“Publíquese y cúmplase”: ¿Qué hay detrás del último decreto sobre las pensiones?

Por Juan Diego Muñoz

Trasladar a Colpesiones a 20.000 personas que cotizan en fondos privados y cumplen los requisitos para pensionarse, significa que la forma piramidal de distribución de las personas dentro del sistema público pensional, se está acotando en su base. Las personas que harán parte del fondo publico entran a la punta, donde están los pensionados. Punta que tiende a ensancharse porque la población colombiana y mundial está envejeciendo, mientras que en la base cada vez hay menos jóvenes que trabajen y coticen para pagar la pensión de los pensionados. Panorama que hará del sistema algo insostenible, pues le cuesta al país 3.5 puntos del PIB, y lo llevará a un posible declive.

El decreto 558 del 15 de abril de 2020 sobre materia pensional, suscitó un sin número de reacciones, como era de esperarse al ser un tema delicado para todos los colombianos. Posiblemente se deba a ese miedo tan generalizado y palpable de saber que “pensionarse” es una de las mariposas amarillas en el país de las realidades difusas y los decretos a dos manos.

El incauto creería que lo que pretende el decreto seria, en primer lugar, permitir que durante unos meses empleadores y empleados no tengan que pagar el monto total de pensiones, sólo mantener lo básico para seguros de vida o invalidez, que sería un aporte del 3% del que se hace normalmente, que corresponde a un 12% del salario por parte del empleador y 4% por parte del empleado. Y en segundo lugar, trasladar a las personas que estaban cotizando en los fondos privados para un retiro programado, por un salario mínimo a Colpensiones.

Para entender la medida que en primera instancia parecería un acto de caridad, desglosaremos lo que pasa con el sistema pensional de Colombia y a quién beneficia en última instancia este decreto.

Comencemos por entender que el sistema pensional fue concebido con la ley 100 de 1993, la cual divide las posibilidades de pensión de la misma manera que los requisitos para acceder a ella. En Colpensiones, la entidad pública, se requieren aportes que se convierten en semanas, las cuales, como mínimo, deberán ser 1.300. La mesada, ósea lo que recibirá el colombiano una vez pensionado, será de entre el 65 y  el 80% del promedio devengado durante los últimos 10 años de trabajo. La pensión no podrá ser menor a un salario mínimo, cantidad que no se garantizaría en el privado, pues el valor de la misma se reliquida cada año de acuerdo con la cuenta de ahorro individual. En los privados, denominados administradores de fondos pensionales (AFP), se requieren 1.150 semanas o un total de capital que se recalcula cada año.

Las diferencias entre ambos sistemas son abismales: mientras en las AFP se puede pensionar antes de la edad legal, estipulada en 57 años para mujeres y 62 para hombres si se cumple con el capital, en Colpensiones es obligatorio cumplir con este requisito, sin embargo, si se llega a la edad de pensión sin las semanas necesarias, se debe seguir trabajando hasta lograrlas, misma obligación tendrán quienes estén en las AFP hasta lograr el monto de capital necesario. Sin importar en cual régimen se encuentre la persona, se pueden realizar traslados de un fondo al otro cada 5 años como mínimo, y 10 años antes de completar la edad de pensión.

El peor escenario dentro del sistema es cuando un cotizante no alcanza los requisitos. En Colpensiones recibirían una indemnización sustitutiva o una devolución de dineros si estaban en una AFP, pero en el caso de la indemnización sustitutiva el afiliado recibirá sus cotizaciones ajustadas al incremento de la inflación, al incremento del costo de vida. En las AFP el cotizante recibe el saldo de sus aportes actualizados con la inflación, más las ganancias de los mismos; por cada peso que se cotiza en los fondos de pensiones, el afiliado a un fondo privado puede recibir entre 2 y 3 pesos más de rendimientos.

