(16)

Por Rosa Ballesteros - Tierra Libre

La región del Sumapaz, como otras tantas regiones del país, se encuentra amenazada por el avance de la locomotora mineroenergética. Diferentes proyectos como el Bloque Petrolero VMM29 de explotación bajo técnica fracking, o los Bloques COR33, COR04 y COR11 de yacimientos no convencionales, agenciados por empresas transnacionales canadienses, como Allange Energy Corp, Canacol Energy y ADA; así como la Hidroeléctrica Agua Clara de Emgesa Endesa sobre el río Sumapaz, y diversas explotaciones de minerales y materiales como la arena sílice, son la preocupación de los habitantes de este territorio, en el que se alberga el páramo más grande del mundo.

Con lo anterior, se han puesto en riesgo aspectos como la producción de alimentos, que hace del Sumapaz una de las despensas agrícolas mas representativas del centro del país; las numerosas fuentes hídricas de la región que nacen principalmente en el Páramo, y sobre las que se desarrollan diversas prácticas de gestión comunitaria del agua y se tejen importantes ecosistemas para su preservación; así mismo la permanencia de las comunidades campesinas, que constituyen la mayor parte de la población.

Pero en el marco de estos proyectos, las comunidades de la Provincia han impulsado diversas Consultas Populares para manifestar su rechazo a este tipo de proyectos. Es el caso del municipio de Cabrera que en febrero del presente año dijo No a la Hidroeléctrica El Paso, con una votación del 97,2%. Vale mencionar que antes de que la Consulta tuviera lugar, Emgesa ya se encontraba en el resto de municipios de incidencia socializando a los Concejos Municipales que había decidido retirarse de Cabrera con el fin de implementar un proyecto con condiciones ambientales mucho más “sostenibles”. Bajo este argumento, la empresa pretendió invisibilizar la capacidad de organización de la comunidad, manifiesta en la alta movilización contra el proyecto y la constitución de la Zona de Reserva Campesina.

Según lo socializado por la empresa en el Concejo Municipal de Pandi, el proyecto se llamará ahora Hidroeléctrica Agua Clara, y tendrá lugar principalmente en el municipio de Icononzo (Tolima), en segundo lugar Pandi y en tercer lugar Venecia,  para la extracción de materiales. Informaron también que durante el 2017 se dedicarán a reelaborar y radicar el Estudio de Impacto Ambiental, así como a llegar a acuerdos con las comunidades implicadas.

Siguiendo el ejemplo de Cabrera, el pasado nueve de julio con 4.312 votos, el 98,54% del total de votantes, el municipio de Arbeláez le dio un No rotundo a la explotación de hidrocarburos en su territorio. Igualmente, se gesta para el seis de agosto la Consulta Popular para la capital agrícola de la Provincia: el municipio de Pasca. Allí, los enruanados paramunos también pretenden rechazar la entrada de transnacionales canadienses para la explotación petrolera. También las poblaciones de Fusagasugá, Tibacuy, Silvania y Sibaté vienen discutiendo y movilizándose en torno a este mecanismo, que permitiría decidir sobre la entrada de este tipo de proyectos a los territorios.

Este auge de Consultas Populares se ha dado en el marco del debate sobre la implementación de la técnica fracking para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Los principales argumentos a favor se basan en la idea de que Colombia solo tiene seis años de reservas de petróleo y simultáneamente presenta un aumento de la demanda energética, con ello, a muy corto plazo no tendríamos la capacidad de producir  lo que consumimos y estaríamos a puertas de una crisis fiscal grave, en la que pasaríamos de ser un país productor de petróleo a uno importador.

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, defiende la idea de que “no podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, y mas recientemente, tras el resultado de las Consultas en Arbeláez y Pijao, el director de la Agencia Jurídica de Defensa para el Estado, Luis Guillermo Vélez, advirtió que "se acabaría con el Estado Social de Derecho", ya que según Vélez, es imposible financiar "el Estado Social de Derecho como el que hemos querido crear en Colombia con un cubrimiento de salud para la población, con vivienda y vías sin tener regalías mineras, no hay forma de sustituir esos recursos".

Las Consultas Populares han puesto de manifiesto dos modelos en confrontación. Por una parte el del Gobierno basado en la profundización de un modelo minero energético que desplaza la vocación agropecuaria de los territorios, y despoja y amenaza la vida de las comunidades y ecosistemas; y por otro, el que demandan las mismas comunidades, en donde haya dignidad para el campo colombiano. Estas últimas, por tal razón, insisten en las Consultas y en la movilización como un escaño en la lucha por la defensa del agua y el territorio, y como manera de resistir a situaciones de amenazas directas,  intimidación, sabotaje y militarización de sus espacios de participación.

