Julian Alvarán

Julian Alvarán

Friday, 03 April 2020 00:00

El papel de Duque en tiempos de pandemia

Por: Julián Alvarán

 

Desde diciembre el mundo empezó a vivir un escenario inesperado producto de la propagación del denominado virus covid-19. El trasfondo de este nuevo agente biológico (natural o incubado) es aún materia de estudio del campo médico y de las ciencias sociales, desde los cuales afloran análisis que van desde las teorías conspirativas, hasta balances en los impactos económicos, sociales, políticos e ideológicos.

Si bien el covid-19 es hoy una realidad innegable que está propagándose a una gran velocidad por cientos de países, afectando la salud de multitudes y ocasionando ya la muerte de miles de seres humanos, es también innegable que, en tanto fenómeno geopolítico, social y mediático, marca quizás el inicio de nuevas disputas en la reconfiguración de los bloques de poder capitalista y el posicionamiento de su visión y dominio del mundo. Si la balanza se inclina en favor del capital o de los pueblos en resistencia, las opciones alternativas, los movimientos sociales viejos y nuevos, es una cuestión aún difícil de predecir, sobre todo cuando el covid-19 sigue creciendo y es aprovechado para afianzar el poder de las élites ancladas al capital[1].

El propósito del presente escrito no es abordar lo que está sucediendo globalmente producto de esta pandemia, sino esbozar algunos elementos sobre la actuación del gobierno de Iván Duque frente a este fenómeno, y cómo su respuesta a la crisis es expresión de los intereses de clase que representa.

Las medidas frente a la crisis

La respuesta del gobierno Duque a la emergencia derivada del covid-19 ha sido tardía e insuficiente. Desde el primer momento quedó en evidencia que para Duque y los suyos la mayor preocupación es la afectación a la economía del gran capital. Esto se expresó en su negativa a tomar, desde un primer momento, medidas efectivas de cuarentena que evitara la llegada y posterior propagación del virus, a fin de no afectar la circulación de mercancías y flujos de capital; al punto de oponerse y querer desmontar las medidas que los gobiernos municipales y departamentales estaban tomando desde una lógica preventiva.

La promulgación del Decreto 417 de Emergencia Económica, social y ecológica se da cuando ya el covid-19 se estaba propagando en el país y se evidenciaba la preocupación creciente de la población frente a lo que podía suceder. Además aunque el gobierno anuncia el Decreto, se muestra lento y errático para definir las maneras concretas de ejecutarlo.

Pero además de errático, el gobierno Duque actúa en contravía de las acciones que oportunamente tomaban la mayor parte de los gobiernos locales. Un ejemplo de ello es el decreto 444 por medio del cual el gobierno traza los lineamientos para financiar la emergencia. En ella deja abiertas, como es su costumbre, todas las interpretaciones posibles para favorecer, en este caso, al sector financiero. El gobierno toma los recursos de los entes territoriales con el argumento de que son préstamos para paliar la situación derivada del virus, pero en esencia autoriza que esos recursos pasen a los bancos para que estos entreguen créditos a personas y empresas que tributan al sistema financiero. Es decir, le da la plata de los fondos de los municipios a los bancos para que especulen con el dinero público[2].

Asistencialismo, voluntarismo y coerción

De acuerdo con lo planteado por la trabajadora social e investigadora del Cedat de la Universidad de Caldas, Carolina López[3], el papel del gobierno de Iván Duque frente a esta crisis podríamos caracterizarlo desde tres perspectivas:

"Desde la asistencia social: ante la crisis de la salud pública el gobierno genera estrategias de intervención asistencialista, focalizando estas ayudas en las poblaciones más vulnerables. Estas medidas paliativas resultan insuficientes por las profundas condiciones de injusticia social y desigualdad económica en la que está enraizada nuestra sociedad colombiana.

Voluntarismo altruista: ausencia del Estado que es mediada por el llamado de los gobiernos locales y el gobierno nacional a que a través de "voluntariados y la solidaridad" se pueda contribuir a solucionar la crisis de manera colectiva. Este hecho se traduce en la transferencia o delegación de la responsabilidad a la sociedad civil.

Paradigma punitivo: fundamentado en impartir castigo a quienes no cumplan con el aislamiento preventivo o la cuarentena. Este castigo está primordialmente asociado a medidas sancionatorias de carácter económico y penas privativas de la libertad".

