(14)

La hacienda Las Pavas tiene aproximadamente tres mil hectáreas de extensión, la mayoría de las cuales están ubicadas en jurisdicción del municipio El Peñón, al sur del departamento de Bolívar. De allí fueron desalojadas el 14 de julio pasado por fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía 123 familias de campesinos, aproximadamente 600 personas, para entregarle el predio a las empresas de palma Aportes San Isidro y Comercializadora Internacional Tequendama, ambas pertenecientes al Grupo Daabon, propiedad de la familia Dávila Abondano del departamento del Magdalena, cuyo pasado deja mucho que desear. Este despojo ha contado con la complicidad de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, que han favorecido irrestrictamente a los empresarios. 

 

 En una acción solidaria con los campesinos desalojados de la hacienda Las Pavas, se organizó una comisión conformada por 25 personas integrantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales. La Comisión se dirigió al corregimiento Buenos Aires del municipio del Peñón, a donde se han refugiado los campesinos sacados a la fuerza de sus tierras. Al llegar allí, nos dispusimos durante varios días a escuchar los testimonios de los campesinos y sobre esos testimonios, Periferia reconstruye la historia del despojo de estas 600 personas.

Camino al despojo
En medio de un campamento construido con palos y plásticos, hay una especie de salón comunal donde nos reunimos con los campesinos; unas 80 personas se dispusieron a contarnos cómo han sido tratados por las diferentes autoridades hasta llegar al más reciente desalojo del 14 de julio. Comienzan contando que en la época de oro del cartel de Medellín, a mediados de los años 80, de vez en cuando hasta predios de la hacienda Las Pavas llegaba un grupo de hombres vestidos de civil y fuertemente armados y que, según los comentarios de los campesinos que vivían alrededor de la hacienda, eran los escoltas del mafioso Pablo Escobar Gaviria, propietario de la finca que iba a descansar allí. “Cuando Pablo venía por acá nos prohibían ir a trabajar a las parcelas y salir del caserío, nos daban plata para nuestro sustento pero durante los días que ese señor estuviera por acá nadie podía hacer nada ni irse para ninguna parte”, cuenta uno de los líderes rememorando sus épocas de juventud. “Posteriormente, poco después que fue asesinado el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el ejército allanó la hacienda buscando a Pablo Escobar”.

Después de este allanamiento, la persona que aparecía como dueña de la  hacienda, el señor Jesús Emilio Escobar Fernández, la abandonó, quedando durante más de 10 años como predio sin ningún tipo de uso productivo. En 1997, y a raíz de la falta de tierras para cultivar y producir sus alimentos, 123 familias ocuparon el predio y comenzaron a cultivar allí productos de pancoger y algunos productos para comercializar, como cacao. Fue ahí cuando decidieron agruparse en la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires – Asocab. Se mantuvieron allí hasta el año 2003, cuando un grupo de paramilitares reunió a los campesinos de Las Pavas y de Buenos Aires y les notificó que a partir de aquel momento quien quisiera preservar su vida tenía terminantemente prohibido volver a trabajar en esas tierras. Simultáneamente los “paras” establecieron su base en el corregimiento Papayal, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y comenzaron a correr por el río que comparten Buenos Aires y Papayal cuerpos humanos descuartizados. Ante las amenazas y la evidencia de que los paras estaban dispuestos a cumplirlas, los campesinos de Asocab decidieron salir de la hacienda y refugiarse en Buenos Aires.

En los siguientes tres años, los campesinos se decidieron a regresar de a poquitos a la hacienda Las Pavas; pudo más la necesidad de cultivar alimentos para resolver al menos el problema del hambre que el miedo que les producían las amenazas de los paras. En 2006 las 123 familias estaban de nuevo ocupando completamente la hacienda y arrancaron nuevamente sus actividades agrícolas. En 2007 acudieron al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder- para solicitar que se iniciara un proceso de extinción de dominio de ese predio, pues, de acuerdo con el artículo 52 de la ley 160 de 1994, el propietario había dejado de ejercer posesión del predio por más de tres años continuos. Y es que justo en ese año se completaban los 10 años desde que Jesús Emilio Escobar dejó abandonada la hacienda. Se realizaron algunas diligencias por parte de la Unidad Nacional de Tierras para verificar la veracidad de lo declarado por los campesinos en el sentido de que el predio había sido abandonado por su propietario, y en vista de que se pudo corroborar se procedió a abrir el proceso de extinción de dominio por parte del Incoder un año después de presentada la solicitud por parte de los campesinos. Este proceso está pendiente de una resolución definitiva.

Las empresas palmeras entran en el escenario
A comienzos de 2009, los campesinos decidieron darle un empujón a su actividad agrícola y consiguieron un crédito para sembrar cacao y obtener así algunos ingresos económicos para subsanar sus necesidades, lo que no significa que renunciaran a su actividad agrícola de cultivar productos de pancoger, sino que la complementan con la siembra de cacao.

Pero entonces entran al escenario las empresas palmeras Aportes San Isidro y Comercializadora Internacional Tequendama, quienes presentan ante la inspección única del municipio del Peñón una querella de amparo de la posesión por ocupación por vía de hecho contra los campesinos y alegan ser los propietarios de este predio que, según dicen, le compraron a Jesús Emilio Escobar. La inspección decide la querella a favor de las empresas, desconociendo que hay un proceso de extinción de dominio de este predio en contra de Jesús Emilio Escobar por abandono de la hacienda, y ordena el desalojo de los campesinos y la “restitución” del predio a las empresas querellantes. Los campesinos interpusieron una acción de tutela y el juzgado Promiscuo de San Martín de Loba falló en su favor y revocó la orden de desalojo emitida por el inspector de El Peñón. El juez argumentó que la inspección violó el debido proceso al ordenar una acción de hecho sin tener en cuenta los antecedentes de las acciones jurídicas adelantadas por los campesinos. Las empresas impugnaron el fallo y el juzgado de segunda instancia revocó la decisión del juez y revivió la orden de desalojo.

¿Quiénes son los propietarios de las empresas palmeras?
Las empresas que han adelantado toda serie de intrigas legales e ilegales para lograr apropiarse de la hacienda Las Pavas son Aportes San Isidro S.A. y Comercializadora Internacional Tequendama. Ambas son propiedad del Grupo Agroindustrial Daabon Organic., que toma su nombre de los apellidos Dávila Abondano y se dedica a tres actividades económicas: Los agrocombustibles, de los cuales se encargan las empresas Aportes San Isidro, Comercializadora Internacional Tequendama, La Comercializadora Internacional Palmares de Río Viejo - Riopalma, La Terminal de Graneles Líquidos del Caribe S.A, y la Planta de Biocombustibles del Caribe S.A. El segundo renglón es el de la producción y comercialización de banano del que se encargan las empresas Comercializadora Internacional La Samaria, la Fundación Social Dávila BioBanana – Fundabanana y la Fundación de los Trabajadores de las Bananeras. El tercer renglón productivo es el de producción y comercialización de café orgánico y otros productos del que se encargan las empresas Comercializadora Internacional Kyoto S.A. y Ecobio Colombia. Su actividad productiva y comercial está orientada fundamentalmente para la exportación de sus productos a Japón, Corea, Holanda, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Alemania, y para ello cuentan con certificaciones de buenas prácticas ambientales y sociales que, según algunas averiguaciones en curso, no han sido conseguidas de manera transparente.

Este grupo fue conformado por la familia Dávila Abondano, de tradición terrateniente en el departamento del Magdalena, pero también conocida a nivel nacional por su tradición politiquera y porque al menos dos de sus miembros se han visto envueltos en asuntos criminales: Eduardo Dávila Armenta pagó una condena por narcotráfico y actualmente está siendo investigado y se encuentra detenido por concierto para delinquir agravado por sus nexos con los paramilitares comandados por Hernán Giraldo, y por homicidio agravado. Otro de los miembros de esta familia, el exgobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, está siendo procesado por paramilitarismo, ya que fue uno de los impulsores del llamado “pacto de Chivolo”, que es un documento que se firmó en una reunión que se llevó a cabo entre diferentes personalidades políticas magdalenenses y el jefe paramilitar Jorge 40. De esa reunión, realizada en el año 2000, José Domingo Dávila salió ungido como candidato a la gobernación del Magdalena, cargo que ganó y ejerció entre 2001 y 2003. Dentro de su tradición politiquera, el grupo Daabon participó también en las más recientes elecciones para la alcaldía de Santa Marta, en las cuales salió electo Juan Pablo Diazgranados Pinedo, que hasta antes de posesionarse era el director de la división de finanzas del grupo Daabon. La familia Dávila Abondano aportó también a través de diferentes empresas pertenecientes al grupo Daabon, al fondo del referendo que busca la segunda reelección de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia. Los aportes, según la página de Internet de periodismo investigativo primerapagina.com, fueron: C.I. La Samaria: 15 millones; C.I. Tequendama: 15 millones; C.I. Banasan: 50 millones.  

