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Octubre nos dejó una nueva jornada de indignación en el país. Miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un mecanismo para saciar sus propios privilegios.

La exigencia de mejores condiciones de salud y educación, del cumplimiento de los acuerdos firmados por los distintos Gobiernos con las comunidades, más la lucha por garantías para la participación, la denuncia y visibilización del asesinato de líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo al modelo económico extractivista, y la exigencia de la implementación de los acuerdos del Gobierno y las FARC y de la participación social en la mesa conel ELN, estuvieron entre las razones que enarbolaron campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras estatales, maestros y pobladores urbanos, para levantar en un solo tono su grito de Indignación.

La indignación se mantiene y avizora mayores luchas
Esta nueva jornada evidencia que el descontento de amplios sectores sociales se mantiene. Si bien estas jornadas de la indignación no tuvieron la fuerza de la Minga del 2016 ni de los paros agrarios, mineros y de transportadores que le precedieron entre el 2013 y el 2015, es significativo que, pese a la criminalización de la protesta social con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, más la represión ilegal ejercida por el neoparamilitarismo sembrando el terror, la incertidumbre y el desconsuelo entre las comunidades organizadas, aún persista la dignidad popular y se manifieste en las calles expresando que no se dejará amedrentar en su lucha por la paz con justicia social.

En esta ocasión, ante el evidente esfuerzo de los medios masivos de comunicación alinderados al poder de las élites, se movilizó la comunicación alternativa y popular para visibilizar las acciones de las comunidades en los territorios; la voz de campesinos, indígenas y mestizos se hizo escuchar por los diferentes medios que las mismas comunidades y organizaciones sociales impulsan para expresar sus problemáticas, sus luchas y sus propuestas. También surgieron creativas y alegres maneras de movilizarse, con batucadas, comparsas, danzas, y cantos cargados de indignación y alegría como un acto de rebeldía contra quienes quieren seguir sembrando de guerra los territorios.

Más importante aún es que esta jornada que tuvo su momento cúspide en la movilización del 12 de octubre, permitió que múltiples sectores que han actuado solos durante estos años, se juntaran para hacer más fuerte su grito, agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comando Nacional Unitario, en una jornada que deja nuevos escenarios de lucha, organización y movilización para el campo popular.

Que el descontento se transforme en indignación y rebeldía
Son varios los retos que tiene ahora la movilización popular. En primer lugar, dar continuidad a los esfuerzos de movilización y organización de cada sector, y mantener y nutrir los espacios de articulación, asunto indispensable para elevar los niveles de movilización y acción de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la clase popular.

Un reto mayor está en tener la capacidad de traducir el descontento generalizado, tanto con el Gobierno nacional como con la clase política dirigente que históricamente ha gobernado, en indignación popular y rebeldía. Para nadie es un secreto que en las esquinas, en los buses, en las cafeterías, en el cultivo, en la obra y hasta en la casa, la voz de cada hombre, mujer, joven y viejo, expresa su inconformismo, su queja permanente por el costo de vida, por los precios de los alimentos, por el pésimo servicio de salud, por la nefasta movilidad de las ciudades, por la mala y costosa calidad de la educación pública, por las altas tarifas de los servicios públicos, y por la inseguridad generalizada producto de las desigualdades sociales. Pero todo ese descontento no necesariamente se ha traducido en acción transformadora por parte de la gente de a pie. Al contrario, tal molestia generalmente se ha traducido en conformismo que lleva a la quietud; claro está que ello es producto de los hábiles mecanismos que las clases dominantes desarrollan para mantener adormecida a la gente, lo que no libra de responsabilidad a los sectores organizados que luchamos por la transformación social, de nuestra incapacidad para seducir, enamorar y acercar a las mayorías descontentas.

De allí que un tercer reto esté en la capacidad de generar nuevas y variadas formas organizativas, que trasciendan las que comúnmente conocemos y que en muchos casos no resultan atractivas para la gente trabajadora de este país.

Desatar la participa-acción para que la indignación dé sus frutos
Si bien los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y las FARC no son todo lo que esperaríamos para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, allí existen muchos elementos cuya implementación es necesario defender. Muchas de las cosas allí plasmadas pueden contribuir a garantizar unos derechos mínimos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener. Exigir al Gobierno que cumpla lo pactado, que no le haga más trampas a la implementación ni le tuerza el cuello a lo firmado, es una obligación para el movimiento popular.

Y es también una oportunidad y una tarea del campo popular disputarse el escenario de participación que abren los diálogos del ELN y el Gobierno nacional. Allí tendremos que meternos, desatar la participación no solo de quienes ya están organizados, sino de todos y cada uno de los colombianos que tienen algo para decir y exigir, y proponer cambios que posibiliten la construcción de la paz con justicia social. Se trata entonces de defender la implementación de lo acordado en La Habana, y de luchar para que en los futuros acuerdos en la mesa de Quito se pueda lograr mucho más.

Pero la participación no puede limitarse a los escenarios de implementación y negociación con las insurgencias. Es necesario que se trascienda del debate, la discusión, el diagnóstico de problemáticas y la lluvia de propuestas. La participación tiene que desatar la acción transformadora, que lo que la gente dice que tienen que ser los cambios para construir la paz, sea a su vez la acción que realicemos colectivamente para lograrla. No bastará con decir que nos oponemos al modelo minero-energético, hay que ser capaces de frenar su implementación en los territorios; no bastará que digamos que la salud y la educación están mal, si no nos organizamos y movilizamos para que se garanticen como bien social; no bastará que digamos que nuestros gobernantes son pésimos, sino somos capaces de elegir a otros que salgan de nuestros procesos. No bastará con indignarnos, será necesario transformar.

En el mes de septiembre la ciudad de Bogotá se vió inmersa en un proceso de movilización gestado desde los barrios populares del sur: el paro de sur, Tunjuelo. Este fue un proyecto de organización colectiva que tenía como intensión manifestarse en contra de las múltiples afectaciones que tienen las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, pero que tuvo como punto de partida las consecuencias que ha dejado la mala administración del relleno sanitario Doña Juana sobre los habitantes de estas zonas.

Tomar como referencia el 27 de septiembre no era casual, más bien era algo sintomático. Los habitantes de la localidad recordaban cómo hace 20 años el relleno sanitario había tenido una explosión producto de la acumulación de gases, mal manejo de 800 toneladas de basura, algo que sin duda marcó un precedente para la población. Hoy, al verla proliferación de plagas en sus domicilios e incluso cultivos de la parte rural, sintieron que ese oscuro episodio se estaba repitiendo. Por eso elevaron su voz de descontento y empezaron a trabajar de forma colectiva en torno al desarrollo del paro del sur. Buscaban gritar que el sur no se podría seguir convirtiendo en el basurero de la ciudad, y que es necesario pensar en alternativas viables para dar un buen manejo a las 6000 toneladas de basura que llegan allí diariamente.

