El Decreto 003 de Protesta Social, una limitante al ejercicio del derecho

La protesta social es la gestora de las transformaciones sociales y la materialidad real de la democracia, no se puede, so pretexto de regulación, ser encasillada y limitada. La protesta es y será una alarma que denuncia la vulneración de derechos humanos, su materialidad se constituye en un elemento de defensa de derechos en manos del pueblo y su restricción no solo es una violación a derechos humanos, sino que además es una tajante eliminación de participación ciudadana.

El 5 de enero de 2021 se expidió el Decreto 003, por medio del cual el gobierno nacional cumplía las ordenes de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, quienes mediante tutela le habían ordenado el año inmediatamente anterior que realizará las gestiones necesarias tendientes a lograr la expedición de un estatuto que controlara el comportamiento de los integrantes de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones, debido a las innumerables violaciones de derechos humanos que se presentaron, especialmente en las movilizaciones del año 2019, que según el Informe “Un año de Inconformidad” del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos reportó 348 protestas, 59% más que el año anterior, 249 detenciones administrativas, 74 judicializaciones, 235 heridos, 5 perdidas oculares y 4 homicidios.

El resultado de las sentencias de las altas cortes fue la expedición del decreto denominado “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana” que tiene bastante tela por cortar, y que se puede convertir en un instrumento de represión de los derechos consagrados en la Constitución Nacional que resguardan la movilización y protesta social en el país. Según se puede leer, para el presidente y sus ministros la materialidad de la protesta social debe estar dentro de los parámetros ordenados en el decreto, so pena de alegar un comportamiento arbitrario e ilegal por parte de los manifestantes.

Un primer debate sería por qué se reguló un derecho fundamental, de connotación constitucional, a través de un decreto presidencial y no de una ley estatutaria que es el camino correcto, tema que no resulta insignificante si de garantías se trata, pues debía surtir los trámites y debates propios en el Congreso de la República y no quedar en manos del presidente y algunos de sus ministros, que intentan vender el decreto como un verdadero acuerdo con las organizaciones sociales y de DDHH que convocó a mesas de diálogo durante el 2020 que no llegaron a nada, pues como se reconoce en la parte inicial del decreto, muchas de las sugerencias emitidas desde las organizaciones no fueron tenidas en cuenta.

La situación de indiferencia de parte del gobierno es tal, que las ONG y la sociedad civil fueron excluidas nuevamente de la participación del Puesto de Mando Unificado PMU, espacio que funciona para verificar las acciones de abuso y violencia en el marco de las protestas. El artículo 8 del decreto, dejó por sentando que el PMU seguirá siendo un instrumento absolutamente institucional, sin posibilidad de verificación social.

Similar situación ocurrió con la creación de las llamadas Mesas de Coordinación que el gobierno integró en el artículo 12, a través del cual limita la participación de las organizaciones y movimientos sociales a tres delegados, que podrán, previo a la movilización organizar con las gobernaciones o alcaldías municipales el desarrollo de la misma, y a quienes según se puede ver en el cuerpo del decreto, se les reconocerá legitimidad para actuar en el marco de la protesta. El artículo 16 del mismo decreto, evidencia como se le entrega a la mesa de coordinación el manejo del diálogo con las organizaciones, es decir, se establece a los integrantes de la mesa como únicos interlocutores válidos para intervenir y mediar en el ejercicio de la protesta, lo que se reafirma posteriormente en el artículo 18 numeral 3 donde se estableció “quienes hagan parte de la Comisión de Verificación, podrán hacer verificación IN SITU, en tiempo real del desarrollo de las movilizaciones”.

Algunos podrán decir que es un asunto de interpretación, pero lo que se puede hilar en la lectura del decreto es que se va a reconocer la condición de defensor de DDHH y veedor ciudadano a las grandes organizaciones que deberán feriar un cupo, y podrán accionar la defensa de derechos humanos en terreno en el marco de las protestas. En términos simples, se podría tratar de una clasificación o estratificación, pues quienes no formen parte de esas mesas y salen a terreno a ejercer la actividad de defensa de derechos humanos, podrían ser requeridos por no tener legitimidad para actuar, o por lo menos ignorados al momento de realizar su labor, comportamiento que nos llevaría a estar frente a la necesidad de “permiso para actuar” so pena de ser considerados ilegítimos.

Pero lo que más preocupa de la creación de la Mesa de Verificación, es la posibilidad que se les otorga de invitar a representantes de los gremios del sector productivo, es decir, a quienes en muchos casos van a ser los actores generadores de la movilización, especialmente en zonas rurales. ¿Se van a sentar en zona petrolera las empresas y los sindicatos previo a la movilización? ¿Qué garantía de derechos a la protesta es esa? ¿las petroleras dirán, como siempre lo hacen, que pierden miles de millones si se permite el uso del derecho?, lo que podemos enfrentar es una arremetida insostenible a la materialidad del uso de la protesta, soportados en la leguleyada de la reglamentación.

Por último, como también lo manifestaron las organizaciones de DDHH en sus 6 puntos de discordia con el gobierno, no se abordó con seriedad la participación del Ejército en las manifestaciones, y lo que es peor, se dejó en manos del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana su participación, esto es, igual que antes del decreto.

Volvamos al ejemplo de las zonas petroleras. Se ha denunciado insistentemente la existencia de convenios de colaboración suscritos entre las empresas de la industria petróleo y el Ministerio de Defensa, que ha logrado que a cambio del giro de fuertes sumas de dinero, se instalen batallones mineroenergéticos en zonas de interés, lo que ha generado que cuando se realizan acciones de manifestación, mítines y movilizaciones, sea el Ejército quien llegue a reprimir y fotografiar a los participantes, y a su vez intente ser un actor legítimo de interlocución y de control de las manifestaciones, actuar que supera enormemente el accionar para el que está instituido.

En las grandes ciudades, no habrá presencia del Ejército como tímidamente lo establece el decreto en el artículo 36, pero que en la excepción descrita en la parte final del artículo “salvo cuando se disponga de asistencia militar” pondrán a las zonas rurales en la mira de la militarización, lo que hace que el decreto tenga otro elemento de discriminación y una esencia urbana.

Debemos insistir que en Colombia seguimos teniendo el mismo problema en torno al culto a la ley, nos parece que todo se debe resolver con una norma. Es claro que la intención de los fallos de las altas cortes vía tutela fue resguardar garantías constitucionales, pero también es evidente que este caso es el ejemplo de que el exceso de regulación puede convertirse en una limitante, que hoy nos impone cargas que no debería tener el ejercicio de un derecho de carácter fundamental y humano a protestar.

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