¿Y si erradicamos de qué vivimos?Este es el reclamo de las comunidades del Tambo, Cauca, al Estado

El Tambo, una población del norte del Cauca, con poco más de 30 mil habitantes, es una despensa alimenticia de la región, o por lo menos eso debería ser, porque allí se produce plátano, café, panela, maíz, papa, frijol, mucha verdura y  en otros tiempos cubría la demanda alimenticia del Cauca en general, de Cali y Popayán. Pero allí hay problemas de tenencias y titulación de la tierra, que ha sido resuelto parcialmente por las juntas de acción comunal, que legislan en ese tema para una región fundamentalmente habitada por colonos. En la última década esa región se ha visto envuelta en graves situaciones de orden público, bajo la excusa de la siembra de coca. Principalmente desde el Putumayo y Nariño vinieron los primeros colonos que trajeron a la región ese medio de subsistencia.

 

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Según Ricardo Herrera, del equipo de conducción del Coordinador Nacional Agrario, CNA, una coordinación entre organizaciones negras, indígenas y campesinas de todo el país, no es que la gente que allí vive haya decidido sembrar coca porque sí, los que llegaron lo hicieron porque fueron desplazados por la violencia o la pobreza, y los que son originarios de la región fueron acorralados por el modelo económico. “Es que la situación- afirma Ricardo- los llevó a resolver su precaria situación económica por esa vía ante el abandono del Estado. Por esa zona no hay carreteras sino trochas, y todo el mundo sabe que para poder ofrecer los alimentos al comercio se requieren vías y apoyos financieros para los productores y esto no ha existido; por esta razón es muy fácil que la economía coquera se implante no sólo allí sino, como se ha visto, en todo el país. De ser Colombia un gran productor de alimentos ahora es importador, y eso se refleja en la zona. Tampoco encuentra la gente posibilidades de acceso a los servicios sociales como educación y salud, por eso responsabilizamos al modelo económico y al sistema capitalista”.

Desde hace más o menos 10 años los campesinos de los corregimientos de Andes, Playa Rica y Huisitó son conscientes de que la siembra de coca no es lo mejor, por ello elaboraron una propuesta alternativa que han expuesto a las autoridades locales, departamentales y nacionales, que contempla la producción de alimentos, la solución a la carencia de servicios sociales, las vías de acceso, entre otros. “Es una forma de decirle que los campesinos no son unos atenidos a la coca y a la delincuencia, pero como es costumbre, el Estado ha hecho caso omiso a la propuesta. En los últimos tres años esas comunidades volvieron a hablar de salidas al conflicto, proponiendo la erradicación manual y gradual y sustituirla paulatinamente con la producción de alimentos y algunos cultivos más comerciales como el café, el cacao y la caña, sin que se conviertan en monocultivos; pero fue justo en este periodo en donde las cosas se pusieron peores”.

El 18 de mayo de 2011, al corregimiento de Playa Rica llegó de manera inesperada una operación helicoportada, descargando más de una centena de erradicadores y por los menos 150 hombres de la fuerza pública. Esto generó indignación en la población, porque lo que esperaba la gente era una negociación o mejor una solución a sus peticiones. Por eso los pobladores de estos corregimientos hicieron un cerco de más de 1500 personas alrededor de los erradicadores para evitar su trabajo, y enviaron una comisión de más de 100 campesinos a la cabecera municipal de El Tambo para denunciar la problemática que se estaba dando; montaron carpas en el parque a las que fueron llegando líderes campesinos de toda  la zona. Vale recordar que hace un año en Huisitó el ejército llevó sus erradicadores, que realizaron su trabajo con el consentimiento de la comunidad, pues el gobierno se había comprometido con programas y planes para la sustitución de cultivos y el mejoramiento de la vida del campesinado; pero desde entonces no ha sucedido nada.

Por ello la reacción de ahora es apenas entendible. Esta acción de la población, cuando alcanzaba ya más de 15 días, se vio agredida por otra operación de fuerza con cientos de hombres del Esmad; eso fue el 3 de junio de 2011. Entonces se vivió una batalla campal en la que, por supuesto, el Esmad y el ejército hicieron gala de la brutalidad, hiriendo a los campesinos; hay videos que prueban que el ejército disparó contra la gente. El Esmad rompió el cerco y los campesinos tuvieron que regresar a sus casas; otros se unieron a la manifestación en el parque de El Tambo, que persigue una mesa de diálogo y negociación con el gobierno nacional, y que cumpla los compromisos.

Los campesinos han comprendido que la problemática de la coca es de carácter nacional, por eso en este marco de la situación diseñaron una gran movilización desde las veredas, los municipios y el departamento hacia la ciudad de Popayán, capital del departamento, para el día lunes 20 de junio de 2011. La gente empezaba a llegar a las cabeceras para la movilización, pero la noche del sábado 18 de junio, extrañamente, explotó un carro bomba en las carreteras aledañas a la capital del Cauca e inmediatamente las autoridades manifestaron que no había garantías para la movilización. El jueves 23 de junio de 2011 las comunidades acordaron con el gobierno departamental una mesa de negociación y de allí quedaron tres equipos temáticos o tres mesas. Toda esta actividad de movilización lleva 38 días, pero la situación continúa porque los problemas están por resolver, y si el gobierno no cumple seguramente se llevarán a cabo más protestas.

La situación se complejiza por la presencia de actores armados como el ELN, Las FARC y los Rastrojos. Parece que la política de control del gobierno en esta región apunta especialmente a la confrontación de la insurgencia, que cobra un gramaje o impuesto a los comerciantes de la hoja de coca. Sin embargo, el ELN, según los pobladores, ha manifestado su intención y aceptación de discutir la política de erradicación gradual siempre y cuando el gobierno resuelva las necesidades de las comunidades. Esta guerrilla ha vivido en estos territorios por décadas, y los campesinos advierten que su posición no es radical al respecto. Las comunidades por su parte y el CNA trabajan desde hace años en las propuestas de Minga y Congreso de los Pueblos y han elaborado propuestas de escuela de líderes campesinos para que entre todos construyan planes de vida y de desarrollo en los que la defensa del territorio y la autonomía alimentaria cobren fuerza y protagonismo en la región.

La reflexión que no hace el gobierno según Ricardo es que, “por un lado, los resultados son desastrosos en materia contrainsurgente y de erradicación, porque, por ejemplo, en Huiisitó adelantó hace un año todo un operativo para sacar a la insurgencia y acabar con los cultivos ilegales comprometiéndose a aportar salidas al problema social y económico. Hoy nos podemos dar cuenta que ni lo uno ni lo otro. Por otro lado, todas las fuerzas, incluidas las militares del gobierno, hacen parte del negocio de la coca, bien sea por acción o por omisión. Hay otros temas que no se miran y que influyen con fuerza en la problemática, por ejemplo, el comercio y transporte de los insumos, ¿cómo llegan? ¿Quién controla su ingreso a la zona? ¿Quién controla la salida de los compradores con la mercancía? Es evidente, y así lo hacen saber los campesinos, que las fuerzas militares también reciben parte del pastel, bien sea para que entren los insumos o para que la mercancía pueda llegar a través de la montaña hasta  la Costa Pacífica por Guapi, López de Micai, Timbiquí, y de allí al mar por Buenaventura y algunas veces por Tumaco”.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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