Periferia

Periferia

Tuesday, 21 June 2016 19:00

La fiesta de la protesta

El corazón de Willinton Quibarecama retumbaba, la ansiedad se apoderaba de él, sabía que tomarse la carretera a la altura de la Delfina en la vía que de Buga conduce al puerto de Buenaventura, no iba a ser cosa fácil, así estuviera acompañado de cientos de sus hermanos Emberas, vecinos y amigos de su resguardo Dachini, municipio de Trujillo en el Valle del Cauca. Pero la decisión estaba tomada, el furor del guerrero milenario que corría por sus venas lo empujaba, además, esta acción daría inicio a la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular y a un paro de magnitud insospechada. Su ansiedad se convirtió en angustia cuando agentes del Esmad arremetieron contra el grupo en donde él se encontraba y sin mediar palabra los golpearon con sus armas contundentes, con puños, patadas y con las tanquetas. A pesar de su valerosa reacción, la mayoría fueron agredidos sin piedad, unos heridos de gravedad y Willinton arrollado por una tanqueta que lo hizo caer desde el puente, unos 50 metros y estrellarse contra las piedras. Eran las 10 de la noche del 29 de mayo de 2016; la oscuridad del inmenso cielo que los arropaba cubrió como su manto a Willinton y apagó la luz que lo alumbraba. El Estado cobraba con sangre la osadía de los desobedientes, no permitiría que esta semilla germinara.

Tuesday, 21 June 2016 19:00

Editorial 118: Una mirada esquiva

Un mapa realizado por la Organización de Naciones Unidas señaló 29 puntos de la geografía nacional en donde los campesinos, las comunidades negras y los indígenas se concentraron o bloquearon las carreteras durante la Minga Nacional que convocó la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El mapa no era tan preciso, ya que le faltaban 13 puntos en el territorio del Centro Oriente colombiano; en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Santander, que incluían el bloqueo de dos campos petroleros, una estación de bombeo y una de gas, y había más de 8.500 campesinos, afros e indígenas. También faltaba otro en Antioquia que se traslado por razones de seguridad de Tarazá a Porcesito.

El movimiento social articulado en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y muchos otros sectores de la sociedad preparan una nueva jornada de paro, que invita a construir paz con justicia social y a cambiar el modelo económico. Periferia habló con algunos dirigentes nacionales articulados en la Cumbre Agraria sobre lo que se viene.

Tuesday, 24 May 2016 19:00

Editorial 117: Más claro para dónde

Últimamente son muchos los llamados de los lectores y de algunos colaboradores de Periferia sobre la necesidad de recurrir a un lenguaje sencillo y entendible para todas las personas que nos leen, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a ciertos discursos políticos. Sobre todo cuando usamos palabras y conceptos como derecha, izquierda, lucha de clases, hegemonía, etcétera, que no resultan fácilmente comprensibles para ellos. Nos alegra que nos llamen la atención, y nos preocupa a la vez; nos ha preocupado todo el tiempo desde nuestra fundación en 2004. Aunque la realidad es que la mayoría de nuestros lectores son líderes sociales y populares, profesores y algunos académicos, es fundamental ceder ante el llamado de la periferia porque es a ellos principalmente a donde queremos llegar. No será tarea fácil, pero sí gustosa.

Aprovecharemos un suceso presentado en Bucaramanga para hablar en este editorial del grave problema que debemos superar los colombianos y colombianas, justo frente a la democracia, la paz, la violencia y el poder que tienen unos y que sufrimos otros.

El profesor Luis Felipe Cuadros es un joven docente de bachillerato del colegio Santa María Goretti en Bucaramanga. Su área es de ciencias sociales y por eso utiliza, como lo hacen muchos profesores en el país, las notas de prensa que considera apropiadas para apoyarse en temas complejos para los estudiantes; como los del conflicto armado, víctimas, negociaciones con los grupos insurgentes y problemas sociales derivados de las decisiones que toman los que manejan el poder en el país, o sea los partidos políticos como el de la U, Cambio Radical, el Centro Democrático, el Conservador, el Liberal, entre otros. Luis Felipe utilizó como herramienta pedagógica el periódico Periferia para abordar uno de estos temas en la cátedra de paz que el gobierno nacional y el Ministerio de Educación han incentivado para entender mejor, suponemos, el problema de la violencia y la paz en Colombia, y los procesos de negociaciones con las FARC y el ELN.

La sorpresa y la gran preocupación del profesor, y ahora de nosotros, es que un padre de familia al que le llegó un ejemplar de Periferia distribuido por el profesor a sus alumnos, presentó una queja y una solicitud a la rectoría de la institución educativa por considerar que el profesor, con la lectura de la prensa en clase y las tareas que les colocaba estaba adoctrinándolos, inyectándoles el ateísmo, el socialismo y las ideas de la insurgencia, y puso en duda la legalidad y el origen de nuestra prensa. Pero este editorial no es para defender la legalidad de Periferia ni el contenido de sus artículos.

