Periferia

Periferia

 Fotos: Ariel Arango

Mapas: Mariam Vergel 

Texto: Juan Alejandro Echeverri


El Acuerdo de Paz “fue un pequeño sueño dentro de toda esa utopía de conseguir la paz en el Cauca… y yo pienso que en Colombia también”, dice Miguel Fernández, curtido dirigente sindical del departamento y líder campesino del Comité de Integración Social del Macizo Colombiano (CIMA).


El plato duró poco. La relativa y desconocida tranquilidad que vivió el Cauca después de la desmovilización de las FARC-EP, se evaporó con la incursión de la columna móvil ‘Jaime Martínez’, la ‘Dagoberto Ramos’, y la ‘Carlos Patiño’. Las que juran recuperar el territorio que una vez fue suyo, y se autodenominan disidencias de la exguerrilla, obedecen órdenes de una numerosa facción desertora denominada ‘Frente Primero’, el cual está articulado al “Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente”, comandados, según el Ejército, por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván mordisco’.


Las disidencias trocearon el departamento: la ‘Jaime Martínez’ copó el norte y López de Micay, uno de los tres municipios costeros del Cauca; la ‘Dagoberto Ramos’ se encargó de los municipios de la cordillera central; la ‘Carlos Patiño’ del sur, también conocido como la “bota caucana”, que es puerta de entrada a Nariño y a Putumayo, departamento por el que se llega al amazonas colomboecuatoriano.


Con el pasar de los meses, estos remanentes guerrilleros se expandieron, coparon más territorio, crecieron militarmente, y lograron arrebatarle terreno a la guerrillerada del ELN, la Defensoría del Pueblo se lo advirtió al gobierno nacional en la Alerta Temprana 019-20. El calibre de las acciones bélicas de control territorial y disciplinamiento social también incrementó. Quienes sobrevivieron al conflicto armado interno, y ahora son víctimas de estos grupos residuales, comparan la sevicia de su accionar con el de un grupo paramilitar carente de cualquier ideología política.


“Nosotros hemos dicho que no es un actuar de guerrilla, sino que es un actuar de paramilitarismo disfrazado con el brazalete de las FARC”, dice Leonor, quien lideraba iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos de coca en Huisitó, corregimiento de El Tambo, y fue obligada por las disidencias a desplazarse. Los demás compañeros de Leonor que integraban la Junta Directiva de la Asociación Campesina y del Consejo Comunitario del corregimiento también salieron desplazados, todos fueron amenazados por las disidencias y señalados de tener vínculos con el ELN.


Los primeros días de septiembre del año pasado, las disidencias asesinaron en la zona rural de Suarez a Karina García y a otras dos personas que se movilizaban con la candidata a la alcaldía de ese municipio. En los últimos meses saquearon casas y negocios; ocuparon parcelas y predios de personas desplazadas; revisaron y hurtaron los celulares de las personas que permanecen en los territorios; repartieron panfletos amenazantes; decretaron toques de queda armados como supuesta medida para contener la covid-19; intentaron convencer a los excombatientes farianos de que se rearmaran; y asesinaron personas frente a sus familiares y vecinos, tal como lo hicieron el 22 de abril con Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, quienes se encontraban en una asamblea comunitaria en la vereda Agua Clara de El Tambo y fueron ajusticiados pese al ruego de la comunidad.


Las comunidades indígenas del departamento siempre han rechazado la presencia de actores armados en sus territorios, sin importar que sean legales o ilegales. Edwin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del Área de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), asegura que la crudeza de las disidencias impide cualquier tipo de mediación humanitaria:


“También teníamos dificultades [con las FARC-EP]. Cuando había una estructura muy local que cometía irregularidades en términos humanitarios, las comunidades de alguna forma buscaban a los mandos más altos para debatir, para exigir el respeto por la población –manifiesta el representante de la organización que agrupa 22 territorios indígenas de 8 municipios–. En ocasiones esos debates humanitarios no funcionaron, a las autoridades [indígenas] les tocó capturar a estos comandantes o guerrilleros de FARC, y fueron enviados a centros de armonización o a cárceles de la justicia ordinaria”.


Las disidencias no tienen una capacidad organizativa ni militar como la del Bloque Occidental –compuesto en su momento por 3 frentes y 7 columnas– de la exguerrilla que controló el Cauca hasta su desmovilización, pero su presencia está costando muchas vidas: desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta principios de mayo de 2020, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca contabilizó el asesinato de 912 líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y sus familiares, en todo el país; 215 de los asesinatos, es decir el 23.57 % del total, fueron cometidos en 37 de los 42 municipios del Cauca; de los cuales, el 69,30 %, ósea 149 de los 215 homicidios, ocurrieron durante la presidencia de Iván Duque.


Entre enero y mayo del año en curso, la red logró documentar el desplazamiento de 680 personas, y 59 amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y sus familiares. El Cauca también es uno de los tres territorios más hostiles para los excombatientes. De los 212 firmantes asesinados hasta la fecha, según las cifras más recientes del partido FARC, 37 excombatientes fueron asesinados en el departamento.


  • El problema no es la hoja


    Controlar el Cauca es primordial para controlar la cadena del narcotráfico. El departamento tiene tres posibilidades de salida al Océano Pacifico, limita con Nariño y Putumayo, una hora lo separa de Cali, la capital del Valle, y lo atraviesa de norte a occidente la vía Panamericana que comunica a Colombia con Ecuador.


    Quien controla el Cauca tiene control de la siembra y recolección de la hoja de coca –actividad de la que subsisten 230.000 familias en Colombia–, de su transformación y procesamiento, y de la circulación por corredores fluviales como el Naya que permiten llevar mercancías de todo tipo hasta puertos del Pacifico como Buenaventura y Tumaco, desde donde se envía una significativa parte de la droga al exterior.

  • Hasta el 31 de diciembre del año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó 154.000 hectáreas de coca en el país, una reducción del 9% con respecto al 2018. El informe detallado del 2019 aún no ha sido publicado por Naciones Unidas, pero en el del 2018 señaló que el 43,87% de la coca estaba sembrada en 10 municipios del país: Tumaco, El Charco, y Barbacoas en Nariño; Puerto Asís y Orito en Putumayo; Tibú, Sardinata, y el Tarra en Norte de Santander; Tarazá en Antioquia; y El Tambo en el Cauca, departamento que cerró el 2019 con 17.335 hectáreas de coca, 238 más que en 2018. El informe demuestra que del Suroccidente depende parte del narcotráfico colombiano, negocio que genera muchas ganancias, sobre todo cuando el precio del dólar cotiza al alza, pero que cuesta muchas vidas, entre otras cosas, por seguirlo combatiendo únicamente con una estrategia militar y guerrerista, por intentar apagar el incendio con combustible.

  • Elaborado con base en cifras del Observatorio de Drogas de Colombia

  •  

    Henry y las familias que él representa no quieren sembrar más coca, pero eso no gusta ni conviene a las disidencias. Antes de desplazarse, Henry estaba al frente de la Asociación Campesina, Agrícola, Ambiental y Minera de Huisitó, poblado donde fueron asesinados dos campesinos por los mismos días que se desplazó Henry. 90 familias cocaleras y 30 mineros artesanales estaban afiliados a la asociación, articulada a su vez con otras familias y asociaciones de López de Micay y Argelia para proponer una estrategia de sustitución en la cordillera occidental sobre la que están asentados los tres municipios.


    El 8 de abril, una mujer y cuatro hombres de la columna ‘Jaime Martinez’, vestidos de civil y armados con sus respectivos fusiles, fueron hasta la casa de Henry y preguntaron por él y su esposa. Venimos a recoger la casa, les dijeron. Henry preguntó cuál era el motivo, a lo que respondieron que ellos estaban “liderando un tema con el que no están de acuerdo, y que nosotros éramos colaboradores del ELN e informantes del ejército”. A Henry le dieron un plazo de 12 horas para salir de la zona porque había sido declarado objetivo militar. Al día siguiente emprendió la huida sin saber cuándo podría regresar.


    Henry y Leonor no son los únicos. 7 de los 9 líderes del Consejo Comunitario Afrorenacer de López de Micay están hoy por fuera de su territorio. Uno de ellos, quien pidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, cuenta que los primeros días de marzo, entre 800 y 1.000 personas armadas de las disidencias coparon el municipio costero donde la mayoría de campesinos se dedican al cultivo de coca. Desde entonces, dice, iniciaron los combates con el ELN y las amenazas contra los líderes comunitarios. Según Cococauca, una articulación de diversas organizaciones afro defensoras de derechos humanos, entre enero del 2019 y mayo del 2020 han desparecido 3 personas y asesinado a 26 en la costa pacífica caucana. “Ninguno de los bienes se pudo sacar. Nada. Allá quedó todo el trabajo de una vida. Ahora estamos a merced del Estado, y lo que se hace es muy poco, son muy pocas las ayudas”, manifiesta el líder afro, cuya droguería fue saqueada por las disidencias.


    Los indígenas, campesinos y afrodescendientes caucanos tiene voluntad de sembrar otra cosa, pero con la voluntad, a veces, no basta. “Después de la firma de los acuerdos, algunos corregimientos no entramos dentro del PNIS [Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos] porque creíamos que eso no había sido concertado ni pactado con las comunidades”, asegura Leonor.


    Hasta el 31 de marzo de 2020, 99.097 familias colombianas estaban inscritas en el PNIS. Según Naciones Unidas, 5.691 de ellas viven en el Cauca, de las cuales 1.057 habían recibido la totalidad de los subsidios económicos prometidos, que en teoría debían ser complementados con inversión y proyectos productivos en los territorios.


    Las comunidades campesinas representadas por Leonor, Henry, y otros 30 líderes más sospechaban que el gobierno de Iván Duque no cumpliría con lo firmado. Además, consideran que antes de sustituir la hoja debe discutirse y darle solución a problemas estructurales relacionados con el modelo económico, por ejemplo la tenencia y el uso de la tierra. Es decir que el punto 4 del Acuerdo de Paz, donde está incluido el PNIS, debería ser el punto de llegada mas no el punto de partida. “El PNIS –manifiesta Leonor–, lo que había generado era que la ONU y el PNIS se quedaran con casi todos los recursos, y que a los campesinos no les llegara nada”.


    “Inseguridad hay en toda parte, pero en un territorio donde haya narcotráfico se genera más foco de violencia. Eso es lo que nosotros le hemos dicho a la gente. Hay gente que nos dice: estamos de acuerdo con ustedes, creemos en ustedes, pero hay un problema, quién nos garantiza que el gobierno nos va cumplir. La gente no cree en el gobierno”, explica Henry.


    A pesar de la desconfianza y las diferencias, pactaron una mesa de concertación y trabajo con el gobierno. Los cultivadores que no entraron al PNIS propusieron reducir, voluntariamente, el 5% de los cultivos ilícitos sembrados a orillas de las fuentes de agua, y suspender la tala y quema de capa boscosa necesaria para expandir los cultivos. A la par de esa sustitución, el gobierno debía comprometerse a contemplar el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, fortalecer las economías campesinas, plantear una solución a los problemas estructurales mencionados y brindar garantías humanitarias a los actores sociales.


    Esas reglas de juego no convencían del todo al gobierno, quien alegaba que aceptar la propuesta era legalizar el 95% de los cultivos restantes. Sin embargo, no dejaba de atraerle la propuesta porque “ese 5% de los 6 corregimientos que no entraron en el PNIS, daba más o menos 800 hectáreas que quitaban las familias sin que al gobierno le costara un peso”, cuenta Leonor. Los diálogos comenzaron en el segundo semestre de 2018, se logró avanzar y concertar algunos puntos durante el 2019, pero con la pandemia de coronavirus, la incursión armada de las disidencias, y el desplazamiento de los liderazgos, las comunidades quedaron huérfanas y la ruta de trabajo entró en un limbo.


    “El problema no es la mata –me dice convencido Henry–. El problema es la falta de inversión del gobierno en los territorios más marginados. No hay una fuente de ingreso diferente. La coca se acaba cuando el campesino vuelva a ser campesino, y que lo que produzca realmente se venda. Y que haya un plan de vida dentro del territorio”. La gente se queda sin otra opción que ser la mano de obra primaria, estar en la base de la pirámide del narcotráfico, y poner la sangre que derrama el lucrativo negocio.


    Víctor Collazos, integrante del CIMA, recuerda que “en una asamblea en Argelia, un campesino mostraba una hoja de coca en la mano y decía: miren, acá esta hojita de coca es el Estado; por esta hoja de coca podemos comer, podemos medio arreglar la casa, podemos enviar los hijos a estudiar, podemos contribuir para que arreglen la carretera, podemos sembrar los alimentos, podemos comprar un vestido, podemos viajar al pueblo”.


    “La gente antes de sacar su producción tiene que invertir trabajo, comida, insumos [químicos]. La gente comienza a sacar a los 7 meses su primera producción, recoge lo que ha invertido. Al año y medio, dos años, ya comienzan a quedar unas ganancias, no muchas, pero sí para que la gente resuelva sus situaciones familiares, sus gastos”, explica Henry.


  • Sin embargo, campesinos como Henry están cansados de sufrir las peores consecuencias y recibir insignificantes ganancias, son conscientes de ello, y quieren sembrar otra cosa. A muchos, ese deseo les está costando la vida: entre el 24 de noviembre de 2016 y principios de mayo del 2020, según datos de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, fueron asesinados 15 líderes que promovían la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento: 12 eran campesinos, 2 eran afro, y 1 era indígena.


    Es probable que eso haya motivado el asesinato de Teodomiro Sotelo Anacona el 17 de abril. Teodomiro era el líder de la mesa de sustitución de cultivos de la cordillera occidental caucana. “Era una persona que llevaba viviendo en el territorio más de 20 años. Cuando llegó allá, era arriero. Llegó y le gustó mucho el trabajo organizativo. Trabajaba en la Junta [de Acción Comunal], en el comité de conciliación y convivencia. Luego trabajó en el comité pro-carretera; con el impulsaron toda la creación de la carretera. Era muy entregado a trabajar con la comunidad para el desarrollo. Pegó muy duro [su asesinato] en la comunidad”, recuerda Leonor.


    Ella soñó y trabajó junto a Teodomiro por una vida sin coca. Llegó al Cauca hace 17 años desde Cundinamarca. No había escuela en la vereda, entonces Leonor les enseñó a leer y a escribir a los niños en su casa. Forjó un liderazgo espontaneo, y luego promovió la conformación de la Junta de Acción Comunal, la que después se convertiría en Consejo Comunitario para incluir a la población afro del territorio.


