Periferia

Periferia

Por Carolina López Giraldo

 

“¿Cómo puede odiarse el pueblo entre sí, si todos padecen la misma hambre y la misma desolación? Pero conviene a los fines de los explotadores este odio, del cual se ríen, porque mientras ustedes se matan por la pasión política, ellos constituyen compañías, reparten dividendos y se apoderan de las tierras”. Grupo de Memoria 2011

 

¿Cómo explicarle al país que un joven, a pocos días de graduarse como bachiller de un colegio público en Bogotá, tenga que dejar cuadernos, lápiz, uniforme y morral por recorrer las calles de la capital de Colombia, exigiendo oportunidades de educación superior para salir adelante junto a su familia? ¿Acaso se le acusa por soñar con educación superior?

¿Cómo explicarle al país y al mundo que el Estado colombiano, en representación hoy del gobierno de Iván Duque, responde con armas letales, balas recalzadas, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos a las nuevas generaciones de estudiantes y trabajadores que le exigen en las calles educación, salud, trabajo digno, pensión, y sobre todo el derecho a vivir en paz? ¿Acaso se les acusa a nuestros jóvenes de exigir un real Estado Social de Derecho?

¿Cómo explicarle al país y al mundo que millones de jóvenes, al igual que Dylan Cruz, han sido asesinados y desaparecidos forzadamente por el Estado en sus territorios; en esa Colombia que ha vivido la guerra silenciosamente en todas sus expresiones y que ha instrumentalizado la vida de las nuevas generaciones para la guerra, o para convertirlos en víctimas de un conflicto armado que tampoco era de ellos y ellas? 

La escena registrada para la historia y la memoria colectiva en la cual un agente del ESMAD le dispara a Dylan a menos de 10 metros de distancia, es la escena que se ha repetido miles de veces en Colombia cuando el Ejército ejecutó extrajudicialmente más de 4000 jóvenes en los parajes solitarios y oscuros de la Colombia rural y olvidada; ni qué decir de los miles de jóvenes desaparecidos forzadamente en tantas regiones del país, que fueron dados de baja en circunstancias parecidas, iguales o peores a las de Dylan, en la "limpieza social" de la diferencia o del enemigo en cada región de Colombia. ¿Acaso se le acusa a las nuevas generaciones de tener memoria de su historia reciente, la de una generación de niños, niñas y adolescentes asesinados y desaparecidos por el Estado?

¿Cómo no entender que la muerte de Dylan es un homicidio cometido por un agente del ESMAD contra un joven indefenso de 18 años? ¿Qué pretende la Ministra del Interior reconociéndolo ante la opinión pública como un “accidente”? ¿Si ya está individualizado mediante pruebas audiovisuales por qué no han capturado y judicializado al agente del ESMAD responsable de este homicidio?

Como Dylan son miles más los jóvenes, hombres y mujeres. Es gran parte de la generación anterior a nosotros la que hoy no está en este mundo terrenal debido a la Criminalidad Estatal en Colombia.

¿Cómo no reconocer que la única arma de las nuevas generaciones son sus esferos, el papel, su voz, sus cantos y su enérgica alegría para escribir en la historia indeleble la agonía de un pueblo que quiere romper sus cadenas? La cuchara y la cacerola constituyen la única estrategia, la propiedad con que las usamos nos habla de las clases sociales a las que pertenecemos y representamos; el sonido nos invita pronto a una comunidad que se toma la plaza pública, esa plaza que nos pertenece desde la Grecia Antigua, la polis, espacio en el que se construye la verdadera democracia.

Se han metido con las generaciones que no tienen nada que perder, esas que con memoria, organización y acciones no violentas recorren diariamente las calles de nuestras ciudades movilizando sensibilidades políticas frente a las injusticias estructurales de esta adolorida Colombia.

En palabras de Eagleton, “La única cura para el terror es la justicia, y el terror surge cuando la legitimidad se desmorona”. Es preciso superar el pacto de sangre y silencio en estas violaciones de Derechos Humanos; el primer paso para restaurar la legitimidad es negarse a la complicidad y la impunidad.

 

 

 Por Hernando Steven Oliveros Yara

En la capital del Huila, según la administración municipal, existen 117 asentamientos sin legalizar a lo largo y ancho del municipio. Estos asentamientos llevan más de 20 y 30 años conformados, y por ende no pueden acceder a inversiones que mejoren su calidad de vida. Hasta el momento, solo 28 asentamientos están legalizados en Neiva.

Actualmente, en todas las comunas de Neiva existe por lo menos un asentamiento. Las comunas 3, 5, 6, 8, 9 y 10 son las que cuentan con el mayor número, mientras que en la 1, 2, 4 y 7 se pueden identificar unos pocos. El proceso de legalización ha sido complicado, lento, y vislumbra un panorama de zozobra. Algunos líderes comunales de los asentamientos mencionan que los Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) del oriente de Neiva son de hace 20 años y desde entonces no han sido actualizados. Por esta razón los procesos de legalización de los asentamientos no han avanzado hasta el momento.

Al ser legalizados, aumentan las probabilidades de que sean tenidos en cuenta por la administración municipal, lo que significaría que son reconocidos como lugares habitados y habitables que requieren proyectos e inversión en infraestructura. Lo paradójico es que muchos asentamientos cuentan con todos los servicios públicos, y pagan por ellos; pero no todos están legalizados.

  

La actual administración ha legalizado diez asentamientos de diferentes sectores de Neiva. Algunos de ellos venían con un proceso avanzado de años atrás. En la comuna 10, por ejemplo, se han legalizado los asentamientos Neiva Ya, Palmas II, San Bernardo, Sector Barreiro y Camelias. Y están ad portas de una posible legalización Machines, Palmas III y Álvaro Uribe, este último tiene la particularidad que dentro de los terrenos ocupados hay predios privados. Sin embargo, la comunidad no está del todo satisfecha con el proceso de legalización. De las 185 familias que habitan en Camelias, solo legalizaron 73, y en Sector Barreiro solo 52 de las 140 familias.

Las personas que habitan los asentamientos están a la expectativa de que la próxima administración tenga un compromiso con esta sentida necesidad. Piden que se haga un Plan de Ordenamiento Territorial que incluya los asentamientos del municipio, que se actualice el estudio del AVR, y se ejecute el proyecto de mitigación de riesgo que necesitan. La legalización es un gran beneficio para estas personas, pues así contarían con un terreno propio, y contarían con las escrituras necesarias para poder acceder a créditos y construir o realizar mejoras. De momento, muchas familias no tienen la posibilidad de aplicar para el programa de mejoramiento de vivienda que ofrece el municipio, precisamente por no estar en un asentamiento legalizado.

Por su parte la Alcaldía de Neiva, por medio del Área de Asentamientos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, ha informado que continúa ejecutando el Plan de Acción de la Política Pública para los Asentamientos Informales del municipio de Neiva. Hasta la fecha, ha recuperado 88 predios ubicados en los asentamientos informales. Además, las personas ubicadas en 300 predios que se encontraban en zona de alto riesgo, fueron reubicadas y accedieron al beneficio de subsidio y vivienda gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varios presidentes de las Juntas de Acción Comunal aseguran que a pesar de contar con muchos problemas dentro de los asentamientos, su mayor deseo es que sean legalizados. Aclaran que si bien es un proceso que tiene unas directrices, sus asentamientos cumplen con los requisitos, y conviene la legalización debido a que muchos de los habitantes quieren mejorar sus viviendas, pero temen hacerlo y que luego estas les sean arrebatadas o demolidas. Debido a que con la actual administración ese deseo no se pudo materializar, piden diligencia por parte de la próxima.

Entre los ciudadanos de a pie, hay quienes afirman que los asentamientos son un negocio que da muy buenos réditos económicos. “Muchas de estas personas se especializan en esta actividad, con el apoyo de políticos y funcionarios inescrupulosos. Una vez invaden le aplican una mejora al terreno y a los pocos meses o años lo venden por intermedio del documento de "compraventa", y quedan listos para invadir en otro sector de la ciudad. Las autoridades saben cómo opera este negocio, pero no aplican ningún control, a sabiendas de que este tipo de asentamientos o barrios son la principal razón del crecimiento desordenado y sin ninguna planificación de la ciudad”.

Negocio o no, lo cierto es que tanto la administración municipal, los líderes, y presidentes de las JAC deben ponerse de acuerdo, y trabajar mancomunadamente para hallar soluciones a la problemática. A diario siguen apareciendo nuevos asentamientos en donde, muchas veces, se vive en condiciones precarias, a diferencia de los que, tal y como lo mencionan algunos ciudadanos, habitan personas que solo pretenden lucrarse económicamente del asunto.

 

 

 

Seis conversatorios con periodistas e integrantes de organizaciones sociales hacen parte de la programación principal.

