Editorial 105. Posacuerdos y la lucha por una sociedad justa

De tanto en tanto las negociaciones del gobierno con las FARC entran en crisis, casi siempre por las mismas razones: alguna acción militar de la insurgencia contra el Ejército que merodea y ha jurado combatirlas mientras no entreguen las armas. Entonces los medios masivos de comunicación multiplican la voz de la derecha recalcitrante para manipular el sentimiento nacionalista de algunos sectores del país y demandar del gobierno un rompimiento del proceso o endurecimiento de las condiciones. No obstante, con toda la alharaca mediática que busca reducir el proceso de negociaciones a una simple desmovilización de la insurgencia, parece que esta vez las negociaciones llegarán hasta el final, no tanto por la voluntad del gobierno, sino porque lo exige la comunidad interna-cional, acaso en favor de las multinacionales que demandan condiciones más tranquilas para terminar de saquear este país.

 

La pregunta es, ¿qué pasará después de que el gobierno y las insurgencias armadas lleguen a un acuerdo definitivo? El gobierno exhibe hoy toda su política social y militar como estrategias para el posconflicto, que debería llamarse mejor pos-acuerdo dado que el conflicto social no puede reducirse al conflicto armado. Pero en su discurso la palabra pos-conflicto es un eufemismo, pues los programas orientados a ello no pretenden siquiera generar mejores condiciones para la vida de la gente. Muy hábilmente el gobierno ha englobado en la retórica del posconflicto todos los programas de infraestructura y de supuesto apoyo al “desarrollo” económico de las regiones, y la remodelación de las ciudades para los grandes negocios, buscando siempre facilitar la explotación de los recursos naturales y de los seres humanos por parte de las multinacionales.

No obstante las evidencias en este sentido, sería un error quedarnos lamentándonos de la farsa que el gobierno pretende montar en torno al posconflicto o criticando el proceso de paz porque no logrará transformaciones importantes en las estructuras sociales, económicas y políticas que dieron origen y todavía hoy sostienen la confrontación. Como mínimo estas negociaciones tendrán que forzar una apertura del sistema político y de las instituciones para permitir que quienes querían cambiar las condiciones por medio de las armas puedan intentarlo por la vía de la política institucional. Que esta apertura democrática se dé efectivamente y sirva como instancia de transforma-ciones reales en las estructuras sociales, económicas y políticas del país depende también de la presión organizada que pueda ejercer el movimiento social y popular para que su participación no se reduzca a refrendar los acuerdos alcanzados en dichas negociaciones. 

Como lo hemos expresado en editoriales pasados, debemos aprovechar el momento para exigir al gobierno ir más allá de las mesas de negociaciones instaladas con las insurgencias armadas y abrirse al diálogo con los otros sectores sociales en resistencia (campesinos, indígenas, trabajadores, usuarios de la salud, estudiantes, desempleados, etc.) que tienen reivindicaciones concretas y demandan transformaciones institucionales profundas para mejorar sus condiciones de existencia, terriblemente precarizadas por el modelo neoliberal.

Sin embargo, la acción política del momento no puede reducirse a exigir y realizar diálogos con el gobierno de turno. Al fin de cuentas la construcción de una sociedad realmente humana no depende solo de reformas institucionales sino también de condiciones materiales, ideológicas y político-organizativas concretas que hay que seguir conquistando en el territorio, tanto en el espacio físico como en la conciencia individual y colectiva, a través de las luchas por la autonomía, materializando propuestas económicas, culturales y educativas por fuera del marco capitalista, impulsando otras formas de relacionamiento y desarrollando otro sistema de valores que ponga la vida, la solidaridad y el amor por encima del egoísmo, la competencia y el enriquecimiento privados promovidos por el capitalismo.