Seguramente el grupo Daabon a través de las empresas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama están felices con las acciones de apoyo de la familia presidencial al cultivo de palma africana. Cuentan los campesinos de Las Pavas y algunos pobladores de los municipios de Arenal y Río Viejo del departamento de Bolívar que en los meses de febrero y abril de 2009 Jerónimo Uribe Moreno ha realizado dos visitas a la hacienda Chipre, ubicada en el municipio de Río Viejo; durante estas visitas ha impulsado el incremento del cultivo de palma en la región.  Así mismo cada que ha tenido la oportunidad el presidente Álvaro Uribe Vélez, ha hecho vehementes llamados para que se aumenten el número de hectáreas de palma sembradas en el país, ya que a su juicio “éste es un cultivo que permite generar ingresos hacia la revolución educativa por la competitividad que demanda la producción de la palma. También permite la ampliación de la protección social porque, en la medida que reivindica amplias masas campesinas, facilita el acceso de estas al sistema de protección. Y, estimula la generación de empresas de economía solidaria”. Ha dicho también el presidente que “el cultivo de la palma de aceite permite, de manera excelente, avanzar en el país de propietarios porque, lo que amenaza el concepto de empresa privada es la falta de capacidad del capitalismo para generar nuevas empresas y nuevos empresarios, pero en el caso de la palma de aceite la situación es contraria”.

Así las cosas, nadie puede extrañarse de la posición asumida por los jueces y demás autoridades frente a la querella interpuesta por el grupo Daabon. Por eso el 14 de julio pasado unos doscientos agentes del escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad – de la policía nacional rodeó el predio, impidiendo la entrada y salida de las personas que allí se encontraban, entre las que estaban los campesinos y representantes de diferentes organizaciones sociales que habían llegado hasta allí a acompañarlos y apoyarlos en su acción de resistencia frente al desalojo.

Al frente de los llamados robocops, como les dicen popularmente a los Esmad, se encontraba el inspector de El Peñón, Omaldo García Capataz, y a su lado se encontraba el abogado de las empresas palmicultoras quien, según los campesinos, era el que le daba las órdenes al inspector. También hicieron presencia allí funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal del Peñón, quienes le insistían al inspector sobre la ilegalidad del acto; pero el inspector, alegando no ser abogado, mantuvo su decisión de desalojar a los campesinos para complacencia de las empresas palmeras. Las únicas personas que pudieron mantenerse en el predio fueron tres mujeres cabeza de familia a las que un juez de San Martín de Loba les tuteló su derecho al trabajo, ellas quedaron rodeadas de los policías que custodian la hacienda y tienen expresamente prohibido adelantar cualquier tipo de labor agrícola en estas tierras, así sea solo el mantenimiento de los cultivos de maíz, ahuyama y otros productos de pancoger que se están ahogando en la maleza.

Paradójicamente, el mismo juez que permitió la permanencia de tres mujeres en el predio sin poder adelantar ningún tipo de labor agrícola, en un acto de malabarismo jurídico sin precedentes tuteló también el derecho que tienen las empresas palmeras a ocupar y trabajar este mismo predio. En una visita que hicimos para verificar las condiciones de las tres señoras, encontramos que las empresas palmeras ya tienen allí un tractor y un grupo de personas trabajando en un pequeño cultivo de palma que lograron sembrar hace unos meses, cuando llegaron y por la fuerza destruyeron el cultivo de cacao de los campesinos. Toda la actividad de las empresas palmeras está siendo protegida por un piquete de unos 20 policías que están allí acantonados y que han tomado la única vivienda que sobrevivió a la destrucción del día del desalojo como su sitio de vivienda. En una de las habitaciones de esa casa, rodeadas de camuflados, fusiles y carpas militares, se hacinan las tres campesinas que permanecen en el predio.

A unos 40 minutos de Las Pavas, las 120 familias restantes que se refugiaron en el corregimiento Buenos Aires se preparan para recuperar estas tierras que ellos consideran propias.

En Pereira ha sido cuestionada y reprimida por los funcionarios encargados del control del uso del espacio público,  para la realización de ventas minoristas en la calle, pero se minimiza y oculta el uso que hacen de él los comerciantes, los industriales, el sector financiero, entre otros. En muchos casos son ocupados los pasajes y vías peatonales y las aceras, con mesas y  sillas, sombrillas y capotas, como ocurre en los pasajes alrededor del edificio sede de la alcaldia de Pereira. 

 

 El privilegio del comercio formal
Los comerciantes formales continúan utilizando exhibidores  en la acera, bafles y altoparlantes para promocionar sus productos. En el centro de Pereira la utilización de las calles para parquear camiones, camionetas y  otros vehículos destinados al transporte de productos agrícolas y procesados a la carga afectan gravemente la movilidad. La carrera 9 entre calles 14 a la 16, y  entre calles 17 y 18, es una muestra de ello.

Desde 1998 el municipio de Pereira realizó un contrato de concesión con la empresa parqueaderos Daytona, para colocar en funcionamiento las zonas de permitido parqueo, más conocidas como zonas azules. Calles céntricas a determinadas horas del día se encuentran saturadas en un carril por vehículos parqueados ( carros y motos). Estos parqueaderos callejeros, explotados económicamente por Daytona, obstaculizan el normal tránsito de vehículos, formando verdaderos trancones.

La entrega a Megabús de calles céntricas ha incrementado el problema de la movilidad. Su construcción ha restado espacio público destinado al transporte vehicular y peatonal  (de carros, motos y personas en el centro Tradicional. El carril de uso exclusivo para Megabus (solo bus) ocupa 12.145 m2   y las  estaciones de cargue y descargue de pasajeros ubicadas en este sector, ocupan cada una 120 m2.  y fueron construidas sobre la antigua vía, en total 10 que aproximadamente ocupan 1200 mt2  de espacio público en el sector del “Centro”. En total la vía de Megabús ocupa 34 Kilómetros de vías en el área metropolitana Centro Occidente.
 
De acuerdo al artículo 10 del decreto 1600 de 2005 y el decreto 564 de Febrero 24 de  2006,  Megabus está entre las entidades que no deben solicitar licencia de ocupación e intervención del Espacio Público.

En la avenida del ferrocarril, donde se realizan actividades de mecánica y pintura callejera, los andenes permanecen ocupados con  motos y carros. En la calle 22 con cra 12, gran cantidad de motos y autos permanecen parqueados durante el día. Allí se realizan labores de compraventa y de mantenimiento. Toda la ocupación de calles y aceras para parqueo, distinta a las zonas azules, está prohibida legalmente, pero el control en este sentido es bastante deficiente. No se ha ejecutado una política de recuperación de este espacio público. Es evidente la permisividad oficial. En contraste, la recuperación del espacio público ocupado por las ventas informales sí es una política de vieja data. La represión por medio de operativos para realizar el decomiso de las mercancías,  los programas de reubicación de las ventas callejeras en espacios cerrados (edificaciones) de los puestos de comercio informal que ocupan espacio en las aceras, han sido las estrategias más utilizadas por las diferentes administraciones del municipio de Pereira.

A los comerciantes informales los funcionarios de la secretaría de Gobierno les arrebatan la mercancía de cuya venta dependen los ingresos para sobrevivir el trabajador o la trabajadora y su familia. En la actual administración del alcalde Israel Londoño, los decomisos han afectado particularmente a los comerciantes informales de frutas y verduras (carreteros). Esta medida oficial de tipo represiva para controlar el uso del espacio público para las ventas ambulantes, viola abiertamente el derecho fundamental del trabajo y el derecho al mínimo vital y en muchos casos el principio de la confianza legítima. En la sentencia T- 772 de 2003, la Corte Constitucional expresa que el Estado no puede violar los derechos fundamentales de las personas dedicadas a las ventas callejeras con el argumento de defender el derecho al espacio público. Recuerda que Colombia es un estado social de derecho y, por tanto, la administración municipal debe desarrollar alternativas de empleo para posibilitar que los vendedores informales ejerzan una actividad laboral distinta. La política de decomisos viola, entre otros, la jurisprudencia y los derechos fundamentales, aquí relacionados.

El fracaso de las reubicaciones
Los centros comerciales: San Andrecito de la calle 30, San Andrecito de la calle 17, los basares populares y más recientemente el centro Comercial de la calle 13 y el basar de la calle 18 con carrera 11, son el producto de estas realizaciones. Los escribientes también han sido trasladados de un sitio a otro en varias ocasiones.

