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Desde la perspectiva de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. Pese que la Cumbre apoya la solución política al conflicto social y armado, y en consecuencia reconoce la importancia de los diálogos que se realizan en la Habana entre el gobierno y las FARC-EP y llama a la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN, considera que estos no abordan todas las problemáticas sociales y territoriales que afrontan en la cotidianidad las comunidades.

En este sentido, desde la Cumbre Agraria, se ha promovido la realización de Cumbres de Paz: 13 regionales, 3 sectoriales y una de carácter nacional. Bajo el lema 'Sembramos Esperanza, Cosechamos País' los gremios y sectores organizados se vienen encontrando en un diálogo que contribuye a la construcción y desarrollo de una paz con justicia social desde los territorios, que articula y fortalece el conjunto de iniciativas que impulsa el movimiento social y popular.

En Arauca, la Cumbre de Paz se desarrolló los días 3, 4 y 5 de marzo, con la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos que integran la Cumbre, junto a otras expresiones e iniciativas que trabajan por la paz. Al menos 350 personas llegaron desde veredas, corregimientos y comunas de los departamentos del Meta, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Cundinamarca y Boyacá, con el propósito de comprometer esfuerzos en la construcción de Paz con justicia social y un país para la vida digna, asumiendo la unidad como camino para avanzar en ese gran sueño.

En el evento también participaron varios líderes políticos del departamento de Arauca, entre ellos las alcaldesas de Puerto Rondón y Arauca capital, el alcalde de Tame, varios diputados y concejales, y el gobernador Ricardo Alvarado. Éste último manifestó su apoyo a las iniciativas emanadas de la Cumbre y su apuesta por una paz en la que la garantía de derechos fundamentales sea una realidad.

Teniendo como base que el pliego unificado de la Cumbre Agraria es la agenda de paz de los procesos comprometidos en ella, luego de hacer un análisis del contexto nacional e internacional, se discutieron los principales temas que conforman tal pliego. Así, se debatió la política minero-energética, los enfoques territoriales desde las visiones indígenas, afro y campesina, las propuestas de Zonas de Reserva Campesina y Territorios Agroalimentarios, la participación y la Justicia como pilar fundamental en la construcción de Paz.

Sobre el contexto nacional e internacional, la Cumbre enfatizó en la afectación del modelo capitalista que ha destruido los territorios y la vida, bajo el discurso del 'desarrollo'. Los asistentes ratificaron su compromiso con un proyecto de sociedad armónico con la naturaleza a la vez que denunciaron “las Zidres porque violentan los derechos de campesinos, afros e indígenas y la autodeterminación, preparando los territorios al servicio de la acumulación del capital”, así como “la existencia de una nueva reconfiguración del paramilitarismo como estrategia para el despojo y control territorial”.


En materia de Política Minero energética presentada por el Gobierno Nacional como “locomotora”, se planteó que para enfrentarla es necesario actuar conjuntamente a fin de defender los territorios puesto que esta política busca entregarlos a las multinacionales. Como alternativa se reafirmó el compromiso de “construir una propuesta minero energética sobre la base de la soberanía nacional, la autosuficiencia energética y la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales” y se exigió la “revisión de la renta minero energética en beneficio de los intereses del Pueblo”.

En cuanto a Territorio y territorialidad, se partió de reconocer que existe diversidad de visiones en las comunidades en cuanto a su historia, su cultura, sus ancestros y sus formas de organización sociopolíticas. En ese sentido, se planteó “la defensa de los territorios autónomos ancestrales como un reconocimiento a la posesión y apropiación histórica de los pueblos indígenas”, “los concejos comunitarios como un derecho conquistado para salvaguardar el territorio colectivo y la cultura”, “ los territorios campesinos agroalimentarios para reivindicar el derecho al territorio por parte del campesinado colombiano, entendiendo el campesinado como un sujeto social transformador y el territorio como una construcción social e histórica que va más allá de lo productivo, como escenario para consolidar un proyecto del bien vivir para los pueblos”.

También se reconoció que las Zonas de Reserva Campesina constituyen una oportunidad para blindar los territorios frente a los intereses del gran capital transnacional y de los terratenientes que mediante la violencia imponen el despojo bajo “el silencio del Gobierno Nacional”, lo cual implica según los participantes “unir esfuerzos para la liberación de la Madre tierra y construir en conjunto un pacto de convivencia en los territorios, para consolidar posibilidades reales de relacionamiento respetuoso y recíproco entre pueblos” que conlleve a la construcción de territorios interétnicos, con gobiernos autónomos definidos por los pueblos, un ordenamiento propio del territorio que converse con la cultura y los procesos de las luchas de los pueblos. Señalaron además que para ello “un paso fundamental es avanzar en rutas autónomas para la resolución de los conflictos territoriales que en gran medida han sido promovidos históricamente por el Estado nacional”.

Con respecto al punto de Justicia, los asistentes a la Cumbre por la Paz indicaron que ésta “históricamente ha respondido al interés de la clase dominante” e instan a que “en los acuerdos de terminación del conflicto armado exista un real proceso de justicia frente a los crímenes de Estado y de Lesa Humanidad, se haga pública la verdad sobre los diversos hechos, se repare integralmente a las víctimas y se planteen garantías para la no repetición”. Sin embargo queda la gran preocupación por el recrudecimiento del paramilitarismo y la criminalización de la protesta social, lo cual conllevó a exigir el desmonte de este aparato criminal y la exigencia de garantías reales para la lucha social y “la libertad inmediata a los prisioneros políticos porque son perseguidos por el régimen”.