 

El auditorio del Claustro Comfama (San Ignacio) será el escenario principal de esta celebración, que tendrá como centro el debate y reflexión alrededor del periodismo alternativo y la comunicación popular, temas que durante 15 años han sido el eje articulador de Periferia.  

El evento iniciará a las 9:30 a.m. del próximo 15 de noviembre, y estará dividido en seis conversatorios, en los que se pondrán en debate diferentes posturas alrededor de preguntas inquietantes y polémicas; se darán pistas sobre el devenir y los retos de los medios alternativos, y se abordará el contexto social, económico y político en las periferias de Medellín y otros lugares del país.

De esta manera, no solo se recogerá la experiencia y el trasegar en estos años de trabajo de Periferia, sino que se generará un diálogo con otros medios alternativos y procesos sociales, para reconocer y visibilizar el aporte que la comunicación popular tiene para hacerle al país.

PROGRAMACIÓN:

-9:30 a.m.: ¿Qué tienen para decirles los procesos sociales a los medios alternativos?
La Organización Nacional Indígena de Colombia, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), la Unión Sindical Obrera, y el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, conversan con Olimpo Cárdenas (director de Periferia)


-11:10 a.m.: Periferia: un medio que camina.
Johannes Rivas (distribuidor de Chocó), Polidoro Guaitero (distribuidor de San Gil), Mauricio Martínez (distribuidor de Bucaramanga), y Héctor Jiménez (distribuidor de Medellín) conversan con Juan Alejandro Echeverri (periodista de Periferia)


-2:00 p.m.: Periodismo militante… ¿sí o no?
Santiago Rivas (periodista y presentador), Elkin Sarria (director de Contagio Radio), y Olimpo Cárdenas (director de Periferia) conversan con Sara López (editora de Periferia)


-3:20 p.m.: Formatos y lenguajes: diversas manifestaciones de lo alternativo
María Paula Murcia (Mutante), y Gustavo Adolfo Hincapié (Producciones El Retorno), conversan con Mariana Álvarez (directora de Enfoque de Oriente)


-4:40 p.m.: La caricatura y el arte callejero: una irrupción gráfica en los medios.
Orión y Puro Veneno conversan con Átomo Cartún


-6:00 p.m.: Medellín y sus periferias.
Memo Ánjel (escritor) y Reinaldo Spitaletta (escritor) conversan con Juan Alejandro Echeverri (periodista de Periferia)

 

Para estar enterados de las actualizaciones de este evento, pueden visitar la programación en Facebook.

 

En 15 años, más de 600 investigadoras, líderes sociales, defensoras de derechos humanos, profesores, campesinos, feministas, comunicadores populares, senadores, afros, internacionalistas, sabios empíricos, melómanos, cinéfilos, sindicalistas, ambientalistas, y gente del común de todo el país ha publicado en las 155 ediciones de Periferia. Son esos ninguneados por un Estado déspota y bélico nuestra razón de ser. Nos enorgullece saber que, más que un medio, durante estos 15 años Periferia ha sido –y es– una herramienta que les permite a las comunidades y los procesos sociales recuperar su derecho a la comunicación. En nuestras páginas, mes a mes, la Colombia periférica se narra, conoce sus problemáticas, se hace consciente de ellas, y descubre las maneras más dignas e ingeniosas para enfrentarlas.

Periferia es el sueño hecho realidad de un grupo de inconformes con la violencia, las mentiras de los medios de comunicación corporativos, y la perversidad e injusticia del modelo económico que en 2004 lideraba la ultraderecha y cuyo embrujo nos condenó al neoliberalismo que hoy conocemos.

Periferia es una joven que ha enfrentado el patriarcado, los abusos y las desigualdades. Es también la vida descalza y desnuda que reclama servicios públicos en los barrios altos de las ciudades. Es una montaña de mujeres y de hombres luchando por su dignidad en las cárceles que los mata lentamente, salvo si son de apellido Merlano. Periferia tiene la sangre negra e indígena que defiende los territorios y resiste a la discriminación, al abandono y al racismo. Es una obrera peleando por el bienestar de su familia. Es una vendedora de obleas que organiza a los venteros ambulantes, o que vende almuerzos a tres mil pesos para que otros no sufran el hambre que ella padeció en su infancia.

Periferia es el niño leyendo la historia de su padre desaparecido, y luego haciéndose hombre para estudiar periodismo y contar las historias de otras víctimas. Es el niño que le lee prensa alternativa a su padre analfabeta, y a la vez se forma ideológicamente. Es la lucha estudiantil contra la corrupción y por la educación pública y gratuita. Es rebeldía con olor a pólvora y sudor. Es un nuevo país donde caben los sueños de los humildes.

Periferia es un periodismo alternativo que se la ha jugado con esfuerzo y amor por la comunicación popular, abriendo puertas y ventanas para que por allí entren las generaciones del cambio y de las transformaciones sociales. Aquellas generaciones que van a disputarle el auditorio a los medios masivos de comunicación, y que reivindicarán la comunicación como una forma de emancipación, autonomía, autoestima y lucha por el derecho que tienen las comunidades a construir su propuesta de vida.

En estos 15 años construimos con otros y otras, porque la comunicación popular no puede estar separada de la vida en comunidad. Por ejemplo, nos juntamos con la barriada en Medellín, y, junto a la Red Juvenil y la Corporación La Aldaba, le dimos vida a una hermosa escuela de formación popular en la que trabajamos áreas como la economía política, arte y resistencia, y comunicación popular. De allí surgieron verdaderos líderes y lideresas que en la actualidad hacen parte de los procesos sociales. También con ellos y ellas recorrimos el Oriente antioqueño, y junto a la Corporación Jurídica Libertad, la Asociación Campesina de Antioquia, la Red Feminista y Antimilitarista, Asoproa, Sintraisa, Sintraisagen, y decenas de jóvenes de diferentes municipios, ayudamos a las comunidades desplazadas de esa región azotada por el paramilitarismo y productora del 30% de energía que consume el país, a reactivar su lucha en contra las altas tarifas de energía y la precariedad de los servicios públicos. Decenas de artículos, crónicas, actividades y movilizaciones generaron nueva vida, dinámica y empoderamiento de esas comunidades con las que emprendimos la defensa de los ríos, creamos el Festival del Agua, y fundamos el Movete, organización que hoy lidera la defensa del territorio en el Oriente antioqueño.

Periferia ayudó a parir nuevos procesos de comunicación popular en el Oriente y el Nororiente colombiano. Estuvimos presentes en la creación de muchos colectivos de comunicación en diversos territorios del país, porque eso que pasa en las regiones es la realidad ignorada por el centro de poder político y económico. También trabajamos arduamente en la incipiente y luego poderosa organización popular que en 2007, de la mano del movimiento indígena, campesino y afro, se apoderó de campos y ciudades con la Minga Social y Comunitaria. Esta iniciativa le dio paso luego al Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. Años después a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, y a los paros agrarios de los años 2013, 2014 y 2016. Allí siempre estuvo Periferia, no solo haciendo registro, sino viviendo las luchas y reportando desde adentro.

También estuvimos presentes en la construcción de la Cumbre Agraria Antioquia en compañía de Ríos Vivos, Agrodescendientes, Marcha Patriótica, el Cinturón Occidental Ambiental, y el Congreso de los Pueblos. A raíz de esa juntanza desarrollamos trabajo campesino y urbano en muchos municipios de Antioquia. Nos movilizamos masivamente y obtuvimos importantes logros para las comunidades a través de la lucha y la negociación con la gobernación de ese departamento.

Periferia es un proceso dentro de las luchas sociales que para sobrevivir ha mantenido su coherencia. La autogestión es el corazón financiero de nuestra apuesta. La creación de un Taller de Artes Gráficas nos permitió no solo imprimir nuestro propio periódico, sino el de otros procesos. Además, impulsamos una propuesta editorial que hoy tiene como resultado la publicación de más de 45 obras de carácter político, educativo y literario, que han producido las organizaciones hermanas que siempre nos han acompañado en estos 15 años.

Hoy las razones que inspiraron la creación de Periferia y la existencia de la comunicación popular, están más vivas y vigentes que nunca. Las guerras de cuarta y quinta generación que libra el capital contra la humanidad, pretenden monopolizar no solo nuestras emociones sino nuestra racionalidad; además de convertirnos en esclavos que siguen las órdenes de los emporios económicos trasnacionales y repiten sus consignas de muerte. El ecosistema mediático y comunicativo exige de la sociedad, las comunidades, sus liderazgos y sus procesos, un compromiso mayor para enfrentar una guerra ideológica en la que se disputan las conciencias y los corazones de una humanidad hecha para el amor, la convivencia, lo comunitario, y la justicia social y ambiental.

La historia no es otra cosa que una batalla por el relato, una batalla entre la verdad y la mentira. Cumplimos 15 años multiplicando las voces y los relatos que necesita silenciar el capital. Seguiremos, por muchos años más, haciendo lo único que sabemos hacer: haciendo y escribiendo la historia desde la periferia.