    “Salir así, con las manos vacías… porque te quitan todo, te roban todo, es muy triste, y duele mucho; porque deja uno sueños allá, deja esperanzas, no se sabe qué va pasar […] Psicológicamente me siento mal, he entrado en un estado de ansiedad, de nerviosismo”, dice Leonor al borde del llanto, desde un lugar que, por seguridad, no puede revelar.


    Sin cultivos –sin quien cultive, recoja, y procese la hoja– no hay negocio. Sin negocio, no hay lavado de activos. Y sin lavado de activos, no hay flujo de dinero. Para Miguel Fernández, parte de la economía lícita del departamento, y del país, depende de los dividendos ilegales que genera el narcotráfico. Poco a poco, dice, la violencia y el consumo naturalizan y adaptan la economía subterránea. Municipios como Santander de Quilichao y corregimientos como El Plateado de Argelia, o Playa Rica y Huisitó en el caso de El Tambo, son puntos de abastecimiento, de flujo comercial y circulación de dinero, oxígeno para cualquier economía ilícita. “Se vuelven como pequeños puertos secos”, dice Miguel. El negocio además precisa de la complicidad de funcionarios estatales e integrantes de la fuerza pública. El 20 de junio la Policía capturó a un intendente y un subintendente de la Policía Metropolitana de Popayán que transportaban 600 kilos de cocaína en una camioneta.


    El líder sindical y campesino agrega que “lo clandestino cuando se vuelve consuetudinario deja de serlo, y se convierte en una cosa culturalmente aceptada, aceptable. Ya no es tapado ante nadie, se va volviendo normal, incluso ante los ojos de los actores armados legales, en este caso la Policía y el Ejército, que poco a poco también se van integrando a la economía ilegal. Se va volviendo normal que ellos también reciban plata para quedarse callados. Por eso mucho policía se pelea por estar en esa zona, porque eso les conviene a futuro. Ahí se están ganando otra plata, y más alta que la que se ganarían con los sueldos que les paguen a ellos como soldados o policías. Obviamente cuando hay actores ilegales en la zona, también conversan y negocian con ellos […] Los liderazgos sociales y políticos conviven con toda esa situación. Y el Estado sabe eso. Y el gobierno sabe que ahí hay negocios ilícitos, pero no tiene una solución efectiva para contrarrestar eso porque todo ese flujo de capital se descartaría. Descartando eso van a haber problemas económicos.


    Por ejemplo la industria de la construcción en Popayán [ciudad capital del departamento]: ¿Cuál es el mejor negocio en Popayán?, tener una ferretería, eso no tiene pierde por ningún lado. ¿Por qué? Porque la economía de la construcción es una economía que fluye, que no está quieta, y menos en Popayán. Popayán se expandió mucho. Pero si Popayán no tiene fuentes de empleo, de dónde saca la plata, se pregunta uno. Precisamente de ahí, todo lo que viene de la costa pacífica fundamentalmente, y del sur del Cauca. Mucha gente que está en esas zonas, que va a ganarse la vida allá, después viene y va adquiriendo sus propiedades acá. Es una cosa que no se queda quieta, y eso para la economía es bueno, por eso las autoridades comen calladas”.


    En la sesión de control político realizada el 6 de mayo por la comisión segunda del Senado, los senadores Feliciano Valencia y Antonio Sanguino aseguraron que en el Cauca hacen presencia 7.686 militares: 7.160 de dominio terrestre, 418 de dominio marítimo, y 108 de dominio aéreo; batallones de alta montaña, fuerzas especializadas, inteligencia y artillería pesada. A pesar de la presencia militar y el amplio presupuesto destinado para combatir el narcotráfico, los asesinatos y la violencia no merman: el año pasado el departamento registró una tasa de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio a nivel nacional no superó los 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

    Todas las personas consultadas para este reportaje, unas con más contundencia que otras, sospechan que existe un pacto de no agresión entre el ejército y las disidencias. Los enfrentamientos y las acciones militares, aseguran, solo se dan contra el ELN, por lo que pareciera que existe una alianza para derrotar y desterrar a los frentes ‘José María Becerra’ y ‘Manuel Vásquez Castaño’ que operan en el noroccidente y sur del departamento respectivamente.


  • Con la típica altivez castrense, Wilson Chawez Mahecha, mayor general y comandante de la Tercera División del Ejército, dijo en la sesión del senado que consideraba muy graves ese tipo de insinuaciones, pues las tropas tienen la orden de combatir a todos los grupos armados por igual. En su intervención el mayor anunció que sus hombres habían capturado a 11 guerrilleros del ELN, 36 se presentaron ante ellos voluntariamente, y 1 fue abatido; de las tres disidencias lograron capturar 40 integrantes, 9 más murieron en combates. El 2 de junio, la Tercera División anunció la captura de ‘alias Cabezas’, acusado de ser uno de los cabecillas de la columna residual ‘Carlos Patiño’.


    En el mapeo criminal del Ejército hay seis zonas críticas en el departamento, y “para combatir esas estructuras nos hemos alineado con el plan de guerra de nuestro Comando General de las Fuerzas Militares: el plan de campaña bicentenario-héroes de la libertad. Este plan de campaña es un plan alineado totalmente con el Plan Nacional de Desarrollo, y con las políticas de seguridad y defensa nacional de nuestro señor Presidente y comandante en jefe”, manifestó el superior de la división encargada de imponer la ley y el orden en Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

    La desconfianza hacia el ejército es evidente. No existe compatibilidad entre la filosofía de las organizaciones sociales y la filosofía de las Fuerzas Militares. En repetidas ocasiones, los militares han dicho que la autonomía territorial indígena no permite combatir el narcotráfico. El comandante Mahecha lamentó que los acuerdos colectivos y la resistencia de las comunidades impidan a las tropas erradicar de manera forzada los cultivos de uso ilícito tal como lo ordenan las directrices gubernamentales. También denunció que en los operativos de erradicación habían “secuestrado soldados”; que hay comunidades en Corinto y Caloto que roban energía para sus cultivos hidropónicos de marihuana; que ven “con preocupación, nosotros los militares, toda esa gente que hace parte de las economías ilícitas, especialmente de narcotráfico, pues se asocian en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana” (COCCAM), organización que ha estado al frente de la sustitución voluntaria de cultivos y hace veeduría al cumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz. Esa macartización de los liderazgos y las comunidades, poco y nada ayuda a solucionar el problema, por el contrario convierte al Ejército en otro factor de riesgo.

  •  

    Desde 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon embarcó al mundo en una guerra contra las drogas, los países involucrados insisten en una cura que resulta peor que la enfermedad. Los Estados no puedan dar una guerra por perdida, o tal vez no puedan vivir sin una. Por eso, Edwin Lectamo no cree que por lo pronto mengüe la tormenta: “Yo no sé hasta dónde el Estado colombiano y quienes lo dirigen tengan esa voluntad, pero también la capacidad. Podríamos tener gobiernos atrapados en otros intereses que no son los intereses de las regiones, de los territorios, del Cauca en particular. Nosotros vemos un Estado como atrapado por este problema del narcotráfico, en el que de manera intencional se mantienen políticas pese al fracaso de ellas”.


    Posesión, concentración, uso y gestión de la tierra


    En el 2018, último año del que hay reporte, el DANE encontró que el 62,1% de los habitantes del Cauca vivían en la pobreza extrema, 54,9 puntos porcentuales más que la cifra nacional. El 50.5% de la población subsistía con 213.930 pesos, y un núcleo familiar de 4 personas no percibía más de 855.720 pesos, es decir 22.083 pesos menos que el salario mínimo establecido para el 2020, sin incluir el “subsidio” de transporte.


    La cantidad de cultivos ilícitos y la magnitud de la violencia relacionada con el narcotráfico son directamente proporcionales a la concentración de la pobreza y a los altos índices de necesidades básicas insatisfechas. En 2018 el Cauca sembró el 50% de la marihuana producida en el país, y tuvo el cuarto municipio con más hectáreas de coca.


    Los cultivos de uso ilícito son una consecuencia. No basta, entonces, con arrancar matas, si no se combaten también las plagas socioeconómicas que las provocan. Para Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la violencia que azota al Cauca desde los años cincuenta tiene estrecha relación con la concentración y distribución de la tierra.


    “A diferencia de otros lugares del país donde la concentración de la propiedad es un efecto colateral del conflicto armado, sobre todo en las últimas décadas, en el departamento del Cauca es difícil encontrar esa asociación. La concentración es histórica. Antecede incluso a la misma constitución del departamento y de la nación”. Esa concentración, plantea el profesor Duarte, es herencia de los sistemas coloniales de poblamiento y ordenamiento territorial, tal como lo fueron las haciendas coloniales, una técnica o “dispositivo” de administración de un grupo de individuos, en este caso indígenas.


    Lo que hoy conocemos como latifundios agroindustriales son una mutación económica y administrativa de esas haciendas coloniales. Latifundios que en el caso del Cauca están localizados en los valles y zonas llanas que separan una cordillera de otra, especialmente en los municipios del norte que limitan con el sur del Valle del Cauca. Precisamente las zonas más productivas, las que más dinero producen por su fertilidad, localización, infraestructura y el tipo de tecnología que utilizan, están dedicadas a la ganadería, el cultivo agroforestal de pino, y, mayoritariamente, a los cultivos de caña con la que se produce azúcar y también etanol, compuesto químico que puede transformarse en combustible.


    La industria de la caña está enraizada en Puerto Tejada, Miranda, Guachené, Padilla, Villa Rica, Santander de Quilichao, Corinto y Caloto. Según una medición del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, de las 209.466hectáreas que suman esos 8 municipios caucanos, casi la cuarta parte, es decir 44.578‬‬, estaban sembradas de caña en 2019.


    Sin el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, probablemente el monocultivo de caña no hubiera echado raíces en el Cauca. Colombia fue encargada de suplir parte de las 300.000 toneladas de azúcar que la isla caribeña no pudo ofertar al comercio internacional por las sanciones estadounidenses en 1964. Los cañaduzales sureños del Valle del Cauca no bastaban para producir la cantidad demandada, la industria entonces se expandió al norte del Cauca. En 1974 Colombia producía casi el triple de azúcar que en los años cincuenta. La rentabilidad consolidó la industria, concentró tierras y provocó cambios en el uso del suelo, aspectos que motivan los conflictos territoriales actuales.


    La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) agrupa 12 grandes ingenios azucareros procesadores de caña, 4 están en el Cauca. Después del café, las flores, el banano y el aceite de palma, el sector azucarero fue el que más divisas generó en 2018. Hace dos años se molieron 25 millones de toneladas de caña, fue la molienda más grande de la historia según Asocaña. Ese año, la asociación produjo 2,3 millones de toneladas de azúcar, 467 millones de litros de bioetanol, 196.000 toneladas de miel, y 6,5 millones de toneladas de bagazo de caña fueron destinados a la producción de papel y energía eléctrica, térmica y mecánica.


    En el departamento, asegura Carlos Duarte, hay muchas familias que poseen predios menores a una hectárea, mientras que los cañaduzales utilizados por la industria tienen una extensión promedio de 63 hectáreas. El sector azucarero colombiano usa más de 230.000 hectáreas del valle geográfico del río Cauca, el cual abarca 47 municipios de Cauca, Valle y Risaralda. El 25% de las hectáreas son propiedad de Asocaña y el resto pertenecen a proveedores suyos. Asocaña, además, se ufana de generar aproximadamente 290.000 empleos directos e indirectos, y pagarles a sus trabajadores una retribución “muy superior a los del promedio del agro nacional”.


    La industria de la caña es una economía boyante que logra mantenerse a flote a pesar de los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, para el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) su lógica productiva incentiva la acumulación de las ganancias en pocas manos y no contribuye a reducir la pobreza multidimensional del departamento.


    “Estas zonas cañeras están sacando el agua subterránea y toman parte del cauce del río Cauca. Eso pone en riesgo no solo la supervivencia de nosotros como indígenas, sino de muchas comunidades que a lo largo del río Cauca sobreviven de la pesca, o lo utilizan para transporte. Con la quema de los cultivos de caña, el efecto ecológico también es muy grande”, asegura Jhoe Nilsón Sauca, Coordinador del Programa de Defensa de la Vida y Derechos Humanos del (CRIC), organización en la que convergen 10 pueblos indígenas del departamento que representan casi la tercera parte de la población.


    Una de las principales banderas del CRIC, y especialmente del pueblo Nasa de Corinto y Caloto, son la toma y recuperación de grandes extensiones de tierras que pertenecen o están arrendadas por Asocaña o Procaña, el otro gremio cañero del país. “Liberación de la Madre Tierra”, así han bautizado los Nasa las retomas con las que reivindican la propiedad ancestral colectiva de la tierra, y aprovechan para sembrar cultivos de pancoger. La liberación es un acto simbólico desde donde se lo mire, pues cuestiona categorías jurídicas, políticas, económicas, ecológicas y alimentarias que componen el ADN del neoliberalismo occidental.

  •  

    “Los ingenios le están generando un daño devastador a la madre tierra, ese efecto invernadero que producen está causando temperaturas que antes no se presentaban […] La justificación de la Liberación de la Madre Tierra tiene que ver con el sentido cosmogónico. La parte espiritual también ha sido afectada porque coloca en riesgo la cultura del pueblo Nasa”, dice Jhoe.


    Cada metro liberado es una oportunidad de expandir los resguardos indígenas, pero también un argumento que utiliza la institucionalidad para demostrar su fuerza y capacidad de dispersión. Año tras año, el Escuadro Móvil Antidisturbios (ESMAD) y tropas del Ejército chocan con los comuneros en los puntos de liberación, muchas veces el desenlace es fatal. Este año no ha sido la excepción, Jhoe y Edwin ya perdieron la cuenta de las veces que los puntos de liberación han sido atacados y amenazados por las fuerzas regulares, las disidencias y otros actores desconocidos. El año pasado, el CRIC contabilizó 6 masacres, 148 amenazas y el asesinato de 68 guardias, autoridades espirituales, y comuneros indígenas en el departamento. En lo corrido del 2020, van más de 20 indígenas asesinados, un gran porcentaje de ellos en el norte del departamento.

  •  

    El Cauca es víctima de una disputa de intereses y preconcepciones. Esos 29.308 kilómetros cuadrados son de una gran riqueza y funcionalidad ambiental. Además de ser retaguardia de los grupos armados, de las montañas del macizo caucano nacen dos de los ríos más importantes del país: el Magdalena y el Cauca. El 8,1% del departamento son ecosistemas de paramo. También hay 7 parques nacionales naturales, entre otros corredores biológicos.


