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Thursday, 15 October 2020 00:00

Ardiendo, una discusión impajaritable

Ahora que la dama tiene plata
Viene el galán a la casa y promete quererla
Claro tiene el gas que es una ganga
La sal de Manaure y su carbón piedra
Pa los gringos su carbón de piedra
Pa los yankees su carbón de piedra
Pa los monos su carbón de piedra
Pa los japoneses su carbón de piedra
Pa los sudafricanos su carbón de piedra
Y pa nosotros
Que comamos
Piedras *

Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer y de paja de páramo sembraremos el mundo **

¿Qué tienen en común Alemania, Rusia y Colombia? En estos tres países emerge una resistencia, con voluntad y capacidad de adelantar una acción política en contra del corporativismo, la corrupción y la represión estatal. Los pueblos en estos países nos estamos comunicando, nos movemos, tenemos historia, y vamos a cambiar la historia que le vamos a contar a las generaciones futuras. Podría decirse que somos pueblos sin miedo.

Al ritmo de la radio y en los colores del rescoldo, inicia «Colonialismo y resistencia», el tercer capítulo de Ardiendo, una serie documental que se estrenará desde el 16 de octubre en todas las pantallas que quieran y puedan verla. Sucede en La Guajira, el gorrito largo o la península que aparece en la parte alta del mapa de Colombia. Y en la radio suena un vallenato, una particular melodía que denuncia la explotación y expropiación de los bienes comunes en este territorio. Para el equipo de Ardiendo en Colombia es muy importante hablar sobre el documental, así queríamos retratar el inicio:

Los colores del rescoldo se encuentran en el fogón, en primer plano aparecen las miradas, texturas y lugares de quienes habitan la Comunidad Charito, luego aparece el tren de la mina. El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, está abierta desde 1983, y es la causante de los conflictos socioambientales de los que «Colonialismo y resistencia» quiere hablar.

En el tren han sacado 529 millones de toneladas de carbón para su exportación. Aturde en su estridente paso, está bordeado por bases militares, divide el territorio con sus rieles y representa Carbones del Cerrejón Limited, una sociedad compuesta por Anglo American (Inglaterra), BHP Billiton (Australia) y Glencore (Suiza), quienes comercializan este mineral en Europa, Asia y Norteamérica, para posteriormente quemarlo y convertirlo en energía eléctrica para alumbrar y sobrealumbrar las industrias, viviendas y espacios públicos en estos países.

En tiempos pasados la extracción del carbón fue prohibida en Alemania por las consecuencias ambientales que hacen parte de la crisis climática. Como vemos en el primer capítulo de esta serie «Justicia climática y solidaridad», Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y otros países extraen indirectamente el carbón de La Guajira, al ser compradores son responsables de la vulneración a los derechos humanos que se vive en el norte del país.

Alemania, como Colombia, no es una unidad homogénea y abstracta. Pues no es un consenso social el conseguir la energía a través de la quema de carbón, tanto por el efecto invernadero de tal actividad, como por el efecto socioambiental en otras regiones del mundo. Allí emerge la solidaridad y el colectivo DeCOALnizate, quien propone el debate dentro de su país, bloquea la infraestructura de una central térmica para interrumpir la quema de carbón y expresa que es también en defensa del pueblo ruso donde no solo se extrae carbón, sino que se reprime a quienes se movilizan en contra del modelo minero-energético de Rusia.

Desde Kusbass, en Siberia (Rusia), las comunidades Shor reclaman por la extinción de la montaña sagrada Lysaya Gora. Tashelga, Khomutovka, Zaslonka, Kezek, Bolshaya Rechka, Shodrovo, Tos, y Chiazas son aldeas desaparecidas por cuenta de la extracción de carbón, igual que en Colombia se han desaparecido ríos y comunidades de cuenta de la misma actividad. En el segundo capítulo de esta serie «Capitalismo y crítica» se pone en evidencia, en la voz del pueblo ruso, la contradicción clara entre la finitud de los bienes comunes/la vida misma, y la acumulación por extractivismo.

Ardiendo es la traducción que realizamos desde Colombia para esta serie web documental, también tiene el nombre de Still Burning, y esperamos tener pronto una traducción al wayuunaiki, lengua indígena originaria de la península de La Guajira.


En Colombia/El Cerrejón
Podemos entender los conflictos que se generan alrededor de la minería en tres grupos: uno que considera el suelo desde una perspectiva tradicional/originaria, de habitancia, con prácticas como la siembra, el pastoreo, la pesca, la artesanía y el ritual, desde esta perspectiva sé es de y en La Guajira, pero eso significa una diversidad económica, religiosa y lingüística que ya tuvo un proceso de resistencia durante la colonización europea, y que hoy está en la crisis más profunda al desencadenarse una extinción de ríos y gentes de todas las edades.

También desde una perspectiva extractivista que se interesa por el subsuelo y su composición mineral. Desde los setenta se inició la extracción del carbón a cielo abierto, hacia 1984 se realizó el primer embarque para la exportación, y se calcula que desde 1986 la mina El Cerrejón inició su actividad. Hoy es la más grande del mundo, y la causante de la extinción que mencionamos antes. En países como Alemania y Rusia colectivos y movimientos están proponiendo acabar definitivamente con la quema del carbón y asumir la responsabilidad política de los gobiernos europeos con los derechos humanos en otras regiones del mundo, es decir que El Cerrejón podría quedarse sin compradores.

La relación con los bienes comunes suma otro conflicto. Por un lado se considera que el río no es solo una despensa de agua, animales y minerales. Con el río se han gestado otros relacionamientos que superan el orden material, y que forman la identidad de la gente; tiene cauce propio y está interconectado con todos los ríos, como una red de apoyo. Por otro lado, se considera que los ríos son la materia prima de trabajo en la extracción del carbón, por lo cual El Cerrejón ha considerado que secar 17 cuerpos de agua es importante para que la mina funcione, y que acabar con el río Ranchería, el último río que queda vivo, será indispensable para aumentar sus ganancias. En este caso, la contradicción pone de nuevo en crisis ambas perspectivas, y la realidad bajo la cual la muerte del río es colectiva e irreparable.

Un tercer grupo de situaciones que generan conflicto tiene que ver con las afectaciones que sufren las personas por la minería en La Guajira. Han sido desalojadas 35 comunidades originarias y afrodescendientes a través del engaño y la fuerza militar, vulnerando sus cosmovisiones y prácticas económicas, sociales y ambientales. La mina significa cambiar la agricultura por maquinaría, dormir con tapabocas por la contaminación del aire, vivir con aturdimientos a causa de la contaminación auditiva.

La Corte Suprema de Justicia, por primera vez en todos estos años, falló a favor de la comunidad el 18 de diciembre de 2019, reconociendo que se estaba violando el derecho a la salud y a un ambiente sano de la comunidad indígena de Provincial. Las razones: dispersión continua de material particulado y polvillo de carbón que se desplaza desde la mina hasta el interior de sus hogares, la presencia de concentraciones de este material (PM10 y PM 2.5) que supera los límites exigidos a nivel nacional e internacional, la afectación de suelos y cuerpos de agua aledaños debido a vertimientos y filtraciones en la zona, la exposición constante de la flora y fauna cercana a sustancias contaminantes, la generación de mezclas complejas de químicos y gases causantes de diversas enfermedades, entre otros factores.

En la sentencia también se explicita que Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales han corroborado incumplimientos por parte de Cerrejón sin adoptar sanciones correspondientes. Entre la institucionalidad y el corporativismo se genera la complicidad que niega la realidad de 4.770 niñxs muertxs de cuenta de estas problemáticas.

