El proceso contra el profesor Beltrán esta iniciado desde el cominezo

El 22 de mayo de 2009 fue secuestrado el profesor Miguel Ángel Beltrán en México, por organismos de inteligencia de ese país y entregado ilegalmente a las autoridades colombianas, quienes lo sindican de pertenecer a la guerrilla. El hecho, ampliamente conocido en Colombia, hace parte de una persecución al pensamiento crítico que incomoda al régimen uribista. De este tema conversamos con Gustavo Gallardo, abogado defensor de confianza de Miguel.

 

¿Cómo interpreta la detención del profesor Beltrán en México?
Gustavo Gallardo: Miguel Ángel asiste el 22 de mayo al Instituto Nacional de Migración-INM de México, previa cita colocada por esta institución, con un abogado que lo venía asesorando, para resolver el cambio de su situación migratoria con el fin de poder permanecer más tiempo en ese país y culminar el posdoctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México- UNAM. Una vez en el instituto es separado de su abogado y conducido a un lugar sin comunicación; momentos más tarde es notificado de su expulsión. Según el gobierno de México, es expulsado de ese país porque tenía requerimientos criminales en el exterior. Aquí es importante señalar varias cosas: primero, ante las autoridades mexicanas ya existía el requerimiento internacional de la Interpol, y México no hizo efectiva dicha circular roja; segundo, a Miguel Ángel se le violó el derecho al debido proceso en México, porque él tenía, según las leyes de ese país, la oportunidad y posibilidad de interponer un recurso contra la decisión administrativa de la expulsión, y a él no se le permitió dicho recurso. Una vez notificado, Miguel Ángel solicitó de viva voz a las autoridades mexicanas el asilo político, situación que también fue desconocida por las autoridades mexicanas. Además fue sometido a torturas, tratos inhumanos y crueles, encaminados a que él firmara los documentos para legalizar su expulsión.

¿Por qué nosotros planteamos que la captura fue en México? Por la sencilla razón que en el mismo momento en que es capturado, en Colombia el general Naranjo, director nacional de la policía, dio un parte en donde expresó: “Hemos capturado en coparticipación con autoridades mexicanas a Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias Jaime Cienfuegos”. Nosotros tenemos en nuestro poder, y fue ampliamente publicada en medios nacionales e internacionales, una fotografía de la DIJIN colombiana en el momento en que es capturado Miguel, también existen unos seguimientos en México a Miguel por parte de la DIJIN antes de la captura. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades colombianas y mexicanas estaban en una coparticipación armónica para el operativo de la captura del profesor. Simplemente, por una estrategia jurídica internacional para evadir, primero, el derecho de asilo a Miguel, y segundo, para evadir el tratado de extradición que está vigente entre Colombia y México y que obliga a las partes a unos procedimientos y protocolos internacionales cuando es capturada una persona nacional colombiana o mexicana, para facilitar la expulsión.

Tanto tuvo de ilegal esa captura y fue tan evidente la vulneración de los derechos del profesor, que unos abogados en México interpusieron una acción de amparo, una acción de tutela en Colombia, y un juez de ese país amparó los derechos de Miguel y manifestó en un fallo judicial que fue ilegalmente privado de la libertad e incomunicado; pero cuando se notificó el fallo del juez mexicano no tuvo efecto porque ya Miguel se encontraba en Colombia.

¿Qué es lo que está en juego detrás del proceso contra Miguel?
El proceso de Miguel es un proceso político, con unas presiones muy fuertes de parte del gobierno de Uribe, que se ha esforzado por tapar los procesos de la parapolítica, las chuzadas, la fracasada Ley de Justicia y Paz, los escándalos de corrupción, etc. Si bien el Estado cuenta con los supuestos hallazgos en los supuestos computadores de Raúl Reyes, no ha podido utilizarlos contundentemente en el caso de la llamada farcpolítica, porque casi todos los procesos abiertos han sido cerrados por la Corte Suprema de Justicia. Este proceso de Miguel es para el Estado una estrategia que busca salvar los procesos de la farcpolítica. ¿Qué significa esto? Que mediante una estrategia de la Fiscalía se quiere revivir y darle legitimidad a los supuestos hallazgos en los computadores de Raúl Reyes como prueba. Y todos sabemos que aun dándole credibilidad a los informes dados por el Estado colombiano y la Interpol, dichos computadores fueron hallados en Sucumbíos, Ecuador. Por ese simple hecho, esos computadores no podrían ser utilizados como prueba en Colombia por el simple hecho de que Colombia no tiene jurisdicción en Ecuador para recoger pruebas, y mucho menos recoger pruebas a partir de un hecho completamente violatorio de la soberanía ecuatoriana. Vemos entonces la pretensión del Estado colombiano de darle validez a unas “pruebas” que desde el inicio son ilegales
.
¿Y por qué en el caso de los sectores populares sí ha sido tan “útil” la información de tales computadores?
GG:
Cuando hablamos de profesores, de defensores de derechos humanos y demás, ya el asunto cambia. Empezando por el siguiente hecho: ¿quiénes investigan a estas personas? La Fiscalía General, con todos los reproches que se tienen, y los jueces del circuito especializado. Entre otras cosas, a estas personas –profesores, defensores de derechos humanos- se les hace unas sindicaciones elevadísimas para que no puedan acceder a beneficios penales, sustitución de ejecución de la pena, por ejemplo, por la gravedad de los delitos de que son sindicados. Incluso sin ningún argumento fáctico. La Fiscalía no tiene un acervo fáctico para la acusación de Miguel Ángel, es una acusación etérea, es una acusación vaga y sin soportes. Entonces cuando hablamos de profesores ahí la correlación cambia, las personas que son procesadas son sometidas al rigor y a la tortura de la cárcel hasta tanto no salga la absolución del proceso.

Desde luego, el caso de Miguel no puede verse como un caso aislado, hace parte del engranaje de la estrategia del Estado colombiano. Hoy desafortunadamente vemos a una comunidad universitaria un poco mermada, porque el Estado, a través de la persecución y la estigmatización, está produciendo ese efecto. En Bogotá, para no hablar de otras regiones, tenemos el caso de William Javier, y se nos olvida que en ese proceso hay vinculadas ochenta y dos personas más, todas ellas estudiantes y profesores de las diferentes universidades de la ciudad. Recordemos que en ese proceso un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo solicitó a las administraciones de las universidades todas las hojas de vida de los estudiantes y profesores. Son detalles que permiten ver la magnitud del dominio que quiere tener el Estado sobre las universidades y sobre los integrantes que desarrollan un pensamiento crítico.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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Jose Abelardo Diaz

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