    Sobre la mesa hay dos visiones. Una entiende el territorio como la posibilidad de generar utilidades mediante la intervención industrial y la extracción de sus bienes naturales. Del otro lado, se lo concibe como el pilar fundamental del buen vivir y la pervivencia cultural y cosmogónica. “La particularidad nuestra es que nosotros hablamos de la ley natural. Eso nos permite identificar que la relación del hombre vs naturaleza, debe ser una relación armónica, una relación de respeto el uno por el otro”, afirma Jhoe Sauca, indígena del CRIC.


    Los desencuentros entre el Estado y las comunidades caucanas también son producto de las prioridades de unos y otros. En los últimos 20 años, los actores sociales han rechazado con vehemencia el apoyo de los diferentes gobiernos a la explotación a gran escala de los recursos naturales.


  • “Si usted mira el mapa geológico y todas las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, el Cauca es un departamento que de norte a sur, y de oriente a occidente, está solicitado para minería, construcción de grandes hidroeléctricas, y zonas francas. El departamento cuenta con más de 3 millones de hectáreas, y alrededor de un millón y medio de hectáreas están solicitadas para extracción de oro, carbón y otros minerales”, afirma Guido Rivera, integrante del Comité de Integración Social del Macizo Colombiano (CIMA).


    Para Óscar Salazar Muñoz, integrante del Proceso Campesino y Popular (PUPSOC) del municipio de La Vega, el impulso estatal de la llamada “locomotora mineroenergética” es un despropósito ambiental y social: “La entrega de estos territorios a la depredación extractivista es algo que sorprende. Qué es lo que piensa esta gente, porque se están defecando en la cama. Querámoslo o no, el macizo colombiano es fundamental no solo para los caucanos, es fundamental para toda Colombia”.

    La situación del norte del cauca es un caso ilustrativo para comprender el impacto de la extracción fraudulenta que, a sangre y fuego, suplanta las lógicas ancestrales de actividades como la minería. Armando Caracas Carabalí cuenta que hace unos años la Universidad del Valle encontró concentraciones de mercurio y cianuro en el río Cauca. Otros afluentes como el río San Agustín, el río Ovejas, y el río Quinamayo también están contaminados. “Quedaron muchos pozos contaminados. Ahora en los tiempos de lluvia se han crecido y todos los días caen a los afluentes hídricos”, manifiesta el coordinador nacional de la Guardia Cimarrona que sólo en el Cauca tiene más de 1.200 integrantes, y además miembro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), organización compuesta por 42 consejos comunitarios de 13 municipios.

  •  Actividades extractivas en el Cauca. Tomado del informe Norte del Cauca: gobernanza territorial rural y heterogeneidad insurgente. Dinámicas históricas y territoriales del conflicto político, social y armado 1958-2016. Publicado por la Universidad Javeriana de Cali

     

    Los dolores de cabeza vienen de 7 años atrás: “Hubo un momento en que llegaron a haber más de 300 retroexcavadoras haciendo minería a cielo abierto, pasando por todos los controles de la fuerza pública, y nunca hicieron lo pertinente –dice Armando–. Llegó mucha gente de otros territorios, de Antioquia, de Tumaco, del Chocó, llegaron con otras culturas, con otras costumbres. Cuando llegaron, empezaron a sacar al minero ancestral. Ahora son los dueños del 70, 80% de las boca minas. El solo hecho de dañar el paisaje, dañar la cultura, las tradiciones, nos ha generado situaciones complejas en nuestros territorios”.


    La violencia parece ser el precio que pagan los negros, los indígenas y los campesinos del Cauca por vivir sobre tesoros naturales. La hipótesis de varios entrevistados es que el interés de construir el proyecto hidroeléctrico Arrieros del Micay alimenta la sangría que vive López de Micay, de donde fue desplazada toda la guardia cimarrona que coordina Armando. La gran hidroeléctrica está proyectada a 13 kilómetros de la cabecera municipal y sería capaz de producir 3.340 gigavatios de energía. En 1997 el Ministerio de Ambiente le negó la licencia ambiental por el impacto ecológico de la obra, pero el gobierno de Juan Manuel Santos volvió a darle alas al proyecto por su supuesto carácter estratégico para las reservas energéticas colombianas.


    Además de insistir en la importancia existencial de preservar el cauce natural de la naturaleza, las diversas organizaciones sociales se sienten capaces de administrar políticamente el territorio. Sin tener la propiedad de la tierra, sin poder decidir sobre ella, esa gestión propia resulta imposible, sobre todo en un departamento donde más del 60% de la población vive en la ruralidad.


    Si algo destaca del Cauca es su multiculturalidad, y las distintas formas de organizar el territorio. Los indígenas conforman resguardos, los afro consejos comunitarios y capitanías, y los campesinos zonas de reserva campesina o territorios campesinos agroalimentarios. Gracias a las montoneras, las asambleas, los congresos, las mingas y las marchas, los grupos étnicos han logrado el reconocimiento jurídico de esas figuras administrativas, y la titulación colectiva de tierras para poner sus postulados en marcha.


    En el 2019, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali documentó la existencia de tres zonas de reserva campesina que sumaban alrededor de 19.792 hectáreas, y serias intenciones de crear 12 más. 

  •  Aspiraciones territoriales y presencia organizativa campesina en el Cauca 

     

    También cinco titulaciones colectivas afrocolombianas que sumaban 125.249 hectáreas, y 28 solicitudes de nuevas titulaciones.

  •  Presencia organizativa afrocolombiana en el Cauca 

     

    Y 64 resguardos indígenas que sumaban 99.594 hectáreas, solicitudes para constituir 19 más, y 111 predios del Fondo Nacional Agrario (FNA) en posesión de comunidades indígenas que sumaban 12.147 hectáreas.

  •  Presencia organizativa indígena en el Cauca 

     

    En ocasiones el dueño de la tierra no tiene la potestad absoluta para determinar el uso que le quiere dar a ella. En el marco jurídico colombiano existen figuras de protección ambiental como las Zonas de Reserva Forestal, los Parques Nacionales y Regionales Naturales, las Áreas Protegidas, y las zonas Paramo; figuras que limitan y regulan la intervención agrícola o industrial sobre la tierra.


    Teniendo en cuenta los cálculos hechos por el instituto de la Universidad Javeriana, son más de un millón las hectáreas del Cauca que están blindadas bajo alguna de estas figuras, de las cuales, una porción significativa se traslapa con las titulaciones colectivas de los indígenas, afros y campesinos. La norma y el loable discurso de la conservación ambiental generan tensiones y son argumentos que el Estado puede utilizar para justificar la no implementación de proyectos económicos y sociales.

  •  Figuras de ordenamiento ambiental en el Cauca


    Así como en el departamento faltan hospitales, colegios, y servicios públicos esenciales, también hace falta presencia de instituciones civiles diferentes a la fuerza pública: fiscalía, procuraduría, Bienestar Familiar, sedes descentralizadas de los ministerios, por mencionar algunas. El Cauca ha sido dejado a su suerte, y a cargo de militares y policías. Tal es el abandono estatal, que en un conversatorio virtual organizado por la Comisión de la Verdad, Valeria Mosquera, vocera de la Mesa Territorial de Garantías para la defensa de los Derechos Humanos en el Cauca, contó que en cierta ocasión la organización de mujeres de un municipio, cuyo nombre prefirió reservarse, tuvo que pagar un vehículo y transportar al responsable de un feminicidio, porque el Fiscal se negaba a ir hasta el lugar de los hechos por miedo a poner en riesgo su vida.


    Como el Estado no es capaz o no le interesa hacerse cargo de lo que le corresponde, las comunidades recurren al autogobierno, a la autogestión de la justicia, la economía, la convivencia, y la velocidad de la vida. Leonor me explica que en su comunidad cuando una persona roba a otra, esa persona es sancionada con un trabajo comunitario: por ejemplo cargar o descargar cierta cantidad de arena o construir una cuneta. “Si es un homicidio, en asamblea se decide si se entrega a la justicia ordinaria. Pero muchas veces se entregaban personas que cometían homicidios y la Fiscalía los soltaba. Entonces se decidió que por homicidio se le condenaba a 5 o 6 años de trabajo en una finca, y que lo que trabajara era para indemnizar a la familia. Durante ese tiempo no recibía dinero, solo su alimentación, y cuando estuviese enfermo se le podía ayudar para que saliera al médico”.


    Las Juntas de Acción Comunal son el núcleo de ese autogobierno, la primera puntada de un tejido social mucho más grande, el escenario democrático más primario, pero no por ello menos importante y necesario. En las juntas se resuelven conflictos, se acuerdan normas, se discute, se interpreta la realidad, se buscan soluciones, se gestiona el alcantarillado o la red de alumbrado público, se colectivizan sueños y demandas que luego son expresados en escenarios municipales, departamentales y nacionales de interlocución con la institucionalidad.


    Al frente de las juntas están ellas y ellos: líderes y lideresas sociales y comunales que con sus manos labran las únicas esperanzas de muchas personas, y que hace muchos años están asesinando a una velocidad imposible de contabilizar:


    “Esos líderes son la neurona de la comunidad –asegura Óscar Salazar–. Esos son el verdadero faro de la comunidad. Esos son los realmente valiosos. El que trabaja y construye con la comunidad allá en la vereda, ese es el verdadero faro”. El integrante del PUPSOC recalca además que perder un líder es perder una vía de comunicación con los territorios. Cada que asesinan un líder, el cuerpo social y organizativo pierde para siempre un estímulo nervioso.


    “Cuando una comunidad pierde un líder, pierde parte de la esencia, porque es un motor. En la ciudad poco se visibiliza el trabajo tan arduo que tiene el líder en la comunidad: enfrentarse a la institucionalidad, hacer exigencia de algo para su comunidad, muchas veces toca puertas y no consigue nada; entonces muchas veces tiene que cranearse mecanismos para llegar con algo a la comunidad. Usted sabe que si hace 99 buenas y 1 mala, todas las 99 son borradas. El líder siempre está en el ojo del huracán. El líder nunca es remunerado económicamente, por el contrario, el que se mete a ser líder muchas veces pierde la familia, pierde su economía porque se dedica casi que el 100% al trabajo organizativo de la comunidad”, dice Leonor.


    La ministra del interior, Alicia Arango, afirmó en la mencionada sesión virtual del Congreso que el 70% de los esquemas de seguridad que brinda la Unidad Nacional de Protección están destinados a los líderes sociales. 534 líderes y lideresas del Cauca, dijo la ministra el 12 de mayo, cuenta con medidas de protección. “Seguramente nos falta mucho. El departamento del Cauca es una prioridad”, manifestó. Aparte de los esquemas de seguridad, el gobierno dice haber creado un cuerpo elite de la policía exclusivo para proteger los liderazgos sociales, construir un plan de autoprotección, y ofrecer talleres y asistencia técnica a las alcaldías. Pero aun así, los siguen matando, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el 17 mayo habían asesinado 100 líderes sociales en el país.


    Un líder no nace todos los días. Funciona igual que la agricultura: de tres semillas que se siembran, a veces, solo nace una. “Un líder no nace. Nosotros hemos aprendido que los líderes se hacen en un trajinar de años, en aprender de los otros, en estudiar la vida. Un líder se va preparando paso a paso, se va preparando día a día, semana a semana, para conocer y entender cómo es que funciona este entramado institucional, cuáles son los derechos. Un líder en una etapa madura tiene mucho conocimiento, es difícil de convencerlo o declinarlo para otro lado, y por eso se convierte en un peligro para muchos intereses. Cuando ese líder desaparece o es desterrado, no solo desaparece una cabeza visible de una organización, sino que desaparece todo el cuerpo. El vacío que deja un líder en una comunidad es enorme”, dice el campesino del CIMA, Guido Rivera.


    Pero las implicaciones, manifiesta Jhoe Sauca, no son solo políticas: el asesinato de un líder tiene “una connotación muy grande. Eso se analiza primero desde la familia. Es una de las desarmonías más grandes que sucede cuando desaparece un dirigente o una compañera. Esa afectación inicial se traduce en una pérdida de una persona con esa sabiduría de orientar, de dirigir a la comunidad. Y se desarmoniza el territorio, desde lo natural, desde lo espiritual. Eso también genera temores de otros compañeros o compañeras para asumir estos espacios. Afecta esos tres pilares fundamentales bajo los cuales se rigen las comunidades”.


    Mis sospechas sobre las consecuencias se confirmaron, pero Óscar me hizo caer en la cuenta de algo: “Ahora hemos posicionado que son defensores de Derechos Humanos, que son líderes sociales, antes no, hace 20 años ni si quiera eso (…) El paramilitarismo aquí era rampante. Entre el 1999 y diciembre del 2002, se señalaban por más de 1.000 los líderes veredales asesinados. Eso era una sangría la verraca”.


    ¿Qué sería de Colombia y de las comunidades si no hubieran asesinado a todos esos liderazgos sociales que nunca lloramos?


    Un acuerdo por cumplir 


    Desde 1986 hasta hoy, el gobierno nacional ha firmado 2.000 acuerdos con organizaciones sociales del Cauca, la mayoría de ellos incumplidos según el senador indígena Feliciano Valencia. Lo negociado y pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, de momento, también hace parte de la amplia lista de incumplimientos.


    El Proceso de Paz no era, ni será la solución, en el Cauca lo han tenido claro. Pero su contenido traza una ruta para empezar a solucionar ese estado de cosas en el que anida la violencia. La implementación del acuerdo avanza poco y avanza lento, sobre todo lo que tiene que ver con la reformar rural integral y la recolonización institucional del territorio, dos aspectos fundamentales para un departamento en el que 235.219 personas votaron por el Sí en el plebiscito de 2016.


    Al profesor Carlos Duarte no le sorprende el reciclaje de la violencia: “En el análisis comparado de todos los procesos de postconflicto contemporáneo en el mundo, en los siguientes dos años después de la firma de un acuerdo de paz, siempre hay un proceso de reacomodamiento y de disputa de un vacío que deja un actor armado, sobre todo cuando otros actores armados siguen en conflicto. Lo que no esperábamos que pudiera pasar era que la implementación de los acuerdos fuera tan pobre”.