Entrevista con Alfredo Serrano, director de CELAG 

 

Desde hace cinco años el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) ha intentado aportar una mirada rigurosa, crítica y analítica sobre los fenómenos políticos, sociales y económicos de nuestra apetecida y privatizada Latinoamérica. La institución cuenta con un vasto registro investigativo de referencia para la opinión pública, el debate académico, y el diseño de estrategias públicas.

Esta es la primera entrega de la conversación entre Periferia y Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Economía Pública, Desarrollo y Economía Mundial, profesor en universidades internacionales, columnista invitado en Página 12 y Russia Today, autor de libros como América Latina en disputa, El pensamiento económico de Hugo Chávez, y actual director de CELAG.

Periferia: Se llegó a hablar de Latinoamérica como continente de la esperanza, ¿qué estaba ocurriendo hace veinte años en el mundo en general y en Latinoamérica?
Alfredo Serrano: Cuando se dan crisis en el epicentro del orden capitalista global, suelen tener mecanismos de respuesta más aceitados porque tienen resortes de un estado de bienestar, una capacidad incluso de rebajar precios, están más protegidos por los órganos financieros internacionales. En América Latina, a finales de los noventa, se precipita un proceso de cambio porque el continente sufre el tsunami neoliberal, entonces se da la victoria de Chávez en el 98, después la victoria de Lula en el 2002, la victoria de Néstor Kirchner en el 2003, Evo Morales en diciembre del 2005, Correa en el 2006. El mensaje es “basta ya de políticas neoliberales”; el hartazgo con las políticas neoliberales sintoniza con la emergencia de ciertos liderazgos.

América Latina va contracorriente del modelo neoliberal global; ensaya políticas progresistas, en un sentido muy amplio de preocuparse por los derechos sociales, resolver la deuda social heredada, y esto hace que estos procesos vayan teniendo más tejido social.

Ahora hay una tensión entre el modelo conservador y el modelo más progresista, pero nos precipitamos mucho en creer que la huella de lo que pasó hace 20 años había desaparecido, yo creo que no desaparecen tan rápido las huellas progresistas; ni siquiera en los países donde tienen modelos de gobierno neoliberales como el colombiano, el chileno o el peruano; hay un bloque que se alimenta de la esperanza que hubo en ese momento con sus altibajos, errores, aciertos y demás.

P: ¿Si no hubiera sido Venezuela el primero en dar el campanazo lo hubieran hecho los otros países?
AS: En democracias liberales es fundamental ganar en las urnas, buena parte de la izquierda latinoamericana no estaba en esa tradición, porque las democracias eran aparentes, fallidas, manipuladas. El punto de inflexión en Chávez es que en el 96 decide apostar por la vía estrictamente democrática, incluso teniendo que convencer parte de la gente que le sigue. Esa victoria es relevante. Hay que recordar que estamos en una etapa post caída del muro, post declive del campo socialista, yo recuerdo que resultaba casi inimaginable que la izquierda pudiera ganar una elección presidencial en España.

Si no hubiera sido Chávez seguramente hubiera ganado Lula, hubiera ganado otro actor, no sabemos quién. Pero la victoria de Chávez genera ese empujón a la región para pensar luego en Evo Morales o Rafael Correa.

Se produce ese “click” en la cabeza de muchas mayorías latinoamericanas, la necesidad de estar en el poder para transformar las cosas. A veces uno piensa que solo es suficiente el trabajo territorial para poder transformar las cosas. No, eso es necesario, pero además es importante tener la presidencia de un país para poder transformar las cosas: ese cambio lo encarnaba Hugo Chávez

P: Quisiera ahondar en esto porque viendo lo que pasó, ¿crees que Lula hubiera tenido el liderazgo para empujar toda la región? Chávez se la jugó por la región, no solo por Venezuela; en cambio siento que Brasil se fue solo.
AS: Hugo Chávez hereda un poco el pensamiento geopolítico de Bolívar. Hugo Chávez se forma en la academia militar que cambia el plan de estudios, y él se empapa de la visión bolivariana. Yo creo que Néstor Kirchner también tuvo una visión muy regional, aunque es cierto que llega de una manera muy diferente, con muy pocos votos, casi una suerte de carambola, una aritmética extraña en el Parlamento Argentino en el 2000, pero también tenía una visión así. Rafael Correa tiene una visión muy de prohibición mundial. Seguramente Lula incline otra mirada, en Brasil siempre ha sido distinta la relación con los países latinoamericanos.

Pero gracias a la proyección geopolítica de Hugo Chávez, se descubre que hay un Caribe que es relevante políticamente. De hecho, todavía tiene importancia en la votación en la OEA; en la OEA no logran los votos que quieren para obtener cosas en contra de Venezuela, precisamente por esas políticas iniciales de Hugo Chávez con el Caribe, enmarcadas en una línea global de relaciones que se dan en el 2005, y que retoman las relaciones con Rusia y China. También hay una predilección internacional con la OPEP [Organización de Países Exportadores de Petróleo]. Si Chávez no hubiera intentado revalorar la OPEP, y obtener soberanía a la hora de determinar la política petrolera global, estoy convencido que no le dan el golpe de Estado en el 2002.

Este es un aprendizaje que ayuda mucho a que los liderazgos de la región vayan entendiendo la necesidad de cambios externos para tener una transformación interna. Eso lo hace muy bien Chávez y contamina positivamente. De ahí el surgimiento de UNASUR, la CELAC, y otras tantas instituciones.

P: Para bien o para mal, es clave lo de la diplomacia petrolera: es clave que haya buena producción de petróleo, y que haya un buen precio del petróleo para que Chávez pueda jugar y acertar también con más amigos.
AS: Claro que tiene importancia, pero piensa un poco lo que fue la Cuba de antes, el valor simbólico de Cuba en el ordenamiento progresista latinoamericano, y lo que sigue siendo… y no tiene petróleo. A lo que voy es que el factor económico ayuda y empuja, pero si solo miramos eso estaríamos dejando de lado otro tipo de principios característicos, otra forma de hacer política exterior. Pongo el ejemplo de Cuba porque no tiene esa capacidad económica, pero es capaz, simplemente diciendo “tengo médicos y sé alfabetizar”, no con un recurso económico pero sí con un recurso social, humano y demás.

Chávez más que una persona que se aprovecha del tema petrolero, es alguien que entiende que ahí hay una disputa, y plantea que haya una política de frente común de los países petroleros, incluso al interior de Latinoamérica.

P: Hay un pensamiento económico que se desarrolla, porque sabes que tienes un recurso estratégico mundial. Lo que tiene Venezuela no lo tiene nadie más en el mundo, pero ¿puede Chávez pensar en internacionalizar una propuesta económica, social y política, gracias a esa capacidad petrolera y el bloque ideológico de su pensamiento?
AS: Las ideas económicas son el resultado de una circunstancia en un lugar determinado. El pensamiento económico de Chávez sería inviable entenderlo sin su propio marco epistemológico, sin sus propios recursos, sin la propia historia de Venezuela. Sería ridículo que Chávez tuviera un pensamiento económico y político si no bebiera de la propia historia en la que Venezuela, en la década de 1920, es instrumentalizada a nivel global como el abastecedor del petróleo. Él tiene que afrontar en los 90's una deuda social durísima con los recursos que tiene. El sector petrolero resulta fundamental, pero la mayoría de la renta petrolera en ese país, como en tantos otros, se fuga sin dejar nada, ni siquiera el goteo.

Chávez es fruto de un montón de cosas. Ha leído de todo un poco, hay muchos economistas referentes para él, como Matus el chileno, y el propio Alvarado peruano, una cantidad de autores que le van permeando. Claro que él utiliza el petróleo. Lo que él plantea es una suerte de reapropiación de la renta petrolera. A partir de ahí, va desarrollando un pensamiento con muchos momentos difíciles, que tiene saltos como suele pasar con la evolución de cualquier líder histórico.

Chávez tiene en cuenta que tiene una deuda social muy grande, la gente muere de hambre. Él crea las visiones para responder rápidamente, es como decir: “no tenemos tiempo para pensar qué hacer”. Chávez va resolviendo poco a poco y va cambiando, tiene mucho viraje su pensamiento propio. Es otro Chávez que después se preocupa por la elasticidad de un aparato productivo. Chávez en el 2008, 2009, 2010, 2011, está empezando a preocuparse por la necesidad de tener una oferta interna suficiente para la nueva demanda interna que ha creado gracias a las políticas de distribución.

Tener una transformación productiva en todos los terrenos, primero los estratégicos como el inventario farmacéutico, y el abastecimiento de productos de consumo. Tú dices, ¿dónde tengo la oferta para evitar un rentismo importador? Autores como Frank o Samir Amín dirían que ese es uno de los grandes errores: solo abastecer la demanda interna con importaciones “porque tengo renta”, pero eso tiene un límite.