Pero esta era tan solo la punta del iceberg, por lo que otras localidades del sur de la ciudad se vieron involucradas y decidieron participar en esta movilización, que iba tomando más fuerza debido al trabajo barrial realizado por las mismas comunidades. La gente estuvo comprometida desde el inicio con el desarrollo del paro, y se encargó de brindar su apoyo, desde lo más pequeño,para que todo funcionara. 

¿Qué sucede en el sur?
Hace poco, el representante a la Cámara Inti Asprilla calificó como infame la forma de actuar de la actual administración con la gente del sur. Citó claramente cómo allí la clase popular tiene problemas con el ya mencionado relleno, sumado a la falta de rutas de transporte, la carencia de personal docente en las escuelas, las condiciones de inseguridad a las que están sometidos los jóvenes, ya que se denuncia que en estas zonas existe presencia paramilitar, el problema de la minería a cielo abierto, y como si fuera poco, los problemas que tiene el sistema de salud para estas zonas.

 

El paro se despertó en la ciudad
Durante la preparación del paro los participantes semanalmente se reunían a discutir la posibilidad de vincular la mayor cantidad de gente que aportara a la movilización. De dichas reuniones salían propuestas y asignación de tareas; había un proceso de organización que permitió involucrar a estudiantes, líderes sociales, maestros, medios de comunicación alternativa, y lo más importante, gente del común, convencidos de que este paro debía marcar un precedente histórico de movilización en toda la ciudad.

Llegó el 27 de septiembre y, sobre las 7:00 a.m., desde diferentes puntos de la ciudad se empezaban a agolpar personas que sentían la necesidad de apoyar la movilización. Llegaron organizaciones sociales, y aunque la administración militarizó las diferentes zonas como método de represión a la protesta social, el apoyo fue masivo, y los puntos de concentración fueron estratégicos. De esta forma salieron movilizaciones desde Bosa, Kennedy, El Tunal, algunos barrios del norte de la ciudad e incluso Universidades Públicas. Las consignas no se hicieron esperar y en la ciudad se escuchaba un grito:“¡A parar para avanzar, viva el paro popular!”
Andrey Téllez, docente que acompañó la movilización, manifestó que quien estaba en las calles era la “dignidad rebelde” exigiendo el pago de la deuda social de los problemas que siempre han existido, pero que lastimosamente se han agudizado y peor aún, que se están invisibilizando desde la administración. Al mismo tiempo dejó por sentado que esto no sería una movilización de un día, sino que era el inicio de todo un proceso que debía mantenerse hasta lograr una solución efectiva a las problemáticas del sur.

Así mismo, uno de los participantes de la marcha que salía desde la autopista sur, manifestó que “el sur tenía que dejar de ser patio trasero de la ciudad, porque el sur estaba poniendo el norte”, y que dicho evento debía ser un referente para las próximas generaciones para no permitir que dirigentes políticos hicieran de las suyas aprovechando el momento de elecciones que se aproxima.

Quedó claro entonces que la solidaridad y la lucha organizada del sur sabía cuál era el objetivo de parar la ciudad. Mostraron a los ciudadanos del común que allí estaban muchas personas dispuestas a poner su aliento y fuerzas con tal de ser escuchadas. El sol de la capital estaba en su mayor punto, y las calles se hicieron largas, pero las marchas no se detenían, y la idea de llegar hasta Usme no decaía.

Trascurrida la jornada y a pesar del cansancio y los encuentros con la Fuerza Pública, había una sonrisa en quienes participaban, y no era para menos, se había logrado detener gran parte de la ciudad: mostrar las problemáticas por la cuales se movían y aún más gratificante, se logró que cerca de mil personas se unieran en torno a una lucha que se había gestado desde meses atrás y que no se detendría allí.

Tumaco es el municipio con más cultivos de coca en el país. El número de hectáreas llega a las 20.000. En este territorio, habitado por alrededor de 5000 familias campesinas y por comunidades indígenas, persisten fuertes dinámicas de violencia. El pasado cinco de octubre fue un reflejo de ello. Este día, oficiales de la Policía Antinarcóticos asesinaron a siete campesinos e hirieron a alrededor de 20 en la vereda El Tandil.

La comunidad de El Tandil, de las veredas aledañas, e incluso de los resguardos indígenas, tienen como principal fuente de sustento el cultivo de la coca, y no cuentan ni con condiciones ni con garantías de vida óptimas. Como explica Diana Montilla, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje -Asominuma-, “las personas mestizas y los afro deben pagar alrededor de 500.000 pesos para poder tener energía de seis de la tarde a diez de la noche, y en los resguardos no hay plantas, no hay energía”. Los padres de familia deben gestionar los docentes para educar a sus hijos, y adicional a eso, solo hay un puesto de salud en una vereda llamada El Azúcar, que fue una donación de la Organización Médicos sin Fronteras hace diez años, pero que nunca se ha usado, no han llevado médicos ni enfermeras, y hoy está a punto de caerse.

Cuando una persona se enferma su mejor opción es acudir a San Lorenzo, en Ecuador, porque en Tumaco no es posible encontrar una buena atención. Y el transporte también es un problema: para llegar a la zona, hay que hacer un recorrido de aproximadamente una hora hasta el sector de la variante, antes de llegar a Llorente, luego hay que llegar a La Playa, luego partir hacia la vereda El Playón o El Vallenato, y de ahí desplazarse hasta la vereda El Tandil, en moto o en carro. La movilidad entre las veredas, que se hace sobre todo por vía fluvial, se restringe por los riesgos del caudal del río, desde de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Con todas estas problemáticas, y con las dificultades que conlleva el proceso, los campesinos tienen la intención de sustituir sus cultivos, pero existe un problema con la tierra, ya que no hay claridad sobre la pertenencia de varios terrenos. Se ha dicho que los campesinos han despojado a los miembros del Consejo Comunitario. No se sabe exactamente cuál terreno le pertenece al Consejo y cuál a los campesinos asociados en Asominuma.
Por esta situación han preferido esperar a que haya una clarificación en el territorio para poder entrar en el proceso de sustitución de cultivos. Ante este problema, la líder de Asominuma expresa que la organización “nunca se ha opuesto ni ha dicho que no quiere la sustitución, de hecho los campesinos entregaron un documento a la Vicepresidencia de la República manifestando su voluntad de sustituir”.

¿Qué ocurrió el cinco de octubre?
“Muchos compañeros campesinos empezaron a llegar desde las siete de la mañana. Con otros 50 compañeros nos empezamos a desplazar hacia el lugar por una trocha. Llegamos al sitio y de repente se escucharon unos disparos en un lugar donde había campesinos insistiéndole a la Fuerza Pública que se saliera. Yo vi dos policías que se miraron el uno al otro. Cuando escuché los disparos me agaché y me quedé quieto. Empezaron a disparar, incluso a quemarropa. Yo seguí ahí agachado porque pensé que no era a nosotros, hasta que vi que mis compañeros empezaron a correr y a gritar: nos están matando, nos están tirando”.