En cuanto a la Participación respaldaron “las diversas iniciativas de la sociedad en el marco de un proceso constituyente popular y democrático, como las constituyentes populares y democráticas por la paz, la Mesa Social para la Paz, la comisión étnica para la paz y otras propuestas, para que de manera articulada fortalezcamos un proceso de construcción y participación directa y decisoria desde los movimientos sociales, políticos y populares”. A la vez que se exigió que las comunidades sean las protagonistas en la implementación de los acuerdos en los territorios para garantizar una paz sostenible y con justicia social.

Por último, y teniendo en cuenta el contexto actual de vulneración de derechos fundamentales, los participantes en la Cumbre Regional decidieron participar en las jornadas de movilización convocadas para el 17 de marzo y a la vez ratificaron la convocatoria al gran paro nacional indefinido, aprobado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular a finales del primer semestre de 2016.

Amanece en Cartagena y la luz del sol se esparce en una ciudad acostumbrada a que pase la gente. El 2 de marzo comenzó el festival de cine más antiguo de América Latina, el FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias). Este festival nació en 1960 con la misión de perfilar nuevas tendencias del cine mundial, con enfoque en el cine Iberoamericano, además de propiciar la interacción entre directores, productores, actores y agentes de la industria del cine, así como entre la audiencia y medios de comunicación en un espacio profesional, académico, artístico y cultural.

Llegamos de Medellín a la heroica, del aeropuerto internacional Rafael Núñez al taxi de don Eugenio, un cartagenero cristiano que nos comparte la palabra del señor mientras nos cuenta que lo mejor del festival de cine es la cantidad de turistas que llegan a la ciudad. “Yo sí he ido a la 'película', pero casi nunca hay tiempo pa' eso varón” son frases que se repiten con otras palabras en boca de los lugareños, quienes viven de la gente que pasa. Como en los festivales más importantes del mundo el FICCI se desarrolla en una ciudad turística, la cual tiene dos caras, la parte bonita, en la que se desarrollan la mayoría de los eventos, llena de famosos y políticos elegidos; y la deperiferia, donde se invisibilizan historias y personas, comunidades que viven fuera de las murallas, acalladas por la oficialidad.

Los festivales pueden ser un escenario para fortalecer la identidad de las comunidades, permitir el desarrollo de la diversidad y diferencia con total libertad, a la vez que celebran aquellos rasgos que nos identifican como país, como ciudad o como barrio; el desarrollo de la identidad no es un conjunto de características definidas por la agenda política del gobierno de turno, es un ejercicio de resistencia y construcción que implica la reflexión y el cambio. Los festivales y carnavales son los rituales que fijan simbólicamente las ideas, los comportamientos y las maneras de ver el mundo de las comunidades. La festividad de una ciudad o una comunidad pierde su sentido cuando es impuesta por valores comerciales y se convierten en escenario de disputa politiquera y dominación cultural.
En el festival se siente en el aire salado la influencia que los medios masivos tienen sobre este, en las escarapelas de registro el logo del principal patrocinador, RCN, es indicio de que el FICCI sigue considerando en gran medida al cine como un aparato para el simple entretenimiento y no como una herramienta aliada en la construcción de los procesos de identidad y reconocimiento de nuestro territorio. En otros tiempos el cine sirvió a esa noble causa en otros lugares, en Brasil el cinema novo, el neorrealismo en Italia, incluso en la década de los 70s y 80s en el Valle del Cauca el grupo de Cali con Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. Este último director homenajeado durante el festival, y el cual presentó su más reciente documental “Todo comenzó por el fin”, necesario para la memoria de este país y muestra de que aún el cine de nuestro país se puede inquietar por el reconocimiento de nuestra identidad.

El rumbo que toma el festival no es pues muy claro, ni perfectamente definido, a vista de pájaro uno pudiera pensar que es otro más de los beneficios de un paquete turístico de Cartagena, con poca influencia directa o indirecta de los habitantes de la región, y aunque el cine colombiano es eje central del evento brillan por su ausencia cintas que inquieten y que tengan otros estilos narrativos con lenguajes propios que provoquen a la acción.

Sin duda este festival hace parte de la agenda política del país y eso no tendría nada de malo si la agenda política de Colombia tuviera como objetivos principales el fortalecimiento cultural, el reconocimiento del territorio por parte de las comunidades y el respeto por los derechos humanos. Pero en otro sentido se siente el fervor del presidente de Colombia en la gala de inauguración, el que el cine llegue a los Oscar, o se desarrollen 20 películas en Colombia que muy seguramente no verá; su interés son los números y los reconocimientos que en el extranjero se hacen a Colombia; porque este escondido país solo existe cuando lo nombran en inglés.

Durante el FICCI conversamos con muchas personas; de Noruega, de Cartagena, venteros ambulantes, cantantes callejeros de hip hop, taxistas, realizadores de cine, otros medios alternativos de prensa, organizadores, profesores, estudiantes y trabajadores de diversos oficios turísticos como guías, y personal de hoteles; cada voz cartagenera nos contaba una misma historia del festival: “En estas épocas lo que hay es trabajo, a mí me gusta el cine pero es poco a lo que puedo ir, porque toca trabajar”. Una conclusión apresurada de esta situación puede ser que el festival a los cartageneros solo sirve para darles trabajo y, aunque es muy valioso en un país dominado por el desempleo, donde abundan las artimañas para incluir a los trabajadores de la calle o informales en las cifras de empleados (o en la cifra de los “no pobres”), donde las personas mueren porque no tienen alimentos ni agua (en uno de los países con más recursos en el mundo) no basta tener dos carreritas más en el taxi, no basta vender otra agüita de coco, no basta recibir a 5 inquilinos más. Si los festivales de cine para la gente de las comunidades sirven solo para dar un poquito más de trabajo, entonces no se necesitan para nada.

