Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

Cuando Cali despertó, su fundador ya estaba boca abajo. El 28 de abril, a las 5 y 30 de la mañana, un grupo de indígenas Misak –“los hijos del arcoíris y el agua del Valle de Pubén”– derribaron con sogas el monumento al invasor Sebastián de Belalcázar que estaba encumbrado en un mirador del occidente de la ciudad. Edgar Velasco, Secretario del Movimiento de Autoridades del Suroccidente Colombiano (AISO), explicó que las 58 autoridades de los tres pueblos Misak enjuiciaron el 16 de septiembre del 2020 al verdugo del Cacique Petecuy, por genocidio, acaparamiento de tierras, y violación de mujeres en el periodo de la conquista española.

 

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El simbolismo del sorpresivo juicio histórico fue el preludio de una movilización que Ana Erazo, concejala de Cali, califica como “apoteósica”. Por primera vez los estratos 4 y 5 marcharon y gritaron junto a los estratos 1, 2 y 3. Ese 28 de abril hubo protestas en 35 puntos de la ciudad. La capital del Valle del Cauca quedó sitiada, y al caer la noche ardió en cólera e indignación. 40 bombas de gasolina y 41 estaciones del MIO, el sistema de buses públicos, fueron incineradas. Decenas de fotomultas tumbadas. Sucursales bancarias, cajeros y supermercados de cadena como D1 y Justo y Bueno, también fueron atacados y saqueados. Cali quedó sumida en una especie de anarquía donde no se acata el toque de queda, ni importan los semáforos en rojo, mucho menos conducir en contravía. Desde las tres de la tarde empezaron los trancones que antes empezaban a las seis. Casi toda la ciudad marcada con pintas y grafitis que repudian la reforma tributaria,  a Iván Duque, Álvaro Uribe, y al Estado; “ni para morir alcanza”, se puede leer en la reja que esconde el cadáver de un cajero de Bancolombia ubicado sobre la calle quinta.

 “Cali ha ido dejando crecer una diferenciación social agresiva y grosera. Racista en muchos momentos, e inentendible para los gobernantes, –plantea Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor y autor de la reconocida novela Cóndores no entierran todo los días–. Cali manejada por grupos oligarcas que dieron un trato de menosprecio a todos los caucanos, nariñenses y andinos que llegaban a la ciudad, y que los captaba como trabajadores. El mismo trato le dieron a los negros que venían del pacifico”.

I

Hace 40 años, Cali hacía sparkies y chicles que se vendían en Estados Unidos. En la capital del valle y los municipios más próximos había empresas como Quaker, Michelin, Adams, Bayer, Eveready, Croydon, Gillette, Pfizer, entre otras que ya no están. Wilson Saenz Manchola culpa a la apertura económica que promovió el expresidente Cesar Gaviria. De ser una despensa industrial, Cali y el Valle pasaron a ser un lugar donde se almacenan y circulan las mercancías que entran y salen por el puerto de Buenaventura; “un cementerio industrial”, en palabras del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Valle. El espíritu económico pasó de la producción industrial, al corporativismo, la comercialización, y el turismo cultural y de negocios, lo que desencadenó una “masacre laboral” y un incremento exponencial del trabajo informal, el cual llegó en marzo al 48,5%. Quienes sobreviven del rebusque diario, agrega Wilson Saenz, son perseguidos por las políticas públicas que regulan el uso del espacio público, dándole privilegio al sector privado.

En Cali persisten polos industriales fuertes: el sector farmacéutico, algunos sectores de la cadena alimentaria, y el sector salud, pero no son suficientes para suplir la demanda de empleo. “Aunque tiene  motores de desarrollo, la informalidad es el triple de lo que se puede absorber formalmente”, asegura Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional y Coordinador de la línea de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Carlos además explica que desde hace una década, la política gubernamental caleña se enfocó en explotar sus industrias culturales: el goce nocturno en gastrobares y sitios de rumba, la hotelería, el turismo, el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, y la Feria de Cali, evento que disparaba las vacantes de empleo formal y e informal. 

La pandemia afectó todos los sectores económicos, pero para el renglón que maquillaba las penurias laborales de Cali resultó calamitoso. 200.000 empleos se perdieron por el covid-19, los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados, según los cálculos del DANE. “Había una capacidad de resiliencia. La ciudad era pujante y resolvía. Pero la pandemia agudiza el conflicto, devela la crisis que tenemos en términos laborales”, manifiesta Ana Erazo, concejala Polo Democrático.

Nadie preveía el cisma pandémico, sin embargo la respuesta gubernamental empeoró sus consecuencias. En mayo del año pasado, el presidente Iván Duque gastó 9.500 millones en dotación armamentística para el ESMAD, negó la renta básica, y los alivios monetarios, dice Wilson Saenz, solo beneficiaron los números de la banca privada. El escritor Gustavo Álvarez Gardeázabal plantea que lo único que aglutina “la masa amorfa” que durante un mes ha protestado, es el rechazo “a la manera miserable como este gobierno trato el problema de la pandemia”. El excalde de Tuluá y exgobernador del Valle del Cauca afirma que “el gobierno es un fantasma. No tiene mando. No tiene olfato político. No prevé. No tiene ninguna de las facultades que tienen los seres humanos que están encargados de administrar un país. El problema presidencial es un problema de ignorancia. El señor es ignorante en muchísimas materias. Y le pasa lo de los niños tímidos: se cubren con una capa de soberbia, una capa de engreimiento […] No existe un solo gobierno de ningún Estado de este mundo que haya brindado apoyo al Presidente de Colombia. Cuando Chile pasó por una situación similar, infinidad de países lo apoyaron. Es dramático porque nos muestra hasta donde hemos ido llegando”.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, tampoco supo –ni intentó– contener los daños colaterales de la emergencia sanitaria. En el segundo semestre de 2020, Ospina le pidió al Concejo que le aprobara un préstamo de 650.000 millones para obras de infraestructura, y a principios de este año derrochó 11.000 millones en la realización virtual de la Feria de Cali.

Las personas entrevistadas para este reportaje coinciden en el reproche a Jorge Iván por sus acciones y omisiones frente a la pandemia y el estallido social. La concejala Ana Erazo, por ejemplo, decidió a mediados de mayo retirarse de la coalición de gobierno: “Nosotros decidimos acompañar al Alcalde porque él había dado visos de democracia. Yo le decía todo el tiempo: Alcalde, usted cuándo se va pronunciar sobre la violación de derechos humanos, y él no hacía sino llorar los vidrios rotos”.

El 9 de mayo El País de España publicó una entrevista en la que Jorge Iván Ospina decía que “un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde”; y que “hace cuatro o cinco días me llamaron los vecinos [de Siloé] por las balaceras y yo fui. Y escuché los disparos y escuché los estruendos. Después, en esa balacera tan berraca, yo no encontré a los muertos”.

“El Alcalde destruyó su imagen rapidísimo, ya nadie lo escucha”, dice Juan Manuel Torres,  sociólogo de la Universidad del Valle, miembro de Convergencia por la Paz, y coordinador de la oficina Pacifico de la Fundación Paz y Reconciliación. Según Torres, Jorge Iván fue orgulloso, no escuchó, ni defendió su legitimidad a tiempo. “El general Zapateiro y el Ministro de Defensa le quitaron el poder al Alcalde. Para mí tiene problemas de la cabeza, la pandemia y esta crisis lo superaron. Un día le está respondiendo a las élites tradicionales, al otro le está respondiendo a las elites empresariales, y luego se le sale el Jorge Iván del pueblo; él no es un tipo confiable en estos momentos”.

La condescendencia y los titubeos de Jorge Iván permitieron que el gobierno utilizara la capital mundial de la salsa como teatro y laboratorio de la asistencia militar. En Cali, asegura Juan Manuel, se probó nuevo armamento, estrategias de infiltración, maneras de encontrarle un enemigo interno a la policía, campañas de manipulación mediática, y tácticas de terror psicológico acaparando productos que dispararon la canasta familiar los primeros días del estallido, patrullando día y noche con helicópteros, y desplegando tanques y contingentes militares por la calles de la ciudad. Juan Manuel piensa que el Estado fue mezquino con Cali; ciudad donde Gustavo Petro sacó más votos que Iván Duque en el 2018, y donde ganó el Sí en el plebiscito del 2016. La respuesta militar, dice, “es una forma de rencauchar esa doctrina, [de la guerra y el enemigo interno] que a mucha gente le gusta. Eso duele, porque uno pensaba que había una apertura democrática que podía escuchar estos reclamos, que en un escenario de postconflicto íbamos a tener otra forma de tramitarlos. Con esa forma de reprimir la protesta están buscando tensar la cuerda para decretar una ley marcial, eliminar el congreso, y no hacer las elecciones”.

“Esto parecía una película de Hollywood de esas de Vietnam”, responde Edna Carolina cuando le pregunto por la magnitud de la represión policial. Defensores de derechos humanos cuentan que vieron escenas de guerra urbana. En Puerto Resistencia, al oriente de la ciudad, más de 1.000 jóvenes derrotaron al ESMAD. En algunos puntos de concentración y bloqueo, las balas han sido disparadas desde ambos lados. A la misión médica la amenazaron y le dispararon en el punto de Meléndez. A Magaly Pino, defensora de derechos humanos, la abalearon el 3 de mayo con una miniuzi mientras se guarnecía en una casa del sector La Luna, punto clave de la conexión vial occidente-oriente. Los jóvenes de la Primera Línea de Paso del Comercio, arteria vial que comunica a Palmira con Cali, le contaron a Magaly que por WhatsApp les ofrecieron 20 millones por la cabeza de cada defensor de derechos humanos.

Solo en mayo Cali registró 149 muertos de manera violenta, la gran mayoría por ataques sicariales o de la fuerza pública. Hasta el 23 del mes pasado, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz tenía un listado de 120 desparecidos. Mientras que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, a corte del 18 de mayo, reportaba 100 personas desparecidas. Un exmilitar que ahora hace parte de la Primera Línea de Puerto Resistencia, asegura que las verdaderas cifras saldrán a flote cuando todo acabe: “Van a haber cantidad de mujeres buscando sus esposos, niños buscando sus padres; no los van a encontrar. Cuando esto termine, cuando empiecen a preguntar dónde están, en ese momento empezarán a verse las cifras. Las cifras que están mostrando no son de la cantidad de personas que hacen falta”.

II

Nicolás Guerrero amaba los perros y los gatos, planeaba viajar a España para trabajar y poder comprar las pinturas, aerosoles, lápices, y papeles que en Colombia le parecían tan costosos. Nunca le gustaron los jeans. Quería correr una maratón con su mamá, y estaba convencido de que podía cambiar este país. La noche del domingo 2 mayo, la fuerza pública disparó a la cabeza de Nicolás en el Paso del Comercio. Estaba de pantaloneta, tenía 22 años, era grafitero, y un pacifista escaso. Laura Guerrero, su madre, supo que no iba sobrevivir cuando vio sus rastas hechas una masa de sangre. “Hay un asesino consciente. En los videos solo hay un disparo, y es muy certero sobre mi hijo. Yo no promuevo que vayan a hacerle daño a un policía, pero va a tardar mucho para que la sociedad colombiana confíe en la Policía Nacional”. La Fiscalía asegura no haber encontrado evidencias culposas en las cámaras de seguridad del sector donde lo asesinaron. Laura ha tenido que hacer el duelo y al mismo tiempo recabar material probatorio, y convencer a los testigos para que declaren. Dice que no odia a la persona que disparó, que sería capaz de darle un abrazo mas no su perdón: “Yo espero que esa persona se arrepienta, que tenga la gallardía que tuvo ese día accionando un arma contra alguien que estaba desarmado. Que tenga el valor moral, que no avergüence a su madre”.

Al siguiente día del asesinato, en Siloé, niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres hicieron una velatón en memoria de Nicolás. El adiós transcurría tranquilo hasta que lo reprimió el ESMAD. Pasadas las nueve de la noche de ese 3 de mayo, sobrevolaron un dron y un helicóptero por la glorieta en la que se realizaba la actividad. Luego se fue la luz de la zona. Después la unidad antiterrorista de la Policía, el GOES, abrió fuego contra todo lo que se moviera. Ese día murieron cuatro personas que el Alcalde no encontró. Para la ciudad, dice David Gómez, las vidas de Siloé valen menos. Por eso golpearon la ladera “para generarle miedo a Cali y al país”, manifiesta este hombre de baja estatura que hace 21 años hizo de su casa un museo donde albergar las memorias de Siloé.

El 4 de mayo se convocó otra velatón por los muertos de la noche anterior. También fue reprimida con gases y balas, pero los pandilleros de la zona alta bajaron hasta la glorieta, y a balazos lograron que la fuerza pública huyera. De regreso a sus barrios, la gente los aplaudió mientras pasaban en sus  motos ruidosas.

Siloé es un conjunto de barrios construidos en una montaña del occidente de Cali. En ese laberinto de cemento hay 11 centímetros de espacio público por cada habitante. Piezas de nueve metros cuadrados en las que viven hasta 20 personas. En la década de los 80’s, cuenta David, cuatro niños se morían semanalmente en Siloé por enfermedades gastrointestinales, uno de ellos fue su hermano. Los carros recolectores de basura no subían hasta la parte alta. Los desechos se tiraban al río o en cualquier parte. Las muertes pararon gracias al M-19. Los milicianos que convivían entre la población de Siloé y otros sectores de Cali, raptaron los carros recolectores y regaron la basura en partes claves para taponar la ciudad vallecaucana. Eso obligó a que la Alcaldía ordenara recoger las basuras de todos los barrios.

La de Siloé es una historia cíclica de marginalidad. Los Yanaconas, los indígenas pobres y borrachos del imperio Inca según David, son los primeros pobladores de los que se tenga memoria. Los precursores del poblamiento de la ladera fueron los negros que explotaban oro en Supía, Marmato, Anserma y Riosucio, el triángulo dorado de Caldas. Negros desplazados en la primera década del siglo XX por la bota militar del conservador valluno Alfredo Vásquez Cobo, quien se adueñó del apetecido dorado gracias al amparo del presidente Rafael Reyes. Esa migración negra, despreciada por la burguesía caleña de la época, llegó a explotar las vetas de carbón de San Fernando, uno de los barrios que conforman esa ciudad paralela llamada Siloé. La construcción del Ferrocarril del Pacífico –en 1925– consolidó a Cali como despensa de carbón, y estimuló la migración y el crecimiento urbano. Muchas casas de los barrios Belén y Tierra Blanca, explica David, están construidas sobre socavones de carbón mal curados. Un sismo sería más fatal que las avalanchas fluviales que han matado a varios habitantes de Siloé.

A David no le cuesta reconocer que es parlanchín y que en Siloé hay fronteras invisibles, armas, pillaje, y bandas delincuenciales; también personas como él, que con arte y memoria tratan de revertir el peso del estigma delictivo. Los pandilleros de esas bandas, cuenta una psicóloga y defensora de derechos humanos, alquilan las armas con las que atracan. Algunos ni conocen el centro de Cali. “Hay muchos que están perdidos en las drogas porque no tienen una oportunidad de educación, de trabajar. Yo también quiero que los muchachos salgan de las calles, que estudien, que tengan un mejor futuro. Pero aquí nada de eso pasa porque los políticos se roban la plata con la que podemos tener esos derechos. Nosotros nos mamamos de eso, por eso estamos aquí”, me dijo un joven de la Primera Línea de Siloé, quien nunca pudo estudiar ingeniería eléctrica para sacar provecho de sus conocimientos sobre electricidad. 

Las cifras más recientes del DANE, publicadas el 29 de abril, señalan que 934.350 de los habitantes de Cali sufren pobreza monetaria, y que 342.438 sobreviven en la extrema pobreza monetaria. Vive en pobreza monetaria aquella familia cuyas ganancias acumuladas, no superen un millón doscientos mil pesos, y en pobreza monetaria extrema la que devengue menos de quinientos mil pesos. Más del 60% de las 2.227.642 personas que habitan la ciudad, vive penurias económicas. Además de empobrecerse, Cali profundizó sus índices de inequidad. El índice GINI que mide la desigualdad, pasó de 0,47 en 2019, a 0,52 en 2020.

En Cali la pobreza está territorializada, los índices de necesidades básicas insatisfechas tienen límites claros. “A mucha gente no le gusta escucharlo, pero Cali es una ciudad partida. Hay dos ciudades: la ciudad de la calle quinta y la ciudad de oriente”, plantea Inge Valencia, antropóloga y directora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI.

Pobreza que en Cali también está racializada. Cualquiera que recorra la ciudad podrá darse cuenta que la mayoría de venteros ambulantes son personas negras. Por más que las narrativas elitistas y gubernamentales quieran negarlo, el racismo pervive en una ciudad que siglos atrás estuvo divida en haciendas esclavistas. “Es una forma cómo se expresa la élite en la ciudad. Ha sido un proceso de violencia y también de adaptación. Todavía en Cali, en el 2021, hay sitios donde no dejan ingresar a las personas por ser negras o indígenas. Es como una especie de apartheid silencioso. Es evidente, pero al mismo tiempo es muy hipócrita porque siempre se está negando”, asegura Edna Carolina, hija de migrantes caucanos, e integrante de la Asociación Lila Mujer, organización que desde hace 18 años trabaja con mujeres que conviven con VIH en el distrito de Aguablanca, zona empobrecida donde pulula la delincuencia.

Por ser negra, dice Edna, en Cali no te arriendan una casa, te atienden de mala gana, o no te atienden, te dicen que el producto o el servicio que necesitas son muy caros. Te impiden la entrada a restaurantes, rumbeaderos o centros comerciales, y si te dejan entrar a esos templos del consumo, el vigilante te persigue, “está pendiente de ti porque piensa que vas a robar algo”. Encontrar un trabajo digno en Cali ya es de por sí difícil, pero si eres negro, y además del oriente, del distrito, la barrera duplica su tamaño: “A la gente se la tacha de ladrona porque vive en el distrito, o dicen que es perezosa o que son demasiados peligrosos”.

El estallido social es la ansiada catarsis de esa precariedad y esos estigmas que se avalan y se enraízan en el día a día. Un llamado, dice Edna, a que la élite replantee su concepción eurocentrista de lo mestizo. Una oportunidad para imaginar formas de reexistencia y  sanar los traumas que quedan cuando te niegan el trabajo, o hacen chistes negreros. La continuidad de una lucha milenaria por la libertad: “El amo nunca te va a dar la libertad, eso lo tenemos muy claro. Ese proceso de resistencia sigue. Lo más importante es cómo reflexionar a nivel ontológico lo que significa esa carimba ambiental que plantea Manuel Zapata Olivella. Más que un proceso de conocimiento, es un proceso de resiliencia y de sanación. Un proceso de esa doble conciencia. Reflexionar mental, emocional y corporalmente sobre qué es lo mestizo, lo blanco, lo hegemónico. Tomar mi poder, darme cuenta que soy una persona, no un objeto. Sujeta de mi propia vida y mi propia autodeterminación”.

III

Así como la ciudad normalizó el racismo, la sociedad caleña naturalizó el yugo del narcotráfico que en los 80’s y 90’s generó tanto flujo de dinero. Con desarrollo urbano y empleo, poco a poco la cultura de la ilegalidad se filtró hasta los tuétanos del lenguaje. La cocaína trastocó de manera radical las expectativas de vida y los estereotipos femeninos. Gracias al frenesí narco muchas personas accedieron a los lujos que provee el dinero, requisito indispensable para instalarse en las elites emergentes de ese aparataje violento. Algunas escalaron, otras permanecen en el mismo lugar, lo que nunca cambió fue su dependencia de las economías ilegales.

“Aquí todo el mundo quería tener plata para tener una mujer bonita, para enrumbarse. Cali nunca lo vio venir así tan fuerte. Lo aceptó, lo integró en su sociedad y casi no lo cuestionó. Eso en  algún momento ha pesado. Al ser eso una búsqueda, no permitió desarrollar otros procesos. De alguna manera queda ese anhelo, la ciudad trato de seguir buscando lo mismo”, plantea Juan Manuel Torres.

En los años de bonanza, el Cartel de Cali y el Cartel del Valle, aliados y subordinados de Pablo Escobar, eran los dueños de la plaza valluna. Escobar mimó a las clases populares, los vallunos fueron más elitistas. La estructura jerárquica se derrumbó cuando empezaron a matarse los unos a los otros. Escobar, por ejemplo, puso bombas en muchas farmacias de la franquicia Drogas La Rebaja, la cual era propiedad de los vallecaucanos. A la violencia endogámica se sumó la cacería judicial estadounidense. A principios de siglo el negocio quedó acéfalo.