Cuando tú tienes una demanda interna muy chica, porque la consume una oligarquía muy chiquitita del país, es fácil abastecerse importando poquito. Ese es el modelo colombiano. En Colombia el patrón de consumo depende del 5% de la población que consume muy elevado y despacio. Entonces sí queda un poquito de la renta petrolera. Importo todo lo que necesitan, todos los bienes de lujo a su nivel. El problema es cuando tú democratizas el consumo, como lo ha hecho Bolivia, y pasas de un consumo minoritario a un consumo masivo, entonces dices: ¿y ahora cómo abastezco? Es el gran dilema económico que preocupa mucho a Chávez. Es el gran desafío de la economía venezolana: resolver una transformación productiva que tenga capacidad de abastecer la demanda interna.

P: Si el punto es que el petróleo de Venezuela se lo llevan y no queda nada, lo mismo pasa en Bolivia con el gas, en Chile con el cobre, en Ecuador y Colombia con el petróleo, ¿su disputa, y la de América Latina, es por la nacionalización de los sectores estratégicos o es una lucha interna de clases?
AS: Evo Morales llegó al poder y nacionalizó sectores estratégicos. Siendo el gas el principal, pero también la distribución eléctrica. Gracias a eso se generaron 670.000 empleos, se incrementó el consumo por 125%, la inversión pública pudo crecer un 90%, e hizo posible que se obtuvieran 6700 dólares PIB per cápita más. Se trata de evitar que se vaya la plata, para que se quede adentro. Es la disputa de Evo Morales, quien dice: el camino no es la vía de la privatización, la fuga de capitales, de renta de todos los sectores. Es un modelo donde yo nacionalizo y lo que hago es redistribuir la renta y gestionar eficientemente. Ahí siempre se presenta un falso dilema: que nacionalizar es ser ineficiente. Bolivia demuestra que es todo lo opuesto, su modelo ha logrado ser el más eficiente. Lo confirman la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Bolivia ha sido record en los últimos seis años en crecimiento económico, por encima de Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Los modelos neoliberales presumen que ellos son los que saben crecer.

Es una disputa de modelos, lo que pasa es que el bloque conservador no se va de casa cuando le dices “vete”. Cuando democráticamente has ganado, cambias las normas, haces una constitución nueva, la vota la mayoría del pueblo, y le dices al capital que ahora no se puede quedar acá de la misma manera, él nunca se va.

Tuesday, 08 October 2019 00:00

Editorial 154: Democracia de papel

¿Qué hacer en un país donde no funcionan la democracia y las instituciones, y el sistema de justicia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía tienen prácticas criminales y de impunidad? Donde el sistema electoral es un fiasco porque las investigaciones y denuncias que señalan los vínculos de los clanes de siempre con la delincuencia, no solo no llegan a ningún lado, sino que las mafias siguen reeligiendo una y otra vez a las mismas familias que saquean los recursos públicos. Y el Gobierno, con ánimo guerrerista, exhibe su habilidad para engañar a los organismos internacionales legitimando la mentira, el crimen, la ilegalidad y los antivalores autoritarios y traquetos.

Donde los medios masivos de comunicación tapan un escándalo con otro nuevo, echándole tierra al anterior sin que la verdad se pueda conocer y los responsables paguen por ello. Peor es cuando la verdad se conoce y sin embargo nadie responde. Así se construyen montañas de olvido e indiferencia. También su lenguaje legitima la violencia, al punto que la sociedad, los líderes de centro o izquierda, y las organizaciones sociales y de derechos humanos, terminan usándolo. “Uso desmedido de la fuerza”, dicen, refiriéndose a varios policías del ESMAD que patean sin piedad a un jovencito o jovencita por protestar ante la corrupción en el sector de la educación, o ante los incumplimientos del pasado paro, como si hubiera una violencia que se pudiera medir y aceptar.

Acudimos mudos y ciegos al derrumbe de lo poco que queda de democracia. En los últimos meses fuimos testigos de cómo la protesta legítima de la sociedad fue reprimida de manera violenta, con policías infiltrados entre los estudiantes destruyendo puertas y ventanas de edificios para provocar el uso de la fuerza; con cuerpos élites del ESMAD y militares disparando de manera letal contra campesinos e indígenas en la Minga, portando armas que apagan ojos y mutilan extremidades, lanzando golpes que rompen cráneos y al mismo tiempo familias, vidas, sueños y esperanzas.

Seguimos contando cadáveres y observando impávidos el terrorismo de Estado. Atendemos como espectadores a la traición de las élites que, a través del genocidio, acaban con las vidas de los desmovilizados que entregaron sus armas, creyendo honesta, o ingenuamente, que los caminos del cambio y la revolución se podían transitar también por las vías institucionales. Pareciera que no tuviéramos fuerza para detener el asesinato y la judicialización de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, reivindican sus derechos, y construyen la paz con justicia social.

Sin embargo, la voz desprovista de autoridad y ética del Estado, y su Gobierno ilegítimo, nos vuelven a invitar a participar en las elecciones, las más sangrientas en comparación con las que se llevaron a cabo hace cuatro años. Según la revista Semana, han sido asesinados una candidata y seis candidatos a las alcaldías, y 46 más han sido amenazados y presionados a retirarse de la contienda.
Pero ese no es el principal problema. Reducir la democracia a la clásica y vacía concepción de que hay derecho a elegir y ser elegido, mientras se escogen a las buenas o a las malas los mismos de siempre, viene siendo una manera lapidaria forma de enterrar otras formas de lucha y de construcción de democracia que las comunidades y los procesos sociales han desarrollado por décadas en nuestro país.

El pacifismo y el electorerismo baboso se impregnan como almizcle y se apoderan de todo, empujando a los procesos sociales y a las voces críticas a sumarse a las consignas de las derechas: “más vale una paz y una democracia imperfectas que una guerra perfecta”; “en política todo se vale porque esta es dinámica”. Bajo estas “máximas” hoy es fácil ver a candidatos de izquierda o de procesos sociales pedir avales o aliarse con personajes de los partidos de la derecha vinculados con el paramilitarismo, la corrupción, o el crimen.

Ahora nadie puede justificar ni reivindicar la legitimidad de las acciones beligerantes de las comunidades, ni las explicaciones históricas y éticas que amparan el derecho a rebelarse, so pena de quedar encasillado, por la derecha o la izquierda políticamente correcta, en la fila de los guerreristas y ser linchado socialmente.

El sueño, válido y legítimo de llegar al gobierno con una propuesta alternativa no puede mermar la convicción ideológica de los procesos que históricamente han contribuido a la dignidad colectiva. Esta les ha permitido a las comunidades confrontar con la cara en alto las políticas entreguistas de las élites y fomentar la defensa del territorio, el poder popular y la denuncia al terrorismo de Estado. Tampoco se pueden reducir los esfuerzos y las propuestas de transformación social a su participación desordenada y descriteriada en las urnas.

Las comunidades, partidos, movimientos y procesos populares tienen la obligación política y ética de poner a jugar todo su acumulado en la disputa por el poder en todas las modalidades y escenarios. En la disputa institucional su aporte es fundamental, justamente en el cambio de mentalidad, de las prácticas y de las costumbres políticas antidemocráticas y discriminatorias que durante casi dos siglos le asignaron al pueblo el papel pasivo y sumiso de asistir tímidamente a votar, creyendo que allí se agotaba su responsabilidad.

El rol de un movimiento social que aspira a disputarse el poder debe ser el de cogobernar, exigir, denunciar, vigilar y movilizarse en torno a sus intereses. Esto solo es posible si el ejercicio electoral va a acompañado de una dinámica de poder popular que sea capaz de jugar de tú a tú, y bajo las mismas condiciones en el fortalecimiento del gobierno progresista, o uno de transición hacia la democracia que proponga nuevas formas de gobierno en donde los pueblos tomen las riendas de su presente y futuro.

Monday, 23 September 2019 00:00

100 Amigos de periferia

Saturday, 07 September 2019 00:00

Editorial 153: La guerra nunca se fue

El genocidio estatal contra las organizaciones sociales no para, tampoco la violencia de toda clase contra el pueblo y la oposición política, y es posible que no se detenga mientras los colombianos, las colombianas y el resto del planeta sigan reaccionando ante la tragedia como cuando uno se enoja y maldice frente al televisor por una noticia o imagen que muestra injusticia y dolor. La simple rabia y la protesta frente al televisor no sirven de nada ante el abuso; si no hay acciones contundentes y masivas de la sociedad contra las arbitrariedades del Estado en materia económica, social y política, o en contra del genocidio, este no se detendrá.