Lo mediático e Ideológico.

Esta situación es aprovechada por el gobierno uribista de Duque para hacer un lavado de cara. En un país que ha sido condicionado a sentir el dolor de manera lastimera (lo cual lo deja desprovisto de dignidad), visibilizar a Duque como alguien vulnerable, más aún cuando todos lo somos ante la pandemia, antes que restarle puntos, puede resultar en una buena jugada para mejorar su imagen y mostrar que su "torpeza" es producto de una situación difícil para cualquiera, y no como lo que es, como medidas pensadas solo en favor de las minorías. En el imaginario de la gente se instala la idea del "pobre presidente como le toca de duro", y se deja de lado su mezquindad y cinismo para responder como un verdadero gobernante.

Así mismo, la actual coyuntura derivada por el Coronavirus permite hoy quitarle presión al senador y expresidente Álvaro Uribe, justo cuando venía atravesando su peor momento en cuanto a popularidad y ante graves, y cada vez más constantes, denuncias y procesos penales por corrupción, criminalidad estatal, paramilitarismo y vínculos con el narcotráfico. Cuando todas las puertas se le cerraban a Uribe, aparece un virus que a quienes contagia les produce afecciones respiratorias pero a él logra darle un respiro en su ya vetusta imagen.

Lejos de caer en teorías conspiranoícas, es importante señalar que la élites no siempre lo tiene todo calculado, que no erran, o que tienen miles de conspiraciones para desviar la atención. Sin lugar a dudas quienes mal gobiernan, aquí y en cualquier parte hacen uso de artimañas para ocultar sus suciedades, ese es del ABC de la propaganda. Sin embargo, también existen hechos y fenómenos que sin ser esperados, logran ser aprovechados por esas élites para ocultar otras realidades y problemáticas. Es de este modo como el Coronavirus le permite al régimen de Uribe-Duque, pasar a un segundo plano o desaparecer de la agenda pública nacional temas como los falsos positivos, los narcolaboratorios en fincas de embajadores, la compra de las elecciones presidenciales, el genocidio contra lideresas y líderes sociales, los abusos policiales, el incumplimiento de los acuerdos de Paz con las FARC y también de todos los acuerdos firmados con el movimiento social, campesino, indígena y afro, entre tantas otras problemáticas. Hoy esas realidades que el uribismo y las élites de siempre han incubado, dejan de estar en la retina de la gente para ubicar como única y gran preocupación el virus y cómo sobrevivir a él; a tal punto que, a quienes alzamos la voz cuestionando todas las perversidades del régimen, se nos tilda de inhumanos por querer "polarizar en un momento en que debemos estar unidos".

De allí se desprende una cuarta jugada mediática: posicionar un discurso patriótico ligado a la idea de "Unidos todos". Se reduce la problemática a un asunto de voluntad donde la unión se fundamenta en la obediencia, en no cuestionar. Tanto los gobiernos alternativos como sectores de la oposición terminan haciendo juego a este discurso, llamando a la unidad nacional, a no polarizar, a estar unidos en torno a un propósito común (o enemigo común con la intención de mantener una mentalidad y narrativa guerrerista). De esta manera el carácter de lucha de clases que también tiene este momento, queda desfigurado o cuando menos, oculto.

Medidas antipopulares en favor del capital

Favorecer al capital antes que a la gente. Como ya se mencionaba, los decretos contemplan solo a la población que ya es considerada vulnerable y a quienes dependen del sistema financiero, en tal sentido los créditos o “ayudas” están dirigidas a personas y empresas que tributan al sistema financiero, lo que en últimas apunta a favorecer a los bancos.

No se frena, y por el contrario se profundiza la agenda legislativa: reforma a la justicia, seguridad ciudadana, sistema general de regalías, conciliación de los pliegos tipo, entre otros. Lo anterior con el agravante que la bancada de gobierno pretendía que no se legislara y aplicar todo por decreto. Ante el rechazo de la bancada de oposición y algunos otros sectores hoy poco afines al uribismo, el gobierno maniobra para intentar que se siga legislando de manera virtual, lo que les facilita evadir debates y así imponer su agenda regresiva y antipopular.