A diferencia de Medellín, donde se conserva cierta jerarquía, la criminalidad en Cali está gobernada por la anarquía. Las cifras oficiales indican que en la ciudad hay 182 bandas criminales identificadas. “Hoy en Cali no hay ni un solo capo al cual se pueda acudir para decirle: hombre, no me pongas a joder a los del barrio tal. En cada manzana, cada barrio, hay alguien que aspira ser capito”, dice Gustavo Álvarez Gardeázabal.

 “Cali también es una ciudad profundamente armada. Así como hay territorialidades étnicas de la pobreza, también hay territorialidades de los negocios [ligados al narcotráfico]. Hay barrios como El Ingenio [al sur de la ciudad], donde históricamente se sabe que allí hay mucha gente que hace vueltas; donde no es anormal que una noche pase alguien por un negocio y rafagueé la gente que está ahí. Hay una connivencia con todo lo que es la guerra por disputas de las ilegalidades”, explica Carlos Duarte.

Con 918, Cali fue la segunda ciudad con mayor cantidad de homicidios en el 2020, 71 asesinatos menos que Bogotá según cifras de Medicina Legal. Entre enero y marzo de este año ocupó el primer puesto con 226 homicidios, 40 más que los registrados en ese mismo periodo del año pasado.

El solapado desinterés institucional por resolver de raíz el problema, puede ser justificado por la magnitud del mismo. La “sucursal del cielo”, plantea Inge Valencia, es enclave de un macronegocio: “Es una ciudad región. Cuando pasa algo en Buenaventura, sigue el coletazo aquí. Cuando hay ajuste de cuentas en Tumaco [costa pacífica nariñense] se siente aquí. Entones no es una cosa endógena de Cali, sino que está relacionada con las dinámicas de la violencia de otros departamentos”.

A solo una horas de Cali queda el embarcadero de cientos de toneladas de cocaína. Y en Cauca y Nariño, los corredores departamentales vecinos, hay al menos 15 grupos organizados disputándose las rentas de los cultivos de uso ilícito. Ambos departamentos suman 59.020 hectáreas sembradas de coca, el 38% de las 154.475 hectáreas que hay en el país, según el último reporte de Naciones Unidas. 

Por la urbe salsera circula, se comercializa, y se consume la droga. Se cierran negocios, se lava dinero, se gasta y se disfruta de él. Llegado el escenario posparo, Cali debería preguntarse qué sería de ella sin el narcotráfico. De momento, las escenas en las que civiles disparan de manera maniaca contra los manifestantes, confirman que todavía hay licencia cultural –y para-estatal– para hacer de la vida una fiesta sangrienta financiada por la droga.

IIII

El mapeo etnográfico por algunos de los más de 20 puntos de bloqueo –algunos intermitentes y otros permanentes– refleja la realidad socioeconómica caleña. De norte a sur, el primer punto bloqueado es Paso del Comercio, rebautizado Paso del Aguante. El más extenso de todos, casi tres kilómetros por los que no pasa una tractomula hace 31 días. En el primer tramo del corredor comercial, la entrada a Cali desde el norte, hay bodegas enormes alrededor de la vía, también conjuntos residenciales de clase media, habitados por jóvenes profesionales y personas de tradición obrera. En el segundo tramo, los que bloquean con piedras, alambres, llantas, conos, postes, arboles, polimsombras verdes, piedras y separadores viales, son jóvenes marginados de las aledañas barriadas empobrecidas, involucrados en dinámicas delincuenciales, a los que vi sacar revólveres de sus pretinas.

De Paso del Aguante se desprende la avenida Simón Bolívar, la frontera vial que separa el oriente del resto de la ciudad. El distrito de Aguablanca está poblado en su mayoría por masa migrante y gente negra que vive del rebusque diario. El primer bloqueo en la avenida está en los bajos del Puente de los Mil Días, renombrado Puente de Las Mil Batallas. Más adelante hay bloqueo en Calipso, o Puerto Madera. Un punto sostenido por jóvenes excluidos, algunos de barrios de invasión del distrito. Más de 8 personas habían muerto hasta el 26 de mayo en Calipso por los constantes hostigamientos y abaleos. “Aquí convergen siete sectores. Antes había fronteras invisibles, se mataban solamente porque vos me caes mal, porque sos de tal pedazo. Ahora he tenido la oportunidad de verlos [a los muchachos que bloquean] tomar chocolate, reírse, cantar, llorar, apoyarse”, cuenta una líder del punto, quien asegura que los comerciantes de la zona no estuvieron de acuerdo al principio, pero decidieron carnetizarse para que los dejaran pasar. 

Dos kilómetros y medio más allá, está Puerto Resistencia, antes conocido como Puerto Rellena. El punto de bloqueo y concentración icónico de la ciudad. A unas cuadras del punto asesinaron a Marcelo Agredo el 28 de abril. Las cámaras celulares registraron cómo un policía le disparó después de que Marcelo le diera una patada. Las balas desataron el magma de rabia. El CAI de Policía fue incinerado, y días después pintado con el chxa chxa chxa y las imágenes de la Minga Indígena. Ahora funciona allí una biblioteca comunitaria que regala y truequea libros. Ana Cárdenas, creadora de Letras Mestizas, un proyecto editorial de libros de segunda mano, lleva la batuta del espacio. “Los pelados [de Primera Línea] están súper contentos de poder leer en la noche mientras hacen las guardias”, dice mientras bambolea sus crespos.

Desde el paro del 2019, la población racializada y empobrecida de Cali resignificó Puerto Resistencia como lugar de encuentro donde apilar la indignación de Aguablanca. En el distrito se asientan la mayoría de desplazados que llegan a Cali. La ciudad recibió 205.000 personas desplazadas por el conflicto armado en el 2018.

La Primera Línea de Puerto Resistencia es un crisol de pieles y contexturas. Lo único que no ocultan de sus rostros son los ojos. Visten tenis nike, shorts, camisetas del Deportivo Cali, camibusos, cascos, gafas, máscaras anti gas, chaquetas de América de Cali, guantes, yines, overoles, botas, radios, machetes al cinto. Sobre la calle 27, en sentido oriente, varios de la Primera Línea otean desde la parte alta de un container, cual leones de la manada. Uno de ellos ondea una bandera de Colombia al revés.

“Somos los que nos levantamos todos los días a generarle miles de millones a una multinacional, y lo único que el pueblo está recibiendo es más pobreza e inequidad. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos diciendo que la oligarquía deje de generar tantos recursos para ellos y compartan algo con el pueblo. Queremos ser una nación grande. Que vayamos a otro país y digan: yo quiero ir a Colombia porque en Colombia hay paz, seguridad, una democracia real. Seguimos firmes por la libertad de nuestro país, o nos matan o nos liberamos”, me dice el joven de Primera Línea que llegó a Cali hace 5 años desde el Eje Cafetero. “Supuestamente están pagando 10 millones de pesos por nosotros, por los que sean capturados y hasta dados de baja. Todos los días la Policía cobarde busca metérsenos aquí. [Hace unos días] vinieron 30 motos de la policía y dos buses del MIO. ¿Cómo es posible que la Gobernación, la Alcaldía, presten vehículos que no son militares para que el ESMAD y la Policía vengan a atacar el pueblo? Preguntan que por qué queman los buses, porque los buses no están para el pueblo”, me dice el que portó uniforme militar en el gobierno de Andrés Pastrana.

Continuando el recorrido hacia el sur, la avenida Simón Bolívar lleva a Jamundí, al Cauca, y al bloqueo de la Universidad del Valle, vecina de los opulentos condominios de Ciudad Jardín. Renombrada Uniresistencia por la fuerza viva universitaria del punto, que transformó la estación del MIO en una biblioteca popular decorada con muralismo y jardines verticales. Unas cuadras más allá, hacia el occidente, la zona semimontañosa, se encuentra el punto de Meléndez, el primer bloqueo sobre la calle quinta, la más neurálgica después de la Simón Bolívar. Lo componen hijos de pastusos o indígenas migrantes –algunos cursando estudios universitarios–, también jóvenes segregados de barrios de invasión construidos en las faldas de las laderas. 

La calle quinta pasa a unas cuadras de la glorieta de Solié, y conduce a La Loma de la Cruz, mixtura de anfiteatro y parque de artesanías. En la rebautizada Loma de La Dignidad, el antiguo CAI también es utilizado como biblioteca popular. Los barrios aledaños a La Loma de La Dignidad son de clase media-alta, de allí que el punto tenga un espíritu cultural, feminista y juvenil. El mapeo termina al noroccidente, en el punto de Terrón Colorado. La vía bloqueada es la que comunica a Cali con el Mar Pacífico y Buenaventura. Quienes bloquean viven en los arrabales que colindan con la vía, allí donde la ciudad arrinconó su miseria. Menos de 10 minutos separan a Terrón de hoteles lujosos y conjuntos de clase alta.

La idea inicial era bloquear la movilidad del capitalismo el 28 de abril. Un mes después la sordera gubernamental obliga a mantener los bloqueos vigentes, sin que ello haya implicado vandalizar los negocios aledaños. “Es que han estado toda la vida bloqueados, sus vidas se las bloquearon, les negamos todo”, plantea Juan Pablo Ochoa, instructor del Sena y defensor de derechos humanos.

Los jóvenes marginados de Cali intentan desbloquear sus vidas taponando vías. No es el dinero del narcotráfico ni la coacción del ELN lo que ha mantenido el mes de bloqueo de la Primera Línea. A los ´Pelaos´ los respaldan otras líneas: paramédicos que suturan y desinfectan heridas, defensores de derechos humanos pendientes de las capturas arbitrarias, mujeres que cocinan, familias de estrato 4 que expresan su apoyo colgando la bandera de Colombia en el balcón, personas del común que donan dinero, bolsas de arroz, aceite, panela, gazas, bolsas de leche, o que prestan su casa para instalar el punto de atención médica. “La primera línea más importante es la comunidad, sin la comunidad la primera línea no existiría, sin la primera línea la comunidad si podría existir”, asegura David, el guardián de la memoria de Siloé.

En su diagnóstico, la antropóloga Inge Valencia señala que el estallido social tiene repercusiones ambivalentes en el tejido social. Abre grietas, ejemplo de ello es el fuego racista contra la Minga Indígena; pero activó “muchos circuitos de solidaridad entre personas que no se conocen para hacerle frente a la violencia, sobre todo la policial y militar”. “Cuando llegó la policía a reprimir, todo el mundo abrió la puerta”, dice emocionado Juan Pablo. “Las Facultades de Medicina me llamaban y me preguntaban dónde se necesitaban paramédicos”, cuenta Magaly.

La Minga Indígena del Cauca aportó lo suyo en las casi dos semanas que permaneció en la ciudad. Donó la pintura para pintar el CAI de Puerto Resistencia, regaló alimentos, y aunque fue atacada a balazos el 9 de mayo por los habitantes de Ciudad Jardín, su simbolismo inspiró, es un referente que le habla a muchos, sean o no de izquierda. Tiene poder de convencimiento porque confronta a la fuerza pública, ejemplifica el autogobierno, y seduce con su prédica ancestral. No es un hecho fortuito que el himno de la Guardia Indígena haga parte de la banda sonora de las movilizaciones, y suene a las 6 de la tarde en algunos puntos.

Las mujeres han sido puntal clave en la retaguardia humana de la Primera Línea. Sin mujeres no hay alimento, sin alimentación no hay cómo mantener un mes de bloqueo. Algunas de ellas también hacen parte de esa Primera Línea de choque. Además, en puntos como Siloé, son capaces de controlar el brío de los ´pelaos´, el efecto que causa en ellos el consumo de alucinógenos, o las peloteras que puede generar una pony malta o un paquete de galletas. “Cuando se anochece, les digo vamos pero no me hacen caso. Ese es mi miedo, que un día llegue, y a mis niños no los vuelva ver porque cayeron, porque les pasó algo en la noche”, expresa una de las mediadoras de la Primera Línea de Siloé.

La Primera Línea es heterogénea. La integran exconvictos, consumidores, exmilitares, trabajadores ambulantes, universitarios, pandilleros de combos enemigos. La piltrafa de la barriada un día amaneció sintiéndose la heroína de Cali, del país. Convencida de empuñar por primera –y ultima– vez el destino de Colombia. ´Pelaos´ sin futuro que nunca tuvieron presente. Formándose y liberándose políticamente en la acción, al calor de la llama que distorsiona la realidad. Viviendo a otras revoluciones. ´Pelaos´ que encontraron una causa en una esperanza. La mayoría no saben qué es el marxismo, nunca antes habían escuchado la palabra asamblea. Se alarman cada que ven una camioneta de alta gama. Destilan rabia, dignidad, agobio, tensión. La capucha esconde también su paranoia, su estrés, el temor a que el final del paro sea el principio de una purga judicial. ´Pelaos´ que le temen más a ser capturados, que a la mismísima muerte.

IIIII

Los días van más rápido que la digestión de la consciencia. Hay quienes plantean que lo sucedido en Cali es una primavera democrática. Gardeázabal prefiere llamarle insurrección. Otro integrante de Convergencia por la Paz me dijo que la situación era atípica, por eso nadie la entendía. Juan Pablo Ochoa lleva semanas masticando su tesis: “No creo en la tesis de los jóvenes, de que estamos haciendo lo que ustedes [los adultos] no hicieron. Hay una memoria que se está recogiendo, pero es una memoria de dolor. No hemos podido tramitar esos dolores que han quedado abiertos en cada lucha que hemos dado, porque han sido cerrados a la fuerza. Como dice el video del Centro de Memoria Histórica: no ha habido tiempo para la tristeza. Gloria Gaitán está pidiendo a gritos justicia por su padre, y, junto a Gloria, medio país. Es que no solamente mataron a Jorge Eliecer Gaitán, mataron al movimiento gaitanista. Esos dolores han tenido la oportunidad de decir en este momento: puta, estamos mamados. Seguramente esta llaga está quedando abierta para poder cerrar las demás”.

Ningún dique puede contener un maremoto social de estos. Del estallido social caleño se habló en los comedores de Ciudad Jardín, en el Concejo Municipal, en la panadería, en el andén, en la licorera, en el despacho del Presidente, en el noticiero, en los cuarteles militares, en el extranjero, en la plaza de vicio, en el chat de padres de familia, en el hospital donde atendieron a los muertos y a los heridos, en el taxi del señor canoso que tiene un hijo en la Primera Línea de Puerto Resistencia. Cali llevó al límite el umbral de sus nervios. Excomulgó al uribismo. Ensanchó la distancia entre los que reclaman un cambio profundo y los que quieren que nada cambie.

Dicen que los cambios duelen. A mediados de mayo, la Cámara de Comercio calculó que la ciudad perdió 2 billones de pesos por el estallido. “Cali está viviendo un momento muy complejo –asegura Juan Manuel Torres–. Va a necesitar casi que ayuda internacional para poder recuperarse. Cali a diferencia de Medellín y Bogotá es la ciudad que menos inversión pública hace. Las empresas públicas no tienen suficiente poder. Hay mucha corrupción. Va a necesitar mucho apoyo. Apoyo principalmente del Estado, pero el Estado demostró que es mezquino con esta ciudad”. A parte del auxilio económico, sutilmente va tomando fuerza la propuesta de indultar a los ´Pelaos´ de la Primera Línea y conformar una Comisión de la Verdad exclusiva para Cali, que corrobore, entre otras tantas cosas, sí es cierto que existen fosas comunes en Cristo Rey, cerro emblemático de la ciudad, y en Mulaló, corregimiento de Yumbo.

Por lo pronto, plantea Juan Manuel, el Estado debería dedicar su imaginación y su energía en llegar a un acuerdo con las Primeras Líneas. Se ve lejana la concertación de la solución. De un lado faltan vocerías representativas, y del otro se desestima el dialogo y se insiste en el remedio militar. Si se les intenta repeler a represión y balazos, como si se tratara de fumigar cucarachas, seguramente explotará un embrollo tétrico y macabro: “Pueden haber quinientos Primera Línea que están dispuestos a seguir organizados y hacerse matar […] Usted está generando un problema gravísimo con conatos de guerra civil”.  

Detrás de toda esperanza se agazapa el miedo. La venta de armas y de estupefacientes fueron las únicas economías de la ciudad que no entraron en parálisis por el estallido social. Alberto Bejarano, abogado defensor de derechos humanos, teme que cuando todo acabe, muchos jóvenes de la Primera Línea sean engullidos por grupos residuales del paramilitarismo, o, por qué no, creen el propio. Que la criminalidad les siga hipotecando la vida.

No se puede ser lo mismo después de una espontaneidad de tales proporciones. La huella queda en el inconsciente. Cali se atrevió a ser histórica, y le ha costado muchas vidas. Si la inercia de los hechos lo permite, el tiempo ayudará a entender lo que pasó, a procesar la complejidad de su simpleza. La balanza se inclinará hacía el pesimismo o los optimistas. Gustavo Álvarez Gardeázabal dice que estamos viviendo el “más colombianos de los momentos: vivir el instante, vivir por vivir. Y como dice una de mis novelas: los sordos ya no hablan”.

 

*Algunos nombres se omiten por solicitud y seguridad de las personas

En Puerto Oculto la vida se conjuga en pasado. “Ese viejo hijueputa se tiró la región”, me dice Alfonso mientras vemos un potrero que el ojo no logra saber dónde termina. Esa inmensidad que hace 10 años era una ciénaga toda, zarandea la nostalgia. El Sur del Cesar era algo que ya no es.

Puerto Oculto, corregimiento de San Martín, Cesar, era el puerto pesquero más importante del departamento. Los campesinos que ahora hacen rebufar sus motocicletas por caminos polvorientos, se movilizaban en remo y con canalete por el extinto playón del Sapo y el playón La Culebra. El pescado abundaba. El pescador podía escogerlo, y hasta botarlo, en un par de horas pescaba más de 10 arrobas y en un día podía recibir 200.000 pesos. “Estás tierras eran una bendición. Había coroncoro, vizcaína. Ahorita lo único que se ve es la mojarrita; manatís, sábalo, ya no los hay”, se lamenta Carmen Carrascal, una mayora de Puerto Oculto.

Para destruir los playones del complejo cenagoso ubicado en la margen derecha del río Magdalena, primero desviaron sus afluentes. El Magdalena dejó de tributar sus aguas a la ciénaga mediante el método de inundación, y empezó a entrar de forma directa, a secarlo con su sedimento. “La ciénaga se mantenía porque no le entraba el río directo por la cabecera”, me explica Arrieta, otro viejo pez humano del corregimiento.

Pero con esto no les bastó. Los pudientes hermanos Tellez, los hermanos Navarro, y Alirio Díaz, jefe de finanzas del grupo paramilitar 'Héctor Julio Peinado Becerra' de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada', levantaron jarillones –que en la región son conocidos como murallas– para represar el agua y a la vez terminar de cortar su flujo natural. Para secar la ciénaga por completo, la inundaron de búfalos, animal desterrado de África por su tracción destructora y odiado en el sur del Cesar porque le encanta defecar en el agua y tragarse toda la vegetación que encuentre a su paso. “Hoy en día podemos ver que del 100% de nuestras ciénagas, el 90% ya no existen”, dice Liceth Camargo Carrascal, lideresa social de Puerto Oculto.

Después de secar la ciénaga, los terratenientes Navarro, Téllez, y Díaz cercaron el peladero, consiguieron falsos derechos de propiedad sobre un bien natural que no es vendible ni comprable, y luego sembraron sus monocultivos de arroz y palma de aceite. Según Teófilo Acuña, líder social del Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, el ecocidio ambiental inició en los años noventa, “pero se ha acelerado los últimos 10 años. Ya no son 500 hectáreas, sino 2.000 hectáreas mecanizadas”.

Al matar la ciénaga, muere toda manifestación de vida –humana o animal– que le habita. Tal crimen ambiental es una tecnificada modalidad de despojo, el germen del acaparamiento maniaco. Teófilo sospecha que los terratenientes, secundados por las autoridades que deberían investigarlos, están preparando el terreno para poner en marcha la extracción de hidrocarburos y los pilotos de fracking que el gobierno quiere implementar en San Martín y Puerto Wilches, Santander, que a pesar de pertenecer a distintos departamentos, son un solo corredor biológico y cultural. “Es una estrategia para sacar el ultimo pescador, el ultimo campesino. Cuando la tierra está en manos de Alirio Díaz, Álvaro Escobar, los Tellez y los Navarro, es más fácil negociar con ellos, que con más de 100 personas (…) La política agraria en este país no está diseñada para el campesino. Está diseñada para los intereses de las multinacionales, de los terratenientes. Y para hacer cumplir esa política, implementan todos los medios: masacres, asesinatos, desplazamiento. Es una política de la muerte, basada en la economía extractiva, y que va en contra de este modelo de la vida, basado en la economía propia, que va de la mano con el tema ambiental”.