La primera gran reubicación de puestos de ventas informales realizada en el municipio de Pereira, fue San Andrecito ubicado entre la calle 30 y 31. Allí se reubicaron a los comerciantes que tenían sus puestos en el parque La Libertad. Luego se efectuó la reubicación en san Andresito de la calle 17. En el gobierno de la ex alcaldesa Martha Elena Bedoya se implementó la política de basares populares. La administración municipal alquiló y adecuó unas edificaciones y algunos lotes de engorde para trasladar a comerciantes informales que ejercían ventas semiestacionarias. La alcaldesa desarrolló una violenta represión contra  los trabajadores y trabajadoras del comercio informal, que no creyeron ni aceptaron ser reubicados en los basares. La violencia oficial contra los vendedores cobró varias vidas, el asesinato del artesano Jhon Alirio Carmona fue el hecho criminal más denunciado.  

Estos proyectos no contaron con estudios de factibilidad serios, hoy es indiscutible su fracaso. En el año de 2008 se construyó una edificación para el centro comercial la 13 (calle 13 entre cras 10 y 11) donde fueron trasladados 294 ocupantes de los basares. Según han denunciado algunos concejales y el sindicato de vendedores informales, SINDEVENDEDORES, en las últimas administraciones se han gastado más de 25.000 mil millones de pesos en proyectos de reubicación para desocupar el espacio público de comerciantes informales. A pesar de la millonaria inversión, la situación de los comerciantes informales que participaron de estas reubicaciones están en una situación económica y social peor que hace 5 años. Los únicos beneficiados han sido los contratistas, amigos del alcalde de turno o los recomendados de sus jefes políticos.

El fracaso de las reubicaciones radica precisamente en esto: los reubicados en su gran mayoría han vuelto a las ventas callejeras. La inversión oficial se ha dirigido al pago de costosas consultarías, diseños, obras de infraestructura, y módulos. La ubicación desfavorable de los basares y los centros comerciales, sumada al poco capital para surtir los locales, son, entre otros, los principales factores que ocasionaron el fracaso de estos proyectos oficiales. Otro elemento importante es la poca incidencia por parte de los comerciantes informales en la definición de las posibles alternativas. SINDEVENDEDORES solicitó a la contraloría municipal de Pereira realizar un  seguimiento a la inversión de 2.500 millones en la construcción del Centro comercial la 13 y esta entidad  encontró en septiembre de 2008 dos hallazgos de tipo fiscal y uno de tipo administrativo. Hasta la fecha se conocen los resultados de la investigación que debió realizar sobre estos hechos el ente de control.

Actualmente la Universidad Católica ha contratado con la alcaldía de Pereira la ejecución del proyecto Plan Integral de Manejo de Vendedores Informales de Pereira- PIMVIP-. El municipio ha destinado 954 millones 306 mil pesos que serán invertidos antes de finalizar este año. Con la participación del comercio formal e informal y la administración municipal, se ha formulado y aprobado el pacto cívico, para el manejo de las ventas informales en el Centro de Pereira. La reubicación en pasajes comerciales abiertos y con techo y la redistribución de los puestos estacionarios en nuevos  módulos son las dos estrategias principales que la Universidad Católica pretende desarrollar para reorganizar las ventas informales en el  centro de Pereira.

A pesar de estar participando de este proceso, los funcionarios de la alcaldía continúan decomisando mercancías. El sector más afectado por esta política represiva ha sido el de los vendedores callejeros de frutas y verduras, más conocidos como los carreteros. Les decomisan las verduras y las carretas, en la mayoría de los casos entregan los productos descompuestos y  demoran la entrega de las carretas hasta 2 meses, o no las devuelven. También decomisan a vendedores de afiches y otras mercancías. Con el fin de ocasionar más perjuicio económico al comerciante informal callejero, los funcionarios de la alcaldia de Pereira realizan decomisos los días viernes en la tarde, los jueves y cuando hay puente festivo, como le ocurrió al señor  José Helmer Giraldo  Arenas, de 42 de edad, enfermo de epilepsia, a quien le hicieron decomiso el Viernes 7 de agosto a las 8:20 de la mañana (Fiesta Patria). Así lo privaron de ejercer su actividad laboral durante tres días consecutivos, clara violación al derecho al trabajo.

Sindevendedores ha denunciado que la Universidad Católica está pagando salarios de hasta 6 millones y medio a empleados que trabajan en desarrollo del PIMVIP. Aún siendo integrantes de la mesa de concertación para buscar alternativas a la ocupación del espacio público, los comerciantes informales no fueron invitados por el alcalde a participar en la discusión de un proyecto de acuerdo dirigido a entregar el espacio público a particulares para su explotación económica. La aprobación por parte del concejo municipal de Pereira del acuerdo 078, en diciembre del 2008, creó inconformidad entre los comerciantes informales. Esta norma autoriza al alcalde para realizar contratos de concesión para explotar económicamente el espacio público. Según se afirma, el concesionario cobrará por la ocupación del espacio público para realizar actividades comerciales y afectará al comercio informal. Bajo esta modalidad se concreta la privatización del espacio público.

Pereira ha ocupado los primeros lugares en desempleo en los últimos años, y desde junio ocupa el primer lugar, en el mes de julio alcanzando el índice  del 20.7%, según el DANE. Sin una efectiva política de redistribución de la riqueza que apunte a resolver las causas de la pobreza y marginación de que son víctimas más de 25 millones de colombianos, sin el desarrollo de una reforma agraria integral y la aplicación de políticas que concreten una redistribución efectiva de la riqueza y promuevan la generación de empleo formal y la creación de empresas individuales o asociativas, no es posible disminuir las ventas callejeras y por tanto desocupar las aceras de comerciantes informales en Pereira o en cualquiera de las ciudades colombianas. Si no aumenta el empleo formal, se incrementa la informalidad y por tanto el comercio callejero.

El aumento de las ventas callejeras es el producto lógico de un sistema social y económico que excluye a millones de colombianos de los beneficios del desarrollo. El comercio informal es una realidad donde se expresa de forma clara el nivel de desempleo. La informalidad es una situación laboral de  subempleo.
 
Como si fuera poco, las centrales obreras no cuentan con una política clara frente a la problemática del desempleo y el aumento de la economía informal y en particular sobre el comercio callejero. El sindicalismo tradicional ha estado más relacionado con población vinculada laboralmente al empleo formal. Esto se refleja en el poco apoyo dirigido a la  capacitación y formación de los líderes de organizaciones del comercio informal, lo que les resta posibilidades de proponer y desarrollar alternativas que beneficien a la  gran masa de  población subempleada y desempleada.

Jaime Garzón le dieron muerte el 13 de Agosto de 1999 a eso de las 5:45 de la mañana. La noticia dolió más al país de lo que sus asesinos se imaginaban. Por las calles de Bogotá le acompañaron más de 200 mil personas el día de su entierro. Una compañera de trabajo suya decía: si quienes le dispararon se hubieran dado la oportunidad de conocerlo no hubieran sido capaces de matarle. Es la primera vez que Jaime nos hace llorar, dijo una mujer el día del entierro de este.

A Garzón le habían amenazado muchas veces, se dice que de muchos lados; la muerte le llegó no se sabe de cuál. Él estaba seguro de que su muerte, naturalmente, llegaría por esas formas violentas que bien conoce este país. Trató de evitarla, buscando principalmente por dos de los tantos lados: tenía una cita con Carlos Castaño al siguiente día de su asesinato y había tratado de buscar una cita con el comandante de las fuerzas militares, para entonces, el general Mora Rangel. Le habían dicho que tenía una semana para salvarse, el plazo se cumplió el jueves en la noche y le asesinaron el viernes en la madrugada.

Tal vez Garzón se convirtió en un hombre peligrosísimo porque quería y buscaba la paz; su irreverencia expresada en el humor que lo dio a conocer era un respiro para Colombia. A su manera, Jaime Garzón incidía en el debate político de esos años, y la labor humanitaria que estaba desempeñando no era vista con buenos ojos por el ejército. El 23 de Marzo de 1998 el frente 53 de las FARC, en una llamada pesca milagrosa, secuestraría 19 personas, Garzón haría las veces de intermediario para que fueran liberadas 9 de estas el 06 de Mayo del mismo año. Por esa intermediación, el comandante de las fuerzas militares declararía públicamente que consideraba importante investigar las actividades de Jaime Garzón; a esto el humorista le respondió pidiéndole que no buscara enemigos entre los colombianos que arriesgaban la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz. El 4 de Junio del mismo año, el zar antisecuestro respaldaría la acción humanitaria del humorista.

Su papel de humorista le permitió incidir en la vida política del país, buscar nuevas formas de periodismo, abrir espacio para la crítica, acto siempre difícil en un país como Colombia, lo cual le conseguiría no pocos enemigos. La gente sentía que decía la verdad. Así fue como se hizo recordar por programas como Zoociedad, QUAC el noticero, y su último personaje, un espontáneo y sincero pero ácido lustrabotas que se quedó en la memoria nuestra: Heriberto de la Calle.