Estos espacios deberían preguntarse ¿por qué el cine sirve para construir la identidad de las comunidades? Es importante recordar que los primeros usos del cinematógrafo fueron documentales, con las antiguas cámaras se filmaban imágenes de tierras lejanas, para que los europeos, sin moverse de la silla conocieran pasajes inhóspitos (para ellos), 100 años después el cine ha llegado al espacio, a universos inimaginados o al corazón de las personas; ha sido utilizado para promover ideales de cualquier color y orientación política, las cámaras han grabado trasplantes, hombres muriendo y niños saliendo del útero de su madre; las cámaras han sido testigos directos de un siglo y poco más; han definido los estándares de la moda y han destruido a sus más grandes y brillantes estrellas; el cine estadounidense sugiere una forma pensar, ver, hacer y decir; marca los límites de lo que se descubre y lo que se oculta, coloniza mentes e ideas a la velocidad de la luz y con su gran aparato de distribución establece en las ciudades aquello que merece ser visto.

El cine es un invento artístico poderoso que en ocasiones ha sido usado por los pueblos para recordarse, reconocerse y construirse; los festivales son una de las oportunidades que tienen los países para crecer como nación, para explorar sus lenguajes y sus formas de nombrar el mundo; a un festival hermoso y viejo solo le falta un poquito más de nosotros y un poquito más de todos.

“Llueve hacia arriba. La gallina muerde al zorro y la liebre fusila al cazador. Por primera y única vez en la historia, soldados mexicanos invaden los Estados Unidos. Con la descuajaringada tropa que le queda, quinientos hombres de los muchos miles que tenía, Pancho Villa atraviesa la frontera y gritando ¡Viva México! asalta a balazos la ciudad de Columbus”.
Eduardo Galeano.

 

Desde comienzos del siglo XIX, Estados Unidos ha invadido en repetidas ocasiones a los países situados al sur del Río Bravo. México, Haití, República Dominicana, Cuba, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, entre otros, han visto mancillada su soberanía nacional y han soportado la intrusión en sus territorios de la “gleba de morfinómanos”, como llamaba César Augusto Sandino a los marines yanquis.

Son tantas las agresiones que nos han dispensado los Estados Unidos, que su sola enumeración llena varios volúmenes. Por esa misma frecuencia, a veces queda la impresión que una invasión o intervención más (llámese Plan Colombia o Plan Puebla-Panamá) ya no es noticia. Lo extraño estriba en lo contrario, en que sea América Latina la que invada a Estados Unidos, y eso fue lo que sucedió hace exactamente un siglo, el 9 de marzo de 1916.

Ese día, por primera y única vez en la historia, hasta ahora, Estados Unidos fue atacado e invadido desde territorio latinoamericano, más exactamente desde su país vecino, México. No era el primer ataque que soportaba Estados Unidos, pues en la guerra de 1812, Inglaterra ya lo había hecho. Pero eso se había efectuado como parte de una guerra convencional y por una potencia mundial y en ese sentido no tiene mucha gloria ni interés. Lo de 1916 fue algo completamente distinto, los invasores eran latinoamericanos, y su ataque no tenía precedente alguno. Después, tampoco se volvió a presentar un hecho similar.

En esa ocasión, un grupo de 500 hombres armados, bajo la conducción del líder revolucionario Pancho Villa, atacó la pequeña población de Colombus, situada en Nuevo México, en la zona fronteriza con México. Columbus era un pequeño poblado, en un campamento militar, en donde vivían menos de 800 personas. Ese poblado era como un chorizo, una sola calle larga, en donde se encontraban las tiendas, un banco y un hotel.

Al grito de “¡Viva México! ¡Mueran los gringos!”, el contingente de guerrilleros mexicanos incursionó en Colombus a las 4:45 de la mañana del 9 de marzo de 1916. Pancho Villa tenía sus razones para atacar a los Estados Unidos, que incluían desde cuestiones personales hasta asuntos estratégicos. En términos personales, no admitía que un traficante de armas, residente en Columbus, y de nombre Samuel Ravel, le hubiera negado la entrega de unos rifles Springfield que ya le había pagado. Le indignó saber que en la ciudad de El Paso (Estados Unidos) hubieran sido asesinados una veintena de mexicanos en una forma brutal, cuando el carcelero les prendió fuego. Pero las razones fundamentales de un militar nato, y de un estratega consumado, como lo era Pancho Villa, iban más allá de sus consideraciones personales.

La razón de fondo por la que decidió invadir a Estados Unidos fue rechazar el apoyo que el gobierno de Woodrow Wilson le había dado al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, porque creía que esto significaba el fin de la soberanía mexicana. La alianza entre los dos gobiernos implicó en la práctica que Estados Unidos abasteciera de armas a los constitucionalistas y permitiera el uso de su territorio para que por allí se movieran sus tropas, con lo que se facilitaba el ataque contra las tropas de Pancho Villa. A raíz de estos sucesos, Pancho Villa publicó un manifiesto el 21 de noviembre de 1915 en el que denunciaba que el precio que se debía pagar por el apoyo estadounidense a Carranza era “la venta de nuestro país por el traidor Carranza”. En el mismo sentido, en una carta enviada a Emiliano Zapata le manifestaba: “La venta de la patria es un hecho, y en tales circunstancias […] decidimos no quemar un cartucho más con los mexicanos nuestros hermanos y prepararnos y organizarnos debidamente para atacar a los americanos en sus propias madrigueras y hacerles saber que México es tierra de libres y tumba de tronos, coronas y traidores”.