“Salí corriendo, y en un trayecto de unos 10 metros me caí tres veces. Mis compañeros me empujaron. Detrás de un palo había cinco compañeros, yo me hice detrás de ellos pero los disparos seguían. Miré hacia atrás y vi una salida. Me metí corriendo, y salimos. Llegamos a una casa. Se escuchaban las balas que silbaban por encima de nosotros. Al llegar ahí vi que uno de mis compañeros campesinos tenía una herida en el brazo. Y escuché a los otros que decían: regresemos, ¡regresemos que hay muertos y hay heridos! Tenía ganas de regresar, pero al escuchar la arremetida de las balas sentía impotencia de no poder sacar a nuestros campesinos para que no los siguieran matando”.

De esta manera narra lo sucedido Elier Martínez, integrante de la acción comunal de la vereda, y quien vivió en carne propia la desazón de la masacre, que tuvo antecedentes puntuales en el marco del problema de los cultivos.

En abril se vivió un incidente en el territorio. Unidades de la Policía ingresaron al lugar y erradicaron varias hectáreas en veredas de la zona baja del Alto Mira. Estas acciones no estuvieron acompañadas de ninguna ayuda o auxilio del Gobierno. Eso hizo que las comunidades se organizaran en un proceso de manifestación pacífica que desencadenó en la retención de 12 policías que posteriormente fueron dejados en libertad. Situación similar se presentó durante los primeros días de octubre: unidades antinarcóticos ingresaron al territorio intentando implementar el proceso de erradicación forzada, y las comunidades decidieron mantener un cordón humanitario exigiendo la suspensión de la erradicación.

Según reseñan la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la Unipa, y la Asociación Minga, el asentamiento de los policías se estableció el primero de octubre sobre territorio perteneciente a la comunidad indígena, más exactamente al Resguardo Piedra Sellada. Por esto el martes tres, aproximadamente a las 10:30 a.m., “65 guardias indígenas acudieron al lugar donde construyó su base la Fuerza Pública y ante la solicitud de hablar con los oficiales al mando de policías y militares, fueron agredidos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil”. El cuatro de octubre, un día antes de la masacre, los líderes indígenas persistieron en su intención de hacer retirar de su territorio a los oficiales, pero tampoco lo lograron.

Finalmente, el cinco de octubre, jueves, los líderes indígenas quisieron intentar una vez más hacer valer su soberanía. Al llegar a la zona se encontraron con cientos de campesinos que se manifestaban y que formaban un cerco humanitario a los cultivos de hoja de coca. Hasta que las balas de los policías acabaron con la vida de, hasta ahora, siete campesinos, en unos hechos que apenas se esclarecen y que ya están siendo investigados. Hechos que, en pleno inicio del llamado “posconflicto”, ya marcan un punto de ruptura, y que dejaron huella sobre muchos campesinos. “Es como un trauma. Duermo poco. Me despierto y me traslado al lugar. Me pongo a pensar estando ahí. Le doy gracias a Dios por haber salido ileso. Hasta la fecha, me he puesto a llorar porque sigo sin entender”, expresa Elier Martínez.

La agresión persistió
En la mañana del domingo, tres días después de la masacre, llegaron a la vereda El Tandil periodistas de distintos medios de comunicación que se encontraron con la Comisión de Verificación conformada por representantes de la ONU, la Mapp/OEA, Pastoral Social de Tumaco, la Personería de Tumaco y la Gobernación de Nariño. También estaban la Guardia Indígena e integrantes de organizaciones como el Movice y la Corporación Jurídica Yira Castro. Todos con la intención de verificar las cifras y las versiones de la masacre.

Allí se encontraron, primero, con oficiales del Ejército, y después, con el campamento de la Policía Antinarcóticos, los responsables de la masacre. Algunos oficiales tenían su rostro cubierto con pasamontañas, no portaban ninguna identificación, la mayoría estaba en camiseta, incluyendo quien se presentó como capitán, que nunca se identificó. No importó la petición del delegado de Naciones Unidas de que se descubrieran el rostro, lo único que hicieron fue retirarse hacia la parte de atrás, mientras los oficiales del ESMAD presentes en el lugar amenazaron con lanzarle gases a la delegación si esta se movía más.

Luego de intentar dialogar con los policías, conformaron una pequeña comisión de alrededor de 15 personas, para adentrarse en la maleza y verificar la presencia de un cuerpo que un miembro de la Comunidad Indígena Awá había visto cuando caminaba por ahí en la mañana. Con el indígena que hizo la denuncia, dos periodistas, algunos campesinos de la zona, y con un representante de cada organización, partió la comisión en busca del cuerpo. Los demás se devolvieron a la zona donde estaba el Ejército, para evitar confrontaciones con los policías.

Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga - Somos Defensores, quien hizo parte de la comisión, relata así lo que sucedió después: “Caminamos unos 15 minutos por la maleza y cruzamos una quebrada. Íbamos caminando, cuando en un momento la Policía grita que tenemos que salir de allí, y acto seguido lanzan una primera granada aturdidora. Íbamos en fila india por las condiciones del terreno. Los que están en la cabeza de la marcha se botan al piso y empiezan a identificarse. Adelante estaba la ONU, la Mapp/OEA, y los representantes del Gobierno local y departamental. A pesar de que nos identificamos ellos siguieron disparando. Los disparos no eran al aire, sino contra nosotros los que estábamos allí en la comisión. Después del segundo disparo nos dimos cuenta de que podíamos seguir gritando y no nos iban a hacer caso”.
Ante tal situación, huyeron del lugar mientras gritaban pidiendo ayuda al Ejército, con la guía de los indígenas, y con miedo por saber que existía la posibilidad de que el terreno estuviera minado. Varias de las personas que esperaban a la comisión en el sitio donde estaba el Ejército, decidieron, luego de escuchar las explosiones, los gritos, y las balas, ir a socorrer a los que estaban atrapados entre el fuego y la maleza, lo que dio lugar a una grave denuncia. “Fueron cuatro personas que intentaron entrar mientras gritaban nuestros nombres. Y la Policía les contestaba. Se hacían pasar por nosotros, para que los compañeros fueran llegando hacía donde ellos estaban. Si no es por la Guardia Indígena que se da cuenta de que era un engaño, seguramente se hubieran podido jalar alguno de los compañeros. Esa denuncia hay que hacerla”, relata Cifuentes, quien agrega, además, que “debe haber algo muy fuerte, muy terrible en el campamento de la Policía, para que ellos prefieran asumir todo lo que implique haberle disparado a una comisión de derechos humanos”.

Una situación es característica tanto en la masacre de los campesinos el cinco de octubre, como en el ataque a la Comisión de Verificación y de derechos humanos, el ocho. En los dos episodios la Policía Antinarcóticos fue quien atacó, y los oficiales del Ejército –que estaban ubicados a solo 10 minutos del lugar de la masacre- fueron quienes atendieron a los heridos.

