En el mar de impunidad, una Gloria a la justicia

A mediados de Julio de 2009 se llevó a cabo una audiencia pública en la ciudad de Medellín convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes,  Germán Reyes. Asistieron entre otras personalidades la senadora Gloría Inés Ramírez, el director de la policía de Medellín, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de las ONG defensoras de Derechos Humanos. La audiencia se centró en las denuncias de las víctimas de los delitos de estado y las ONG señalaron con gran valor a los responsables. Ese día hablamos con Gloria Inés Ramírez, a quien la Corte Suprema de Justicia le había dictado fallo inhibitorio por la investigación de Farcpolítica.

 

ntes de hablar con Gloria Inés Ramírez, Periferia estuvo atendiendo los informes y denuncias de las personas que allí participaron. Siguen siendo muy graves los hechos que se presentan y que los medios masivos de comunicación omiten o minimizan como, por ejemplo, la ola de homicidios en la ciudad de Medellín, estos se han disparado y han sido “despachados” por las autoridades como simples refriegas entre bandas emergentes. Uno de los casos más aberrantes es el de Itagüi, en donde el número de víctimas a manos de sicarios y pandillas al servicio del narcotráfico y de la llamada oficina de Envigado, que se trasladaron a esa zona, siguen en aumento al 25 de mayo de este año los asesinatos sumaban 70. En junio se encontró una fosa común con dos cuerpos y, al parecer, existen más fosas. También fueron desplazadas 110 personas del sector de la Esperanza. Al parecer, paramilitares desmovilizados también hacen de las suyas. Según, la ONG Corporación Nueva Gente, a sus integrantes los vienen señalando, persiguiendo y amenazando por hacer las denuncias y señalar a los agentes de la fuerza pública como posibles responsables de permitir y participar en los crímenes.

Otra denuncia más grave aun la hizo la Corporación Jurídica Libertad, señalando con cifras concretas que son ya 2046 procesos de víctimas de los mal llamados falsos positivos (asesinatos) a manos de miembros de la fuerza pública; estos procesos son llevados por la unidad nacional de derechos humanos. También denunciaron la grave situación que viven los defensores de derechos humanos y los miembros de organizaciones sociales porque, cada vez en mayor cantidad, son judicializados y llevados a las guarniciones militares en donde funcionan fiscales delegados, los cuales están absolutamente parcializados y acusan a los dirigentes de participar en grupos ilegales armados. Esta conducta, afirma la Corporación Jurídica Libertad, es inaudita, la existencia de fiscalías dentro de los batallones le quita seriedad e independencia a ese organismo. Recientemente fueron 12 integrantes de las más respetadas ONG de derechos humanos y dirigentes reconocidos en Antioquia los llevados a la IV Brigada del ejército, con sede en Medellín, a rendir indagatoria. Allí se les sindicó de pertenecer a las FARC; a  Winston Gallego, de la Corporación Sumapaz, lo capturaron sin mediar siquiera una orden judicial.

Varias cifras que destacó la Corporación Jurídica causarían risa, a no ser porque lo que se dice en ellas es referido a muertes de seres humanos. Al parecer las cuentas de los organismos de seguridad del Estado y del gobierno mismo y las fuerzas militares están despelotadas. Según cifras oficiales, el número de desmovilizados de los grupos armados ilegales asciende a 15.209, capturados son 33.489 y abatidos en combate 12.000, esto da un total de 60.698 miembros de los grupos ilegales, entre paras y guerrilleros; o sea que según estas cifras en Colombia ya no hay guerrillas ni grupos paramilitares, porque según los datos del mismo gobierno, antes de Uribe se hablaba de unos 12 mil guerrilleros de las FARC, unos dos mil del ELN y unos 11 mil paramilitares, mal sumados nos dan 25 mil, ¿será que los otros 35 mil son falsos positivos, serán ciudadanos de esos que los familiares no conocen su paradero, o será simplemente que la guerra la está ganado el gobierno gracias a las estadísticas y a la labor encomiable de los medios masivos de comunicación? Otro dato, también oficial, es que las guerrillas le han causado 4.054 bajas al ejército, le han herido 9.636 uniformados y las minas le han causado daño a otros 4.164, o sea que la fuerza pública ha recibido la nada positiva suma de 17.854 golpes militares en su contra. Menos mal que estos hechos ocurren, según el gobierno, en un país en donde no hay conflicto armado.