    Transcurridos 42 meses desde la firma del acuerdo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son el aspecto de la reforma rural integral que reporta mayor nivel de implementación. Los 16 PDET fueron concebidos como una estrategia participativa que en un plazo de 10 años transformarían las condiciones de vida de ciertos municipios priorizados por el nivel de afectación del conflicto armado, los índices de pobreza, la débil presencia institucional y la incidencia de cultivos de uso ilícito.


    El PDET Alto Patía Norte del Cauca es el más grande y ambicioso del país. Está proyectado para transformar 24 municipios: 17 del Cauca, 5 de Nariño, y 2 del Valle del Cauca. La planeación participativa y consensuada entre ciudadanía e institucionalidad se desarrolló con éxito, pero su materialización aún no empieza, no en los términos y velocidades que las comunidades y organizaciones sociales desean. 



  • Víctor Collazos participó en la elaboración del PDET, conoce sus minucias, y vigila permanente su progreso. Según Víctor, el PDET está construido sobre ocho pilares y en él aparecen 4.364 iniciativas comunitarias. “De las 4.364 iniciativas solamente se han priorizado 50 que se vienen ejecutando. Pero esas 50 iniciativas no fueron priorizadas por las comunidades, ni por los actores sociales y comunitarios participantes en la construcción de ese acuerdo, sino que fueron priorizadas en Bogotá por la Agencia de Renovación Territorial con criterios técnicos y económicos, y no con criterios comunitarios que realmente permitan transformaciones en los territorios”.


    Ese no es el único pero. Víctor asegura que “las reglas de juego” de la implementación no están claras. “El PDET se viene implementando más por oferta institucional que por un dialogo con las comunidades. El otro problema que tiene el PDET es que no hay la suficiente cantidad de recursos. Algunas iniciativas, la Agencia de Renovación Territorial las viene negociando con los alcaldes, eso está bien, pero no está hablando con las comunidades y actores sociales”. Eso, a juicio del integrante del CIMA, profana el espíritu del Acuerdo de Paz y limita sus efectos.


    La mitad del departamento fue excluida de los PDET’S, aunque Víctor considera que todos los municipios del departamento debieron incluidos y priorizados. En el Cauca preocupan los otros 22 municipios que también necesitan atención e inversión. El Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo en la Comisión Segunda del Senado que su oficina tiene a disposición más de un billón de pesos para invertirlos en todo el departamento, además de otros proyectos e inversiones que suman 12.000 millones, los cuales están en ejecución.


    Al territorio la inversión todavía no llega, al menos no como la plantea el comisionado. Víctor asegura que para los municipios que no fueron incluidos en el PDET se destinan recursos del ZOMAC: “El ZOMAC son procesos de oferta de inversión privada a la que el estado le disminuye impuestos. Esa es la herramienta que podría funcionar. Pero aún en esos municipios no hay una experiencia exitosa, porque se supone que un privado invierte según sus intereses. Por ejemplo yo invierto en esta carretera porque me permite acceder a una zona de concesión minera. Eso pone en complicaciones a la comunidad porque en algunos territorios están en contra de la minería, y no van a permitir que les construyan la carretera”.


    De momento la oferta institucional ha priorizado inversión en infraestructura. Infraestructura que de nada sirve si no hay destinación presupuestal para otros aspectos, por ejemplo mejorar la calidad y la cobertura educativa. De aproximadamente 6.000 bachilleres que cada semestre quieren ingresar a la Universidad del Cauca, la única universidad pública del departamento, solo son admitidos alrededor de 800.


    Los estudiantes de las zonas rurales tienen pocos incentivos para ir a la escuela: son mínimas las posibilidades de acceder a la educación superior, las escuelas están a horas de camino, la infraestructura es precaria, y el modelo pedagógico no es acorde a sus necesidades y realidades: “Existen colegios agropecuarios que deberían ser fuertes en infraestructura para producir, para transformar, y esa experiencia transmitirla a las comunidades rurales como un aporte técnico a las situaciones problemáticas. Los colegios agropecuarios no tienen el suficiente personal docente calificado, y no cuentan con los currículos necesarios para abordar eso. Tampoco disponen de tecnologías que les permitan hacer lecturas permanentes de flujos de mercado. Son instituciones que deberían tener mucho apoyo estatal para mejorar su tarea. Esos colegios son muy necesarios en las localidades, pero son poco pertinentes para las demandas locales porque no tienen las herramientas”, manifiesta Víctor.


    Los caucanos tienen la disposición y la sabiduría necesaria, necesitan que las condiciones no sean tan adversas. Por ejemplo en Lerma, corregimiento del municipio de Bolívar, la escuela de agrosembradores Arraigo hizo un estudio comunitario para transformar la hoja de coca y rediseñar su cadena de producción y comercialización. Esta escuela del CIMA hoy tiene tres tipos de abonos hechos con hoja de coca certificados por el SENA. También elaboran pan, galletas e insumos médicos con el cultivo que tantas vidas le ha costado a Colombia.


    Poco a poco la esperanza se transforma en zozobra, pero el país y el Cauca no encuentran de donde más aferrarse, por eso insisten en la importancia de implementar el Acuerdo de Paz, y en que la solución al conflicto y a la guerra contra la coca, o contra cualquier otra plaga, sea política, negociada, y en condiciones humanitarias. “Se está volviendo al camino azaroso y cruento de la guerra –dice Víctor–. Acá las organizaciones siempre han dicho: cuenten con nosotros para la paz y no para la guerra”.


    Malos presentimientos


    En las condiciones actuales, las cosas solo pueden empeorar. Al gobierno de turno no le gusta el acuerdo y quiere modificarlo; en Estados Unidos no merma el consumo y la demanda de cocaína; está descartado cualquier escenario de dialogo con la guerrilla del ELN, y por lo tanto el desescalamiento de sus acciones; hay una pandemia de por medio; el tamaño del presupuesto estatal se encogerá drásticamente, también la cantidad de dinero que quieran y puedan prestarnos otros países; mientras tanto los grupos armados crecen en número, probablemente ocurra lo mismo con su capacidad de daño y de control.


    Además del Ejército, el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, y las panfletarias ‘águilas negras’, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) reveló hace unos días que en el Cauca hay presencia de carteles de droga mexicanos. En abril del 2019 fue capturado un mexicano, 6 costarricenses, y 4 nicaragüenses en la zona rural de López de Micay. A los extranjeros les incautaron 2 fusiles R15, 1 pistola Glock, 1 revolver calibre 38, dos proveedores de fusil M16, un proveedor de pistola, 106 cartuchos 5.56, 1.000 gramos de marihuana, 902 GPS, y 3 cartas de navegación.


    En el estudio publicado, la fundación concluye que los carteles están presentes en zonas con alta densidad de cultivos de uso ilícito y en corredores estratégicos para la cadena comercial de la droga. En algunos territorios se presentan a través de narcotraficantes mexicanos o centroamericanos, y en otros por medio de grupos armados colombianos que ellos financian. La hipótesis de Pares es que los carteles quieren regular el mercado y así evitar que el vacío dejado por las FARC-EP provoque una anárquica guerra ilícita en el país. La de Colombia, y la del Cauca, es ya una guerra trasnacional. Una guerra que se regula con más guerra.


    A medida que la violencia y los negocios ilícitos se arraigan en el departamento, merman las probabilidades de que los habitantes encuentren salidas legales y productivas, y que los liderazgos sociales puedan guiar a sus comunidades.


    Las armas no hacen parte de los planes de vida de las comunidades. El profesor Carlos Duarte plantea que para restarle fuerzas a la violencia, y a los actores que la provocan, el gobierno debería atacar a quienes se lucran y están detrás del negocio con la misma determinación que enfrenta la parte más débil de la cadena. Además, dice él, las organizaciones sociales deberían hilar un tejido organizativo intercultural que conecte y unifique sus reivindicaciones.


    Aunque ya lo hayan dicho, Duarte también recomienda que las organizaciones sociales rechacen enérgicamente a todos los actores armados y desmientan cualquier vínculo con ellos. “Lo tercero –manifiesta el profesor– es que debería avanzarse en estrategias de acceso a la tierra y de ordenamiento social de la propiedad con un enfoque participativo. ¿Cómo se va hacer para formalizar a esos campesinos que están en zonas de reserva forestal desde un punto ambientalmente sostenible? Hoy no hay ninguna salida para eso. Ese acceso a tierras, ese ordenamiento territorial, debe ir acompañado de un desarrollo integral. Si la gente tiene acceso a tierras, pero no tiene como ponerla a producir de una manera eficaz, sostenible, se termina volviendo en una tierra improductiva, y no improductiva solamente para el comercio y el mercado, sino para la misma producción de alimentos de las comunidades”.


    Un trabajo de este tipo siempre quedara incompleto sin escuchar a los cerebros del narcotráfico, a los que dan las órdenes, a los sicarios que accionan el gatillo, a los exguerrilleros que vuelven a tomar las armas, a los guerrilleros que prefieren no dejarlas, al funcionario o el soldado cómplice. Sin su testimonio, la caucana es una realidad inaprehensible llena de sombras.


    La mucha o poca luz tiene forma de presentimiento: “Si no hay un giro, si no hay un cambio sobre las fórmulas, podríamos tener una expansión de estos fenómenos de violencia a otras zonas del país –advierte Mauricio Capaz, indígena del CRIC–. Y podría costarle mucho a las organizaciones sociales. A nosotros no está costando harto”.

     

  •  

     

     

     

    Por María Camila Carmona y Carolina Villalba

    Foto: Fredy Henao

    Bello Oriente “la montaña que siente”  –como la nombran algunos de sus habitantes– es un barrio de Medellín ubicado en las periferias de la comuna 3. Ahí, entre montañas, está ubicada la Casa Blanca del Amor y la Cultura, un lugar de encuentro que nos ha acogido, aún en tiempos de “distanciamiento social”, tiempos en los que volver a esta comunidad se hace urgente porque está de por medio el hambre.

    La Casa Blanca nos ha conectado con el territorio, nos ha permitido jugar, crear, cocinar y compartir con algunas personas del barrio, de quienes hemos podido aprender y reafirmar el valor del arte y la cultura en la construcción del tejido social. Adentrándonos a sentir un espacio en todos sus matices, a través de la conversación y el caminar en colectivo de la mano de la comunidad. La cual nos ha enseñado que el trabajo se hace juntos, coexistiendo en un mismo lugar donde se vale y se teje a través de la diversidad.

    Este escenario que nos ha atravesado en diferentes situaciones de la vida, constantemente aparece como un espacio para retornar y reconstruir lo que significa resistir en colectivo. En el momento que se llega a la montaña, uno se instala en un lugar con otra noción de espacio y tiempo; el aire más fresco, alguien que te espera en la parada del tubo, a la hora del almuerzo cogemos algunas verduras de la huerta o al atardecer se comparte un té de yerbabuena que viene del jardín. Algunas situaciones que están impregnadas en la cotidianidad del barrio, donde se siente los esfuerzos en conjunto y que se traducen en una alianza de sus habitantes para sobrevivir en este lugar que se llama, su casa.

    En vista de estas experiencias que se dan frente a la apropiación del territorio, una de las iniciativas son las huertas comunitarias que se gestan como proyecto social, de soberanía alimentaria y de intercambio comercial entre habitantes. Durante este tiempo de confinamiento, han incrementado las actividades vinculadas a la huerta, a través de las mingas. El propósito no es sólo consumir los alimentos, también encontrar una forma de subsistencia en medio de la actual situación de extrañeza e incertidumbre.

    Foto Santiago Loaiza

    Como no mencionar el convite, donde se pone la olla con papa, cebolla, un poco de cilantro, espinaca, unos cuantos ajíes y una deliciosa ensalada de lechuga. Una mezcla de sabores y colores que traen olor a tierra, al suelo de la montaña, donde también se honra y se celebra la vida a través de las semillas. En el lugar de imágenes dicotómicas, donde se dibuja un suelo fértil, pero al mirar a lo alto, uno se encuentra con un cableado de energía artesanal. El barrio que se retrata y nos habla a través de estas metáforas y nos demuestra que el lugar que pareciera lejano de la ciudad, es parte de ella, está inmerso en ella. La montaña que siente, es como un tótem que representa la esperanza y la dignidad, como principios de lucha que toman siempre diferentes formas, acciones y rostros que permiten describir este territorio.

    Otro lugar más, envuelto por la mística de las palabras, donde se oye desde la Voz de Colombia hasta un reggaeton, es en la tienda de doña Ruth lugar en el que “siempre resulta uno sentándose a conversar”. O también a comer un arroz con leche, cocinado en leña. En el que las brasas del centro de ese fuego, están puestas por la comunidad, juntándose y haciéndole frente a la difícil situación económica. Nos permite entonces reconocer esta acción como una forma más, de las miles, en el que las rupturas generadas por la crisis, los ha llevado a aprender y propiciar un camino organizativo en colectividad.

    Las montañas siempre han albergado esa poética al verlas y al estar en ellas. Son un legado ancestral que nos habla de milenios y de caminos andados. La montaña nos susurra de la abundancia del alimento, pero también nos lleva al lugar del recuerdo. En especial, esta montaña que tiene una sinfonía de saberes en cada uno de sus habitantes, ha sido una escuela hecha por el pueblo, que ha promovido procesos que se oponen al hambre. Nos ha enseñado que somos  naturaleza y parte de entender ello, es que a través de la tierra encontramos la autonomía, la libertad y el poder de sabernos comunidad alrededor de un sancocho, un arroz con leche o una aguapanela con cidrón. “Nos dicen los maestros de la Escuela Zapatista, que con maíz, aunque sin dinero hay vida, pero sin maíz, aunque haya dinero no hay vida”. Un saber construido desde el sur que hace eco hasta Bello Oriente, recordándonos que cuando nos juntamos a través de la comida, hacemos de estos escenarios, pequeños universos de pensamiento, acción y lucha.

    Pro Juan E. Prado - Alianza De Medios Alternativos

    En febrero de este año la empresa Fabricato S.A., ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, conmemoró el centenario de su fundación, hecho que fue noticia relevante en los principales medios de comunicación del país, quienes resaltaban que es una de las pocas empresas del sector textil en Colombia que ha sorteado los impactos sufridos por la industria nacional tras la apertura económica de 1990 y los tratados de libre comercio firmados durante los últimos 10 años. 