Con su ataque a Colombus, Villa pretendía romper las buenas relaciones entre Estados Unidos y el gobierno constitucionalista. Con ello también buscaba la reconstrucción, en medio de la reacción nacionalista, de su ejército (la antaño poderosa División del Norte), que estaba seriamente diezmado y había sufrido importantes golpes de parte de las tropas leales a Carranza.

El ataque de las huestes guerrilleras comandadas por Pancho Villa fue bastante desordenado, lo que permitió la rápida respuesta de las tropas yanquis, así como de los civiles que se encontraban en el poblado. Uno de los errores más costosos fue haber quemado un hotel, un hecho que facilitó la ubicación de los atacantes. El enfrentamiento duró seis horas, al cabo de las cuales los villistas recogieron sus heridos y regresaron a México, capturaron 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles. El saldo final del ataque, sobre el que existen discrepancias entre los historiadores, fue de 17 militares de los Estados Unidos, diez civiles y cerca de 80 villistas muertos. También fueron capturados 7 de ellos. Colombus quedó destruido, y las primeras imágenes del día mostraban un lugar en ruinas y en llamas.

La respuesta de Estados Unidos, como era de esperarse, fue brutal. Para perseguir a Pancho Villa se organizó una cacería, como las típicas del Lejano Oeste: se le puso precio a su cabeza, se le calificó como un vulgar bandolero, y se le persiguió durante cerca de un año, como parte de la llamada Expedición Punitiva que encabezó el general John Pershing. La persecución se dio en terreno mexicano, en un caso típico de invasión territorial. Pero los Estados Unidos no pudieron alcanzar su objetivo de capturar vivo o muerto a Pancho Villa. La cacería del revolucionario popular fue un fracaso estrepitoso para los Estados Unidos, por la tropa que se dispuso, cinco mil hombres, los costos de la misma y la inversión en armas y equipos, de un ejército con unidades de caballería, infantería y artillería y un escuadrón aéreo de ocho aeroplanos.

Eso sí, como suele ser frecuente en las intervenciones militares de los Estados Unidos, la incursión les sirvió para probar nuevas armas y tácticas bélicas, que muy útiles les serían en guerras posteriores. Sobre los invasores, los mexicanos afirmaban, con ese humor que los caracteriza, “¡Entraron como águilas y se van como gallinas mojadas!”. Pancho Villa se convirtió en el símbolo de la resistencia popular a la invasión y su imagen adquirió una notable connotación nacionalista, como defensor de la soberanía territorial de México.

Para nuestra América, siempre humillada y ofendida por el imperialismo, la incursión de hace un siglo al territorio de los Estados Unidos por Pancho Villa es un hito histórico memorable. Siempre debería recordarse como ejemplo de independencia y dignidad. Seguro que en otras condiciones, en un continente unido y soberano, el 9 de marzo sería un día festivo, y la estatua de Pancho Villa estaría presente en las principales plazas de todas las ciudades de nuestro continente, como forma de rendir tributo a la memoria del único que se ha atrevido a atacar a los Estados Unidos en su propia casa.

Cerca al Hotel Nutibara, en los bajos del viaducto del Metro, en medio de tendidos de cachivaches de segunda mano en los que abundan celulares, cargadores, herramientas y juguetes, y un fuerte olor a orina, está el pasaje comercial Juananbú. Su interior contrasta con el ruido y las condiciones externas; allí, en un ambiente más tranquilo tiene su pequeño local Alberto Montoya, un hombre de altura media, cabello negro, con pocas canas en la cabeza pero con algunas muy visibles en sus cejas pobladas y en su barba de dos días.

Aunque sus manos tiemblan por momentos, sus cortes con las tijeras son rápidos y seguros. Sin mostrar fatiga a sus 66 años, Alberto corta 28 botas de pantalones que deberá ajustar a la talla de su cliente, un hombre de estatura pequeña quien no encuentra con facilidad ropa a su medida y su única salida es hacer ajustar sus prendas, así le cueste más dinero. En sus manos de dedos gordos y largos sujeta una tiza para marcar el trazo a 88 centímetros de la pretina del jean.

—Yo empecé a trabajar esto desde los 12 años y a los 13 monté mi sastrería con mil pesos que me dio mi abuelita. Ella levantó ocho huérfanos –, dice don Alberto mientras señala en la pared una galería improvisada de fotos de sus seres queridos muertos.

—Mi abuela vivió toda la guerra de los partidos Liberal y Conservador en Concordia, un municipio del suroeste antioqueño; allá inicié yo, pero a los 18 años me vine a Medellín y mientras trabajaba en Café Suave haciendo cafeteras, atendía la sastrería con algunos empleados–, se sienta y enhebra la aguja de la máquina sin ninguna dificultad.

Don Alberto se vino de Concordia porque le gusta aprender cosas nuevas. Ha mantenido siempre la sastrería solo y a veces con colaboradores en distintos lugares del Centro de Medellín, en Cali, Betulia, Pereira, Chocó y Urabá. Su estudio no pasa del primero de primaria, donde, según él, aprendió únicamente las tablas de multiplicar; lo demás lo aprendió relacionándose con gente de edad, que tenía conocimientos sobre ciertos temas que le interesaban y que no entendía.