Un campesino sin tierra es como un pez sin agua. El ciclón paramilitar que arrasó con el Cesar a finales de los 90's y principios de siglo, dejó más de 5.000 víctimas y miles de campesinos sin tierras. El terraje y las haciendas de más de 2.000 hectáreas se volvieron el común denominador en el departamento. Esas tierras arrebatas a sangre y fuego son las que desde hace 7 años están intentando recuperar los campesinos de Puerto Oculto y de otras zonas del departamento. El hambre, la negligencia gubernamental, y el lento avance de los más de 400 procesos de restitución de tierras, obligaron al campesinado a ocupar y “sembrar vida” en las tierras que fueron suyas; “porque el campesino produce vida cuando produce los alimentos”, dice Teófilo.

La comunidad recuperadora insiste en que no son invasores y que quiere desalambrar las enormes parcelas para recuperar metros de la economía propia que hasta hace unos años sustentaba su vida. “Entendemos que uno de los propósitos que se ha querido lograr con la violencia en el campo, es hacer que el campesinado dependa de si el gobierno garantiza o no ese mínimo vital que es la alimentación (…) Antes no había plata debajo de la almohada, pero había mucha comida. Esa era una de las grandes riquezas que no nos enseñaron a medir”, asegura Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, una confluencia política, reivindicativa, de denuncia y de apuesta por la permanencia digna en el territorio.

Limitar el derecho a trabajar la tierra, implica limitar el derecho al alimento. A medida que las recuperaciones avanzan, se diversifican los cultivos. Donde antes solo había arroz, ganadería, o potrero solo, ahora se siembra patilla, papaya, melón, maíz. La yuca y el plátano que hasta hace unos años llegaban desde Arauca, San Alberto o Bucaramanga, ahora brotan en los patios de las parcelas recuperadas. “El campesino lo que dice es: nosotros lo único que queremos es que nos devuelvan la tierra. El campesino teniendo la tierra, puede producir. Esa es la discusión que tenemos con el gobierno. Cuando nos dicen tenemos tales proyectos, nosotros le preguntamos qué hacemos con esos proyectos si no tenemos la tierra para eso. Qué hacemos con esos proyectos si no tenemos garantías para estar en el territorio”, asegura Teófilo Acuña.

 

La disputa en el sur del Cesar es por el alimento y por la conservación de lo “poquito que queda”. “Si decimos que el gobierno va salvar el planeta es una mentira. Porque con estos macroproyectos esto va ser un desierto. Donde quedarían las entidades locales y regionales que les corresponde el tema de lo ambiental. Si no somos las comunidades quienes hacemos algo, no esperemos que alguien más va venir a ayudarnos”, asegura Nelson Martínez, vocero y coordinador de la guardia campesina de la Comisión de Interlocución, compuesta por más de 40 procesos sociales y cuyo quehacer también incluye al nordeste y bajo cauca antioqueño.

La calamidad no solo es ambiental. El panorama de derechos humanos no es nada alentador. La fuerza pública, dicen los campesinos, está al servicio de los terratenientes, el paramilitarismo persiste en el territorio como babillas camufladas en el lecho del río, y las instituciones estatales son fortines de los victimarios, en el caso de San Martín, los familiares de 'Juancho Prada' están al frente de la Unidad de Victimas, la Personería, la Inspectoría de Policía, entre otras entidades.

El desamparo en el que se encuentra la región impresiona. “Es como si nadie viviera en este pueblo (…) Nosotros somos como un camello, entre más carga nos echan como que es mejor para nosotros”, asegura un campesino de Barranca de Lebrija, corregimiento de calles polvorientas y socioeconómicamente dependiente del río Lebrija.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal dice que en Barranca de Lebrija la gente sobrevive con una sola comida al día. En éste corregimiento de Aguachica no hay alcantarillado ni servicios médicos. Y en los últimos diez años, un puñado de terratenientes desvió el río y desembarcaron un ejército de 9.000 búfalos. “Los búfalos están acabando todo. Nosotros dependemos de la pesca, y si nos quedamos sin pesca de qué va vivir la comunidad (…) Nosotros no tenemos futuro. Aquí no hay nada”, sentencia la presidenta.

“Yo tengo problema con los búfalos porque se me han comido la cosecha. Un día estaba sacando las reses para que no me dañaran los cultivos y de pronto me llegaron dos tipos armados a amenazarme, que me iban a matar porque estaba sacando el ganado. Me dijeron que tenía que cercar, y uno cerca el pedazo de tierra, y le dan machete a los alambres y le tiran el cerco al piso. Los manes venían a matarme, pero yo tenía una escopeta y ahí nos apuntamos. Me amenazaron, que la próxima vez que me encontraran me iban a matar. Qué hace uno ahí, toca andar con una escopeta al hombro y asustado porque no sabe cuándo lo van a matar. Los ganaderos de la vereda Bijagual tienen 400 reses y el playón es para ellos. Usted no puede tirar una cerca porque tiene que dejar que el ganado paste. Ellos si tienen su parcela donde siembran frijol y uno no puede sembrar nada”, se queja otro campesino del caserío.

A pesar del adverso contexto, los machetes y azadones del campesinado del Cesar están dispuestos a seguir recuperando. El 1 de abril, más de 10 familias del municipio de Aguas Blancas ocuparon predios de la ciénaga La Gorgona. La policía y el ejército intentaron desalojarlos en varias oportunidades. A pesar de que en el territorio había mujeres y niños, el 11 de abril fueron atacados con gases lacrimógenos, humillados, maltratados, y amenazados. Las autoridades no notificaron la orden de desalojo 10 días antes del operativo tal como lo establece la ley. Ese día fueron capturadas 4 personas que luego serían dejadas en libertad. “La verdad es que no dejo de pensar en mi pedacito de chicharrón. Y no dejo de pensar en la imagen del policía que me decía: esta sabroso este pedazo de chicharrón; y yo muerto de hambre”, cuenta uno de los recuperadores hostigados por la fuerza pública.

La Gorgona era un santuario biológico. Había “nubes de pisingos”, y se pescaba “buena barbona”, dicen los campesinos. La Gorgona abastecía los estómagos de cientos de pescadores y sus familias, no era de nadie porque era de todos. De aquellos años de bonanza solo queda el recuerdo y miles de hectáreas de tierra inutilizada.

La tierra que hoy ocupan y recuperan fue acaparada por Álvaro Escobar, un gamonal con nexos paramilitares que “se cree dueño del mundo”. “Él no quiere ver gente de Aguas Claras, él quisiera comprar Aguas Claras y volverla un saladero”, dice otro campesino recuperador. El método angurrioso de Escobar fue el mismo de los otros terratenientes: aprovechó la estela de desplazamiento, muerte y miedo del paramilitarismo, desvió el río, levantó murallas, pobló el terreno de búfalos, cercó la estepa, y contrató seguridad privada armada para controlar el ingreso a La Gorgona.

“Hace 8, 10 años, llegaba uno y al rato se llevaba el pescadito. Donde caminaba encontraba mata de plátano, yuca. Esto se ha vuelto inhóspito, no puede uno venir a pescar porque tiene su problema, porque dicen que está robando. [Escobar] puso 16 portones para que nadie se meta a la ribera del río –cuenta un campesino recuperador que conocía la ciénaga mejor que la palma de su mano y se movilizaba por ella con la libertad que se mueve por el patio de su casa–. Usted sabe que ahorita tenemos los derechos humanos que nos protegen. Pero el rico no tiene ningún derecho humano para el pobre. Si nos puede fregar, nos friegan, y no nos dejan ni trabajar. ¿Cuál es el monopolio que tenemos nosotros ahorita en el pueblo? Que estamos en una finca y tenemos que trabajar con el chantaje. Que no podemos esto, que nos podemos aquello, porque nos botan. Tenemos que aguantarnos el chantaje porque son los que nos pagan y nos dan el plato de comida para nuestros hijos (…) ¿Qué aspira el gobierno, que nuestros hijos se vuelvan delincuentes? ¿A qué aspiramos nosotros así como están las cosas? ¿Llorar a nuestros hijos en un ataúd, ver a nuestros hijos detrás de rejas? ¿Buscarle trabajo a la policía? (…) Si le dan trabajo a uno y lo viven chantajeando. El día menos pensado lo echan a uno, ni liquidación, ni prima, ni nada. Los derechos de nosotros los pobres se los guardan ellos.

El sudor de nuestro trabajo es beneficio para ellos, y nosotros qué. Pero cuando necesitan cualquier vaina, progreso para el bolsillo de ellos, ahí si estamos nosotros los pobres. Ahí si nos agarran como papa en tenedor, porque nosotros necesitamos la comida (…) La esperanza no hay que perderla. Por eso le dije a los muchachos: sigamos muchachos, metámonos que nosotros no estamos robando, no le estamos quitando nada a nadie, porque eso son playonales, eso no es de ellos (…) Aquí uno conseguía toda clase de animales, ya ni pescado. Esta trocha no era así de grande, esto era un caminito. Esto era un río grande, ahora parece una canal de desagüe. Hoy en día creo que está más limpio el río que el patio de mi casa, porque ni yerba tienen esos terraplenes. ¿Será que con el tiempo nos tocará ponernos a comer corozo como los marranos? Y el gobierno haga plata, y el rico guarde, y el pobre jodase...”.

***
Yo no sé cuanta tierra necesita el hombre, pero hay unos cuantos que no saben cuanta tierra les sobra.

 

Anorí, Antioquia – El miércoles 20 de mayo del año pasado, una bala disparada por el ejército le atravesó el corazón a Oriolfo Sánchez Ruíz. Los fusiles tronaron en las veredas Los Tenches de Anorí, nordeste de Antioquia. Oriolfo fue otra víctima mortal de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

Según la ONU, más de 1000 familias de Anorí aceptaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. A cambio el Estado colombiano se comprometió a darles seis pagos de dos millones de pesos cada dos meses, un proyecto productivo de millón ochocientos, y otro proyecto productivo de nueve millones.

“El gobierno dice que el cumplimiento es del 90% pero [3 años después] apenas va en un 40%. A los campesinos les dieron gallinas y no les dieron el cuido. A otros les prometieron peces y les llevaron pollos. A otros les llevaron el cuido y no les llevaron gallinas ni peces. Fue un engaño para el campesino”, asegura Homero Hernández, líder comunitario de Anorí.

Los miles de campesinos cocaleros y mineros del nordeste y bajo cauca antioqueño que desde el 25 de abril acampa al sol y al agua en Anorí, piden que el gobierno cese los ataques e implemente el punto 1 –la reforma rural integral– y el punto 4 –la sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito– del Acuerdo de Paz.

“Nosotros decimos que la coca no es buena. Pero el gobierno no nos trae bienestar a las comunidades; al campesino le toca echar mano de lo que hay. No hay carreteras ni vías de acceso. Si decimos que vamos a sembrar un cultivo de plátano, desde que amarramos los plátanos a la mula, cuando llegamos al pueblo ya están maduros”, dice Camilo Torres, líder de la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (Ascavex). “Dijimos que si el gobierno cumplía, el campesino jamás volvía a tocar un palo de coca”, complementa Homero.

El gobierno incumplió en materia económica, sacó a muchas familias del programa de forma arbitraria, y tampoco hizo el estudio de suelo prometido ni la titulación de tierras, pues el 90% de los campesinos anoriceños no tienen título de propiedad.

El papel de la ONU, garante del Acuerdo, también queda en entredicho: “Se imaginaban las organizaciones que la ONU era garante. Nos preguntamos por qué la ONU terminó siendo contratista y ejecutando recursos. La ONU le falló a los campesinos”, asegura Camilo Torres.

El gobierno está empeñado en vulnerar al campesinado y mantenerlo subsistiendo de una economía “ilícita”. La plata que debería destinar a las vías terciarías y la creación de cooperativas, prefiere invertirlas en las aspersiones del nocivo glifosato. La reanudación de las fumigaciones que el gobierno anunció hace unos días es otro detonante del paro cocalero: “No vamos a permitir que el territorio vuelva a ser fumigado con glifosato. Lo vivimos entre el 2010 y 2015 y no hubo sino destrucción, envenenamiento, muerte, y abortos en animales y de mujeres gestantes”, asegura Luz Mery López, lideresa del municipio.  

Oro para los nacionales, no para las multinacionales

El otro renglón económico amenazado por la política gubernamental es la minería. Los mineros del nordeste, el bajo cauca antioqueño y parte del sur de Bolívar, están cansados de que el ejército queme sus máquinas y les incaute el oro. Además, les preocupa que con el proyecto de ley 059, el gobierno pueda encarcelar por 10 años a todo minero ancestral que extraiga el mineral y tenga maquinaria amarilla.

“Estamos pidiendo una tregua de dos años para demostrar que somos mineros artesanales. Para mostrarle al gobierno que la ancestralidad no se puede demostrar con una factura; se tiene que demostrar con hechos que tenemos. Anorí fue fundado por mineros ingleses y franceses. No fuimos nosotros, fueron ellos los que vinieron a explotar minas, y nuestros abuelos aprendieron ese oficio”, plantea José David Hernández Gandía líder y vocero de las comunidades cocaleras y mineras.

Los campesinos consultados para esta nota aseguran que la legislación minera colombiana privilegia la concesión del territorio a las multinacionales extranjeras. Los estudios y trámites requeridos para obtener una concesión pueden costar más de 200 millones, una cifra inalcanzable para los campesinos y campesinas que viven del día a día. “No queremos ser peones ni esclavizar el pueblo a una multinacional”, manifiesta Luz Mery.

“Quieren atacar la pequeña y mediana minería metiéndonos a todos al mismo costal de crimínales. Pagamos una vacuna y el gobierno dice que financiamos y pertenecemos a los grupos armados –dice José David–. Pero si la vacuna la paga una multinacional es una extorsión”.

Si el gobierno nacional, departamental y local no escucha, no se comprometa a parar criminalización, y no soluciona los problemas estructurales que tienen a miles de familias en el hambre, la pobreza y la inseguridad, el paro cocalero y minero no termina. Aunque las condiciones en las que protestan no son las mejores, Leidy Johana Sierra, líder de la Asociación de Familias del Bajo Cauca (Afasba), dice convencida que “si no nos dan respuesta, aquí nos quedamos, no tenemos afán; más perdemos cuando el Estado nos ataca”.

 

Texto: Juan Alejandro Echeverri

Foto: David Alejandro Pérez

¿Cuál es el pedazo que me corresponde?, fue lo primero que le preguntaron varios compañeros a Mesías hace dos años. Pero si lo que queremos es quitar los alambrados. Esto no es de nadie, esto es de todos, les dijo él.

Desde que se hizo cargo de El Dinde –la finca del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)–, Mesías calcula haber sembrado 300 semillas: 10 variedades de yuca, varias de frijol, chía, amaranto, ajonjolí, sacha inchi, palos de guayabas, mangostino, zapallo, yaca, girasoles, guamas, maní, ajenjo, maíz, caña, romero, yerbabuena, y papayuelas; donde solo había café, unas cuantas matas de guineo, aguacate y limón.

A Mesías le han dicho que por qué no deja de jugar y “trabaja como hombre”: por la ganancia; también le han dicho que se “volvió a embrutecer” por dedicar a la agroecología el tiempo que los demás dedican a sobrevivir en el bacanal hiperconsumista. Mesías, su hermana y su cuñado dejaron sus fincas en San Lorenzo, norte de Nariño, porque “queríamos estar en un sitio donde pudiéramos ser más útiles (…) Toda esta inversión es pensando en ellas”, dice refiriéndose a sus sobrinas, dos soles brincones y sonrientes llamados Tania y Sheyla.
Las ondas de cada palada y cada siembra se expanden más allá del nido de semillas de Mesías. En unos años, dice, las 12 hectáreas de El Dinde deben ser un centro de formación y pensamiento propio, un instituto de educación campesina donde al menos 200 jóvenes humeen y aren sus consciencias. Donde se pueda “desaprender, para aprender” que una carga de maíz no vale porque un intermediario esté dispuesto a pagar cien mil pesos por ella, sino por la cantidad de envueltos, panes, arepas, chicha y tazadas de mazamorra que con ella se pueda hacer.

Como nunca pudo ir a la escuela, en su juventud, el cincuentenario Mesías decidió caminar los departamentos de Nariño para que el saber de las y los mayores reemplazara el conocimiento que supuestamente florece en la escuela. Del caminar, la observación atenta y la constante interacción con sus dioses naturales, brotó un macizo taita agroecológico de rasgos aindiados que sabe que los marranos producen poca sangre, y son propensos a enfermar de anemia cuando nacen, si comen hoja de yuca, rica en hierro, mejora la producción de sangre y evitan el paludismo o el raquitismo; que la cascarilla de arroz es rica en silicio, y que los tustes, es decir las quijadas de las vacas, son los huesos más ricos en calcio; que la canavalia y la cáscara de naranja ahuyentan las hormigas; que los girasoles le aportan magnesio al suelo; que si en 100 litros de agua se mezclan dos bultos de humus de lombriz y cuatro kilos de miel de purga, en menos de 4 días está listo un abono orgánico para el café y el frijol; que el mallorquín no es maleza sino una planta que le aporta diversos nutrientes a la vegetación vecina; que la tierra está plagada de microorganismos, el 95% de ellos buenos, el porcentaje restante no tanto, y que los abonos orgánicos hechos con sulfocalcio, caldo de ceniza, estiércol, hojarasca, entre otros elementos, se encargan de multiplicar esos microorganismos y que prospere la llegada de los nutrientes que necesita la planta.

Mientras sembraba un vástago de bore, una planta rica en proteína y capaz de sostener mucha agua durante épocas de invierno para luego liberarla en tiempos de sequía, con su voz lozana, Mesías me cuenta que a sus sobrinas les pide que observen y comparen el apetito de cada animal cada vez que le echan comida a los cuyes. Si alguno come menos que los demás, tal vez tenga problemas estomacales que se curan con agua de apio o con cilantro. Descartado el problema digestivo, posiblemente el animal albergue parásitos que pueden curarse con hojas de paico o pepas de zapallo.

“Esta es una agricultura de proyección para la vida. Que vayamos en búsqueda del buen vivir. Este tipo de agricultura no cumpliría los sueños del agricultor que hoy necesita sembrar y mañana cosechar; que está diciendo yo tengo que hacer competencia, necesito acelerar un proceso para estar allá donde está mi vecino. Siempre pensando en ese afán de que esto deje muchas ganancias para comprar cosas que no tienen importancia en el pensamiento de nosotros”.

***


Se llaman gaviotas porque las gaviotas vuelan siempre en manada y en forma de v. Con esa estrategia de vuelvo colaborativo, optimizan energías y se protegen unas a otras. La primera gaviota que intentó alzar vuelo y salir del nido fue Alba, una mujer trigueña y menuda que, como la gente del norte de Nariño, no necesita alzar la voz ni ser histriónica para convencer, ser dulce, cálida, bondadosa y hospitalaria.

En ese entonces las mujeres de San Lorenzo participaban en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal, integraban grupos comunitarios dispersos, y eran el pilar del núcleo familiar, a pesar de eso, su incidencia en la toma de decisiones era casi nula. “La mujer siempre [estaba] como en una orilla, casi sin tener voz y voto. Se iba a las reuniones, pero si tocaba decidir algo, simplemente decían yo le aviso a mi esposo, y lo que él diga eso va ser”, así lo recuerda Aura Lucia, otra de las fundadoras de la Red de Familias Lorenceñas Las Gaviotas.

En su fuero interno, Alba reclamaba el merecido protagonismo de las mujeres, y además entendió que si no se juntaba con otras, no podía recuperar todo lo que el machismo les había arrebatado. Alba, Leonor –la personera del municipio–, y Jackeline –quien trabaja en la dependencia agrícola y ambiental– tocaron las puertas de la Alcaldía pero no recibieron la atención esperada, las energías de la institucionalidad y las organizaciones sociales estaban concentradas en el gran paro del suroccidente. A finales de 1999, más de 15.000 personas bloquearon durante veintisiete días varios tramos de la vía Panamericana, la arteria vial que comunica el sur con el centro del país, y a Colombia con Ecuador.

Las primeras gaviotas y sus esposos participaron en esa movilización. Algunas se integraron a los comités de salud o alimentación, otras estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Lo vivido en el paro avivó la llama de Alba. Jackeline, Leonor y ella se propusieron hacer una movilización el 8 de marzo del año siguiente en el casco urbano. Realizaron talleres en los 7 corregimientos del municipio para estimular la participación. En ellos hablaban de los derechos de las mujeres, dignificaban su rol social, y reiteraban que el 8 de marzo es la conmemoración de una lucha antiquísima, mas no una fecha que se celebra con copas de vino y rosas.

