Editorial 73. La paz es otra cosa

La posición y actitud del presidente Santos frente a la decisión de su homóloga de Argentina de nacionalizar las acciones que la multinacional española Repsol tenía en la petrolera estatal YPF, lo retratan de cuerpo entero no sólo a él sino a toda la oligarquía colombiana que representa. Si algo ha caracterizado a esta oligarquía es su diligencia arrodillada para entregar las riquezas del territorio colombiano -incluida su fuerza de trabajo- a las multinacionales y a los Estados poderosos.

La empresa YPF, que controla el 32% de los hidrocarburos y el 23% del gas en Argentina, fue fundada como empresa estatal en 1922, pero el gobierno neoliberal de Carlos Menem la privatizó en la década de los 90s, poniendo bajo el control de la multinacional Repsol el 51% de sus acciones. 20 años después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expropiado las acciones privadas y las ha devuelto a manos del Estado, declarando de interés público y como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos, su exploración y explotación. Es un acto valiente con el que se inicia, aunque sea parcialmente, la recuperación de la soberanía del pueblo argentino.

En esa misma dirección han avanzado, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales en Bolivia y el de Hugo Chávez en Venezuela. El gobierno de Santos en Colombia, en cambio, fiel al legado de todos sus antecesores en una historia que se remonta a la primera década de la “independencia”, avanza en sentido contrario. En vez de felicitar a su vecina, Santos aprovechó para lamentarse del suceso con el presidente del gobierno español (como si se disculpara por ello) y de paso ofrecerle este paraíso de riquezas inconmensurables para la explotación inmisericorde y el enriquecimiento casi gratis de sus multinacionales. “Venga, señor presidente, a Colombia, que aquí no expropiamos sino a las clases populares colombianas”, parecía decirle.

Ni siquiera era necesario que se lo dijera: al fin y al cabo todo el mundo sabe eso. Esa es la historia real de Colombia, simplemente reafirmada con creces por el gobierno actual. Durante estos dos siglos de in-dependencia, la oligarquía de este país no ha hecho sino despojar a sus comunidades de las riquezas de todo tipo que por derecho natural les pertenece, que ellas han cultivado, cuidado y preservado, para regalarla a prorratas al capital, principalmente extranjero, pero también nacional. Durante estos dos siglos le ha regalado a los gobiernos y a las compañías extranjeras el carbón, el petróleo, el oro, el trabajo, el agua, el aire y la vida de los colombianos.

La firma del TLC con los Estados Unidos, por ejemplo, recuerda la vergonzosa historia de la separación de Panamá, donde el gobierno colombiano llegó a ofrecerle a Estados Unidos el canal, prácticamente pagándole para que se quedara con él. Así mismo, el gobierno colombiano y los empresarios hoy han llegado casi a suplicarle al gobierno gringo la firma de un tratado que lesiona de forma descarada los intereses nacionales y beneficia por todos lados a los gringos.

Esta actitud y apuesta de la oligarquía colombiana ha quedado, además, gravada con fuego y sangre en la memoria, todavía dormida, de los colombianos. Son innúmeras las masacres cometidas por las fuerzas represoras del Estado –legales e ilegales- contra campesinos, obreros, indígenas y negros para garantizar la tranquilidad y el enriquecimiento de las empresas nacionales, pero sobre todo extranjeras.

Más de cuatro millones de desterrados y desterradas hay en Colombia. Y la principal causa de este fenómeno tiene que ver con la prospectiva de explotación minero-energética a manos del capital transnacional y con los grandes megaproyectos de infraestructura vial que posibilitan la salida ágil de las riquezas que en nuestros territorios explotan las multinacionales. Y de los muertos en este proceso (incluyendo los falsos positivos que puso de moda el actual presidente cuando era ministro de defensa) ni siquiera hay cifras fidedignas, porque la institucionalidad se ha empeñado en hacerlas borrosas.

En eso se fundaba precisamente la política del anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez: ofrecer al capital extranjero las mejores condiciones de inversión y enriquecimiento, despejándoles cualquier obstáculo que pudieran encontrar, con la famosa política de Seguridad Democrática. Justo dos de los tres huevitos que se comprometió a cuidar el presidente Santos, labor que hasta hoy ha cumplido de manera impecable.

La locomotora minero-energética en la que Santos pretende apuntalar su proyecto de desarrollo es la materialización de este espíritu lacayo. Prácticamente todo el territorio nacional está concesionado o en proyecto de concesión a multinacionales extranjeras y nacionales, para que arranquen de él toda la riqueza que alcancen, sin dejarle a Colombia más que los huecos, la miseria y los muertos. Se han desviado ya varios ríos, bien para construir presas hidroeléctricas que Colombia no necesita o para extraer de su lecho las grandes riquezas minerales que en ellos dormitan. Con esto no sólo han aniquilado la vida acuática que en ellos se agitaba, sino que han dejado a la comunidad sin agua potable, la han expropiado de su fuente de subsistencia y desarraigado de una rica cultura construida en torno a la vida rivereña. Para concesionar territorios a la exploración y explotación de metales preciosos ni siquiera ha importado que se trate de páramos, reservas forestales o reservas campesinas.

Por eso se requiere mucha ingenuidad para darle crédito a las cacareadas políticas sociales y las más recientes medidas del gobierno de Santos en este sentido. Es cierto que Santos quiere hacer chillar a los ricos, pero de felicidad. Eso lo sabe bien la oligarquía colombiana, por eso los únicos que patalean son los sectores más reaccionarios del uribismo, aferrados al poder e incapaces de resignarse a saberlo perdido.

Pero, lo más importante, es que esta actitud del gobierno Santos desmiente de forma brutal su aparente apuesta por alcanzar la paz en este país y pasar con ello a la historia. Una insurgencia todavía consecuente, por ejemplo, no podría reducir los diálogos de paz a la garantía de condiciones para reinsertarse a la vida social y política del país; debería entrarle de lleno a la política entreguista y arrodillada de esta oligarquía, que fue la misma que configuró objetivamente el escenario de guerra del que se pretende salir hoy. Pero no somos nosotros quienes podemos exigir de la insurgencia una u otra actitud frente al panorama de una eventual negociación; es su pellejo el que está en juego y eso nos inhibe para cualquier juicio al respecto. Lo que sí hay que tener claro es que la paz que resulta de la justicia social y de un escenario social comprometido con la emancipación humana está más allá de las eventuales negociaciones entre la insurgencia y el Estado. Es más bien una tarea del movimiento social y popular, que se construye en plena confrontación y también en paralelo con las políticas criminales de este Estado.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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