Mientras hace el doblez de la bota de un jean, comenta: –A mí me gustaba estudiar pero el maltrato físico que daban me hizo aburrir, así que mejor me salí y aprendí algo por mí mismo, que a mí me gustara. Y vea, con esto he levantado 14 hijos, con nueve compañeras distintas.

A todos sus clientes, el sastre, les ofrece algo para tomar, mientras esperan y convierte el espacio en un lugar de tertulia sobre temas íntimos, de trabajo o de otra época. Pocas veces aborda la política, la religión o la economía; le tienen sin cuidado porque discusiones de esos temas hicieron que su padre fuera asesinado en la época de la guerra bipartidista.

A los 8 años, cuando fue consciente de que su padre fue asesinado por agentes del gobierno, Alberto se iba casi todos los días a buscar entre la maleza, armado solo con una chamiza, los huesos de su padre. Durante dos años los buscó, sin hallar resultado. Sus conocidos lo amedrentaban con los espantos sin lograr detenerlo; solo el tiempo consiguió apaciguar su búsqueda.

—Yo soy Liberal, pero yo no me confió de ellos, ni liberales, ni conservadores. Nunca he votado y jamás lo haré–, asevera mientras deja de coser por un rato. Retira las gafas de sus ojos y corta el hilo con facilidad.

Don Alberto asegura que ahora con 50 mil pesos la gente se puede vestir, pero con prendas de muy mala calidad que le durarán algunas semanas y ya, y que hace tiempo un pantalón le podía durar 15 años, pero que en el afán de crear riquezas, Colombia le ha abierto la puerta a telas y vestidos de muy mala calidad, acabando las fábricas locales, las cuales además de producir con buena calidad, generaban empleos más estables y mejor remunerados.

Mientras señala una vitrina con varias prendas, aparte de 200 vestidos que botó porque los clientes no los reclamaron, recuerda su época cuando trabajó en Cueros Medellín como jefe de personal y en Mesace como diseñador de chaquetas. Pero estos puestos los ocupó por poco tiempo hasta que sintió que había aprendido de ellos; entonces se salió porque siempre le ha gustado defenderse solo y ser independiente.


Don Alberto toma un pantalón y explica, –Mire, ahora se puede comprar un metro de tela por 2mil pesos, mientras el metro con cincuenta de una tela buena le vale 70 mil pesos, que es el promedio que se necesita para fabricar un pantalón. ¿Pero imagínese cuánto le va a durar ese pantalón con una tela de dos mil pesos el metro?

La tecnología ha cambiado algunos aspectos en el proceso de la costura, como las máquinas de coser, que antes eran con manubrio, luego de pedal y ahora tienen motores; las planchas eran solo un hierro que se calentaba y se pasaba sobre la tela, después fueron de carbón y de queroseno, aún existen las de resistencias eléctricas, las hay de vapor que requieren agua y la plancha con caldera.

Herramientas como las agujas, las tijeras, el cuchillo han sufrido pocas variantes porque son sencillas y perfectas, como lo es la sastrería, particularmente, si es ejercida por personas nobles que con su dedicación logran personalizar una prenda masificada, y estandarizada en una pieza particular y única que incluye al sujeto, ahorra dinero y cuida el medio ambiente, ya que el sastre no solo personaliza sino que extiende la vida útil de la prenda.

Don Alberto Montoya afirma que quien aprende un oficio o un arte tiene con qué defenderse en la vida, vaya a donde vaya, y pese a que evita temas políticos y de actualidad, él sí opina cuando se lo proponen y asegura mientras enciende un cigarrillo que no habrá paz mientras hayan patronos explotadores, que no entienden que el trabajador es el que genera la ganancia, y que tampoco habrá paz si la gente no comparte lo que sabe, si se deja a los hijos abandonados.

A pesar de lo duro que fue levantarse en medio de la guerra entre azules y rojos que le arrebató a su padre, don Alberto no dedicó su vida a la venganza sino a la superación de la pobreza, y de su familia; en cada puntada, en cada trazo y corte construyó su vida. Colgadas en las paredes de su local de un metro veinte por uno cincuenta lo acompañan las fotos de sus seres queridos, como la de su abuela, a quien recuerda agarrando un azadón y arando la tierra en medio de la guerra bipartidista.

A los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, les robaron 43 vacas de su finca “La Tanga”, en Turbo, Antioquia. Ellos tomaron venganza la noche del 14 de enero de 1990. Fueron a Pueblo Bello, por donde supuestamente pasaron las vacas robadas, sacaron a golpes a 43 campesinos de sus casas, los montaron en un camión y se los llevaron, diciendo que eran ayudantes de las Farc; grupo armado al que responsabilizaron del robo. 43 vacas por 43 campesinos.

A los 25 días de los hechos, los familiares de los secuestrados recibieron una llamada en la que les decían que podían reclamar los cuerpos de sus seres queridos en el hospital. Solo había seis bolsas negras con restos, tirados en un rincón del Hospital de Montería; contó una de las víctimas, en su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 25 años después de lo sucedido, en enero de 2015, los paramilitares solo habían entregado siete cuerpos, de los 43 desaparecidos en 1990.
Por esa época, Ramón García era un joven desplazado de Pueblo Bello, que huyó con su familia a Medellín, obligado por los paramilitares. En la ciudad comenzó a estudiar en el Liceo Consejo y uno de sus profesores, que era docente de la extinta Escuela Popular de Arte de Medellín (EPA), lo invitó a que asistiera a clases de arte. Allá, Ramón aprendió lo “técnico y lo poderoso” –dice– que sabe del teatro.