    Sin embargo, en medio de la emergencia social producto de la covid-19, 400 trabajadores de su casa matriz recibieron la notificación, apenas iniciando junio,  de la terminación de su contrato. José Vicente Cardona es uno de ellos. Se desempeña como mecánico de servicios técnicos. Vive con su compañera y sus cuatro hijos. Con tono de voz preocupado y un tapabocas que no deja ver sus gestos, no oculta la impotencia ante el proceder de sus patrones y dice:

    "No entendemos por qué la empresa se aprovecha y arremete contra los trabajadores. Tengo por ahí 40 conocidos que están por fuera. Todos estamos padeciendo este momento difícil, conseguir empleo es casi imposible, si el gobierno le está dando un subsidio a la empresa para que conserve sus puestos de trabajo: ¿por qué lo reciben y en seguida despiden a los trabajadores? Me parece que están obrando de una manera que no es prudente con nuestras  necesidades".

    José Vicente tiene 51 años de edad. El 8 de junio participaba en un plantón convocado por tres sindicatos de los seis que existen en esta tradicional empresa del norte del Valle de Aburrá.

    Por extraño que parezca en estos días de distanciamiento obligatorio, eran cincuenta personas las que se concentraban en las afueras de la compañía textil. Además decidieron realizar una corta marcha que bloqueó la autopista norte durante un cuarto de hora.

    Barriendo la casa, nuevamente.

    Antes de la aparición de la covid-19, Fabricato reportaba en su nómina 2.047 trabajadores, algunos con contrato indefinido y la mayoría con contratos a término fijo, mediante la intermediación de las cooperativas de trabajo asociado.

    Un enérgico jubilado que acompañó la movilización, hizo un ligero recuento sobre la disminución de la población trabajadora en Fabricato durante los últimos 40 años. Bajo la sombra de uno de los árboles que rodean la portería norte de la empresa, dijo:

    "En 1982 tenía 10.500 trabajadores a través de diferentes filiales: Pantex, Esmeralda y otras. Con la apertura económica en 1990, que implicó un cambio en la política comercial del país debido al desmonte de aranceles para mercancías importadas, muchas empresas se vieron en incapacidad de competir, quebrándose y las más fuertes tuvieron que renovar sus tecnologías para hacer frente a las empresas extranjeras. En 1994, ya solo eran 4.500 trabajadores. El actual recorte puede ser  la antesala de una masacre laboral más grande. Fabricato no descansará hasta cumplir con su meta de 1.000 trabajadores despedidos".

    La estabilidad laboral de los trabajadores se ve desmejorada periódicamente por las tendencias económicas del Capital que invitan a la renovación constante de las fuerzas productivas. Fabricato es claro ejemplo de ello, pues dentro del sector textil, históricamente ha sido de las empresas pioneras en la importación de maquinaria y técnicas de administración empresarial. La producción en serie mediante el encierro fabril que caracteriza lo que queda de sus inmensas instalaciones, ha venido desapareciendo durante la última década con la excusa de aumentar la eficiencia y productividad mediante la innovación y actualización tecnológica.

    Antiguas plantas filiales como Pantex, Riotex, entre otras, han cerrado sus puertas dejando a miles de obreros desempleados y abriendo nuevas perspectivas de negocios para sus propietarios.

    Los capitalistas criollos, reinventándose.

    Los habitantes del Valle de Aburrá son testigos, directa o indirectamente, de la transformación en las dinámicas productivas del principal centro urbano del noroccidente colombiano. Hasta la década de los noventas este vasto territorio tenía una definida vocación industrial que ha venido mutando debido al traslado de algunas empresas al Oriente antioqueño y la atracción de capitales hacia los sectores de servicios, turístico, comercial e inmobiliario. 

    Desde el año 2013, con la llegada a la presidencia del ejecutivo brasileño Carlos Alberto de Jesús se empezó a reestructurar Fabricato. En 2015 se dio la renovación de su portafolio de servicios orientando sus inversiones al sector inmobiliario.

    Y es paradójico que mientras el grupo de trabajadores agitan consignas y pancartas sobre la autopista norte para denunciar la barrida laboral en medio de la pandemia, en todo el frente de ellos centenares de albañiles trabajan a toda máquina en la construcción de uno de los proyectos estrellas de la empresa: Ciudad Fabricato.

    Julio Hernández, integrante de los comités barriales de Bello y quien también participaba del plantón, explicó que "desde hace varios años Fabricato ha venido negociando los lotes de lo que era Pantex, un negocio de más 200.000 millones de pesos. Esos terrenos fueron vendidos a multinacionales del sector inmobiliario que construyen edificios para vivienda estratos 4, 5 y 6, y centros comerciales".

    Cabe anotar que este no es el único negocio que en esta perspectiva adelanta la compañía, pues lo que era la planta de su filial Riotex en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, actualmente es el Parque Industrial Fabricato. También son conocidas otras inversiones en Ibagué y Cundinamarca.

    A las 2:15 de la tarde terminó el plantón con la salida de los últimos obreros que cumplían el turno de seis de la mañana. Mientras se dispersaban para sus hogares, se escuchaba entre murmullos el deseo de que el aumento salarial que regiría desde abril de este año y la prima de 300.000 pesos con motivo del centenario de Fabricato, acordados en la convención colectiva del 2019, sean una realidad y no otra promesa incumplida por los dueños de la empresa.

     

     

    Tuesday, 09 June 2020 00:00

    En el barrio nos vemos, Juli

    Por  Blandine Juchs

    "¡Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza, en el barrio nos vemos!", así firma Julián Gil los comunicados y mensaje que publica con regularidad desde que está preso en la Cárcel La Picota de Bogotá hace más de 730 días.

    Julián Gil es uno de los líderes sociales que son víctimas de montajes judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que vincula reconocidos líderes sociales con hechos atribuidos a la insurgencia armada de Colombia. La criminalización es una estrategia utilizada contra el liderazgo social, busca deslegitimar mediáticamente, calumniar y en algunos casos judicializar o hasta asesinar a quienes denuncian el estado actual de las cosas.

    El proceso judicial de Julián ya venía sufriendo numerosas dilaciones por parte de la Fiscalía, quien niega a la defensa el acceso a pruebas esenciales, por ejemplo el testimonio completo de la única persona que lo vincula como autor intelectual de un atentado frustrado. La fiscal se opuso también a que la defensa de Julián tuviera acceso a su propio registro de llamada en los tiempos que sucedieron los hechos por los que se le acusa, y así poder comprobar que no tuvo nada que ver con quien lo acusa.

    La defensa de Julián tuvo que recurrir a la figura de la tutela para acceder a las pruebas. Es uno de los tantos ejemplos de dilación de la justicia colombiana. La pandemia y su efecto en las cárceles empeoró la situación, el sistema de justicia colombiano autorizó el sistema de audiencia totalmente virtual, lo que no ofrece las mínimas garantías al debido proceso. Además de los problemas de conexión, no permite la comunicación entre defendidos y defensores, mientras que si permite que la Fiscalía haga las suyas con los testigos que en la tranquilidad de su casa pueden arreglar sus testimonios. Más grave aún, la cárcel no ofrece las garantías para que los presos puedan salir de sus patios y llegar a las salas de audiencia virtual con mínimas condiciones de bioseguridad. Por ejemplo teniendo la posibilidad de lavarse las manos al regresar al patio. 

    El Movimiento Nacional Carcelario viene denunciando, aproximadamente desde el 19 de marzo, como empeoraron las ya terribles condiciones en las cárceles de Colombia. El hacinamiento es del 154%. La población privada de la libertad supera las 124.000 personas que sufren con regularidad todo tipo de pandemias y el inminente riesgo de muerte.

    A pesar de estas adversidades, Julián se ha mantenido coherente en su labor de líder social, y se ha empeñado en defender los derechos de la población recluida durante estos dos años. Ha destacado por adelantar procesos de formación en Derechos Humanos con distintas ONG’s, profesores universitarios y procesos sociales que han participado de cátedras y cursos para la población carcelaria.

    El caso de Julián es uno de los tantos que han colmado las cárceles en el marco de una política criminal empecinada en que es el castigo social la única forma de dar solución a los problemas sociales, políticos y económicos, sin plantear siquiera verdaderas soluciones a los problemas estructurales que los generan. La actual pandemia ha puesto ante los ojos del mundo la absurda estrategia con la que embutimos a miles de seres humanos para no tener que resolver los problemas de fondo, privando de justicia a las mismas víctimas, puesto que la cárcel nunca garantizará el derecho a la no repetición.

    A lo largo de estos 2 años Julián ha publicado numerosos artículos en medios alternativos sobre la cárcel como proyecto de-socializador, y denuncias y alertas tempranas por violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Julián ha demostrado que desde la cárcel se sigue luchando, como lo destacaron sus amigos, familiares y los procesos populares que los acompañaron durante el fin de semana en que se conmemoró su detención.

    El Proceso Popular Quinua, conjuntamente con la Casa Claret de Bosa, hicieron un nuevo mural reivindicando a Julián, los miembros de la parroquia organizaron una misa virtual (https://www.youtube.com/watch?v=Ar7rULANZ5Q&feature=youtu.be) el domingo 7 de junio, en la cual destacaron el trabajo de Julián a lo largo de su vida, en los procesos juveniles, el acompañamiento a víctimas en varios departamentos del país y su papel en el Congreso de los Pueblos en los últimos años. El Proceso Popular Quinua en entrevista con Contagio Radio hizo un balance de estos dos años, en esta resaltaron que lejos de desmantelar el trabajo, la detención de Julián, en medio del dolor, permitió expandir el trabajo, implicar a la gente de la parroquia en la ayuda a los presos y muchas otras actividades.

    Al no poder reunirse, dadas las condiciones actual los país, amigos y gente comprometida con el caso fueron publicando mensajes en redes sociales (https://www.facebook.com/EnElBarrioNosVemosJuli/), además de los pronunciamientos públicos de varias organizaciones latinoamericanas. En uno de sus mensajes a quienes lo apoyan, Julián manifestó que todos los sufrimiento que hoy padece con su familia, la injusticia y la arbitrariedad que pusieron la vida de su madre en peligro de muerte, y el dolor de no poder ver cómo crecen sus sobrinos con los cuales compartía techo, son los sufrimientos que sufren miles en todo el mundo y en gran parte de Colombia. Julián también alentó a sus seres cercanos a no desistir en la búsqueda de un mundo justo, desde las acciones cotidianas como las redes de recolección de tapabocas y útiles de aseo para las personas privadas de la libertad, las actividades culturales y educativas en el barrio.

    "Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza, en el barrio nos vemos, Juli".

    Por Julián Gil 

    Llenar las cárceles en Latinoamérica parece ser la mejor forma en la que se expresa la política de combate en contra de la pobreza, pero no con la finalidad de acabarla proponiendo mejores condiciones para la vida, sino mediante el ataque directo a los pobres. La imposición de políticas de criminalidad, identifican los mecanismos de supervivencia o protesta como factores que alteran la seguridad y el orden en los Estados, mas no se ubica en el centro el abordaje de los problemas sociales que sustentan los comportamientos delictivos.

    En Colombia esta situación parece cada día profundizarse mucho más, sin importar la infinidad de denuncias, llamados internacionales, o el reconocimiento de un Estado Inconstitucional de Cosas -EIC en cuanto a la situación de las cárceles. La política criminal avanza endureciendo su paso irreflexivo, que encubre los problemas reales que vive la sociedad, ensañándose principalmente con las clases más empobrecidas y marginadas, mientras que a las clases con más dinero se les condona la pena o se les considera irrelevante su delito.  Sujeta a esta se encuentra la política penitenciaria y carcelaria, enfocada en resocializar a aquellos infractores de las normas sociales, y que debe garantizar las condiciones mínimas de vida y herramientas para superar los problemas que les han conducido a infringir la ley, de manera que sean aptos para nuevamente estar en la sociedad.

    Analizar esta política penitenciaria y carcelaria es acercarse a la piedra angular del funcionamiento del Estado y de la sociedad colombiana, pues permite comprender el sometimiento de la soberanía nacional a las directrices estadounidenses en cuanto a la política criminal, la violencia sistemática que habita en los territorios y la utilización de esta por el Estado para el cumplimiento de los intereses de las clases dominantes.  La estructural pobreza que no deja más opciones que participar en alguna ramificación de la violencia, la corrupción o la delincuencia, así mismo la corrupción estructural que habita en todas las instancias del gobierno nacional, que somete a miles de personas a tratos indignos con el único interés de mostrar resultados y llenar algunos bolsillos;  dejando en evidencia las orientaciones propias del modelo neoliberal, que restringe los derechos de los ciudadanos y rezaga la garantía de derechos (Navarro, 2005).

    En este texto presentaré un somero análisis del documento CONPES[1] 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria de Colombia para el cuatrienio 2015-2019. Para ello me permitiré, en un primer momento, hacer una revisión de los propósitos y las pretensiones de esta sobre la población carcelaria; segundo una mirada a algunos informes de derechos humanos y a las sentencias de la corte suprema de justicia; y por último, plantear algunas conclusiones a modo de reflexión y apertura de la discusión.

    Propósitos y aspectos generales de la Política Penitenciaria y Carcelaria

    La política penitenciaria y carcelaria tiene la central pretensión de satisfacer la “demanda” de cupos producidos por la política criminal. Propone atender aspectos que inciden directamente en los “centros penitenciarios, tales como la adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos; el mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad; y la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado (CONPES, 2015, pág. 56).

    De la implementación de esta política pública en el cuatrienio comprendido entre 2015 a 2019 se espera la reducción de la tasa de hacinamiento en 7 puntos porcentuales; una disminución en la relación entre sindicados y condenados[2] de 9; la generación de 11. 843 cupos penitenciarios y carcelarios mediante obra pública a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC; y, 7200 nuevos cupos bajo el esquema de asociaciones público privadas; el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario y carcelarios con un aumento en las salas de audiencias de 88 a 645 al finalizar el cuatrienio, así como la disminución en hasta un 80% de la extorsión que se produce desde las Estructuras de Reclusión de Orden Nacional-ERON.

    Pretende instaurar una racionalidad en el uso de medidas privativas de la libertad, el mejoramiento de los programas de resocialización de la población privada de la libertad, y la implementación de soluciones para las personas detenidas preventivamente, con el fin resocializador de la pena. Responsabilidad que recae principalmente en el Ministerio de Justicia, seguido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC; entidad que debe garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad al proveer alimentación, servicios de salud, vigilancia e infraestructura; finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia-INPEC quien asume la tarea de vigilancia y custodia, y que en algunos pocos casos es asumida por entidades de seguridad privada.