El terrorismo de Estado no es nuevo, tampoco lo es la corrupción practicada a diario y la desigualdad provocada por las élites que han mal gobernado este país. El 29 de agosto, 24 horas antes de que se conmemorara el día internacional del desaparecido, la Fiscalía General de la Nación abofeteó a las víctimas de los más de 80 mil casos de desaparición reportados en los últimos 42 años en Colombia, al manifestar que las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia del año 1985 a manos de las fuerzas militares, y por las que la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado colombiano, jamás ocurrieron. También se conoció días antes el plan de las fuerzas militares para acomodar un informe a su amaño ante la Comisión de la Verdad y de paso borrar la memoria histórica pisoteando de nuevo a las víctimas.

El terrorismo de Estado es una práctica muy vieja en Colombia, pero la manera como lo hace el gobierno de Iván Duque es muy preocupante. Sumado a los ataques contra la verdad y la memoria de las víctimas, se ha empeñado en destrozar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz, y cerró las puertas a las comunidades y pueblos que en los territorios claman su derecho a construir paz emprendiendo diálogos regionales u otras iniciativas que les permitan algún día dormir sin miedo.

Sin embargo, las comunidades en los territorios no se han quedado quietas y vienen enfrentando las agresiones con protesta social y acciones como refugios humanitarios, misiones de verificación, caravanas humanitarias, la multitudinaria marcha por la vida de julio 26, las asambleas, los cabildos, las mingas, y decenas de manifestaciones en todas las modalidades habidas y por haber. Pero la tragedia no para porque los criminales caminan a sus anchas haciendo daño por los territorios con el auspicio del gobierno y las autoridades. El Presidente de la República, el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Fiscalía General, la Contraloría, el Congreso de la República y los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía son simples cargos de papel que como dice Rubén Blades escuchan sin oír y miran sin ver.

Las misiones y las caravanas han jugado un papel fundamental en la denuncia y constatación de la crisis humanitaria que viven zonas como el Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Norte del Cauca, Chocó, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño, entre otros. Recientemente, decenas de internacionalistas, cientos de líderes y lideresas de organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos, transitaron con participación de algunas comunidades del Chocó los ríos Truandó, Chintadó y Salaquí, también caminaron por las zonas humanitarias de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde el control paramilitar no se ve, pero se conoce y se siente.

Según los caravanistas, el panorama de miseria, inseguridad, falta de agua potable, salud y educación es vergonzoso, y ver caseríos desolados por el desplazamiento forzado es verdaderamente demoledor. Los cuerpos médicos que acompañaron las Caravanas encontraron en adultos e infantes problemas graves de salud como consecuencia de la guerra, falta de concentración, pérdida de la visión, del oído, afectaciones al sistema nervioso. Se registran abortos espontáneos y nacimiento de bebes con malformaciones. El hacinamiento provoca rupturas del núcleo familiar, afectaciones en las relaciones sexuales y de pareja; problemas de columna y articulaciones. Los bombardeos y las erradicaciones con glifosato han afectado a las personas y a la naturaleza, han aparecido enfermedades como la diarrea, la fiebre, las intoxicaciones y los brotes en la piel (todo a causa de la contaminación del agua). Bajo esta situación, las prácticas culturales (medicina tradicional), el deporte o los juegos tradicionales se vienen perdiendo; el esfuerzo por desarrollar soberanía alimentaria ha desaparecido prácticamente.

Por su parte, en el Bajo Cauca, que es la tercera subregión más grande de Antioquia con una extensión de 8.485 km2 y una población total de 302.261 habitantes, la militarización estatal y de grupos narcotraficantes, paramilitares, e insurgentes es abrumadora. Así mismo lo es la violenta confrontación armada que se extiende contra la población civil y en especial contra los y las lideresas sociales…

Si no fuera por la sonrisa permanente de los rostros de los niños y las niñas de los pueblos negros; la belleza de las pinturas en la piel indígena; el profundo negro de los ojos esperanzadores de los Emberas; o el ímpetu de los campesinos y campesinas que salieron en el Bajo Cauca a apoyar y avivar la solidaridad y el mensaje de vida y paz, el dolor y la angustia de los participantes de las caravanas no hubiera sido fácil de superar.

Los días y las noches en los territorios de la Colombia profunda siguen oliendo a miedo; las comunidades despiertan con noticias tristes, noticias que llegan a las ciudades, pero no a los corazones de la muchedumbre que viaja atestada en los transportes masivos o caminan mirando sus celulares, con los oídos tapados. Por eso la masacre de Karina, la aspirante a la alcaldía del municipio de Suarez y cinco personas más no genera dolor sino a sus familiares, y quizá a los defensores de la paz y la vida. Un anuncio trágico para las candidaturas alternativas de octubre, que no será denunciado por el mejor noticiero de los últimos años (Noticias Uno) que también murió bajo las balas del mercado.

Con semejante crisis humanitaria ante nuestros ojos, y aún nos dejamos convencer por los medios masivos que señalan el regreso de las FARC – EP a la lucha armada como la peor noticia. Regresa la guerra, dicen los analistas; nunca se fue de nuestros territorios y nuestras vidas, gritan indignados los habitantes de la Colombia profunda.

 Por: La Liga Contra el Silencio- De la Urbe - Mutante*

Ilustraciones por: Elizabeth Builes

El mismo día en que el cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda murió por una bala perdida, otras cuatro personas fueron asesinadas a tiros en las calles de Medellín.


Ese jueves 7 de febrero de 2019, en esa esquina del barrio El Poblado, no hubo fuego cruzado. Fueron en total seis disparos. Todos de la pistola nueve milímetros, legal, con salvoconducto, que portaba Jesús Alberto Alarcón, un escolta que esperaba el cambio de un semáforo. Dos hombres en moto se acercaron a la ventana de su carro para robarle y Alarcón reaccionó a tiros.


Cuatro de los seis disparos alcanzaron a uno de los atracadores, Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Herido, corrió unos metros y se desplomó. Murió en la mitad de la misma calle cuando ya se formaba un grupo de curiosos atraído por el tiroteo. Otro de los disparos hirió a Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años, conductor de la moto, el otro atracador, quien trató de escapar y fue capturado por la policía.


La bala restante impactó en la cabeza a Legarda, quien iba como pasajero en un carro que también esperaba el cambio del semáforo. El cantante de reguetón, una celebridad con cerca de tres millones de seguidores en redes sociales, murió a las 5:15 de la tarde a sus 29 años; la Clínica León XIII lo anunció en un comunicado a las 5:40. Una hora después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una fotografía del artista y dijo sentir “dolor profundo”.


Casi a las siete de la noche de ese jueves, Salomón Tobón Pimienta, de 19 años, se reunió con algunos de sus amigos en el Parque del Amor: una pequeña franja arborizada convertida en parque infantil, a un costado del viaducto del metro, muy cerca de la estación Floresta, en el occidente de Medellín.

La voz de Mateo Esk-lones Pimienta, su primo, reconstruye el asesinato desde el otro lado del teléfono. “Los amigos cuentan que se le acercó un man y le dijo: ‘Hoy alguien se va a morir’. Mi primo volteó y le respondió: ‘Uy, no diga eso, pito’. El man se fue y luego volvió en una moto, empezó a caminar como si no fuera para donde ellos, pero después se le arrimó, le disparó y ahí lo dejó tirado”. Ese día Salomón había tenido un altercado con un hombre que lo amenazó por haber salido la noche anterior con su hija. En medio de la discusión llegó la Policía y, según la versión de su primo, le tomaron fotos antes de dejarlo ir. “A la familia le parece mucha casualidad”, dice.


Mateo, o MC Teo, tiene 22 años y es del barrio La Pradera, en la Comuna 13. El Esk-lones que separa su nombre de su apellido se lo debe a la agrupación de hip-hop a la que pertenece desde que era un niño. La creó su hermano, Marcelo, conocido como MC Chelo, a quien también mataron a tiros como a Salomón en el Parque del Amor, el 5 de agosto de 2010.


Chelo tenía 23 años y su muerte hizo parte de una seguidilla de asesinatos cuyas víctimas fueron raperos de la Comuna 13. En ese momento, los colectivos de hip-hop de esa comuna promovieron una consigna para evidenciar que el problema no solo tenía relación con un nicho de artistas en los barrios, sino con la ciudad entera: “No están matando raperos, están matando jóvenes”.


Salomón también estaba metido en la música, le gustaba el freestyle y las batallas de rap. Dos días antes de su asesinato le envió a su primo por celular un último mensaje con una canción que Mateo le escribió a Chelo después de su asesinato.


Para Salomón no hubo canciones ni homenajes. “Mi tía dijo que no hiciéramos nada, que eso era morbo. Nos dijo que iba a dejar el cajón abierto solo cinco minutos para los que quisiéramos verlo por última vez”.


Las otras dos personas asesinadas el 7 de febrero pasado quedaron registradas sin nombre en los informes oficiales que a diario expide la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos era un hombre de entre 35 y 40 años. Su cuerpo, con una herida de bala en el tórax, apareció en la vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena. Al otro hombre, de entre 20 y 25 años, lo mataron en el Morro Corazón en el corregimiento de Altavista.

