popayán, capital del Cauca.

Por Victor de Currea-Lugo

Uno puede imaginarse que las decisiones políticas de Duque están basadas solo en la arrogancia, así como respondió cuando Venezuela le propuso donarle dos máquinas de diagnóstico ante la pandemia; la misma arrogancia de la que se armó para reunirse primero con el cantante Maluma que con los estudiantes en protesta.

También puede acusarse a Duque de que simplemente actúa por su torpeza, como cuando propuso el “aislamiento inteligente” (http://victordecurrealugo.com/confinamiento-inteligente-coronavirus/) o cuando salió a tratar de convencernos de que, contrario a toda la tendencia mundial, aquí ya se estaba aplanando la curva;  pero no es así.

El problema de Duque, a menos que me demuestren lo contrario, es de maldad. Hay maldad cuando se concentran los recursos de los territorios y se ponen al servicio del gobierno central, desprotegiendo a alcaldes y gobernadores que son, como se ha demostrado en las últimas semanas, la piedra angular de la respuesta. El presidente actúa con la misma maldad que lo hizo frente al paro nacional que empezó en noviembre pasado. Me rehúso a repetir el cántico de algunos ingenuos de que el presidente solamente está mal informado o que  está atrapado en el uribismo, pero que sí tiene voluntad de hacer las cosas bien.

Si eso fuera cierto, no puedo entender su afán de darles gusto a los grandes empresarios para priorizar la economía sobre la vida; ni su falta de claridad frente a un sistema de registros que permite a los muertos y a muchos inexistentes, dizque cobrar subsidios frente a la pandemia. Los mismos registros que aparecen para el Icetex y para las elecciones.

Hay maldad cuando no se actúa, de manera seria y responsable, ante la cascada de denuncias por abuso policial, sin que aparezca la noción de Derechos Humanos, recogida en la Constitución. Hay reportes de disparos a civiles, arrestos injustificados, comparendos absurdos, gases lacrimógenos contra vecindarios, golpizas y una larga lista de maltratos.

Tampoco el Estado se ha movido como debiera frente a la corrupción: es cierto que apartaron del cargo a tres coroneles del Ejército por corrupción con recursos para la pandemia, pero eso es más común de lo que se percibe. De hecho, la Contraloría ha alertado por la compra irregular de insumos hospitalarios y compra de alimentos para la población en general. La Procuraduría reportó investigaciones en 14 gobernaciones, 55 alcaldías y 24 entes territoriales. A finales de abril ya se investigaban 1.286 casos de irregulares en contratación. Y eso no es por la pandemia, sino que la pandemia de corrupción es una constante, que además no depende de los pobres sino de gente de la clase de Duque.

Hay mucha maldad, cuando aprovecha la coyuntura para salir a salvar, junto con su escudero Carrasquilla, a los fondos privados de pensiones, desprotegiendo aún más precisamente a los adultos mayores, es decir a la población de mayor riesgo por la pandemia. Hay maldad cuando en vez de responder a la urgencia nacional se arrodilla ante la agenda estadounidense y prioriza la justificación de un ataque militar a Venezuela. Hay mucha maldad cuando no actúa ante un sistema financiero que ha duplicado el costo de las transacciones en medio de la pandemia sin que los entes de control cumplan su cometido de manera eficaz. Y así mismo la hay, cuando no controla ni castiga la especulación de las grandes cadenas de almacenes.

Ya sé que nadie estaba preparado para esto, pero con el pasar de los días, esa frase tiene más de pretexto que de realidad. Tampoco el Estado estaba preparado para producir docenas de decretos, pero lo hizo: 73 decretos ley, 33 decretos ordinarios y 94 resoluciones y circulares, producidos en un mes. La pandemia no redefine el poder ni sus intenciones, sino que los potencializa. No se es cierto que nada se pueda hacer, el problema es que muchas de las cosas que han hecho, van en sentido contrario.

Hay maldad, de la peor, cuando autorizan trasladar personas contagiadas de una cárcel a otra, una medida deliberada que solo sirve para expandir la pandemia. Es una medida que, a todas luces, iba a producir unas consecuencias previsibles, como efectivamente ha sucedido. Claro, hay cárceles para ricos, llámense clubes militares o casas fiscales, donde los ladrones de cuello blanco dizque pagan las penas, lejos del hacinamiento de los pobres en prisión y lejos del coronavirus.

Hay maldad cuando el Estado no protege a los líderes sociales: varios de ellos, que cumpliendo la cuarenta, se han quedado en sus casas y allí han terminado expuestos frente a sus asesinos. No solamente hay torpeza y arrogancia, hay maldad. Por eso no le creo a Duque ni a los de su clase, que hasta los últimos minutos han tratado de mantener abiertos sus clubes de golf.