Pensar estos conflictos nos acerca a programas de soberanía energética e hídrica que permitan la superación de los mismos, y la ruptura con la expropiación y explotación que viven los territorios. Las fuentes de carbón, petróleo y gas son explotadas con el propósito de suplir dos grandes demandas: las que nos imaginamos, es decir la energía para viviendas, industrias y sistemas de transporte; y hay otra que no parece notoria, aunque en dimensiones signifique una proporción similar de requerimiento, es el caso de la infraestructura para el transporte de carga, de vuelos internacionales y del aparato militar; se gasta para mover vehículos (trenes, aviones, camiones), para alumbrar gigantescos edificios día y noche, y para construir infraestructuras.

La energía permite escribir estas palabras, imprimirlas, publicarlas en internet, y llevarlas a todas las personas que leerán y gastarán energía haciéndolo. La energía es fundamental en la vida social. Y la energía que extrae bienes comunes fósiles es fundamental en el sistema económico capitalista. Por esto hablar de soberanía energética es criticar al modelo económico, específicamente al sector minero-energético.

Cuando decimos que esta es una discusión impajaritable queremos gritar que es una discusión urgente, y a través de esta voz, que es creación y trabajo, llamarlxs a que se acerquen y vean el documental. De antemano agradecemos a las amistades, conocidxs y medios como Periferia Prensa Alternativa, por hacer parte de esta discusión.

De ñapa les proponemos que pensemos la energía en la cotidianidad: cómo la usamos y cómo la generamos. Creamos que nosotras mismas podemos ordenar nuestro territorio, entendiendo en lo urgente una apuesta política, resonante y continua, que beneficie ⸺con la urgencia que lo necesitan⸺ todas las manifestaciones de vida en La Guajira.

Nuestra administración de justicia viene enferma; desde hace varias generaciones padece de males que se volvieron endémicos, algunos de ellos agravados por otras dolencias mayúsculas que aquejan al país con repercusión inmediata sobre ella. Fernando Hinestrosa, Estado actual de la justicia colombiana: diagnóstico y soluciones.

Los males que hoy padece la justicia colombiana no son nada nuevos. Como consecuencia de la crisis económica que perturbó a Colombia en 1930 surgieron varias corrientes renovadoras conformadas por quienes propugnaban por unas transformaciones estructurales a nuestra rama judicial y poder así responder a las verdaderas necesidades de la nación.

En 1965, los abogados y catedráticos Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Gabriel Gutiérrez Tovar, en su obra La reforma judicial en Colombia, señalaron como “desde hace mucho tiempo captamos cuán honda e intensa inconformidad existía en el país por su sistema judicial, aquejado de lentitud e ineficacia y cómo –infortunadamente– cada día descendía el aprecio y veneración que un pueblo organizado debe a sus jueces”.

En 1986, el entonces Presidente Virgilio Barco advertía que “sin justicia oportuna que aplique la ley en los casos particulares sometidos a su consideración (…) no habrá paz ni orden social”. En 2007, en su análisis La problemática de la Administración de Justicia en Colombia, Eduardo Fierro y Martha Cecilia Manrique identificaron que la duración de los procesos judiciales en Colombia era el mayor de toda América Latina.

En el año 2016, el Rule of Law Index del World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil que trabaja “para extender el imperio de la ley en el mundo”, ubicó a Colombia en el puesto 70, entre 113 países, en un ranking sobre la efectividad de la justicia civil, y en el puesto 91 respecto a la justicia penal.

El Doing Business que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades seleccionadas, nos ha posicionado en el puesto 174 entre los 190 países analizados, concluyendo que el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en el país es de 1.288 días (735 más que la media de los países de la OCDE).

A juicio de esta última organización, nuestra justicia es incompetente, carente de conocimientos técnicos y de gestión. Existe complejidad normativa: desde 1991 se han expedido 2.010 leyes. La impunidad es del 97.7%, pues apenas el 2.3% de los casos penales son juzgados. Predomina el yo te elijo, tú me elijes, incentivado por la corrupción y el clientelismo. Campea la inseguridad jurídica aupada por múltiples interpretaciones de las normas por carencia de precedente judicial.

Ahora bien, uno de los problemas identificados de forma más recurrente es la congestión judicial, que se define de distintas maneras y que usualmente se asocia con la acumulación o no tramitación de una cantidad superior al 35% de los procesos que tuvo a su cargo un despacho judicial durante los últimos 12 meses. Según Fierro y Manrique, algunas de las mayores causas son la morosidad de algunos funcionarios y empleados de la rama judicial, la inconveniente distribución de personal, las deficiencias tecnológicas, los procedimientos excesivamente formalistas y la excesiva litigiosidad.

Otra de las problemáticas que ha tratado de resolver desde hace décadas nuestro país, tiene que ver con el esquema de gobierno y de administración de la rama judicial. A pesar de las múltiples reformas que se impulsaron bajo la Constitución de 1886, no se logró encontrar un esquema que mantuviera un equilibrio en la rama, una estructura que permitiera un correcto direccionamiento técnico y estratégico, y asegurara la autonomía y la independencia de los jueces.


En cuanto a las soluciones, si bien los diferentes gobiernos al menos han manifestado no ser indiferentes ante la problemática, transcurren los años y no se han aplicado verdaderas soluciones. Es así como en los últimos 20 años, los intentos de reformar la justicia no han pasado de ser eso, simples intentos. Veamos:

Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2002, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia. Proyecto de Ley Estatutaria 112 de 2004, por el cual se reforma la Ley 270 de 1996. Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2008, por el cual se reforman unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo 09, 11, 12, 13 y 143 de 2011, por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia

Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2011, por medio del cual se reforman los artículos 78, 86, 116, 179 a 181, 183, 184, 228, 230 a 232, 237, 238, 241, 254 a 257, 264 y 265 de la Constitución Política de Colombia; acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011. Proyecto de Ley 137 de 2013, por el cual se consulta al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política en lo relacionado con la Justicia y la elección de sus delegatarios. Proyecto de Acto Legislativo 18 de 2014, por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, fue aprobado y se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, la estructura básica de dicha reforma constitucional, en lo relacionado con el Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016 y otras decisiones complementarias (C-053, C-230 y C-373 de 2016 y C-094, C112 y C-290 de 2017).

Proyecto de Acto Legislativo 19 de 2014, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de Administración de Justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos. Proyecto de Ley Estatutaria 130 de 2015, por el cual se desarrolla parcialmente el Acto Legislativo número 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Acto Legislativo de 2018, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.

Iniciativas todas que han fracasado. Mientras tanto los colombianos seguimos aquejados por la falta de seguridad jurídica que ha sido definida por la Corte Constitucional como “aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del Derecho cuando el mismo se aplica”, y, en este sentido, constituye un componente esencial de un Estado de Derecho y del funcionamiento ordenado de las instituciones. Sin embargo, la complejidad del ordenamiento jurídico colombiano y la excesiva litigiosidad ha hecho que este principio del derecho sea frecuentemente desconocido frente a las decisiones judiciales. Esta situación ha generado que los colombianos no tengamos nunca certeza sobre las decisiones judiciales que se profieren en cada uno de nuestros casos en particular, pues, por regla general, existen más de siete recursos o acciones contra una sentencia (reposición, apelación, impugnación, queja, revisión, casación y tutela contra la decisión de casación).

Caso aparte de la variopinta gama de recursos y de la inseguridad jurídica que hoy padecemos, lo constituyen la tutela contra decisiones judiciales en firme, y la tutela contra sentencias de tutela. Estas dos figuras, aparte de acrecentar la inseguridad jurídica, han desatado los denominados choques de trenes, pues las decisiones ejecutoriadas, en firme, son revocadas, anuladas por otros jueces o magistrados que lastiman el henchido ego de sus pares desencadenando arduas disputas que trascienden del ámbito académico y laboral, al personal, y que solo perjudican al ciudadano de a pie esperanzado en obtener pronta y cumplida justicia.