 

La Provincia del Sumapaz está ubicada al suroccidente de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, y está integrada por los municipios Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera,  y Granada. Su capital y centro económico es Fusagasugá. Esta región se caracteriza por albergar el páramo más grande del mundo con una extensión de 223 hectáreas, que se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental entre los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Este páramo es una de las regiones biodiversas más importantes de Colombia y tiene una gran importancia por su riqueza hídrica, ya que actúa como esponja para el almacenamiento y liberación de agua lluvia, lo que en palabras coloquiales, le constituye como un productor de agua que nutre numerosas lagunas y corrientes. Es por ello que se le ha considerado como una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

De este páramo nace la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, que se extiende sobre 20 municipios de Cundinamarca y Tolima, por lo que se le conoce como la ‘columna vertebral’ de la Provincia, en la que existen numerosas fuentes hídricas provenientes de este río.  Esta es una región con una amplia extensión territorial rural, y una vocación agropecuaria y forestal, que configuran a la Provincia como una de las despensas agrícolas más representativas del centro del país.

 

 

En el páramo de Santurbán, subpáramo y bosque alto andino, se encuentra la Estrella Hídrica que provee el agua para toda forma de vida de los dos santanderes; pero a la vez en sus rocas se encuentra oro, por lo que atrae la codicia de empresas extranjeras, las cuales han recibido generosas concesiones por parte del Gobierno nacional.

En el 2009, habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga conocieron el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por la empresa Greystar Resources –hoy Eco Oro– de origen canadiense, con el cual pretendía explotar oro a cielo abierto en los municipios de Vetas y California (Santander). Este proyecto utilizaría diariamente 230 toneladas de explosivos ANFO y 40 toneladas de cianuro. La noticia impactó de tal manera a la comunidad, que se organizó y construyó la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, siendo su herramienta fundamental la movilización social. De esta manera logró en 2011 derrotar el proyecto.

La respuesta del Gobierno nacional y de sus autoridades ambientales, como el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–, fue hacer acciones como la creación de un  Parque Regional dentro de la zona de páramo, crear una Mesa de Concertación,  una Hoja de Ruta, y nombrar un gerente para manejar el páramo. Además expidió la Resolución 592/13, con la que declaró 40 Proyectos mineros de Interés Nacional (PIN), entre los que se encuentra el de Eco Oro y Minesa (antes AUX). Así mismo, con la delimitación de Santurbán, a través de la resolución 2090/14 del Ministerio de Ambiente, se redujo el tamaño de Santurbán y se crearon condiciones legales para desplazar a los campesinos de sus predios.

Lo que se hizo con Santurbán se trasladó al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 para salvar  concesiones mineras en páramos. Varios de estos artículos fueron demandados por un equipo del Polo Democrático ante la Corte Constitucional, logrando que esta, por medio de la Sentencia C-035/16 declarara inexequible el inciso del primer parágrafo del Art. 173, el cual pretendía dejar a la megaminería en páramos hasta cuando el proyecto terminara. Ante esta Sentencia, Eco Oro demandó al Estado colombiano en Washington, buscó inversionistas, y convirtió la demanda en un activo, amparándose en el TLC que firmó Colombia con el Gobierno de Canadá.

Proyecto extractivo y afectaciones
En la zona hacen presencia varias empresas, entre las que se encuentra Minesa, antes conocida como AUX, que era de propiedad del brasileño Eike Batista –acusado por corrupción–. AUX fue vendida al Estado Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos, y bautizada con nombre regional Empresa Minera de Santander; este negocio fue realizado con la intermediación de Tony Blear (amigo del presidente Santos). Minesa continúa trabajos de exploración para explotar 96 millones de onzas de diferentes minerales, entre las que se encuentran 13 millones de onzas de oro, que pretende extraer por minería subterránea, haciendo túneles a 2.640 m.s.n.m., por debajo de la línea de páramo. La autoridad ambiental ha sido complaciente, queriendo desconocer que el páramo para funcionar necesita el subpáramo y la alta montaña.

Minesa está haciendo el Estudio de Impacto Ambiental,  y necesita la licencia social de la población aguas abajo del proyecto. Para ello ha recurrido a estrategias como hacer contratos con la Universidad Industrial de Santander –UIS-, con algunas universidades privadas, y con la CDMB –quien será la que vigilará sus actividades si pasa el proyecto–. Además, ha impulsado la judicialización a pequeños mineros, y realizado actividades asistenciales en la zona, argumentando que su minería dará empleo y será responsable.

Según Giovany Lizcano, uno de los líderes campesinos de la zona, “desde que llegaron las multinacionales mineras, la comunidad en general está dividida. Los municipios con pequeña minería por tradición son Vetas y California. En Vetas, la pequeña minería fue desplazada, y varios se ilusionaron con la bonanza de empleos, por lo que vendieron sus títulos y se convirtieron luego en empleados de las grandes empresas. En California,  los pequeños mineros que no quisieron vender sus derechos (43 familias), están judicializados, hay nueve con proceso casa por cárcel, y como si fueran delincuentes de marca mayor, el proceso lo dirige un fiscal que viaja desde Bogotá. El galafardeo (minería de subsistencia sobre los residuos), que se venía haciendo por tradición cultural, se iguala a minería criminal y se está judicializando. Pero la forma como la empresa Eco Oro trató a sus empleados y como está Minesa tratando a los pequeños mineros,  ha servido para que aumenten expresiones en contra del proyecto por parte de la comunidad raizal, ya que anteriormente no se atrevían a hablar, la gente se encontraba muy atemorizada; en mi caso, he sido objeto de señalamientos por mi posición en defensa del territorio”.