No le creo a Duque por su afán de hacer trizas la paz, y por eso usa hasta la pandemia para querer apropiarse de los recursos de la paz para la pandemia. Eso no es inteligente sino perverso. La paz, como concepto, nos haría menos vulnerables frente a la pandemia, quitarle recursos es hacernos más débiles. De hecho, hubiera bastado la implementación del punto 1 de los Acuerdos con las FARC para que hoy tuviéramos un campo capaz de responder ante la demanda de alimentos que se viene.

En una esquina están la medicina y el Estado social que son, por definición, anti-darwinianas; mientras que el neoliberalismo es precisamente el culto a la selección “natural” que nace de la competencia salvaje y de la negación de la solidaridad. Con base en esto, se ve que hay maldad cuando se resuelve un problema de salud pública en la cárcel con una masacre, cuando se transfiere la plata a las EPS y no directamente a los hospitales, cuando congresistas áulicos de Duque prefieren no sesionar, pero tratan de que los obreros sí vuelvan lo más pronto posible a sus sitios de trabajo para garantizar la producción.

Duque y los de su clase, desde la otra esquina, insisten en el fracking cuando las pruebas demuestran el daño ambiental, ese medio ambiente que tampoco le importa a Bolsonaro ni a Trump. Uno de los cercanos a Duque dijo que: “la democracia no puede ser obstáculo para el desarrollo”, léase el desarrollo económico, no el humano; toman partido por el neoliberalismo salvaje.

En esa misma esquina está Avianca, una aerolíena que paga impuestos en Panamá, es propiedad de empresarios estadounidenses, no tuvo ningún empacho en abusar de las tarifas, de lesionar los derechos laborales de los pilotos, de manipular el Estado para que sus servicios fueran declarados esenciales, y ahora tampoco tiene vergüenza para pedir que se la apoye con recursos públicos fingiendo ser una empresa colombiana.

Y en ese lado de la competencia salvaje, están también las grandes superficies que dispararon los precios, las empresas que subieron los recibos de la luz, las aerolíneas que insistieron en no cerrar el aeropuerto, Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) que propuso que los trabajadores aporten al pago de nóminas, sí, la misma Fenalco que propuso cambiar el día de la madre de mayo a septiembre, porque el asunto es vender.

Pero las personas de esa clase no están solo en la capital. En Chocó, la Gobernación contrató cursos por una millonada dizque para prevención frente a la pandemia, mientras a gente se muere de hambre; en la costa hay funcionarias que justifican la compra de latas de atún a 20.000 pesos para justificarlas como ayuda en medio de la crisis, en Arauca hay varias investigaciones por sobrecostos en contrataciones, así como en otros departamentos.

Ahora se viene el levantamiento del aislamiento. Entiendo perfectamente a los que salen a buscarse la vida, empujados por el hambre; pero no al que obliga a salir para construir edificios que, precisamente, los pobres que los construyen no podrán comprar. Jamás los empresarios colombianos habían necesitado tanto a sus trabajadores. Que salgan los que gritaban “yo no paro, yo produzco”; entiendo a los que salen por el pan para el hijo, pero no por la langosta del patrón.

El gobierno no ha logrado que el personal de salud tenga tapabocas y promete que los obreros de la construcción tendrán la protección adecuada. Deberían priorizar la alimentación, porque la ganancia se distribuye más que la de la construcción, porque es esencial para la sociedad y porque la gente no come ladrillos.

No es solo la medida de cuarentena o de abrir la ciudad, es para qué, al servicio de quien. Los pobres tenían hambre antes, y nadie me va a convencer que el hambre de los pobres desaparecerá si se levanta la cuarentena. El debate es cuarentena o no, es cómo, bajo qué condiciones.

Y el gran debate es que, al margen de la pandemia, el Gobierno y los de su clase siguen y ahondan una política económica contra los más pobres, invierte un poco de millones en carros blindados para la rama judicial y para el presidente cuando las prioridades deberían ser otras, no enfrentan la violencia en las zonas rurales, desvían los recursos de la paz para posicionarse en las redes sociales a través de la firma que dirigió la campaña contra la paz en el plebiscito, obedecen las órdenes dadas por Trump para regresar al uso de glifosato contra las zonas de cultivos ilícitos.

Al tiempo, Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,) se quedó con los créditos y las ayudas que eran para todo el agro dejándolas en manos de unas pocas grandes empresas, las EPS (Empresas Promotoras de Salud) que ahora se benefician con la pandemia por la caída en la demanda de servicios y ni siquiera contribuyen a la solución de la crisis sino que siguen jugando al intermediario quedándose con la administración de los recursos públicos para la salud.