Nos cae como anillo al dedo para compartir con nuestros lectores la preocupación por el nivel de polarización en que hemos caído todos y todas, a la hora de tratar de explicar las responsabilidades de quienes fomentan y participan en la agudización del conflicto y la grave situación social y política.

Por eso es que hemos hablado en nuestros artículos de proyecto político de derecha y de bloque popular de izquierda y de lucha de clases, etc. No dudamos en decir que existen en Colombia dos proyectos de sociedad totalmente opuestos. Uno que defiende e impone los intereses de los ricos, de los que manejan la economía del país en beneficio propio y al servicio de los intereses extranjeros. Estos, aunque defienden lo mismo no siempre están de acuerdo en todo. Hay entre ellos los que defienden los intereses de los grandes acaparadores de tierras; y los que manejan el capital financiero y empresarial, pero ambos desean gobernar en favor de sus intereses o sea su clase social. Estos definen e imponen a las grandes mayorías medidas económicas, políticas y sociales que profundizan la pobreza, la exclusión y la violencia. En ese orden de ideas es que hemos dicho que Uribe y Santos son dos caras en una misma moneda.

Por otra parte estamos los pobres y los que no compartimos las decisiones de los ricos, los que el padre Camilo Torres llamó la Clase Popular, sometidos mediante la ley y la violencia a los intereses de los arriba mencionados. Aquí cabemos las mujeres y hombres, trabajadores, indígenas, comunidades LGTBI, campesinos, jóvenes y estudiantes que luchamos a diario por construir un país distinto para la vida digna. Claro está que nosotros también queremos que se gobierne para nuestros intereses, pero estos son intereses elementales como la salud, la vivienda, la educación y el empleo digno, para vivir en paz como sociedad auténticamente humana.

En esa lucha construimos a diario ideas, discursos, formas de ver la vida y enunciar el mundo que queremos construir. Vida digna, resistencia, movilización, lucha, unidad, solidaridad y esperanza son algunas de las palabras que representan a los pueblos y con los que se ha contribuido a una sociedad mejor. Sin embargo hoy, los de arriba, los que se apropiaron de la riqueza de todos a través de la fuerza, con sus grandes medios de desinformación imponen sus lógicas, venden una idea de realidad que no es la que vivimos las mayorías y hacen ver como angelitos a los demonios. Por otro lado señala y desdibuja nuestras propuestas haciéndolas parecer perversas, violentas y autoritarias.

Ese bloque en el que se agrupan los ricos, desarrollaron grupos armados para asesinar a los líderes sociales, esos grupos se denominaron paramilitares porque fueron apoyados por las fuerzas militares. Ahora tienen un discurso político que confunde a la gente porque se lo robó al movimiento social justamente para confundir. Y también lo hacen los ricos, los del Centro Democrático, que no son del centro ni democráticos, porque cuando estuvieron en el poder despojaron a los trabajadores y al país de sus derechos sociales. Hoy estos también hablan de resistencia civil y hasta de defender el patrimonio público, el mismo que ellos entregaron a los extranjeros cuando estuvieron en el gobierno.

Resulta preocupante esa confusión en las clases populares. Muchos se creen hoy el cuento que el Uribismo es la oposición, que de verdad son un proyecto distinto al de Santos, a tal punto que en muchos casos cuando desde algunos sectores del movimiento social planteamos alguna crítica a la Paz Neoliberal que impone Santos o a los mismos procesos de negociación, algunos terminen diciendo que esas posturas nos ponen del lado uribista.

Por eso hay que decirlo y muy duro: quienes estamos en esta orilla, quienes buscamos que sean los pueblos los que decidan sobre sus realidades, sus territorios y sus vidas, quienes le apostamos a un país donde avanzar no signifique acabar con el otro, con el planeta, con la vida, quienes construimos propuestas de vida digna, de resistencia contra el modelo de despojo y labramos una Paz con Justicia Social, en nada nos parecemos con aquellos representados en Santos y Uribe, aunque usen nuestras frases, nuestros discursos y se apropien de nuestras dinámicas y de vez en cuando logren ganarse a alguno de este lado.

Nada nos identifica con ellos. Seguimos en franca disputa con su propuesta, o sea seguimos en una lucha de clases (la popular contra la opresora); seguiremos confrontando su modelo de hambre y muerte, de inequidad e incertidumbre. Ganar el corazón de las grandes mayorías, del bloque popular, de los pobres de Colombia es lo que la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular pretende alcanzar.

