Editorial 115 La cuota inicial del Posconflicto

Eran las cuatro de la tarde cuando William Castillo, defensor de derechos humanos y líder de la Asociación de hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó- Aheramigua-, salió de una reunión con funcionarios de la alcaldía de El Bagre, Antioquia, en donde discutieron aspectos del Plan de Desarrollo municipal.

Mientras se dirigía hacia Los Galvanes, un establecimiento público que queda en el barrio Villa Echeverry de este municipio, William pensaba en la difícil situación de seguridad de su gente, en las amenazas que recientemente habían llegado a los líderes de su organización, y seguramente en el futuro de ese territorio rico y exuberante que durante décadas con su comunidad, a punta de propuestas autónomas, agroecológicas y sociales, han disputado palmo a palmo con los paramilitares, las transnacionales y el Estado. Los mismos que hoy en medio de un proceso de paz los hostigan.

Ya en el establecimiento Los Galvanes, William se relajó, tal vez estaba recibiendo la fresca brisa, escasa por estos días, mientras conversaba con una líder comunal. En ese momento llegaron unos sujetos y le propinaron varios disparos. Eran las 5:30 de la tarde aproximadamente, con la oscuridad de la noche llegó el último aliento de su existencia y con ella se apagó la luz de los ojos del líder de 43 años de edad.

La imagen de William Castillo allí desplomado, se repite. Era como ver a Daniel Abril, el ecologista y líder comunitario de Casanare, asesinado en idénticas circunstancias el 7 de noviembre de 2015, hace apenas tres meses y medio. Y si la forma en que quedaron los cuerpos no es la misma, y si los pensamientos que acompañaron sus últimos suspiros fueron otros, eso no importa, hay que recordarlos así porque se lo merecen; lo que duele mucho, causa rabia y sí importa es que estos crímenes se hayan consumado a pesar de ser muertes anunciadas.

Y aunque la muerte les llegó a muchos otros líderes en diferentes formas, los hechos son los mismos. “Fuerzas oscuras” secuestraron, desaparecieron y asesinaron a Carlos Pedraza hace un año y hasta hoy no ha sido hallado un responsable de este crimen. La muerte devoró a 69 líderes sociales en diferentes circunstancias en el año 2015, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. En todas ellas la responsabilidad del estado salta a la vista por acción u omisión. También salta a la vista el silencio e invisibilización de los medios masivos de información, que no solo ocultan la realidad sino que siguen alimentando la matriz mediática que señala a líderes sociales y populares como estorbos para la sociedad; en consecuencia, a esta le da lo mismo uno o mil muertos.

El 28 de febrero de 2016 fue asesinada presuntamente a manos de paramilitares Marisela Tombe, lideresa comunitaria del Congreso de los Pueblos, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca. Dos días después en Popayán, sicarios acabaron con la vida de Alexander Oime, gobernador indígena. Cinco días después en Soacha, al sur occidente de Bogotá, fue asesinado el líder de la Juventud Comunista Klaus Zapata y ayer, siete de marzo William Castillo, estos dos últimos líderes pertenecientes a la Marcha Patriótica. En las noticias de la noche del siete y ocho de marzo, día en que escribimos esta editorial, ningún medio radial o televisivo había informado sobre este lamentable hecho. El mismo ocho de marzo al medio día, la noticia sobre el municipio de El Bagre, era el asesinato de dos soldados presuntamente a manos del ELN; sin embargo sobre el asesinato de William no se dijo una sola palabra. Al parecer, para los medios masivos de información, unos muertos valen más que otros.

La mayoría de líderes asesinados pertenecían al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de gran protagonismo en las más recientes movilizaciones sociales y sin lugar a dudas actor político de importancia en el actual proceso de paz. Si no tuviéramos razón en nuestras radicales posturas frente a los medios masivos de información, si la sensibilidad humana y la cultura democrática fueran valores protegidos y promovidos desde todos los escenarios educativos, sociales y políticos y por la sociedad en su conjunto, todos los crímenes y en especial los recientes asesinatos de esos cuatro líderes sociales, hubieran causado conmoción y repudio nacional o una suspensión temporal de la mesa de diálogos de La Habana, por ejemplo; así ocurrió el año pasado, cuando fueron asesinados 11 militares en el Cauca.

Debía haberse adelantado una jornada de protesta. Una exigencia unánime de todos y todas, de las llamadas fuerzas vivas del país por el cese de los crímenes políticos, por el desmantelamiento de las estructuras paramilitares (visiblemente reactivadas en todo el territorio nacional), por el fin de la componenda que mantienen a ojos vistos los sicarios, las Bacrim y los paramilitares con las fuerzas militares y el Estado.

El país, los partidos políticos y la sociedad en general siguen presenciando inermes la debacle, o peor, siguen indiferentes y ni siquiera se dan por enterados que existe una debacle. Como en las décadas anteriores, el estado, las instituciones, las élites y todos los grupos armados a su servicio, siguen matando a sus mejores hijos e hijas. Si esta es la cuota inicial del posconflicto, entonces no existen condiciones para construir esa paz que el gobierno llama estable y duradera. Por eso, aunque parezca dura y pesimista la pregunta: ¿A cuántos muertos estamos de la paz?

El silencio de los sepulcros sigue siendo el destino para estas almas que dieron su cuerpo por la justicia y la transformación social. Paz en la tumba de todos nuestros compañeros y compañeras caídos en esta lucha. Ante la injusticia y la impunidad, ni un minuto de silencio.

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