Editorial 77. Nuestra agenda de paz: un nuevo país

El tema de la paz sigue posicionándose en la agenda mediática y en la opinión pública nacional, casi como único tema de interés. Pero, en realidad, la paz sigue siendo un embeleco. En la mesa de negociación entre el gobierno y las Farc, el presidente no ha sacado la supuesta llave de la paz, con la que amenazó desde los primeros días de su gobierno, porque la verdad es que nunca la ha tenido. Y tampoco la tiene la insurgencia. La llave aún está por fabricarse y el molde lo tiene el pueblo colombiano de a pie, ese que sufre los rigores de la guerra en su vida cotidiana, en su frustración por la opresión y dominación sistemáticas ejercidas contra él por la oligarquía.{jcomments on}

Lo que hasta ahora se ventila como diálogos de paz es la negociación política entre el gobierno (como representante de los intereses del empresariado, del capital nacional y extranjero) y un grupo insurgente. Y esto no es poca cosa, pero tampoco puede confundirse con un proceso de paz. No es poca cosa porque el hecho de que un grupo de personas, cuya vida ha estado signada durante tantos años por la inhumanidad de la guerra, logre ingresar a la vida civil nuevamente, reconstruir sus familias y sus sueños es ya de por sí importante. Pero no es un proceso de paz, porque dichas negociaciones no irán y no pueden ir más allá de la reinserción de los guerreros en la dinámica de la vida civil, esto en caso de que la negociación sea realmente exitosa.

Y no irá más allá, además, porque el gobierno no pretende con dichas negociaciones la paz, sino la rendición de la guerrilla. Por tanto puede leerse esta mesa de diálogos, y a sí mismo lo ha expresado el presidente Santos, como el punto culminante de la avanzada militar (y paramilitar) del Estado en la última década. En este sentido, puede decirse que, efectivamente, el gobierno no tiene las llaves de la paz, pero siempre ha tenido dispuestas las de la guerra. La idea fue siempre, como lo recalcó tantas veces el expresidente Uribe, negociar con una guerrilla derrotada, es decir, no negociar. Y hasta cierto punto este objetivo lo ha logrado el Estado. Si bien es cierto que las Farc aún no están acabadas, tampoco puede negarse la fuerza desestabilizadora que encarnan los golpes militares en los que ha perdido consecutivamente a varios de sus comandantes de mayor rango.

Tampoco conducirán estas negociaciones a un verdadero proceso de paz porque desde hace rato la insurgencia en Colombia viene caminando en dirección contraria al movimiento social y popular; lo que fue su mayor fortaleza en las primeras décadas de su existencia ahora es su principal debilidad: su prepotencia militar se vuelve cada vez con más frecuencia contra el pueblo mismo que dice encarnar. Pero ya no lo encarna y por eso tampoco encarnará en las mesas de negociaciones, de manera sincera y decidida, las reivindicaciones del pueblo, de las organizaciones sociales y populares. Es posible que algunas de estas reivinidicaciones coincidan, pero no se resolverán en la mesa de negociaciones.

Y es que, por paradójico que parezca, si el gobierno quiere negociar con la insurgencia es para eliminar las molestias que ésta todavía pueda causar a la dinámica de acumulación del capital internacional en nuestro territorio. Pero las reivindicaciones más urgentes del movimiento social y popular tienen que ver con las políticas estatales que entregan de manera descarada nuestras riquezas y nuestra vida al capital nacional y extranjero. Nada de esto lo cederá el capital, representado por el gobierno en dichas mesas de negociación.

Así las cosas, queda claro que la paz no se juega en estas mesas de negociaciones, por más importante que ella sea. En ningún país del mundo donde ha existido insurgencia se ha logrado algo de paz a través de las negociaciones. Centroamérica es un buen espejo. Y es que la paz no surge de acuerdos políticos simplemente, sino que es el resultado de una sociedad justa, de seres humanos libres e iguales, donde en vez de la competencia descarnada se promueve la solidaridad y el amor, donde se combate consciente y permanentemente todas las formas de opresión, donde en vez de la depredación se promueve el respeto y el cuidado de la naturaleza. Esa es la sociedad que tenemos que construir y no lo vamos a hacer en una mesa de negociación, que es, además, entre dos: el gobierno, por un lado, las Farc, por el otro.

Muchas organizaciones sociales y procesos populares, como ha sucedido previamente en todos los acercamientos entre insurgencia y gobierno, reclaman hoy hacer parte de dicha negociación y poner allí sus reivindicaciones y aspiraciones. Pero en este caso hay que tener cuidado: es cierto que hay que rodear el proceso para que no se negocie una política todavía más adversa a los sectores sociales pobres y oprimidos; pero no puede convertirse este en un distractor de la agenda que el movimiento popular viene construyendo desde hace ya casi cinco años, y debe impedirse a toda costa que las organizaciones y movimientos populares sean instrumentalizados en función de los intereses de estos dos actores y jueguen como legitmadores de todo lo que allí resulte. Justamente lo que hoy compete a los procesos populares que desde hace algunos años vienen caminando en pos de la unidad y la articulación, es fortalecer su agenda y consolidar los procesos organizativos, fortalecer las confianzas, que podrían hacerse trizas en una mesa como la que han instalado el gobierno y las Farc.

En este sentido, saludamos la conformación de una Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos que materializa la construcción de un bloque de unidad popular, que busca consolidar una agenda política de unidad desde las bases sociales en las regiones y los distintos sectores, que intenta contrarrestar las políticas lesivas del actual régimen y posicionar la propuesta de país que encarnamos. En este propósito, la Coordinación asume como parte de sus acumulados los que han desarrollado las comunidades y organizaciones en lucha y resistencia como la Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia, el Congreso de los Pueblos con los Mandatos de Legislación Popular, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria por la recuperación de la Madre Tierra, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por la defensa de los Derechos de las Víctimas, La Comosoc por la defensa del derecha a la salud y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en procura de un nuevo proyecto alternativo de Educación Superior, entre muchos otros.

Como primera acción coordinada, los movimientos sociales y populares de Colombia se concentran hoy en impulsar entre el 5 y 12 de octubre de este año la Semana Nacional de Indignación, porque, efectivamente, en este país de ignominia institucional sobran los motivos para indignarse (Reforma a las pensiones, locomotora minera, privatización de la educación, precarización del empleo, dictadura financiera…). Esta Jornada Nacional de Indignación es un despertar de la conciencia frente a la ignominia cotidiana que vivimos y marcará un hito en la movilización, tal como antes lo hizo la minga indígena, preámbulo importante en la historia del Congreso de los Pueblos.

Un elemento importante que nos llena de confianza frente al futuro de la Coordinación es la construcción de un tejido de comunicaciones que desarrollará procesos de comunicación popular desde las bases sociales mismas, para que se apropien del referente político y asuman como suya la responsabilidad de materializarlo no sólo en la movilización sino también en su vida cotidiana, transformando sus formas de vivir, sus relaciones con los demás y con el entorno. La comunicación popular impulsa la conciencia individual y colectiva, la construcción de nuevas subjetividades capaces de asumir la responsabilidad de cambiar el mundo. De esto depende el éxito de cualquier proceso revolucionario, y aquí ya estamos dando los primeros pasos.

Modificado por última vez el 18/09/2012

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