Estas cinco personas tienen varias cosas en común: murieron todos el mismo día, por heridas de bala, todas de sexo masculino. Hacen parte de la lista de 350 personas asesinadas en Medellín hasta el 3 de julio, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De ellas, 215 eran menores de 30 años, 207 eran hombres y ocho mujeres, y 169 murieron por disparos de armas de fuego. Estas coincidencias refuerzan la idea de que en la ciudad se mata más a tiros, se matan más los hombres y se matan más los jóvenes.

Pero también hay diferencias: solo Legarda, el único famoso entre las víctimas, mereció las condolencias del alcalde de Medellín y un masivo duelo con la utilización de recursos públicos.


“¿Por qué no salió en Q’hubo?”


Fabio Legarda subió a la tarima, tomó el micrófono y durante varios minutos les agradeció a las personas que llenaron el Centro de Espectáculos La Macarena para despedir a su hijo. Fue el domingo 10 de febrero. En tan solo un par de días, familiares y amigos del cantante convocaron un homenaje de cerca de quince mil personas.


El dolor de los allegados y de los miles de seguidores del cantante tuvo un gran despliegue en los medios. Por ejemplo Telemedellín, el canal institucional de la Alcaldía, emitió por lo menos ocho notas sobre el caso en sus noticieros entre el 7 y el 10 de febrero, y en su sitio web le dedicó una transmisión de dos horas y 43 minutos. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, a través de un contrato interadministrativo con Metroparques, entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín y encargada de la administración de varios centros recreativos municipales, suscribió el 8 de febrero de 2019 una orden de compra por 374 millones de pesos con la empresa organizadora de eventos D’groupe. En respuesta a un derecho de petición que radicamos, Metroparques aseguró que el destino de esos recursos fue la vinculación al evento en homenaje a Legarda, bajo el lema “Más sueños, menos balas”.


Durante casi dos meses buscamos infructuosamente que el secretario de Seguridad Andrés Tobón Villada nos diera explicaciones sobre la destinación de recursos públicos a ese homenaje y sentara su posición frente al aumento de homicidios en la ciudad. Frente a las evasivas de su despacho, radicamos un derecho de petición que a la fecha seguía sin responder.

Pese a lo sentido, el homenaje a Legarda dejó la sensación de que en Medellín hay víctimas que merecen ser honradas y otras que no, que en la ciudad hay muertos que se lloran e incluso muertos que se celebran. Un fenómeno que ha venido siguiendo de cerca Luz María Tobón, directora del periódico El Mundo. Desde hace varios meses, la periodista dedica un espacio diario en sus redes sociales a hacer un recuento de las personas asesinadas en la ciudad. A veces utiliza un “nos” que resume su postura: “12
de julio, este día nos mataron a dos hombres. Este año la violencia nos ha arrebatado a 363 conciudadanos”.


La directora de El Mundo dice que le preocupa que en la ciudad se esté construyendo la idea de que existen buenos y malos, y que los malos sean catalogados así por ser jóvenes, por andar en moto o por fumar marihuana. Dice ella que el gobierno actual ha creado un enemigo común con estos estereotipos y que, a su vez, tiene un discurso que promueve que “hay gente que es mejor muerta que viva”.


Ocasionalmente, las autoridades de la ciudad han dejado entrever esta narrativa. El 19 de junio de 2016 el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de Facebook una nota de Minuto 30 que informaba sobre la muerte de un supuesto atracador cuando intentaba robar a un ciudadano. “Para que sepan que cuando salen a trabajar ya no es seguro que vuelvan a casa: Dado de baja por policía cuando robaba”, escribió Villa. En una entrevista publicada el 7 de agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia, fue citado diciendo: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Y el 30 de abril de 2018, en referencia a una ofensiva policial en el occidente de la ciudad, el alcalde Gutiérrez dijo ante los micrófonos de varios medios: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno y también van cayendo”, y repitió una frase casi idéntica en su cuenta de Twitter.

 


Pablo Montoya, escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, dice que en la década del cincuenta, el “malo” se asociaba con el robo, luego con el narcotráfico, después con las milicias o con los paramilitares, respondiendo a distintos fenómenos que atravesaron la ciudad. “Como supuestamente hemos superado esos estigmas, ahora los malos son los chicos de los barrios —solo por ser jóvenes y pertenecer a los barrios populares—. El discurso del enemigo cambia según el momento histórico”.


Esos chicos son los mismos que menciona Luz María Tobón y los mismos que son asesinados por decenas, semana a semana, sin que la institucionalidad invierta en homenajes. “En Medellín somos elitistas en la recordación de ciertos muertos —dice Montoya—. Mira por ejemplo el caso de Héctor Abad Gómez, un humanista del estrato seis, padre de un famoso escritor del estrato seis, Héctor Abad Faciolince. Estas condiciones lo han convertido en el gran crimen de la ciudad, mientras la otra cantidad de asesinados y desaparecidos está borrada”.


Ángela Chaverra es profesora de Teatro de la Universidad de Antioquia, doctora en Artes y directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, que se enfoca en las relaciones entre el cuerpo, la ciudad y el arte. Dice que los estereotipos tienen en parte la responsabilidad por el poco valor que tiene la vida en Medellín.


La imagen del sicario de Medellín, el de la moto, el de las películas, es una imagen reiterada. “Los sicarios son de esta manera —dice Ángela—, escuchan esta música, se ponen esta ropa, se dejan el pelo así, tienen estas novias. Uno mismo va multiplicando ese estereotipo y uno mismo lo va oralizando. Entonces, claro, cuando los matan: ‘Mírelo, mírele la pinta’. Seguramente fue por algo".


Rodrigo Morales es el director de Q’hubo Medellín. El periódico que dirige es el de mayor circulación en la ciudad, pero al mismo tiempo es, quizá, el medio de comunicación más criticado. A fin de cuentas, ofrece una radiografía de Medellín que atrae tanto como duele. Esas víctimas, las olvidadas y las recordadas, suelen tener un lugar en sus páginas, aunque no quepan todas. “¿Si en no existiera Q'hubo, ¿cómo se enterarían esta ciudad de todos los muertos que hay?”, se pregunta.

En su oficina, en el edificio del periódico El Colombiano, en Envigado, nos planteó una comparación que ejemplifica que, en Medellín, morir también es un asunto de clase: “Te voy a poner un ejemplo: si yo soy estrato seis y mi hijo muere ahogado en una piscina, y llega alguien del Q'hubo a pedirme una foto de mi hijo, le voy a decir al periodista que es un hijueputa, que cómo se atreve a venir e irrespetar mi dolor”, explica Morales. “Pero si pasa exactamente lo mismo en un barrio popular, te reciben, te dan la foto, te invitan a tomar jugo. Yo recibí una vez una llamada de una señora de Bello que me dijo: ‘Es que a mi hijo lo mataron en un mirador, ¿por qué no salió en Q'hubo?".

Que sea en ese periódico donde tengan lugar los muertos que no salen en otros medios se explica, quizá, por la naturalización del homicidio que hace que un muerto cualquiera no sea noticia. Esta pérdida de sensibilidad también podría ser consecuencia de nuestro pasado: la ciudad de hoy es mucho menos violenta que la de hace ya casi 30 años. En 2019, según el informe del SISC del 8 de agosto, las autoridades contabilizaban 401 homicidios, mientras en 1991, el año más violento de la confrontación entre el Estado y el narcotráfico en la ciudad, la cifra llegó a 6349 asesinatos, según estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Medellín.


“Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable”


M. se paró en una esquina del barrio Santa Lucía y por unos segundos siguió con la mirada los movimientos de Darío Alexis Atehortúa, de 43 años, comerciante. Su cuerpo escuálido se veía minúsculo al lado de su víctima. Las miradas apenas se cruzaron hasta que M. sacó un revólver y disparó. Seis tiros, dos muertos. El segundo, Mateo Cuesta Prieto, de 20 años, mensajero.


En la noche del 27 de marzo el video se regó por grupos de WhatsApp y llegó a los medios. En él se ve a M. correr hasta donde puede. Los vecinos lo acorralan en un callejón, pero antes de que lo linchen llega la policía. Pronto se supo que M. tenía 14 años. Después, la Fiscalía aseguró que había cometido por lo menos otros 10 asesinatos y que era integrante de una de las bandas criminales que operan en la ciudad.

La noticia del “niño sicario” —bautizado por algún medio— se multiplicó en cuestión de horas y el linchamiento que la policía impidió en la calle continuó en las redes sociales. El periódico El Tiempo publicó varias notas de seguimiento. En una de ellas, la Unidad Investigativa citó a dos fuentes para que analizaran el video. Carlos Francisco Fernández, “asesor médico” de este medio de comunicación, resaltó la “mirada fría” de M., “descontextualizada del efecto [de sus acciones]”. Y añadió: “Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales. No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”. Olga Albornoz, psiquiatra infantil, complementó: “Si el
niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley […], ha mostrado que es supremamente peligroso”.