Quien lo creyera, a pesar de conocer suficientemente sus padecimientos, el panorama de nuestra justicia es peor hoy que hace noventa años. Se encuentra maniatada por los corruptos, la ineficiencia, el burocratismo, la improvisación y, hoy más que en el siglo XX, por la politización de las altas cortes.

La reforma a la justicia no da espera, verdadera trasformación integral debe comprender, en lo administrativo, una política pública de administración de justicia que fortalezca la independencia y autonomía en su gobierno, que establezca un servicio planeado, con tecnología de punta, con una gestión y ejecución del presupuesto controlables. Para la eficiencia de los procesos se requiere que cuanto antes se implemente la meritocracia, sin excepción. Hoy el 44% de los cargos de jueces y de magistrados, y el 50% del personal de auxiliares, son provisionales.

Todos los cargos deben proveerse por concurso de méritos y no a dedo. No hay razón valedera para someter a las normas de carrera la escogencia a un citador de un juzgado municipal, mientras que la elección de un magistrado se hace a través del ejercicio de prácticas clientelistas cual proceso de elección de un mandatario local; el atraso en la adopción integral de la meritocracia judicial es evidente, con ello se impediría el clientelismo y se facilitaría el acceso de los más idóneos para desempeñar tan esencial tarea.

En materia de virtualización se debe superar la fase del discurso. La justicia debe dotar con conectividad efectiva y eficiente a los despachos judiciales, de métodos eficientes de archivo, de sistemas rápidos de copiado y reproducción de las audiencias, contar con salas de audiencias dotadas con excelentes equipos, con ello se facilitan las audiencias, sobre todo en lugares de acceso complejo, como cárceles de mediana y alta seguridad, facilitar el acceso a personas con discapacidad, etc.

En lo relacionado con el aspecto propiamente jurídico y normativo, debe establecerse un verdadero proceso de formación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hoy no tiene cobertura territorial, este centro de enseñanza requiere urgentemente incrementar su presupuesto para poder ampliar sus programas y llegar a todos los rincones de la patria.

Dada la múltiple expedición de leyes, inflación o proliferación legislativa, se ha propuesto dotar al gobierno de precisas facultades para que compile las normas de orden legal por materias. Con base en esa compilación, le corresponderá al Congreso el deber de proferir la nueva legislación de manera ordenada por sectores, identificando la normativa que modifica de manera precisa, dando con ello mayor claridad a los operadores jurídicos y al ciudadano en general.

Nuestro país evidencia una falta absoluta de política anticriminal del Estado, esta debe convertirse en otra verdadera política pública. Ese será el inicio de una auténtica reforma de la justicia. Se parte del errático supuesto de que todos los problemas de la justicia penal encuentren solución en nuevas leyes, esa es la razón por la cual hoy coexisten múltiples sistemas de enjuiciamiento criminal: la Ley 600 del 2000, la Ley 1826 del 2017, el Código de Infancia y la Adolescencia, el Código de Justicia Penal Militar, el Código de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Ley 906 que ha tenido 20 reformas en 17 años de vigencia.

Con el fin de dar solución definitiva a la grave crisis detectada, se ha dado a conocer un nuevo proyecto de acto legislativo propuesto por el Ministerio de la Justicia y del Derecho que algunos expertos consideran un revoltijo sin columna vertebral, pensado para resolver problemas coyunturales y no de fondo. Paños de agua tibia para un enfermo terminal y que resultarán peor que la enfermedad. Se pretende, con el fin de obtener el apoyo de los actuales magistrados, por un lado, garantizar su pensión extendiendo su período de ocho a doce años y, por el otro, darles un mayor control sobre el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, se va a robustecer el detestable carrusel o el yo te elijo, tú me eliges.

Otras de las críticas al proyecto de reforma se fundamenta en que definitivamente se perpetua el mecanismo de cooptación, que es un sistema de selección de nuevos magistrados por nominación interna de los magistrados antiguos, sin dependencia de criterios externos; lo que tira por la borda cualquier intento de que el ascenso por méritos, propio de la carrera judicial, se implemente en las altas cortes.

Esta propuesta de reforma, al igual que las anteriores se hace sin consultar las necesidades del país, sin escuchar las voces de la ciudadanía y sobre todo ignorando el concepto de los directos interesados: abogados litigantes, empleados judiciales operativos, las facultades de derecho, asociaciones de abogados, etc.

Oscuro panorama el de la Justicia colombiana. Como en un verdadero Macondo o lugar de lo imposible seguiremos padeciendo de carteles de la toga, puertas giratorias, carruseles de las pensiones, ineficiencia rampante y congestión en aumento.

El sistema de salud colombiano vive en crisis permanente desde la aprobación de la ley 100 de 1993, por medio de la cual se crearon las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como administradoras de recursos y como intermediarias entre el Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (hospitales, clínicas, centros de salud y de emergencias, entre otros).

Según la exposición de motivos de la ley 100, ésta se crea para hacer frente a un sistema de salud inequitativo y con problemas de acceso y calidad para la mayoría de la población. Con esta ilusión, aparecen las EPS “como salvadoras”, no obstante, casi tres décadas después, las condiciones perduran y la corrupción y el mal manejo de los recursos se ha profundizado.

A nivel nacional, los trabajadores y las trabajadoras de la salud se han visto obligadas a protestar para exigir el pago de salarios que se retienen por meses, el promedio nacional de la deuda con los trabajadores de la salud es de 4 meses. Por otro lado, los hospitales permanecen sin elementos básicos y los medicamentos han sido suplantados por acetaminofén.

Aunque la tasa de cobertura ha mejorado a nivel nacional, debido a la afiliación de gran parte de la población, departamentos como el Caquetá continúan con una cobertura del 78%, lo que lo ubica como el quinto departamento con mayor índice de barreras de acceso a servicios de salud con 11,27% de los hogares desprotegidos, y noveno departamento en barreras de acceso a salud para cuidado de la primera infancia con el 24,14%.

En suma, las Instituciones prestadoras de salud han sido categorizadas en tres niveles y solo las grandes ciudades cuentan con entidades de tercer nivel en las cuales se prestan la mayoría de especialidades, como si los departamentos más alejados de la capital o con menor población pudieran contraer únicamente enfermedades comunes.

En el departamento del Caquetá solamente hay hospitales de segundo nivel en las cabeceras municipales de Florencia, La Montañita y Morelia, en los demás municipios hay hospitales o puestos de salud de primer nivel, con personal limitado y las especialidades básicas. En lo que respecta al sector rural, la red de salud es casi inexistente y las pocas instituciones presentan problemas de infraestructura, problemas de dotación y mínima o nula presencia de personal.

Sistema de salud y covid-19
Desde la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), se realizó [en mayo] el foro “Sector salud y territorios en medio de la crisis actual”, en el que participaron Yesid Camacho, expresidente del sindicato de trabajadores de la salud ANTHOC; Yahira Granados, funcionaria de la ESE Sor Teresa de Adelle del municipio de Cartagena del Chairá; María Gonzáles, funcionaria de la ESE sor Teresa de Adelle del municipio de El Doncello; y Carlos Garay, coordinador indígena del tema de salud de ASCAINCA y miembro de la OPIAC.

Los cuatro panelistas fueron enfáticos en señalar que la principal problemática del sistema de salud es la ley 100 de 1993, debido a que su accionar convirtió los hospitales en puestos de salud con miles de problemáticas porque los dineros quedan en la intermediación de las EPS. Además, la ley fomenta la violación de las condiciones laborales y la integridad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud.