Además, continúa la criminalización, estigmatización y asesinato de líderes y lideresas sociales, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el cobro de impuestos, de altas tarifas de servicios públicos, despidos masivos y respuesta represiva a los reclamos de la gente enviando al Esmad a gasear y atropellar, y posteriormente la militarización de los territorios tanto rurales como urbanos, incrementando así el miedo y el ambiente de guerra en el que nos han querido acostumbrar a vivir.

Avanzada contra Venezuela.

En medio de ese panorama, Colombia actúa como punta de lanza para la muy factible intervención militar a Venezuela por parte del gobierno de los EE.UU y sus peones en el continente, lo que agudizaría la situación sanitaria y humanitaria, pero, además, abre el escenario de una guerra regional que va generar una crisis profunda. La reciente "reelección" fraudulenta de Luis Almagro cómo secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), la recompensa que ofrece Trump por el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y los movimientos de tropas norteamericanas en el mar Caribe, evidencian la intención invasora, para lo cual el Pentágono cuenta con 7 bases militares en suelo Colombiano, y una primera línea de paramilitares a ambos lados de la frontera colombovenezolana; y si bien el gobierno de Uribe-Duque a través de su Ministro de "Defensa", Carlos Holmes Trujillo, apela a apoyar medidas políticas y diplomáticas, deja claro que están trabajando en conjunto con el gobierno de EE.UU "para enfrentar el narcotráfico en la región". Primero perfilan al gobierno bolivariano como narcotraficante para así dejar de lado las medidas políticas y "diplomáticas" y pasar a la agresión militar.

Tensiones con gobernabilidades locales y departamentales

La tardía respuesta a la crisis por parte del gobierno nacional generó una significativa tensión con los gobiernos locales que desde los primeros indicios de la dimensión de la pandemia, asumieron una actitud más preventiva. Esta tensión pone en evidencia el peso que sigue teniendo el centralismo, lo cual genera desencuentros con el poder gamonal expresado en las regiones. Detrás de ello, desde luego, está el manejo de los recursos públicos.

Las gobernabilidades “alternativas” en un primer momento son quienes más tensionan pero terminan reforzando el discurso de la Unidad Nacional, pues no solo tienen que ceder ante el poder central en temas como el decreto 444, sino que insisten en que "es momento de estar todos unidos", sin problematizar el manejo errático y amañado que hace Duque y su gobierno.

Esto nos demuestra una vez más que, sin existir contradicciones antagónicas entre las clases dominantes, si hay roces importantes entre estas. Los pueblos en resistencia y sus organizaciones debemos saber comprender tales tensiones para tener incidencia política en los hechos que han de venir.

Las pujas de la ultraderecha

Hay sectores dentro del mismo uribismo que están jugando a agotar a Duque. En esa línea hay que entender la iniciativa de algunos integrantes del Centro Democrático, que hace un mes propusieron crear un partido calcado del partido español Vox, o las declaraciones del abogado uribista Abelardo de la Espriella, o del influencer uribista y ex candidato a senador, el "Patriota", y hasta la actitud “reivindicativa” que el mismo Uribe viene expresando en sus redes, pretendiendo mostrarse como el primer reclamante ante el gobierno nacional para que no se le vincule como el mayor responsable de la nefasta ley 100 de salud y seguridad social.

Lo anterior es clave comprenderlo, porque se podría inferir que un sector del uribismo (Fernando Londoño, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, entre otros) calcula que Duque no les va a dar para terminar su periodo presidencial, y en tal caso buscan tener la iniciativa para removerlo si es el caso.

La movilización social y la posibilidad de propiciar una crisis de gobernabilidad

De lo anterior se deriva la importancia de que el movimiento social asuma como tarea principal, pasado el momento de mayor riesgo, propiciar una crisis de gobernabilidad, tomar la iniciativa y lograr una victoria política que aunque no transformadora, es fundamental para dar saltos en los procesos de acumulación: la caída del gobierno Duque.

En gran medida va a depender de cómo salga librado Duque de esta crisis: si logran diezmar el ánimo movilizatorio, y vender la idea de que se logró la unidad nacional para derrotar el coronavirus, se habrá reforzado el uribismo. Si queda mal librado y no tenemos iniciativa, ellos mismos la tomarán.

¿Cómo puede ser una posible iniciativa enarbolar la bandera "fuera Duque" en estos momentos? ¿Eso no nos pondría del mismo lado que los sectores del uribismo a quienes les interesa que a Duque le vaya mal? No, porque en este terreno la disputa es por la iniciativa, y quién tenga la iniciativa puede trazar el horizonte del alcance de esa apuesta.