Wednesday, 18 May 2016 19:00

Fotoreportajes

 

 

 

 

LA FAMILIA MULCUÉ

 

Fotografías: Miguel Ángel Romero

 

 

LAS GRIETAS DEL RETORNO

Fotografías: Periferia

TRABAJO Y CIUDAD

Fotografías: Periferia

 

CORAZÓN ALEGRE

Fotografías: Sara Castillejo

 

NO SOY DE COLOR

Fotografías: Federico Bonfante

 

 

LA MUJER BONITA ES LA QUE LUCHA

Fotografías: Miguel Ángel Romero

LA LUCHA POR EL AGUA

Fotografías: D-cierto C-diento

 

PEREGRINANDO CON CAMILO

Fotografías: Periferia

 

 

ESTÁ MUY DIFÍCIL HOY

Fotografías: Periferia

 

La calle de las guapas

Fotografías: Willian Andres Aguirre

 

Nuestra vida rural

Fotografías. Leidy Gómez

 

En el departamento del Cauca, como en todo el país, el sistema de salud hace estragos, y la situación para los maestros y maestras de este departamento no es diferente. Ellos padecen la descomposición de la prestación de este servicio desde que en Colombia se aplicó el modelo económico neoliberal que lo privatizó todo, y que le entregó la salud de los colombianos al sistema financiero.

La promulgación de la ley 91 de diciembre de 1989, en concordancia con las políticas neoliberales de la época, creó un nuevo régimen prestacional para los docentes y le dio duros golpes al magisterio colombiano, como la pérdida de la pensión gracia y de la retroactividad de las cesantías, y abrió campo al proceso de privatización de la salud de los maestros. Una vez se aprobó la ley 100 de 1993, que le entregó la seguridad social de los colombianos – la salud y las pensiones- al sistema financiero, sus normas privatizadoras se extendieron a todos los regímenes extralegales que existían en el país. Aunque el régimen de salud del magisterio mantuvo una leve diferencia, – en el papel mejor que la del resto de colombianos, o sea un régimen exceptuado, que los exime de los copagos y las preexistencias –, los fines comerciales y de negocio también penetraron ese régimen, dicen los directivos del magisterio del Cauca.

La salud de los maestros la administra una empresa privada u operador designada por licitación, a partir de pliegos que se le presentan a la Fiduprevisora y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; actualmente este operador se llama Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cia Ltda - Cosmitet. Esta empresa recibe de los maestros más de dos mil millones de pesos mensuales para administrarlos y por esta tarea se queda con el 15%. Esto es a lo que se le llama intermediación y es una de las críticas al régimen de salud, porque según Miguel Burbano, líder de la junta directiva de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca –Asoinca–, es un dinero que se va en burocracia, inversiones y toda clase de negocios que las normas del sistema de salud nacional le permite a estas empresas, y deja de invertirse en la prestación del servicio, para mejorar su calidad y eficiencia a más de 12 mil maestros y sus familias.

Un sistema de muerte
“Todos los años mueren maestros y maestras o miembros de sus familias por negligencias atribuibles al personal y la administración del operador. Por ejemplo el año pasado, en 2015, falleció la hija de nuestro compañero Aureliano Guzmán, una niña de tan solo 4 años de edad que fue regularmente atendida en centros de salud de Popayán, Cali y finalmente falleció en su propia casa como consecuencia de una terrible atención. En 2015 fallecieron nueve afiliados por las mismas razones; ya son 25 años enterrando a nuestras familias para engordar negocios particulares, esta es la historia de un modelo criminal de salud que nos impusieron”, explica Miguel.

“Esta triste realidad requiere de un movimiento nacional capaz de transformar este  modelo y recuperar la verdadera razón de la salud y de la vida, en el caso de los educadores esta responsabilidad es de FECODE en cabeza de sus dirigentes, pero para desgracia de todos, ninguno de los escenarios cuenta con la fuerza y menos con los dirigentes capaces de orientar la lucha para su transformación. Por eso ante la desgracia del sistema de salud, Asoinca elaboró una propuesta que busca dirigir los recursos que los maestros y maestras pagamos al sistema, hacia una Unión Temporal conducida por los mismos maestros y así garantizar que los recursos cumplan su papel de atender exclusivamente la salud de los docentes”, complementa Burbano.
 
El debate, la propuesta y la Huelga
Desde el mes de enero de 2016, los maestros afiliados a Asoinca facultaron a su junta directiva para que presentara esa propuesta al gobierno en cabeza del Ministerio de Educación. En las cuatro primeras reuniones sostenidas con asesores del Viceministerio de Educación y con la vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no pudieron llegar a un acuerdo, porque según el sindicato, el gobierno y el fondo alegaban la ausencia de normas legales que permitieran aplicar las condiciones que exigen los docentes caucanos.