La Alcaldía aportó 3 millones a la financiación del peregrinaje, “pero resulta que se nos convirtió en otra cosa”, recuerda Alba. Al primer encuentro en Santa Cecilia asistieron 50 mujeres. “Las mujeres quedaron como enamoradas”. Tanto, que finalizó el taller y dijeron queremos ir a El Carmen, la próxima estación de la gira pedagógica. Alba y sus comadres no tenían plata para llevarlas. Vamos las que podamos, llevamos fiambre y que allá nos esperen con un café, un jugo o una chicha; si nos llevan en moto, nos vamos en moto, sino, como está cerquita, nos vamos a pie, respondieron las mujeres. Sorprendida quedó Alba al ver que casi todas llegaron hasta El Carmen. La situación se repetiría en los demás corregimientos. “A las mujeres –dice Alba– como que se les abrió el apetito de estar con las otras mujeres, de conocerse, hablarse, abrazarse, reírse, contarse cosas “.

La semilla germinó en poco tiempo, dos mil mujeres marcharon, lloraron, y se desahogaron en las calles de San Lorenzo ese 8 de marzo del 2000. “Qué les pasó a esas mujeres, se enloquecieron, por qué salieron a gritar a las calles (…) que si era que teníamos hambre”, dice Aura Lucia que decían los hombres y mujeres que veían desde la puerta de sus casas aquella movilización. En el parque principal constituyeron la junta directiva y nació la Red de Mujeres Lorenceñas, organización que en el 2004 sería renombrada como Red de Familias Lorenceñas Las Gaviotas; pues aunque las mujeres siempre han llevado la batuta, hombres como Toño, Rober Elio y Aurelio caminaron junto a ellas en el proceso de gestación. Además, los cambios que la organización provoca en la vida de cada mujer repercuten en toda la familia. “Una tarea que enseña Las Gaviotas a la dirigencia política del país, llámese izquierda o revolucionaria, es el trabajo en familia; que para el izquierdoso, el revolucionario, ha sido muy difícil; acá se ha logrado”, resalta Antonio Alvarado, 'Toño', actual y locuaz presidente del Comité de Integración Social de Macizo Colombiano (CIMA), líder de la guardia campesina del norte de Nariño, y viejo amigo de Alba y otras gaviotas.
Para la Red, la familia es el fin y también el medio. Como tantas otras y otros, Patricia Guzmán llegó a la gran familia Las Gaviotas, gracias a su familia biológica. Raquel, su tía, era una agrosembradora de la organización. Los agrosembradores eran líderes del CIMA que viajaban una semana al Cauca para recibir una formación intensa en temas y prácticas agroambientales. Al regresar debían formar una escuela agroambiental en su vereda y replicar lo aprendido. Entre el 2002 y 2003 Raquel conformó la escuela con sus hermanas, cuñadas, vecinas y sobrinas. En esa escuela Patricia aprendió de huertas, abonos orgánicos, y al mismo tiempo maduró su pensamiento político: “Yo hacía parte del grupo Amas de Casa. Era muy bonito pero le faltaba ese tinte político-organizativo. Muchas de las mujeres que hacían parte de amas de casa se fueron pasando a la escuela agroambiental –recuerda 'Pati', como la llaman las demás gaviotas–. La escuela era ese espacio bonito de reunirse pero también de aprender y enseñar. En uno de nuestros principios que es la formación, decimos que de campesino a campesino se aprende mucho”. Raquel no solo le inculcó a 'Pati' el amor por la tierra que pisa, también la llevaba a las reuniones del equipo de conducción política: “Actualmente soy la secretaria de la organización. Desde que entré a Las Gaviotas y al CIMA ya nunca más me volví a retirar, y creo que nunca lo haré. Yo hacía parte de la pastoral social, y ahí aprendí muchas cosas, una formación personal, comunitaria, pero en el CIMA estuvo la formación ideológica, el sombrerito que faltaba”.

En el caso de José Murillo, no fue un familiar el que lo invitó a volar con Las Gaviotas. El inquieto y errante 'Chepe', como lo conocen en San Lorenzo, buscaba algo pero no sabía que era. Estuvo 3 años en la Policía, 1 año en la curia, y a punto de enfilarse en la guerrilla cuando Andrés Pastrana declaró 'El Caguán' como zona de distensión. 'Chepe' fue de un extremo a otro, y no encontró lo que buscaba. La emoción lo invade cuando recuerda los antecedentes y la suma de circunstancias que lo llevaron a Las Gaviotas. Las manos se inquietan, y su boca resbala tratando de buscar la palabra precisa. Chepe, invitado por 'Toño', participó en el proceso de agrosembradores. Eso lo empezó “a llenar en lo político, lo social, lo económico y lo ambiental. Esta organización es completa en todos los ejes (…) A veces estoy con nadaito de perro, pero estoy haciendo algo que aprendí en la organización”.

Sin la convicción de Chepe y el entusiasmo de Patricia, resulta casi imposible soportar la cantidad de vientos en contra que conllevan 20 años de vuelo. Si hay “arroz” –ósea dinero en lenguaje gaviota– la bandada aumenta su número, en épocas de bonanza San Lorenzo tuvo 52 escuelas agroambientales; si el “arroz” escasea, la familia se encoge. Pero los peores ventarrones que afrontaron Las Gaviotas soplaban desde la institucionalidad. La politiquería local aprovechó la euforia femenina del año 2000 y postuló una mujer de sangre conservadora que ganó las elecciones a la alcaldía de aquel año. Liliana Narváez, que luego repetiría en el 2007, se dedicó a plagiarlas. “Nosotros éramos Red de Mujeres y ella tenía el grupo de Asomujer. Nosotros pasamos a ser Red de Familias y ella le cambió por Asofamilias –recuerda Aurelio Ortiz, líder del corregimiento Santa Cruz que integra Las Gaviotas desde sus inicios–. Nosotros hacíamos huertas y ella también, nosotros hacíamos abonos y ella regalaba abonos, nosotros enseñábamos a hacer mallas con fibra de llanta, y ella les llegaba con rollo de malla de fábrica”. “Algunas no aguantaron, se pasaron para allá porque les daban [plata o insumos], las que eran finas [en la parte ideológica] se quedaron”, complementa 'Toño'.

Las raíces ideológicas importan tanto como las formas de pervivir en el ecosistema. Para que la bandera del CIMA y la de Las Gaviotas sigan creciendo, sus integrantes recurren a la técnica de “mano prestada”: un día levantan entre todos la huerta de un vecino, y a los ocho o quince días repiten el convite en la casa de otra persona. También hacen constante lectura de realidad y actúan en contexto. “El territorio tiene que pensar donde está el conflicto, o donde se visiona que va estar el conflicto. (…) Esa persecución [de la alcaldía de Liliana] era brava porque éramos una organización sin plata. Esa lucha nos permitió adquirir esa vocación, esa habilidad de gestión. Éramos y hemos sido muy creativos –reconoce 'Toño'–. Hemos sido muy claros en la propuesta, propuesta que hacemos, propuesta que pega”.


Las Gaviotas tienen su propio manual. A la hora de cultivar consciencia, Aura Lucia dice que es fundamental “tratar de ser testimonio de lo que tú dices: si nosotros vamos a enseñarle a la gente a tener unas huertas, es porque nosotras vamos a tener huertas”. Mientras que para Patricia, la organización se sostiene sobre el pilar afectivo: “Es muy importante saber que hay afectos muy profundos, amores reales y sinceros entre las personas. Yo tengo más amigos en la organización que en la misma comunidad. Incluso a veces ni con la familia se alcanza a tener sentimientos tan grandes como los que tengo por mucha gente que conocí en el proceso”.

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Todo en El Dinde tiene un sentido cuya explicación es imperceptible a la superficialidad cognitiva del capital. Mesías y Camilo, su vecino y ayudante de sus “locuras”, están construyendo un santuario de semillas. El templo que todavía está en obra negra, fue levantado con la técnica del superadobe, misma técnica con la que está construido casi todo en El Dinde. Una bioconstrucción ancestral en desuso que Mesías conoció en Perú. El santuario son tres domos de estopas superpuestas que contienen una mezcla de cal, tierra y cemento. “Pensábamos que si en algún momento decidiéramos destruirla, es una cosa que fácilmente lo va asimilar la tierra, a diferencia de un ladrillo, una baldosa, un hierro, que no tan fácil se van a descomponer”, explica Mesías.

Uno de los domos va funcionar como oficina. El otro será una capilla decorada con muchas semillas, “donde el visitante podrá hacer su oración y hacer su propia reflexión en torno a ellas”. El tercero será el lugar de almacenamiento de las semillas que estén disponibles para truequear, o, si no queda otra opción, cambiarlas por un billete: “La intención es que quien lleve las semillas, las lleve como una responsabilidad. Nos interesa que las semillas se expandan por el territorio”. El santuario no es un museo de colección, es otra etapa de un proceso que comenzó con la creación de una red de 33 guardianes y cuidanderos de semillas del macizo colombiano.

Las cosas que suceden y se aprenden en El Dinde no tienen precio. La predica de Mesías privilegia el intercambio antes que las relaciones mediadas por el papel moneda. Aunque suene descabellado y la “universidad nos haya enseñado que todo tiene que ser vendido”, su anhelo es que en unos años el ferretero le reciba una gallina criolla y vitamínica –criada con hojas de yuca, amaranto, chías, aceite de sacha inchi, hoja de coca, sorgo, plátano, y maíz–, a cambio de unos metros de plástico.

Según Mesías, el mejor pago por su catedra es una buena cagada: “El sistema es tan malparido que nos vuelve una mierda. Somos los únicos animales que tienen baños organizados. Son 5 o hasta 10 litros de agua por cada miada, por cada cagada. Lo que hacemos es convertir los ríos en unos ríos de mierda”. Los baños secos o letrinas que él tanto defiende suenan a “cantaleta” fuera de lo común, pero las razones que la sustentan son inapelables. Replantear el ritual fisiológico nos obliga a cambiar de postura. Agacharnos unos cuantos grados más para defecar, beneficia músculos y órganos como la próstata. Cambiar el lugar de destino y almacenamiento, permite aprovechar el poderoso fertilizante que cagamos los seres humanos. “Esa cagaita pesa un promedio de 170, 200 gramos. Acá aspiramos a los 300. Por eso nos interesa que ustedes coman harta yuca, harto guineo. Estamos a la espera de esa miadita y esa cagada porque hay unos limones, unos guanábanos, unas veraneras, unos guayabos, unos papayos, un montón de tierra que la tiene encargada”.

Tal como lo hizo en El Dinde, Mesías intenta diversificar el monocultivo de la consciencia, que nos lleva a pensar que “la fruta se acaba en la cáscara”. La vida, piensa él, es el resultado de un tejido de procesos. Modificarlos y desafiar la cadena natural de las cosas, acarrea enfermedades ambientales, éticas, económicas, y sociales. Gústenos aceptarlo o no, la naturaleza es circunstancia y determinante del desenlace. En el ecosistema todos ponen. Mesías cree que nosotros también tenemos algo para poner: una cagada, un bulto de papas, una fórmula para calcular el rendimiento de una planta, o unas cuantas paladas. Él optó por sembrar comida hasta en los techos, y vivir de manera menos parasitaria. Solo demandamos cosas, y natura nos lo da, he aquí una forma de solidaridad ecológica y un mayúsculo gesto de agradecimiento.

 

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Lo del CIMA y Las Gaviotas va más allá de un método. Rober David, quien integra la red desde que Alba lo alimentaba en su vientre, y ahora hace parte del Colectivo Campesino Semillas de Vida, creado por varios hijos de la primera generación, dice que se trata de un “estilo de vida”, una forma de estar en el mundo. “Nosotros somos personas que no estamos acostumbradas a tener riquezas, el oro no nos importa, lo importante es vivir pobres, pero bien; con comida, con agua, con nuestra huerta, con nuestros animales”, dice Patricia. A Las Gaviotas les enorgullece su gen campesino. Ana Murillo –quien también integra el colectivo de jóvenes Semillas de Vida– dice que Las Gaviotas y el CIMA son diferentes y particulares porque trabajan la tierra sin fines monetarios o extractivos.


Donde Las Gaviotas ven el sustento de la vida, otros ven montañas de opulencia. San Lorenzo es codiciado por el narcotráfico, desde sus trochas se puede ver la imponencia de la cordillera occidental, un milagro montañoso que separa a Cauca de Nariño, utilizado como autopista por quienes se sustentan de la droga. San Lorenzo también es un imán para multinacionales que quieren explotar la riqueza hídrica y mineral parida por su escarpada geografía.

Para cuidar el territorio, decidir lo que sucede en él, y cerrarle el paso a quienes pueden poner en riesgo el equilibrio armonioso entre el humano y la naturaleza, el 21 de diciembre de 2015, en San Francisco, vereda de San Lorenzo, declararon El Territorio Campesino Agroalimentario (TCAM), “la línea ideológica de construcción –según 'Toño'–. Un camino, un techo, un plan de vida para las generaciones futuras”. Está compuesto por 17 municipios (14 de Nariño y 3 del Cauca) que comparten cuencas, tejidos montañosos, procesos organizativos, sueños y aspectos culturales. En ese gran territorio, dice Patricia, “queremos que se siembre mucha comida, que se siembre mucha agua, que se fortalezcan las organizaciones comunitarias. Que sea espectacular, que no den ganas de dejarlo dañar por nadie”.

El TCAM no tiene derechos de autor. No es del CIMA ni de Las Gaviotas, es del macizo colombiano. Está, como todo sueño a largo plazo, en proceso de construcción. Su ímpetu es tal, que en poco tiempo puede mostrar resultados. En septiembre del 2016, el TCAM mandató que si en 15 días la institucionalidad no frenaba las 70 máquinas que estaban excavando el río San Bingo, en jurisdicción de Mercaderes, Cauca, la misma gente del territorio tomaría cartas en el asunto; las máquinas fueron incineradas a los 8 días.

La consulta popular contra la minería que se realizó el 25 de noviembre en San Lorenzo, fue votada y aprobada al interior del TCAM, El CIMA y Las Gaviotas se encargaron de materializarla. A pesar de que el Ministerio de Hacienda y la Registraduría aseguraron no tener presupuesto para financiar la consulta, los mismos lorenceños –con el apoyo de la Alcaldía y la Registraduría local– elaboraron sus propios tarjetones, los certificados electorales, la guardia campesina hizo las veces de policía, y la gente se encargó de darle legitimidad democrática. “Los leguleyos dicen: “hay que actuar en derecho”. A nosotros el derecho no nos sirve para nada, porque el derecho lo inventaron para violarnos los derechos. Entonces dijimos: actuemos desde la legitimidad”, explica Toño. 6.660 personas dijeron no estar de acuerdo con que la Anglo Gold Ashanti y otras 4 empresas explotaran oro, plata, coltán, esmeralda y petróleo; de los 12.000 lorenceños que podían votar, 53 personas lo hicieron a favor de las empresas.

Ser autónomos significa decidir cuál es la vocación económica del territorio, y sobre todo decidir que se come en él. Todo lo que se hace en el TCAM tiene sustento y se complementa con otras acciones de mayor y menor envergadura. En 2018 se sancionó el acuerdo municipal mediante el cual San Lorenzo fue declarado “territorio de protección especial libre de productos transgénicos”. La pedagogía previa también fue asumida por Las Gaviotas y la Red de Guardianes de Semillas. Más allá de un acuerdo, ambas redes querían concientizar el consumo y comprometer a las dependencias institucionales en la reproducción y la protección de las semillas nativas, especialmente las del maíz, unas de las semillas más vulnerables, que después de tantas alteraciones químicas y genéticas se ha demostrado su potencial cancerígeno en ratones.

En el desarrollo del TCAM todo cuenta. Ese territorio soñado se alimenta de las pequeñas acciones como las que se ingenia Aurelio en el corregimiento Santa Cruz. En 1998, Aurelio convenció a la comunidad de crear una funeraria comunitaria “para darle un auxilio a las familias de este sector, que es muy pobre económicamente. Cuando muere una persona, la gente del campo tiene su lotecito, su caballito, su ternero y le toca venderlo porque no tiene con qué costear los gastos. El que tiene plática, se aprovecha de la necesidad del otro”. Cinco mil pesos era la cuota de admisión. Con una persona que se afiliara, el resto de la familia tenía derecho al auxilio. Cada vez que fallecía una persona, en el transcurso del mes los afiliados debían dar una cuota de dos mil pesos. El 80% del capital que se recogía con esa cuota, se le entregaba a la familia que lo necesitaba. El otro 20% quedaba para ahorro de la funeraria, que ya no solo auxilia con dinero sino que tiene 100 platos, 100 cucharas, ollas, y una carpa de la que las familias pueden disponer en los novenarios del difunto. “Antes la gente acostumbraba llegar [a los novenarios] con su aporte. Le traían a la familia una panela, una taza de maíz, una taza de maní. Yo tenía ese miedo –dice Aurelio–. Como voy a dar el aporte, entonces ya no llevo nada. Y eso no se acabó. Si estoy en molienda, la persona llega con sus dos panelas, con lo que tenga (…) Ahorita tenemos 300 afiliados, la familia del fallecido está recibiendo novecientos mil”.

En San Lorenzo el todo se transforma por partes. La comida, y el origen de lo que va a la boca; el sustento material y económico; la potestad y capacidad de autogobierno; y la identidad, se le disputan de manera frontal al sistema, a sus convenciones. Cada generación trae sus traumas particulares, sus enfermedades, sus formas, y su fuego transformador, pero el desarraigo identitario contagia tanto a jóvenes como adultos. Los papás les dicen a sus hijos que deben estudiar para ser alguien, como si ser campesino fuera igual a no ser nadie. Y si les preguntan qué quieren ser cuando grandes, los hijos responden cualquier cosa menos campesinos.

“Mi papa todavía está trabajando y luchando. Para él ha sido dura la vida. Supongo que no quería que nos toque la vida así de dura. Él nos enseñó todo el tema del campo, pero nunca nos ha dicho sean campesinos bien bacano, quédense aquí”, analiza Patricia.

“Ahorita hay muchos más jóvenes que tienen problemas psicológicos, o esquizofrenia o algo mental (…) Ahora muchos niños cuando son bebés, los colocan en una cama, les ponen música, o una serie de televisión, y los dejan ahí. Quizás esa formación la están haciendo otros, y esos intereses no están ligados al territorio ni a un proyecto de vida (…) También son núcleos [familiares] jóvenes o de mamás solteras con muchas deficiencias económicas. La primera información que le llega al bebé es la preocupación de dónde voy a sacar plata”, plantea Amanda Martínez, una joven de 27 años que quiere enraizarse en su tierra, y, a diferencia de la nueva generación de niños y jóvenes, su cordón umbilical siempre estuvo conectado al territorio.

El cambio cosechado por Las Gaviotas es drástico y notorio. Las lorenceñas labran su proyecto de vida, participan en la toma de decisiones y en su posterior ejecución, se organizan, transforman plantas y venden productos, compran sus propios vestidos y elementos de aseo personal. Si las agreden, denuncian al agresor, o se van de la casa, pero persiste la violencia machista, especialmente “la económica y psicológica (…) que no es tan escandalosa pero que incluso genera más problemas que un asesinato –asegura Amanda, quien integra las gaviotas desde los 14 años, ahora hace parte de la conducción política, y coordina un proyecto de formación de nuevos liderazgos en el que participan Ana, Rober David y más de 40 jóvenes–. Muchas mujeres no tienen absolutamente nada, están a merced de los papás, del esposo”. El panorama económico empeora al saber que muchos hombres ni siquiera son dueños de la tierra que trabajan, son jornaleros; y los que son dueños, poseen muy poca. “La relación tierra-campesino es muy poca para la cantidad de habitantes. Nariño es un departamento muy ligado al microfundio. Una familia por lo general tiene un cuarto o una hectárea. Los que más tienen, tienen 3 hectáreas. Y esa tierra está titulada a nombre de los hombres, los hijos, los papás, no de las mujeres”.

Amanda entiende y reconoce el contexto, aun así proyecta optimismo. Los jóvenes, dice ella, conservan las ganas de aprender cosas nuevas, “la chispa está, en momentos se activa y se puede lograr mucho. Al norte nunca lo he de ver con minería”.

“Uno sueña muchas cosas –dice Carmen Rosa Córdoba, precursora de Las Gaviotas–, que si nosotros no vivimos, haya personas que lideren estos procesos”, que puedan formar la microempresa de aceites medicinales, y que, al menos, la palabra campesina aparezca en la Constitución.

 

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En las vidas simples hay arte; hacer con guadua lo que otros hacen con hierro y cemento es un arte. Y donde hay arte, hay posibilidad de cambio y armonía.

La televisión y las ecuaciones académicas dicen que debemos operar de otra forma. A mí la de las personas que hablaron aquí es la que me emociona.