Las especies animales y vegetales por debajo de la boca de la mina son también fuertemente afectadas. Al abrir el túnel, el agua que antes irrigaba toda la montaña en  sus  diferentes niveles se sale por la boca de la mina, impidiendo que todo lo que está debajo se nutra del agua que antes venía en forma natural. De igual forma, igual que en la minería a cielo abierto, con la minería subterránea se producen millones de toneladas de residuos sólidos y líquidos que quedan a la intemperie. Su costo de manejo es elevado y ninguna empresa minera va a responder por las decenas o centenares de años que, según se conoce por experiencia en otros países, duran descargando contaminantes letales para la vida en todas sus formas. 

El pasado 12 de julio, la comunidad indígena del resguardo Kokonuko ubicado en el departamento del Cauca, en el predio Aguas Tibias N°2, sufrió un ataque por parte del Esmad donde resultaron heridos 23 indígenas, cuatro de ellos de gravedad.

 

La comunidad indígena del resguardo Kokonuko realizaba el proceso de recuperación y saneamiento del resguardo Aguas Tibias N°2. Jhoe Nilson Sauca, ex gobernador del resguardo indígena de Kokonuko, y actualmente encargado del programa Defensa Vida y DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, nos cuenta sobre el proceso que desarrollan en el territorio desde hace más de veinte años: “la comunidad indígena del resguardo Kokonuko desde 1971, cuando fue la creación del CRIC, inició el proceso de liberación de la madre tierra. En un primer ejercicio fue recuperar la finca llamada El Seminario que la tenía la curia, de ahí en adelante la comunidad continuó el proceso de recuperación de la madre tierra”.

Este proceso ayudó al fortalecimiento de diversas comunidades y resguardos indígenas, consolidando sus planes de vida a nivel familiar y del resguardo, según cuenta con detalle Jhoe. También enfatiza en que el existir del pueblo Kokonuko inicia a partir de los principios del CRIC, que son la unidad, la necesidad de la tierra, y la reclamación de unos derechos territoriales constituidos desde la época de la corona española. “El pueblo Kokonuko desde ese tiempo hasta ahora hemos venido saneando y recuperando la tierra… cuando los españoles llegaron intentaron acabar con nosotros y corrimos hacia las montañas, y hoy que estamos acá ya el Gobierno nos quiere bajar por el tema del agua, porque ellos la ven como un negocio, y nosotros la protegemos, a nosotros nos interesa preservar nuestro entorno y mantener la armonía del hombre con la madre tierra”, puntualiza Suaca.

Jhoe nos cuenta que el resguardo Kokonuko está constituido en la parte alta del páramo, al lado del volcán Puracé, igual que el resguardo indígena de Puracé y el resguardo indígena de Paletará, y que poseen grandes extensiones de reserva de páramo de donde salen las grandes fuentes hídricas, “allí nace el río Cauca y diferentes vertientes que lo alimentan, todo esto ha sido preservado hasta el tiempo de hoy”. Esto último es un mandato que la misma comunidad tiene frente a la conservación de los nacimientos de agua, y se aplica también para los particulares que están en los territorios que hoy se sanean y recuperan.

Hoy son 5600 indígenas del resguardo Kokonuko que han venido saneando territorios como el de Aguas Tibias, una finca que comprende 85 hectáreas, y que queda en el corazón de este resguardo. En acuerdos pactados y firmados en el año 2016 el Estado se comprometió a entregarlo a la comunidad, pero aún no se ha acordado la compra del territorio con el señor Diego Angulo, propietario particular del predio. “El dueño oferta pero el Gobierno no se mueve a comprarlo”, detalla Jhoe, también menciona que “el conflicto se ha dado por un negocio que hace poco empezó a existir, inició como un pequeño valneario, y el propietario no le paga impuestos al municipio, ni al departamento, ni al mismo resguardo, amparándose que se encuentra en medio de un resguardo indígena y por eso no paga impuestos”.

Ante este panorama la respuesta del Estado local, regional y nacional ha sido la militarización del territorio Kokonuko. Jhoe narra con tristeza los hechos: “el territorio fue militarizado con Esmad, Policía y Fuerzas Militares el martes 12 de julio desde las tres de la madrugada, y a eso de las cinco de la mañana nos empezaron a atacar con gases lagrimógenos, se escucharon disparos. Esta acción se hizo sin importar que habían niños, niñas, jóvenes, mayores y mayoras”, y refuerza con profunda indignación que tiene “coraje de ver a esos chiquitos llorando”.  