La ley 100 ha generado barreras geográficas, financieras y administrativas que quebranta el derecho a la salud de la población en general. A ello hay que sumar las malas administraciones que perduran en las entidades prestadoras de salud debido a las redes de corrupción y la politiquería local.

La mayoría de departamentos carecen de camas de Unidad de Cuidados Intensivos suficientes para enfrentar una emergencia. La precariedad del sistema de salud rural motivó a las comunidades a establecer puestos de control y desinfección para evitar la propagación del virus en los territorios.

Adicional a esto, quedó demostrada la dificultad para dar atención a problemas psicológicos que se han agudizado durante la pandemia, en muchos casos, potenciados por el manejo que los medios de comunicación han dado a la situación. También el abandono en el que viven los pueblos indígenas, quienes han denunciado el etnocidio por el que atraviesan. En los últimos días, el coronavirus cegó la vida de Camilo Suárez, diputado del departamento de Amazonas e importante igura para los pueblos indígenas de la Amazonia.
El Gobierno Nacional anunció la inyección de recursos al sistema de salud, acción que no implica que los dineros lleguen a hospitales o puestos de salud, como debería ser. Los recursos llegarán a las EPS, que en el mejor de los casos usarán los dineros para pagar las deudas que tienen con los hospitales desde hace años.

Propuestas
Es necesario cambiar la lógica con la que se viene manejando el sistema de salud en Colombia. Abolir la intermediación y potenciar la salud rural. Esto implica mejorar la conectividad de los territorios y la red de comunicaciones que permita a las comunidades indígenas y campesinas acceder al servicio de salud.

De igual manera es indispensable restituir los derechos que perdieron los y las trabajadoras de la salud con la ley 100. A finales del 2019 se presentó el proyecto de ley 291 con el que se pretende garantizar que el Estado les pague de manera directa. Dotarlos permanente de elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que el covid-19 no es la única enfermedad contagiosa, existen otras como la tuberculosis.

Por otra parte, urge avanzar en la creación del sistema de salud indígena, fortalecer los procesos de trasferencia de conocimientos y reconocer el valor de la salud tradicional y ancestral que pueden curar enfermedades que no cura la medicina occidental.

Medio ambiente y PDET´s
Vale la pena mencionar que los problemas ambientales como la contaminación de las cuencas hídricas, el aire y los alimentos causada por la minería y aspersiones de glifosato, amenazan la salud de los pobladores del Caquetá. La salud empieza por la prevención, por ello son indispensables unas condiciones ambientales óptimas y un fomento de la soberanía alimentaria.

Uno de los pilares de la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fue la salud. Las comunidades fueron enfáticas en manifestar que la salud rural debe estar a cargo del Estado y no puede depender de agentes privados nacionales o internacionales. Entre las iniciativas para mejorarla se contempla asegurar la comunicación y la conectividad de los territorios, fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y consolidar escuelas interculturales que involucren la medicina ancestral para construir una Salud Rural con enfoque comunitario y amazónico.

*Este artículo fue publicado inicialmente en el medio amigo recsur.com.co

Monday, 10 August 2020 00:00

Anti- homenaje

Monday, 10 August 2020 00:00

Editorial 159: Duque renuncie

La elección de Iván Duque como presidente de la república en 2018 nos deja una conclusión demoledora, y en suma vergonzosa: a la sociedad colombiana le tiene sin cuidado las cualidades éticas, humanas, intelectuales y políticas de la persona que vaya a conducir y administrar los destinos de su patria. Honestamente, ¿quién conocía a Iván Duque?

La otra, igual de triste y desoladora, es que la gente sigue esperando que sean los medios de comunicación masivos, y los caudillos de mala reputación, o los grandes señores, empresarios y apellidos ilustres venidos a menos, los que elijan al candidato. Para ser presidenciable, se requieren cualidades poco ortodoxas: ser rico, mentiroso, perverso, hipócrita, cruel, odiar a los pobres, tener doble moral, carecer de ética, amar la plata y a los gringos por encima de todas las cosas, ser vengativo, corrupto, odiar la paz, tener amistades del bajo mundo, nadar bien, rezar, tocar guitarra, hacer veintiuna con los pies y la cabeza, protestar contra las reformas tributarias y la privatización o venta de activos del Estado cuando las promueven los demás, buscar negocios rentables para los hijos, la familia y los amigos, y por supuesto garantizar que los cargos de control del Estado sean ocupados por gente cercana, y ojalá mediocre y cínica.

Iván Duque cumple todos los requisitos. Su ineptitud está fuera de toda discusión. La economía vista como la cualidad de distribuir los bienes escasos de la mejor manera, es una asignatura reprobada. La concentración de la riqueza se incrementó al mismo tiempo que el desempleo y la corrupción. Expertas como la profesora Helena Pérez de la Universidad Tadeo Lozano, y estudios de la propia OCDE, señalan a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo y el más desigual de América. Por otro lado, medios oficialistas como Caracol televisión informaron que la revista gringa especializada U.S. News ubica a nuestro país como el más corrupto del mundo. Y el propio contralor, mejor amigo del mejor amigo del mandatario (o sea el fiscal), aseguró que al año en Colombia se roban entre 40 y 50 billones de pesos, especialmente en los sectores de salud y educación, todo en la más completa impunidad. ¿Quién se roba toda esa plata, los atenidos?

La pandemia sacó a relucir la pobrísima capacidad de Duque y su nula experiencia como administrador de crisis. Con más de 120 decretos, el presidente peló el cobre dirigiendo los recursos hacia los banqueros y los empresarios más ricos. Sacó un decreto (el 546) para disminuir el hacinamiento, y hasta el momento han salido muy pocos presos, por el contrario, se han contagiado más de mil solo en la cárcel de Villavicencio. Firmó otro (el 965) de sometimiento para enfrentar el conflicto y promover la paz, el cual fue ofrecido a paramilitares y al ELN, quien por supuesto lo rechazó. Tuvo su propio agro ingreso seguro 2.0 con el programa “Colombia Agro Produce”, cuyos recursos millonarios, manejados por Finagro, pararon en los bolsillos de empresarios como De Carbone que donaron millonarias sumas a la campaña de Duque. También Duque se auto habilitó –con el Decreto 811 del 4 de junio– para vender activos del Estado, Duque quiere vender a Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro, bajo la falsa justificación de paliar la crisis de la salud.

Este señor no le atinó a una sola de sus metas, o tal vez les atinó a todas en materia de orden público, derechos humanos y paz. El terrorismo de Estado, la represión, el paramilitarismo y el narcotráfico se desbordó. En sus 20 meses de gobierno, según el reciente informe de Indepaz, el Estado es responsable, por acción u omisión, de 573 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y defensores o defensoras de derechos humanos, 82 de ellos en medio del confinamiento, también de los 138 asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo y 20 de sus familiares. Casi todos los departamentos en donde el paramilitarismo había desaparecido fueron militarizados por los grupos neo paramilitares en las narices de miles de soldados.

Los escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno y a las fuerzas militares con la corrupción, compra de votos, narcotráfico, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, chuzadas y violencia sexual, tampoco paran. La ñeñe política cada vez cuenta con más pruebas, videos, y llamadas entre el propio Duque y el ñeñe. Nada sucedió por la denuncia de los laboratorios de producción de coca encontrados en la finca del embajador de Uruguay, ni por los hedonistas viajes del fiscal y su amigo el contralor en plena pandemia. Ni por los gastos desmesurados en camionetas, computadores, armas, ni por las investigaciones contra su exministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez por paramilitarismo, las de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez por negocios con el narcotraficante conocido como “El Fantasma” y el ocultamiento de su hermano preso por narcotráfico, ni por el “tape tape” de los falsos positivos, las chuzadas ilegales y las violaciones de niñas por parte de militares activos que llevaron cínicamente a la destitución del militar denunciante del crimen. Ante todos estos graves hechos no hay sanciones, responsables, ni acciones por parte del mandatario que le aprendió muy bien a su mentor el arte de evadir la responsabilidad. Impunidad total e ilegalidad caracterizan a este gobierno. El que la hace, no paga.