Y en los días que vendrán Habrá más ejemplos de porque no creerle a Duque. ¿Eso es polarizar? No. El que polarizó fue Duque priorizando los bancos, el ministro de Salud priorizando las EPS, Carrasquilla priorizando las utilidades. Yo solo me pongo de acuerdo con la “lógica” de ellos. Ellos empezaron, desde hace muchas décadas. Ahora preparan una nueva reforma tributaria, están mirando cómo recortar más salarios y aumentar impuestos sin tocar a esa gente de la misma clase de Duque, esa en la que por todo lo anterior, no le puedo creer ni un tantico.

 

Este articulo fue publicado originalmente en: http://victordecurrealugo.com/

Por Andrea Rodríguez, coordinadora Línea de incidencia FIAN Colombia, y Hernando Salcedo Fidalgo, coordinador Línea de Nutrición FIAN Colombia.

Hoy el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (PDSAN) es una realidad, fue aprobado por la Asamblea Departamental el 12 de marzo de 2020, y se encuentra listo para la firma del actual gobernador Aníbal Gaviria. Este hecho ocurre en los albores de los cambios que implicará, especialmente en materia alimentaria, la experiencia de la pandemia por el covid-19. Este ejercicio requerirá de nuevas maneras de abordar el ciclo alimentario para construir las posibilidades que nos conduzcan a sistemas alimentarios reales y sostenibles.

Estructura del PDSAN de Antioquia y avances pioneros

En un reciente articulo[1], debatimos el lugar desafortunado del nutricionismo en la defensa del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA), y la importancia de lograr nuevas miradas que conduzcan a proponer perfiles nutricionales autónomos, locales y apropiados a las condiciones de sostenibilidad y de acceso adecuado a alimentos reales y naturales. En el contenido del PDSAN del departamento de Antioquia descubrimos una propuesta que recoge el trabajo colectivo de la gerencia Maná, los aportes de la sociedad civil, los aportes de un amplio proceso regional de participación comunitaria con enfoque diferencial, y los resultados del trabajo de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, de cara a caracterizar un perfil nutricional para el departamento.

El Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia se erige como un ejercicio democrático y participativo en los siguientes doce años, que tiene como eje la realización del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas. Entre sus pilares está una nueva conceptualización de lo que tradicionalmente se ha concebido como “entornos”, para reformular la política publica hacia la intervención de los “ambientes”, enmarcados en el ciclo vital humano y con un enfoque diferencial que incorpora diferencias étnicas y de género.

La categorización de ambientes es una ventaja conceptual clara en temas como los planes de alimentación escolar, en donde la noción ambiental incorpora en forma sistémica los diversos componentes del acceso a alimentos reales y naturales producidos en forma sostenible, y a programas escolares que permitan entender lo alimentario como un componente del proceso educativo integral. Las huertas escolares serán seguramente un modelo de impacto de esta propuesta en términos de auto sostenibilidad y soberanía de los propios programas escolares de alimentación, saliendo por fin del destino caritativo y de la adhesión escolar como propósitos desviados de su misión.

Entre las apuestas más relevantes del PDSAN de Antioquia, podemos resaltar la recuperación de la agricultura familiar, campesina y comunitaria a través de la agroecología, entendida esta última como verdadera innovación tecnológica del campesinado; la implementación y estímulo de circuitos cortos y locales de distribución, el comercio justo y equitativo de los alimentos reales y naturales; la consideración sistémica de otros ambientes de interacción social como son los ambientes del trabajo, del transporte y de los comercios en donde es necesario regular la publicidad y disponibilidad de productos comestibles ultraprocesados, sobre todo cuando está dirigida contra niñas, niños y adolescentes; la garantía del acceso a alimentos reales en todos los momentos del ciclo vital, incluyendo la gestación y el periodo perinatal, con el apoyo a la lactancia materna; promover las formas de gobernanza derivadas de la soberanía alimentaria para la garantía y pleno ejercicio del DHANA.

Convergencias con el proyecto de ley para la garantía progresiva del DHANA en Colombia

El PDSAN de Antioquia se descubre como una propuesta convergente con algunos de los elementos que están plasmados en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en el año 2016, el cual abordó también el tema alimentario en varias de sus dimensiones, y uno de los asuntos que estableció fue la necesidad de poner en marcha un Sistema Especial Progresivo de Garantía del Derecho Humano a la Alimentación, el cual aun está en mora de ser efectivamente implementado por el gobierno nacional y frente al cual Fian[2] Colombia ha venido construyendo una propuesta que se espera pueda ser tramitada prontamente en el Congreso de la República, para hacer realidad este compromiso pactado en La Habana.