En un comunicado emitido al final de ese día, la comunidad denunció otros atropellos: “en las horas de la tarde la lucha se trasladó a los caseríos de las veredas de San Pedrillo y Tres de Noviembre, pertenecientes al Resguardo Indígena de Kokonuko, donde al Esmad no le importó disparar gases lacrimógenos afectando más de 150 viviendas donde se encontraban mujeres embarazadas, madres lactantes, mayores y mayoras, provocando pánico entre la población indígena”.  Esta intervención del Esmad provocó traumas psicológicos y afectaciones respiratorias a niños y niñas. Además obstaculizó a las unidades de atención de la IPS Minga y el CRIC el auxilio a comuneros heridos.

La comunidad también denuncia que el Esmad disparó indiscriminadamente a la población. Se encontraron posteriormente casquillos de fusil, así como partes de alambre de púa que, según señaló la comunidad, eran tiros recalzados que estas fuerzas del Estado utilizan para dispararles. Esta acción por parte del Esmad, la policía y militares duró hasta la una de la madrugada del miércoles 13 de julio, afectando al resguardo y su territorio ancestral.

Toda esta situación llevó a la realización de una reunión el día 17 de julio en Bogotá, en la Casa Giralda, con autoridades indígenas del resguardo Kokonuko, el CRIC y miembros del Gobierno nacional como el Ministro del Interior Guillermo Rivera, y delegados de la Agencia Nacional de Tierras. Allí, el Gobierno reconoció que “el desalojo no se dio en el predio del señor Angulo, sino dentro de nuestro territorio ancestral, y que hubo heridos de nuestra comunidad”, según relata Yuber Mapallo Jalvin, secretario del Resguardo Kokonuko, quien puntualizó que el Estado se volvió a comprometer para darle celeridad al canje de tierras, así como a la desmilitarización del territorio.

Al cierre de esta edición la comunidad sostenía una reunión en territorio Kokonuko con participación de delegados de las diferentes instancias del Estado, para dar cuenta de los resultados y acuerdos sostenidos en la reunión; la comunidad invitó a fortalecer el ejercicio de unidad en la práctica, como mandato del XV congreso realizado en Río Blanco Sotara del pueblo Yanacona.

Las notas musicales de paz las escribe la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó; su apuesta y propuesta es la reconciliación.

El pasado 11 de julio, 25 viviendas, así como árboles y animales del caserío de San José de Apartadó, amanecieron con "pintas" alusivas al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC. Días antes había ocurrido lo mismo en la vereda La Cristalina. Ante este clima de zozobra, la Comunidad, que lleva 20 años construyendo apuestas de paz en este territorio afectado por la presencia paramilitar, pintó sus muros con mensajes como este: "Vamos a cerrar una página y juntos abriremos una nueva historia, donde la reconciliación sea la protagonista".  

“¿Dónde está la paz tan publicitada hoy en el país?”, es la pregunta que se la hace la Comunidad de Paz, ya que los hechos señalados no responden a una única presencia que este grupo paramilitar ha realizado en el territorio con fines de instigar, vulnerar y amenazar su tranquilidad. Su presencia se ha venido dando fuertemente durante el año pasado y el presente año en diversas veredas y corregimientos de esta región del país. La Comunidad de Paz a través de sus diferentes medios de difusión ha dejado constancia de las múltiples apariciones en el territorio por parte de este grupo, también han señalado que las autoridades y Gobiernos locales correspondientes niegan constantemente su presencia.

Por el contrario, según manifiestan los habitantes de esta región, brigadas del Ejército se reúnen con este grupo ilegal para coordinar acciones. En una constancia emitida el 19 de junio en su página web, la Comunidad de Paz señaló que han “podido comprobar que altos mandos de las brigadas 17 y 11 del Ejército de Antioquia y Córdoba se reúnen con grupos paramilitares en las veredas: Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó y Murmullo, del corregimiento de Batata del municipio de Tierralta, Córdoba, todo esto con la intención de coordinar todo el modelo de control sobre la población y de estigmatización a nuestra Comunidad de Paz”.

En esta misma constancia, la Comunidad deja por escrito que estas estructuras paramilitares sostienen puestos de control armado en las siguientes veredas: Arenas Bajas, Nuevo Antioquia, Playa Larga, Rodoxali, la Hoz, del municipio de Apartadó, en Turbo, del departamento de Antioquia, y también en La Resbalosa, Machosolo, Resbalosita, Naín, Murmullo, Alto Joaquín y Baltazar, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba; en otras veredas de esta región este grupo ilegal patrulla como si fuera ejército oficial, dañando y amenazando lo que encuentra por su camino, y desangrando cada vez más la región, puntualizan.

Hechos como el hurto de alimentos, animales y dinero, amenazas de muerte, presencia constante en el territorio, la instalación de bases y retenes paramilitares, y la constante intimidación a familias y líderes que hacen parte de la Comunidad de Paz, tienen paralizada a la población. Otros hechos que se han registrado desde el mes de marzo en las diferentes constancias que han realizado, responden a diferentes situaciones como la presencia de estos grupos en diferentes veredas para reunir a los pobladores, en donde manifiestan que “esa hp comunidad de paz tiene que acabarse y no existir más”. Esto ocurrió en las veredas Multo Medio y Mulatos. En el casco urbano de San José de Apartadó su presencia también se ha sentido, en especial ante el gremio de comerciantes a los que el grupo ilegal ha llegado a “cobrar vacuna”; según ellos “es un aporte a la causa”. Los comerciantes también han manifestado su temor ante la intimidación de los paramilitares.

