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15 años, 8 meses, y 25 días de impunidad

160 millones de pesos nos ofreció el Estado por el asesinato de Nicolás. En la marcha del primero de mayo de 2005 en Bogotá, el policía del Esmad Néstor Rodríguez Rúa disparó su escopeta truflay y la bala de gas lacrimógeno impactó en su cabeza; cuando cayó tendido, le llovieron más golpes de otros policías. Nicolás estuvo internado en la clínica hasta el 6 de mayo. Le habían cuarteado la cabeza: la fractura que encontró Medicina Legal medía 26 centímetros, comenzaba en la cien y terminaba en la nuca.

Estaba en la marcha porque es su derecho constitucional. Él hacía parte de un grupo animalista que estaba en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos, y los zoológicos.

Muchas veces pensé en tirar la toalla. Decir, apague y vámonos que ya no me interesa nada de esto. Fueron años duros, dolorosos, tristes, agónicos. Un asesinato se puede subsanar fácilmente con pedir perdón, reconocer que se equivocaron y judicializar a los policías. Pero deciden tapar, y quien se atreve a destapar la verdad sufre el calvario que me tocó vivir a mí.

Podría escribir un libro gordo sobre lo impune y oprobioso que es el Estado colombiano, empezando por todo el aparato criminal de la Policía Nacional. Siempre el culpable fue Nicolás. En las ruedas de prensa dijeron que el joven se cayó de un camión, después afirmaron que fue pelea de punkeros, luego que se había resbalado y se pegó contra el andén. El alcalde de turno, Luis Garzón, un alcalde supuestamente de izquierda, se negó a hablar del hecho y fue cómplice con su silencio. El secretario de gobierno, Juan Manuel Ospina, que luego integró la junta directiva de los despojadores y paramilitares de Fedegan, siempre me tildó a mí de guerrillero, de terrorista. El único que se comportó con decencia fue el secretario de convivencia y seguridad ciudadana. Me apoyo hasta donde pudo, y tal vez por esa presión se retiró del Estado. Ni qué decir de las élites políticas a las que pertenece la famosa señora Gilma Jiménez, quien siempre se autoproclamó defensora de los niños, pero en una sesión del Concejo de Bogotá, cuando se estaba haciendo una moción de censura a la Policía, dijo que a quien deberían juzgar era a mí, Yuri Enrique Neira, padre de Nicolás Neira, por dejar ir a su hijo a la marcha y estar diciendo lo que estaba diciendo.

El famoso director de la comunidad del anillo, Rodolfo 'Anillo' Palomino, hizo todo lo posible por desprestigiar mi causa y mi lucha colocándole todos los palos a la rueda judicial. Cuando sabía que teníamos que citar a un policía a indagatoria, si el policía estaba en el CAI de Laureles, inmediatamente lo trasladaba. Cuando llegaba la citación, decían que no estaba ahí y tocaba cambiar la notificación. Cuando nos enterábamos del sitio donde estaba, ya habían pasado tres meses. Todo eso fue directriz del exdirector de la policía Rodolfo Palomino.

Se supone que la Fiscalía trabaja para hacer cumplir los derechos de las víctimas, pero siempre fue un auxiliador de los victimarios. El fiscal Luis Ernesto Orduz, que era la joya de la corona en derechos humanos según la directora de fiscalías Marlem Barbosa, se reunió a puerta cerrada con los victimarios, se perdió parte del expediente en esa reunión, hicieron preacuerdos, y en la audiencia se les olvidaba la documentación. En junio del 2019, a cambio de que le rebajaran la pena, Néstor Rodríguez Rúa llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su delito. La trampa fue avalada por un juez, pero interpusimos una tutela con la que logramos que la Corte Suprema de Justicia invalidara ese preacuerdo.

También gané una tutela, no recuerdo si a la Fiscalía o a un juez, y ha sido la primera vez que una magistrada de un tribunal saca un fallo, pasa el tiempo establecido sin cumplirse el fallo, y luego la magistrada saca otro fallo diciendo que ya no tenía derecho a la tutela. Esto es único en la historia del derecho en el mundo, me decía mi abogado.