Puerto Oculto, Cesar - La carretera de tierra cuarteada por la que me lleva Auden, antes era ciénaga toda. Hace más de 10 años no se movilizan en motos sino en las canoas que ahora el tiempo pudre en los solares de Puerto Oculto.

Éste corregimiento de San Martín, Cesar, que colinda con Puerto Wilches y Rionegro, Santander, fue uno de los principales puertos pesqueros del departamento, si no el más importante. Tal era la abundancia, cuentan los mayores y mayoras, que pescaban más de diez arrobas en dos horas, salían camiones atestados para Bogotá, y aún así tenían que botar parte de lo pescado.

La caravana ambiental por la región de los dos ríos, que inició hoy en Puerto Oculto, es el primer grito de auxilio por los crímenes ambientales que privados y multinacionales cometen con la complicidad de las instituciones estatales.

En el caso de Puerto Oculto y alrededores, terratenientes de las familias Téllez y Navarro, alteraron el curso natural de los ríos que tributan a las ciénagas; levantaron jarillones; invadieron el ecosistema con búfalos capaces de destruir la vida biológica que encuentran a su paso; y poco a poco cercaron y se autodeclararon dueños de lo que no puede tener título de propiedad.

Tales agresiones ambientales son una revictimización para las comunidades que fueron desplazadas a finales de los noventas y principios del siglo por el grupo paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra' de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, cuyos familiares ahora están al frente de la Personería, la Unidad de Víctimas, la Inspectoría y otras dependencias de San Martín.

A pesar de esta campaña privada e institucional de revictimización, los procesos sociales de Puerto Oculto y la región de los dos ríos quieren “salvar lo poquito que queda”.

Las familias de Puerto Escondido han recuperado desde hace 6 años cientos de hectáreas que les fueron usurpadas. Una vez recuperada la tierra, también recuperan la posibilidad de sembrar y ser soberanos alimentarios, económicos y ambientales.

En el sur del Cesar, sur del Santander, sur de Bolívar, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño -la gran región bañada por los ríos Cauca y Magdalena- saben que “el Estado quiere que las clases sociales golpeadas y campesinas dependan de que el Estado garanticen unos derechos mínimos. “Antes no había plata debajo de la almohada pero había mucha comida; nunca nos enseñaron que eso era riqueza”, afirma Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, quien organiza la caravana y está integrada por más de 40 procesos.

Teófilo Acuña líder del Coordinador Nacional Agrario y de la Comisión, plantea que el propósito de estos delitos ambientales “no es abrirle paso al monocultivo de palma de aceite, ni a la cría de búfalo; es sacar a los campesinos para poner en marcha la explotación petrolera por medio del fracking”, cuyos pilotos se harán en San Martín y Puerto Wilches.

La caravana termina el domingo 18 pero la defensa del territorio parece no acabar. Y mientras haya tierra en las manos equivocadas, habrán campesinos empecinados en labrar otro destino.

Friday, 19 March 2021 00:00

50 años de una lucha milenaria

El himno del Consejo Regional Indígena del Cauca es una tonada bailable. Una consigna, una ley de origen musicalizada. “Pa' delante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir […] compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán”, dicen un par de estrofas. El himno del CRIC no habla del CRIC, exalta y honra a la Guardia Indígena, la que según el mayor Pablo Tatay es “un baluarte para tratar de salvar la vida”.

La Guardia supervisa quien sale y quien entra al evento. Hace ronda y revisa que estén durmiendo a la hora indicada. Diseña y levanta los cambuches. Transporta madera, tanques y víveres. Reprende cuando se sobrecostea un producto, se vende algo que no es “propio”, se fuma marihuana, o se defeca donde no está permitido. Evita que suban a la tarima más personas de la cuenta. Mete en la jaula al comunero indisciplinado y desobediente, y juetea al soldado o policía que se infiltra en la reunión o la celebración. Los guardias son los primeros que se levantan y los últimos que se acuestan.
Hace 50 años los llamaban vigías. Eran quienes subían a la parte más alta de la montaña, y con el cacho alertaban a los recuperadores de tierra cuando se acercaba la policía o 'los pájaros', los mercenarios políticos del partido Conservador en aquella época. Descalzos y con azada en mano, decenas de indígenas invadieron las tierras que usufructuaban los gamonales del departamento hasta hacerlas suyas nuevamente. Por cada hectárea recuperada, recuperaban un metro de dignidad. También sembraron alimento y se emanciparon del terraje, un impuesto colonial que obligaba al indio a cambiar su trabajo por el derecho a vivir, comer, y trabajar una parcela.

De esas primeras azadas brotó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las muchas organizaciones sociales que florecieron en el siglo XX, pero una de las pocas que sobrevivió a la despiadada guerra colombiana. El 24 de febrero de 1971 fue su bautizó formal en La Susana, resguardo Tacueyó, municipio de Toribio; pero el origen, proclama el CRIC, es más antiguo y profundo.

En la raíz del árbol genealógico sobresale La Cacica Gaitana, la primera prócer del movimiento indígena del Cauca. En 1583, la Gaitana y el Cacique Pigoanza juntaron 20.000 indígenas paeces, pijaos y yalcones para enfrentar la sangrienta campaña colonizadora. Antes de que los colonos españoles asaltaran el departamento en el siglo XVI, se calcula que en la provincia de Popayán –hoy ciudad capital del Cauca– vivían 60.000 indígenas de 24 pueblos. De Popayán a Ibagué, es decir, por toda la cordillera central, los alzamientos indígenas continuaron hasta casi un siglo después. El armamento de los conquistadores inclinaría la balanza a su favor.

En la memoria del indio caucano también ocupa un lugar especial Manuel Quintín Lame. En las primeras décadas de 1800, el país gritó independencia y expidió leyes que en teoría favorecían a los pueblos indígenas, pero que en la práctica entregaron a terratenientes criollos las tierras despojadas por los españoles. Quintín Lame se opuso al terraje, consolidó los cabildos indígenas como centro de autoridad y base de la organización indígena, y participó de la rebelión que les arrebató la tierra a los gamonales. “Porque yo me opuse a obedecer a lo injusto, a lo inocuo, a lo absurdo; pues yo miré como cosa santa y heroica el no acatar a la injusticia y la inequidad, aun cuando llevase la firma del más temible juez colombiano […] Llegará ese día en que la legislación indígena será encaminada rápidamente a formar su tribunal y destruirá la envidia y el error que ejecutaron a sabiendas y con conocimiento de causa los señores aristocráticos, que sin justicia y sin caridad nos han hecho desterrar por medio de leyes subversivas”, predicaba Manuel. Él y la Gaitana son responsables de que hoy en el Cauca la desobediencia no sea considerada un delito.

 

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“El Ejército recibe órdenes, la Policía recibe órdenes, nosotros no recibimos órdenes, respondemos a un favor […] cuando yo grito no quiero que escuchen mis órdenes, quiero que escuchen mi voz”, me dijo Vicente, una voz de autoridad al interior de la Guardia Indígena del resguardo Pueblo Nuevo, que hace parte del territorio ancestral Sa´th Tama Kiwe –ubicado en Caldono– donde se realizó la conmemoración de los 50 años de vida del CRIC.

Una vez constituido el CRIC, esas alarmas humanas de la recuperación de tierras llamadas vigías, pasaron a ser guardias cívicas encargadas de ejercer control en las fiestas, las asambleas y las mingas. Portaban un brazalete verde y rojo en el brazo que simbolizaba la riqueza natural del territorio y los mártires del pueblo indígena. A partir de los noventa, la Guardia adquirió su actual nombre y su carácter político y reivindicativo. Hasta hace unos años, me contó Andrés, a los comuneros les daba pereza y vergüenza ponerse el chaleco de la guardia. Hoy es símbolo nacional de autodeterminación y un orgullo para el indígena caucano.

“Hay un lema en el movimiento: se dice que todos somos Guardias desde que nacemos. Como se inculca desde muy pequeño el cuidado por el territorio, uno podría decir que pertenece a la guardia desde que está en el vientre de la madre”, me explicó Andrés Ascue, otro joven guardia del Resguardo Pueblo Nuevo. La Guardia está integrada por miles de ancianos, niños, jóvenes, hombres y mujeres. Lucen chalecos negros, verdes o azules. Algunos usan gorra, otros boina negra. Hay quienes llevan terciada una mochila del Atlético Nacional o mochilas con figuras geométricas de colores tierreros. Casi todos tienen tres extremidades superiores porque en la cintura o en el pecho siempre llevan su machete.

La Guardia es un símbolo hecho de muchos otros símbolos, Robert Molina, poblador del resguardo Kokonuko y coordinador de la Guardia, me contó que: “Nuestras autoridades espirituales nos dan un bastón de autoridad. Un bastón que representa la orientación, el direccionamiento político de nuestra comunidad para poder pervivir y autoprotegernos nosotros mismos. El bastón de la Guardia indígena es diferente al de nuestras autoridades. El de nosotros es de chonta o de madera, pero sin anillos. Los bastones siempre llevan la cinta roja y verde, las cintas de otros colores representan la cosmovisión de cada pueblo”.

La formación de los guardias comienza en la escuela, sin embargo, no hay una edad, ni unas aptitudes físicas o psíquicas establecidas para hacer parte de ella, la consciencia y la voluntad son los únicos requisitos: “La guardia es un espacio de encuentro de pensamientos afines al interés por cuidar el territorio –me explicó Andrés–. No hay una estructura que diga que tienes que ser de esta manera para ser guardia, lo importante es tener claro que el territorio se debe defender y se debe cuidar a como dé lugar”.

Así como la Guardia ganó reconocimiento dentro y fuera del Cauca con el pasar de los años, los colombianos tienen percepciones erradas de ella. El joven Andrés y el experimentado Robert dejan claro, antes que nada, que la Guardia no fue concebida como un grupo de choque, que no apoyan a grupos de derecha ni tampoco de izquierda, que no son los “tirapiedras” que bloquean la vía Panamericana y que la confrontación es la “última medida que se toma”. También admiten que donde hay más de dos es natural que existan diferencias. La Guardia –como el CRIC– es “una familia extensa” conformada por 10 pueblos indígenas y 126 cabildos, por tanto no está exenta de tensiones. “Son procesos políticos, y en la política siempre va haber una tensión –me confesó Andrés–. Esa tensión es la que en este proceso se debe ir solucionando. Obviamente hay rivalidades, es el carácter del ser humano que siempre va estar ahí. Esa es una de las visiones erradas, pensar que los indígenas viven abrazados como hermanitos; no, porque también somos personas y también hay intereses”.

Quien entra a la Guardia, lo hace consciente de que eso le pude costar la vida; pues al fin y al cabo vivir en el Cauca es un oficio de alto riesgo. En 2020 Indepaz documentó 91 masacres en todo el país, 14 de ellas cometidas en el departamento. A pesar de las cifras, la boca de Edith Ester Ulchur, quien desde hace 20 años es Guardia del territorio ancestral Ampiule, ubicado en Silvia, nunca ha pronunciado la palabra miedo: “No hay temor. Uno cuando se mete a esto, va decidido. Nosotros hemos dicho que hay que dar la vida por nuestro territorio, por nuestros compañeros, por nuestros hijos”.

 

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El CRIC resume su designio político y su horizonte de vida en cuatro máximas complementarias: unidad, tierra, cultura y autonomía. Rosalba Pai, indígena Awa y gobernadora del resguardo La Brava, ubicado en Tumaco, me lo tradujo así: “La política del mundo occidental es dura porque es una política que juega con la vida de los demás, y también un engaño. Los indígenas no nos podemos confundir. Yo entiendo política occidental, pero no la aplico a mi comunidad porque yo sé que mi gente se va confundir. La política cultural indígena es algo sagrado, y la política occidental es del cogollo pa´ arriba. La de nosotros es desde la raíz, desde las aguas que corren, los peces, las plantas, desde abajo vamos subiendo y nos fortalecemos”.

Los 50 años del CRIC –y toda la sangre que ha costado– no han sido en vano. No está terminado, pero en el Cauca avanza firme la movilización de la conciencia y la construcción de un Estado nación dentro del Estado colombiano. Los indios que no tenían tierra, ni derechos, solo un azadón y la dignidad mancillada, hoy tienen universidad propia, Instituciones Prestadoras de Salud propias, un sistema de gobierno y de justicia propio, mecanismos de protección propios, resguardos legalmente constituidos, cerveza, café, arroz, ungüentos, vino, tejidos, cantos, ritos, lenguas, todo propio.

Cuando el indígena caucano no tenía nada, comprendió que lo tenía todo: su espiritualidad y su saber ancestral. Sabiduría que no encuentra –ni necesita- justificación de la razón ni de la ciencia porque es aprendida en el vientre de la madre tierra, “la gran pedagoga”. “Yo no estudié sino hasta cuarto de primaria, la universidad que tengo es el caminar […] En el tiempo de antes la escuela eran las tres Tulpas donde se sentaban los abuelos y los mayores a enseñarles a sus nietos y tataranietos”, me dijo Marcial, autoridad mayor del resguardo ancestral Caquiona, ubicado en la bota caucana, zona fronteriza que separa al Cauca del Putumayo. “Después de muchos viajes, me di cuenta que el conocimiento está en el solar de la casa”, dijo más tarde en su ponencia el líder Alcibíades Escue en los 50 años del CRIC.

50 años son motivo de festejo, y oportuno momento de introspección. “Nuestros mayores nos dejaron tierra, ¿nosotros qué vamos a dejar?”, preguntaba un mayor en la conmemoración. En Sa´th Tama Kiwe hubo danza, chirrincho, mucha tambora. También preguntas incómodas y necesarias que la familia extensa del CRIC debe atender si quiere seguir tejiendo unidad y gozar de la misma vitalidad dentro de 50 años. Respecto al problema de los cultivos de uso ilícito no existe consenso, ni alternativa clara. Las sustancias psicoactivas y la cultural del consumo entorpecen el relevo generacional y contaminan el legado de los mayores. La dirigencia que capitanea el barco presenta síntomas de burocratización y verticalidad; dirigencia que antes se formaba en la Tulpa al regazo de los mayores, y que hoy se forma en la Universidad del Cauca o la Universidad del Valle. La manutención económica todavía depende, en gran medida, de recursos estatales. Son reiterativas las situaciones en las que los comuneros incurren en comportamientos machistas, especialmente cuando se toman unos chirrinchos de más. También hay integrantes de la familia que se sienten injustamente menospreciados.

Son 50 años de un camino milenario. El fin es tan profundo como su origen. En el Cauca no se conforman con otra hectárea de tierra, una ley, o la sentencia de un juez, juran luchar “hasta que se apague el sol”. No es ambición, es justicia propia. “Los psicólogos dirán que estamos locos, pero los cuerdos están acabando con el planeta”, me dijo Vicente. Son los movimientos sociales como el CRIC y las personas que los componen, quienes determinan una época, aunque no podamos entenderlo ni percibirlo. El indio, con justa razón, aún siente desconfianza del autodenominado “blanco” y en cuestión de segundos levanta una muralla con su lengua, cientos de siglos después perdura la “malicia indígena”. Pero al final se impondrá su generosidad y su nobleza con la que arroparan en su casa a la humanidad entera.

La historia de los pueblos indígenas del Cauca tiene forma de espiral violenta. La hostilidad se volvió habitual, “casi natural”. En la época de la conquista los obligaron a maldecirse por ser indígenas. A Marcos Avirama lo encarcelaron en 1979, y al resto de la dirigencia del CRIC los señalaron de hacer parte del M19. Hace unos años paralizaron la vía panamericana durante un mes y el Ejercitó echó veneno en el tanque de agua que los abastecía. La Policía y el Ejército fueron cómplices de la masacre de 21 indígenas Nasa en Caloto, en 1991. Esas y otras tantas modalidades de violencia mataron el miedo del indio que hoy muestra con honor el cráter que dejó en la frente una recalzada disparada por el Esmad. En el Cauca el “maíz nace fecundo” porque –como me dijo Vicente– “jamás nos podemos arrodillar ante nadie, es la disciplina ancestral y biológica de nosotros”.

Wednesday, 24 February 2021 00:00

15 años, 8 meses, y 25 días de impunidad

160 millones de pesos nos ofreció el Estado por el asesinato de Nicolás. En la marcha del primero de mayo de 2005 en Bogotá, el policía del Esmad Néstor Rodríguez Rúa disparó su escopeta truflay y la bala de gas lacrimógeno impactó en su cabeza; cuando cayó tendido, le llovieron más golpes de otros policías. Nicolás estuvo internado en la clínica hasta el 6 de mayo. Le habían cuarteado la cabeza: la fractura que encontró Medicina Legal medía 26 centímetros, comenzaba en la cien y terminaba en la nuca.

Estaba en la marcha porque es su derecho constitucional. Él hacía parte de un grupo animalista que estaba en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos, y los zoológicos.

Muchas veces pensé en tirar la toalla. Decir, apague y vámonos que ya no me interesa nada de esto. Fueron años duros, dolorosos, tristes, agónicos. Un asesinato se puede subsanar fácilmente con pedir perdón, reconocer que se equivocaron y judicializar a los policías. Pero deciden tapar, y quien se atreve a destapar la verdad sufre el calvario que me tocó vivir a mí.

Podría escribir un libro gordo sobre lo impune y oprobioso que es el Estado colombiano, empezando por todo el aparato criminal de la Policía Nacional. Siempre el culpable fue Nicolás. En las ruedas de prensa dijeron que el joven se cayó de un camión, después afirmaron que fue pelea de punkeros, luego que se había resbalado y se pegó contra el andén. El alcalde de turno, Luis Garzón, un alcalde supuestamente de izquierda, se negó a hablar del hecho y fue cómplice con su silencio. El secretario de gobierno, Juan Manuel Ospina, que luego integró la junta directiva de los despojadores y paramilitares de Fedegan, siempre me tildó a mí de guerrillero, de terrorista. El único que se comportó con decencia fue el secretario de convivencia y seguridad ciudadana. Me apoyo hasta donde pudo, y tal vez por esa presión se retiró del Estado. Ni qué decir de las élites políticas a las que pertenece la famosa señora Gilma Jiménez, quien siempre se autoproclamó defensora de los niños, pero en una sesión del Concejo de Bogotá, cuando se estaba haciendo una moción de censura a la Policía, dijo que a quien deberían juzgar era a mí, Yuri Enrique Neira, padre de Nicolás Neira, por dejar ir a su hijo a la marcha y estar diciendo lo que estaba diciendo.

El famoso director de la comunidad del anillo, Rodolfo 'Anillo' Palomino, hizo todo lo posible por desprestigiar mi causa y mi lucha colocándole todos los palos a la rueda judicial. Cuando sabía que teníamos que citar a un policía a indagatoria, si el policía estaba en el CAI de Laureles, inmediatamente lo trasladaba. Cuando llegaba la citación, decían que no estaba ahí y tocaba cambiar la notificación. Cuando nos enterábamos del sitio donde estaba, ya habían pasado tres meses. Todo eso fue directriz del exdirector de la policía Rodolfo Palomino.

Se supone que la Fiscalía trabaja para hacer cumplir los derechos de las víctimas, pero siempre fue un auxiliador de los victimarios. El fiscal Luis Ernesto Orduz, que era la joya de la corona en derechos humanos según la directora de fiscalías Marlem Barbosa, se reunió a puerta cerrada con los victimarios, se perdió parte del expediente en esa reunión, hicieron preacuerdos, y en la audiencia se les olvidaba la documentación. En junio del 2019, a cambio de que le rebajaran la pena, Néstor Rodríguez Rúa llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su delito. La trampa fue avalada por un juez, pero interpusimos una tutela con la que logramos que la Corte Suprema de Justicia invalidara ese preacuerdo.

También gané una tutela, no recuerdo si a la Fiscalía o a un juez, y ha sido la primera vez que una magistrada de un tribunal saca un fallo, pasa el tiempo establecido sin cumplirse el fallo, y luego la magistrada saca otro fallo diciendo que ya no tenía derecho a la tutela. Esto es único en la historia del derecho en el mundo, me decía mi abogado.

Gracias a las demandas y tutelas, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación entre 2016 y 2019, tuvo que hablar conmigo. Yo ya estaba viviendo en España y un día me llamó: «Señor Neira, mi secretario particular me dijo que tenía que llamarlo». ¿Y no le dijo nada más?, no sé entonces para qué me llama si no sabe nada más, le respondí. «Pero debe ser algo sobre un caso», dijo. Sí, de mi hijo, mi hijo se llama Pedro, le dije que había aparecido ahorcado, le dije un montón de mentiras. «Ah, ya recuerdo cuál es el caso de Pedro, el martes me reúno con su abogado», me dijo el fiscal. Él no tenía ni puta idea de lo que tenía que hablar conmigo.