Asesinarlo significó dar un duro golpe a la inteligencia, la libertad, la crítica. Éste crimen ha significado dolorosa impunidad a pesar de que las unidades competentes supuestamente han investigado el caso. El DAS aportó una testigo presencial del hecho, Maria Amparo Arroyave Montoya, que se encontraba en un inmueble cerca de donde ocurrieron los hechos. Resultó ser esta una testigo de excepcional visión, pues lograba describir hasta la marca de los zapatos, a pesar de encontrarse en el cuarto piso de un edificio distante unos 100mts de la calle por la que huyeron los asesinos. La testigo dio la declaración el mismo día del asesinato, y describió al asesino de frente, aunque desde donde ella se encontraba ubicada solo habría podido verles por el perfil izquierdo; también declaró haber visto el arma que el sujeto llevaba en la mano momentos después de haber disparado. Como resultado de esta declaración, Juan Pablo Ortiz, alias Bochas, fue acusado de disparar contra Garzón, un sujeto que es diestro, es decir, que en caso de haber disparado debió haber llevado el arma en su mano derecha. Su captura tuvo lugar en Medellín y pagó varios años de cárcel, mientras, hasta el momento, se han asesinado 6 personas que tenían algo importante que aportar a la investigación del asesinato de Jaime Garzón.

El 10 de marzo de 2004 se sindicó a Carlos Castaño como el autor intelectual del homicidio; fue condenado a 38 años de prisión, pero no pagó un solo día de cárcel. El 6 de Agosto de 2008, alias H.H diría que Carlos Castaño había argumentado haber ordenado el asesinato de Garzón como un favor a altos mandos militares, debido a que Jaime Garzón venía haciendo de intermediario entre el ELN y familiares secuestrados para llevar a cabo negociaciones.

Absueltos resultaron Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Bochas, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, quienes habían sido equivocadamente- pero concientemente- sindicados, en un proceso con testigos falsos y montajes del Das.

Antonio Morales Riveira, compañero de muchos años de Garzón, dijo que el asesinato de este tenía autores ideológicos, no solo autor material, el que le disparó, ni autores intelectuales, quienes dieron la orden. A alguien le estorbaba Garzón, ese Garzón con forma de humorista para poder ser irreverente, inteligente, político, escuchado, creativo, polifacético, ese Garzón que supo interpretar, burlarse, criticar nuestras realidades, el mismo al que se le vio muchas veces en las pantallas empuñando la bandera de esa Colombia que intentó ayudar a construir, la misma bandera en la que pidió que lo envolvieran el día que lo asesinaran. Aquel día hombres y mujeres lloraron por las calles o frente al televisor, incrédulos, a ese humorista que creía en la vida.

Una canción es un libro chiquito, muy corto y además cantado. Con ella uno tiene la ventaja de saber quién la interpreta y a veces quién la compone. En ese sentido la música no solo es armonía, ritmo y esas cosas que los músicos expertos sabrán explicar muy bien, sino que la música también es texto; la música, como todo, habla del momento en que fue creada, del pensamiento de su autor, de la ciudad y sociedad donde ha sido creada. De esto hay tantos ejemplos como canciones escritas. Esta vez tomaremos un ejemplo que tiene que ver un país, dos momentos y muchos personajes: Chile, la dictadura militar y Los Prisioneros.

 

 En Chile se da el golpe de estado militar en septiembre de 1973; este no solo fue la masacre de todo el pueblo y su presidente, Salvador Allende, no sólo sirvió para frenar el avance de la izquierda y los sectores populares, sino que, sobre todo, la dictadura sirvió para la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica, como profundización del capitalismo y las contradicciones existentes en cada país.

A inicios de la década del 80, los movimientos sociales y populares estaban reorganizándose y volviendo a las calles, a la expresión de inconformidad con la dictadura. En medio de esta recomposición, los estudiantes de secundaria comenzaron a organizar de nuevo federaciones estudiantiles, organización y actividades, incluso toma de liceos públicos, todo en medio de la dictadura. La represión fue durísima, la lucha se abría de nuevo. En este contexto nace un grupo musical de jóvenes de secundaria, un grupo de rock que se llamará para la historia “Los Prisioneros”.

Los Prisioneros nos van a  mostrar ese Chile que, después de 10 años de dictadura, ha desarrollado todas las reformas para la implementación del neoliberalismo. Así, sus canciones nos muestran el Chile de ellos- de los marginados y excluidos -, desde los obreros, la cultura, los jóvenes, etc. “Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar… cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más, los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad…” ¿Cómo entender esta canción si no como la descripción del cierre de tantas industrias, el despido de los obreros que sin trabajo y sin otra opción se quedan en la ciudad como desempleados tratando de sobrevivir?

Luego dicen en otra canción: “Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad…”, en referencia a los jóvenes que no tienen ninguna oportunidad porque todo ha sido privatizado o elitizado y puesto en función del beneficio privado. Parte de los jóvenes que creyeron las ideas y engaños de la dictadura como progreso, finalmente tuvieron que aceptar su frustración.

La dependencia de los gobiernos latinoamericanos de otro gobierno en un estado imperialista como los Estados Unidos, mucho más marcado y evidente en las dictaduras, la muestran también Los prisioneros: “Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza… Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas… Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de una guerra armar, pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande debe aprender a decidir… Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos…”

Un último elemento (sin agotarlos todos) conocido de éste grupo musical es su posición frente a tantos “chilenos” y su “identidad” y “sentimiento patrio” que se refleja en su vida en Miami u otros países o con la reproducción total del estilo de vida norteamericano o europeo dentro de Chile. En una de sus canciones Prisioneros nos dice: “si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa… si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende… por que no se van, no se van del país…”

Este escrito quizá es medio nostálgico, no solo de “Los Prisioneros” sino de la crítica que el grupo de rock más reconocido del chileno desplegó contra la dictadura. Y lo manifestó al punto de que el ejército le suspendiera conciertos en la ciudad. Su crítica incluso fue más allá de la dictadura y atacó de frente al mismo capitalismo, como cuando nos dice: “es mentira eso del amor al arte, no es tan cierto eso de la vocación… nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar, solo algo deja bien a casi todo el mundo… ¡quieren dinero!...”. Se que ellos no son lo únicos grupos que más allá del talento tienen conciencia y capacidad crítica;  hay más grupos que lo hacen, y en Colombia también hay mucha gente que lo está haciendo. También hay mucha gente que escucha su música y no comprende o no se detiene en la letra. Esta también es pues, una invitación a escuchar música con todos los sentidos, comprendiendo su mensaje, pues la música como los libros, entre otros, puede generar denuncia, emancipación y resistencia.

 

Más desplazados en un lugar que lo pintan importante para el desarrollo. En un municipio en donde el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango es la nueva insignia del progreso de Antioquia, los campesinos más pobres pagan las consecuencias de una guerra por el control de un territorio rico en recursos naturales. Ellos no saben o no entienden bien porque sus predios cada año se convierten en verdaderos campos de batalla. Periferia conversó con los desplazados.

 

El ultimo enfrentamiento armado se dio aproximadamente hace dos meses y medio y provocó el mas reciente desplazamiento de campesinos de las veredas El Castillo, San Agustín de Leones, Alto de San Agustín y Montenegro, al norte del municipio de Ituango, que limita con el sur del departamento de Córdoba. Estas veredas son consideradas como el amortiguamiento de la reserva natural “El Nudo del Paramillo”, lugar importante porque allí nacen los ríos Sinú y San Jorge que sirven para alimentar las represas como Urrá I en el sur de Córdoba y el río Pescadero para la represa Pescadero-Ituango en el norte de Antioquia. Ráfagas de metralla, bombardeos, explosiones y sobrevuelos, son el pan de cada día para los campesinos de esta zona y que hasta el momento, afortunadamente, no han dejado victimas mortales pero si innumerables perdidas sobretodo con la muerte de reces que reciben los impactos de fuego.

Los campesinos nos comentaron que el ejercito se apodero del camino que utilizan para comunicarse con el casco urbano para poder vender lo que producen y para abastecerse. Con la presencia militar en los caminos, la guerrilla los minó y ya no podían transitar esas vías. Los altos mandos militares negaron su presencia en la zona, pero los campesinos aseguran que la situación se tornó insoportable en los últimos meses porque las tropas habían creado pistas de aterrizajes para helicópteros en los caminos y allí formaron campamentos militares, incluso que una de las pistas estaba cerca de una casa a menos de 100 metros. Además denuncian que en varias oportunidades fueron objeto de agresiones y de acusaciones por parte de los soldados, sobretodo cuando transitaban por los caminos que comunican las veredas con el casco urbano municipal, señalándolos de ser integrantes o cómplices de la guerrilla. “Una cosa es cuando uno se los encuentra en el pueblo y otra muy distinta cuando se los encuentra en las veredas porque allí hacen de las suyas”.