Hablando con Gloria Inés Ramírez
Gloria nació en Filadelfia, Caldas, y desde los 15 años dedicó su vida a la lucha social  en el campo de la salud, la vivienda y especialmente en el sector de la educación. Aunque nació allí, su vida sentimental y política la desarrolló en Pereira. Fue presidenta de la Federación Colombiana de educadores, FECODE, y obtuvo la mayor votación en las elecciones de la CUT nacional, por lo cual fue elegida en el ejecutivo de esa central obrera. Ha sido perseguida, amenazada y asilada política. En el 2007 fue elegida senadora de la república. Sin duda alguna, una mujer con mucha formación e independencia política. Como presidenta de la comisión de paz del senado asistió a la audiencia pública de derechos humanos en Medellín y nos concedió esta entrevista:

A propósito del tema de las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y en fin asesinatos a manos de la fuerzas armadas colombianas, denunciadas en esta audiencia ¿qué nos puede decir?
“Las ejecuciones han sido corroboradas por la presencia del relator especial de las Naciones Unidas para este caso y una conclusión dice que estas no son espontáneas, ni casos aislados de unos cuantos mandos militares, sino que ha sido una práctica sistematizada; encontró que hay un gran compromiso de las Fuerzas Armadas, es decir hay un proceso de doctrina y una política de compensaciones que en última instancia ha llevado a esta práctica de violación de Derechos Humanos. Igualmente está el informe sobre las desapariciones forzadas que se ha venido incrementando en Colombia en los últimos años y que es una práctica que tenemos que desterrar. De ahí la importancia de ponerle fin al conflicto, reconociéndolo, pero sobre todo entendiendo que no es a través de la guerra,  sino a través del diálogo y la negociación política que se pueden resolver. Hoy hay 21 conflictos  en el mundo y están todos en una mesa de negociación, ¿por qué Colombia no?”.

Frente al tema del conflicto armado que vive nuestro país y la existencia de la guerrilla de las FARC y el ELN que han cumplido 45 años de su fundación, en julio de 2009,  ¿qué se discute en el congreso  y que piensa usted?
“Acerca de las políticas de paz en un país donde existen estos actores armados hay como dos reflexiones que yo hago: lo primero es que si uno quiere hacer un análisis sobre el tema debe tener en cuenta el referente histórico y yo he encontrado que el uso de las armas ha estado presente en la política siempre en nuestro país, desde allí hay que empezar a hacer el análisis; y lo segundo es que hay dos concepciones totalmente distintas sobre cómo parar la guerra, la una desde el punto de vista de la pacificación, por la fuerza, por la vía de las armas, por la vía de la jurisprudencia de la guerra; y la otra por la salida negociada, dialogada y política. Por eso las metodologías son contrapuestas. Sin embargo, todos los integrantes de la comisión de paz del Senado de la República coincidimos en que hay que trabajar hacia el acuerdo humanitario, que no logra erradicar el conflicto, pero si humanizar el mismo, por ejemplo hay que desterrar la práctica del secuestro, de la desaparición forzada, hay que dignificar las condiciones de los presos en las cárceles, tenemos que acabar con el reclutamiento de niñas y niños, con la estigmatización de los defensores de derechos humanos y líderes sociales y con la satanización de los campos universitarios y mucho más, y a este proceso lo hemos llamado de campaña por una pedagogía hacia el acuerdo humanitario”.

Frente al proceso de la entrega de secuestrados por parte de las FARC y la mediación de Piedad Córdoba, ¿que opina?
“Bueno, estamos en ese proceso. Colombianos y colombianas por la paz lo ha dicho públicamente, hay un proceso de interlocución que ha jugado de manera importante en lograr que muchas personas regresen al seno de sus familias, pero también hay que decir que esa decisión hoy está en manos del presidente de la república. Es importante que se haya reconocido la participación de Piedad Córdoba y el presidente debe hacer una reunión con ella para establecer los procedimientos y teniendo eso resuelto se podrá trabajar en la liberación de estas personas con mucha seguridad”.

