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En Antioquia rechazamos la criminalización de la protesta

El pasado 9 de julio de 2014 se realizó una Audiencia Pública sobre criminalización de la protesta y límites de la Fuerza Pública, organizada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Asistieron más de 100 personas de varias regiones de Antioquia y entes gubernamentales. En esta audiencia se presentaron casos significativos de agresiones y de criminalización de la protesta y de distintas expresiones. Asimismo, se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y se exigió a las autoridades resolver la situación, garantizando los derechos y el cumplimiento de la ley.

 

La criminalización de la protesta en cifras
Según información consolidada por el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en Antioquia se han presentado 1.298 casos de agresiones en contra de defensores de derechos humanos, personas y organizaciones que se han movilizado y ejercido su derecho a la protesta entre los años 2010 y 2014. En el análisis realizado se estableció que las modalidades de agresión predominantes son: amenazas, asesinatos, señalamientos, seguimientos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales y la criminalización de la protesta social, entre otros.

Respecto a la criminalización de la protesta en Antioquia, las organizaciones han documentado casos en las distintas subregiones del departamento y las cifras identificadas dan cuenta de una fuerte vulneración de los derechos humanos. Entre el año 2013 y lo que va del 2014 se han presentado 149 casos; la modalidad predominante es la detención arbitraria, de la que se han reportado 115 casos. Los sectores más vulnerados han sido el campesino y el estudiantil.

En los paros realizados entre el año 2013 y 2014 se presentaron distintos casos de ataques y agresiones contra la población manifestante. En el paro minero 45 casos, en el paro agrario y popular de 2013 se presentaron 128 casos y en el paro agrario y popular de 2014 se reportaron 14 casos. Según la información obtenida, los responsables de estas agresiones son en su mayoría agentes de la fuerza pública, grupos armados y, en algunos casos, funcionarios públicos.

Casos presentados
El Movimiento Ríos Vivos denunció las constantes amenazas que sufren integrantes y líderes del occidente y del norte de Antioquia opositores a la construcción de las represas Hidroituango y Espíritu Santo. Además, aseguran que las medidas establecidas por la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior para los 12 líderes y lideresas que en Antioquia tienen riesgo extraordinario, en su mayoría no han sido implementadas: “nosotros hemos sido víctimas de la persecución del Estado por oponer resistencia legal y legítima a nuestros intereses, que son en defensa de la vida y los DDHH”, manifestó Jorge Mario, miembro del Movimiento.

También se presentó el caso de las violaciones a DDHH de sindicalistas y docentes en Antioquia. En 2013, el magisterio antioqueño denunciaba 150 profesores amenazados en el departamento (cifra tomada de RCN radio). Y para este año, German Marín, director de DDHH de la CUT- Antioquia, afirma que persisten las amenazas, aunque la Alcaldía y la Policía no quieren reconocer que varios casos de agresiones a sindicalistas son debido a la actividad política que realizan y no se trata de casos aislados.

Otro caso significativo son las recientes amenazas y agresiones a jóvenes y artistas de Bello. El Movimiento Popular de Bello denunció cómo la institucionalidad y los grupos paramilitares están limitando la protesta y distintas expresiones de los jóvenes: “no quieren que hablemos de nada, pretenden evitar todo tipo de opinión diferente a la que nos quieren implantar. Además existe una estigmatización directa por parte de Espacio Público y sabemos que Espacio Público está conformado por algunos paramilitares reinsertados, que aún continúan delinquiendo”, afirmó Valentín Torres, miembro del Movimiento Popular de Bello.

La Red Juvenil Feminista y Antimilitarista también denunció que Espacio Público actúa como un miembro activo de la Fuerza Pública, atropellando constantemente a las mujeres que trabajan informalmente en el centro de la ciudad de Medellín. “Desde hace aproximadamente cinco meses se ha agudizado la acción arbitraria y de abuso de autoridad contra todas las personas que realizan trabajos de ventas informales, en especial contra las mujeres. Espacio Público, junto a la policía, insultan, decomisan las mercancías y golpean constantemente a estas mujeres trabajadoras informales”, expresa la Red en un comunicado.

La población LGTBI también alzó la voz durante la audiencia. Elkin Úsuga, integrante del Colectivo Deformación, expuso que “se han venido presentando casos de degradación, estigmatización, abusos, violación a DDHH simplemente por el hecho de ser lesbianas o gays. Esto obedece a situaciones estructurales, históricas, que no han sido menguadas ni resueltas por la institucionalidad”.

Respuesta de la institucionalidad
En la audiencia pública, la intervención del funcionario de la Dirección de Fiscalías de Antioquia no permitió establecer el estado actual de las investigaciones realizadas por los casos denunciados, dado que solo hizo referencia a la reestructuración de la institución y las posibilidades que se abren con ella para denunciar y hacer monitoreo a los avances en cuanto a las medidas judiciales implementadas.

Jaime Carrión, Subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, dice que los hechos denunciados deben ser revisados conjuntamente con la Gobernación de Antioquia para dar respuestas efectivas a las organizaciones afectadas. Asegura que hay un compromiso de la administración municipal de acompañar las protestas que se dan en la ciudad con una serie de medidas que permitan a los manifestantes ejercer sus derechos. En cuanto a los excesos de la Fuerza Pública, el funcionario sostiene que hay desconfianza por parte de la ciudadanía, por lo cual no denuncia los hechos. Hay, según él, que trabajar para que las medidas no sean tan represivas y se puedan garantízar los derechos humanos.

Exigencias a la institucionalidad
En consecuencia con las situaciones denunciadas, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- Capítulo Antioquia, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y demás organizaciones sociales que participaron en la audiencia pública exigimos al gobierno colombiano: garantía de los derechos humanos. Garantía del derecho a la movilización, la protesta y la libre circulación de los ciudadanos. Revisión de las medidas que criminalizan e impiden la movilización social. Investigación y sanción a los agentes del estado involucrados en las agresiones. A la Procuraduría, que investigue el comportamiento de los agentes del Estado. Y a toda la institucionalidad Avanzar en la construcción de políticas públicas que garanticen la labor de los defensores de derechos humanos.

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