El 2 de julio llegó un grupo de paramilitares fuertemente armado a la vereda La Resbalosa, también de este corregimiento; así lo narró la Comunidad de Paz en otra constancia emitida el 12 de julio en su página web: “nos reunieron a los pobladores y se presentaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Uno de ellos se presentó como jefe político encargado de convencer a los pobladores para sostener allí los puntos de información; otro se presentó como jefe de tropa, más conocido como “El Rayo”; otro se presentó como comandante de puntos. Luego presentaron a una persona de civil como “un punto” (informante) del sector La Rica, entre Naín y La Resbalosa, Córdoba”. Según relataron, esta reunión se hizo de manera forzada, por lo que violó los derechos de los campesinos.

Algo preocupante también para esta población, según manifestaron,  es que se instaló un “punto” en su vereda, y ante su negativa, la respuesta de los paramilitares fue: “gústele o no, vamos a colocar aquí un punto y si nos toca comprar un terreno y construir una casa para ubicar a nuestro informante, lo haremos, pero la junta de acción comunal tiene que ubicarlo como una familia más de la vereda; además no hay problema si lo capturan, pues tenemos todo coordinado con los militares y con la Fiscalía para que no dure más de 24 horas capturado”. De igual manera reafirmaron que, “vinimos para quedarnos y queremos a todos organizados, trabajando para nosotros, por lo que no queremos sapos que anden informando sobre nuestra presencia”.

A pesar de todo, la Comunidad de Paz persiste, y como lo explican, su “Comunidad ha sobrevivido por más de 20 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas y muertes pero aún seguimos, gracias a nuestros principios y reglamentos que son los que nos han fortalecido en nuestra resistencia y vida comunitaria”.

Salaminita renace a paso firme

Por Asorenacer*

Entre las décadas de los 70 y los 80 se dio el proceso de asentamiento de las veredas La Suiza y El Jardín, pertenecientes al corregimiento de Salaminita en el municipio de Pivijay, Magdalena. Durante este tiempo muchas familias campesinas provenientes de diferentes lugares de la región llegaron a esta zona del departamento, y comenzaron a asentarse en algunos terrenos prósperos para la agricultura y en los cuales solo había una pequeña población dispersa.

Los predios de la vereda La Suiza pertenecían a las señoras Aura de Polo y María Teresa de Polo. En 1980 y después del proceso de verificación realizado por el Incora, se realizó la distribución de la tierra adjudicando a cada parcelero 10 hectáreas de territorio. Entre 1982 y 1983 inició el proceso de asentamiento de la vereda El Jardín con la llegada de 21 parceleros a las tierras del señor Julián Escalante Charris, solicitando que les permitiera cultivar en las tierras que aparecen como de su propiedad. Escalante cedió, pero cuando las tierras estaban cultivadas y civilizadas los expulsó del territorio sin reconocer nada por el trabajo realizado. Ante este hecho, los campesinos buscaron asesoría con el Incora, obteniendo como resultado la adjudicación de estos predios. Para el año 1986,  Salaminita fue reconocida como corregimiento del municipio de Pivijay, y para 1990 ya contaba con una infraestructura básica y bienes comunes, como el puesto de salud y la escuela. En 1993, el censo dio cuenta de un estimado de 211 habitantes.

Durante esta misma década, los grupos paramilitares venían consolidando su poder en la región. En 1998 comenzaron a darse las primeras amenazas contra los miembros de la población. El siete de junio de 1999 paramilitares al mando de Tomás Gregorio Guillén, alias “Esteban”, del frente Pivijay adscrito al Bloque Norte de las AUC, ingresaron a la población, los reunieron a todos a un lado de la vía y los obligaron a ver los asesinatos de Oscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien por mas de 10 años había sido la inspectora de policía del corregimiento. Como consecuencia, la comunidad se desplazó de manera masiva hacia poblaciones cercanas, por lo que el poblado quedó totalmente abandonado. Según relata Erika Rangel, miembro de Asorenacer, “por la violencia que hubo en ese momento, la muerte de la inspectora, la muerte de dos campesinos parceleros, se presentó el desplazamiento masivo de todo el pueblo. Al pasar los días, el pueblo fue arrasado, los paramilitares metieron unos buldócer, quedando el pueblo completamente solo y devastado, porque no quedó ni una sola vivienda en pie”.