Es complejo pensar que este sea el momento exacto para gritar"fuera Duque". El riesgo de contagio es real y tal exigencia nos obliga a las calles, desatando la movilización con un nuevo propósito, más aterrizado, y que responda al sentir de la gente inconforme que desde el 21N ha mostrado su indignación. No solo es riesgoso e irresponsable en cuanto a la propagación de la pandemia, sino que convocarlo desataría una condena social fuerte.

Pero hay una realidad que parece aproximarse y sobre la cual tampoco podemos permanecer impávidos. Realidad que está generando el mismo gobierno con sus medidas y restricciones: la miseria, el confinamiento sin garantías, los despidos masivos, la prohibición al 60% de la población trabajadora para salir a conseguir el rebusque, el pésimo sistema de salud, la falta de atención y prevención, sumado a los abusos de la fuerza pública, puede desatar en cualquier momento una bomba social incontenible, tanto para el gobierno como para las fuerzas del campo democrático y popular.

Si el virus nos mantiene en cuarentena y el gobierno no responde más allá de lo paliativo y en favor del capital mas no de la gente, nadie va a poder evitar que millones de hombres y mujeres se lancen a las calles, ya sea a reclamar atención y ayudas, rebuscarse alimento para los suyos, o hacerse de manera violenta con aquello que requieren para sobrellevar la crisis. Ese escenario, complejo desde cualquier ángulo, dejaría sin sustento práctico el mensaje que todos hemos acogido de quedarnos en casa, pues ante el riesgo de morir de hambre y miseria o de ser contagiados por un virus, la gente va a reaccionar ante tal encrucijada escogiendo el camino que le resuelva lo cotidiano, lo urgente.

¿Qué hacer en tal situación? Es una pregunta que requiere encontrar respuestas creativas, responsables y colectivas para que las mayorías puedan defender la vida y ganar en derechos y en conciencia. Estas situaciones inesperadas que pueden significar una fractura histórica, un cambio de época como ya hablan algunos, o un nuevo inicio para la humanidad, son los que requieren que los revolucionarios, los pueblos en resistencia, el pensamiento y la militancia crítica, asumamos un rol protagónico como sujetos políticos para que esta crisis derivada de un virus, pero hija del capital, pueda significar avances emancipatorios para los pueblos, y no simplemente otro momento donde las crisis que ellos generan la paguemos los de abajo.

Sí, esta es una lucha de la humanidad toda, pero para vencer la pandemia hay que estar dispuestos a hacerle frente al sistema que lo engendra, y superarlo.

 

 

[1] Sobre la diferenciación planteada entre Covid-19 como hecho biológico y sanitario, y el Coronavirus como fenómeno mediático leer: http://lobosuelto.com/la-pandemia-del-covid-19-no-ocurrio-ni-ocurrira-pluralincognite/?fbclid=IwAR1zxfPvxY_a1vND4x6KuZswCwCYjk8ljSVtSNwWS4bw1ZWTlqp7NmDURo4

[2] https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39210-medidas-de-emergencia-para-mitigar-los-efectos-socio-economicos-de-la-propagacion-del-coronavirus-covid-19-una-vision-alternativa-a-la-gubernamental.html

[3] https://www.colombiainforma.info/crisis-y-salud-publica-durante-la-pandemia/

Octubre nos dejó una nueva jornada de indignación en el país. Miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un mecanismo para saciar sus propios privilegios.

La exigencia de mejores condiciones de salud y educación, del cumplimiento de los acuerdos firmados por los distintos Gobiernos con las comunidades, más la lucha por garantías para la participación, la denuncia y visibilización del asesinato de líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo al modelo económico extractivista, y la exigencia de la implementación de los acuerdos del Gobierno y las FARC y de la participación social en la mesa conel ELN, estuvieron entre las razones que enarbolaron campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras estatales, maestros y pobladores urbanos, para levantar en un solo tono su grito de Indignación.