Gracias a las demandas y tutelas, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación entre 2016 y 2019, tuvo que hablar conmigo. Yo ya estaba viviendo en España y un día me llamó: «Señor Neira, mi secretario particular me dijo que tenía que llamarlo». ¿Y no le dijo nada más?, no sé entonces para qué me llama si no sabe nada más, le respondí. «Pero debe ser algo sobre un caso», dijo. Sí, de mi hijo, mi hijo se llama Pedro, le dije que había aparecido ahorcado, le dije un montón de mentiras. «Ah, ya recuerdo cuál es el caso de Pedro, el martes me reúno con su abogado», me dijo el fiscal. Él no tenía ni puta idea de lo que tenía que hablar conmigo.

La Procuraduría no se salva. En la época de Alejandro Ordóñez salió un fallo que responsabilizaba a los policías y los suspendía del cargo por 10 años. Como buen tirano, Ordoñez dijo que la revisión del fallo solo la podría hacer él. La revisó y de tres plumazos borró todo; que todo era mentira y que no podía sancionar ni retirar a los policías. Fuimos atacados desde todos los ángulos. Siempre pusieron en tela de juicio lo nuestro. Hice el listado, y por el expediente habían pasado 67 investigadores del CTI de la Fiscalía. La verdad estaba ahí hace 15 años, lo sabía la Policía, lo sabían los jueces, lo sabían todos los fiscales que pasaron por el caso. 15 años, 8 meses y 25 días después llegamos a buen puerto. El 25 de enero una juez anunció que en marzo de este año condenará por homicidio a Néstor Rodríguez Rúa.

Si pudiera hablar con él le diría muchas cosas. Sé que no tiene hijos, y entiendo la razón por la cual no tiene hijos, porque le gusta asesinar a los jóvenes. Y no le preguntaría a él, le preguntaría a la mamá, qué piensa al tener un hijo asesino, y asesino de niños. Y le preguntaría a la familia que lo ha protegido, y a los oficiales que lo han cubierto y lo mantuvieron en las calles armado y de civil, porque era el escolta de un político. Les preguntaría qué se siente tener un asesino al lado y encubrirlo; por qué lo hacen.

Me gustaría saber qué tanto gusto le sacó al asesinato de Nicolás, porque él tiene el gen asesino, sus compañeros dicen que cuando se montaron al bus para retirarse de la marcha, con cara negra y riendo les dijo: «¿si vieron cómo volé a este chino hijueputa?» Muestra de su facilidad para asesinar y no tener remordimiento. Ahora que va ser condenado si está rogando y alegando que vela por su mamá y tres sobrinas. Me imagino que también dará el diezmo y pasará las viejitas en la calle, no sé qué más cosas hará. Ahora sí es buena gente. Quiero que se ría diciéndole a su madre que le toca pagar tantos años de cárcel porque mató a un niño, y lo hizo con gusto.

A veces la sed de justicia se transforma en sed de venganza. Yo empecé desde ese lado. Empecé con ira e intenso dolor. Quería acabar todo lo que fuera Policía Nacional. Lo he dicho públicamente: quería matarlos a todos, acabar con todos, quería inmolarme. Afortunadamente encontré seres maravillosos de una organización que antes se llamaba Tierra de Hombres, y ahora se llaman Centro de Atención Psicosocial; trabajan con las víctimas de crímenes de Estado o de violencia estatal. Gente muy preparada. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales que no me lavaron el cerebro, sencillamente me hicieron caer en razón, que yo mismo entendiera que una cosa es justicia y otra venganza. A ellos les debo muchísimo y siempre les pido perdón por todo lo que sufrieron conmigo. No fue fácil, la ira y la sed de venganza no me dejaban respetar ni acatar nada de nadie. Este proceso ya va por otro lado. Lo hemos hecho de la forma legal: en tribunales, con jueces, con abogados, con pruebas, con testimonios, tal vez por eso nos hemos demorado tanto.

El caso de Nicolás ha tenido tanta repercusión nacional e internacional porque ha logrado doblar la recta de la impunidad hacia el camino de la ley. Es la primera vez en la historia que un hombre del Esmad va a ser condenado por homicidio. Esta condena no es un punto final, es una puerta que se abre para desmontar esa maquinaria de muerte que ha asesinado a 33 personas desde su creación hace 22 años.