En este sentido el abogado Harold Mosquera, quien asesora a Asoinca en este proceso, explicó los elementos centrales de la propuesta y los obstáculos: “La propuesta parte de la necesidad de mejorar la prestación del servicio de salud que es pésimo; el gobierno y el Fondo de Prestaciones del Magisterio han descalificado a Asoinca porque según ellos quieren manejar a dedo 150 mil millones de pesos de la salud, pero eso es mentira; esa suma corresponde a lo recaudado en tres departamentos como son Nariño, Valle y Cauca, porque en el sistema el país está regionalizado. Justamente la propuesta es separar al departamento del Cauca de la región suroccidental en materia del régimen de salud y que en vista del mal manejo del servicio, esa plata que solo suma un poco más de 20 mil millones de pesos, la maneje una Unión Temporal conformada por Asoinca, el Fondo de vivienda de los maestros Provitec y la Universidad del Cauca, que tiene la mejor experiencia en administración de salud”.

Comenta el abogado que la propuesta sí es viable; por ejemplo, ya los indígenas manejan su propio régimen de salud y el magisterio de los departamentos de Caquetá y Putumayo también. Esto es lo que no aceptaba el gobierno y el Fondo de prestaciones, quienes además consideraban que los maestros no tienen la experiencia ni son capaces de administrar el régimen de salud y los recursos, pero, dice el abogado Mosquera que Asoinca y Provitec tienen años de experiencia exitosa en manejo de un patrimonio de más de 50 mil millones de pesos, derivados de proyectos sociales y económicos del gremio, y que la Universidad del Cauca es experta en administración de salud, o sea que cumple con los requisitos para contratar, lo que tumba los argumentos del gobierno. Por otro lado, algunos sectores dicen que las enfermedades de alto costo no las podría atender esta nueva propuesta, pero frente a ello el abogado aclara que la ley tiene establecido para esos casos un fondo especial que se debe aplicar sea cual fuere el operador.

Como inicialmente la negativa a la propuesta se mantuvo, los maestros de Asoinca no tuvieron otra opción que la Huelga. Más de 6mil docentes del Cauca llegaron a la ciudad de Popayán el pasado 11 de abril de 2016 para dar inicio a una Huelga General Indefinida “por la salud y la vida”. Esta Huelga fue votada favorablemente por más de 10mil maestros y maestras en todo el departamento del Cauca, y Fernando Vargas Navia, presidente de Asoinca, manifestó que gracias a su alto nivel organizativo y económico resultante de los aportes del 0.3% de los sueldos de los maestros y maestras al fondo pro-huelga, podrían dar una confrontación de largo aliento. Sin embargo, el pasado 15 de abril Asoinca y el Ministerio de Educación, con el acompañamiento de  la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, llegaron a un acuerdo, en el que se acoge la propuesta de Asoinca, y en el que el Ministerio de Educación se compromete a justificar jurídicamente su viabilidad legal. Acuerdan además adelantar, desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo, unas sesiones de trabajo entre los delegados de ambas partes y expertos para analizar el esquema de salud del magisterio. Finalmente, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán se comprometen a no ejercer ninguna represalia para los educadores de Asoinca que participaron en la Huelga.

Es un llamado que junta a muchos sectores de la sociedad inconforme con las injusticias que aquejan a la población de la barriada, de los territorios olvidados e incluso a las comunidades que no ven en los partidos y corrientes políticas tradicionales una posibilidad organizativa para resolver sus problemas cotidianos. También será una de las consignas que se agitarán para animar el paro nacional que se avecina y que probablemente se llevará a cabo antes de terminar este primer semestre. Es una campaña que pretende robarse los corazones de los más humildes y se empezará a mover por todos los medios y las redes a partir del 23 abril de 2016.

No es una iniciativa aislada, que busca protagonismos y privilegios, por el contrario reconoce y suma su propuesta de movilización y su creatividad al reciente proceso emprendido por diferentes organizaciones sindicales, sociales y populares articuladas en el comando nacional unitario que promovió el paro de marzo 17 de 2016. Párese Duro: cambiemos esto, agitará la participación en una jornada de alcances superiores, que promete paralizar el país en todos los territorios por más de quince días.

Aunque las razones para movilizarse y protestar en Colombia sobran y van desde la corrupción rampante del gobierno y sus instituciones – con las fuerzas militares y de policía a la cabeza, pasando por las maromas del Centro Democrático para desviar la atención sobre los actos criminales de sus miembros y de los familiares de su principal líder, hasta los escándalos de Reficar, los niños desnutridos en la Guajira, la crisis de la salud, el desempleo y la venta de Isagén; hay una razón que causa mayor preocupación, por lo menos a los campesinos más humildes y a los líderes de las organizaciones sociales, y es la reactivación  del paramilitarismo, cuyo desmonte debería ser un propósito nacional de todos los sectores democráticos.