A los policías antinarcóticos que perpetraron la masacre también se les acusa de haber alterado la escena del crimen. Los campesinos denuncian que los oficiales se dedican en las horas de la madrugada a cortar los árboles, a remover la tierra, y a tapar rastros de sangre. De estos oficiales, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, pidió relevar 102, y la Procuraduría abrió investigación contra 14 militares y 40 policías. Esto en aras de esclarecer los hechos de una masacre de la que se culpó a las disidencias de las FARC, pero que tiene claros responsables en la Policía Antinarcóticos.

Por lo pronto las comunidades claman justicia ante un hecho que demuestra la incapacidad del Gobierno para controlar a sus oficiales, y lo erróneo de un mecanismo de erradicación que, al hacerse a la brava, olvida las necesidades y requerimientos de los campesinos. “Descansaría de pronto el día que escuche un juez de la república decir que los culpables están condenados a tantos años de cárcel sin derecho a ningún beneficio. Ese día talvez descansaré”, expresó Elier Martínez, sobreviviente de la masacre.

Por Elizabeth Otálvaro*

Como todos los domingos, ese ocho de octubre, las seis hermanas Vázquez Astudillo se levantaron junto a sus padres, Luis Vázquez e Ilda María Astudillo, en el resguardo indígena de Kokonuko, del municipio de Puracé, Cauca; unas más temprano que otras, pero, como siempre, juntas. Solanyi Vázquez, de 27 años, salió ese día desde las cuatro de la mañana a darle de comer a los pollos en la finca ubicada en el sector de Piedra de León, propiedad de su familia y a la que tarda, en carro, un par de horas desde el resguardo. No se despidió y lamenta no haberlo hecho, pues hasta ese día eran seis hermanas, ahora, falta la mayor: María Efigenia Vázquez Astudillo, de 31 años.

Solanyi se fue en la madrugada porque, según dice, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) les estaba impidiendo el paso hasta la finca. Esto ocurre desde que el Estado, a través de un fallo del Tribunal Administrativo del Cauca y ratificado por el Consejo de Estado, decidió defender, con el poder de la fuerza, el derecho al trabajo y a la vida del señor Diego Angulo –propietario del predio Aguatibia–, por encima del proceso de recuperación de la madre tierra que reclama la comunidad indígena de Kokonuko, para quienes esta fracción de tierra hace parte de su territorio ancestral.

Ese ocho de octubre María Efigenia no se despertó tan temprano como Solanyi, pero lo hizo justo a tiempo para hacerle el desayuno a sus tres hijos y a su esposo. Le alcanzó la mañana para ir tras una de las gallinas que estaba perdida; como ella las criaba, sabía bien que la extraviada gallina estaría poniendo sus huevos. Cuando la encontró, María Efigenia la dejó al alcance de su vista, se sentó en unas piedras y junto a su hermana Vilma, de 29 años, se dispuso a bañar uno de los perros: “echémosle frutiño para que huela rico”, le dijo a su hermana, y minutos después se fue diciendo: “Se me está haciendo tarde. Me voy para allá arriba que están atacando muy feo a mi pobre gente”.

Era casi el medio día cuando María Efigenia subió desde el resguardo hasta la vía de acceso al centro recreacional Aguatibia en el municipio de Puracé, el territorio que tiene, actualmente, a dos soberanías en disputa: la indígena y la estatal. Allí, y a esa hora, el enfrentamiento entre el Esmad y la comunidad se encontraba en su punto de mayor tensión. Pasadas las dos de la tarde, un disparo hirió a María Efigenia en su pecho. Fue trasladada al hospital San José de la ciudad de Popayán donde murió. Según el informe de medicina legal, sufrió: “herida por proyectil de arma de fuego de carga múltiple, que produce herida cardiaca, lesión suficiente para explicar la muerte”.

Itinerario de una hija, madre y hermana
En los cumpleaños de la familia Vázquez Astudillo, Vilma Vázquez, la tercera de las hermanas, asegura que nunca hacían falta los pollos para el almuerzo. Siempre los aportaba María Efigenia, pues ella los criaba. Era muy buena cocinera y así lo recuerda su hermana, a quien apenas superaba por dos años de edad. El pringapata, una especie de sopa de maíz, papa y cuy, era su especialidad, pero a ella, también, le encantaban las papas fritas y el arroz con pollo.

De los cumpleaños, Solanyi no puede olvidar que Efigenia lideraba la recocha. Se convirtió en ritual lanzarle huevos a quien estuviera de aniversario, así como arrojarlo al Río Grande, que no es otro que el Río Cauca, pues el pueblo Kokonuco se ubica en la margen derecha de su cuenca alta. El próximo 14 de diciembre era el aniversario 32 de María Efigenia; ella no estará para recibir los huevos ni ser bañada en el río. Pero, seguro, su familia y las más de 600 personas que asistieron a su sepelio, sí tendrán para ese día el recuerdo intacto de la mujer que hasta el último día demostró que por los suyos habría de luchar.

De lunes a miércoles repartía su tiempo entre la cosecha de fresas y el cuidado de sus hijos. El jueves, así como el fin de semana, se dedicaba solo a ellos: a Geraldine que pronto cumplirá sus 16 años; a Dayana, de 11; y a Bayron, de 8; “les exigía bastante que se dedicaran al estudio”, señala Solanyi. El viernes, María Efigenia regresaba a la finca de su padre, donde también hay vacas, papa y olluco. Y aunque las fresas que le vendía al señor Carlos Valdez, intermediario entre la cosecha y la comercialización en Cali, se robaban casi todo su cuidado y empeño, ella tenía tiempo para su huerta: “le gustaba mucho sembrar cebolla”, dice Vilma.

Itinerario de una comunera en defensa de los pueblos originarios y la recuperación de la madre tierra
Desde el mes de abril el resguardo indígena de Kokonuko enfrenta una disputa real y firme con el empresario de Popayán Diego Angulo, propietario del predio donde está construido el Centro de Turismo y Termales Aguatibia y terreno que según Isneldo Avirama, gobernador de este resguardo indígena, hace parte del territorio ancestral que les pertenece. “Nosotros tenemos un título colonial que nos confirma la legalidad de estos territorios y data de 1773”, dice el gobernador del resguardo Kokonuko.

A pesar de que las querellas por la tierra no son un problema nuevo para las comunidades indígenas, la última se encargó de cobrar la vida de María Efigenia Vásquez. Su trabajo político era decidido y disciplinado, así lo destacan quienes la conocieron; por eso, entre el 2010 y el 2012 hizo parte de la Guardia Indígena.

El actual gobernador, Avirama, dice con rabia y dolor que este acto no es nada distinto al silenciamiento de una voz de protesta. El vacío se hará evidente en su comunidad. La recuerda en las mingas, en los congresos, en las protestas, en todas las actividades organizativas y comunitarias, ahí, dispuesta a trabajar en colectivo y, sobre todo, capaz de comunicar su propia lucha, la misma que heredó de su padre y de los ancestros del pueblo Kokonuko.