Los dueños del Estado necesitan gatilleros para mantener un Estado oprobioso, terrorista y ladrón, porque cómo hacen para robarse las tierras si no es con el servicio de paramilitares ayudados por policías y militares. Los policías tienen prebendas por su servicio, tienen caja de compensación, tienen auxilios de vivienda, auxilios para estudios, tienen vacaciones. Y en un país con tanta desigualdad y desempleo, la Policía es una de las pocas instituciones que da empleo con todas las garantías necesarias. Además, los cubren para hacer lo que quieran. No es el gatillero de las barriadas, es el estudiante que un día aprendió química, física, los colores de la bandera, y se la cambiaron por una 9 milímetros, un uniforme, una patente de corte, y la orden de hacer lo que quiera porque ellos están ahí para protegerlos siempre. La Policía debería ser una entidad a cargo del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Tampoco debería portar todo ese armamento, solamente determinados oficiales deberían portar armas; ese armamento les da la potestad de ser abusivos, torturadores, ilegales y asesinos. La Policía debería estar integrada por personal profesional y que ingrese por la voluntad propia de servir, no porque los bachilleres no encuentren nada más que hacer, y encuentren en la Policía un nido de impunidad para mamar de la teta del Estado y desahogar sus más bajos instintos. Se tiene que hacer un borrón. Ingresar nueva gente y judicializar a todos los oficiales que han estado al mando de la Policía, así sean mandos medios, ellos son los responsables. En responsabilidad civil le enseñan a uno que el papá debe responder por los actos de sus hijos, como el profesor por sus alumnos y el patrón por sus empleados; ellos fueron los que dieron las órdenes, los que encubren, los que educan en el arte de torturar y asesinar. Hay una sistematicidad en el comportamiento delictivo. ¿Qué es lo que están enseñando en las escuelas de Policía? Les enseñan lo mismo a los de Bogotá, a los de Barranquilla, a los de Medellín y a los de Cali. Deben ser judicializados antes de ser retirados, y deben pagar de su bolsillo todo lo que se ha indemnizado a las víctimas porque ellos se lucraron de todos los hechos.

Los asesinatos por parte del Estado no paran, y mientras siga siendo así, yo seguiré con mis denuncias. Yo también temo, pero sigo adelante, me cubre un poco que estoy fuera del país. Ahora está fresco el hecho de los jóvenes asesinados el 9 de septiembre en Bogotá. El caso de Dylan Cruz que lo devolvieron a la justicia penal militar hay que sacarlo de ahí. El de Nicolás es un antecedente judicial para decir que el caso de Dylan no puede estar ahí, porque claramente están indicando que el asesinar hace parte del servicio y es parte de la función de un policía. De cada 1.000 casos que van a la justicia penal militar, solamente terminan condenados dos.

A la gente le digo que callar no es la solución, el callar nos hace víctimas. Si el día de mañana estos individuos que uno pudo denunciar le hacen algo a otra persona, termina uno siendo cómplice de estos hechos. Desde que mataron a Nicolás nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que han aumentado la impunidad, el número de víctimas y la brutalidad policial sobre la juventud. En 1993, un policía violó y mató a Sandra Catalina Vásquez, una niña de 9 años, en una Estación de Policía ubicada en el centro de Bogotá. Todos los días vemos como la policía golpea brutalmente a las personas sencillamente por hacerles una reclamación en ley. Vimos casi en vivo y en directo el asesinato de Dylan Cruz. Vimos en vivo y en directo como la Policía el 9 de septiembre desenfundaba armas y disparaba despiadadamente contra la multitud. Un solo policía hizo más de 40 disparos. No sé si haya una pistola que tengo 40 disparos. Tuvo que recargar más de una vez, y para recargar más de una vez, ha tenido que respirar más de una vez. Una cosa es ira e intenso dolor, pero esto es sevicia, esto es gusto, matar por matar, tienen el poder de matar a otro hombre por tener un uniforme.

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Acerca del Autor

Juan Alejandro Echeverri