Y no es para menos. El escenario que se presenta en Colombia complejiza cada vez más el logro de la justicia social, de las transformaciones y por supuesto de la paz. El reciente paro armado llevado a cabo por el aparato político militar de la ultraderecha, que no es nuevo y que jamás se desarticuló, tiene más de fondo que de ancho. ¿Por qué salieron los paramilitares en más de 5 departamentos y 33 municipios, según la revista Semana, fuertemente armados, paralizando todo en esos territorios, sin que las autoridades desplegaran operativos de la magnitud que desarrollan cuando se trata de un grupo guerrillero? ¿Por qué sus mensajes atemorizantes se movieron con tanta facilidad en redes sociales? ¿Por qué los medios masivos de información estrecharon sus informes periodísticos?

A nuestro juicio, el paro armado de los paramilitares del 1° de abril, y la marcha convocada por el centro democrático el 2 de abril, están articulados y hacen parte de una estrategia de la ultraderecha que pone en la palestra nacional varias intenciones. Uno de ellos es visibilizarse y legitimarse como opción de poder político y militar; dos, jugar su postura política en contra de la solución política negociada al conflicto armado; tres, desviar la atención de la sociedad sobre los escándalos que involucran a sus miembros en graves delitos; cuatro, arrancar la campaña para regresar a la presidencia de la república en 2018; cinco, aprovechar la creciente indignación de sectores sociales inconformes con las políticas del gobierno y finalmente generar un clima de ingobernabilidad.

Esto es delicado. En nuestro pasado editorial denunciamos el incremento de los asesinatos de líderes sociales a manos del paramilitarismo y su reactivación en varias regiones, situación imposible de llevar a cabo sin la colaboración y apoyo de las fuerzas militares y de policía, o por lo menos de segmentos descompuestos que hacen parte de estas, y que hoy después de los escándalos es imposible negar. Si esto es así, entonces hay una división en el Estado colombiano, y el Presidente de la República y el Ministro de Defensa no tienen el mando unificado de sus tropas, las que a su vez comulgan con un jefe natural distinto al gobierno legalmente constituido. Gravísimo.

Gravísimo porque se supone que el país, el gobierno y las insurgencias a las que se les responsabiliza hasta de hacer llover, están en medio de mesas de negociación, justamente para darle fin a lo que se ha señalado por décadas como la razón mayor de las tristezas y desgracias de este país. En el paro armado de la ultraderecha fueron asesinados a manos de los paramilitares 10 policías, o sea que el paramilitarismo no tiene ningún reparo en arremeter contra quienes se interpongan en su camino. Gravísimo también que no se hayan escuchado las voces condolidas del procurador Ordoñez y del Centro Democrático denunciando con vehemencia a los asesinos y condenando los actos de violencia ejecutados en la arremetida paramilitar.

Los que acabaron con los derechos sociales de los trabajadores, le entregaron a las transnacionales la soberanía y se robaron el erario público, hoy se visten de camuflado y se disponen a luchar a sangre y fuego por la recuperación del poder político y militar del establecimiento, que de todas maneras conservaron o está intacto en algunos territorios. Esto quiere decir que posiblemente nuestro país pase de tener en la oposición unas guerrillas de izquierda, a un ejército paramilitar de ultraderecha.

El escenario es muy probable. Porque ante la consigna de la ultraderecha de que un acuerdo de paz es entregarle el país a la guerrilla, ellos no se van a quedar de brazos cruzados cuando esto ocurra. En 2018 lucharán por hacerse a la presidencia y desconocerán los acuerdos de paz, o simplemente eliminarán a quienes los suscribieron. Si la que asume el gobierno es la izquierda o una coalición democrática, esta tendrá que enfrentarse a una oposición político – militar, pero esta vez de ultraderecha y en defensa de los intereses de las élites. También podría haber combinaciones y acuerdos entre la derecha y la ultraderecha. Estaríamos caminando hacia un país inviable, basado en el miedo y el autoritarismo, caminaríamos hacia un Estado fallido, si no es que ya estamos en él.

Por donde se le mire, el problema es complejo y la paz vista por la derecha como una ausencia de confrontación armada no se dará por mucho tiempo; menos se llegará a la justicia social. Entonces la participación activa de la sociedad en esta complejísima coyuntura es fundamental.

La principal herramienta para derrotar la visión guerrerista y militarista de la sociedad contaminada, y de promover un ambiente de transformaciones sociales hacia una democracia, es la manifestación eficaz de querer esos cambios y para ello hay que salir a las calles, a las carreteras, a los parques, a las instituciones, a exigir el desmonte del paramilitarismo y de la cultura que lo agencia, desde las autoridades hasta los medios masivos de comunicación que los siguen promoviendo como alternativa.