Cuando cualquier grupo armado llegaba a una finca campesina, obligaba a las familias a salir corriendo con lo poco que tuvieran puesto o lo que alcanzaran a tomar en el instante. Si no se iban, les prometían la muerte y no era una amenaza. Fue poco lo que estuvo Ramón en la EPA, porque tuvo que volver a Pueblo Bello a recuperar alguna ropa, cobijas, ollas y otras cosas que su familia no había alcanzado a sacar de la finca el día que los desplazaron. Ramón pensaba ir rápido, volver a Medellín y a la EPA y formarse como artista; pero lo sorprendió un accidente –no tan accidental- que cambiaría su vida.

“El día que volví a Pueblo Bello pensé que podía sacar las cosas y devolverme rápido, pues me habían dicho que el ambiente estaba calmado, es decir, que los paracos no habían vuelto”. Ramón ya había sido retenido en tres ocasiones por las Autodefensas Unidas de Colombia y no quería que el regreso a la finca motivara su cuarta retención. Con miedo viajó 15 horas y entró a la casa a recoger sus cosas.

Estando allá, escuchó un alboroto de gente que desde lejos decía que los paramilitares se acercaban al pueblo. Salió corriendo hacia el río, sin recuperar ninguna pertenencia. El afán de sus pasos lo hizo resbalar, cayó en el río y se golpeó la columna. Ramón perdió la movilidad de su cuerpo y se sometió a varias cirugías que le devolvieron parte de la movilidad, mediante el uso de una silla de ruedas. “Mi accidente tiene mucho que ver con el conflicto armado” –dice–. Ramón no volvió a la EPA, pero le quedó lo que aprendió del teatro.

El accidente, permanecer con vida y ver cómo se desangraba Pueblo Bello llevaron a Ramón a formar el grupo Talento y Futuro en 1999, un colectivo de teatro que tenía dos propósitos: exteriorizar el dolor de un pueblo de madres, hermanas, padres e hijos que habían perdido en un solo día a 43 de sus habitantes y, aún más importante, ser una opción distinta para los jóvenes que por la fuerza o por la necesidad se enlistaban día a día en las filas de los grupos armados que tenían influencia en esa esquina del norte del país.

Por la misma época en la que Ramón fundó Talento y Futuro, el 9 de enero de 1999, 150 paramilitares del Bloque Sur, Putumayo, interrumpieron una noche silenciosa en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo, un pueblo estigmatizado por este mismo grupo como “pueblo guerrillero”. Eligieron 28 personas al azar, las pusieron en un círculo y las asesinaron, acusándolas de ser colaboradoras de la guerrilla. Entre los jóvenes que cerraron los ojos con fuerza, para creer que no veían morir a sus familiares y vecinos, estaba Antonio Santacruz, quien nunca olvidó lo sucedido.

Sin conocerse, Ramón y Antonio tuvieron la misma iniciativa. En el 2010, Antonio ya era docente del Colegio Rural El Tigre, y allí también fundó un grupo de teatro, al que llamó Tierra Fértil, con el mismo objetivo, ser una alternativa distinta y resistir a las atrocidades de los grupos armados. Luego convocó a los alumnos y exalumnos del colegio, por demás el único del pueblo, y desde entonces, hasta hoy, estos jóvenes conforman el grupo. “Fue tanta la expectativa de la comunidad por nuestra iniciativa –recuerda Antonio-, que en la presentación de la primera obra que hicimos no cabía la gente en el auditorio, desde entonces Tierra Fértil tiene como política que todas sus obras se presentan primero en El Tigre y luego en cualquier otro escenario”.

Talento y Futuro y Tierra Fértil, tienen en común que son dos iniciativas sociales alternativas a la guerra y ambas expresan el dolor que el conflicto armado ha dejado en millones de familias colombianas. Por estos colectivos teatrales han pasado más de 500 jóvenes de Antioquia, Chocó, Córdoba y Putumayo que por estar haciendo teatro han dejado de pertenecer a los grupos armados. Como reconocimiento a su trabajo, la Unidad de Víctimas y el Festival Iberoamericano de Teatro invitaron a Talento y Futuro y Tierra Fértil a participar en la obra inaugural del Festival, coordinada por La Fura Dels Baus.

La Fura Dels Baus fue el grupo catalán que abrió el Festival. Su estilo de trabajo consiste en montar un macroespectáculo con luces, fuegos pirotécnicos y un elenco de actores profesionales y amateurs oriundos del país en el que se va a presentar La Fura. Esta vez su obra inaugural solo tuvo actores colombianos, 30 jóvenes víctimas del conflicto armado, integrantes de Talento y Futuro y Tierra fértil.

Estos jóvenes actuaron el pasado domingo 6 de marzo en la inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, con la obra Afrodita y el juicio de Paris, un mito clásico griego. Esta historia consiste en que las diosas del Olimpo se disputan entre ellas quién es la más hermosa y para remediar la discusión Zeus envía al príncipe Paris a que la elija. Cada una le ofrece algo a Paris para obtener el título, la ganadora es Afrodita, pues le promete a Paris entregarle a Helena de Troya, la mortal más hermosa del mundo. Pero el guión de la obra de teatro no contó la historia completa, le faltó narrar que tal “regalo” de Afrodita es lo que desata la legendaria guerra de la ciudad de Troya.