Itinerarios de una comunicadora
El seis de octubre fue la última vez que se escuchó la voz de María Efigenia Vázquez a través de Renacer Kokonuko, una de las once emisoras indígenas del Cauca. Ese viernes, en el dial 90.7 FM, pudo oírse entre las cuatro y las seis de la tarde el programa “Guitarras de mi pueblo”, uno de los que realizaba la comunicadora comunitaria que ya no está para recordarle a sus compañeros lo que tanto les repitió: “no nos sentemos detrás de un computador, detrás de un micrófono a hacer radio, porque eso no es radio, radio es salir a investigar, conocer el ambiente en el que vivimos, de esa manera somos comunicadores indígenas, sino solamente vamos a ser programadores de música”.

El comunicador indígena deberá entender como principio básico que, a diferencia de la comunicación convencional, la indígena se da entre los seres humanos y todos los seres de la naturaleza y, a su vez, entre los referentes espirituales del territorio. Y en ello fue formada María Efigenia a través de la Escuela de Formación Intercultural del CRIC, a la que llegó hace 14 años, después de una convocatoria que escuchó en radio Renacer Kokonuko.

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No parece claro de dónde provino la bala que silenció a Efigenia. Mientras la comunidad, en cabeza de su gobernador, Isneldo Avirama, acusa al Esmad de asesinarla, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Pompy Arúbal Pinzón Barón, en sus declaraciones a los medios ha sugerido que las armas hechizas de los indígenas pudieron ser las causantes de la muerte de la comunera.
Ahora, la investigación está en manos de La Fiscalía. Por lo pronto, y como puede entenderse al leer los carteles que se levantaron durante el sepelio de Efigenia, la memoria de la comunera perdurará en una comunidad que se dispone a continuar la defensa de la madre tierra. “Efigenia: tu sonrisa y tu lucha no se apagarán, serán el camino para la libertad de nuestros pueblos”, dicen los comuneros.

*Perfil completo publicado originalmente en Hacemos Memoria

Por Sara Dávila

Me desperté muy asustada, escuchaba mucho ruido y sentía una gran agitación y brincos. No entendía muy bien lo que las personas decían a mi alrededor, ya que el ruido de las voces se camuflaba con el de disparos y gritos de angustia, no sabía ni comprendía bien lo que sucedía, pero presentía que no era algo bueno. Sentía que me revolvía, estaba totalmente desconcentrada, de un momento a otro esa agitación en la que estaba se detuvo. Ahora las voces las escuchaba más claras, entre 30 y 40 personas estaban allí conmigo, al interior de un bus; algunas hablaban, otras lloraban, sus voces se escuchaban tristes y apagadas y yo aquel 23 de diciembre de 1999 seguía sin entender qué pasaba. Poco a poco me fui quedando dormida.

Cuando me desperté, algo se sentía diferente. Se sentía más ruido de ese que hacen los carros y fue allí cuando me di cuenta que ya no estábamos en nuestra casa en el campo de Concepción - Antioquia y no sabía cuándo volveríamos.

Sentía una voz muy familiar que escuchaba muy a menudo, una voz gruesa que siempre me hablaba con cariño, con un tono tranquilizante que me hacía sentir en paz. De repente sentí muchas voces que nunca había escuchado, pero que hablaban en un tono amable y cariñoso,comencé a sentir cómo me estripaban y luego me soltaban repetidas veces.Poco a poco aquellas voces se sentían más familiares, las escuchaba con mucha frecuencia y se referían a mí con cariño.

El tiempo fue pasando y vi la luz por primera vez, pude ver las personas que emitían aquellas voces tan familiares, el lugar donde vivía, la perra que ladraba y los ruidosos carros, todo era tan maravilloso y tan abrumador que me desconcentraba. Cada día nuevas cosas, nuevos sentimientos se apoderaban de mí, aprendía cosas nuevas y conocía nuevas personas en el municipio de Itagüí – Antioquia.

Dos años después, mientras jugaba con mi muñeca favorita en el apartamento, mi padre estaba en la cocina preparando el almuerzo, cuando se escuchó un ruido muy fuerte como una explosión. Mi padre corrió hasta mí, me tomó en brazos y saltó por el balcón, yo no entendía qué estaba pasando, me sentía muy asustada y no dejaba de pensar que algo no estaba bien.

Nunca había visto a papá tan asustado, y más tarde en una conversación con mi mamá escuché que decía "creí que pasaría de nuevo". Al principio no sabía de qué estaba hablando, pero luego recordé un ruido similar al que me pareció haber escuchado antes; ese horrible ruido del 23 de diciembre del 1999.

Dieciséis años después decidimos ir a visitar el lugar que antes había sido nuestro. De camino mamá me contaba lo que había sido ese lugar, una hermosa y grande casa donde vivían muchas personas que mi padre ayudaba gracias a su trabajo, con amplios prados, ganado, hermosos caballos y grandes cultivos. Me contaba también que había crecido cerca de ese lugar en la molienda que pertenece a mis abuelos. Se le iluminaban los ojos al recordar aquellas cosas.

Al llegar comenzamos a subir lo que parecía ser un camino viejo y ya cubierto por la hierba. Pude ver a lo lejos el techo de una casa y supe que ya estábamos llegando, me di cuenta que esto no se parecía en nada a lo que mi madre me había descrito.

La casa ahora era solamente paredes con grandes huecos, sin puertas ni ventanas, cables partidos, tuberías dañadas y el techo a medio caer. De los muebles y lindas alfombras que mencionó mi madre ya no había rastro, pues adentro no había más que escombros y suciedad. De los prados y grandes cultivos ya no había nada; la hierba había crecido libremente por todos lados y no sabía ni qué pisaba al caminar.

Mi madre miraba todo con mucha melancolía y no pudo contener las lágrimas en sus ojos. Aún no olvido lo que me dijo ese día: "Qué lástima que no pudieras ver y disfrutar de lo hermoso que era esto, ni pudiste conocer a tu prima, a tu tío, ni a mi tía con la que viví más joven para poder estudiar”.

*Estudiante del grado 11° de un colegio oficial en el municipio de Itagüí.

Visitar una zona veredal es una experiencia que ayuda a entender de manera directa lo que es Colombia, un país pletórico de injusticias y desigualdad, lo que ha sido la guerra de los últimos 60 años y la magnitud de los incumplimientos del Estado al pretendido acuerdo de paz con las FARC.

La zona veredal de Planadas se encuentra ubicada a casi dos horas del casco municipal, en la vereda El Oso, localizada a unos 25 minutos del caserío de Gaitania. Para llegar allí desde Bogotá se hace un recorrido en bus de unas 10 horas, en una vía que, a medida que se acerca a ese casco municipal, se encuentra destapada, semi-destruida. Aunque se viaje de noche, es imposible dormir al final del trayecto por la cantidad de huecos y derrumbes que encuentra el bus en su recorrido, sobre todo entre Ataco y Planadas.

Luego de llegar al casco municipal de Planadas, nos trasladamos en moto a la Zona Veredal, por una carretera en su mayor parte sin pavimentar, que es una trocha en pésimo estado de conservación.