    Importante resaltar que el presupuesto calculado por la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario -Fecospec para quienes tienen prisión intramural, ronda los $13 millones por persona (Ojeda, 2018). Es decir, en promedio, por cada preso, el Gobierno destina en su Presupuesto Carcelario del Ministerio de Justicia, $1.092.000 mensuales; lo equivale a un aproximado de $132 mil millones de pesos al mes, y $1.3 billones al año.  

    Es posible revisar la división mensual de los $132.000 millones destinados por el gobierno para el mantenimiento de los presos: primero, $54.267 millones de pesos pago de nómina INPEC; segundo, $37.968 millones de pesos bienes y servicios contratados a terceros donde se incluye la alimentación de los internos, cuya cifra es de 28 mil millones de pesos al mes; tercero, $13.527 millones de pesos Gastos Generales, en donde se incluyen los Servicios Públicos, Mantenimiento, Transporte de Internos y compras de Muebles y Enseres; cuarto, $8.355 millones de pesos Gastos de Ocupación Laboral y Atención a los Reclusos, donde están incluidos los servicios de salud; y por último, $17.000 millones de pesos en nuevas construcciones o reparaciones locativas.

    Siguiendo este punto y pensando en la pretensión de garantías de derechos contenida en esta política pública, del rubro de $28 mil millones de pesos al mes destinados para alimentación, se estima que se asigna a cada preso $232.128 mensuales, cifra que, por día, equivale a $7.738 y por comida es de $2.579 pesos (Mantilla, 2016). Monto que denota un abandono en relación al costo de vida. 

    Puntos de análisis

    Esta política pública supone la búsqueda de garantías efectivas de derechos básicos como el acceso a la salud, la alimentación digna, acceso a la justicia y la resocialización (función social de la cárcel). Sin embargo, como lo ha manifestado la Corte Suprema de justicia en la sentencia T-338 de 2013, existe un Estado Inconstitucional de Cosas-EIC en el sistema penitenciario y carcelario por las condiciones en la que estaban viviendo los reclusos; razón por la cual, se expidieron órdenes y mandatos generales y específicos para poder remediar la situación; así mismo, en el año 2015, la Sentencia T–762 reiteró el EIC.

    Con estas sentencias se realizó un recuento de los derechos que son violados a las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios; hace énfasis en la protección diferenciada que se le debe dar a estos; y define el problema de la situación penitenciaria y carcelaria como un problema estructural y complejo.  Ahora, con la sentencia T - 762 del 2015, además de reiterar el EIC, expuso que el gran aumento del hacinamiento en estos centros penitenciarios equivale a una política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, etc. (Prisiones, 2019).

    Es preciso señalar que el hacinamiento carcelario que está presente en la mayor parte de los países latinoamericanos, es un problema que genera sufrimiento a miles de personas privadas de libertad. De la misma manera, el estado de las infraestructuras penitenciarias y las innumerables condiciones deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos “comprometen la posición del Estado como garante de derechos fundamentales” (Arenas & Cerezo, 2016).  Este no es un fenómeno aislado, sino que se trata de un modelo globalizado que hace presencia tanto en los denominados países desarrollados como en los que se encuentran en vía de desarrollo, que, en el caso colombiano, se caracteriza por un incremento alarmante en los últimos años, debido a las reformas legislativas que crean nuevos delitos, aumentan las penas,  y restringen beneficios y subrogados penales.[3]

    De acuerdo a informes presentados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, se calcula que a la fecha existe una población de 122.417personas que habitan en los 137 centros carcelarios, pero que cuentan con una capacidad para 80.373, lo que significa un hacinamiento equivalente al 52.3% (INPEC, 2019, pág. 24). Particularizando, hay regiones donde este índice de hacinamiento llega hasta un 372 % como es el caso de Riohacha, que tiene una capacidad para 100 personas y es habitada por 474 (2019, pág. 28).  

    Es decir que, a junio de 2019 la situación que pretendía resolver la implementación de esta política pública, se podría calificar como ineficiente, pues los índices de hacinamiento no han podido ser resueltos; y de acuerdo al crecimiento anual de la población privada de la libertad la generación de nuevos cupos no da abasto, y en relación a la generación de los 11.843 cupos penitenciarios y carcelarios no se cumplió ni la mitad, llegando solo a 2.420 cupos (2019, pág. 25).  

    Según informe del Comité Internacional de la Cruz Roja-CIRCn 25 años el problema del hacinamiento ha pasado de 1.7 al 52.3% en relación a las cifras presentadas por el Inpec en junio de este año; asunto que bien puede relacionarse con la represiva política criminal que ha multiplicado el uso de la prisión preventiva (Kooyman, 2018). 

    En este mismo informe de la CICR presentado el 21 de marzo de 2018, se manifiesta que la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente. Falta espacio de esparcimiento y resocialización. La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento, además, el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan en evidencia la dificultad para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas, pues la demanda real que se estima por el mismo INPEC equivale a la contratación de 40.000 empleados para dar cobertura a las actuales necesidades (Kooyman, 2018).

    En el cuarto informe de seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, se concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que es imperativo que el Estado implemente una estrategia para reformar la política criminal y superar el Estado Inconstitucional de Cosas de las cárceles y el sistema penitenciario.  Es evidente una crisis humanitaria con la negación de una alimentación digna, limitado o inexistente acceso a la salud, y limitado acceso a la justicia, llegando a tratos inhumanos y denigrantes.

    En cuanto a la garantía del derecho a la salud, es claro que existen muchos problemas, como la falta de personal médico y una adecuada infraestructura. También es recurrente la escasez de medicamentos e insumos en ciertos establecimientos y hace falta una política de prevención de enfermedades. Conjuntamente, hay dificultades de acceso a la justicia y a la administración en las diferentes fases de criminalización, que incluyen la falta de una defensa penal efectiva en la fase de judicialización, o la aplicación adecuada de beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional, entre otros.  Además, de estos elementos se devela la incipiente implementación de un enfoque diferencial en el sistema penitenciario; se mantiene un irrespeto generalizado de los derechos de las poblaciones vulnerables con necesidades especiales, como las mujeres, las personas con discapacidad, la población mayor o la población LGBTI (Dejusticia, 2018).

    Todo este cuadro se agrava ante el aumento de la tasa de personas que va a la cárcel, y esto no corresponde a una completa construcción de garantías humanas en los centros de reclusión.  De manera que, de cada 100 mil personas, 391 se encuentran privadas de la libertad, y esta cifra, comparada con otros años, demuestra un aumento de los niveles criminalidad; situación que se presenta incongruente con respecto a la necesidad actual de 42.044 nuevos cupos en relación a la tasa de hacinamiento actual. Los 11.243 cupos nuevos son insuficientes para garantizar las necesidades de espacio físico y condiciones mínimas de vida. 

    Por otra parte, es importante señalar la estratificación o categorización social, de acuerdo a la capacidad socioeconómica de los reclusos, en la garantía de sus derechos básicos. Indistintamente, la criminalidad de acuerdo al enfoque de la justicia colombiana, se encuentra alojada mayoritariamente en los estratos más bajos de la sociedad; para lo cual se han diseñado centros carcelarios que no garantizan mínimos para vivir en dignidad; y para aquellos casos “excepcionales” de corrupción burocrática o delitos de las clases altas de la sociedad, existen otro tipo de centros de reclusión, donde no sólo se garantizan sus derechos, sino que hay espacio para opulencias o excentricidades de acuerdo a sus capacidades económicas.

    En este mismo sentido, es importante resaltar que el diseño de estas cárceles no corresponde a la garantía de mínimos vitales, tal como lo indica el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en su Informe la implementación de nuevas cárceles en Colombia (FCSPP, 2012), refiriéndose a la Estructura de Reclusión de Ordena Nacional- ERON picota:

    “tiene grandes errores en su diseño; las personas detenidas deben estar encerradas en cuatro paredes las (24) horas del día; pues la cárcel no cuenta con un patio al aire libre, realizan todas sus tareas bajo una luz dura fluorescente que titila con frecuencia dificultando la lectura y aumentando el estrés. Los que quieren ver el sol tienen que acercarse a las mallas, donde por supuesto no caben todos. ¿A quién se le ocurre diseñar y construir cárceles sin un patio al aire libre? Al INPEC y sus asesores expertos del bureau de prisiones de los EE.UU” (FCSPP, 2012, pág. 14) .

    Construcciones que agudizan la carencia de condiciones para la resocialización, dado el reducido espacio para el desarrollo cotidiano de la vida; destacando el tamaño limitado de las celdas, la ausencia de sistemas de ventilación, la inexistencia de espacios comunes suficientes, la imposibilidad de creación de talleres de trabajo y demás áreas educativas que sean adecuadas para los fines resocializadores de la pena, la ineficiente evacuación de aguas residuales, la permanente obstrucción de las cañerías y el consecuente aumento de malos olores, y la deficiente prestación de los servicios de salud.

    Apuntes para la reflexión

    Es preciso problematizar la Política Criminal en relación a la Política Pública Carcelaria y Penitenciaria que estamos analizando, resaltando que en los principales resultados de la política criminal queda en evidencia los efectos negativos que han ocasionado en la política penitenciaria y carcelaria, y la urgente necesidad de una nueva orientación.  Pues si bien esta segunda busca garantizar unos mínimos vitales para las personas privadas de la libertad, no es ni va a ser suficiente, dado el endurecimiento de la primera. En lo que se puede inferir que se mantendrá sistemáticamente una violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y no alcanzará una cobertura total o universalidad en su implementación; es más, se tiende a agudizar la focalización de estas mejoras paliativas (Tavares, 2019, pág. 9).

    El enfoque de castigo sin ningún tipo de cuidados a las personas, ni garantías sociales, además de una política criminal tan agresiva, en donde se da una sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social, sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad, contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. Todo esto no apunta a lograr una real solución de los problemas que se viven en la sociedad. Las cárceles no brindan reales soluciones a los problemas estructurales que enfrenta la sociedad colombiana.  

    Como señala Elke Kooyman, un rediseño de la política criminal, así como de la política penitenciaria y carcelaria, debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad. Como se desarrolla la política carcelaria en Colombia es insostenible. La política pública no debería enfatizar solamente en la construcción de nuevos cupos, sino también en la garantía de los mínimos vitales para las personas privadas de la libertad.

    Es importante destacar el papel de las organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos, la Red Comunitaria Trans, las asociaciones de familiares como la Asociación de Familiares de Presos- ASOFAMIPRE, las organizaciones de personas privadas de la libertad como el Movimiento Nacional Carcelario, también el papel de las mismas instituciones garantes de los derechos sociales como la Defensoría del Pueblo en la labor de denunciar, exigir y cuidar la vida como valor máximo en la sociedad. Mucho más en las condiciones oprobiosas a las que somos sometidas miles de personas en el mundo, bajo el argumento de cumplir con el orden social y el cuidado del statu quo.

    Wednesday, 03 June 2020 00:00

    Libro Kurdistán

    Kurdistán, la nación soñada

    Autor: Victor de Currea-Lugo

    Páginas: 158

    El pueblo kurdo sobrevive y se fortalece en medio de las fronteras que separan y las guerras que los rodean. Este libro es un viaje, de la mano del autor, por las organizaciones y conflictos armados que enfrenta la población kurda en Turquía, Irak y Siria. Allí se recoge las voces de las comunidades y de sus líderes que recrean el rigor del exilio, la persecución, los genocidios en su contra, las batallas recientes y más antiguas, así como sus apuestas políticas para avanzar hacia su nación soñada.

     

    Costo: $ 30.000 (sin envio)

                                                       $ 35.000 (con envio a las principales ciudades.)

     

    El libro estará disponible a partir de la cuarta semana de junio de 2020. 

     

    CONTACTO PARA LA COMPRA

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    321 852 92 21 (WhatsApp)

    Monday, 01 June 2020 00:00

    Retratos de una cuarentena

    Por Álvaro Lozano Gutiérrez - Colectivo Alebrijes

    Todo comenzó como algo ajeno, como algo que siendo de otros no nos puede tocar. La noticia se mezclaba con los chismes del día o con la cotidiana violencia a la que nos acostumbramos. Por eso no fue difícil la indiferencia, esa sensación que nos dice que algo está pasando pero que alguien más lo tendrá que arreglar. Después supimos que la enfermedad había llegado a Europa y comenzaba a azolar sus centros cosmopolitas. De nada valió el cierre de las ciudades o la prohibición de viajar: la aldea global se convirtió a la postre en el mejor caldo de cultivo para la muerte que vendría y también para el miedo. A continuación contemplamos los féretros embalados en camiones militares, las fosas interminables de Nueva York y los cadáveres pudriéndose en las calles de Guayaquil . A veinte años de comenzar este siglo la covid-19 se enseñoreaba como el primer fenómeno global desde el fin de la Guerra Fría: una infección sin control, una peste, una pandemia.

    ***

    Los primeros días fue una locura de verdad. La gente compró todo el papel higiénico que pudo y eso hacía reír un montón. Pero también se llevaron la leche, los enlatados, los granos, las harinas y cualquier cosa que pareciera que iba a escasear o acabarse. Vea, fue como en las películas de zombis donde todo el mundo se vuelve loco e intenta salvarse como pueda. En el supermercado donde trabajo las filas se extendían hasta cinco o seis cuadras y para el primer fin de semana ya uno veía las estanterías vacías.


    Yo me asusté mucho porque la quincena estaba lejos. A diferencia de las personas que atiendo todos los días, no tengo ahorros que se digan significativos. Creo que quienes no vivimos la guerra en carne propia le tenemos mucho miedo al hambre. Uno veía pasar gente mayor contando las monedas para pagar un paquete de arroz o unas latas de atún. Yo me sentía culpable pero también impotente. Todavía pienso que uno está parado al borde de un abismo y que una cosa como esta sacude el mundo para dejarnos ver lo frágiles que somos.

    ***

    A uno le dicen “reinventese”, pero uno se reinventa con capital. Esto no es tan fácil, ni es de economía naranja. Lo que hoy está en riesgo son las condiciones materiales de la vida… la vida de las personas.

    A mí me echaron con la primera oleada (así le llamamos los que perdimos el trabajo en los primeros quince días), y aunque antes había enfrentado el desempleo, esta vez la cosa era más dura. Mis amigas me decían que estaban aguardando la quincena o que les definieran algo y por la voz se les adivinaba el terror. Después todas quedamos igual: sin trabajo y en muchos casos respondiendo solas por la familia completa. Pasados veinte días ya no tenía a nadie a quien acudir, mis conocidos a duras penas sobrevivían. Al fin, vencida, puse una bandera roja en la ventana esperando que tal vez el gobierno o la alcaldía nos asignaran alguna ayuda. Pero nada, lo que nos dijeron es que no salíamos en las listas.