Al estudiar el mito para su presentación, a los jóvenes de Talento y Futuro y de Tierra Fértil, no les fue difícil creer que la discusión entre las diosas desatara la legendaria guerra, pues sus vivencias los han llevado a confirmar que cualquier disputa puede detonar una: el puesto de la diosa más bella del Olimpo o el robo de 43 vacas.

La misma semana que en Colombia asesinaban a cuatro líderes sociales y ambientales, en Honduras, la noche del 2 de marzo de 2016, la muerte abrió de una patada la puerta de la casa en donde descansaba Berta Cáceres, entró con violencia y le asestó un golpe tan fuerte que le arrebató la vida a ella y dejó mal heridos a millones de seres vivos, incluido el sagrado río Gualcarque, al que había dedicado sus mejores cuidados. Aunque Honduras está a más de 1700 kilómetros de Colombia, no es una distancia tan grande para la muerte que tiene las manos muy grandes y los pasos muy largos. De todas maneras no se sabe si ella, la muerte, habita en Honduras o en Colombia, posee el don de la ubicuidad o tiene hermanas gemelas andando por todo el planeta.

Berta Cáceres, ante todo era una mujer autónoma, libre y emancipada. Por haber nacido indígena guardaba una carga mayor de amor a la vida, al planeta y a la naturaleza, a la que todas las cosmovisiones, excepto la occidental, reconocen como sagrada y cuidan como a una madre.

Igual que en Colombia, en Honduras el crimen y la corrupción se pasean por las calles, los campos, los ríos y el aíre, y dicen que duermen y se alimentan en los estamentos institucionales y se financian con los fondos de los bancos nacionales y extranjeros. Desde agosto del 2009 –el gobierno, hijo del golpe de estado que sacó de su casa a Zelaya, el presidente legal y legítimo de ese país, promovió y aprobó leyes del despojo, como la Ley General de Aguas que otorgó concesiones sobre los recursos hídricos y cortó de un solo tajo las normas que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Como el territorio del pueblo Lenca de Honduras, que fue uno de los más afectados. Allí, se promovió la construcción de 17 represas, la mayoría con fondos de origen estadounidense denominados “Desafío del Milenio” CDM.

El territorio ancestral del pueblo Lenca, es el útero en donde Berta Cáceres se formó y por eso dio su vida para protegerlo de la agresión de las transnacionales y el gobierno, que entre 2010 y 2013 aprobó la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca ubicado en la zona noroccidental de Honduras entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. De la sangre del río Gualcarque, sagrado para los indígenas Lenca descendientes de la cultura maya, este proyecto pretende generar 21.3 MW en una concesión de 20 años.

Aunque la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) que presta su nombre para ejecutar el proyecto hidroeléctrico es hondureña, son capitales chinos y alemanes los que usufructúan la obra y la construyen, también los que han tenido que enfrentar la fuerza de la movilización del pueblo Lenca, hijos del Cacique Lempira, quien luchó por esos territorios contra los españoles durante la colonización de Honduras. Y fue Berta, la que se vistió de cacica para liderarlos, junto a hombres como Tomás García, indígena asesinado en julio de 2013 por el ejército hondureño en medio de una protesta contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

A Berta sin duda alguna la perseguían los agentes del Estado, los sicarios pagados por las empresas constructoras y los cobardes de toda pelambre, en especial los comisionistas, que se ocultan detrás de sus corbatas y sus cargos ejecutivos. Durante la mañana del día 2 de marzo, el día de su asesinato, testigos vieron a sicarios de la empresa constructora, DESA, en un coche hablando mal de Berta, manifestó su abogada Marcia Aguiluz. Además “Denunciamos que el 20 de febrero de 2016 durante la movilización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Vice Alcalde de San Francisco de Ojuera, quien está colaborando con la empresa DESA en promover el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sentenció a muerte a la compañera Berta Cáceres”.

Ya el 16 de febrero, hombres armados habían perseguido a Berta y a otros miembros del COPINH cuando iban saliendo de Río Blanco, territorio cercano al municipio de San Francisco de Yojoa. Los persiguieron en vehículo desde Plan de Encima hasta Zacapa, en el mismo municipio. Y el 25 de febrero, durante el desalojo por parte de la policía y el ejército de familias lencas del COPINH en Jarcia, Guinse e Intibucá, donde protestaban contra los proyectos hidroeléctricos, un agente de la Dirección General de Investigación Criminal, DGIC, hostigó a Berta Cáceres y le dijo que “ellos no respondían por ella si pasaba algo”. Manifestaron los líderes del COPINH.

Aunque ninguna vida, en especial estas tan dignas y tan valiosas, deberían ser arrebatadas, las de Tomás y Berta han marcado en el alma de los hondureños y en la de los ambientalistas de todo el mundo una cicatriz imposible de borrar. Sus muertes siempre injustas e injustificables, solo tienen sentido porque fueron ofrecidas a la vida, porque dejaron tambaleando el proyecto de muerte de la hidroeléctrica Agua zarca, que no ha podido avanzar y que seguramente se paralizará ante la lucha del pueblo Lenca.

Berta Cáceres caminó por todo el mundo sembrando resistencia y dignidad, abrazando causas sociales y promoviendo la defensa de la vida en todas sus expresiones. En Colombia tuvimos el orgullo de sentir ese abrazo y de recibirla en el seno del Congreso de los pueblos, del que se hizo militante. Por ella, por sus hijas Laura y Berta Zúñiga Cáceres, valientes mujeres que caminan los mismos senderos de su madre, alzamos nuestra voz dolorida e indignada, y también por ellas sonreímos con aire poderoso de desprecio ante los asesinos, capitalistas cobardes que se escondieron detrás de la máscara de la muerte ante la mirada firme de una mujer.