La zona veredal
Cuando uno se aproxima a la zona llama la atención un grupo de casas prefabricadas, recién construidas, y más o menos homogéneas, que indican que allí están concentrados ex guerrilleros y sus familiares. En la entrada ya se perciben los primeros contrastes, puesto que todavía hay cambuches, recubiertos en plástico negro, donde se alojan, en peores condiciones que en tiempos de guerra, antiguos combatientes de las FARC.
El sitio escogido es propiedad de un campesino, que le arrendó el lote al Estado a cambio de un canon monetario, bajo el compromiso de que la ocupación de ese terreno solo iba a durar seis meses, al cabo de los cuales lo devolverían. El Estado escogió un potrero, peor aún, un pantano repleto de barro, como evidencia de su “interés” en cumplir lo acordado. La transformación que ha experimentado la zona en los últimos meses se debe a la acción mancomunada de los miembros de las FARC, que construyeron lugares de habitación y sitios comunes, entre ellos una pequeña biblioteca.

La población de la zona veredal es flotante, oscila en la actualidad en alrededor de unas 60 o 70 personas. De los 180 guerrilleros que inicialmente se trasladaron a ese lugar, solamente quedan unos 20. Los otros se han ido silenciosamente, sin decirle a nadie para dónde. Y tienen razón en salir de esa forma, porque su vida pende de un hilo, ante el asedio de paramilitares y grupos criminales, que en distintos lugares del país han asesinado a una decena de ex guerrilleros desarmados y en estado de indefensión. Incluso, quienes se van sin señalar su destino están más seguros que los que se quedan en las zonas veredales, como nos lo indicaron varios de ellos. Un grupo indeterminado de habitantes del lugar trabaja en las fincas vecinas, la mayor parte de ellos como recolectores de café.

De los 30 niños que se encontraban al principio, hoy quedan nueve. Han llegado ex prisioneros de las FARC recién liberados, y también se encuentran familiares de los antiguos combatientes, entre ellos sus hijos, quienes por primera vez han tenido la oportunidad de reunirse con su padre o madre. En la zona nacen nuevos colombianos, cuyo destino es tan incierto como el de sus padres. En los días que visitamos la zona estaba a punto de nacer un nuevo hijo del antiguo comandante, Donald.

En cuanto a la vida cotidiana se refiere, aunque ya no existe la disciplina militar de otros tiempos, se han establecido unos horarios de actividades, relativos a las horas de las comidas, que siguen sin las viejas pautas de los campamentos guerrilleros referentes a la preparación de los alimentos, encomendada cada turno a personas diferentes, con el fin de que todos participen en esa labor. Asimismo, se disponen de horarios de actividades por las noches, para evaluar algunos asuntos internos y charlar sobre la situación política y económica. También existen horarios de estudio en los que se imparte una instrucción, para aquellos que no han terminado sus estudios en educación básica.

Pese a todo, entre los habitantes de la región, así como en los de la zona veredal, cunde el escepticismo, ante el incumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Varios habitantes de la región nos dijeron que dudan que el Gobierno vaya a cumplir con lo acordado e indicaron que la salida de las FARC de sus zonas de influencia había significado el retorno del robo, del consumo de drogas y de la prostitución, puesto que se rompió con un orden establecido durante décadas.

Ahora, la presencia del Estado, mediante sus instrumentos represivos, viene acompañada de delincuencia y drogadicción. Un resumen lacónico de lo que es la zona veredal lo proporcionó un antiguo guerrillero con más de 30 años de pertenecer a las FARC, cuando indicó en forma gráfica que ese sitio es como un “gueto judío” o un “campo de concentración a cielo abierto”.

El paisaje humano
En la zona veredal de Planadas, como de seguro sucede en las otras zonas veredales, se percibe el paisaje geográfico de ese otro país rural y desconocido en las ciudades, con su extraordinaria diversidad y con esas historias personales de dolor, lucha y resistencia, el trasfondo directo del terrorismo de Estado. Allí se encuentran hombres y mujeres de origen humilde, pobres, muchos de ellos apenas saben leer y escribir. Duraron muchos años en la guerra, y portan consigo heridas imborrables. Sufrieron bombardeos inverosímiles, y vieron cómo morían camaradas de lucha, y en muchos casos sus propios hijos y compañeros sentimentales.

Allí están mujeres que estuvieron en la cárcel durante interminables años y madres que se vieron obligadas a dejar a sus hijos en manos de familiares, hijos que nunca volvieron a ver, o que solo podían contemplar de vez en cuando, y bajo el riesgo de ser capturados o asesinados. Hijos que quedaron huérfanos a temprana edad porque sus padres fueron masacrados durante los bombardeos. Campesinos externos a la zona que todavía portan consigo los papeles que prueban que a uno de sus familiares se le asesinó y desapareció hace 30 años. También hay personas que llevan las marcas de la guerra, bien porque están lisiadas o porque los estragos de las esquirlas o de las balas les dejaron imborrables huellas en alguna parte de su cuerpo.

En la zona veredal hay campesinos, indígenas, afrodescendientes, trabajadores urbanos, profesionales…, como expresión a pequeña escala de la diversidad étnica del país, una diversidad que se expresa en la composición social de la base guerrillera. Una indígena, procedente del Tolima, que tiene unos 30 años de edad, nos cuenta que lleva más de media vida en las FARC, a la cual se vinculó al comprender que no podía estudiar y que el futuro que le deparaba su pobreza familiar era terminar como cocinera en Natagaima, con un miserable sueldo. Nadie la obligó a vincularse, ella lo hizo convencida que tenía más opciones en la guerrilla, que permaneciendo en su pueblo.
Una persona, también de 30 años, nos cuenta que lleva 17 años en las FARC, a la cual ingresó cuando era casi un niño. Fue miembro del Bloque Oriental. Su anhelo es poder estudiar y llevar una vida digna. Nos asegura que si el Gobierno no cumple los acuerdos él volverá a empuñar las armas, y que ahora este hecho tendría una ventaja: el pueblo colombiano ya habrá confirmado que la paz no fue posible porque el Gobierno no cumplió lo pactado. Nos dice que conseguir las armas no es difícil y que organizar a los descontentos tampoco va a ser complicado, en caso de que sea necesario.

La zona veredal está situada al lado del resguardo indígena Páez (Nasa) de Gaitania, el cual firmó un acuerdo de paz con las FARC el 26 de julio de 1996. Pacto que se ha cumplido estrictamente desde entonces. Este acuerdo fue posible por la buena disposición de las dos partes, y en especial del comandante Jerónimo. Este carismático guerrillero, quien fuera asesinado por el Ejército en 2011, es recordado con mucho cariño y admiración por los miembros de la insurgencia que lo conocieron, así como por la comunidad indígena y en general los habitantes de Planadas.

Para la reconstrucción de la historia del conflicto colombiano y el papel desempeñado por líderes insurgentes, la mayor parte de los cuales han sido calumniados por el bloque de poder oligárquico y sus medios de desinformación, es imprescindible recuperar la vida y luchas de personajes como el comandante Arquímedes Muñoz, Jerónimo. Las lágrimas de sus compañeros de lucha al recordarlo ponen de presente el ascendiente que aquel logró entre las tropas a su mando, y más allá, en todo el sur del Tolima.