Esta tragedia no paró allí, y por el contrario se prolongaba en el tiempo y el espacio, ya que los asesinatos y las persecuciones sobre los pobladores de Salaminita se extendieron en el territorio y durante meses. Lesa Daza, representante legal de Asorenacer cuenta que “después de que pasó el caso de Salaminita, para el mes de agosto asesinan a dos parceleros, papá e hijo, José Palmera y Víctor Palmera. Luego, un mes más tarde, entraron a la parcelación El Jardín y asesinaron a los esposos Blanca Flor Gutiérrez y Domingo Gonzáles Ternera, y ese mismo día desaparecieron a Fredy Polo. Al año siguiente, en el mes de agosto nuevamente en la parcelación El Jardín, asesinan a los esposos Pedro Araque y Eloisa Gutierrez”.

En el año 2001, los señores Alfonso Díaz Quintero y Vicente Rueda Guarín, comenzaron a contactar a quienes se habían desplazado para que les vendieran sus predios. Debido a la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las familias, muchas de ellas accedieron a venderlos. Fue de esta manera como las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, reconocidos ganaderos y terratenientes de la región, terminaron siendo los dueños de los predios, luego de comprarlos a precios irrisorios.
Durante el 2009 se empezó a promover el proceso de reparación de la comunidad de Salaminita, mediante el trabajo de la Organización de Población Desplazada –OPD– de Aracataca, y en marzo del 2013 se logró la primera reunión con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras –URT–, y quedaron así registrados los formularios y las declaraciones de los solicitantes. En abril del mismo año se realizaron unos talleres con la comunidad, en los que se logró cartografiar los predios, y ese mismo año el Consejo Noruego para los Refugiados comenzó a hacer acompañamiento al proceso. En el 2014 nació Asorenacer, plataforma que representa a la población desplazada de Salaminita. La Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tomó el caso en sus manos y a través del trabajo de recolección de información a finales del mismo año lograron presentar las demandas.

Durante un año el proceso estuvo detenido por orden emitida por un juez de Aracataca, porque siete de los solicitantes fueron demandados por falso testimonio por el opositor del proceso. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó la restitución de los 37 lotes que conforman el centro poblado de Salaminita y exhortó a diferentes instituciones estatales a comprometerse en la reconstrucción de este corregimiento arrasado.

El 7 de junio del presente año los pobladores realizaron un retorno simbólico hasta los territorios en los que alguna vez proyectaron sus vidas, esperando que se cumpla la sentencia que ordena la reconstrucción del centro poblado y que se agilicen los procesos del área rural. De igual manera, en esta conmemoración se hizo la inscripción oficial de Salaminita como sujeto reparación colectiva ante la delegada de la Unidad de Victimas, y así, a paso firme y con la esperanza de sus pobladores, este corregimiento empezó a renacer.
*Asociación de Víctimas de Salaminita, La Suiza y El Jardín

Por Fernando Cuenca*

Entre las miles de personas que salieron a las calles exigiendo educación digna y mejores salarios para maestras y maestros en el pasado paro del mes de mayo, nos llamó la atención una profesora de estatura corta, cabello negro y ojos pequeños, quien no solo agitaba las consignas, sino que con sus apasionados gritos y su indignación llenaba el aire entre las miles de personas que protestaban.

Desde ese día y durante todos los días que duró el paro, tuvimos varias charlas con la profesora María Luisa Niño, una mujer oriunda de Corrales, departamento de Boyacá, y quien desde hace más de 30 años enseña, propone, investiga, discute, construye, deconstruye y junto a otras y otros docentes, trabaja la educación en todas sus aristas.

Esta mujer, madre de dos hijos, igual que miles de profesoras es cabeza de familia. Por lo que cuenta, evidencio que como dicen popularmente “le ha tocado guerrearla”. Desde joven se reveló contra el patriarcado (su primera forma de rebeldía), se negó a continuar lavando la ropa de sus hermanos mayores y prefería escaparse desde el sur de Bogotá a la biblioteca Luis Ángel Arango a leer, a indagar y por supuesto a hacer las tareas de la escuela. Se puede decir que desde pequeña tuvo la vena para enseñar, de hecho, siendo de las más pequeñas del curso, se paraba al frente del salón a explicarles a sus compañeros la manera de resolver los ejercicios que les dejaban los maestros.

Mientras María Luisa me hablaba de su vida, la noté siempre calmada pero apasionada, y de esta misma forma les reclamó a otros profesores por no sumarse al paro y defender la educación para toda la gente. Entre la charla me contó que cuando era niña hizo la primera comunión con el sacerdote Diego Cristóbal Uribe, cuando este fue cura en el barrio San Vicente, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito. Este sacerdote “fue uno de esos que siguió los pasos de Camilo Torres, comprometiéndose con los pobres. Bebió de las mieles del amor eficaz y la teología de la liberación y al igual que el Cura Camilo, un día se fue para el monte y murió en un combate como un insurgente”, explica María Luisa.

Mientras seguía la marcha, se observó el humo de los gases que los policías lanzaron a los maestros. “Parece que esos del Esmad no pasaron por una escuela”, exclamaba la profesora indignada. Mientras tanto me contó que desde joven tuvo que trabajar, que se fue a las selvas del sur del país como maestra, cuando muchos ni conocían el Meta, el Guaviare o el Vaupés. En escuelas de la Colombia profunda empezó a enseñar. Quizás allí es que decidió lo que quería hacer con su vida. Por eso, cuando regresó a Bogotá estudió Literatura y Lingüística. Después hizo su especialización, tomando la lengua del pueblo Sikuani. María Luisa es de las pocas maestras que les enseña a los estudiantes a investigar e insiste en que la investigación no es un tema de eruditos, sino que la gente del pueblo también debe aprender a hacerlo.