El que siga apoyando a Duque lo hace de porfiado, o porque simplemente tiene un alma perversa, o se beneficia de sus políticas. Duque jamás debió ser elegido, ni siquiera ser candidato. Duque renuncie.

Friday, 17 April 2020 00:00

Homenaje: Un mes sin el amigo Marco

Por Alejandro Bedoya

¿Qué se siente en el umbral de la muerte? ¿Cuáles son tus pensamientos al saber que tienes a tu alrededor a aquella compañera de vida, y que ahora sí está totalmente decidida a llevarte contigo?

 Quisiéramos saber eso, compañero Marco, pero no lo sabremos sino cuando nos volvamos a encontrar contigo y con el resto, todos y todas ustedes que se nos adelantaron algunos pasos, pero que tarde o temprano los alcanzaremos, porque ya sabemos que si hay una certeza en esta vida, es esa, la muerte.

 Y aunque tenemos la certeza de que ella es una compañera inseparable en nuestro paso por este mundo, no por eso andamos regándola a sus anchas, por campos y ciudades, por selvas verdes y de cemento; hasta ese último acto de nuestras vidas debe estar lleno de dignidad. A pesar de esto convivimos con otros seres, estos sí cultores de la muerte, esparcidores de ella por todos los rincones que transitan.

Marco, hoy en este torbellino de incertidumbres que es nuestra amada tierra, nuestra querida Colombia, te arrebataron de su seno. Aún no tenemos la certeza de sí fueron los viejos señores de la guerra, o si fueron los nuevos, eso da igual, lo concreto es que le sirven al mismo dueño, y que tu muerte es útil para que su reino se perpetúe. Solo sabemos que quienes te mataron son bastante ineptos e inservibles, y no nos referimos necesariamente a los tres mercenarios que te llevaron hacia tu último viaje. Solo saben disparar y acumular riqueza. Los otros bañan sus lenguas con grandilocuencias y sueños de Patria, pero son incapaces de debatir con un campesino e intentan solucionar las cosas a punta de metralla. Y en ese mar lleno de torbellinos, allí esperan los rapaces para devorar en esas aguas revueltas.

¡Amigo! así como te referías a tus compañeros; amigo, el sur te ha llorado y te ha sembrado. Tu hijo, a quien estaríamos casi seguros le dedicaste tus pensamientos en esos momentos determinantes, crecerá orgulloso del padre que lo engendró y lo educó, hasta donde se lo permitieron. Orgulloso de ese campesino que intentó nadar a contra corriente, impulsando la transformación de ese pedazo de nuestro país, la puerta de la Amazonía, con las comunidades, con sus gentes. Decimos que a contra corriente porque los intereses allá son claros: petroleras y narcotraficantes, fue contra esos depredadores que tú luchaste, a lo que dedicaste tu vida, y, finalmente, quienes se benefician con tu asesinato.

El camino está para ser andado, para ser recorrido. Ahora la carga es más pesada porque toca seguirlo sin ti, pero podés tener la certeza de que lo seguiremos andando, sin duda alguna, ese camino trillado por ti y muchos otros y otras, seguirá siendo construido y transitado, porque en esta tierra el sol alumbrará para todo el mundo, eso lo garantizamos. ¡Amigo! espéranos tantico, tantico nomás, pronto te alcanzaremos y te llevaremos las buenas nuevas de justicia, libertad, dignidad, paz y alegría, todo lo que hoy nos niegan. Tu sabes que siempre cumplimos la promesa, finalmente para eso están, para ser cumplidas.

Buen viaje, que el viento te sea leve, acá el sur te llorará con el puño en alto.

 

DOMINGO 16 DE FEBRERO - Desde muy temprano todos y todas tuvieron clara su labor. Cocinar, pintar, estampar, cortar y coser eran las tareas básicas que niños, niñas, jóvenes y adultos se dividieron para cumplir con el objetivo principal del día: instalar en lo alto de la montaña un enorme trapo con el mensaje “Somos convite, somos barrios, somos paz”. Y así decirle a la ciudad y decirse a sí mismos que no tienen miedo, y que en colectivo, como lo han hecho siempre, seguirán construyendo la paz en su territorio.

En La Honda, un barrio habitado en su mayoría por personas que le huyeron a la guerra, la historia no ha sido tan fácil. Por eso desde el 7 de febrero, cuando los y las pobladoras escucharon fuertes explosiones que derribaron una torre de energía, los ánimos han estado caldeados. El hecho, cuya responsabilidad se atribuyó al ELN, tuvo como respuesta una reorganización y mayor control de las bandas criminales, la militarización del territorio, y excesivos rumores que aumentaron la zozobra. A la mente llegaron algunos recuerdos dolorosos: cuando tuvieron que dejarlo todo en sus lugares de origen para empezar de nuevo en una ciudad desconocida, o cuando las fuerzas militares, tiempo después, instalaron el miedo en el barrio con la Operación militar Estrella VI, bajo la excusa de exterminar las milicias armadas de esta zona.

Migrar y poblar la ladera
"Es por el desplazamiento y por el terrorismo de Estado que estos barrios existen. Nosotros estábamos en los campos, donde teníamos la vaca, el marrano, la gallina, y vivíamos de la naturaleza. Pero nos tocó venir a amontonarnos en los barrancos, en las periferias, porque el terrorismo de Estado nos sacó de nuestra tierra". Así explica el surgimiento del barrio Luis Ángel García Bustamante, líder comunitario y uno de los fundadores de La Honda.

Corría 1995 cuando Carlos Castaño, comandante para entonces de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, anunció su llegada al Urabá antioqueño, hecho clave en el desarrollo de la estrategia paramilitar que colmó de sangre este departamento, y que permitió la reactivación y configuración para 1997, en las Autodefensas Unidas de Colombia. Urabá, al ser uno de los principales centros operativos de los paramilitares, vivió años de terror. Solo en 1997, según cifras de la Unidad de Víctimas, 122.935 personas se desplazaron de la región portuaria, de las cuales miles llegaron a Medellín buscando refugio.

La administración municipal no tuvo la capacidad para atender a esta población, por lo que fueron las organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad las que proporcionaron atención básica y realizaron acompañamiento. La Cruz, en la zona nororiental de Medellín, fue uno de los barrios que recibió más desplazados provenientes de Urabá. En 1998, y ante la magnitud de la situación, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) adquirió un terreno para entregárselo a algunas de las víctimas. En ese predio de 15.000 metros, que apenas era un cafetal, empezaron a ponerse las primeras piedras de lo que hoy es el barrio La Honda.

“Todo lo que usted ve aquí lo hicimos nosotros. Empezamos con los convites para el banqueo y para cargar el material desde La Cruz, porque el carro apenas subía hasta allá. Todo, la arena, las varillas, el cemento, lo cargamos nosotros. Luego, nosotros mismos hicimos también la carretera. Ahí se juntaban 80, 100 personas, mujeres, niños, hombres, todos con las palas, los machetes, con la olla haciendo el sancocho”, recuerda Luis Ángel, quien ya tenía una amplia experiencia de liderazgo con la Unión Patriótica en el Urabá, y no dudó en ponerla al servicio de este naciente barrio de ladera.

Como Luis Ángel, muchos otros desplazados traían consigo una experiencia organizativa y de liderazgo, producto de la fuerza que desde hacía algunos años habían tomado procesos como la Unión Patriótica en la región y el país. En el barrio que crecía se fueron juntando. “Uno se encontraba con esa gente acá y eso le daba a uno como otra esperanza”, dice Carmen Cecilia Restrepo, integrante de la Corporación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado, e hija de otro de los líderes de la UP fundadores de este barrio, quien fue asesinado años después.