    Banderas rojas por todas partes, era desesperante salir de la casa y ver esos benditos trapos pegados en las ventanas. Con los vecinos y algunos de los líderes del barrio decidimos salir a protestar. Y no, lo que nos mandaron fue la policía a darnos garrote. La alcaldesa decía que era una mentira para desprestigiar su gobierno que apenas comenzaba… claro no tener con qué comer o pagar arriendo es una forma que tenemos los pobres para dañar la imagen de los políticos. A mí me llevaron a la estación de policía y me preguntaron si yo era desmovilizada de las FARC o militante de la izquierda… lo único que les dije es que soy militante de mi familia.

    ***

    Yo no quiero que me saquen por televisión o que el alcalde me dé una medalla. Siempre me han mirado como un delincuente, yo me doy cuenta. Lo que queremos con mis parceros es darle a la gente una ayuda, no mucho porque no tenemos millonadas. Una panela, unas bolsas de arroz o algo para que no pasen el día en blanco.


    ***

    Uno no sabía que pensar… cada quien decía una cosa diferente y salía con informaciones sacadas no se sabe de dónde. Yo me la he rebuscado en la calle desde hace casi seis años cuando ya por la edad me fue imposible conseguir trabajo. Lo último que vendí fue incienso y bolsas para la basura. Ese domingo me di cuenta que las cosas no estaban bien… estaban mal como siempre pero de otra manera. En un restaurante me compraron algunas bolsas y me dieron monedas… la gente me miraba con lástima, como si supiera que me iba a morir rápido. Al fin salí a un parque y me puse a llorar… esto es muy berraco.


    No aparezco en las listas del gobierno nacional, ni en las de la alcaldía y mucho menos en las de ayudas a la tercera edad. Eso sí, siempre he estado en las de votaciones y creo que incluso voy a figurar todavía cuando me muera, eligiendo algún politiquero. Ahora estoy vendiendo tapabocas y pañitos. Si le soy franco me da miedo salir a la calle y arriesgarme, pero los pobres no tenemos alternativa. Si no salgo no como y punto.


    ***

    Para mí la calle es un lugar de peligro, pero principalmente de trabajo. Lejos de los grandes locales de prostitución donde quien te explota pone protección a su negocio. Salir es arriesgarse a una agresión o a la muerte. Ahora con el virus no es diferente.


    ***

    Y es que el aislamiento no es igual para todos. La cultura de la banalidad lo convierte en un espectáculo donde estrellas de cine dan recetas para salir de la rutina, formulas infalibles para bajar de peso o terapias para enfrentar el estrés por encontrarse de este lado de la puerta. Un mundo ya habituado a interactuar por redes sociales ha transformado el sufrimiento de los otros en el tema del día o el #Hashtag para figurar en una tendencia. Los que mueren son los otros. Otro es encerrado en un sótano con apenas comida a cambio de cuidar un edificio y no perder su empleo. Otro debe recorrer kilómetros para acceder a internet y poder estudiar. Otro es quien deambula en las calles sin el privilegio de quedarse en casa. Y ese otro somos todos, quienes podremos construir un mundo mejor a partir de las ruinas y de la esperanza.

    El Acuerdo de Paz vive su momento más crítico: con el de Robert Hurtado son en total 197 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos, 118 de ellos durante la presidencia de Iván Duque; la implementación no arranca, pero el gobierno insiste en medidas como la erradicación forzada que van en contravía de lo negociado; y el Ministro de Defensa dijo, al parecer en son de advertencia, que el país debería estar dispuesto a renegociar el acuerdo. A pesar de todo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y Sandra Ramírez están convencidos de invertir todas sus energías en el proceso de paz.

    Sandra participó en las negociaciones de La Habana y es una de las voces que representan al partido en el Congreso. Nació en La Paz, Santander, tierra que huele a dulce de guayaba, y es hija de quien fue el enfermero y partero de su vereda. Estudia sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y aún no logra adaptarse a los vericuetos de las plataformas virtuales.    

    Hoy se cumplen 56 años de la fundación de las FARC-EP, guerrilla devenida a partido político, Periferia habló con la senadora, y compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, para conocer cuál es el futuro que vislumbra ella para la paz y para el partido:

    Pregunta: No es un momento nada dulce para el proceso de paz.

    Respuesta: El acuerdo es la mejor obra reparadora para la sociedad colombiana que se haya firmado. Nosotros tenemos un universo de casi nueve millones de víctimas directas del conflicto. Pero hay víctimas de la pobreza, víctimas del modelo económico. El acuerdo tiene un espíritu transformador para alcanzar una sociedad reconciliada, y un país más justo, equitativo, en paz, un país en el que se garantice la vida. Eso es el acuerdo.

    Desafortunadamente hoy el partido que está en el poder es el mismo que cuando estábamos en La Habana se opuso totalmente, el mismo partido que hizo una campaña con mentiras por el no en el plebiscito. Hace poco citaron un debate en el Senado de la Republica, no para hablar de los incumplimientos del Estado, al que le corresponde cumplir con la implementación, sino para hablar de los incumplimientos de las FARC-EP, de una guerrilla que ya no existe.

    Este mismo partido es el que ahora está pidiendo renegociar el acuerdo. ¿Con quién lo van a renegociar, con las FARC-EP que ya no existen? ¿Con los países garantes, o con los países acompañantes? ¿Con la ONU? ¿Con quién? El acuerdo es una herramienta de lucha legal para la sociedad colombiana, para que con ella presione las transformaciones en todos los aspectos de la vida política, social y económica de nuestro país.

    P: ¿Por qué a la elite política y económica representada en el partido de gobierno le da tanto miedo implementar el acuerdo?

    R: Esta clase política que ha gobernado a Colombia durante 200 años se ha sostenido en el poder con violencia. Ha usado todas las formas de violencia y de guerra sucia contra la gente. Está aferrada al poder. Pero lo otro es el temor a la verdad. Esta clase política corrupta, violenta, le teme a la verdad, porque el día que se sepa la verdad, el país se va enterar de todo lo que han hecho para sostenerse ahí. Además la guerra da muy buenos dividendos, y esta clase política también se ha beneficiado con los dividendos que da la guerra. Ha vivido de la guerra, se ha hecho rica con la guerra y se ha sostenido en el poder con la guerra.

    P: ¿Cómo afectan los incumplimientos y los ataques a los acuerdos en la moral de los reincorporados?

    R: Tenemos una dificultad grandísima y esa es la que nos tiene pensativos: no tenemos garantías de vida. Tenemos un exterminio de los firmantes de la paz y eso preocupa, y preocupa muchísimo. No tenemos lo esencial para poder cumplir con los acuerdos. No sabemos qué es lo que no están cobrando. Nosotros firmamos un acuerdo para construir con él una nueva sociedad, para hacer nuestro proceso de reincorporación, de reconciliación, pero no para que nos asesinen por estar dentro de las comunidades, por ejecutar proyectos productivos junto a las comunidades. Estamos en proceso de solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    P: ¿Pero la voluntad de los reincorporados sigue en pie?

    R: Tenemos mucha esperanza de que la situación cambie con la presión y la solidaridad de la comunidad internacional. La gente sigue ahí en los territorios. Quien ha vivido la confrontación directa no quiere y no va volver a la guerra. Tendría que ser demasiado fuerte la agresión o la amenaza para que se cambie de opinión. Hicimos un proceso y el compromiso es que aquí estamos y aquí nos quedaremos, y desde aquí seguiremos con nuestra lucha. La lucha con la palabra en la mano, con la razón, y junto a la gente. De la mano de ellos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una mejor sociedad, más justa y equitativa.

    P: ¿Es el congreso un escenario desde el que se puedan impulsar las luchas que defendían cuando estaban en la guerrilla?

    R: Estar en el congreso es importante. Desde ahí hemos iniciado una relación con diferentes actores de la sociedad: con los profesores, con los sindicatos. También  relación con otros sectores progresistas con los que conformamos la bancada de oposición. Y eso es significativo porque exactamente eso es la democracia, que se le de la participación al opositor. Ya no somos enemigos somos contradictores políticos. En esa construcción de nuevo país nos necesitamos todos, porque todos tenemos ideas, todos tenemos visiones. La presencia nuestra en el Congreso es la posibilidad de empezar a abrir camino a la democracia participativa, incluyente y directa en nuestro país. Y por estar en estos puestos representativos, donde exponemos nuestra posición, por eso no se nos tiene que asesinar.

    El Congreso ha sido un Congreso muy polarizado, eso no nos ha permitido avanzar en temas esenciales y sensibles para la sociedad. Sectores de la derecha han convertido el Senado en una discusión interminable de polarización, que desafortunadamente en el territorio se ha traducido en muerte. Estamos tratando de avanzar en otros aspectos. 53 senadores presentamos una proposición de renta básica o mínimo vital para la vida ante el gobierno nacional y el Congreso. Si no avanza, vamos a radicar un proyecto de ley.

    P: La asamblea del partido iba a realizarse en abril, ¿cuáles son las discusiones y decisiones que tendrán lugar en esa asamblea?  

    R: Una de las decisiones que vamos a tomar, y que vamos a poner en consideración de los delegados, es el cambio de nombre. Tenemos propuestas para que los delegados sean quienes decidan el cambio de nombre. Y tenemos unas tesis que se han llevado a las comunas y a los consejos departamentales para que las estudien, para que propongan, para que las tesis que se van a convertir en guías sean participativas. Hay otras propuestas como reducir la dirección que es demasiado grande. Hacerla mucho más operativa. Vamos a hacer un análisis profundo de la coyuntura. De las posibilidades y las no posibilidades que tenemos en esta lucha por el voto, que es de la que ahora nos toca ocuparnos y aprender, porque no sabíamos.

    P: ¿Es cierto que hay divisiones al interior del partido?

    R: En el partido hay unas lecturas diferentes, por supuesto. Simplemente invitamos a esos compañeros a que esas diferencias las discutamos en las instancias internas de participación. Cuando tú tienes un mecanismo interno y haces una discusión de las lecturas de la coyuntura, del acuerdo, de la implementación, eso lo que hace es enriquecer. Ninguna organización  ha desaparecido por recibir una crítica o hacerse una autocrítica. Al contrario, eso fortalece. Nosotros somos de la línea del centralismo democrático. De que la minoría se suma a la mayoría. No ahora, sino desde que nacieron las FARC en 1964. Nosotros no somos partidarios de esas discusiones que se dan en los medios, para eso tenemos los mecanismos internos. Sí tenemos diferentes lecturas. Hay gente que se ha retirado del partido. El partido no puede ser nunca una camisa de fuerza, aquí se llega voluntariamente y también se retira voluntariamente. Antes cuando éramos una guerrilla se cumplían órdenes, ahora aquí no se cumplen órdenes. Estamos en un proceso de estructuración, también de crecimiento.

    P: ¿Cambiar el nombre es la posibilidad de hablarle a personas del común que no hacen parte de las bases pero con la que pueden coincidir en sus luchas y apuestas?

    R: Nosotros en el primer congreso votamos por la sigla, porque para nosotros la sigla representa resistencia, representa la sangre de muchos compañeros nuestros que murieron en combate, que murieron en bombardeos soñando un país diferente; un país, como decía Marulanda, donde quepamos todos. No pensamos bien, no hicimos un análisis profundo del estigma que realmente había sobre esa sigla de las FARC. Algunas personas dijeron hasta aquí los acompañamos y se fueron, se fueron a una aventura. Muchas personas del común, hasta senadores de la derecha, nos han dicho: “señores, mejor cámbiense el nombre”. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar el nombre del partido para evitar esas confusiones y ese estigma.

    P: ¿Cuál sería la orientación que daría Manuel Marulanda en estos momentos?

    R: Estoy segura que si aquí estuviera en este momento, estaría junto a nosotros pensando cómo resolver todas las dificultades que día a día se nos están presentando. Pensando en la implementación del acuerdo, en la reforma rural, en la participación política, en la reincorporación, en las garantías de vida que necesitamos. Aquí estaría con nosotros ayudándonos con su enorme experiencia para avanzar hacia la construcción de la paz, porque él era un hombre de paz.

    Wednesday, 20 May 2020 00:00

    ¡Símbolos de dignidad!

    Por Renán Vega Cantor

    Estos impactos tienen efecto boomerang: reviven a nuestros héroes, y nos recuerdan las alertas que ambos nos legaran sobre la naturaleza del naciente imperialismo del Norte. Los balazos a las estatuas y bustos de nuestros mayores, no los hieren, los revitalizan y enaltecen. Son heridas que todos compartimos y sentimos como propias, irradian coraje y vergüenza y nos estimulan a defender sus ideas, principios y nuestra Cuba soberana.

    René González Barrios

    Las agresiones de todo tipo que llevan a cabo los Estados Unidos en diversos lugares del mundo, entre los que sobresalen los países de Nuestra América, han sido una constante histórica desde hace dos siglos. Aparte de la destrucción, sufrimiento, muertos y heridos que dejan esas agresiones imperialistas, también se llevan a cabo ataques premeditados contra los símbolos que representan el sentido de independencia e identidad de los países agredidos. Existe una política deliberada, para nada accidental, por parte de Estados Unidos de destruir los símbolos de un país, al mismo tiempo que lo ocupa, invade, se apropia de sus riquezas materiales y esclaviza a sus habitantes. Lo acontecido en Irak es un terrible ejemplo, si recordamos que a la par que se ocupaba el territorio se destruía el patrimonio cultural e histórico de pueblos milenarios, como se evidenció con el arrasamiento de museos y bibliotecas en los que se hallaban riquezas bibliográficas y documentales, así como legendarios artefactos materiales, que desaparecieron en una noche de niebla al más puro estilo nazi. Esa destrucción cultural busca derrumbar las bases simbólicas sobre las cuales se sustentan la identidad de una nación.

    Desde este punto de vista, la destrucción material se complementa con la destrucción espiritual con el objetivo es derruir los soportes simbólicos que estructuran la vida de un pueblo, máxime cuando esos símbolos expresen el deseo irredento de independencia y soberanía. Con esa guerra a los símbolos, Estados Unidos demuestra que está dispuesto a arrasar con lo que encuentre a su paso y, al mismo tiempo, sabe que con esos procedimientos aumenta la desmoralización de los agredidos. Esto no quiere decir que el ataque a los símbolos impida la rebelión y resistencia contra las fuerzas imperialistas y, dependiendo de la capacidad de lucha de los agredidos, puede convertirse en un factor adverso para los atacantes, si estos no pueden obtener un provecho inmediato, como lo veremos en los dos acontecimientos que relatamos en este artículo.