Volviendo al tema de la audiencia. ¿Como presidenta de la comisión de paz del senado qué va a hacer con la información recibida en esta audiencia pública?
“Lo que nosotros hacemos es lo que nos corresponde constitucionalmente: llevar estas informaciones a las plenarias del senado y a cada una de las comisiones, pero además hacerlas conocer de los estamentos institucionales como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía, y también denunciar nacional e internacionalmente. Frente a la persecución a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que se lleva a cabo por la fiscalía delegada en la IV Brigada, eso hay que visibilizarlo. La gran preocupación es que la fiscalía funcione dentro de la Brigada, eso hay que frenarlo porque se pierde la autonomía; la fiscalía no debe funcionar allí. Imagínense un juez o un fiscal impartiendo justicia desde las instalaciones de una brigada, lo que sienten las personas allí dentro es miedo y eso le quita seriedad e imparcialidad a sus decisiones y no les da garantías a los imputados, no hay independencia, por ello en el senado vamos a solicitar que las fiscalías salgan de las guarniciones militares”.

También la senadora dijo que hay que condenar la ley de víctimas, porque no hay un proceso de reparación tal como exigen los estándares internacionales. “Nosotros pensamos que hubo una burla a las víctimas y por ello insistiremos en presentar un nuevo proyecto para que se armonice con el sistema de Naciones Unidas, que respete los derechos humanos. La ley del gobierno ya fue sancionada por Uribe y es más una ley a favor de los victimarios”.

Saliéndonos un poco del tema ¿Qué pasa con las bases gringas?
“Lo que quiso hacer Uribe fue canjear TLC por las bases militares en Colombia. Lo que habíamos temido cuando Ecuador sacó la base de Manta y denunciamos era que el gobierno venía negociando ese tema con Estados Unidos y no nos equivocamos. Hoy es claro que este gobierno, sobre la base del engaño y la mentira, pisotea la soberanía y por ello le daremos un debate en el Congreso de la República y yo, como vocera del Polo Democrático lo haré con la facultad del control político”.

No podemos pasar por alto el tema de la Farcpolítica ¿De qué era que la acusaban?
“A mi se me señaló de muchas cosas, como ser la ideóloga de las FARC, la amante de Raúl Reyes, de ser la que les buscaba las finanzas a las FARC, de haber estado en una cantidad de países que yo jamás he visitado; es decir, hubo toda una estigmatización y señalamiento que por fortuna después de una investigación exhaustiva la Corte Suprema de Justicia ha dejado sin piso a través de un fallo inhibitorio porque hay inexistencia de un delito. Lo que queda claro es que hay una actitud malvada de la fiscalía, como lo he dicho desde el principio, porque los fiscales, de manera perversa, preseleccionaron a través de un buscador de un computador los dos nombres de las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y no colocaron los 102 nombres de los senadores de la república. Esto demuestra que había un prejuicio que por ser mujeres de izquierda y estar inmersas en un proceso de paz, entonces seguramente estábamos articuladas a las FARC y que, como siempre lo han manifestado la derecha de este país, la izquierda está unida a la guerrilla”.

“Yo pienso que esto ha quedado claro para el país, por eso decimos que quienes somos luchadores sociales, sindicalistas y, en mi caso, que he sido una defensora férrea de los derechos a la salud, a la educación, entonces somos perseguidas. De todas maneras seguiremos haciendo lo mismo con transparencia y públicamente pondremos nuestros puntos de vista. Siempre dije que asumiría los efectos políticos de mis acciones políticas, incluido si toca un carcelazo porque tengo claros mis principios y la conciencia de lo que he hecho y seguiré haciendo, porque creo que el país se merece un destino distinto”.

Finalmente, ¿Qué opina de la consulta interna del Polo del 27 de septiembre de 2009?
“El PDA está en un proceso muy importante de debate ideológico. Estamos con tres precandidaturas: la del doctor Carlos Gaviria, Gustavo Petro y Lucio, el periodista de Cartagena. Indudablemente las reglas que tenemos es que el que gane todos lo apoyaremos, la verdad es que esperamos que se cumplan esas reglas y yo personalmente estoy apoyando la campaña de Carlos Gaviria Díaz,  que es un hombre que representa la transparencia, la honestidad, pero sobre todo la claridad de sus postulados; es un hombre que no hace conciliaciones con la derecha, que plantea no hacer sectarismos en la izquierda, pero sí claramente trabajar sin ambigüedades con una propuesta de gobierno desde las mayorías populares y al servicio de ellas”.

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