Para empeorar la situación, las restricciones del ejército sobre el abastecimiento de alimentos perjudican a los campesinos. “Nosotros vamos a vender al casco urbano las cositas que cosechamos. Cuando lo hacemos, aprovechamos para abastecernos de las cosas que no producimos como los artículos de aseo, los aceites, entre otras; entonces viajamos cada mes o dos meses porque es muy extenuante el recorrido, son dos jornadas de camino que nos demoramos y eso que en bestia; es por eso que el mercado debe cubrir este periodo de tiempo.  Pero cuando salimos del casco urbano hay un reten militar, le preguntan a uno para donde va con todo eso y luego nos dicen que tanto mercado pareciera que fuera para la guerrilla” manifestaron. Con los caminos minados y con estas restricciones, los campesinos estaban acorralados. Optaron por buscar ayudas en Acción Social de la Presidencia para que les brindara alimentos porque ya estaban con las últimas raciones de comida pero no recibieron respuesta satisfactoria. Por todo esto, 1072 campesinos decidieron irse, abandonando sus casas y sus fincas en busca de la supervivencia, arriesgándose por viejas trochas agrestes que habían sido minadas en años pasados por paramilitares y guerrilleros, minas que no se activaron. Para evitarlo, echaban adelante las pocas bestias que los acompañaban como carne de cañón.

Fueron dos días de travesía por las montañas, descendiendo por cascadas y quebradas, abriendo monte con sus machetes, superando el miedo y el cansancio; se asentaron en el parque de Ituango pero posteriormente fueron trasladados por la administración municipal al colegio Pedro Nel Ospina. Atrás dejaron los sembradíos abandonados, el fruto de su trabajo, con la certeza de que no quedarán ni las vacas ni las gallinas y mucho menos los cultivos del fríjol, maíz, caña o el plátano cuyas cosechas estaban listas para recoger. “Lo que pedimos al ejercito y al estado que nos colaboren con eso, que no se queden ahí tan cerca de nosotros permanentemente porque están muy cercanas las casas lo que implica peligro para nosotros” manifestó Omar de Jesús Rey, líder campesino.

Lugar sin estado
Como si fuera poco, los campesinos tienen que enfrentar otro tipo de problemas como la carencia de centros de salud. La atención médica sólo la reciben ocasionalmente cuando la administración municipal realiza jornadas por estos lugares tan remotos de Ituango. El centro de salud más cercano esta en la cabecera municipal, a la que tienen que llegar las veredas mas retiradas después de hacer un recorrido de hasta 4 o 5 días en bestia. Pero no solo en esto hay ausencia del estado. La administración de justicia y la información sobre los macroproyectos son a cargo de las FARC; así lo confirman los desplazados: “Las reuniones también las hacen cuando ven que hay problemas entre los vecinos, mas que todo las reuniones son para solucionar conflictos entre nosotros. Allá no hay otra autoridad de ningún tipo. Allá no se acercan los políticos ni nadie.” Las FARC los ha convocado varias veces a reuniones para informarles sobre las implicaciones de ciertas políticas del gobierno, por ejemplo el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango. Sin embargo, se podría creer que la presencia del grupo también va ligada a la actividad del cultivo de coca, pero ante esto los campesinos manifestaron que esas siembras están distantes de sus tierras a eso de 4 horas de camino y que ninguna persona de las 4 veredas desplazadas trabaja con ellos y específicamente con el narcotráfico.

El retorno
El 27 de julio los desplazados emprendieron el retorno a sus hogares luego de que sus lideres sostuvieron negociaciones con el secretario de gobierno departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, y el director del DAPARD, John  Fredy Rendón Roldán, en donde acordaron para el regreso brindar algunas garantías de seguridad. La Secretaria de Gobierno se comprometió a retirar las tropas del ejército de los caminos de acceso a las veredas el Castillo y San Agustín de Leones mientras que el DAPARD y la Cruz Roja Internacional facilitaron mercados para cada familia. En la primera semana de agosto, las mujeres y los niños permanecieron en la vereda Santa Lucía a la espera de que sus esposos y líderes comunitarios verificaran el estado de los caminos, principalmente para asegurarse por donde transitar. Al cierre de esta edición, se confirmó que todas las personas desplazadas ya habían retornado a sus hogares.
Por ahora las cosas están en tensa calma, la zozobra de un nuevo éxodo queda en la mente de estos campesinos. No se ve en el horizonte posibles soluciones concretas y definitivas a una problemática que parece permanecerá por mas tiempo y peor aún en silencio, ya que los principales medios de comunicación no se han interesado en ellos, ni en su situación. Además las noticias sobre guerra y desplazamiento no le hacen bien a la propaganda de la seguridad democrática. Lo cierto es que Ituango es un lugar en donde la riqueza de unos, es guerra y pobreza para otros. 

Puerto Nuevo Ité es una vereda del municipio de Remedios en el Nordeste Antioqueño, su asentamiento principal es un caserío de 15 familias aproximadamente, ubicado al margen derecho del río Ité, la economía de la región está basada en la extracción artesanal de madera y del oro. La historia de este caserío se desarrolla a partir de situaciones propias de un conflicto político que se expresa en lo armado, escenario donde se construye la cotidianidad de los olvidados, los subordinados y los rebeldes. Por eso se realizó allí la IV Acción Humanitaria Por el Nordeste Antioqueño, lo cual permitió también el reconocimiento de un pueblo olvidado por la sociedad y asediado militarmente por el Estado y el paraestado al servicio de las transnacionales.

 

Todo comenzó cuando un espacio natural se convirtió en un espacio social, donde se creó comunidad. Esta vereda tuvo su origen en el desplazamiento forzado que vivió nuestro país en los años cincuenta, donde las élites de colores liberales y conservadores se disputaban las tierras de los desteñidos, pobres y campesinos; para ese entonces, cualquier territorio de Colombia era una trinchera afortunada. En este espacio se consolidaron, durante 4 décadas, cotidianidades alrededor de la exclusión y la invisibilizacion por parte del Estado.

A partir de 1994 empezaron los hostigamientos a los habitantes de Puerto Nuevo Ité, con bombardeos, quemas del caserío y asesinatos, por parte del ejército y los paramilitares, que llevaron a reaccionar de diferentes maneras, pues ante todo había que sobrevivir. La guerra obligó a estas poblaciones a estar listos para correr, unirse o morir, aunque “nada se deba”. En la unión se lograron consolidar tácticas de resistencia como las redes de solidaridad, los refugios humanitarios, las acciones humanitarias, las marchas y los éxodos campesino, que hasta hoy se mantienen.

A pesar de estos logros, los líderes, aquellos hombres y mujeres que el miedo les da el valor para resistir, han sido judicializados, en el mejor de los casos, otros han sido asesinados en lo que se ha llamado ejecuciones extrajudiciales. Los que quedan vitalizan la lucha campesina como la única opción frente a la arremetida paramilitar y militar, que buscan apropiarse de este territorio minero, maderero y rico en biodiversidad, para entrar en la lógica del capital, con sus representantes, las multinacionales.

Hoy en día hacen presencia en la zona empresas como la Kedhada, filial de la Anglo Gold Ashanti Mines, segunda productora mundial de oro, a la cual el gobierno nacional le adjudicó 21.986 hectáreas del territorio para el inicio de la prospección de minas de oro en el Nordeste Antioqueño, las cuales, además, en éstos momentos se encuentran en proceso de titulación. Como si se trataran de terrenos baldíos, cuando en realidad están habitadas por comunidades que llevan varias décadas allí.
En  Puerto Nuevo Ité, y en general en la región del nordeste Antioqueño, un grupo de campesinos se resiste a morir, a ser humillados a pesar de que les han matado ocho líderes,  han vivido detenciones masivas, les han detenido los lideres más comprometidos, los han hostigado, intimidado, desacreditado, señalado, torturado, militarizado, fumigado….., ellos vienen desarrollando momentos de resistencias y visibilizacion de su situación a la comunidad nacional e internacional, a través de  las acciones humanitarias.

“Porque nosotros como campesinos lo que queremos es estar en nuestras tierras, donde podamos subsistir, nosotros no queremos irnos a la ciudad  a aguantar hambre, en la ciudad solamente se ve miseria; uno pa' comerse una libra de yuca tiene que comprarla, sin embargo nosotros la producimos acá en nuestras tierras y esa es la resistencia de nosotros como campesinos, no dejarnos desalojar de las tierras donde podemos subsistir”, dijo a esta periodista un campesino al ser entrevistado

Las acciones humanitarias en el Nordeste Antioqueño
La primera acción humanitaria se realizó los días 23 al 29 de febrero de 2004 en la vereda El Provenir del municipio de Remedios, Antioquia, con la cual se logró romper temporalmente el bloqueo, permitiendo la entrada de alimentos, brigadas de salud y relacionar las denuncias sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH. A partir de esta acción humanitaria se logró consolidar una nueva organización campesina, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA), con el objetivo de luchar por los derechos humanos, desplegándose un trabajo integral por la convivencia y la vida digna de las comunidades campesinas, demostrando que, aunque han sido victimizados durante tanto tiempo, tienen una gran capacidad  de organización y lucha en torno a las necesidades comunes de los campesinos.