Marquetalia
Tuvimos la oportunidad de visitar a Marquetalia, el lugar donde se originó la agresión armada por parte del Ejército y del Estado colombiano a un grupo de campesinos, lo que a poco tiempo originaría a las FARC.

Para llegar allí se hace el recorrido desde la zona veredal por una trocha de difícil recorrido, en la cual el destartalado campero que nos lleva se demora 90 minutos, hasta llegar a Villanueva. Luego se continúa el trayecto a pie o a caballo, durante tres horas. Ascendimos y descendimos en caballo, en parte porque no teníamos el calzado que se requiere para caminar en este tipo de camino de herradura y en parte porque de alguna forma esa experiencia es única en el intento de reconstruir el trayecto que debieron recorrer infinidad de veces los guerrilleros de las FARC, incluido el propio Manuel Marulanda Vélez, utilizando a esos nobles animales.

Es extraordinario el paisaje montañoso y de vertiente cafetera. A medida que avanzamos por el lugar, pensamos y nos imaginamos ese escenario de guerra, trascendental en la historia colombiana de los últimos 53 años. Al fin llegamos a Marquetalia, o mejor a lo que quedó de ella. Nos referimos a la pequeña explanada en donde se encontraban las humildes viviendas de los campesinos de autodefensa que fueron agredidos en ese malhadado mayo de 1964.
En ese sitio solo existe una casa –era la vivienda de Marulanda, nos recordó una persona de la región– que ahora se encuentra habitada por una pareja de adolescentes campesinos, que acaban de tener un hijo.

El lugar está ocupado por tropas del Ejército, que tienen un campamento base a unos doscientos metros de la casa mencionada, pero que tienen carpas desperdigadas alrededor de la vivienda, y en la cual entran y salen con normalidad y donde guardan avituallamiento y pertenencias, como si fuera de su propiedad. La presencia de la tropa nos cohíbe y nos impide hablar con tranquilidad con nuestros acompañantes, entre los que se encontraban dos antiguas guerrilleras de las FARC, una de las cuales conoce el lugar como la palma de sus manos y nos cuenta que no le sorprende ver al Ejército. En varias ocasiones ella, con otros guerrilleros, sorteó el lugar a hurtadillas sin que las tropas se dieran cuenta.

En Marquetalia se ven las secuelas de la guerra. Hay túneles y trincheras, pequeños cráteres que deben ser producto de bombardeos del Ejército estatal. Pero el símbolo estrella son los restos de una aeronave de guerra derribada por los guerrilleros. En lo que fue una de las alas de ese aparato se ven impactos de bala, presumiblemente de fusil, que fue disparado desde tierra y que lo derribó.


En la zona hace un tremendo frío, sobre todo en las horas de la noche. A pesar de la decepción que nos produce la presencia del Ejército, decidimos pasar una noche en esa casa, y le solicitamos al guía de los caballos que regresara a Villanueva, y volviera al día siguiente a las ocho de la mañana. Nos acostamos temprano, antes de las nueve de la noche, sin cruzar muchas palabras. La ocupación del Ejército, nos dicen unas personas de la zona, pretende que en Marquetalia no se pueda construir un museo de la resistencia, como lo han insinuado algunos dirigentes de las FARC.

Al otro día, con la llegada de los caballos, echamos un último vistazo al lugar, a los restos del avión, a los túneles y trincheras, así como a los jóvenes campesinos que allí habitan y a los soldados, porque todo ello deja una extraña sensación. Es como si la historia se hubiera detenido, ya que seguimos gravitando entorno a las terribles injusticias que en 1964 dieron origen a un conflicto armado que se proyecta hasta nuestros días. Luego de esto nos despedimos de este histórico lugar de la resistencia popular de Colombia, con la certeza de que nunca lo volveremos a ver.

 

Visité por vez primera la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, para participar de la carrera atlética Mocoa 10k Vive. Han pasado siete meses luego de la avalancha ocurrida por las fuertes lluvias y se ven aún las piedras, rocas, arbustos caídos, lodo por doquier, barrotes, y enseres de las casas destruidas. La ciudad que quedó en pie está sitiada, pues todos esos escombros no han sido removidos ni levantados, y las labores de reconstrucción y recuperación de infraestructura son inexistentes. Se suma al mismo tiempo el desánimo, la desesperación y el desamparo para los sobrevivientes y damnificados por cuenta del Estado colombiano y el Gobierno de “Paz, Equidad, Educación”, como también de las instancias departamental y municipal, quienes han brillado por su ausencia para la pronta solución de las necesidades básicas y prioritarias.

Es impresionante la negligencia gubernamental. Y lo sostiene así una habitante del barrio San Miguel, la señora Rosa Erazo, quien actualmente vive en el segundo piso de su casa que quedó de pie, pues hoy por hoy no tiene en dónde arrendar, debido a que el auxilio de arriendo por tres meses, de 250.000 pesos, no alcanza para lo que realmente cuesta un arriendo en esta ciudad, que oscila entre 350.000 pesos y 600.000 pesos.

Doña Rosa es doblemente desplazada, primero por la violencia armada, pues en el 2002 debió desplazarse del municipio de La Dorada como consecuencia del asesinato de su esposo, y recién llegada a Mocoa la alcaldía de la época le prometió una casa y el pago de la indemnización que nunca cumplió. Desde eso comenzó a labrar su porvenir levantando su casa donde está actualmente, y hoy medio destruida. Su presente diario está en cuidar a su madre con más de cien años de edad, en elaborar sombreros y bolsos de hiraca, y en alimentar pollos y gallinas para sostenerse y tener con qué comer y vivir. Está a la expectativa de lo que ocurra con la entrega de las nuevas casas, que cuentan las malas lenguas, serán por sorteo amén de la posibilidad de la demolición del barrio. Sobre esto doña Rosa dice: “Si piensan venir a demoler las casas aquí, me tendrán que demoler a mí también porque no tengo nada ni para dónde ir”.

Una de las grandes preguntas que se hacen los habitantes es qué pasó con el dinero y las promesas vendidas. Mientras tanto, duermen noche a noche con los ojos a medio cerrar y con el miedo permanente de que otra lluvia, otro aguacero, tan nada ajeno a este paisaje amazónico, genere un nuevo deslave, una nueva avalancha, para llevarse definitivamente la poca ilusión que les queda ante dios y ante la misma vida, que viene siendo esquiva por causa no del destino, sino de la misma naturaleza a la cual el hombre mismo se ha encargado de desproteger y destrozar sin anestesia.

He seguido el rastro de Marleny Zabala durante las últimas semanas, y esto me ha llevado a encontrarme entre muchas mujeres debatiendo una propuesta de economía solidaria para las familias que viven junto a ella en un Ecoasentamiento que construye, junto a otras mujeres y hombres, en el municipio de Armenia, Quindío, en el barrio La Nueva Armenia.