La Procuraduría no se salva. En la época de Alejandro Ordóñez salió un fallo que responsabilizaba a los policías y los suspendía del cargo por 10 años. Como buen tirano, Ordoñez dijo que la revisión del fallo solo la podría hacer él. La revisó y de tres plumazos borró todo; que todo era mentira y que no podía sancionar ni retirar a los policías. Fuimos atacados desde todos los ángulos. Siempre pusieron en tela de juicio lo nuestro. Hice el listado, y por el expediente habían pasado 67 investigadores del CTI de la Fiscalía. La verdad estaba ahí hace 15 años, lo sabía la Policía, lo sabían los jueces, lo sabían todos los fiscales que pasaron por el caso. 15 años, 8 meses y 25 días después llegamos a buen puerto. El 25 de enero una juez anunció que en marzo de este año condenará por homicidio a Néstor Rodríguez Rúa.

Si pudiera hablar con él le diría muchas cosas. Sé que no tiene hijos, y entiendo la razón por la cual no tiene hijos, porque le gusta asesinar a los jóvenes. Y no le preguntaría a él, le preguntaría a la mamá, qué piensa al tener un hijo asesino, y asesino de niños. Y le preguntaría a la familia que lo ha protegido, y a los oficiales que lo han cubierto y lo mantuvieron en las calles armado y de civil, porque era el escolta de un político. Les preguntaría qué se siente tener un asesino al lado y encubrirlo; por qué lo hacen.

Me gustaría saber qué tanto gusto le sacó al asesinato de Nicolás, porque él tiene el gen asesino, sus compañeros dicen que cuando se montaron al bus para retirarse de la marcha, con cara negra y riendo les dijo: «¿si vieron cómo volé a este chino hijueputa?» Muestra de su facilidad para asesinar y no tener remordimiento. Ahora que va ser condenado si está rogando y alegando que vela por su mamá y tres sobrinas. Me imagino que también dará el diezmo y pasará las viejitas en la calle, no sé qué más cosas hará. Ahora sí es buena gente. Quiero que se ría diciéndole a su madre que le toca pagar tantos años de cárcel porque mató a un niño, y lo hizo con gusto.

A veces la sed de justicia se transforma en sed de venganza. Yo empecé desde ese lado. Empecé con ira e intenso dolor. Quería acabar todo lo que fuera Policía Nacional. Lo he dicho públicamente: quería matarlos a todos, acabar con todos, quería inmolarme. Afortunadamente encontré seres maravillosos de una organización que antes se llamaba Tierra de Hombres, y ahora se llaman Centro de Atención Psicosocial; trabajan con las víctimas de crímenes de Estado o de violencia estatal. Gente muy preparada. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales que no me lavaron el cerebro, sencillamente me hicieron caer en razón, que yo mismo entendiera que una cosa es justicia y otra venganza. A ellos les debo muchísimo y siempre les pido perdón por todo lo que sufrieron conmigo. No fue fácil, la ira y la sed de venganza no me dejaban respetar ni acatar nada de nadie. Este proceso ya va por otro lado. Lo hemos hecho de la forma legal: en tribunales, con jueces, con abogados, con pruebas, con testimonios, tal vez por eso nos hemos demorado tanto.

El caso de Nicolás ha tenido tanta repercusión nacional e internacional porque ha logrado doblar la recta de la impunidad hacia el camino de la ley. Es la primera vez en la historia que un hombre del Esmad va a ser condenado por homicidio. Esta condena no es un punto final, es una puerta que se abre para desmontar esa maquinaria de muerte que ha asesinado a 33 personas desde su creación hace 22 años.

Los dueños del Estado necesitan gatilleros para mantener un Estado oprobioso, terrorista y ladrón, porque cómo hacen para robarse las tierras si no es con el servicio de paramilitares ayudados por policías y militares. Los policías tienen prebendas por su servicio, tienen caja de compensación, tienen auxilios de vivienda, auxilios para estudios, tienen vacaciones. Y en un país con tanta desigualdad y desempleo, la Policía es una de las pocas instituciones que da empleo con todas las garantías necesarias. Además, los cubren para hacer lo que quieran. No es el gatillero de las barriadas, es el estudiante que un día aprendió química, física, los colores de la bandera, y se la cambiaron por una 9 milímetros, un uniforme, una patente de corte, y la orden de hacer lo que quiera porque ellos están ahí para protegerlos siempre. La Policía debería ser una entidad a cargo del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Tampoco debería portar todo ese armamento, solamente determinados oficiales deberían portar armas; ese armamento les da la potestad de ser abusivos, torturadores, ilegales y asesinos. La Policía debería estar integrada por personal profesional y que ingrese por la voluntad propia de servir, no porque los bachilleres no encuentren nada más que hacer, y encuentren en la Policía un nido de impunidad para mamar de la teta del Estado y desahogar sus más bajos instintos. Se tiene que hacer un borrón. Ingresar nueva gente y judicializar a todos los oficiales que han estado al mando de la Policía, así sean mandos medios, ellos son los responsables. En responsabilidad civil le enseñan a uno que el papá debe responder por los actos de sus hijos, como el profesor por sus alumnos y el patrón por sus empleados; ellos fueron los que dieron las órdenes, los que encubren, los que educan en el arte de torturar y asesinar. Hay una sistematicidad en el comportamiento delictivo. ¿Qué es lo que están enseñando en las escuelas de Policía? Les enseñan lo mismo a los de Bogotá, a los de Barranquilla, a los de Medellín y a los de Cali. Deben ser judicializados antes de ser retirados, y deben pagar de su bolsillo todo lo que se ha indemnizado a las víctimas porque ellos se lucraron de todos los hechos.

Los asesinatos por parte del Estado no paran, y mientras siga siendo así, yo seguiré con mis denuncias. Yo también temo, pero sigo adelante, me cubre un poco que estoy fuera del país. Ahora está fresco el hecho de los jóvenes asesinados el 9 de septiembre en Bogotá. El caso de Dylan Cruz que lo devolvieron a la justicia penal militar hay que sacarlo de ahí. El de Nicolás es un antecedente judicial para decir que el caso de Dylan no puede estar ahí, porque claramente están indicando que el asesinar hace parte del servicio y es parte de la función de un policía. De cada 1.000 casos que van a la justicia penal militar, solamente terminan condenados dos.

A la gente le digo que callar no es la solución, el callar nos hace víctimas. Si el día de mañana estos individuos que uno pudo denunciar le hacen algo a otra persona, termina uno siendo cómplice de estos hechos. Desde que mataron a Nicolás nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que han aumentado la impunidad, el número de víctimas y la brutalidad policial sobre la juventud. En 1993, un policía violó y mató a Sandra Catalina Vásquez, una niña de 9 años, en una Estación de Policía ubicada en el centro de Bogotá. Todos los días vemos como la policía golpea brutalmente a las personas sencillamente por hacerles una reclamación en ley. Vimos casi en vivo y en directo el asesinato de Dylan Cruz. Vimos en vivo y en directo como la Policía el 9 de septiembre desenfundaba armas y disparaba despiadadamente contra la multitud. Un solo policía hizo más de 40 disparos. No sé si haya una pistola que tengo 40 disparos. Tuvo que recargar más de una vez, y para recargar más de una vez, ha tenido que respirar más de una vez. Una cosa es ira e intenso dolor, pero esto es sevicia, esto es gusto, matar por matar, tienen el poder de matar a otro hombre por tener un uniforme.

Tuesday, 17 November 2020 00:00

La lección Nasa

El punto
Papita no le pone silla ni freno al caballo. Solo le hace unos nudos en la trompa, pone un tapete o una cobija, y a cabalgar. Los maldadosos de Papita y Stiven dejaban que me les adelantara para fustigar a la talladora yegua. Gozaban viéndome sufrir cuando ´Manchita´ aumentaba el galope. Los adultos son igual de maldadosos y burleteros.

Papita es uno de los niños de la flora y fauna humana del punto 9 de la Liberación. Antes de “liberar”, los indígenas Nasa del Cauca “recuperan”: entran a fincas que pertenecen a Incauca u otros ingenios azucareros, queman la caña de azúcar, ocupan esa tierra que estaba sembrada de caña, siembran comida y soportan –una, dos, tres, cinco, quince, quién sabe dios cuántas veces– las embestidas del Esmad, el Ejército y la Fuerza Pública. Los Nasa argumentan que ancestralmente eso era suyo y fue quitado a sangre y fuego; y que para ellos vivir –trabajar y hacerse a lo suyo, a lo propio– necesitan tierra –y que hay algunos que tienen más tierra de la que necesitan o pueden subutilizar. Vista Hermosa, el punto 9 de la Liberación de la Madre Tierra es un punto liberado desde hace cuatro años: la comunidad vive en la tierra que trabaja –aunque cada tanto la Fuerza Pública intenta sacarlos de ahí: arrestados, heridos, muertos, a las buenas, a los tiros… como sea, pero que se larguen de ahí.

Este fin de semana están celebrando 4 años de haber liberado el punto. A metros de la carretera, varios jóvenes y adultos están montando una carpa en la parte más plana de la colina que nos separa de la cocina. La discoteca artesanal es tan grande como las carpas que arman en la Feria de Las Flores de Medellín, la Feria de Cali, o el Carnaval de Barranquilla. Y la cocina: un plástico en forma de v invertida, sostenido sobre 16 guaduas, que cubre un amplio rectángulo de tierra pura y dura; ahí se cocina, se sirve, se comparte y se come. Hoy, en la carpa, hay bingo y baile. Mañana, cuando empiece a morir la tarde, todo el que quiera –sea del punto o no– puede acercase a la cocina por una generosa porción de carne, arroz, papa, y yuca empacada en una bolsa plástica transparente, en la noche show de streaptease, más baile y más chirrincho –el aguardiente artesanal de los Nasa. El domingo, desenguayabe con más tecnocumbia, y más aguardiente caucano.

El punto 9 está ubicado en Caloto, al borde de la carretera que comunica al municipio con Corinto y Miranda. Cerca de la cocina hay varios cambuches, camastros prácticos e improvisados hechos con madera, plástico, y colchonetas. También piscos, gallinas, patos, plataneras, la cancha de fútbol con su evidente desnivel, yucales, frutales y más pancoger. Desde la carretera se puede ver la contaminación lumínica que expele Cali en las noches; las monumentales columnas de humo que escupe algún ingenio; y los potreros inabarcables que antes eran un mar de caña. Al otro lado de la carretera está la formación montañosa, cuyo misterio boscoso permanece majestuoso e impecable. Los Nasa y la gente del punto la usan de retaguardia: a veces corren hacia ella cuando los hostiga el Esmad, como la conocen, la usan para defenderse de una violencia dispar. Aquí la llaman Resguardo. También la conservan, procuran no intervenirla, no alterarla. En la montaña están las disidencias de las FARC, el actor armado, la desarmonía territorial. Al visitante le recomiendan no subirla sin la compañía de la comunidad. La montaña engulle. Algunos la han subido –al rato se oye un disparo– y nunca más vuelven a bajar. En el Resguardo también hay barrios de ladera como los de las ciudades centroandinas, manchas de luz que en realidad son cultivos hidropónicos de marihuana. Este es el norte del Cauca. El valle del departamento, la zona inundada de caña, la más plana y cercana a Cali. Al occidente está la costa caucana, el Pacífico, el embarcadero de la droga y lo “ilegal”. Detrás de la montaña, ósea más kilómetros hacia el sur, está el Macizo, el tejido montañoso, el campesinado.

Hasta 2016, a cinco años de haber empezado a liberar a Uma Kiwe, los Nasa habían logrado cortar 3.500 hectáreas de caña. En total son 13 puntos repartidos en Caloto, Corinto y Guachené. Más de 300 veces la fuerza pública ha fracasado en sus intentos de desalojo. La Liberación cuenta más de 600 personas heridas y más de 10 muertos por los ataques de las fuerzas estatales. Todos los puntos han sido igual de agredidos, pero unos están más liberados que otros, cada uno tiene su ritmo, sus avances, y sus dinámicas particulares. “La Liberación de la Madre Tierra no es un nido dentro del Estado ni dentro del capitalismo. Liberamos la Tierra del capitalismo, nos liberamos nosotros mismos, para volver al tiempo en el que simplemente gozamos la vida comiendo, bebiendo, danzando, tejiendo, ofrendando al ritmo de Uma Kiwe. Somos un nido en el camino de la Madre Tierra, –eso dice de sí mismo el Proceso de la Liberación de Uma Kiwe, que significa Madre Tierra en lengua Nasayuwe–. Sí, señores y señoras: En las fincas en proceso de liberación, hemos fundado aldeas con cocina, letrinas en tierra, charcos para nadar, sede para reuniones, tulpas para nuestras ceremonias sagradas y varias chozas alrededor. Las aldeas de la Liberación han sido sede de reuniones, de juego, de encuentros de capacitación, de mingas artísticas, de llegada de visitantes de muchos lugares de Colombia y del mundo que no quieren ver desde la barrera cómo David encara a Goliat”.

–¿Cuántas hectáreas más quieren liberar? –le pregunté a Don A., el moreno de unos cuarenta años que está al frente de la organización y materialización del festejo del punto 9, el líder comunitario que busca el bosque cuando está triste o discute con alguien.
–Hasta que lleguemos a Tuluá –me respondió muy consciente de los casi 90 kilómetros que separan Tuluá de Cali.

Las más de 200 hectáreas liberadas en el punto 9 no son de nadie. Son de todos, de la comunidad. Todos las trabajan. Todos las protegen. Todos cumplen un rol. El dolor, el trauma, las heridas, los sueños, el cuidado, la(s) responsabilidad(es), el descanso, el goce, las conquistas, también son de todos y todas. Ese es el superpoder del sujeto colectivo Nasa.

K. me cuenta que la disputa ilegal y armada por el control del territorio, y por el control del narcotráfico, está al rojo vivo. A S., la primera vez que vino, le recomendaron no salir a la carretera después de las 6 de la tarde. El punto y la Liberación están, inevitablemente, en medio del fuego. Los niños saben, y te dicen, cuáles son las lujosas camionetas en las que patrullan “los armados”; saben cómo visten y cómo suenan las bombas que dispara el Esmad.

El simbolismo, el trasfondo reivindicativo, la telaraña humana, y el regazo de Uma Kiwe no bastan para contrarrestar la patología armada. Las Disidencias son bandolas de jóvenes indígenas –campesinos, citadinos, afros– que cuando no son reclutados, caen en la tentación de las armas, esas lámparas mágicas que te cumplen cualquier deseo a cambio de matar o empeñar el alma. La segunda noche, a S. lo abordó un joven campanero de las disidencias de menos de 18 años que calzaba unas botas costosas y llevaba una colorida ruana terciada. Le preguntó quiénes éramos, qué hacíamos, y a qué habíamos ido. S. respondió sus preguntas y le propuso ir a la montaña para hacer un trabajo fotográfico y periodístico con ellos. “Nosotros no podemos salir en medios”, le dijo el muchacho.

El domingo en horas de la tarde, un grupúsculo de disidentes tomaba Águila Cero y se pasaba sus revólveres en la mesa de al lado. Fueron los únicos que entraron las motos a la carpa, como si estar armados no les bastara para decir “mírennos, aquí estamos, somos nosotros”. Que no nos preocupáramos, “mientras ustedes estén con nosotros, no les va pasar nada”, nos había dicho Don A. y otras personas de la comunidad. Al parecer los muchachos disidentes –o su grupo– estaban buscando a otro muchacho que asesinaron más tarde en una cantina cercana. La siguiente noche, en redondo, volvimos a hablar con el campanero, con el que averigua, mira, pregunta, y comunica hasta que la información llegue al que, probablemente, le da las ordenes a él. No encontramos rastros ideológicos en su credo armado. La codicia, el afán del dinero y de poder amedrentar a la muchacha que no se quiere acostar conmigo, el pelado que me ganó el chico de billar, el que no me quiere pagar la vacuna o no me está vendiendo la marihuana o la hoja de coca a mí, son el germen que mantiene viva la desarmonía armada. Donde hay coca, y tanta marihuana, hay armas. Y donde hay armas…

En el Cauca casi a diario hay uno –dos, seis, muchos– homicidios. K. también me había explicado que “los armados” respetan el proceso de la Liberación. Por lo general, los muertos son hombres –en su mayoría jóvenes– que pertenecen a algún grupo, que empiezan a “trabajar” con uno y luego se enfilan en otro, que burlan las reglas del “negocio”, o personas –sean indígenas liberadores o no– que incomodan más de la cuenta.

La coca –y en menor medida la marihuana– es medicina ancestral, también codicia vitamínica. Sin rodeos don A. acepta que muchos de ellos plantan y cosechan coca y marihuana. Hay enseres y alimentos que la generosidad de la tierra no puede suministrar. No hay más alternativa –viable y real– de subsistencia en condiciones dignas. A su pesar, todos aquí –directa o indirectamente– sostienen la pirámide. El problema no es un sarpullido causado por el “olvido estatal”, parece más bien algo planeado por una mente calculadora y siniestra. Si no hay quien coseche y cultive, no hay a quien perseguir y culpar. Si no hay a quien perseguir y a quien culpar, tampoco hay quien procese, transporte, y comercialice la droga –que luego el político, empresario o militar se esnifa o legaliza con un negocio de construcción en Popayán o una campaña para el Senado o la Presidencia de la República. Y si no hay quien procese, transporte y comercialice la droga, no hay a quien armar, ni cómo justificar la publicitada “guerra contra las drogas” que difuminó el límite entre lo militar y lo paramilitar. Es la novela de la guerra vista desde un apartamento en Miami, o en el restaurante del Club el Nogal de Bogotá. Es la guerra y la droga imponiendo su ley, gobernando al gobierno. “La vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal”, a la que hacía referencia el mexicano Sergio González Rodríguez.

Pero el horizonte de los indios y los Nasa es otro. Tampoco retroceden, ni se dejan amedrentar. Si agreden a uno, agreden a todos. Si un militar –o un disidente, o un indio de la comunidad– dispara contra una persona –una gallina o una casa–, la comunidad en masa –hombres y mujeres– emprenden la búsqueda hasta encontrar al agresor. “Necesitamos que su jefe venga acá y hable con nosotros, porque esto no se puede volver a presentar. Y a partir de este momento usted está en un centro de armonización”, así, palabras más palabras menos, sentencian a los soldados que se extralimitan en sus labores militares y que la comunidad luego logra aprehender. Es su territorio, y en su territorio las órdenes las dan ellos. Los Nasa y los indios son de armas tomar. E. me cuenta que hombres y mujeres se plantan frente a los soldados, los miran a los ojos y les dicen: “Peguelo, hijueputa; péguelo”.

El indio Nasa no tiene armas como las del Esmad, las disidencias, los terratenientes, o el Ejército, pero tiene el territorio de su lado, conspirando a su favor. En el encuentro de Liberadores que hace unos años se realizó en el Punto 1, en Corinto, E. cuenta que ese día cocinaron los hombres que estaban purgando sus penas en los centros de armonización, y que ese día los rodeó el pleno de la “malvada”. Policía, Esmad, Ejército, drones, helicópteros. Los mayores y mayoras mambeaban serenos en la Tulpa. Dieron un parte de tranquilidad, se habían comunicado con los espíritus del agua y presagiaron que caería mucha agua. Más tarde “la malvada” fue dispersada por el infernal aguacero. El territorio también es actor. También se manifiesta, opina. También influye.

Los Nasa y el territorio son uno mismo. Se hablan, se escuchan, se cuidan, se necesitan. En el punto escuché poco Nasayuwe, pero los niños nos dijeron que el arcoíris es el espíritu que vive en el lago. El misticismo y la vitalidad del territorio y de los Nasa brotan en el momento y de la forma menos pensada. Si con insistencia la codicia y los dueños del Estado pavimentan la “vía violenta”, soberbia y vil, los Nasa y el Cauca ofrecen su palabra, su saber, su fuerza, su recursividad, su Tulpa, su corazón. Cuando el Esmad y el Ejército logran tomarse el punto, esperan a que “la malvada” queme el pancoger sembrado, boten la comida, y a los días se vayan, para ellos volver a sembrar, ocupar, y armonizar el territorito. A las mayoras y mayores les profesan el respeto y la devoción que merecen las deidades. Y a las vacas que los soldados del ejército matan a balazos, les dicen “mayoras caídas en combate”.