Al fin nos detuvimos durante la caminata que realizamos por la calle 26, cerca de la Secretaría de Educación en Bogotá. La profesora le hablaba a sus compañeros, y averiguaban todos por los avances de las negociaciones. Me senté en el andén a descansar. La marcha estaba parada, el sol bogotano anunciaba lluvia, y el aire se llenaba del molesto olor de los gases, siempre asfixiantes. Es allí cuando me enteré que a esta profesora su compromiso con la consigna de una educación digna de la cuna hasta la tumba, le ha costado dolores y persecuciones. En 2005, en los años del Gobierno de Uribe, fue víctima de un falso positivo judicial, práctica muy común en Colombia. Estuvo en la cárcel durante dos años, acusada injustamente  de diversos delitos que finalmente no fueron más que humo. Como es apenas lógico, demandó por los daños y perjuicios que sufrieron ella y su familia, y ganó la demanda.

Mientras escuchaba a María Luisa, nos empezaron a interrumpir cada vez más. Llegaban mensajes y rumores de todas las personas. La negociación entre los directivos de Fecode y el Gobierno por fin había dado humo blanco. Los profesores lograron que el Gobierno cediera, y el paro fue levantado. Sin embargo, me asaltaban las dudas: ¿Y si el Gobierno no les cumple como otras veces? Calmada pero firme, María Luisa me responde: “Como otras veces, volveremos a las calles a protestar y a luchar, no nos queda de otra”.
* Periodista de la agencia de los pueblos Colombia Informa

El miedo, la injusticia, la violencia, la mentira, la corrupción, el engaño y en especial el egoísmo son las prácticas recurrentes de las élites políticas en Colombia, y no nos cansaremos de decir que son los medios masivos de información a su servicio los encargados principales de conducirlas hacia la sociedad y convertirlas en pequeñeces.

En Colombia se practica en todas las calles, caminos y veredas la injusticia. Hace décadas se habla de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tal vez el más desigual, y uno de los más pobres, porque según Naciones Unidas las dos cosas no son lo mismo. Pero los medios de información voceros de los poderosos grupos económicos se han encargado de quitarles el contexto a estas cifras vergonzosas, es decir, evaden su origen para salvar la responsabilidad que tienen las élites y los partidos políticos, que han gobernado los últimos 200 años, de semejante tragedia. Para cualquier familia humilde da lo mismo la desigualdad que la pobreza; a su piel, que es la que siente y padece, eso le es indiferente.

La desigualdad en Colombia no se ha reducido ni un solo punto desde hace dos décadas, por el contrario es el único país de América Latina que ha empeorado, y hoy ostenta el deshonroso primer lugar. Según el índice GINI, que es un indicador de desigualdad calculado no por los pobres o los castrochavistas sino por el Banco mundial, Colombia está a la cabeza con 0,535 (entre más se acerque a 1 más desigual es el país). Sin embargo los medios masivos se encargan de hacernos ver las desdichas de Venezuela antes que apropiarnos de las tragedias nuestras. Todos los países de América Latina a diferencia de Colombia decidieron en estas dos últimas décadas tomar otros caminos a nivel político, social y económico que cambiaron radicalmente la distribución del ingreso, y especialmente dieron vuelco a los niveles de desigualdad.

En mayo de 2016, Cecilia López Montaño, liberal ella, escribió para Portafolio un artículo en el que critica al Gobierno por dedicarse supuestamente a la reducción de la pobreza sin hacerlo por la descarada concentración del ingreso y de la riqueza, además dice que el Gobierno “ignora la brecha que persiste entre las áreas rurales y urbanas, de género y por regiones”. Refiriéndose a la concentración del ingreso, plantea en ese diario especializado que el propio Fondo Monetario Internacional considera que “Colombia es una de las peores muestras de esa realidad en esa parte del mundo”, o sea América Latina. En Colombia, según López, el 20% de los ingresos del país lo concentra el 1% de la población, o sea aproximadamente 500 mil personas, y esas mismas concentran el 40% de la riqueza de todo el país.

Es que la injusticia en nuestro país tiene el corazón lleno de desigualdad, y esta no se explica en los delicados datos sobre pobreza, que superan el 50% en departamentos como el Chocó, mientras el país llega casi al 30%, o sea más de 15 millones de seres humanos. Pero el mismo Dane se contradice cuando afirma que al 61,7% de los hogares no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. Uno de los peores problemas es que se habla de números y se olvida que son personas. La injusticia en Colombia la viven cerca de siete millones de desplazados; otros millones tienen que rebuscarse el diario a través de las ventas callejeras o informales; y otros entre los que se encuentran todos los anteriores, sufren la desconexión de los servicios públicos básicos. Otros tantos millones reciben la bofetada de la discriminación por razones étnicas, por su condición de discapacidad, sus preferencias sexuales o su condición de mujer. Por eso la desigualdad es peor, porque involucra no solo la pobreza, sino la exclusión y la discriminación, y en Colombia son críticos estos antivalores, patrocinados en gran parte por las iglesias de toda clase, y por supuesto por las élites a través de los medios de desinformación, las redes y la industria cultural.