Hace más de dos décadas Marleny fue desplazada, junto a su familia, de la vereda Las Samarias del corregimiento de Berlín, en el municipio de San Felix, al oriente de Caldas. Su familia cultivaba café y chocolate, y tenían algunas cabezas de ganado, su fortaleza hubo de ser el cimiento que necesitaron sus hermanos y su padre para la oscuridad que llegó después de que su madre muriera.

La muerte de la madre hizo que ella saliera por primera vez del campo. A ella y a sus hermanas las enviaron a vivir con su abuela, pero ella enfermó y luego fueron a parar al internado María Inmaculada en la ciudad de Medellín. “Esa fue la primera vez que yo sentía que me habían arrancado de la tierra, fue un cambio muy drástico y por alguna razón que desconozco, sentía mucha hambre, me daba tanta hambre en ese lugar”.

Después de tres años retornó de nuevo a la vereda, con muchas ganas de continuar con lo que había dejado tirado: el ejercicio de ayudar a sembrar y cultivar, ocuparse de echar la leña al fogón y darle de comer a los animales. Pero a sus 17 años la violencia bipartidista y las amenazas la obligaron, junto a su padre, a buscar un nuevo lugar para vivir, y aprender a sobrevivir a la hostilidad de la ciudad para la que el campesino no está preparado.

Años más tarde su gran obstinación los llevó a regresar de nuevo a su finca para tratar de reconstruirlo todo. Se vinculó a una fundación llamada Paz en la Tierra, donde encontró elementos para construir una Asociación de Usuarios Campesinos, y una Junta de Acción Comunal para empezar a organizarse e incidir en la administración local.

Solo fue cuestión de un año de trabajo de base. Se constituyó un plan de trabajo que tenía como eje central la solicitud de un puesto de salud con un médico constante, mantenimiento de las carreteras, una escuela, y capacitación para la nutrición de los niños. Pero la Junta de Acción Comunal empezó a ser perseguida, las reuniones y asambleas fueron militarizadas, y muchos de los documentos fueron quemados. Para desgracia de todos, asesinaron a dos de sus compañeros, un par de ingenieros agrónomos que apoyaron la iniciativa hasta el final.
Marleny tuvo que irse, la organización se extinguió y una noche cualquiera conoció al grupo paramilitar la Mano negra. “Reconocí inmediatamente quiénes eran. Me dieron una amenaza: si no se va hoy, mañana seremos dos los muertos. Fue suficiente para irme de nuevo”. Con enorme tristeza se marchó a Manizales donde en poco tiempo empezó a trabajar como empleada de servicio doméstico, pero las dinámicas del lugar no le agradaron mucho y se fue a Bogotá para vivir con una amiga.

En esa enorme y devoradora ciudad consiguió formar parte de un grupo de misioneros redentoristas, facilitándosele terminar su bachillerato. En las mañanas trabajaba en el seminario y en las tardes tomaba clases a través de la radio. Después decidió ser misionera, y se vinculó junto a un sacerdote para trabajar con habitantes de la calle y con una ONG que se llamaba SOS Aldeas Infantiles. Entonces se despertó su deseo por la enseñanza y estudió pedagogía para la educación.

En 1998 sus hermanos fueron desplazados de la vereda. El río fue canalizado para construir una hidroeléctrica; continuaron las muertes y las fosas comunes. “Para cualquier colombiano escuchar decir fosa común o saber de una cerca a su casa no causa en él mayor resquemor. Parece que le estuvieran hablando de la siembra de una planta”. Ella dice haber muerto con los tantos que perdieron su vida allí, pero reconoció la envergadura del monstruo al que se enfrentaba y que era muy pequeña para enfrentarlo sola.

Entre tanto dolor continuó sus estudios, esta vez en Filosofía, pero enfermó. Meses más tarde mejoró y regresó junto a su familia. Quería acompañar a sus hermanos con la enfermedad de su padre, quería una revancha, y se vinculó al programa de Restitución de Tierras. Además de la pérdida de su territorio, ha tenido que cargar con la desaparición de su hermano.

Por eso no le quedó más que, junto a otras y otros, empezar una nueva reconstrucción del tejido social que se había diluido, y por tercera vez creó una Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Quindío, donde las Mujeres campesinas y sus familias se unen para construir; se vinculan a la Asociación de mujeres Multiétnicas, donde cada mujer pertenece a alguno de los Ecoasentamientos a nivel nacional. La Confluencia de Mujeres inició su proceso a partir de discusiones entre ellas mismas sobre la manera en que se deben de organizar para exigir sus derechos.

 

Emergencia del Ecoasentamiento: Laudato
Las complicaciones para Marleny y otras familias no cesaron con su llegada a la ciudad de Armenia al acceder a una pequeña porción de tierra. Han sido señaladas de haber ocupado esas tierras sin permiso alguno, pero los acusadores fueron quienes les vendieron el derecho a vivir allí. Tienen en sus manos los títulos de propiedad para comprobar la legitimidad de la adquisición, y no saldrán de allí. Han comunicado a la administración local que no aceptarán ningún trato de reubicación. Al contrario, han hecho toda la gestión para que les legalicen sus tierras, a través de la Ley 1848 del 18 de julio del 2008 que dice que todas las alcaldías y gobernaciones tienen 90 días para crear oficinas jurídicas para legalizar sin ningún costo los asentamientos que cumplan con los requisitos básicos.

Las mujeres que habitan el Ecoasentamiento que han llamado Laudato sí, han cultivado y limpiado con ayuda de sus familias el espacio, convirtiéndose esta en su finca en la ciudad. Les parece molesto que los antiguos dueños después de ver con buena pinta el lugar y que ahora sí es habitable, empiecen a atacarlos y a tildarlos de invasores. Han recibido varias demandas y acudido a varias audiencias, les han ofrecido reubicaciones, participación en proyectos de vivienda con apoyo de la administración municipal de Armenia, pero no quieren abandonar este espacio, ya adelantan proyectos y tienen planes para la construcción y remodelación de sus viviendas; les agrada vivir cerca a la quebrada La Cristalina.

Quieren recuperar su identidad campesina, cultivar, construir sus casas y reconocerse, cuidar bienes de vida como laderas y fuentes de agua y tejerse comunitariamente. Las mujeres campesinas llevan a cuestas un enorme dolor, porque ni ellas ni sus familias en el campo o la ciudad se escapan de la violencia; deben soportar hasta el fin sus vidas, en silencio, el maltrato en el seno de la familia y la ciudad misma. Marleny sueña junto a otras mujeres construir dentro de su Ecoasentamiento una casa de la mujer que se convierta en una escuela de participación ciudadana, en donde puedan intercambiar sus productos y tener a su familia e hijos cerca, para de esta manera unir el campo con la ciudad.

Actualmente Marleny Zabala ha sido postulada para el premio Mujer Comfenalco, y al mismo tiempo ha recibido una amenaza de muerte por parte de grupos paramilitares. “Las mujeres no abandonamos nuestras luchas, nos desprendemos de nuestros miedos y nos aferramos a nuestros derechos”.

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