La indignación se mantiene y avizora mayores luchas
Esta nueva jornada evidencia que el descontento de amplios sectores sociales se mantiene. Si bien estas jornadas de la indignación no tuvieron la fuerza de la Minga del 2016 ni de los paros agrarios, mineros y de transportadores que le precedieron entre el 2013 y el 2015, es significativo que, pese a la criminalización de la protesta social con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, más la represión ilegal ejercida por el neoparamilitarismo sembrando el terror, la incertidumbre y el desconsuelo entre las comunidades organizadas, aún persista la dignidad popular y se manifieste en las calles expresando que no se dejará amedrentar en su lucha por la paz con justicia social.

En esta ocasión, ante el evidente esfuerzo de los medios masivos de comunicación alinderados al poder de las élites, se movilizó la comunicación alternativa y popular para visibilizar las acciones de las comunidades en los territorios; la voz de campesinos, indígenas y mestizos se hizo escuchar por los diferentes medios que las mismas comunidades y organizaciones sociales impulsan para expresar sus problemáticas, sus luchas y sus propuestas. También surgieron creativas y alegres maneras de movilizarse, con batucadas, comparsas, danzas, y cantos cargados de indignación y alegría como un acto de rebeldía contra quienes quieren seguir sembrando de guerra los territorios.

Más importante aún es que esta jornada que tuvo su momento cúspide en la movilización del 12 de octubre, permitió que múltiples sectores que han actuado solos durante estos años, se juntaran para hacer más fuerte su grito, agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comando Nacional Unitario, en una jornada que deja nuevos escenarios de lucha, organización y movilización para el campo popular.

Que el descontento se transforme en indignación y rebeldía
Son varios los retos que tiene ahora la movilización popular. En primer lugar, dar continuidad a los esfuerzos de movilización y organización de cada sector, y mantener y nutrir los espacios de articulación, asunto indispensable para elevar los niveles de movilización y acción de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la clase popular.

Un reto mayor está en tener la capacidad de traducir el descontento generalizado, tanto con el Gobierno nacional como con la clase política dirigente que históricamente ha gobernado, en indignación popular y rebeldía. Para nadie es un secreto que en las esquinas, en los buses, en las cafeterías, en el cultivo, en la obra y hasta en la casa, la voz de cada hombre, mujer, joven y viejo, expresa su inconformismo, su queja permanente por el costo de vida, por los precios de los alimentos, por el pésimo servicio de salud, por la nefasta movilidad de las ciudades, por la mala y costosa calidad de la educación pública, por las altas tarifas de los servicios públicos, y por la inseguridad generalizada producto de las desigualdades sociales. Pero todo ese descontento no necesariamente se ha traducido en acción transformadora por parte de la gente de a pie. Al contrario, tal molestia generalmente se ha traducido en conformismo que lleva a la quietud; claro está que ello es producto de los hábiles mecanismos que las clases dominantes desarrollan para mantener adormecida a la gente, lo que no libra de responsabilidad a los sectores organizados que luchamos por la transformación social, de nuestra incapacidad para seducir, enamorar y acercar a las mayorías descontentas.

De allí que un tercer reto esté en la capacidad de generar nuevas y variadas formas organizativas, que trasciendan las que comúnmente conocemos y que en muchos casos no resultan atractivas para la gente trabajadora de este país.

Desatar la participa-acción para que la indignación dé sus frutos
Si bien los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y las FARC no son todo lo que esperaríamos para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, allí existen muchos elementos cuya implementación es necesario defender. Muchas de las cosas allí plasmadas pueden contribuir a garantizar unos derechos mínimos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener. Exigir al Gobierno que cumpla lo pactado, que no le haga más trampas a la implementación ni le tuerza el cuello a lo firmado, es una obligación para el movimiento popular.

Y es también una oportunidad y una tarea del campo popular disputarse el escenario de participación que abren los diálogos del ELN y el Gobierno nacional. Allí tendremos que meternos, desatar la participación no solo de quienes ya están organizados, sino de todos y cada uno de los colombianos que tienen algo para decir y exigir, y proponer cambios que posibiliten la construcción de la paz con justicia social. Se trata entonces de defender la implementación de lo acordado en La Habana, y de luchar para que en los futuros acuerdos en la mesa de Quito se pueda lograr mucho más.