A las élites se les debe entregar el mensaje de esta manera, a través de una sociedad compacta que se para duro, firme ante las injusticias; que le juega a los principios básicos de reconstrucción de la Nación por medio de los derechos sociales al alcance de todos y todas. Hay que salir al paro para que cambiemos esto. Hay que pedir salud, empleo, educación, vivienda, defensa del agua, pero también exigiendo la desmilitarización de la sociedad y el desmonte del paramilitarismo.

Monday, 18 April 2016 19:00

Editorial 114: La dama Colombia

Por estos días el departamento de La Guajira volvió a ser noticia; mala noticia, porque más de siete niños Wayúu murieron y otros tantos están a punto de fallecer de desnutrición en hospitales del Atlántico. Las comunidades de regiones como la Alta Guajira, el Chocó, Cauca, Córdoba y Magdalena son las más pobres de Colombia y existen para el resto del país solo cuando la tragedia que las consume toca límites de crueldad; y son los medios masivos de comunicación los responsables de recordárnoslo, pero también de invisibilizarlos. Forman la alharaca y nos sensibilizan por unos días mientras baja la marea. Sobre las razones de esa miseria no dicen nada, lo ocultan porque sus jefes, los empresarios multimillonarios nacionales y extranjeros, tienen tanta responsabilidad en este drama como los que gobiernan el país y le abren la puerta a los extranjeros para que lo saqueen.

Nadie, salvo la prensa alternativa y popular, investigadores independientes y otros medios con perspectiva social, muy pocos y que por fortuna existen aunque con gran dificultad, tratan de gritar a los cuatro vientos y mostrar con argumentos las razones que consumen a esos hermanos y hermanas en la miseria. Estos trabajos casi nunca son fuente de consulta para los grandes medios ni para los organismos de control.

De acuerdo con un reportaje periodístico hecho en 2015 por el portal Las Dos Orillas, la nación indígena Wayúu, que sería la más grande de Colombia con más de 144 mil integrantes “muere de hambre y sed porque el río madre de la región fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo”. Se trata de El Cerrejón, que no le deja al país sino pérdidas.

En la Guajira sí hay agua, y hay tecnología que desaliniza el agua del mar, pero es utilizada para mantener fresco el carbón que se va para el extranjero, no sin antes dejar enfermedades y daños ecológicos en la bella costa atlántica, por donde quiera que pase el tren cargado de miles de toneladas de este mineral.

“…Más de 37 mil niños indígenas sufren de desnutrición en esa zona (departamento desértico de La Guajira) y al menos 5 mil han muerto de inanición, aunque autoridades tradicionales Wayúu, como Armando Valbuena, sostiene que el número de pequeños muertos de hambre se acerca, en realidad, a los 14 mil”. Pero contrario a lo que plantean los periodistas de Las Dos Orillas, las cifras no han conmovido a nadie, o por lo menos nadie ha hecho nada para resolver semejante drama, en un departamento que puede ser el más rico del país, por sus reconocidas reservas de carbón, níquel y gas, entre otros.

El maestro Hernando Marín, compositor vallenato de “la Dama Guajira”, nunca se equivocó cuando señaló a su natal departamento como una dama a la que galantean los extranjeros por su riqueza, pero que luego de saquearla la abandonan. Deberíamos hablar de la “Dama Colombia”, a la que le quitaron Panamá, y su petróleo y su oro y su agua y a la que no se cansan de saquear.

Qué podemos decir del más reciente escándalo de Reficar, la refinería de Cartagena, a la cual se le invirtieron más de 8 mil millones de dólares. En 2006, Colombia estaba gobernada por Uribe Vélez y la plata era administrada por su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga; el contrato para la modernización de la refinería se hizo con Glencore, una empresa norteamericana que jamás había construido una refinería en su vida, por algo más de 3700 millones de dólares. Esta empresa no solo dejó tirada la construcción sino que salió premiada con 580 millones de dólares, según la Contraloría General de la Nación.

Lo peor es el cinismo que acompaña a los gobiernos sucesivos; a los ministros de antes y presidentes de empresas de ahora; y a los grandes medios masivos de comunicación que ocultan toda esta podredumbre y corrupción, y hasta lavan los rostros de los responsables.

En entrevista que Darío Arismendi de Caracol Radio le hizo a Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, en octubre de 2015 cuando se “inauguró” la refinería de Cartagena, las alabanzas de un lado y la falsa modestia del otro fueron el común denominador durante muchos minutos (20¨). Allí se minimizó el tema del descalabro financiero y hubo expresiones de Darío Arizmendi de “pero bueno nunca es tarde” para referirse a la demora en la culminación de la obra (10 años). Echeverry por su parte dijo que estaban investigando las irregularidades y que tratarían de rescatar el dinero que se hubiera perdido, no señaló a ningún responsable, por supuesto, pero sí dejó un manto de duda sobre el sindicato de la USO, según él, por la Huelga de 2013 en esa refinería, se habrían perdido 550 millones de dólares; además enfatizó que con esta refinería prácticamente estaría resuelto el abastecimiento de combustible para jet, diesel de bajo azufre, gasolina de alto octanaje, propileno, coke y nafta, y se desbordó en elogios sobre los aportes a la industria, el empleo y el PIB que esta obra representaba.

