Editorial 99. Por una paz que no huela a derrota

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Decir que la paz, tan necesaria y urgente para nuestro pueblo, no se juega solo en los diálogos que sostiene el gobierno con las Farc en la Habana es caer en una verdad de Perogrullo. En lo que no se puede dejar de insistir es en que, hoy por hoy, por fuera de esos diálogos, en Colombia se está configurando un escenario de profundización de la guerra contra los pobres en múltiples dimensiones. Ello se evidencia en el desarrollo agresivo de un modelo económico extractivista y maquilero, que destruye nuestros territorios y hunde en condiciones infames de sobrevivencia a millones de empobrecidos; en la alianza con estructuras narcoparamilitares de la élite política, recurriendo a cualquier mecanismo de enriquecimiento y a cualquier medio para mantener sus privilegios. Pero se evidencia sobre todo en la consolidación de un proyecto antisubversivo y anticomunista sostenido en la doctrina de las fuerzas militares, aprendida como un evangelio en la Escuela de las Américas, y en el aprovechamiento de las estructuras mafiosas como ejércitos paramilitares.

Nada de lo anterior parece estarse negociando en los diálogos de paz de la Habana, al menos por parte del gobierno. Al contrario, queda la sensación que los diálogos fueran una estrategia más para consolidar este estado de cosas, sacudiéndose uno de los obstáculos más molestos. De hecho, desde que se iniciaron los diálogos el gobierno no ha dejado de convencer a los empresarios y a los grandes privilegiados de este país de que en la Habana no se está negociando el modelo económico ni nada que los afecte. Entre tanto, el ministro de defensa y sus subalternos han elevado su tono combativo y prepotente, no sólo contra la insurgencia armada sino contra toda manifestación del movimiento social. En realidad se comportan como si los diálogos de paz del gobierno con las Farc no fueran el producto de una voluntad política en función de una mejor sociedad sino el resultado de la victoria militar frente a la insurgencia.

Y en buena medida tienen razón. Ante las evidencias se hace difícil negar que las Farc han llegado a la mesa de la Habana debilitadas militarmente, pues no puede negarse que los golpes que sufrió la guerrilla durante los ocho años del gobierno de Uribe fueron contundentes. Esto, desde luego, no deslegitima sus demandas, pero explica la prepotencia del gobierno y de toda la derecha, que sienten, en cambio, que no es necesario atender ninguna de ellas. El único resultado que parece dispuesta a aceptar la derecha, de los diálogos de la Habana, es la rendición de la insurgencia. Por eso en cada discurso del ministro de defensa queda claro que el propósito es acabar con la guerrilla antes que se cierren los diálogos de paz en la Habana; así no habrá necesidad de ninguna concesión.

Este es el propósito que ha animado a las fuerzas militares, al gobierno y a toda la élite política y económica de Colombia, al menos desde principios de la década del 2000, cuando Uribe empezó su campaña guerrerista sobre la idea de que a la guerrilla había que arrinconarla y reducirla militarmente para obligarla a negociar, es decir a aceptar las condiciones que el Estado le pusiera para su desmovilización. Este discurso era una copia del que había adoptado Bush para el mundo después de los autoatentados del 2001 contra las torres gemelas de Wall Street: en su cruzada antiterrorista Bush recurría a la estrategia perversa de las guerras preventivas en aras de garantizar la seguridad nacional y legitimaba el uso de cualquier arma y cualquier estrategia para acabar con el enemigo donde estuviera. Uribe solo tuvo que declarar como terrorista a la insurgencia, negarle cualquier contenido político a su lucha, para legitimar ante la comunidad internacional cualquier estrategia para exterminarla. No hubo más combates sino bombardeos a los campamentos, incluso fuera del país, con armas de última tecnología en materia de precisión y capacidad destructiva.
Entre tanto, el gobierno de Uribe dejó prácticamente intactas las estructuras paramilitares, recicladas en Bacrim, siempre dispuestas a reintegrarse a las luchas antisubversivas de la derecha y la desarticulación de cualquier expresión de la lucha social, como ocurre hoy con las autodefensas gaitanistas, las águilas negras y los ejércitos antirrestitución de tierras.

Por lo demás, el triunfo de la derecha no ha sido solo militar, sino también ideológico y político. Se evidencia en la cultura traqueta y mafiosa que se extendió por el país, sobre todo después de ser legitimada desde la casa de Nariño por el propio presidente Álvaro Uribe. En el hecho de que un buen porcentaje de congresistas, aquellos que aprueban las leyes, fuera cuota directa de los paramilitares; en el hecho de que muchas universidades públicas empezaran a ser administradas y dirigidas académicamente por personas vinculadas al paramilitarismo y la ultraderecha en general, y que personajes como José Obdulio Gaviria se convirtieran en la lumbrera intelectual de estos tiempos aciagos. En todo caso, se evidencia en que buena parte de la población colombiana aceptó el estado de cosas y asumió el discurso oficial que asimilaba movimiento social de izquierda con insurgencia, insurgencia con terrorista, y terrorista con objetivo militar legítimo.

Ese es el preámbulo que antecede a los actuales diálogos de paz en la Habana y no se puede cerrar los ojos e insistir ingenuamente en que dichos diálogos responden a un cambio de tercio. El presidente Santos no rompió la continuidad con el proyecto uribista, ni en el plano militar ni en la política social, simplemente está cosechando lo que el otro sembró y regó cuidadosamente por todo el territorio, físico y simbólico, de Colombia, con todo el apoyo de una derecha que en el mundo entero también ha consolidado su triunfo militar e ideológico sobre las diversas expresiones de izquierda.

No quiere decir lo anterior que estemos aquí abogando por la continuidad de la lucha armada como única posibilidad de lograr transformaciones estructurales de nuestra sociedad. Las condiciones históricas que acabamos de enunciar configuran un contexto que prácticamente se cierra a esta posibilidad. Lo preocupante es ver que, por la forma en que se ha configurado el escenario, los diálogos de paz, por lo menos como se han desarrollado hasta ahora, tampoco se evidencian como una posibilidad grande de lograr estos cambios estructurales, y se presagian más bien como un eslabón más en la consolidación de este régimen de opresión.
Acaso la salida está en que el movimiento social y popular presione al gobierno con efectividad, a través de la movilización y la elaboración de propuestas serias, hacia una apertura significativa de la mesa de diálogos de la Habana (también de la que se instale con el ELN), para poner allí todas las demandas de los sectores populares, explotados y oprimidos por una élite que en dicha mesa se juega la conservación de sus privilegios. Esta sería la posibilidad de transformar este escenario, que nació con graves limitaciones y avanza como un diálogo entre burocracias, en una oportunidad de oro para construir un espacio amplio de discusión no solo del modelo económico sino del tipo de sociedad que queremos, aquella que efectivamente garantice una paz duradera. Y es necesario que en este espacio la izquierda y todas aquellas expresiones víctimas de la voracidad capitalista consoliden su carta de ciudadanía, defiendan su legitimidad y derecho a persistir y consolidarse en la lucha por un mundo mejor. Pues no puede ser verdadera una paz negociada que tiene como propósito proscribir cualquier manifestación pública o privada contra el orden establecido y contra todas las formas de opresión humana y destrucción de los territorios.

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