Pero la participación no puede limitarse a los escenarios de implementación y negociación con las insurgencias. Es necesario que se trascienda del debate, la discusión, el diagnóstico de problemáticas y la lluvia de propuestas. La participación tiene que desatar la acción transformadora, que lo que la gente dice que tienen que ser los cambios para construir la paz, sea a su vez la acción que realicemos colectivamente para lograrla. No bastará con decir que nos oponemos al modelo minero-energético, hay que ser capaces de frenar su implementación en los territorios; no bastará que digamos que la salud y la educación están mal, si no nos organizamos y movilizamos para que se garanticen como bien social; no bastará que digamos que nuestros gobernantes son pésimos, sino somos capaces de elegir a otros que salgan de nuestros procesos. No bastará con indignarnos, será necesario transformar.

Por segundo año consecutivo, el próximo dos de junio organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, niñas y niños, campesinos, pobladores urbanos y de los reverdecidos campos quindianos se manifestarán en la segunda Marcha Carnaval Somos Territorio, Agua y Vida en la ciudad de Armenia, con el propósito de ratificar la defensa del territorio que se encuentra amenazado por el modelo económico extractivista del Gobierno nacional, y para reafirmar que el agua vale más que el oro, que tienen el derecho a habitar el territorio y que también la naturaleza tiene el derecho a que se le cuide y proteja para preservar la vida en el planeta.

El Quindío asediado por el extractivismo
Este pequeño departamento clavado en la cordillera central, en la región del Eje cafetero, es uno de los territorios de mayor biodiversidad y riqueza natural en nuestro país y por ello está bajo la mirada codiciosa de las multinacionales, con el beneplácito de los gobiernos de turno.

Luego del terremoto del año 1999, que devastó a la capital Armenia y a varios municipios como Pijao, La Tebaida, Circasia, entre otros, sumado a la crisis cafetera, los gobernantes de esta región en complicidad con empresarios, impulsaron una economía fundamentada en el turismo que genera contradicciones significativas, ya que por un lado ha conllevado a una ruptura de tejidos sociales, cambios bruscos en la cultura campesina y popular de sus habitantes, contaminación, además de situaciones de orden público asociadas al microtráfico de drogas, el consumo de licor y delincuencia, y por el otro lado ha generado importantes recursos económicos para sus habitantes y en algunos aspectos ha permitido edificar alternativas desde un turismo consiente.

Sin embargo durante la última década se ha venido imponiendo otro énfasis en la economía del territorio. Igual que en buena parte del país, el Gobierno nacional viene implementando la extracción de minerales como renglón económico primordial; es por ello que como lo señala Néstor Ocampo, ambientalista de la región “a principios del 2008 nos enteramos que el 61.8% del área de todo el departamento estaba comprometido en proyectos de gran minería, 98 contratos de concesión ya otorgados para ese año,  de los cuales 80 en manos de multinacionales y en trámite 133 más. Eso significaba que habíamos sido desposeídos del territorio y ni siquiera nos habían avisado, porque ni en la Gobernación ni en la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindio), ni en la Asamblea departamental, ni en los municipios, se sabía de eso, situación que venía caminando desde el 2003”.

A esto se suma la preocupación por el impacto que el proyecto La Colosa de la Anglo Gold Ashanti podría generar en el territorio, pues aunque la Consulta Popular del pasado mes de marzo en Cajamarca (Tolima) haya puesto freno a las intenciones de la multinacional, esta maniobra para no irse con las manos vacías. Tal preocupación se sustenta en el hecho que “La Colosa no queda solo en Cajamarca, porque de 16 títulos mineros que conforman el proyecto La Colosa regional, 11 se encuentran total o parcialmente en el Quindío. Y luego de los problemas que hubo con los precios del  café, aquí en el Quindío se le ha apostado a otros proyectos, la agricultura en otras áreas, el turismo, y son actividades que se echarían al traste con la gran minería, en caso que permitiéramos que por lo menos un solo proyecto se consolidase en estas tierras, y ya tenemos algunos impactos en los municipios de cordillera como lo son  Salento, Pijao, Córdoba, Génova y Calarcá”, asegura Néstor.

Pero la minería no se constituye en la única amenaza, cabe recordar la problemática de la cual ya hemos hablado en Periferia sobre las 86 torres de energía de alta tensión que se vienen instalando desde Risaralda hacia el Quindío, y que están en función de la producción de energía para la gran minería; pero también el riesgo que significa para el agua del departamento “la presencia de otra multinacional, la Smurfit Kappa Cartón de Colombia, quien ha sembrado y está sembrando con pinos y eucaliptos todas nuestras montañas, avanzan como un cáncer por las montañas con la complicidad de las autoridades  ambientales y gubernamentales, pero eso hace parte de un mismo modelo económico  extractivista, lo más atrasado que hay, que es lo que se le está imponiendo al país”, concluye Néstor Ocampo.