Juan Esteban Patiño es psicólogo y hasta noviembre de 2016 trabajó en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido en Medellín como La Pola. Era uno de los encargados del proceso pedagógico y terapéutico de los menores de edad, principalmente de Antioquia y Chocó, que son sancionados con medidas de detención por su responsabilidad en delitos. Es el lugar donde M. se encuentra recluido.


Patiño se ríe cuando comentamos los conceptos de los expertos consultados por El Tiempo. Asegura que es imposible generalizar sobre las posibilidades de rehabilitación y cuestiona que esos profesionales asuman el lugar de jueces, y que sean capaces, con la secuencia de un video, de concluir que una persona “no tiene referentes familiares o filiales”.


En su experiencia con los jóvenes de La Pola encontró que es cierto que en la mayoría de los casos se trata de personas con carencias económicas, pero que de fondo existen condiciones estructurales que facilitan el ejercicio de la violencia. Y en Medellín, dice, poco se ha hecho por atacar esos factores.


Al contrario, el imaginario local pareciera asignarle a los jóvenes de la ciudad la condición de “violentos por naturaleza”, quizá reforzada por la literatura y el cine sobre la Medellín de pillos y sicarios que se hizo famosa en la década del noventa, gracias a obras como La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo o Rosario Tijeras de Jorge Franco. “Si vos crecés en un medio hostil, sea en Medellín o en cualquier otro lugar del mundo, la hostilidad se te vuelve un recurso permanente”, dice Patiño.

“La alcaldía no tiene un discurso orientador”


“La doble moral de nosotros los policías es salir a los medios y decir que la gente no puede tomar la justicia en sus propias manos. Pero nos bajan los micrófonos y decimos: ¿cómo es que no mataron a estos hijueputas?”. Son palabras de un alto oficial retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Conversamos con él con la condición de no revelar su identidad. “Es que ustedes los
jóvenes no entienden”, dice varias veces. No entendemos qué es ver morir a un compañero, no entendemos lo que era este país, insiste. Cuando llegamos al tema de los homicidios en Medellín, dice que esa “es una cuestión de imagen”, es decir, un asunto que se gestiona en función de la popularidad de la policía, del alcalde y su administración, y que, por eso, en los escenarios de decisión a veces se invierten las prioridades. “El homicidio es el delito que más preocupa, pero tiene más impacto si se roban un celular. Si matan a tres manes la gente dice que algo debían, entonces no es tan grave”.


Esa idea —anteponer el robo de un celular a un homicidio— también tiene que ver con las prioridades de los ciudadanos.


En 2018, la Secretaría de Seguridad de Medellín llevó a cabo la “Encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia”, que consultó a 4000 personas en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Al preguntarles a los encuestados por las problemáticas que hacen que se sientan inseguros, en los tres primeros lugares figuran los atracos, el consumo de drogas y la existencia de grupos delincuenciales. El homicidio se ubicó en el séptimo lugar. En síntesis, un atraco o que alguien consuma drogas genera mayor sensación de inseguridad que un asesinato.


El oficial retirado, quien participó en muchas ocasiones del Consejo de Seguridad de Medellín, la instancia presidida por el alcalde que reúne a los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército, al secretario de Seguridad municipal, a la dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, a representantes del Ministerio Público y de otras entidades del Estado, asegura que ahí “se toman las decisiones importantes”, pero que también hay asuntos que desbordan esos escenarios formales. “La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué podemos controlar y qué no podemos dejar que se desborde?”.


Esa idea conecta con una de las lecturas que se ha hecho constante en los análisis más actuales sobre este tema en Medellín: una funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado con el compromiso de no revelar su nombre asegura que hay un margen de maniobra limitado para las instituciones locales y que, por tanto, en algunos escenarios es preferible no intervenir y dejar que se equilibren por su cuenta
las tensiones entre organizaciones ilegales.


Según esa interpretación, la gobernabilidad y la política de seguridad en Medellín depende de la capacidad que tenga la administración de promover acuerdos de no agresión entre las bandas criminales, para recoger los réditos políticos que deja un menor nivel de confrontación y, en consecuencia, de homicidios.


No obstante, las estadísticas plantean un escenario distinto en la administración actual. De los 496 homicidios con que cerró 2015 —el último año de la alcaldía de Aníbal Gaviria— la ciudad pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018. Según Andrés Tobón, actual secretario de Seguridad de Gutiérrez, este incremento es consecuencia de confrontar de manera directa a las estructuras criminales y de remover y perseguir a sus mandos, como se lo dijo a W Radio el 25 de octubre de 2018.


Con esa interpretación coincide la fiscal Adriana Villegas Arango. El 4 de julio, cuando conversamos con ella en el búnker de la Fiscalía, estaba encargada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Villegas nos dijo que “las capturas llevan a una reorganización de los combos. Cuando se captura un cabecilla y la estructura se debilita, otra estructura que está más fuerte busca ganarle territorio”.


Lo cierto es que, frente a la problemática de los homicidios, la política de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fracasó. En 2016 la administración recibió la ciudad con una tasa de 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” se trazó la meta de reducir la cifra a 15 al finalizar su periodo de gobierno, es decir, en diciembre de este año. Hasta el 20 de julio, las proyecciones del SISC indicaban que 2019 terminará con una tasa de 26.5.


El incremento además es notable cuando se le compara con otras capitales. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz estableció a finales del año pasado que Medellín fue la única de las cinco ciudades más grandes del país en la que aumentó este fenómeno entre enero y agosto del 2018.


A esto se suma lo que significó la captura y posterior condena de quien fuera su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, a tan solo un año de iniciada esta administración. A Villegas la Fiscalía lo investigó por supuestos nexos con integrantes de la Oficina de Envigado y lo acusó de concierto para delinquir, pero finalmente logró un polémico acuerdo con la justicia y fue condenado por el delito de
abuso de función pública.

En cuanto a la percepción de seguridad, esta administración también se encuentra muy lejos de las metas. Para el momento en que Gutiérrez asumió, el 57 % de los ciudadanos se sentía seguro o relativamente seguro de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad. El propósito del Plan de Desarrollo era más que ambicioso: llevar esa cifra al 100 %. Sin embargo, para 2018 apenas llegaba al 50 %, de acuerdo con los datos de la mencionada encuesta de percepción.

Daniel Yepes es politólogo y fue, hasta junio, el director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. Tiene una visión opuesta a la del oficial retirado en relación con el impacto político del homicidio. Nos dijo que ese es el delito por el que se mide la gestión en seguridad de cualquier administración municipal en Medellín. “Usted puede estar bajando todos los indicadores de seguridad, y la percepción de seguridad puede ser mayor porque está bajando el hurto, que es el delito que más afecta a la gente, pero si los ciudadanos ven que los indicadores de homicidio van subiendo, evalúan mal a una administración”.


Desde su punto de vista, la estrategia de capturas promovida por Gutiérrez se quedó corta por la falta de condenas efectivas por homicidio. “Así volvemos mucho más caro ese delito. Si no hacemos las dos cosas, capturas y condenas, nos pasa lo de ahora, que las capturas suben como suben los homicidios”.


Yepes es crítico con la administración de la que hizo parte. Primero, por atribuirse funciones que no le corresponden: “Pudo haber pasado que quienes asesoraban al alcalde desconocían cómo comunicar cuáles son las competencias de cada institución o las conocían y el alcalde no les paró bolas”.


Segundo, por la forma como se definieron los objetivos en materia de seguridad y las metas del Plan de Desarrollo: “Es que la cagamos. El SISC recomendó una tasa de homicidios cercana a 19, bajar un punto frente a lo que encontramos y ni Planeación ni el alcalde lo tuvieron en cuenta”.


Tercero, por la postura frente al homicidio. Yepes recuerda que a principios de 2019 recibió del secretario de Seguridad, Andrés Tobón, que a su vez seguía una directriz del alcalde Gutiérrez, la orden de dejar de contabilizar como homicidios los casos de personas muertas por procedimientos de la fuerza pública.


Esa determinación, afirma —y su versión coincide con la de otro funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado bajo reserva—, fue el resultado de la presión que durante los tres años anteriores ejerció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión finalmente fue reversada por el alcalde luego de que varias organizaciones sociales y grupos de activistas en contra del homicidio se manifestaran.


Finalmente, el balance de la política de homicidios de la administración de Gutiérrez está marcado por sus contradictorias declaraciones a la hora de referirse a algunos homicidios ocurridos en la ciudad.