Eran las cuatro de la tarde cuando William Castillo, defensor de derechos humanos y líder de la Asociación de hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó- Aheramigua-, salió de una reunión con funcionarios de la alcaldía de El Bagre, Antioquia, en donde discutieron aspectos del Plan de Desarrollo municipal.

Mientras se dirigía hacia Los Galvanes, un establecimiento público que queda en el barrio Villa Echeverry de este municipio, William pensaba en la difícil situación de seguridad de su gente, en las amenazas que recientemente habían llegado a los líderes de su organización, y seguramente en el futuro de ese territorio rico y exuberante que durante décadas con su comunidad, a punta de propuestas autónomas, agroecológicas y sociales, han disputado palmo a palmo con los paramilitares, las transnacionales y el Estado. Los mismos que hoy en medio de un proceso de paz los hostigan.

Ya en el establecimiento Los Galvanes, William se relajó, tal vez estaba recibiendo la fresca brisa, escasa por estos días, mientras conversaba con una líder comunal. En ese momento llegaron unos sujetos y le propinaron varios disparos. Eran las 5:30 de la tarde aproximadamente, con la oscuridad de la noche llegó el último aliento de su existencia y con ella se apagó la luz de los ojos del líder de 43 años de edad.

La imagen de William Castillo allí desplomado, se repite. Era como ver a Daniel Abril, el ecologista y líder comunitario de Casanare, asesinado en idénticas circunstancias el 7 de noviembre de 2015, hace apenas tres meses y medio. Y si la forma en que quedaron los cuerpos no es la misma, y si los pensamientos que acompañaron sus últimos suspiros fueron otros, eso no importa, hay que recordarlos así porque se lo merecen; lo que duele mucho, causa rabia y sí importa es que estos crímenes se hayan consumado a pesar de ser muertes anunciadas.

Y aunque la muerte les llegó a muchos otros líderes en diferentes formas, los hechos son los mismos. “Fuerzas oscuras” secuestraron, desaparecieron y asesinaron a Carlos Pedraza hace un año y hasta hoy no ha sido hallado un responsable de este crimen. La muerte devoró a 69 líderes sociales en diferentes circunstancias en el año 2015, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. En todas ellas la responsabilidad del estado salta a la vista por acción u omisión. También salta a la vista el silencio e invisibilización de los medios masivos de información, que no solo ocultan la realidad sino que siguen alimentando la matriz mediática que señala a líderes sociales y populares como estorbos para la sociedad; en consecuencia, a esta le da lo mismo uno o mil muertos.

El 28 de febrero de 2016 fue asesinada presuntamente a manos de paramilitares Marisela Tombe, lideresa comunitaria del Congreso de los Pueblos, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca. Dos días después en Popayán, sicarios acabaron con la vida de Alexander Oime, gobernador indígena. Cinco días después en Soacha, al sur occidente de Bogotá, fue asesinado el líder de la Juventud Comunista Klaus Zapata y ayer, siete de marzo William Castillo, estos dos últimos líderes pertenecientes a la Marcha Patriótica. En las noticias de la noche del siete y ocho de marzo, día en que escribimos esta editorial, ningún medio radial o televisivo había informado sobre este lamentable hecho. El mismo ocho de marzo al medio día, la noticia sobre el municipio de El Bagre, era el asesinato de dos soldados presuntamente a manos del ELN; sin embargo sobre el asesinato de William no se dijo una sola palabra. Al parecer, para los medios masivos de información, unos muertos valen más que otros.

La mayoría de líderes asesinados pertenecían al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de gran protagonismo en las más recientes movilizaciones sociales y sin lugar a dudas actor político de importancia en el actual proceso de paz. Si no tuviéramos razón en nuestras radicales posturas frente a los medios masivos de información, si la sensibilidad humana y la cultura democrática fueran valores protegidos y promovidos desde todos los escenarios educativos, sociales y políticos y por la sociedad en su conjunto, todos los crímenes y en especial los recientes asesinatos de esos cuatro líderes sociales, hubieran causado conmoción y repudio nacional o una suspensión temporal de la mesa de diálogos de La Habana, por ejemplo; así ocurrió el año pasado, cuando fueron asesinados 11 militares en el Cauca.

Debía haberse adelantado una jornada de protesta. Una exigencia unánime de todos y todas, de las llamadas fuerzas vivas del país por el cese de los crímenes políticos, por el desmantelamiento de las estructuras paramilitares (visiblemente reactivadas en todo el territorio nacional), por el fin de la componenda que mantienen a ojos vistos los sicarios, las Bacrim y los paramilitares con las fuerzas militares y el Estado.

El país, los partidos políticos y la sociedad en general siguen presenciando inermes la debacle, o peor, siguen indiferentes y ni siquiera se dan por enterados que existe una debacle. Como en las décadas anteriores, el estado, las instituciones, las élites y todos los grupos armados a su servicio, siguen matando a sus mejores hijos e hijas. Si esta es la cuota inicial del posconflicto, entonces no existen condiciones para construir esa paz que el gobierno llama estable y duradera. Por eso, aunque parezca dura y pesimista la pregunta: ¿A cuántos muertos estamos de la paz?

El silencio de los sepulcros sigue siendo el destino para estas almas que dieron su cuerpo por la justicia y la transformación social. Paz en la tumba de todos nuestros compañeros y compañeras caídos en esta lucha. Ante la injusticia y la impunidad, ni un minuto de silencio.

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