“Además de los enseres, eso también migró con ellos, migró la experiencia, y esta fue puesta en el barrio ―explica Oscar Manuel Cárdenas, líder comunitario e integrante del colectivo Raíces, quien conoce con propiedad los repertorios de organización comunitaria que se han forjado en La Honda―. Lo primero fue la construcción de comités de trabajo, relacionados con necesidades, por ejemplo de una escuela, de las calles, las casas, o de gestionar, de moverse en la ciudad y buscar protección. En el 2002 vino la creación de la Junta de Acción Comunal, aunque no fuéramos reconocidos como barrio. Luego, en el 2003, en La Cruz se hizo lo que fue el primer Plan de Desarrollo Comunitario de la ciudad, en el que participó La Honda, y del que surgió la Red de Instituciones y Organizaciones Comunitarias que funcionó hasta el 2013”.

Entre tanto, decenas de acciones colectivas se realizaron en el barrio y en la ciudad, junto con habitantes de otros asentamientos, para visibilizar el problema del desplazamiento. La más emblemática fue quizá el bloqueo en el año 2000 a la Curva de Rodas, el basurero de Medellín en ese entonces. La acción tenía como objetivo, entre otros, denunciar las condiciones de vida precarias en alrededor de 35 asentamientos urbanos y exigir soluciones por parte de la administración municipal. Por esto es que Luis Ángel, Carmen y todos los antiguos habitantes, líderes y lideresas del barrio, insisten en que nada, nunca, ha sido regalado.

La ciudad impuso la violencia militar en los barrios
En medio de estos esfuerzos comunitarios por construir, habitar y sobrevivir, la guerra no dejaba de pisar sus talones. “También nos tocó vivir muy fuerte la violencia de la ciudad, la violencia de los barrios”, dice Carmen. Grupos de delincuencia común azotaban la ciudad, lo que sumado al abandono estatal fue el caldo de cultivo para la aparición y fortalecimiento de las milicias urbanas. En la zona nororiental hicieron presencia, mayoritariamente, las milicias de las FARC. El Estado, con Álvaro Uribe en la presidencia, y Luis Pérez en la Alcaldía, respondió con operaciones militares tristemente recordadas, como la Mariscal y la Orión en la Comuna 13, y otras no tan recordadas, como la Estrella VI en la nororiental.

Para esta última, las fuerzas militares conformaron un grupo de aproximadamente 1.000 hombres, entre los que había miembros de la Policía, la Fiscalía, el DAS y la Cuarta Brigada del Ejército, que irrumpieron en barrios como La Cruz y La Honda. El 13 de enero de 2003 empezó la barbarie.

“Fue una operación que duró tres días, sin contar los días de inteligencia. En esos tres días hubo allanamientos, que luego se determinó que habían sido ilegales, hubo también detenciones arbitrarias, muchas personas fueron condenadas y después de pagar cárcel fueron asesinadas, otras estuvieron apenas unos días y luego fueron asesinadas. Entonces no fueron solo esos tres días, sino un montón de acciones conexas que le hicieron mucho daño a la población en general”, explica Oscar.
Fueron detenidas unas 100 personas. Más de la mitad eran líderes y lideresas comunitarias reconocidas por su gestión en estos barrios, la mayoría pertenecientes al Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (Mosda) que estaba en pleno auge. Muchas familias se desplazaron nuevamente, y en La Honda, un barrio con apenas cinco años de vida, hubo desesperanza.

Pero fue su misma capacidad organizativa la que ayudó a paliar los efectos de esa guerra. “La gente no se quedó callada ―dice Oscar―, y en este espacio que sirvió de albergue a la población desplazada, hicimos junto con otros asentamientos de la ciudad una Declaratoria de Refugiados Internos por la Paz y los Derechos Humanos”. Esa declaratoria, que fue en rechazo a este tipo de acciones militares, sirvió para que se reconocieran como un territorio de paz, y sus esfuerzos en adelante se enfocaran en ello.

La fuerza comunitaria es más grande que el miedo
La Operación Estrella VI fue el preámbulo del accionar paramilitar que desde entonces, e incluso luego del proceso de desmovilización, siguió imponiendo la violencia en la zona. Hoy los combos controlan el microtráfico, la movilidad en el barrio y hasta la canasta familiar. El Estado, por su parte, no ha reconocido a La Honda como un barrio, por lo que el acceso a los derechos sigue siendo limitado.

La respuesta comunitaria no deja de ser contundente. Acciones colectivas, Juntas de Acción Comunal, espacios culturales, y expresiones organizativas amplias como la Red Comunitaria de La Cruz y La Honda mantienen vivo el tejido social y la esperanza. Los jóvenes, niños y niñas que heredaron estas luchas, y hoy son los protagonistas de un convite que empezó hace más de 20 años.

La Casa para el Encuentro Luis Ángel García, el lugar colectivo construido desde los inicios de La Honda, y posteriormente nombrado así como homenaje en vida a este líder, es el espacio donde se reúnen para pensarse y construir el barrio que sueñan. Ahora trabajan por reconstruir su memoria, caracterizar sus condiciones actuales de vida, y exigir un proceso de reparación colectiva por los daños que ha generado tanto la violencia como el abandono estatal.

A pesar del temor y los recuerdos removidos tras las detonaciones del 7 de febrero, para estos pobladores y pobladoras nunca dejó de estar claro que nada podía paralizarlos. Como lo expresa Wendy Vera, líder juvenil del barrio e integrante de la biblioteca comunitaria Sueños de Papel, “esta es nuestra manera de seguir unidos y de mostrarle a la gente que si estamos juntos somos más, y que por encima de que lo que pasó, nosotros somos comunidad, somos arte, y estamos generando territorios libres de violencia”.

La Red Comunitaria se pronunció exigiendo al Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que las decisiones en materia de seguridad se tomen en conjunto con los habitantes del barrio para evitar la estigmatización a la que han sido sometidos siempre; que se implementen medidas para evitar nuevos hechos de violencia; que se atiendan las situaciones de riesgo y vulneración a los derechos humanos, y que sus necesidades y formas de habitar el territorio sean tenidas en cuenta al momento de planear la ciudad.

***


Al final de la tarde el trapo quedó instalado en la montaña, cerca al lugar donde ocurrieron las detonaciones y donde una bandera del ELN apareció ese día. Aunque cinco días después fue retirado en circunstancias desconocidas, el mensaje “Somos convite, somos barrios, somos paz”, se propagó también por medio de estampados y se repitió insistentemente durante la acción, hoy resuena más que el mensaje estruendoso que por décadas han querido imponer los que se benefician con la guerra.

Cristina está sentada en las faldas de un edificio del centro de Medellín. Lleva en brazos a su hijo de dos años, tiene el semblante caído, los ojos tristes, la cara llena de pequeñas heridas. Hace unos años luchaba en Venezuela por ser una de las pocas mujeres educadas y cultas de su familia, hoy es indigente.

Así como esta mujer, existen miles de migrantes venezolanas que hoy se encuentran en la mendicidad, son explotadas laboral o sexualmente, sufren acoso callejero y laboral, son violadas, y en el peor de los casos, asesinadas. Este es el drama que sufren en los países a los que migran; sin embargo, la tortura empieza mucho antes: en su país.

Según el informe denominado “Mujeres al Límite”, realizado por organizaciones venezolanas como Avesa, la Asociación Civil Mujeres en Línea, Freya y el Centro de Justicia y Paz, las mujeres son el género con mayor estado de vulnerabilidad en Venezuela. En este informe, publicado en 2017, se mencionan puntos clave como las dificultades para acceder a salud pública, justicia, educación, así como los diversos tipos de violencia que sufren.