Las acciones humanitarias han sido una de las iniciativas más importantes, porque se ha logrado romper con el bloqueo sobre la región y verificar las denuncias sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos. (La marcha, 2007: 50). Así, del 8 al 12 de abril de 2005, en la vereda Cañaveral del municipio de Remedios Antioquia, se realizó la Segunda acción humanitaria al Nordeste Antioqueño, y  en el 2006 la III contra el bloqueo, por la vida y la paz en la vereda de Lejanías, del mismo municipio.

Y celebramos la cuarta Acción Humanitaria desarrollada  del 15 al 19 de mayo pasado, en la vereda de Puerto Nuevo Ité. Esta buscó denunciar la situación que está viviendo la región en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, abandono estatal en general, declarándose nuevamente la organización campesina en resistencia.

Esto demuestra que es el pueblo quien está llamado a hacer la historia, asumir el papel de proponer y pensar cómo construir una sociedad en donde la sangre no siga siendo derramada por el pueblo incauto, que le consolida los proyectos económicos a las multinacionales, mientras que los representantes de las élites son declarados como “héroes” de la patria por mantener, a través de la represión, las mismas condiciones de obediencia del pueblo hacia los futuros gobernantes. 

Como una enorme contienda ideológica y política, económica y cultural, de colisión entre modelos de ciudad y de sociedad, en últimas una contienda por el territorio mismo se ha vuelto éste asunto del plan centro de la ciudad capital. No debería ser así, sino el concurso de todos para una desvelada búsqueda de bienestar general, pero es un conflicto de intereses y como tal debe abordarse, para no sumar a los dramas reales la ingenuidad de que podríamos atenernos a los derechos.

 

 De una parte, a fuerza de las inercias administrativas propias de cuando no se tiene propuesta alternativa, la Administración de Lucho Garzón, y parece que es –con matices- la tendencia de Samuel Moreno, hereda sin mayores cuestionamientos la visión, el plan, los proyectos, los criterios y hasta el lenguaje de las administraciones neoliberales y procapitalistas de Mockus y Peñalosa. De hecho conserva las ventajas a los inversionistas privados –con crédito público, claro-, como es natural a un régimen de privilegios y desigualdades y a un concepto de desarrollo anclado en la miopía de los niveles de acumulación de capitales.

Aquellos (Mockus y Peñalosa) lo plantearon con toda claridad, “se aspira a un centro de Bogotá atractivo a la inversión privada y al turismo mundial, de alta movilidad, competitivo, centro estratégico de servicios para los negocios de la Región Andina, Centroamérica y el Caribe” y “que viva en el centro quien pueda pagar vivir en el centro”. Más claro no canta un neoliberal.

Los proyectos y territorios son concretos de Sur a Norte. Aquí anotamos muy brevemente algo de cada cual, pero los invitamos a ir a fondo sobre cada uno de ellos, pues se trata de empeños a fondo que requieren respuestas populares igualmente a fondo, son:

1.    PROYECTO CIUDAD SALUD
Va desde el actual enclave de salud más importante del país por la Avenida Calle 1ª y Avenida Circunvalar hasta el Río Quebrada Fucha (11 sur) y Carrera 30, y hasta la Avenida de Los Comuneros, uniendo el área de Hospitales con el Parque 3er Milenio.

En lenguaje llano es (donde hoy se pudren en vida Hospitales como el San Juan de Dios, que ya no presta los servicios para “los menesterosos de la ciudad” como fue su objeto inicial, pero sí debe sueldos y mesadas por más de siete años a sus trabajadores y pensionados) para construir un “complejo hospitalario para la salud regional e internacional” con afectaciones en las Localidades de San Cristóbal sur, Antonio Nariño norte (Barrio Policarpa) y Santafé (Las Cruces-San Bernardo), lo cual implica “la ampliación de hospitales, construcción de consultorios privados, bancos de sangre, urgencias, hoteles, parque lineal, vías peatonales y programa inmobiliario de servicios complementarios conexo a la red hospitalaria y al conjunto de actividades derivadas de la creación del complejo para servicios científicos y médicos de alta calidad y turismo para la salud”.

2.    Plan Vial – Fases III Y IV Transmilenio, Avenida De Los Comuneros Y Circunvalar.
Además de lo propiamente vial, incluye la construcción y ampliación de las vías troncales, además de las áreas complementarias para rutas alimentadoras, estaciones y servicios, como se puede apreciar en los avances actuales de la Fase III y IV del Transmilenio, que arrasó con la Carrera 10ª de San Bernardo y lo hará con la de Las Cruces al frente y que tiene entre las cuerdas (mallas con plásticos verdes) a los habitantes y transeúntes del centro. La otra cara del Transmilenio son los trancones de antología de la 10ª, la 7ª, la 5ª y la Circunvalar, las calles 1ª, 6ª, 13, 19 y 26, a lo que se suma la destrucción de la malla vial interna que, dice el IDU, debe ser reparada con recursos locales y aporte comunitario. Como si las localidades pudieran reparar con miles de pesos los daños causados con los miles de millones del Distrito concedidos a los beneficiarios privados del cemento y el transporte monopólicos.

La prolongación –ya muy avanzada- de la Avenida de Los Comuneros (Calle 6ª hasta la 10ª, pero que en realidad va prácticamente de la 6ª a la Calle 3ª entre la 10ª y la Circunvalar), afectando a lado y lado lo que queda de Santa Bárbara centro (lo que quedó por el embate de las torres Santafé I, antecedente visible del plan centro), Las Cruces, Belén, y Lourdes arriba.
 
Se proyectan las estaciones del Transmilenio de la Calle 26, que abarcará el Barrio La Alameda y la Carrera 13ª A entre las Calles 25, 26 en Los Martires y la calle 34 y la Carrera 30, en el corazón de Teusaquillo, donde habrá una megaestación para los Transmilenios de la 26 y de la 30 y unirá subterráneamente el Concejo Distrital y el CAD.

El plan vial es quien mejor refleja el sentido neoliberal del Plan Centro, una estructura para la rápida circulación de personas y mercancías desde el aeropuerto El Dorado hasta el Centro Histórico y Turístico (también personas/mercancías para la trata de blancas o prostitución de todos los niveles, desde la calle hasta los universitarios y universitarias prepago), porque se trata es de una oferta amplia de servicios a escala metropolitana y regional “para quienes lo puedan pagar”, que incluye restaurantes, bares, iglesias, casinos y hoteles que podrán pagar –claro está- las mulas cargadas de dólares y sus “arrieros”.

3.    Proyecto Cruces – San Bernardo.
San Bernardo era Las Cruces antes de que la prolongación de la Carrera 10ª hacia el sur lo partiera en dos (como al área de Hospitales, quedando al lado occidental de la vía La Hortúa y al costado oriental el Materno). Las Cruces conservó su nombre en el costado oriental y se llamó San Bernardo al costado occidental por la existencia allí (desde 1893) del Instituto San Bernardo de La Salle - Calles 2ª  y 3ª entre Carreras 12 y 13.

San Bernardo son 41 manzanas que ocupan 36 Has., entre calles 1a y 6a y entre la carrera 10ª y la Avenida Caracas, de lejos el rectángulo más “beneficiado” de la renovación urbana con su Transmillenio por la Caracas y por la 10ª, Ciudad Salud por la 1ª y avenida y Parque por la 6ª.

Las Cruces vive el mismo y paralelo proceso de deterioro calculado de San Bernardo; ya pululan el deterioro y las ollas, deambulan por sus calles y parques los resultados de la poda del “cartucho” para precipitar el deterioro que precede a la “renovación urbana". Se trata de comprar el metro cuadrado a máximo 400.000 pesos para construcciones que luego serán vendidas a 3 millones el metro cuadrado en altura. La banca, las inmobiliarias, las iglesias, como cualquier casino o prostíbulo se babean haciendo cálculos

4.    San Victorino.
San Victorino es el borde norte del desaparecido Barrio Santa Inés, que con el argumento del “Cartucho” fue desalojado para la construcción del Parque 3er Milenio, que durante cuatro meses fue ocupado por desplazados, ese crimen de lesa humanidad que como todos los problemas del país se ve en el centro.

Allí se proyecta el Centro Internacional de Comercio San Victorino Cielos Abiertos, en las llamadas manzanas 3-10 y 22, pero se extenderá la intervención con demoliciones en la calle 10 y 11 para finalmente ir a fondo hasta la Avenida Jiménez y el Barrio La Capuchina.