La movilización social en Carnaval
Dicha situación ha conllevado procesos de movilización social permanente, pero no solo entendida como salir a marchar, sino también como lo señala Blaney  Arístizabal, guía de montaña e impulsor, al igual que Néstor, de la Marcha Carnaval,  “existen iniciativas particulares de personas que tienen procesos de eco granjas, producción desde huertas orgánicas, también a través de cierto turismo se ha rescatado parte de la cultura cafetera siempre que los pequeños productores han visto la oportunidad de ofrecer su producto directamente al consumidor nacional o extranjero; también están los procesos educativos que buscan llegar a las escuelas y colegios llevando esta educación de lo que es nuestro territorio y nuestro entorno. Dichas iniciativas apuntan a la sostenibilidad desde la producción local y para lo local se convierten en experiencias de resistencia”.

Sobre esto, Néstor agrega que “la gente en el mundo del arte está haciendo pinturas, obras de teatro, títeres, danzas relacionadas con esta problemática y lo que representaría la gran minería para nosotros; además de profesores en universidades que están motivando a los estudiantes a hacer investigaciones que permitan aclarar todo eso porque es un tema muy complejo”.

Es en esa perspectiva que surge la iniciativa de realizar la Marcha Carnaval, siguiendo el ejemplo de los y las tolimenses, poniendo de manifiesto que la amenaza sobre los territorios requiere del latido y el caminar urgente de todas y todos.  Como lo afirma Adriana Adarve, integrante del Círculo del Fuego y también organizadora de la Marcha Carnaval,  “esta inició en el Círculo del Fuego, pero sumado a esta movilización ciudadana se han unido personas naturales y organizaciones sociales que lo que quieren es defender nuestro territorio y en esta segunda versión se ha visto mucho más el acoplo de la marcha, muchas personas y organizaciones que desde sus labores diarias, por ejemplo como agricultores, empresarios independientes, creativos, personas naturales que ven en la mega minería una amenaza para lo que ellos son y admiran y amamos que es nuestro territorio. Ha sido una plataforma para que a todos quienes vemos la vitalidad de que se conserve y se  respete el territorio, se nos escuche; es un espacio donde todos nos unimos pues generalmente todos los procesos están individuales, pero aquí nos juntamos y le demostramos a las personas, al mundo, al Gobierno que no queremos que nuestro territorio sea irrespetado”.

En este sentido, han venido en una labor permanente de comunicación, de gestión, de dar a conocer en qué consiste la marcha, pero no solo la misma, sino como señala Adriana, “por qué tienen que defender el territorio, porque una falla que hemos encontrado es que los mismos cuyabros tenemos un desconocimiento sobre dónde estamos parados, no tenemos ni idea qué es el Quindío y por qué debemos cuidarlo”. Así mismo, esperan que el dos de junio sea todo un carnaval, pues tendrán artistas en tarima y durante los recorridos, que estarán llenos de colorido, música y alegría.

Y posterior a ello como menciona Adriana “la marcha se ha transformado en una plataforma creativa, es decir, muchas personas que estamos allí tenemos nuestros procesos particulares de defensa del territorio, entonces tenemos guías turísticos, agricultores, creativos; todas las profesiones, todos los que haceres se han ido articulando para que desde la cotidianidad esté la defensa del territorio”.  Estas acciones en su conjunto, igual que el impulso de acciones jurídicas como las Consultas Populares que ya vienen dinamizando en municipios como Pijao, Córdoba y Calarcá, buscan construir una estrategia integral para defender la vida y el territorio.

Periferia entrevistó a Isabel Rauber, una pensadora latinoamericana, profesora universitaria, pedagoga política y doctora en filosofía que se ha preocupado desde hace muchos años por “buscar, junto con los movimientos populares, las alternativas que permitan construir soluciones a las problemáticas sociales”. Rauber habló sobre sus críticas al marxismo ortodoxo, las posturas vanguardistas de la izquierda, el lugar de los movimientos sociales en la actualidad latinoamericana y su mirada al proceso de paz colombiano.

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