“Mujeres al Límite” señala que una mujer tiene menos probabilidades de alimentarse adecuadamente puesto que, en la mayoría de familias, son los varones quienes cubren la canasta familiar y son ellos quienes comen mejor. En cuanto a la salud pública, miles de mujeres padecen complicaciones por no tener acceso a medicinas o implementos de higiene –como unas simples toallas higiénicas–, lo que las expone a contraer infecciones vaginales o urinarias, entre otras enfermedades.

Así mismo, el informe señala que las mujeres son violentadas física, sexual y psicológicamente, en especial por la fuerza militar, ya sea cuando realizan filas para conseguir alimentos, cuando son recluidas por manifestar contra la injusticia o cuando las retienen arbitrariamente y las utilizan para amedrentar a sus familiares. Se mencionan casos de torturas, asesinatos y violaciones a mujeres por parte de la fuerza militar venezolana. No obstante, si ellas desean acceder a la justicia, son ignoradas porque los órganos de justicia no consideran prioritarios dichos delitos.

Por todo esto, las mujeres venezolanas deciden migrar a otros países. Pero dejar Venezuela no es nada fácil, y es doblemente difícil si se trata de una mujer.

Primero, son asediadas sexualmente en la frontera por militares venezolanos y por el personal de migraciones de los países a los que acuden. Luego, pasan días en buses o caminando rumbo a las ciudades que tienen por destino. En algunas ocasiones tienen suerte, logran conseguir empleo en restaurantes o puestos de atención al público, pero son pocos los finales felices.

La mayoría de veces, cuando llegan a las ciudades donde pretenden residir, pasan un verdadero martirio. Y es que la xenofobia, el machismo, el oportunismo, el acoso callejero, la perversión humana, la explotación laboral y sexual, hacen de su migración un infierno.

Este año, un reportaje de CNN visibilizó el negocio de la prostitución de venezolanas en Colombia. El trabajo del periodista Fernando Rincón hacía énfasis en que la mayoría de estas mujeres optaron por someterse a este oficio por necesidad, por la desesperación de enviar dinero a sus familiares, y en especial por la supervivencia de sus hijos.

–Tengo conocidas aquí, hay muchas que se prostituyen por necesidad, para que sus hijos coman–, asegura Cristina

Entrar en el mundo de la prostitución no es nada fácil. Se han registrado casos de mujeres que ingresan voluntariamente a prostíbulos, las mafias que trafican con sexo se aprovechan de su condición, son explotadas sexualmente, y luego salir del negocio es casi imposible. Además, un reportaje del diario El País documentó que existe actualmente una ola de feminicidios de mujeres venezolanas en América Latina, siendo Colombia uno de los países con mayor tasa de asesinatos de mujeres venezolanas.

Aunque las mujeres no opten por la prostitución, también son violentadas: “Me han ofrecido 50 mil pesos por sexo, me han visto necesitada y han querido aprovecharse de mí, pero no he aceptado”, sostiene Cristina. Las venezolanas no solo sufren explotación sexual o reciben propuestas indecentes. Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), cuatro millones de venezolanos han abandonado su país. Los países con mayor inmigración venezolana son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. En dichos países las mujeres venezolanas son cosificadas. Inescrupulosos osan darles un empleo para que ellas vistan prendas diminutas y atraigan más clientela, más ingresos. También los empleadores aprovechan su condición para asediarlas y ofrecerles seguridad laboral a cambio de sexo. Dentro o fuera de Venezuela, son víctimas de violencia de género.

Lo peor es que estas mujeres quieren acceder a educación, luchan por sobrevivir, por salir de la crisis, pero las personas simplemente se olvidan de su aguda condición, de su nombre, de su nacionalidad, y hasta las llaman “venecas”, término que además de vulgar es ofensivo. No lo merecen. Merecen respeto y reconocimiento por luchar contra su desgracia. Merecen que amparen todos sus derechos.

Saturday, 07 September 2019 00:00

Masacres racistas en los Estados Unidos

“Este hombre anglo vino aquí para matar latinos”.
Richard Wiles, Alguacil del condado de El Paso.

Es un joven blanco de escasos 21 años, con estudios universitarios, aficionado a la informática, y vive pegado ocho horas diarias a su computador personal. Sus vecinos y compañeros de clase dicen que siempre anda solo, no tiene amigos ni compañera sentimental, es muy tímido e incluso algunos afirman que es una nulidad, un tonto. En sus cuentas en redes sociales se quejaba de la falta de perspectivas laborales y pensaba que en el mejor de los casos podría desempeñarse como técnico de informática. Ese joven, que responde al nombre de Patrick Crusius, habitaba en un suburbio de Dallas (Texas), y el sábado 4 de agosto condujo su coche particular durante un poco más de 1000 kilómetros durante 10 horas para dirigirse a la ciudad de El Paso, fronteriza con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. En su automóvil portaba un fusil AK-47, con el que llevaría a cabo la misión de matar a personas inocentes.

El Paso, el lugar donde ocurrió la masacre, fue seleccionado en forma premeditada, puesto que esa ciudad de 700 mil habitantes tiene una particular característica demográfica: el 80% de sus habitantes son de origen latino, especialmente mexicano, y en los últimos meses ha adquirido importancia por la afluencia de migrantes centroamericanos que quieren ingresar al territorio de los Estados Unidos desde México. Además la selección de un supermercado, Walmart, para efectuar la matanza, responde a que en ese sitio concurren a diario cientos de personas de origen mexicano.

Antes de efectuar la masacre, Patrick Crusius colgó en un portal digital denominado 8chan ―en el que se difunden opiniones racistas, xenófobas y misóginas― un manifiesto de 2300 palabras con el título La verdad inconveniente. Esta perorata racista se basa en la “teoría” del “gran reemplazo”, promovida tanto en Europa como en Estados Unidos, por ideólogos de extrema derecha que sostienen que la “raza blanca” está en peligro de desaparecer porque está siendo sustituida por “razas inferiores”, procedentes de África, Asia o América Latina. La supremacía de los blancos sale a relucir en este manifiesto de odio, con la terrible novedad de que los enemigos que se señalan como el objetivo a liquidar ya no son los musulmanes o los árabes, sino que son los migrantes de origen latino (principalmente mexicanos) que malviven en los Estados Unidos. Crusius dice que Texas se encuentra en peligro porque está siendo invadida por los mexicanos y es imperativo matarlos, para salvar a los blancos, con lo cual “nuestra forma de vida puede ser más sostenible”. Con tono de mesías salvador, Crucius sostuvo que su acción criminal es “solamente el principio de la lucha por Estados Unidos y Europa […] Me siento honrado de encabezar la lucha para recuperar mi país de la destrucción”.

Al llegar al Walmart con la frialdad del asesino que actúa meticulosamente para hacer daño y causar dolor, Crusius accionó su AK-47 contra las personas que estaban en el lugar, como luego lo confesaría a la policía, con el objetivo de matar a “la mayor cantidad de mexicanos posibles”. Al final de su cruzada mortal perecieron 22 personas y otras 26 resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran tres mexicanos y otros seis más fueron heridos. Una mujer mexicana de 25 años, madre de tres niños, fue abatida mientras llevaba a su pequeño bebé de dos meses en brazos, como constancia de la determinación criminal del joven racista de acabar con las personas que se encontraba a su paso, así fueran niños.