5.    Mariscal Sucre.
Es la propuesta para la localidad de Los Mártires, que alrededor de un eje vial incide en el territorio de los barrios La Estanzuela, Voto Nacional, La Sabana, San Victorino, La Favorita, El Listón, Santafé y Samper Mendoza, de la muy golpeada localidad que no recuerda a quiénes le dan nombre y dieron su vida hace casi 200 años para que pudiéramos ser Colombia, hoy convertida en área de múltiples conflictos, deterioros sin nombre y venta al mejor postor, algunos de los cuales ya la ocupan con sus negocios de gran impacto, que es el eufemismo urbano para señalar zonas de toda clase de tolerancias: prostitución, alcohol, drogas, juego y –claro- seguridad, bajo el ordenamiento del miedo a una delincuencia privada organizada “que produce empleo”. ¿Quien lo duda? Celadores, guardaespaldas, prostitutas, jíbaros, sicarios, policías y bandidos. ¿Algún común denominador? Mucha plata, drogas y armas de distinto calibre.

6.    Ciudadela Universitaria.
Crece el negocio de la educación superior privada a expensas de los barrios populares tradicionales del centro. Ejemplo, la Universidad de los Andes, ella sí con licencia para urbanizar el cerro donde se anunciaba “ni un ladrillo más”, continúa con sus construcciones por dentro de la zona de protección de los Cerros Orientales y al frente de la Estación de Policía de la Tercera.

Toda La Candelaria histórica, barrios como Las Aguas, Las Nieves o La Alameda resisten el embate implacable del negocio “educativo” privado. Ejemplos rápidos: la Universidad Central que ha “recuperado” para su sede a los viejos Teatros Faenza, México, Azteca y Bogotá y los edificios contiguos; la Tadeo Lozano es una buena muestra de la técnica expansionista, primero la pudrición material y humana de la carrera 4ª que precedió la plazoleta y el edificio de sus postgrados entre las calles 22 y 23, y ahora puja por comprar los edificios del entorno; la INCCA hace lo propio entre las calles 19 y 26 y carreras 13 y Caracas; el Externado, la Gran Colombia, la Libre y la CUN no se quedan atrás por La Candelaria; es el supernegocio de la Educación Superior privada, porque la educación media y universitaria de carácter público, como el caso muy visible de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el Colegio Policarpa Salavarrieta, deberán salir “por decisión del Ministerio de la Cultura” para la ampliación del Museo Nacional entre las calles 28 y 29 y entre las carreras 5ª a 7ª. Como anillo al dedo para debilitar lo público.

También se anuncia la salida de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas –Sede de La Macarena- por riesgos geotécnicos y de deslizamiento “por agrietamientos de sus estructuras”. Cosas raras, porque se trata de la misma ladera y área donde proyectan torres hasta de cuarenta o más pisos. Debe ser que lo público no cuenta con los recursos, como cualquier barrio popular, para ir al fondo en roca, pero lo privado sí puede hacerlo con créditos públicos.

Cosas de “la naturaleza” del régimen, que persigue mediante querellas (más de mil) las mejoras locativas de las viviendas de los barrios Centro Orientales, pero no ve las incursiones monumentales de edificaciones estratosféricas, como aquellas de apartamentos de un millón de dólares. 

Impresiona que a los doscientos años de la mal llamada Independencia Nacional, nombres como Policarpa Salavarrieta –el Colegio- y Francisco José de Caldas –la Universidad- estén de nuevo camino al cadalso.

En el llamado Triángulo de Fenicia avanzan proyectos como el Centro Cultural Español entre la Carrera 3ª – Eje Ambiental y las Calles 19 y 20, con el prospecto de varios bloques para ese centro cultural (auditorios, cines, discotecas, aulas, talleres, oficinas, cafeterías y almacenes) área administrativa y de vivienda para ejecutivos y estudiantes de estratos altos.

7.    Las Veredas Del Centro.
En las Vereda Monserrate y Fátima, con procesos intensos de desalojo de más de  150 familias en los últimos tres años en cada caso, aún habitan 35 y 58  familias que resisten a dar paso al megaproyecto turístico enmascarado de ecológico, que pretende actualmente el desalojo definitivo (de hecho ya se produjo el que se anuncia como transitorio “por riesgos de deslizamientos” en el camino de Monserrate), pero que realmente busca acabar el rebusque popular del piedemonte cada domingo, pero no de la estación “de arriba”, cuya romería es la principal presión ambiental del Cerro de Monserrate. Se puede subir a Monserrate, pero pagando el telesférico y el funicular para consumir en los negocios de dios, que son los que puede pagar “el turismo de clase mundial” de los Mockus y Peñalosa.

8.    Vendedores ambulantes o el asunto de la pobreza.
Los vendedores ambulantes son el rebusque de la ciudad popular, porque aquí encuentran la mayor concentración humana y –en consecuencia- la mayor oportunidad de unas monedas por sus “ofertas al paso” para dos millones de personas que concurren al centro cada día. 

Los vendedores ambulantes –que son los pobres de la ciudad, como los pescadores artesanales son los campesinos sin tierra- se sienten en el laberinto de unas propuestas oficiales de reubicación que insisten en el error de considerar que todo se reduce a “volver comerciantes formales a quienes hoy se rebuscan con la  informalidad”, sin consideración al hecho de que se trata de un problema de empleo e ingresos básicos de una población con enormes capacidades productivas inexploradas.

A mediados de Julio de 2009 se llevó a cabo una audiencia pública en la ciudad de Medellín convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes,  Germán Reyes. Asistieron entre otras personalidades la senadora Gloría Inés Ramírez, el director de la policía de Medellín, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de las ONG defensoras de Derechos Humanos. La audiencia se centró en las denuncias de las víctimas de los delitos de estado y las ONG señalaron con gran valor a los responsables. Ese día hablamos con Gloria Inés Ramírez, a quien la Corte Suprema de Justicia le había dictado fallo inhibitorio por la investigación de Farcpolítica.

 

ntes de hablar con Gloria Inés Ramírez, Periferia estuvo atendiendo los informes y denuncias de las personas que allí participaron. Siguen siendo muy graves los hechos que se presentan y que los medios masivos de comunicación omiten o minimizan como, por ejemplo, la ola de homicidios en la ciudad de Medellín, estos se han disparado y han sido “despachados” por las autoridades como simples refriegas entre bandas emergentes. Uno de los casos más aberrantes es el de Itagüi, en donde el número de víctimas a manos de sicarios y pandillas al servicio del narcotráfico y de la llamada oficina de Envigado, que se trasladaron a esa zona, siguen en aumento al 25 de mayo de este año los asesinatos sumaban 70. En junio se encontró una fosa común con dos cuerpos y, al parecer, existen más fosas. También fueron desplazadas 110 personas del sector de la Esperanza. Al parecer, paramilitares desmovilizados también hacen de las suyas. Según, la ONG Corporación Nueva Gente, a sus integrantes los vienen señalando, persiguiendo y amenazando por hacer las denuncias y señalar a los agentes de la fuerza pública como posibles responsables de permitir y participar en los crímenes.

Otra denuncia más grave aun la hizo la Corporación Jurídica Libertad, señalando con cifras concretas que son ya 2046 procesos de víctimas de los mal llamados falsos positivos (asesinatos) a manos de miembros de la fuerza pública; estos procesos son llevados por la unidad nacional de derechos humanos. También denunciaron la grave situación que viven los defensores de derechos humanos y los miembros de organizaciones sociales porque, cada vez en mayor cantidad, son judicializados y llevados a las guarniciones militares en donde funcionan fiscales delegados, los cuales están absolutamente parcializados y acusan a los dirigentes de participar en grupos ilegales armados. Esta conducta, afirma la Corporación Jurídica Libertad, es inaudita, la existencia de fiscalías dentro de los batallones le quita seriedad e independencia a ese organismo. Recientemente fueron 12 integrantes de las más respetadas ONG de derechos humanos y dirigentes reconocidos en Antioquia los llevados a la IV Brigada del ejército, con sede en Medellín, a rendir indagatoria. Allí se les sindicó de pertenecer a las FARC; a  Winston Gallego, de la Corporación Sumapaz, lo capturaron sin mediar siquiera una orden judicial.

Varias cifras que destacó la Corporación Jurídica causarían risa, a no ser porque lo que se dice en ellas es referido a muertes de seres humanos. Al parecer las cuentas de los organismos de seguridad del Estado y del gobierno mismo y las fuerzas militares están despelotadas. Según cifras oficiales, el número de desmovilizados de los grupos armados ilegales asciende a 15.209, capturados son 33.489 y abatidos en combate 12.000, esto da un total de 60.698 miembros de los grupos ilegales, entre paras y guerrilleros; o sea que según estas cifras en Colombia ya no hay guerrillas ni grupos paramilitares, porque según los datos del mismo gobierno, antes de Uribe se hablaba de unos 12 mil guerrilleros de las FARC, unos dos mil del ELN y unos 11 mil paramilitares, mal sumados nos dan 25 mil, ¿será que los otros 35 mil son falsos positivos, serán ciudadanos de esos que los familiares no conocen su paradero, o será simplemente que la guerra la está ganado el gobierno gracias a las estadísticas y a la labor encomiable de los medios masivos de comunicación? Otro dato, también oficial, es que las guerrillas le han causado 4.054 bajas al ejército, le han herido 9.636 uniformados y las minas le han causado daño a otros 4.164, o sea que la fuerza pública ha recibido la nada positiva suma de 17.854 golpes militares en su contra. Menos mal que estos hechos ocurren, según el gobierno, en un país en donde no hay conflicto armado.