Lo que ganan Colpensiones y las AFP con este traslado masivo de personas cercanas a pensionarse es simple: para el sistema público sería un inyección de liquidez y un alivio, pues los ahorros de los 20.000 pensionados trasladados representan cerca de 5 billones de pesos que solventarían el desfinanciamiento que vive Colpensiones; para las AFP representaría una disminución de sus obligaciones para con los propios pensionados, pues, en momentos en los que generan pérdidas y pasivos por la crisis económica, ya no tendrían que administrar carteras de personas que demandan pero no ingresan dinero al sistema, además se libran de las 20.000 mesadas mensuales, que a precio de hoy serían más de 17.000 millones de pesos.

tomada de: elviejotopo.com

Para los colombianos el panorama es totalmente distinto. Según la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, “trasladarse de un régimen privado a uno publico implica una mala decisión en el 95.5% de los casos”. Suponiendo que alguna persona hubiera querido trasladarse dos semanas antes del decreto, su solicitud hubiera sido negada inmediatamente.

Además, si cumplían con la cantidad de semana requeridas en el fondo privado, el traslado acarrea 3 años o más de trabajo, y de aportes dependiendo el caso, los cuales ya no serían destinados a sus cuentas personales para aumentar el valor de mesada, sino a pagar las pensiones y subsidios de quienes ya cuentan con esta condición en Colpensiones. Es importante destacar la gran inequidad del sistema público, según el propio Departamento Nacional de Planeación, el 65% de los subsidios pensionales está dirigido a 20% de la población con mayores ingresos. A lo que se les suma los problemas de cobertura del sistema que solo cobija al 25% de los adultos mayores del país.

En el tema de las pensiones, prima el conflicto de intereses políticos por encima del bien común. Ningún miembro del congreso puede afirmar que el sistema marche bien y no necesite una reestructuración. Pero nadie se ha puesto el overol, como se dicen popularmente, para sacar adelante una reforma pensional por decreto de ley, y lo más probable es que nadie se lo ponga.

Este tipo de decretos son pañitos de agua tibia en medio de la crisis. Los más perjudicados, como siempre, son los colombianos de a pie. Tanto los privados como el Estado saldrían beneficiados por este decreto tomado a la ligera que esconde las intencionalidades aplazadas del gobierno, quien desde el año anterior pretendía “eliminar el régimen de prima media (Colpensiones) y aumentar la tasa de cotización de forma gradual”. Estas eran las dos “bombas” de la reforma pensional que Ivan Duque quería presentar al Congreso después de las elecciones regionales. Estos puntos, según Portafolio, “hacen parte de un proyecto de ley que está afinando la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, y que sería radicado ante el Congreso, con mensaje de urgencia, para que quede aprobado antes de finalizar el año y comience a regir desde el 2020”.

La medida decretada es como el velo que ponen sobre un cadáver antes de la llegada de los servicios funerarios. Es plausible la podredumbre que hay detrás del sistema pensional colombiano. Nada diferente se puede decir sobre lo que financieramente es evidente: Colpensiones es insostenible en el tiempo, magnifica las desigualdades e implica una carga muy grande para todos los colombianos. En el sistema privado la competitividad es dispar, pues el 80% del sector está en manos de dos AFP, el sustento teórico de su existencia, “los mercados son buenos”, queda sin fundamentos ante las crisis, cada vez más fuertes, que se vienen presentando. Después de la del 1997-2001 y la inmobiliaria del 2008-2009, ahora nos enfrentamos a la del covid-19. Difícil predecir hasta cuándo seguirán los mercados a la baja, las economías arrastrando la deuda y el gobierno dando puntadas para abrir paso a la reforma que quiere implementar.

“Nadie estaba preparado para esta situación”, dice el gobierno ante lo que se avecina. Sin embargo, se le obliga al asalariado a prepararse para una vejez llena de carencias, con una vida llena de abandonos, de dificultades para encontrar un empleo digno que no sea solo por temporadas, de carencias educativas para aprender a manejar el dinero y la importancia de ahorrar o invertir; pero cómo lo van a lograr si el salario mínimo no alcanza ni para vivir el mes entero, si la desconfianza en la institucionalidad es razón más que suficiente para no entrar nunca en el sistema; abundan los casos cercanos de personas a las que engañaron o estafaron, y nunca lograron la pensión.

Estos cambios en las pensiones castigan a la población colombiana, no son la llaga que más lastima, sino una nueva herida en la frágil y deteriorada economía de los bolsillos de los colombiano de a pie; un pincelazo extra en el tétrico cuadro de una vejez en Colombia.

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