La injusticia se siente en las humildes cocinas de los ranchos de la periferia, en las pieles negras de los afrocolombianos y afrocolombianas y en las de la Nación indígena; en los cuerpos de las mujeres agredidas por la cultura patriarcal y por las políticas de empleo; en la desnutrición de niños y niñas; en la falta de condiciones de salud y agua potable; en la ausencia de infraestructura para la población discapacitada; también en la falta de democracia y libertades civiles.

La izquierda colombiana tiene que poner el ojo en todas estas desigualdades y en especial en la forma como aborda a los millones que la padecen. Es claro que existe una desconexión entre las organizaciones sociales y los partidos de izquierda con las mayorías. No hay sino que observar cómo saltan en su propia cara y al margen de sus acumulados, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura. Hablarle a millones de personas que en Colombia padecen la injusticia no es tarea fácil ya que ellos y ellas mismas han asumido su situación en algunos casos como algo natural. Además estas personas padecen no solo la injusticia sino la violencia ideológica que los lleva a reconocer en su verdugo a su salvador. Lo que sí es cierto es que tampoco las élites la tienen fácil por las buenas, por eso acuden a la violencia indiscriminada, de toda clase, no solo la física.

Ya se nota cómo ante la crisis moral y ética de los partidos tradicionales de la derecha, las élites políticas se preparan para un nuevo zarpazo electoral en 2018; se esconden detrás de nuevas colectividades para engañar al pueblo y hacerse elegir en el Congreso y el Gobierno. Es oportuno que este pueblo y sus organizaciones sociales se junten sobre la base de propósitos comunes, reales, como la superación de la injusticia que cala en los huesos y el alma de los humildes. Una oportunidad que está servida para sacudirse de encima tanta crueldad. Pero para ello los pequeños partidos y colectividades que han abrazado la causa social, y han puesto la vida de sus militantes en esa brega, deben abandonar el gueto, la parroquia, el ego, el discurso vacío, y la autoreferenciación. De todas maneras como dijo el francés Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

Por Juan Pablo Oviedo

MansarovarEnergy Colombia Ltd (MECL) llegó al Magdalena medio generando mucha expectativa para las diferentes comunidades y habitantes. Su lenguaje era reconciliador, y predicó, en ese momento, que por encima de sus intereses estarían siempre los de los habitantes y el cuidado al medio ambiente.

Explicaban que MECL era una alianza entre una estatal petrolera de la India y una estatal petrolera de China llamada SINOPEC, además contaban que entre la India y la China quedaba el lagoMansarovar, por esola naciente empresa de la alianza entre los dos países se llamó con ese nombre, y acordaron que los chinos se encargarían de la parte de perforación y los hindúes de la parte de la producción.

Así actúaMECL en el territorio

Hace varios años estos campos petroleros se inundaron, producto del invierno y por estar ubicados en zonas de humedales. Era necesario transitar en canoas y chalupas por las diferentes áreas de este campo. Este año comenzaron las lluvias tempranas y por esta época de invierno del 2017 a MECL se le ocurrió la idea de aislar los humedales, y de esta forma automáticamente acabar con los ecosistemas que allí existen.

Luego de estos cambios,decidieron tomar medidas drásticas. Taponaron más de 10 caños que confluyen y atraviesan los campos petrolerosy que también pasan  por las comunidades veredales Santa Bárbaray Carboneros, entre otras, las cuales se veían beneficiadas de la pesca que allí realizaban. Con estas medidas, Mansarovar buscaba prevenir que sus campos petroleros se inundaran y causaran daños a los equipos de su pertenencia,así como para facilitar su movilidad. El batallón Bárbula del Ejército de Colombia contribuyó a taponar dos de estos caños, los cuales pasan por los predios donde se encuentra ubicado.

Con el taponamiento de los caños se generó un impacto ambiental negativo. Por la falta de oxígeno murieron muchas especies en los caños y de paso se afectó parte del sustento de estas comunidades y aledaños, sin que ninguna autoridad local o regional hiciera algo para evitar la catástrofe. Corpoboyacá, entidad encargada  de vigilar y salvaguardar el medio ambiente, no se pronunció al respecto.

La contaminación y el daño no paran y no son de ahora. En la región, los niños nacen con deformidades óseas, esto porque la Ciénaga de Palagua y sus humedales han servido de cloaca a las diferentes empresas extranjeras petroleras que han pasado por la región. Los impactos del plomo se han filtrado entre la cadena alimenticia de la ciénaga hasta llegar al ser humano. Hasta el momento, nadie responde por los daños.

Page 2 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.