En marzo de 2018, luego de que un hombre arrolló con su camioneta a dos atracadores que acababan de robarle, Gutiérrez publicó un trino en el que afirmó que quienes debían ir a la cárcel eran los victimarios y no las víctimas, en referencia a la posibilidad de que el conductor fuera judicializado. El colectivo No Copio envió al alcalde una carta en la que le pidió rectificar y no legitimar la justicia por mano propia y, en su respuesta, Gutiérrez escribió: “Lo he dicho en diferentes escenarios y lo repetiré las veces que sea necesario: nada justifica el homicidio”.


Las palabras de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad corroboran que al interior de la administración ha existido siempre una contradicción: “La Alcaldía tiene declaraciones, pero no tiene un discurso orientador que guíe sus acciones. Entonces un día decimos que ‘toda vida es sagrada’ y al otro día decimos ‘que van a caer uno a uno’. Mientras tanto, estamos pensando en el enfrentamiento directo con las estructuras y en la captura de cabecillas. ¿Qué más les estamos ofreciendo a los jóvenes además de ‘entréguense o los cogemos’?"


“Un montón de personas dormidas, hipnotizadas”


A Henry Arteaga le dicen el JKE. Es fundador, la cara más visible y una de las voces detrás de Crew Peligrosos, una agrupación de hip hop que también tiene una academia gratuita y colaborativa: 4 Elementos Skuela. Ahora, 20 años después de haberse convertido en uno de los raperos más reconocidos del país, nos recibió en una casa que funciona como estudio de grabación en el barrio Aranjuez, en la zona nororiental de Medellín.


Hablamos de la violencia de la ciudad y de lo que significa resistirse a ella, de su postura frente a la idea de seguridad basada en la vigilancia, la presencia de policía, las cámaras y la tecnología para enfrentar el crimen. También de “seguramente algo debía”, esa frase de la cultura popular que explica uno, dos o cientos de asesinatos.

“Existe un prototipo del buen muerto. Mucha gente dirá: ‘¿Por qué no habrá parado?’ Algo llevaría". El JKE se refiere a un episodio de hace ya más de ocho meses en Envigado, al sur del Valle de Aburrá. El 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Montoya, de 21 años, iba en una moto, no atendió una señal de pare y un patrullero de la Policía reaccionó a tiros.


La noticia de la muerte de un “fletero” se regó en internet hasta que un video de alguien que se acercó al sitio donde murió el joven dejó ver su morral con libros y la presión de varias personas para que los agentes no manipularan la escena. Y ahí está el papel de la ciudadanía que reclama el JKE. Dice que Medellín “es como un montón de personas dormidas, hipnotizadas” por los discursos de seguridad que simplifican el problema a una guerra de buenos y malos. “Lo que han hecho los políticos es generar miedo para dar seguridad. Se muestran en sus redes sociales venciendo la delincuencia y muchos se tragan eso”, dice.


Su hija, de unos tres años, aparece en la sala cubierta de grafitis donde conversamos. Él interrumpe, dice que ella es su proyecto frente a esos discursos. Que cuando cumpla 15 años entenderá si sirvió para algo promover el cuidado de la vida.

 

Este reportaje fue escrito por Juan David Ortíz, Elisa Castrillón y Santiago
Rodríguez, del laboratorio periodístico de De La Urbe, para Mutante y con apoyo
de La Liga Contra El Silencio.

La sensibilidad y el repudio que viene despertando la violencia física, judicial y política contra los líderes y lideresas sociales, no solo en Colombia sino en muchos países y escenarios de la comunidad internacional, es sin duda una gran noticia y una oportunidad para encaminar el país y la sociedad hacia la solución política del conflicto social, económico y armado que nos ha azotado durante más de cinco décadas, especialmente a los más humildes.

Esta creciente actitud popular que toma aires de conciencia política colectiva se debe en primera instancia a la incansable y permanente lucha de las comunidades y pueblos en defensa de sus territorios, que con sus movilizaciones, paros, mingas y acciones como el Refugio Humanitario por la Vida, abrieron una ventana para que el país urbano se asomará a ver la tragedia que ocurría en las regiones. También se debe a iniciativas plurales y democráticas como Defendamos la Paz, que tuvo el acierto de juntar a muchas personas y colectividades políticas, sociales, artísticas, académicas, entre otras, y canalizar un sinnúmero de propuestas en defensa de los Acuerdos de Paz y de la vida de los líderes, lideresas y excombatientes de la guerrilla de las Farc en proceso de reincorporación.

Echarse encima esa pesada carga no es el único reto que deben afrontar y superar los y las que decidieron ponerle el pecho a la brisa. En el camino van a presentarse obstáculos que es necesario sortear con sabiduría, no hacerlo podría minar los ánimos de quienes integran y le dan sentido a la causa de la vida y la paz. Por ejemplo, es necesario reconocer que las multitudinarias y conmovedoras acciones simbólicas y de movilización no han logrado detener la matanza de líderes; a los asesinos, que son poderosos, poco les importa el escarnio público, y al Estado y su gobierno le interesa más desviar la atención y hasta justificar el genocidio.

El cinismo, el desprecio por la vida y la actitud retadora de los asesinos se manifestó con amenazas veladas contra los promotores de las movilizaciones, y con el asesinato de dos líderes sociales el mismo día de la marcha, el 26 de julio. Esta situación desmoralizadora desde todo punto de vista ya se había presentado este mismo año en medio de la Minga y del Refugio Humanitario por la Vida. Al Estado, al Gobierno y a los asesinos parece tenerlos sin cuidado las movilizaciones, las acciones de protesta de la sociedad, y las manifestaciones de los entes internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros organismos que han exigido al Gobierno tomar cartas en el asunto.

De las causas que provocan el genocidio ni se quiere hablar y no se puede esperar más del régimen que gobierna a Colombia. Este es un debate de fondo, por ahora y ante el cinismo y la desfachatez hay que pensar en las estrategias a seguir. ¿Qué hacer ante un régimen autoritario, elitista e indiferente ante el sufrimiento de su pueblo? ¿Qué iniciativas o estrategias adelantar frente a los poderes criminales que de facto dominan en los territorios? ¿Qué acciones podrían detener el asesinato, la persecución y el exterminio de la oposición política?

Son preguntas que increpan a todo el movimiento social y popular, a los partidos y corrientes democráticas, a la iglesia y las comunidades de fe, y a la sociedad en su conjunto. Las preguntas pueden parecer imposibles de resolver, pero las pistas se encuentran en las iniciativas y propuestas que han construido las mismas comunidades en los territorios, en sus escenarios democráticos; la tarea es ayudar a crear el terreno, el ambiente para que ese mundo de ideas se pueda aterrizar y poner en práctica.

Las asambleas humanitarias, por ejemplo, son una posibilidad de retomar toda esa producción y ponerle ruedas; y los refugios humanitarios con blindaje suficiente para proteger y garantizar la vida y la acción política de los pueblos, que incluye la creación de cuerpos de guardias populares y el apoyo financiero y político de embajadas, organismos de la comunidad internacional, partidos, instituciones y procesos sociales de todo el mundo, son fundamentales para ese blindaje, así como la vigilancia permanente de los organismos de la ONU que tienen el mandato de hacer respetar los acuerdos depositados en su seno. Es decir, hay que seguirse movilizando y ganando apoyo de muchos sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo hay que apoyar los planes de vida y las propuestas de las comunidades en los territorios.

Hay otros debates que surgieron a raíz del pronunciamiento del presidente Duque frente a su participación en la marcha del 26 de julio. Las posturas democráticas dan la bienvenida a todos los apoyos y participaciones y son consecuentes con respetar el derecho de libre expresión, sin embargo, para otros sectores que han enfrentado al régimen y sufrido persecución, desplazamiento, cárcel y hasta la muerte, esa voluntad expresada a última hora no era más que una burla y una mueca cínica a quien justamente se le estaba exigiendo responder por el genocidio.

Esas diferencias sugieren un debate más profundo y difícil de resolver. Detener el genocidio y sacar la violencia de la política va de la mano con la necesidad de discutir la relación que tiene el genocidio en curso con el modelo de acumulación capitalista, y con la urgencia de asumir transformaciones económicas y sociales de carácter estructural, que son parte de las causas que durante décadas le han costado la vida a cientos de miles de colombianos que han resistido a la injusticia en este país.

Es posible que se consolide una suerte de frente político que evite que la ultraderecha se perpetúe en el poder, y quizás se frene un poco la violencia contra los líderes y lideresas, pero no discutir o seguir aplazando el necesario debate sobre las causas de la violencia podría generar otro tipo de régimen que termine reciclando las violencias y guerras de hoy. Si bien no es fácil que desaparezcan todas las formas de desigualdad y opresión de la noche a la mañana, una transición requiere de acuerdos serios que toquen los privilegios de muy pocos y alivien y mejoren las difíciles condiciones que viven en carne propia los más pobres y vulnerados de este país. Parar la violencia en Colombia requiere un acuerdo lo más incluyente posible sobre unas transformaciones económicas, sociales y políticas básicas que dignifiquen al ser humano. Y eso no se puede dejar para lo último.

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