Hablando con Gloria Inés Ramírez
Gloria nació en Filadelfia, Caldas, y desde los 15 años dedicó su vida a la lucha social  en el campo de la salud, la vivienda y especialmente en el sector de la educación. Aunque nació allí, su vida sentimental y política la desarrolló en Pereira. Fue presidenta de la Federación Colombiana de educadores, FECODE, y obtuvo la mayor votación en las elecciones de la CUT nacional, por lo cual fue elegida en el ejecutivo de esa central obrera. Ha sido perseguida, amenazada y asilada política. En el 2007 fue elegida senadora de la república. Sin duda alguna, una mujer con mucha formación e independencia política. Como presidenta de la comisión de paz del senado asistió a la audiencia pública de derechos humanos en Medellín y nos concedió esta entrevista:

A propósito del tema de las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y en fin asesinatos a manos de la fuerzas armadas colombianas, denunciadas en esta audiencia ¿qué nos puede decir?
“Las ejecuciones han sido corroboradas por la presencia del relator especial de las Naciones Unidas para este caso y una conclusión dice que estas no son espontáneas, ni casos aislados de unos cuantos mandos militares, sino que ha sido una práctica sistematizada; encontró que hay un gran compromiso de las Fuerzas Armadas, es decir hay un proceso de doctrina y una política de compensaciones que en última instancia ha llevado a esta práctica de violación de Derechos Humanos. Igualmente está el informe sobre las desapariciones forzadas que se ha venido incrementando en Colombia en los últimos años y que es una práctica que tenemos que desterrar. De ahí la importancia de ponerle fin al conflicto, reconociéndolo, pero sobre todo entendiendo que no es a través de la guerra,  sino a través del diálogo y la negociación política que se pueden resolver. Hoy hay 21 conflictos  en el mundo y están todos en una mesa de negociación, ¿por qué Colombia no?”.

Frente al tema del conflicto armado que vive nuestro país y la existencia de la guerrilla de las FARC y el ELN que han cumplido 45 años de su fundación, en julio de 2009,  ¿qué se discute en el congreso  y que piensa usted?
“Acerca de las políticas de paz en un país donde existen estos actores armados hay como dos reflexiones que yo hago: lo primero es que si uno quiere hacer un análisis sobre el tema debe tener en cuenta el referente histórico y yo he encontrado que el uso de las armas ha estado presente en la política siempre en nuestro país, desde allí hay que empezar a hacer el análisis; y lo segundo es que hay dos concepciones totalmente distintas sobre cómo parar la guerra, la una desde el punto de vista de la pacificación, por la fuerza, por la vía de las armas, por la vía de la jurisprudencia de la guerra; y la otra por la salida negociada, dialogada y política. Por eso las metodologías son contrapuestas. Sin embargo, todos los integrantes de la comisión de paz del Senado de la República coincidimos en que hay que trabajar hacia el acuerdo humanitario, que no logra erradicar el conflicto, pero si humanizar el mismo, por ejemplo hay que desterrar la práctica del secuestro, de la desaparición forzada, hay que dignificar las condiciones de los presos en las cárceles, tenemos que acabar con el reclutamiento de niñas y niños, con la estigmatización de los defensores de derechos humanos y líderes sociales y con la satanización de los campos universitarios y mucho más, y a este proceso lo hemos llamado de campaña por una pedagogía hacia el acuerdo humanitario”.

Frente al proceso de la entrega de secuestrados por parte de las FARC y la mediación de Piedad Córdoba, ¿que opina?
“Bueno, estamos en ese proceso. Colombianos y colombianas por la paz lo ha dicho públicamente, hay un proceso de interlocución que ha jugado de manera importante en lograr que muchas personas regresen al seno de sus familias, pero también hay que decir que esa decisión hoy está en manos del presidente de la república. Es importante que se haya reconocido la participación de Piedad Córdoba y el presidente debe hacer una reunión con ella para establecer los procedimientos y teniendo eso resuelto se podrá trabajar en la liberación de estas personas con mucha seguridad”.

Volviendo al tema de la audiencia. ¿Como presidenta de la comisión de paz del senado qué va a hacer con la información recibida en esta audiencia pública?
“Lo que nosotros hacemos es lo que nos corresponde constitucionalmente: llevar estas informaciones a las plenarias del senado y a cada una de las comisiones, pero además hacerlas conocer de los estamentos institucionales como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía, y también denunciar nacional e internacionalmente. Frente a la persecución a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que se lleva a cabo por la fiscalía delegada en la IV Brigada, eso hay que visibilizarlo. La gran preocupación es que la fiscalía funcione dentro de la Brigada, eso hay que frenarlo porque se pierde la autonomía; la fiscalía no debe funcionar allí. Imagínense un juez o un fiscal impartiendo justicia desde las instalaciones de una brigada, lo que sienten las personas allí dentro es miedo y eso le quita seriedad e imparcialidad a sus decisiones y no les da garantías a los imputados, no hay independencia, por ello en el senado vamos a solicitar que las fiscalías salgan de las guarniciones militares”.

También la senadora dijo que hay que condenar la ley de víctimas, porque no hay un proceso de reparación tal como exigen los estándares internacionales. “Nosotros pensamos que hubo una burla a las víctimas y por ello insistiremos en presentar un nuevo proyecto para que se armonice con el sistema de Naciones Unidas, que respete los derechos humanos. La ley del gobierno ya fue sancionada por Uribe y es más una ley a favor de los victimarios”.

Saliéndonos un poco del tema ¿Qué pasa con las bases gringas?
“Lo que quiso hacer Uribe fue canjear TLC por las bases militares en Colombia. Lo que habíamos temido cuando Ecuador sacó la base de Manta y denunciamos era que el gobierno venía negociando ese tema con Estados Unidos y no nos equivocamos. Hoy es claro que este gobierno, sobre la base del engaño y la mentira, pisotea la soberanía y por ello le daremos un debate en el Congreso de la República y yo, como vocera del Polo Democrático lo haré con la facultad del control político”.

No podemos pasar por alto el tema de la Farcpolítica ¿De qué era que la acusaban?
“A mi se me señaló de muchas cosas, como ser la ideóloga de las FARC, la amante de Raúl Reyes, de ser la que les buscaba las finanzas a las FARC, de haber estado en una cantidad de países que yo jamás he visitado; es decir, hubo toda una estigmatización y señalamiento que por fortuna después de una investigación exhaustiva la Corte Suprema de Justicia ha dejado sin piso a través de un fallo inhibitorio porque hay inexistencia de un delito. Lo que queda claro es que hay una actitud malvada de la fiscalía, como lo he dicho desde el principio, porque los fiscales, de manera perversa, preseleccionaron a través de un buscador de un computador los dos nombres de las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y no colocaron los 102 nombres de los senadores de la república. Esto demuestra que había un prejuicio que por ser mujeres de izquierda y estar inmersas en un proceso de paz, entonces seguramente estábamos articuladas a las FARC y que, como siempre lo han manifestado la derecha de este país, la izquierda está unida a la guerrilla”.

“Yo pienso que esto ha quedado claro para el país, por eso decimos que quienes somos luchadores sociales, sindicalistas y, en mi caso, que he sido una defensora férrea de los derechos a la salud, a la educación, entonces somos perseguidas. De todas maneras seguiremos haciendo lo mismo con transparencia y públicamente pondremos nuestros puntos de vista. Siempre dije que asumiría los efectos políticos de mis acciones políticas, incluido si toca un carcelazo porque tengo claros mis principios y la conciencia de lo que he hecho y seguiré haciendo, porque creo que el país se merece un destino distinto”.

Finalmente, ¿Qué opina de la consulta interna del Polo del 27 de septiembre de 2009?
“El PDA está en un proceso muy importante de debate ideológico. Estamos con tres precandidaturas: la del doctor Carlos Gaviria, Gustavo Petro y Lucio, el periodista de Cartagena. Indudablemente las reglas que tenemos es que el que gane todos lo apoyaremos, la verdad es que esperamos que se cumplan esas reglas y yo personalmente estoy apoyando la campaña de Carlos Gaviria Díaz,  que es un hombre que representa la transparencia, la honestidad, pero sobre todo la claridad de sus postulados; es un hombre que no hace conciliaciones con la derecha, que plantea no hacer sectarismos en la izquierda, pero sí claramente trabajar sin ambigüedades con una propuesta de gobierno desde las mayorías populares y al servicio de ellas”.

Page 1 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.