Entre  los puntos de convergencia podemos resaltar los siguientes: su enfoque territorial en términos de la defensa de los derechos de los campesinos y de soberanía alimentaria, su enfoque participativo y comunitario, su enfoque diferencial con énfasis en la perspectiva de género, el componente de desarrollo sostenible, y un eje de descentralización que implica el reconocimiento a la diversidad y heterogeneidad de las regiones y territorios locales.

Ante el optimismo que genera la aprobación del PDSAN del departamento para los próximos doce años, es imprescindible anotar que la aplicabilidad del plan, acorde con los principios que hemos resaltado, se encuentra en manos del nuevo gobierno departamental. Es así como proponemos desde ahora, acompañar el proceso de implementación manteniendo su esencial defensa del DHANA y de la soberanía alimentaria, y las participantes que estuvieron en el proceso de formulación.

En tiempos de reflexión sobre la necesidad de recuperar la capacidad de restitución alimentaria en forma sostenible y respetuosa de la biodiversidad y de los ecosistemas, es indispensable defender la materialización plena del DHANA, como eje articulador entre los pueblos y los proyectos de Estado que queremos construir para lograr un mundo mejor y  un planeta sano.

 

[1] Ver:  H. Salcedo Fidalgo & J.C. Morales, “Nutritional assessment methodologies: challenges and opportunities for the full realization of the Right to Food and Nutrition”, En: Frontiers in Nutrition, 05 de abril de 2019. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6461053/

[2] Fian Colombia es una organización no gubernamental que trabaja por el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, hace parte de Fian Internacional.

 

 

Monday, 04 May 2020 00:00

Debajo de la mesa

Por José Daniel Palacios Restrepo y Ruido

En marzo nos hicimos todas las preguntas. Si sería posible que pasara aquí, si sería igual de horrible. Nos preguntamos si de pronto tendríamos con qué responder: si había plata, si había gente, si había gobierno. En un abrir y cerrar de ojos empezamos a deshabitar la calle. Primero los estudiantes, de mil en mil.

 Yenifer en el Parque del Periodista, lugar de interés de Medellín

Antes de que el presidente Iván Duque declarara el 24 de marzo la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, ya existían las proyecciones epidemiológicas, los casos dramáticos de ciudadanos varados al otro lado del mundo, los testimonios de quienes perderían su empleo, y la inminente crisis económica.

Desinfección al monumento ubicado en el Parque del Periodista

Un mes después, Yenifer hace parte de la empresa contratista de Emvarias encargada de cubrir los espacios públicos con una solución de Amoníaco cuaternario y agua, asegurándose de limpiar los lugares que antes soportaban un millón de personas al día; y que esa noche solo recibieron a Yenifer, Daniel, don Luis y Oscar, para llenar todos los rincones con una mezcla que mata al virus en el mobiliario urbano y en los habitantes de calle que lo pedían.

Retrato de Yenifer mientras desinfecta las escaleras de la estación Parque Berrío del metro

En la noche, cuando se apaga la poca actividad de la ciudad, se reanudan los oficios de desinfección. Nunca antes había sido tan importante limpiar los lugares donde duermen los que a muy pocos importan.

Yenifer y su equipo no tienen un horario establecido, la desinfección de cada lugar de la ciudad puede tardar dos horas o más 

Mientras otros están en su casa, obedeciendo las nuevas normas instauradas a partir de los decretos presidenciales, hay quienes no tienen más opción que ponerse la pijama antifluido e ir al hospital, a la ambulancia, a la emergencia, a la jornada de desinfección.

Al fondo el Museo de Antioquia, mientras Yenifer desinfecta las obras de Fernando Botero y la Plaza Botero completamente vacía

La contingencia de salud pública que ha dejado el nuevo coronavirus, en gran parte del mundo es desigual. Mientras algunos países entierran a sus muertos por haber tomado tarde las medidas, otros enfrentan la pandemia con la certeza de que la situación develará la miseria en la que gran parte de sus pueblos sobreviven: la ineficacia de la burocracia, los pañuelos rojos, las investigaciones sobre desviaciones de fondos. El coronavirus en Colombia y en Medellín empieza a demostrar todos los temas que se hablan por debajo de la mesa, con silencio, hasta que el hambre grita.

Al finalizar la jornada de trabajo, a Yenifer también la desinfectan para evitar el contagio y la propagación del virus.

 

 

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