La refinería aún no está al 100% y según fuentes consultadas por Periferia, no lo va a estar y tampoco va a resolver el tema del abastecimiento, y es posible que se encuentren muchas otras irregularidades de tipo técnico que costarán muchos más millones de dólares al país. Aunque caracol señala a Echeverry como un prohombre de la economía y un inmejorable ejecutivo, es importante recalcar que era el Ministro de Hacienda entre 2010 y 2012, y como tal presidente de la junta directiva de Ecopetrol, cuando ese negocio estaba en plena ejecución, por tanto es responsable en parte de este robo descarado por acción u omisión.

Cuando estalló el escándalo en febrero de 2016, emanado del informe de la Contraloría General de la Nación, el mismo Arismendi manifestó que el único que había advertido las irregularidades del negocio de Reficar en su momento fue el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry; y que la única emisora que había denunciado y publicado sobre el tema era Caracol. ¡Que cinismo!. La USO, durante sus 100 años de existencia, ha denunciado cómo los gobiernos y las transnacionales se roban el petróleo colombiano. Fue una huelga de la USO en 1948, la que exigió la creación de Ecopetrol, como empresa estatal; desde hace aproximadamente 20 años vienen denunciando y demostrando como a Ecopetrol se lo roban, como lo privatizan por pedazos; desde hace por lo menos 8 años los dirigentes sindicales de la USO, advirtieron sobre irregularidades en Reficar y por mucho tiempo han exigido que el petróleo se refine en Colombia y en ese sentido han exigido la modernización de la refinería de Barrancabermeja; ningún medio ni organismo de control le ha parado bolas, jamás los micrófonos ni la pantalla, de los medios masivos, han estado disponibles para esta organización.

Es importante señalar algo más: Ecopetrol va a “regalar” Propilco y CENIT, la empresa de transporte de hidrocarburos, otra gallina de los huevos de oro, que le deja algo más del 40% de los ingresos a Ecopetrol. Esta privatización dejaría el cascarón de Ecopetrol quebrado, para echarle la culpa seguramente al sindicato. Vamos a ver si los medios masivos o los organismos de control son capaces de investigar, evitar este despilfarro; publicarlo y denunciarlo.

En los últimos meses se han hecho importantes anuncios  por parte del gobierno nacional y las FARC- EP, encaminados a la consolidación de un cese bilateral como parte de los acuerdos de La Habana. Pese a  esto, continúa la zozobra por la violencia paramilitar e intimidaciones a quienes hacen parte del movimiento social en Antioquia.

 

Desde el pasado 20 de julio de 2015 la intensidad del conflicto armado en el país se ha visto reducida históricamente debido al cese unilateral decretado por las FARC-EP. Según el informe del pasado 20 de enero del CERAC -Centro de recursos para el análisis de conflictos-, este semestre ha sido el de menor intensidad del conflicto armado en sus 51 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones bélicas, en este sentido, a la fecha del informe, en casi dos meses no se registró ninguna acción ofensiva violenta de esta guerrilla, ni combates entre las partes. De igual manera el gobierno ha implementado medidas en la mesa de conversaciones como la liberación de un grupo de presos políticos de esta guerrilla, que sumado al anuncio conjunto del acuerdo en un mecanismo tripartito de verificación al cese bilateral, apoyado por la ONU y la CELAC, crean un clima de confianza para la culminación de esta etapa final de la mesa de La Habana, sin embargo, en medio de estos avances en materia de paz existe otra violencia que se viene incrementando en las regiones de manera silenciosa: la paramilitar.

Presencia paramilitar en San José de Apartadó
Aunque la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, ACASA, denunció desde hace algunos años la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la región del Urabá, las autoridades civiles habían negado su presencia para tratar de reducir las alertas. Según los campesinos parece existir una complicidad, que se evidencia en casos como el desplazamiento de grupos paramilitares seguidos del ejército, por veredas como Playa Larga, donde está ubicada una de las fincas más grandes de Alias Otoniel. Fruto de las denuncias realizadas por las comunidades se dio inicio en el 2015 a la operación Agamenón, ejecutada por un comando élite especializado de Bogotá. Lo particular, según ACASA, es que para esta operación no fue avisada la fuerza pública de la región, por sospechas de connivencia con esta estructura paramilitar.