La Minga
Indígenas, campesinos, y afros del suroccidente querían debatir en plaza pública con el presidente Iván Duque. Demostrarle –con cifras, argumentos y el dolor propio– por qué el suyo es un mal gobierno, y por qué la vida en Colombia vuelve a estar en peligro. El presidente y su gobierno inventaron toda clase de mentiras y teorías para rechazar la invitación. La Minga del suroccidente, entonces, le hizo un juicio político al impopular Iván en la Plaza Bolívar de Bogotá. Ese 19 de octubre las vocerías expusieron algunas cifras: hasta ese día, entre 2019 y 2020 se habían cometido 104 masacres: 36 en 2019 y 68 en lo corrido de este año; una semana después asesinaron 5 hombres en los límites de San Benito Abad y San Marcos, municipios de Sucre.

Las organizaciones indígenas, afros, campesinas, estudiantiles, sindicales, y urbanas que participaron en el cierre de la Minga en Bogotá, también denunciaron que desde la firma del Acuerdo de Paz (a finales de 2016), hasta el 19 de octubre de 2020, habían asesinado a 1.039 líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Según Indepaz, de los 251 líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año, 83 fueron asesinados en el Cauca. El año pasado el departamento registró una tasa de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, 12 puntos por arriba del promedio nacional. El suroccidente colombiano acumula 25 de las 71 masacres registradas este año: Cauca (9) + Nariño (9) + Putumayo (4) + Valle del Cauca (3). Los números cada día se actualizan en el mercado colombiano de la muerte, el homicidio en Colombia –en el Cauca y el suroccidente– cotiza al alza.

El año pasado fue lo mismo. Los indígenas se declararon en Minga y bloquearon la Vía Panamericana, la arteria vial que comunica el suroccidente con el resto del país. Duque dijo que no se sentaba a dialogar con los mingueros en el parque de Caloto porque “no habían garantías de seguridad”. El 9 de abril el presidente estuvo en el municipio y propuso una reunión con máximo 200 personas. La Minga dijo que no, con todos o con nadie, y Duque, el soberbio, se devolvió para Bogotá.

Este año Duque tampoco quiso hablar con la Minga en Cali porque estaba infiltrada por terroristas, guerrilleros y francotiradores, y el Ministerio de Defensa no podía garantizar su seguridad; si la Fuerza Pública del Estado no puede garantizar la seguridad del Presidente, ¿entonces la de quién?, se preguntaban en Cali los voceros de la Minga.

El presi-diario de su incompetencia mandó 5 ministros a Cali a negociar con la Minga. Queremos hablar con el dueño del circo, no con los payasos, le respondieron al gobierno. La silla volvió a quedar vacía y el sur volvió a ser víctima del desplante presidencial. Después de acampar tres días en el Coliseo del Pueblo de Cali, esperar al carrotanque para poderse bañar, y soportar el insoportable olor de las baterías sanitarias, los miles de mingueros decidieron ir hasta la casa del “presidente”. Muchas delegaciones, como las del Resguardo de López Adentro de Caloto que nos arropó a nosotros en la Minga, regresaron a sus territorios para recargar fuerzas y comida. Porque la Minga no está financiada con sangre del narcotráfico, la Minga come lo que siembra y cocina en sus propias ollas. No es violenta, ni armada, es colorida, musical, diversa, y se pronuncia en muchas lenguas. No es socialista –como dicen los seniles fabuladores–, porque practica el “gobierno propio”.

Algunos consideramos desafortunada la decisión de peregrinar en chiva por Armenia, Ibagué, Fusagasugá, y Soacha, hasta llegar a Bogotá. El indio, el campesino y el afro encuentran el sentido de la vida en el hacer: trabajar la tierra, participar en la asamblea, formar la cooperativa, liberar, hacer guardia, marchar, o bloquear la vía las veces y los días que sea necesario. Nosotros osamos pensar y sugerir que lo correcto era bloquear: vías de hecho. Pero la Minga y los mayores tenían razón. El indígena no toma decisiones con la cabeza en llamas. Consulta y discute con el pueblo, con los mayores, con los dioses naturales, y toma, casi siempre, la mejor decisión.

Una mayora le dijo a E. que estaba gratamente sorprendida. Ya no les gritaban “guerrilleros hijueputas, váyanse para el monte a dar bala”, sino que la gente cuando veía pasar la chiva los aplaudía y los alentaba. Sin un solo gesto violento, la Minga logró paralizar y embotellar las vías del país por varios días. Sin un solo fusil, sin una sola lacrimógena, solo con su guardia y sus dignas chontas.

La Minga y la estatua derribada de Belalcazar en Popayán provocaron “clásicas pataletas por el honor hispánico mancillado”, como escribió hace unos días Juan Cárdenas. Este es un país de indios, negros, mestizos, y de tristes y rancios “aspirantes a blancos” que se escandalizan porque un indio tiene celular, pantalón, es dueño de la tierra y tiene los recursos suficientes para viajar a Bogotá. Detrás de ese estupor hay miedo de que los indios no sean los que limpian la mesa en el Club el Nogal, que no sean los que venden manillas y piden limosnas en Cartagena; que dejen de ser tratados como
judíos en su propia tierra.

Casi todos los Nasa –y el indígena caucano en general– lleva en el cuerpo la herida de algún perdigón disparado por el Esmad, o el recuerdo vivo del día que asesinaron algunos de sus hermanos. Es cierto que el indio practica otro tipo de justicia, pero no olvida ninguno de sus muertos. El hecho de que no puedan cancelarles la memoria, les da una segunda oportunidad para seguir con vida.

 

*Se omiten los nombres de los protagonistas porque en Colombia la vida está en peligro

De no ser porque las mujeres de los barrios mandaban a sus hijos al comedor comunitario con un papelito que decía “nos amenazaron”, “los paramilitares están en el barrio”, “no se asomen porque las van a matar”, hubieran muerto más integrantes de la Organización Femenina Popular. Sin esas alertas tempranas y esos mecanismos comunitarios de autoprotección, no estaría próxima a cumplir 48 años la organización que, según su la directora, entiende que la lucha de clase y de género “no es una lucha contra los hombres”.

De hecho fueron dos hombres, dos sacerdotes, Floresmiro López y Eduardo Diaz, los que gestaron la OFP en 1972 en la zona nororiental de Barrancabermeja, la capital y puerto petrolero del Magdalena Medio, región compuesta por 30 municipios de cuatro departamentos. “Así como llegaban a barranca camionados de hombres para trabajar en la petrolera, también llegaban camionados de mujeres para ejercer la prostitución. Un mito en ese entonces decía que la prostitución era una forma para que los hombres pudieran estar en la región”, cuenta Yolanda Becerra, directora y cofundadora de la OFP.

Por fortuna, la de Barrancabermeja era una iglesia comprometida con los pobres y con los problemas de la ciudad, una iglesia que bebió de los postulados de la teología de la liberación, que tomaba partido ante las injusticias sociales. A través de la pastoral social la iglesia dedicó su prédica a la formación de católicos y sujetos políticos, a parir e iluminar procesos sociales. Entre ellos uno orientado al autocuidado, la capacitación, la recuperación de la dignidad de la mujer, a la vez protagonista en la construcción de los puestos de salud, en la pavimentación de las calles, en los reclamos por una vivienda digna y servicios públicos de calidad; uno que reivindicaba sus propios derechos, pero también reivindicaba los derechos colectivos.
—Era una iglesia menos institucional. Más de vivencia. Era una iglesia, comprometida en las transformaciones sociales; una iglesia que vivía entre el pueblo 24 horas. Una iglesia que generaba una espiritualidad que iba de la mano con la lectura de las realidades y con las necesidades particulares de cada territorio, del país —sostiene Yolanda.

La OFP, que en sus inicios se llamó clubes de amas de casa, fue madurando y evolucionando su apuesta de feminismo popular bajo la tutela católica. A la par de ese crecimiento, al interior de la diócesis de Barrancabermeja el padre Eduardo Díaz comenzó a plantear que la iglesia no podía formar organizaciones para sí misma, sino que “tenía que construir organizaciones autónomas para la vida”. En ese momento, 1986, la Organización Femenina Popular era una adolescente de 15 años, y Diaz, quien fue señalado como fundador del ELN, debió exiliarse. La dirección de la diócesis cambió, la postura del sacerdote tomó fuerza al interior de la iglesia y de la OFP que decidió materializar su autonomía.
—Esos procesos de autonomía no son fáciles. Son muy importantes, son de grandeza política, pero también traen dolores. Generó sentimientos encontrados. Generó hasta ruptura de amistades.

A pesar de lo doloroso, aunque las llamaran hijas malagradecidas, era una decisión política necesaria. Para Yolanda, no fue solo un proceso entre la OFP y la iglesia, sino que terminó siendo un proceso de la ciudad y de toda la región.
—Lloramos muchas veces. Muchas veces cerrábamos las puertas de la sede principal y decíamos: no somos capaces. Teníamos que seguir respondiendo a un mundo político que a veces no entendíamos. Y que a veces nos exigía más de lo que en el momento podíamos dar.

Era la primera vez que la OFP, sin el amparo de la iglesia, tenía que tomar decisiones y defender sus posturas en escenarios políticos de articulación. Por ejemplo en la coordinadora popular que aglutinaba los sindicatos, los movimientos cívicos y campesinos, las juntas de acción comunal, y toda expresión política y alternativa de la ciudad y la región. En la coordinadora confluían más de 10.000 personas, era allí donde se definían los paros cívicos y se organizaba el 1 de mayo, conmemoración del día del trabajador que en ese entonces, según Yolanda, era “arrollador”.

Definiendo en qué escenarios nacionales participar, con quién construir relaciones políticas, haciendo sus propias lecturas, poco a poco la OFP fue forjando su carácter, y las mujeres que llevaban la batuta, entre ellas Yolanda, se dieron cuenta de que sí eran capaces.

Superado el trauma de la independencia, era prioritario encontrar la manera de generar los recursos que antes suministraba la iglesia. La organización también comprendió que necesitaba replantear sus escenarios y formas de acción. El trabajo que antes hacían en las parroquias, empezaron a desarrollarlo en las casas de la mujer que alquilaron o construyeron en Yondó, Antioquia; San Pablo, Sur de Bolívar; y Barrancabermeja y Sabana de Torres, Santander.
—Nos dimos cuenta que las mujeres necesitamos un referente físico, no solo para la vida privada, sino también para la vida política.

En esas casas dictaban cursos, ofrecían atención jurídica y psicológica, se reunían a pensar sus proyectos productivos, atendían los comedores comunitarios, gestaban un proceso íntimo que luego irrumpiría en lo público. La OFP tejía su base social y al tiempo lograba convocar mujeres que tenían otras ocupaciones o que estaban inmersas en otras dinámicas pero que participaban en el escenario político y público, es decir en las movilizaciones y plantones. También había hombres:
—Desde el comienzo la OFP entiende que es una lucha por los derechos de las mujeres dentro y fuera de la casa. Pero que los cambios y las transformaciones se hacen con ellos. En nuestro trabajo como mujeres hemos tenido hombres aliados muy importantes. No quiero herir susceptibilidades, hay muchos hombres que han sido nuestros compañeros de camino —reitera Yolanda.

En 1998, la OFP tenía 3.500 mujeres afiliadas y muchos hombres aliados, pero llegaron los paramilitares…

***


Esta casa, en la que ahora estoy hablando con Dora Saldarriaga, era un prostíbulo antes de que la arrendaran. Los alrededores eran tierra virgen, tierra en bruto. Esta zona, el nororiente, era la zona roja de Barrancabermeja, aquí quedaban las cantinas, los prostíbulos, lo maligno. Luego la casa fue un salón de belleza, y después un puesto de Policía donde encerraban, por uno o dos días, a los hombres que capturaban en las recuperaciones de tierra. La gente, por las buenas o por las malas, empezó a hacer sus casas en esos baldíos, comenzaba a construir estos barrios mansos. “Eran poquitos los que cogían”, me dice Dora, porque los hombres dejaban a las mujeres cuidando los lotes cuando sabían que se acercaba la policía. “Cuando eso había hacia la mujer mucho respeto. A las mujeres no les hacían nada”.

La casa está pintada de blanco y morado. Aquí, el Sena dicta clases de artesanías, cocina y manipulación de alimentos, y la OFP dicta clases artísticas a más de 100 niñas, niños, y jóvenes. Las puertas se abren los siete días de la semana. Se producen aceites de esencias aromáticas, y están las mesas, sillas y cocinas necesarias para un comedor comunitario. Mientras conversábamos afuera, alrededor de 25 mujeres hablaban sobre el bazarte del 8 de marzo en el salón principal, actividad que realizan bimestralmente, en la que venden sus pollos de engorde, masato, artesanías, aceites, ropa usada, sancocho, carne asada, y todo aquello que hacen.
—Nosotras no queremos ser cola, queremos ser cabeza —me dice Dora, a quien no le gusta la palabra feminismo porque siente que, como el machismo, es una palabra que pasa por encima del otro.

Dora calcula que hace parte de la OFP desde hace 32 años. Quería “superarse”, salir de la rutina cotidiana y del encerramiento de la casa. Se capacitó en unos de los cursos que ofrecía la parroquia, hizo parte de los clubes de amas de casa, y le gustó el espíritu colectivo de esos grupos. Con los años, la OFP vio en ella capacidad de liderazgo y le encomendó la coordinación de la casa y de los procesos en el nororiente de Barrancabermeja.
—La OFP es un bus que lleva una ruta determinada, la gente se sube y se baja. En la OFP yo he aprendido que no se nace mujer, sino que se aprende a ser mujer. Una mujer que conoce sus derechos, sus valores, que los posesiona, que los evidencia, que se penetran tanto en nuestro ser que los hacemos vida.

***


La violencia era una antes del 18 de mayo de 1998, y otra después de que ese día asesinaran a 7 personas y desaparecieran otras 25. Entre 1998 y 2006, los paramilitares del Bloque Central Bolívar, comandados por 'Macaco', 'Ernesto Báez' y 'Julián Bolívar' intentaron acabar con el movimiento social y destruir cualquier tejido político y organizativo bajo el argumento de la lucha contrainsurgente. El 23 de diciembre de 2000 el paramilitarismo se tomó Barrancabermeja y conformó los diferentes comandos que tantas vidas le arrebataron a la ciudad y a la región.

La OFP fue le encargada de algo que no estaba en sus planes: ser voceras de las denuncias, de la resistencia y de la vida en Barrancabermeja. Las organizaciones sociales, blanco del paramilitarismo, tuvieron que bajar el perfil, diluirse con el río Magdalena, columna vertebral de la región. Sin importar que esto las pusiera bajo una amenaza permanente, las casas de la mujer se convirtieron en espacios humanitarios. La gente amenazada que lograba huir de sus casas y salvar su vida, “corría a las casas de la mujer”. El barrio Pablo Acuña, construido en el suroriente de Barrancabermeja por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fue desalojado por completo. La mayoría de las mujeres del barrio pertenecían a la OFP. El refugio de ellas y sus familias fue la casa de la mujer de la zona, donde vivieron tres meses.

Las mujeres de la OFP también buscaron, por agua y por tierra, a los desaparecidos. Lo hacían en compañía de otras organizaciones, pero “nosotras poníamos la cara”. La orden de los paramilitares era tirar los cuerpos al río, y la orden de las autoridades era no sacarlos de allí, a quien lo hiciera le abrían un proceso penal. Pero ellas se ponían batas negras, se embarcaban en la chalupa de la Defensoría, recuperaban los cuerpos y los entregaban en la armada.
—Salvamos muchas vidas de gente que estaba amarrada. Gente que la tenían para asesinarla. Permanentemente recibíamos denuncias buscando nuestro apoyo para salvar a sus hijos. Hicimos unas conexiones nacionales para poder sacar la gente; jóvenes, sobre todo, que son más irreverentes y que no cumplían con los manuales de convivencia —explica Yolanda.

Era tal el control paramilitar, que en Barrancabermeja instauraron un manual de convivencia que castigaba con la muerte a los jóvenes de cabello largo, a los que tenían aretes, a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas, a quienes salieran a la calle a ciertas horas, y a quienes vistieran de ciertos colores.
—En barranca hubo algo que no pasó en muchas partes del país. En barranca quitaron muchas viviendas los paramilitares. Llevaban a la gente a las notarías y las hacían firmar. A muchas viviendas llegaban y les decían “tienen dos horas, tienen ocho horas, para que desocupe”, porque ya llevaban una familia para vivir ahí.

Para la OFP los símbolos y los sloganes fueron fundamentales en la denuncia y resistencia a la muerte. Para reconocer que el miedo es algo inherente, para aprender a administrarlo, colectivizarlo, y convertirlo en organización, movilización, en fuerza. Las mujeres, revestidas con batas negras, marchaban con cajones vacíos para simbolizar a los desaparecidos. También hacían vigilias por la vida, carrozas del miedo, encendían velas en las avenidas de la ciudad, denunciaban todo tipo de crímenes en La moana, un programa que transmitían por el canal local Telepetroleo; hacían conversatorios sobre el miedo en colegios, sindicatos y comunidades; y en los embarcaderos de los municipios en los que desarrollaban trabajo de base, ponían vallas que “hablaban por nosotras”, vallas con frases en contra de la guerra y a favor de la vida.
—El lenguaje simbólico —para Yolanda— es muy potente. La simbología fue una buena forma de hacer la denuncia, de hacer la movilización, de llegarle al corazón a la gente común y corriente, de hacer consciencia.

***


El 6 de febrero de 1996, los paramilitares le dieron una hora a Emerita Torres y a los demás habitantes para que salieran de la vereda San Francisco de Yondó. Huyeron con lo que tenían puesto, “dejando todo tirado, dejando las costumbres, dejando nuestro territorio”. Meses después Emerita regresó a Yondó, comió de una de las ollas comunitarias que durante tres años organizó la OFP y desde entonces hace parte de la organización. Eran alrededor de 150 familias que se beneficiaban del ágape. La OFP aportaba los alimentos, y cada día una familia, ya fuera en la casa de la mujer, en las calles del barrio, en el parque, o en una cancha, cocinaba para las demás.

Actualmente Emerita es la coordinadora de las 30 mujeres que hacen parte del proceso organizativo en Yondó. Es quien defiende sus derechos y reclama una atención digna para aquellas diagnosticadas con cáncer, un fenómeno que afecta a muchas mujeres de los municipios de la región donde hay extracción petrolera, y por lo cual la OFP demanda la construcción de una clínica de la mujer en Barrancabermeja, o un hospital de tercer nivel con un pabellón específico para tratar esta y otras enfermedades que las aquejan.

Emerita es quien, desde hace cuatro años, le está pidiendo a la administración municipal que construya la casa de la mujer incluida en la reparación colectiva a la que se comprometió el Estado. Es quien se lamenta por las precarias condiciones sociales de Yondó, municipio en el que se deben pagar hasta dos millones de pesos para acceder a un trabajo en alguna de las empresas subcontratadas por las petroleras. También es ella la que cosecha la citronela, esa planta verde acintada que cada viernes, mientras es destilada y convertida en aceite, inunda la casa del nororiente de un olor pegajoso.
—Si yo no hubiera conocido a la OFP, mi vida hubiera sido diferente. He sentido mucho apoyo. Si a una le duele un pelo, le duele a todas. Esta es mi familia: ellas son mis hermanas, mis tías, mis primas —dice la fornida Emerita, mientras sudamos por la resolana que azota por estos días a la efervescente barranca.

***


—Somos conscientes que para construir en este contexto tenemos que buscar aliados y aliadas. En la OFP ha sido muy tejedora la comida, de la olla comunitaria —me dice Kelly Campo.
Las reivindicaciones femeninas que promulga la OFP son alimento que se comparte entre vecinas, que se hereda entre las familias. La mamá, las tías, y los primos de Kelly también hicieron y hacen parte de la OFP, cuya capacidad de convocatoria, según ella, reside en ese feminismo “arraigado a su contexto popular, construido a la par de los movimientos obreros, de los movimientos sociales”.

Kelly es una joven con menos de 25 años que hace, luego se nombra. Habla con una serenidad musical, pero con propiedad y contundencia, con conocimiento de causa. Kelly está al frente del proyecto de economía feminista popular de la OFP. Coordina a las 250 mujeres afiliadas y embarcadas en un proyecto productivo, que quiere articularlas en una red regional de productoras y consumidoras. La iniciativa contempla, hasta el momento, la producción y comercialización de huevos y chocolate orgánico, y la destilación de plantas aromáticas para obtener y vender aceites, desinfectantes y repelentes naturales.
—Nosotras tenemos las capacidades y queremos formar empresa; y hacer cosas para tener una independencia económica que signifique calidad de vida para nosotras. Podemos construir un modelo que sea justo, más solidario, que sea más colectivo —manifiesta Kelly.