Esto exige, sin embargo, unas mínimas garantías para el ejercicio político, que bien vale la pena reivindicar en los actuales escenarios de negociación y diálogos con el gobierno, representante de esa oligarquía reaccionaria que ha segado en múltiples oportunidades nuestros sueños. Entre esas condiciones hay que destacar la transformación de la doctrina militar y que el Estado se reconozca (y la sociedad lo reconozca) como el principal actor y promotor de esta guerra, junto con otras instituciones civiles como los medios masivos de comunicación.

Las fuerzas armadas tienen la función constitucional de garantizar la paz y la seguridad para todos los ciudadanos dentro del territorio nacional, pero se han formado ideológicamente bajo la tutela de los Estados Unidos con la doctrina del enemigo interno, y se han convertido en un cuerpo criminal que, para proteger los privilegios de los poderosos, enfoca su poder militar contra la población misma, especialmente aquella que confronta el régimen de injusticia y opresión en el que vivimos. Mientras esta sea la doctrina encarnada por las fuerzas armadas de Colombia, todo ejercicio político en función de la transformación real de las condiciones de vida será enfrentado militarmente como si fuera un acto de guerra.

En cuanto a los medios masivos de comunicación, cada vez se hace más descarado su papel contrainsurgente, asumiendo el lenguaje oficial que ha asimilado a su conveniencia la insurgencia con el narcotráfico o el terrorismo y de paso extiende el remoquete a todas las formas de resistencia social. Asfixiaron con su propaganda guerrerista los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana a principios de siglo y posicionaron con alborozo el discurso altanero de Álvaro Uribe Vélez, que prometía eliminar militarmente a la insurgencia y a todos sus simpatizantes para no tener que negociar ninguna política social en favor de los pobres. 

Después se asumieron como jueces de los líderes del movimiento social y popular cuando empezaron a hacer eco de las capturas masivas que ilegalmente realizó el gobierno de Uribe por todo el territorio, exhibiendo a los dirigentes encarcelados como guerrilleros y terroristas. Rara vez presentaron la noticia o en todo caso nunca le dieron el mismo despliegue cuando estos líderes salieron de la cárcel algunos meses después y demostraron que habían sido víctimas de un montaje judicial alevoso. En contraste, a los militares del establecimiento los han erigido en héroes per sé, haciendo caso omiso de sus actos de barbarie como los falsos positivos, la creación de escuadrones paramilitares para desarticular, por la vía de la eliminación, las organizaciones populares, y un sinfín de crímenes de guerra contra el movimiento social y popular.

La doctrina militar puede cambiarse por decreto, y hacia allá debemos dirigir toda la presión del movimiento social y popular. Será más difícil, en cambio, que los medios masivos reconozcan su responsabilidad en esta guerra y se dispongan a reparar los daños y a revertir la cultura contrainsurgente que han incubado en la conciencia de las masas, legitimando el régimen sanguinario que hasta ahora ha dirigido los destinos del país.

Podríamos pensar entonces en apagar los televisores y los radios y no volver a comprar los periódicos de los emporios informativos. Más efectiva, sin embargo, nos parece la creación de una red nacional de medios y procesos de comunicación alternativa y popular, que desde las comunidades mismas empiece a impulsar otra forma de hacer comunicación en función del fortalecimiento organizativo y la recuperación de la capacidad de juicio, cuyo debilitamiento ha sido el caldo de cultivo para que germine la cultura contrainsurgente promovida mediáticamente. Como complemento proponemos un observatorio nacional de medios, que, a través de un ejercicio sistemático y colectivo, descifre pedagógicamente las estrategias manipuladoras de los medios comerciales y evidencie sus intereses en favor de los poderosos. Ello puede ayudarnos a combatir el poder de los monopolios mediáticos a la vez que promovemos la cultura política emancipadora y de resistencia, donde la rebeldía y la lucha por construir una sociedad realmente humana sean derechos legítimos e inalienables bajo ningún pretexto.

Modificado por última vez el 04/06/2015

Share this article

Acerca del Autor

Periferia

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.