Durante el último semestre la situación de zozobra ha aumentado para los pobladores de esta región. Los allanamientos de viviendas sin orden judicial de la autoridad competente, amenazas de tomar represalias por parte de miembros de la brigada XVII, desplazamientos a causa de la presencia paramilitar en veredas como Rodoxalí y El Porvenir e intimidaciones, son algunas de las dificultades que afrontan las organizaciones sociales y población del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. Por ejemplo, líderes sociales y estudiantiles que han pedido la reubicación de la base militar, próxima al Colegio El Mariano, a una distancia que no ponga en peligro la vida e integridad física de los menores que estudian allí, son señalados por las Fuerzas Militares quienes argumentan que hay un complot con la guerrilla para hacerlos salir del corregimiento.

El más reciente capítulo de este escenario problemático es la retención de dos líderes comunitarios, Jesús Arley Cartagena y Laura Cataño, quienes habían recibido amenazas de muerte en el mes de julio del 2015. Esta retención se llevó a cabo el 22 de diciembre del año 2015, mientras realizaban sus labores sociales y comunitarias cotidianas en su territorio y en la Junta de Acción Comunal. De igual manera el 22 de enero de 2016 fueron capturados el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Arenas Altas, Juan Bautista Celada, Silvia Rosa Sepúlveda y Oscar Muñoz.

El panorama para San José de Apartadó está muy lejos de las intenciones de paz que se vienen construyendo en la Habana, pues mientras los paramilitares intimidan y caminan tranquilos por las diferentes veredas de esta región, quienes están organizados en acciones comunales, u organizaciones sociales vienen sufriendo amenazas de los mismos paramilitares y señalamientos por parte de la fuerza pública, que anunció desde ya la judicialización en los próximos días de alrededor de 50 personas.


Desplazados por terror paramilitar en El Bagre
El conflicto armado ha sido una realidad latente en el municipio de El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. El pasado 7 de agosto de 2015 la comunidad logró que todos los actores armados que tienen presencia en la zona, firmaran un acuerdo de paz y convivencia. Sin embargo, este solo duró dos meses. En noviembre, la zozobra empezó a crecer y los rumores de que los paramilitares se iban a meter a las veredas, se hicieron ciertos. Según relata la comunidad del corregimiento de Puerto Claver, en diciembre cuatro paramilitares murieron en enfrentamiento con la guerrilla. La semana siguiente, dos personas civiles, acusadas de ser ayudantes de grupos guerrilleros, fueron asesinadas, hecho que desató los combates entre los dos actores armados.

El 8 de enero tres campesinos fueron sacados y desaparecidos de la vereda La Llana. 10 días después el ejército notificó encontrar dos cuerpos enterrados y uno expuesto, pero decapitado; la comunidad espera que no se trate de sus vecinos. Sin embargo, por esto y debido a múltiples amenazas, más de 600 familias de veredas como La Llana, El Oso, La Primavera, entre otras, decidieron desplazarse hasta la cabecera del corregimiento de Puerto Claver, para albergarse en la casa del adulto mayor.

La comunidad ha denunciado que actores vestidos de civil con armas largas han entrado al corregimiento, sin importar que el ejército se ubique a cinco minutos este. La respuesta de la institucionalidad ante los hechos, es que se trata de enfrentamientos comunes entre bandas criminales por retaliaciones, pero organizaciones sociales del territorio como AHERAMIGUA, reclaman que esto es una condición sistemática a la que no se le ha dado tratamiento.

Aunque la secretaría de gobierno del municipio de El Bagre ofreció brindar ayudas para que las comunidades pudieran retornar a su territorio, estas exigieron que se brindaran garantías y respuestas reales: que se hiciera el trabajo pertinente para dar con la ubicación de los vecinos desaparecidos en días anteriores, y que la fuerza pública se responsabilizara por connivencia con grupos paramilitares, garantizando su derecho a permanecer en el territorio en condiciones dignas.


Señalamientos y asesinatos en veredas de Briceño
La vereda Orejón, del municipio de Briceño, fue elegida para ser el piloto del desminado en Colombia, como parte de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP. Sin embargo, este proceso se ha desarrollado en medio de un creciente conflicto protagonizado por los paramilitares. Según denuncia el movimiento Ríos Vivos, se trata de una disputa territorial que separa y confina a otras veredas aledañas como La América, El Pescado y La Molina, debido a los señalamientos y estigmatización de que son víctimas las comunidades.

En este contexto, entre octubre de 2015 y enero de 2016, tres hermanos de la vereda La América fueron asesinados por integrantes del Clan Usuga, quienes luego citaron a la comunidad para justificar los hechos, señalando a los hermanos como colaboradores de las FARC-EP. Preocupa a la comunidad, y lo manifiesta Ríos Vivos, que estos asesinatos se den de manera poco clara y en sitios donde tiene o ha tenido presencia la fuerza pública.

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