Kelly también está al tanto y hace parte de la escuela de arte cultura y sociedad con la que la OFP quiere restarle base social a la guerra, puesto que el territorio, dice ella, sigue teniendo dueño. A Barrancabermeja volvieron los patrulleos armados en los barrios. El microtráfico y el agiotismo van en aumento. Los actores se han reconfigurado y han cambiado las manifestaciones de la violencia. Años atrás resultaba facial identificar quiénes eran, qué hacían, y cómo lo hacían. Hoy los actores se desdibujan en el contexto de inseguridad social que se vive en Barrancabermeja.
—Nosotras nos dedicamos a curar las heridas de los cuerpos. ¿Pero que pasaría si en vez de curar heridas en los cuerpos que van a tener cicatrices de por vida, más bien nos dedicamos a construir nuevas personas que no causen esas heridas?

***


—Hacíamos lecturas de contexto permanente, pero esas lecturas eran coherentes con lo que hacíamos. Nosotros nunca nos reunimos para no hacer. Nosotros así afuera a la luz de la muerte, en medio del dolor, nos reuníamos para encontrar cómo hacer —expresa Yolanda al otro lado del teléfono.

Esa fue la clave para que la OFP, cuyas decisiones siempre fueron respaldas por la base, sobreviviera a la peste armada. Sin embargo, en 2008, eran evidentes las cicatrices, el desgaste. Las amenazas y los hostigamientos que los armados emprendieron contra Yolanda escalaron a su entorno familiar. Yolanda se bajó temporalmente del bus, pero “la organización lógicamente continuó con muchas dificultades”. Apareció en el seno de la OFP un fenómeno: muchas mujeres empezaron a sufrir problemas de salud. La organización, entonces, tuvo que diseñar la ruta de reconstrucción que duró hasta el 2012:
—El Estado —cuenta Yolanda— le ofreció la reparación colectiva a la organización, reconociendo que por acción u omisión es responsable de todo lo que pasó. No fue fácil tomar esa decisión, porque no creemos en el Estado, nos daba mucho miedo.
La OFP aceptó la propuesta estatal de resarcir los más de 140 crímenes registrados contra la organización. Pusieron condiciones y definieron criterios para su ejecución. Lo pactado, que en este momento “está parado totalmente”, se ejecutó en un 52%. Eso permitió reconstruir la confianza y el tejido social, forjar nuevas alianzas, repoblar las sedes, revivir áreas de trabajo, recuperar parte del equipo, y recuperar Sabana de Torres, el único municipio del que salieron durante el hostigamiento paramilitar.

En este momento son 2.017 mujeres afiliadas a la OFP, enfrascadas en una dicotomía. La única forma de que el proceso no muera es promover la llegada de nueva energía femenina, tanto a la base como al equipo de conducción para que releve esas células antiguas. Son dos fuerzas contradictorias que si no logran dialogar armónicamente pueden generar un corto circuito. Los vientos jóvenes suelen ser partidarios de replantearlo todo pasando por encima de la historia, y la fracción más veterana recela de los cambios y se aferra a las formas y los modos de hace 20 años. ¿Cómo hacer ese dialogo intergeneracional? ¿Cómo construir sobre lo construido?
—La otra discusión —reconoce Yolanda— es que la OFP no es una ONG, es un proceso de base. Ha sido muy difícil la despolitización de las mujeres. ¿Cómo hacer hoy proceso de base?, ¿cómo organizar las mujeres hoy? ¿Cómo hacer una formación política donde las mujeres se sientan felices, que la sientan necesaria, que convoque… que sea una necesidad de las mujeres y no una necesidad de las que conducen?

No vale la pena pensar qué sería de Barrancabermeja y el Magdalena Medio sin la OFP. La historia de la ciudad y de la región es la historia de esas mujeres que, consciente o inconscientemente, llevan 48 años construyendo un feminismo propio, popular, “no europeo”. Las preguntas y reflexiones que ahora ocupan a la organización no son una amenaza, son la esencia de un proceso que está en permanente reflexión y construcción, y que está convencido de que solo las mujeres son “capaces de transformar el mundo con la razón y el corazón”.

Tuesday, 11 February 2020 00:00

Urabá, la tierra del despojo

¿Qué?
“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en Urabá, porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado con cuchillo en la mano diciéndoles que quien hiciera paro lo matábamos. ¿Por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros, ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos y ninguno está pagando”.

Este testimonio de Hebert Veloza, alias 'H.H, hace parte de una sentencia emitida en 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La declaración del excomandante del Bloque Calima de las Autodefensas fue utilizada y recuperada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, organizaciones que con el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá, pretenden demostrarle a la Comisión de la Verdad, y al país, que empresarios locales e internacionales, en complicidad con las Fuerzas Militares y el Estado, llevaron a cabo un macabro plan de acumulación y despojo de tierras para lograr imponer una dinámica económica extractiva y privatizadora.

El despojo y la titulación fraudulenta de tierras en Urabá son tan antiguas como el país mismo. El siglo pasado, por ejemplo, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ordenó en 1943 que se desalojaran “los bosques nacionales […] y reclutar a los pequeños colonos como fuerza de trabajo”. Además, adjudicó baldíos de hasta 2.300 hectáreas a terratenientes ganaderos.

En la década del 60, lo que detonó el despojo en Urabá fue la producción de banano, que hasta la década anterior era sembrado por campesinos colonos. Pero en 1959, tras la llegada de la Frutera Sevilla, filial de la empresa estadounidense United Fruit Company, para quienes trabajan los asesinados en la conocida 'Masacre de las Bananeras, la economía campesina, que hasta ese momento era de pequeña escala, se convirtió en agroindustria.

En el 70, el Gobierno incentivó la compra de plantaciones bananeras por parte de empresarios colombianos a través de los créditos generados por la Alianza para el Progreso, la ayuda monetaria, impulsada por John F. Kennedy, con la que Estados Unidos colonizó económicamente a América Latina. El proceso de compra fue conflictivo e irregular. La titulación de tierras estuvo marcada, según el informe de las organizaciones, por “la especulación acompañada de la expulsión de viejos colonos mediante subterfugios legales, [y] presiones directas que obligan al pequeño propietario a vender o abandonar la zona”.

Por la misma época que se instaló la Frutera Sevilla fue terminada la carretera que conectaba a Medellín con Urabá. La conexión terrestre permitió que se consolidara la industrialización de la producción agrícola. Muchos campesinos vendieron sus tierras a empresarios bananeros de Medellín y Bogotá, quienes se aprovechaban del desconocimiento de los campesinos sobre el valor y la importancia estratégica de sus bienes.

El llamado eje bananero –del que hacían parte Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo– pasó de 10.000 hectáreas sembradas de banano en 1960, a 19.300 hectáreas en 1982. Ese mismo año las hectáreas de palma africana pasaron de 351 hectáreas a 2.260, mientras que la ganadería pasó de 179.000 a 362.000 hectáreas. A medida que incrementaba la agroindustria y la concentración desigual de la tierra, aumentaban los conflictos por ella. Las instituciones estatales obraron en favor de los dueños de las grandes extensiones de tierra, y destinaron la presencia de fuerza pública para brindarle seguridad a su producción y exportación.

La conflictividad se agudizó con las protestas y la invasión de predios organizados por la Asociación de Nacional Usuarios Campesinos (ANUC) en los 70, años de surgimiento y consolidación de guerrillas como las FARC y el EPL, las primeras en hacer presencia en la zona. Los trabajadores sindicalizados, obligados a dormir en cambuches y a soportar jornadas que superaban las 16 horas, también empezaron a demandar condiciones laborales dignas. La visión anticomunista del empresariado, sumado al apoyo militar del Estado, desató la militarización de la zona, la estigmatización de los sindicatos, las amenazas, la desafiliación masiva, el exilio, y el asesinato de dirigentes sindicales.

Asdrúbal Jiménez, asesor jurídico de varios sindicatos bananeros de Urabá en los 80, dijo a los investigadores que la primera huelga se hizo en la empresa Codelsa [empresa colombo-holandesa que cultivaba palma de aceite] en 1972. El sobreviviente de esa primera oleada de violencia sufrida por en la región antioqueña, asegura que el paro total de la producción “trajo una nueva situación para la crisis que se vive en Urabá que fue la participación del ejército colombiano en la solución de los conflictos laborales”. Según el testimonio de Jiménez, Urabá era una zona muy pacífica donde el ejército no hacia presencia, y el trabajador no sabía qué derechos tenía, “consideraba que el hecho de darle trabajo era un favor que le hacía el patrón”.

El día de la huelga, el ejército hizo presencia en la empresa, y capturó toda la “dirección del sindicato. Los trasladan a las instalaciones de La Maporita [donde se había ubicado el Ejército en Chigorodó…] Cuentan los trabajadores que a todos los dirigentes sindicales los torturaron. Una de las torturas que utilizaban era raspar los árboles en la zona de polígono y los obligaban a subirse en los árboles lisos con una bayoneta sosteniéndolos por detrás, y si el trabajador no subía o se resbalaba pues se enterraba la bayoneta”.

La violación de los derechos humanos y laborales, y la violencia contra el sindicalismo, marcó los años 80 en Urabá. Esa década también trajo consigo la participación y llegada a cargos públicos de organizaciones en cuyos discursos demandaban la redistribución de la tierra, y criticaban la lógica de acumulación fomentada por el modelo de producción y el uso de la tierra. En 1986, la Unión Patriótica –partido fundado e integrado por guerrilleros desmovilizados de las FARC y el ELN que se acogieron al acuerdo de paz de Belisario Betancur– ganó la alcaldía de Chigorodó, logró 9 sillas en el congreso, 10 en las asambleas departamentales, y 350 en los concejos municipales del país. Y en las elecciones de 1988 se hizo con la alcaldía de dos municipios de Urabá: Apartadó y Mutatá.
A la efervescencia política de organizaciones de izquierda como la Unión Patriótica, el Frente Popular, A Luchar y el Partido Comunista, el empresariado respondió con una violencia sicarial que extinguió las huelgas obreras y acabó con la vida de varios dirigentes de esas organizaciones. Los empresarios intentaron justificar la violencia ante la opinión pública remarcando las potencialidades geoeconómicas de la región. En un artículo publicado por la revista SEMANA en 1989, un ganadero de Urabá sostuvo que “Colombia no se ha dado cuenta del papel estratégico que tiene este golfo […] Urabá es la prolongación de Centroamérica y nosotros estamos viviendo los procesos de revolución y contrarrevolución que se viven en este punto del planeta. Es un enfrentamiento entre la democracia y el comunismo".

El capital empresarial apelaría a la violencia –en público y en privado– para controlar y usufructuarse de este corredor estratégico que conecta Antioquia con Chocó y Cordoba, y en el que se piensan implementar tres megaproyectos: Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí, los cuales suman una inversión de más de 1.350 millones de dólares.

¿Cómo?
Entre el 14 de enero de 1990 y el 26 de diciembre de 2005 se contabilizaron 98 masacres Urabá, la mayoría perpetradas por paramilitares. Desde el sur de Córdoba llegó a la región portuaria la primera manifestación paramilitar: alrededor de 100 hombres llamados 'Los Tangueros', quienes obedecían ordenes de Fidel Castaño, autor intelectual de la masacre en la que murieron 42 campesinos de Pueblo Bello, Turbo, en enero de 1990. 'Los Tangueros' hacían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conformadas por Fidel y Carlos Castaño en 1987. El telón de fondo de la violencia paramilitar era el conflicto por la tierra. Según “el Agustín Codazzi, en 1988 los predios menores a 5 hectáreas sumaban el 62% del conjunto de los predios, lo que contrastaba con las propiedades mayores a 500 hectáreas, las cuales, constituyendo apenas el 1.3% del total de predios, equivalían al 42.14% de la superficie”.
Los paramilitares y el empresariado conformaron un rentable pero letal matrimonio. El mayor incremento de los índices de despojo se dio de 1995 a 1998, años en los que se “pacífico” Urabá, coparon el territorio las Autodefensas Campesinas, proliferaron las convivir patrocinadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, e hizo presencia la Brigada XVII del ejército comandada por el general Rito Alejo del Río.

Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, explicó, en el marco del proceso de Justicia y Paz, cómo empresarios, ganaderos y palmicultores aprovecharon la expansión paramilitar en la región para adquirir tierras a bajos costos: “En la medida que las autodefensas fueron avanzando […] muchos empresarios, ganaderos y bananeros, gente muy honorable, aprovechó para comprar tierras en ese momento, los campesinos, debido a los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, vendieron sus propiedades […] mucha gente a la sombra de Vicente Castaño vio un nicho de negocio, llevaban calculadora […] Mucha gente compró cientos de hectáreas en esa zona con el propósito de desarrollar ganadería y palma”.

La consolidación y expansión del paramilitarismo en Urabá no hubiese sido posible sin el decreto 356, expedido el 11 de febrero de 1994 por el Ministerio de Defensa de Colombia, cuyo artículo 42 permitió la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). Las Convivir fueron fachadas utilizadas para organizar, legalizar y financiar el paramilitarismo en Urabá. Sus autores materiales e intelectuales fueron Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno de Antioquia, Rito Alejo del Rio, José Miguel Narváez, experto en seguridad nacional, Irving Jorge Bernal Giraldo, empresario bananero y palmicultor, y Raúl Emilio Hasbún Mendoza, empresario ganadero y bananero, accionista de la comercializadora Banacol, y comandante del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La Corporación Jurídica Libertad logró documentar la existencia de nueve Convivir en Urabá. En 2010, Hasbún señaló “con nombre propio a 226 empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros de Urabá como los financiadores del Bloque Bananero que él mismo comandó”, y “entregó a la Fiscalía un listado de 346 fincas bananeras y 60 ganaderos que apoyaron a los paramilitares”. En ese listado mencionó a personas como Nicolás Echavarria, quien fuera exembajador del gobierno de Álvaro Uribe en Bruselas y que para la época era presidente de la comercializadora de banano Banafrut; también aparece Guillermo Enríquez Gallo, socio mayoritario de la comercializadora de banano Unibán y propietario de una de las fincas más grandes de la región; y Felipe Echeverri exdirectivo de Augura e investigado por despojo de tierras.

“Al inicio las Convivir era para la consecución o legalización de los recursos por parte de los empresarios bananeros. A medida que se van conformando y van empezando a funcionar, se dedican al tema político, político entre comillas, las conformaciones de las juntas de acción comunales, etc., recoger información de la brigada o del ejército y la policía […] manejar un sistema de comunicaciones en toda la zona de Urabá que controlaba 800, 900 radios de comunicaciones, un control permanente, apoyo a la fuerza pública”, declaró ante la justicia Hasbún.

Muchos de los empresarios señaladas han intentado limpiar su nombre asegurando que los aportes iban destinados a organizaciones de seguridad privada legalmente constituidas, y que en algunos casos lo hicieron bajo presión. Pero además de Hasbún, Freddy Rendón, y Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Catatumbo, reconocieron que había un acuerdo para que los dineros de las Convivir fueran a las AUC. Aparte de los aportes voluntarios, recibían tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Mientras que los ganaderos pagaban cuotas por cada hectárea a través de la Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar), y de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), fundada por empresarios entre los que estaba Claudia Argote, cuya familia, según 'El Alemán', aprovechó los precios irrisorios que le ponían los campesinos a sus tierras cuando se agudizó la incursión paramilitar.
La Chiquita Brands, antigua United Fruit Company, fue condenada por la justicia estadounidense después de reconocer que realizó más de 100 pagos a grupos paramilitares de Santa Marta y Urabá. La empresa aceptó que pagó más de 1.7 millones de dólares, desembolsados a través de su filial colombiana Banadex. Además, el 7 de diciembre del 2000, entraron al país por el puerto de Zungo, un puerto privado de la empresa Banadex, 3.000 fusiles y dos millones y medio de cartuchos para los grupos paramilitares.


La jefatura militar declarada para Urabá en 1994, ayudó al paramilitarismo a consolidar su control territorial y suplantar los gobiernos locales. Tres años después, se presentaría el mayor número de víctimas en Urabá: 119.944, de las cuales 115.744 eran víctimas de desplazamiento forzado. Justo ese año, 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia.
El paramilitarismo incluso fue capaz hacerse con el poder institucional. También en 1997, Vicente Castaño ordenó la conformación de un movimiento político llamado “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el dinero del movimiento “provenía de las múltiples subastas que realizaba 'El Alemán' en Virgen del Cobre, una finca en Necoclí que fue propiedad del narcotraficante José Antonio Ocampo alias 'Pelusa', y a la que acudían ganaderos de la región para regalar o comprar las mejores reses”.
Políticos aliados y avalados por el entramado paramilitar llegaron a alcaldías, concejos municipales, a la asamblea departamental, y obtuvieron una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2002–2006, curul que se alternaron entre Manuel Ávila Peralta, Jesús Doval Urango, Estanislao Ortiz Lara y César Moreno, cada uno “renunciaba a su cargo tras cumplir un año para cederle el puesto al siguiente”.

Para controlar el escenario político e institucional, las AUC conformaron organizaciones sociales no gubernamentales y “cooperativas de trabajo asociado a las que integraron a personas que tenían relaciones activas o pasivas con el paramilitarismo”. También fortalecieron y dinamizaron las Juntas de Acción Comunal y las veedurías ciudadanas para formar cuadros políticos y tener una masa electoral que les permitiera determinar y manipular el rumbo de las elecciones, obligando “a la población a votar por los políticos que contaban con su bendición”. Lo que explica por qué en 2002 y 2006, Rubén Darío Quintero, y el Movimiento Renovación Acción Laboral (Moral), fundado por Mario Uribe –primo de Álvaro Uribe condenado por parapolítica–, obtuvieron altos índices de votos en Urabá, región en la que no desarrollaron trabajo político

La consecución del poder fue utilizada “no solo para favorecer a los paramilitares sino también a los empresarios durante su paso por el Senado […] Rubén Darío Quintero presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006 que abrió una puerta para la legalización del despojo al dar origen a la Ley 1183 del 14 de octubre de 2008, aún vigente, por medio de la cual el Estado les asignó funciones de titulación de tierras a los notarios y estableció tres requisitos para legalizar la posesión regular de predios: la identificación del solicitante, la identificación del inmueble y la declaración jurada del solicitante, diciendo que no hay procesos pendientes sobre la propiedad. Bajo esta legislatura, varios empresarios legalizaron predios despojados haciéndolos pasar como tierras baldías a través de resoluciones del Incoder […] Pero no sólo las instituciones y cargos de elección popular fueron infiltrados por los intereses del paramilitarismo. Las notarías y oficinas de registro, así como las oficinas locales del Incoder”, fueron utilizadas para la titulación fraudulenta de tierras.

¿Quién?
La desmovilización paramilitar iniciada en el 2003 no significó la desaparición de este actor armado. Grupos residuales como las Autodefensas Gaitanistas (AGC) controlan actualmente las rutas del narcotráfico, cuidan propiedades de algunos empresarios, e impide los procesos de restitución de tierras en Urabá.

Los acontecimientos y las cifras indican que la nueva oleada de violencia paramilitar que vive la región tiene su razón de ser en los procesos de reparación que allí se adelantan desde que se decretó la Ley 975 en el 2005. Entre el 2018 y el año en que se expidió la ley, fueron asesinados 25 líderes reclamantes de tierras. 4.159 víctimas del despojo y del abandono forzado de Urabá han presentado 6.880 solicitudes en las que piden que se les reparen un total de 6.371 predios. Hasta el 15 de noviembre del 2018, solo se habían emitido 146 sentencias que daban respuesta a esas solicitudes. Solo en 195 casos se ha dado la restitución. En zonas rurales como La Balsita, Macondo, Blanquicet, Guacamayas, Nuevo Oriente, California, San José de Apartadó, entre otras, la presencia de las AGC ha impedido el retorno o la restitución de las tierras.

No es conspirativa, ni fundada en argumentos ideológicos, la tesis de las organizaciones que elaboraron el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá. Hay casos de sobra que demuestran la estrategia empresarial, armada, e institucional que se llevó a cabo en Urabá para implementar megaproyectos y un modelo económico que privilegia la concentración de la riqueza. El caso de Puerto Antioquia, les da la razón. No es una simple coincidencia que el megaproyecto, calculado en 700 millones de dólares, se vaya construir “en una zona sobre la que existe una solicitud de restitución colectiva de tierras presentada el 3 de octubre de 2017 por el Consejo Comunitario Puerto Girón”, comunidad afrodescendiente que reclama 11.269 hectáreas. Tampoco es casualidad que entre los promotores de Puerto Antioquia estén empresas como la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A., Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban), y Agrícola Santamaría S.A.S., empresa de la que es propietaria la familia de Guillermo Henríquez Gallo, quien fue señalado por el exparamilitar Raúl Hasbún como financiador de paramilitares en esa zona de Antioquia.

Lo de Urabá fue algo planificado. Urabá es la muestra de que en Colombia hay muchas personas millonarias, y no precisamente por sus buenas conductas, por el sudor de sus frentes, o por estar apegados a la ley.

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