Esta ha sido la masacre número 248 de este estilo que ha sucedido en los Estados Unidos en el 2019, pero es la primera en donde se afirma que su objetivo son los latinos que viven en los Estados Unidos. Esa terrible novedad, que no puede pasar desapercibida, refleja el impacto directo del discurso de Donald Trump cargado de odio y racismo hacia los latinoamericanos, a quienes califica de “plaga”, “asesinos” y “violadores” que están “invadiendo a los Estados Unidos”. Este discurso en sí mismo no es nuevo en los Estados Unidos, pues viene siendo esgrimido por distintos sectores de la extrema derecha en ese país, lo que sucede es que ahora esa perorata tiene “carta de ciudadanía oficial” y “licencia para matar”, al ser propugnado por el presidente de los Estados Unidos.

De ahí que por primera vez y en forma directa el asesino de El Paso haya aludido a los latinos y mexicanos como los enemigos a matar. Un terrible antecedente que no puede separarse del discurso incendiario de Trump, que ha avivado el odio de importantes sectores de la población “blanca” de los Estados Unidos, que consideran a los migrantes latinos como los responsables del desempleo y el deterioro de sus condiciones de vida. Pero atención, no es que el odio sea promovido de manera exclusiva por Trump, ni sea una cuestión reciente, como afirman ciertos políticos y periodistas en los Estados Unidos. Es el resultado de procesos de odio y racismo de larga duración, incubados en la sociedad estadounidense, en la que se rinde culto al individualismo, a la violencia, a las armas, a las acciones homicidas dentro y fuera de ese país, encubiertas además con un barniz religioso de tinte apocalíptico.

Por ello, no extraña que aparezcan jóvenes blancos como Patrick Crusius, convertidos en criminales por la influencia de la propaganda racista que circula por todos los medios en la sociedad estadounidense promoviendo el odio. Estos individuos pasan del anonimato al desprestigio criminal, porque ellos encarnan la intolerancia homicida que siempre ha caracterizado a diversos sectores de la sociedad estadounidense desde hace siglos, y que podría expresarse en forma lacónica con un lema emblemático: odio luego existo. Con ese lema, miles de jóvenes blancos de los Estados Unidos están dispuestos, y armados que es lo peor, para matar en cualquier esquina y a cualquier hora a los que conciben como enemigos e invasores, porque están permeados por una lógica racista de pretendida superioridad sobre todos aquellos que son considerados inferiores.

Una masacre como la de El Paso no es una acción de lobos solitarios o de casos aislados, ni mucho menos. Es un proyecto criminal de envergadura que seguirá generando muerte y desolación dentro de los Estados Unidos, en la medida en que las transformaciones demográficas se tornan irreversibles, y como resultado los “blancos puros” tienden a convertirse en una minoría en los próximos años. Dentro de esa minoría operan fuerzas retrógradas de la extrema derecha, de la cual Donald Trump es por ahora su vocero más visible, que acarician la vana ilusión que matando a los “invasores” van a impedir el flujo de inmigrantes al territorio de los Estados Unidos. Así, este tipo de masacres tiene un porvenir asegurado en los suelos del Tío Sam.

Saturday, 07 September 2019 00:00

La verdad, el camino para transitar hacia la paz

Hoy la sociedad colombiana se encuentra ante el desafío de la transición, es decir, tiene la oportunidad de construir un país distinto, en paz. Dicha transición adquiere mayor sentido si logramos comprender el país que habitamos, no en singular sino en plural, y no solo desde lo individual sino también desde lo colectivo. En particular aquello que tiene que ver con los impactos del conflicto armado en la política, la economía, la cultura, las relaciones sociales y las formas organizativas como los sindicatos, que han moldeado una sociedad con una mezcla de diversas expresiones, conflictividades y tensiones; con fracturas, exclusiones y diferencias profundas.

Es necesario conocer la verdad de lo que pasó en el marco del conflicto armado interno, de qué manera diferencial ha tocado cada vida individual y colectiva, por qué y cómo llegamos a semejantes niveles de barbarie y deshumanización, conocer las causas y las consecuencias, identificar las responsabilidades, así como las distintas respuestas frente a lo padecido. Estos son algunos de los propósitos trazados en la implementación del Acuerdo de Paz, y es lo que se espera frente a los derechos de las víctimas, en particular.

Lo que está en juego es el rol transformador que debe jugar la verdad en una sociedad en proceso de transición, darle el giro a una realidad plagada de barbarie y violaciones a los derechos humanos, mutar la apuesta hacia la construcción de la paz, que no es posible concebir sin iniciativas de verdad que pongan en el centro a las víctimas como sujetos de derechos. No solo por la estigmatización, persecución y violaciones masivas a sus derechos, a su libertad individual y colectiva, sino porque en muchos casos encarnan voces históricamente marginadas y excluidas.

En Colombia las víctimas son un sujeto diverso. Una de las historias más graves de victimización sistemática y selectiva, ha sido la del sindicalismo. La violencia en su contra ha sido de tal dimensión y complejidad, que no se compara con otro país en el mundo. Según los registros de la Escuela Nacional Sindical, ENS, desde 1973 hasta agosto de 2019 se registraron alrededor de 14.931 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas. 3195 han sido homicidios, 3372 violaciones contra mujeres sindicalistas, 6288 contra la dirigencia y el activismo sindical. Al menos 487 sindicatos, de alguna forma, han sido afectados por esta violencia antisindical.

Más allá de las cifras, es preciso anotar que la violencia antisindical aún no es un hecho del pasado y que los graves daños que ha desatado tanto en lo individual como en lo colectivo aún no han sido reparados. Miles de vidas aniquiladas, familias afectadas, sindicatos debilitados y desaparecidos, liderazgos sindicales exterminados y menguados, derechos vulnerados, garantías sindicales y democráticas truncadas, ruptura del tejido social, proyectos colectivos entorpecidos, implementación de relaciones y modelos laborales que van en contravía de los derechos de los trabajadores, así como la profundización de la estigmatización y la exclusión política del sindicalismo, son algunos de los daños e impactos dejados por la victimización sindical.

¿Cuál es el papel de la verdad frente al fenómeno de la violencia antisindical en el marco del conflicto armado? Es avanzar en explicaciones que permitan a la sociedad conocer qué y por qué pasó, para que no se repita. Es dignificar el nombre de las víctimas, identificar a los presuntos responsables y los factores que permitieron que esta violencia persista hoy en día. Es identificar los impactos en el ejercicio del derecho a la libertad sindical como derecho humano para avanzar hacia la reparación integral.
La construcción de verdad es asimismo un camino para reconocer las luchas y los aportes del sindicalismo a la democratización de la sociedad y el logro de mejores condiciones de trabajo, para dejar atrás la estigmatización y la cultura antisindical, y hacer que el sindicalismo se reconozca como sujeto colectivo y actor fundamental en la construcción de la paz, la democracia y la justicia social.

Pero el camino a la verdad está lleno de altibajos, obstáculos y tensiones, pues la pluralidad de voces y de narrativas no es asunto fácil de abordar ni de resolver. Se trata de escuchar a quienes más han sufrido el conflicto y no han sido reconocidos, y de que la verdad cumpla una función reparadora y reconciliadora en clave de no repetición.

Para eso será necesaria la suma de muchos esfuerzos y el trabajo de muchas manos. No solo es tarea de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Tal desafío implica asumir la verdad como un asunto de interés común, que compete a toda la ciudadanía, a los movimientos y organizaciones sociales, a los sindicatos, a la academia y a diversos colectivos y comunidades. Para lograrlo, es necesario que la sociedad colombiana asuma la verdad como un derecho y un bien público a defender, como una condición necesaria para avanzar en la construcción de una paz estable, duradera e incluyente.

La ENS apoya esta tarea a partir de la experiencia investigativa, la construcción de memoria histórica, el registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra sindicalistas, y la asesoría a las organizaciones sindicales para que concurran ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
*Profesional de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical

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