    Estas consideraciones vienen al caso para evocar dos hechos ligados a las agresiones que Estados Unidos viene efectuando contra Cuba de manera ininterrumpida desde 1959, y han dejado heridas simbólicas, literalmente hablando, de una gran actualidad, por lo que expresan en sí mismas y porque los dos hechos mencionados, con una diferencia de 59 años, tienen coincidencias que permiten entender en la larga duración el carácter criminal del imperialismo estadounidense, el cual no se ha modificado ni un ápice en las últimas seis décadas.

    Pero los hechos aludidos también demuestran que los símbolos atacados se convierten en una importante fuente de resistencia a la dominación imperialista, en la medida en que su permanencia misma los convierte en una imagen visible y reveladora de la agresión, que se mantiene a lo largo del tiempo, como si de la pieza de un museo vivo se tratara, para mostrar en forma directa y sin intermediarios, la alevosía destructiva de los Estados Unidos.

    15 de abril de 1961: Invasión a Bahía Cochinos y tiroteo al busto de Antonio Maceo

    Con la soberanía nacional obtendremos nuestros naturales derechos, la dignidad sosegada y la

    representación de pueblo libre e independiente.

                                                                                                                                        Antonio Maceo

    El 15 de abril de 1961 se efectuó la invasión de los mercenarios a Cuba, financiados, armados y organizados por los Estados Unidos, que pretendían detener el avance de la revolución. Las operaciones, apoyadas directamente por la CIA, se iniciaron con bombardeos realizados por aviones de mercenarios, portando las insignias de la Fuerza Aérea Revolucionaria, que despegaron desde Nicaragua, contra la base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el aeropuerto internacional Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. Con este ataque artero se pretendía destruir la reducida flotilla de aviones que tenía Cuba, como forma de facilitar el desembarco y avance de los contrarrevolucionarios de la Brigada 2506. Como resultado del ataque al aeropuerto de Santiago de Cuba fueron alcanzados siete aviones y fue averiada la Torre de Control.

    Durante el bombardeo fue atacada la estatua de Antonio Maceo y Grajales, cuyo nombre honra a este aeropuerto. Una bala calibre 30 disparada desde el aire atravesó el busto del general de la independencia de Cuba. Este ataque se constituyó en algo así como el segundo asesinato del líder independentista. Recordemos que Antonio Maceo (1845-1896), conocido como el Titán de Bronce, fue un luchador indoblegable contra el colonialismo español, al que enfrentó con las armas en la mano durante dos guerras: la de los Diez Años (1868-1878), y la guerra final de independencia (iniciada en 1895) y durante la cual perdió la vida en 1896. De forma indirecta también participó en la Guerra Chiquita (1879), en la que no se le concedió el mando por el racismo de otros jefes insurreccionales.

    Maceo era hijo del venezolano Marcos Maceo y de Mariana Grajales, de origen dominicano, y había nacido en 1845. Durante la guerra de independencia fue, junto con el dominicano Máximo Gómez, el principal conductor militar de la invasión a oriente. El 7 de diciembre de 1896, en Punta Brava Maceo fue herido y rematado a machetazos por la tropa española.

    Maceo se distinguió por ser un militar de temple que defendía además de la independencia la libertad de los esclavos, en concordancia con sus orígenes raciales, y por haber soportado en carne propia la discriminación y el racismo. Maceo no fue solamente un extraordinario estratega militar, sino también un pensador que señaló con convicción que “La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide; mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos”. También había hecho una premonitoria advertencia, que se proyecta hasta el día de hoy: “Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”.

    Con estos antecedentes, resulta evidente que el busto de Antonio Maceo fue acribillado en forma premeditada, en la medida en que simbólicamente encarna el ideal de libertad, independencia de Cuba y socialmente los sentimientos emancipadores de la población negra. Para los mercenarios financiados por los Estados Unidos al dispararle a Maceo se estaba atacando a una figura que representa lo más genuino de la nación cubana, entre cuyos méritos sobresale su independencia y autodeterminación.

    Pero como la invasión resultó siendo un fracaso absoluto, la estatua de Antonio Maceo se ha mantenido en pie en el mismo lugar que estaba cuando la atacaron los agresores ese 15 de abril de 1961. Se mantiene invencible como fue la trayectoria del luchador popular contra el dominio colonial. Mejor aún, el orificio que atravesó la estatua se ha convertido en un nuevo símbolo de la resistencia y deseo de independencia indoblegable de Cuba. Por eso, allí en ese Aeropuerto se yergue como imagen de dignidad, mostrando su herida No. 27 como símbolo de resistencia, herida que se le causo 65 años después de muerto, puesto que en vida durante su lucha contra los colonizadores españoles fue herido en 26 ocasiones. Esa herida abierta es un símbolo de la resistencia a la dominación de los Estados Unidos en nuestra América que Cuba encarna con altivez y gallardía.

    30 de abril de 2020: Ataque a Embajada de Cuba en Estados Unidos y tiroteo al busto de José Martí

    (...) Patria inaugura, en el número de hoy, una sección permanente de «Apuntes sobre los Estados Unidos», donde (...) se publiquen (...) aquellas calidades de constitución que, por su constancia y autoridad, demuestran las dos verdades útiles a nuestra América: –el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos– y la existencia, en ellos continua, de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos”.

                                                                                                                                      José Martí

    59 años después, el 30 de abril de este año fue atacada con armas de fuego la sede de la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Este ataque tampoco es accidental, y responde a las continuas agresiones de la primera potencia mundial, incrementadas en los últimos meses, como parte de la política de doblegar al país caribeño. En la madrugada del jueves 10 de mayo fue alcanzado por 32 disparos la sede de la Embajada, sin que ninguna autoridad policial o militar de Estados Unidos lo impidiera. Después del ataque con un fusil de asalto (algo típico en la política de muerte cotidiana que caracteriza la vida interna de los Estados Unidos) fue detenido el agresor, un individuo de origen cubano y residente en Texas, identificado como Alexander Alazo. Este individuo quien afirmó que si hubiera salido el Embajador de Cuba o algún funcionario de la sede atacada le hubiera disparado a matar por considerarlo su enemigo, portaba una bandera de Cuba con una confusa e incoherente leyenda (en inglés), pero cuyo sentido profundo si se puede evidenciar: “Deja de mentirle a la gente. El respeto. Trump 2020. Estados Unidos, Tierra y Familia”.

    Lo que queda claro en el confuso mensaje es el apoyo a Trump y allí se encuentran los nexos con los ataques que desde las altas esferas del poder en Estados Unidos se han orquestado contra Cuba en los últimos meses y han arreciado la permanente política hostil del imperialismo, contra la isla caribeña iniciada hace 61 años y que prolonga los apetititos colonialistas de Estados Unidos que comenzaron en las primeras décadas del siglo XIX.

    En el ataque al edificio de la Embajada, en teoría protegido por Convenios Internacionales, se dispararon 32 proyectiles de un fusil AK-47 con poder mortífero y uno de ellos atravesó la estatua del prócer de la independencia de Cuba, José Martí. Esto tampoco es accidental, ya que recientemente han sido atacados en La Habana algunas estatuas de José Martí por mercenarios financiados desde Miami.

    Además, con los sucesos recientes en la Embajada de Venezuela en Washington, que en forma ilegal le fue entregada a los títeres de Guaidó y de donde fueron sacados a las patatas algunos ciudadanos estadounidenses que la defendían, no es dudoso sospechar de la participación directa de funcionarios del gobierno de Trump, que han azuzado a un aparente “desquiciado mental” (pero acaso Donald Trump, Marco Rubio, Mike Pompeo no lo son) para que como “lobo solitario” atacara la embajada en pleno corazón de Estados Unidos.

    Ahora bien, el ataque a Martí tiene las mismas dimensiones simbólicas que el realizado a Antonio Maceo, puesto que el “apóstol de Cuba” es la figura emblemática de la independencia de nuestra América, rubricada con su muerte en combate (como Maceo). Y, además, porque Martí vislumbró al naciente imperialismo y señaló la imperiosa necesidad de combatirlo, como cuando dijo en una carta el 18 de mayo de 1895, un día antes de morir, que su lucha se daba para “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. (...) Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: —y mi honda es la de David”.

    La herida que queda en el costado izquierdo del busto de José Martí se convierte desde ahora mismo en una huella simbólica de la intolerancia, el odio y el sentido de destrucción que caracteriza a los Estados Unidos y también de la capacidad de resistencia de un pueblo valeroso, que personificó como pocos el gran poeta, pensador y luchador de nuestra América. Estos ataques a los monumentos de dos luchadores de nuestra América no solamente se dirigen a Cuba sino a toda nuestra patria grande, la misma que en estos momentos sigue siendo agredida, como lo ilustra el reciente desembarco en las costas venezolanas, de mercenarios y asesinos, respaldados por Donald Trump y compañía y entrenados en territorio de Colombia, como buen ejemplo de lo que significa ser el Caín del continente.

    Pero las heridas de las estatuas de Antonio Maceo y José Martí, las que siguen incólumes en los mismos lugares donde fueron atacadas, simbolizan el sentido de dignidad de todos los que se niegan a que seamos un suburbio miserable de Miami.

    Tuesday, 12 May 2020 00:00

    Miedo en el búnker

    Por Jhonathan Balvín R.

    Estoy encerrado en este búnker. Ya estoy perdiendo la noción del tiempo. No recuerdo cuándo empezó la cuarenta, tampoco sé cuándo terminará. De no ser por el ejército de vendedores ambulantes que ofrecen sus productos, el día sería igual que la noche. Al principio buscaba información sobre el virus, pero perdí el interés. Un día decían que el virus se adhiere a la ropa, al otro día desmentían la información; después decían que sí podía adherirse a la ropa, luego desmentían de nuevo la información. Los juegos del exceso de información-desinformación empezaron a mortificarme, incluso dejé de imitar al personaje de La ventana indiscreta: cerraba las cortinas de mis ventanas para evitar que el virus ingresara por ahí. 

    A veces escuchaba que la gente aplaudía a las ocho de la noche. De un momento a otro se interrumpieron los aplausos. Mis vecinos, imagino, también recibieron las imágenes en sus redes sociales donde informaban que el virus en España e Italia se había esparcido con ese tipo de prácticas ciudadanas. Después dijeron que esas prácticas no podían esparcir el virus. Después dijeron que existían posibilidades de que el virus se esparciera de esta manera. Y después, siempre hay un después, o por lo menos eso espero, mis vecinos dejaron de aplaudir y yo de leer noticias o revisar informaciones relacionadas con el virus. De hecho ni sé si ya se acabó la cuarentena, sólo sé que mis vecinos siguen sin madrugar para salir a trabajar.

    Todos estamos esperando a que se acabe la cuarentena. Algún día se tendrá que acabar, pienso para distraerme del encierro en este búnker, pero me imagino el día que deba salir y me invade el miedo de que exista un rebrote del virus. La última vez que salí tuve que hacer una fila de una cuadra para ingresar al supermercado. Todos estábamos a la espera recibiendo sol en medio del apabullante silencio de la fila. Uno a uno pasaban vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, uno a uno cantaban sus canciones los cantantes de música popular, uno a uno interrumpían el silencio ilusionados con recibir un par de monedas. 

    Las personas detrás de mí seguían llegando, aumentaba la larga fila en espera de que ingresaran otras tres personas al supermercado. Un grupo de ancianos, reticentes al uso tapabocas, se quejaban del encargado de permitir el ingreso al supermercado por irrespetar sus canas, por condenarlos a realizar la fila; se lamentaban, también, de la imposibilidad de jugar un chico de billar o de sentarse a tomar tinto en la panadería. Por fin llegaba mi turno de ingresar al supermercado, de escaparme de la perorata del anciano de boina de cuadros grandes, quien seguía comunicando su viacrucis por la cancelación de la Semana Santa.

    Uno a uno enjaboné, juagué, y sequé los productos que compré; invertí más tiempo en el proceso de desinfección de los alimentos, que en la compra de ellos. Esta nueva rutina la repetiré dentro de poco cuando me traigan los productos a domicilio. No quiero salir, tengo miedo a ser contagiado, tengo miedo, incluso, de acercarme a la puerta, no creo que mi sistema inmunológico resista el virus.

    Ahora escuché que sonaba de nuevo el teléfono. Hace tres días que estoy acostado, sólo me levanto para orinar y comer. Sé que los alimentos que preparé están escaseando, que mañana debo cocinar, aunque no sé si llegue a mañana. A veces he pensado en dispararme, pero me da miedo dispararme en el lugar equivocado, desangrarme durante unos días hasta morir, o peor aún, durante unas horas antes de que alguien tumbe la puerta, me rescate y deba soportar el martirio de estar hospitalizado. 

    No quiero regresar al hospital. Así que sigo encerrado en mi habitación escuchando el sonido del teléfono. Era una de las secretarias de la compañía que el gobierno autorizó para retomar las labores de producción: que me presente el lunes temprano a una charla sobre los nuevos protocolos de seguridad laboral, que evite usar los medios masivos de transporte.

    Me anunció toda esa información pero no me preguntó si yo estoy interesado en retornar al mundo laboral, sin decirme cuántos días faltan para llegar al lunes, sin decirme siquiera si ya se acabó la cuarentena nacional. Por su sugerencia de acudir a la empresa en un medio de transporte alternativo, imagino que todavía no existe una cura. Sabía que algún día la cuarentena se acabaría, pero continúo con miedo de salir. 

    El estómago me empieza a doler, tengo un leve dolor en el pecho, mi frecuencia cardíaca aumenta considerablemente, veo el incremento de sudoración en mis manos, no creo que sea un buen momento para abandonar este búnker, inventaré una excusa para no ir a trabajar, el dolor de estómago se hace cada vez más fuerte, no puedo aguantarme, debo ir al baño, no pueden obligarme a salir de mi casa, me siento mareado, todo está dando vueltas, no sé si alcance a llegar, todo empieza a desaparecer. 

     

     

    Page 2 of 32

    Nosotros

    Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

     

    Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

    Litografía Periferia

     

    Ubicación

     

     

    Medellín - Antioquia - Colombia

    Calle 50 #46-36 of. 504

    (4) 231 08 42

    periferiaprensaalternativa@gmail.com

    Apoye la Prensa Alternativa y Popular

    o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.