Imprimir esta página

Editorial 152: Un paso más en la defensa de la vida y la paz

La sensibilidad y el repudio que viene despertando la violencia física, judicial y política contra los líderes y lideresas sociales, no solo en Colombia sino en muchos países y escenarios de la comunidad internacional, es sin duda una gran noticia y una oportunidad para encaminar el país y la sociedad hacia la solución política del conflicto social, económico y armado que nos ha azotado durante más de cinco décadas, especialmente a los más humildes.

Esta creciente actitud popular que toma aires de conciencia política colectiva se debe en primera instancia a la incansable y permanente lucha de las comunidades y pueblos en defensa de sus territorios, que con sus movilizaciones, paros, mingas y acciones como el Refugio Humanitario por la Vida, abrieron una ventana para que el país urbano se asomará a ver la tragedia que ocurría en las regiones. También se debe a iniciativas plurales y democráticas como Defendamos la Paz, que tuvo el acierto de juntar a muchas personas y colectividades políticas, sociales, artísticas, académicas, entre otras, y canalizar un sinnúmero de propuestas en defensa de los Acuerdos de Paz y de la vida de los líderes, lideresas y excombatientes de la guerrilla de las Farc en proceso de reincorporación.

Echarse encima esa pesada carga no es el único reto que deben afrontar y superar los y las que decidieron ponerle el pecho a la brisa. En el camino van a presentarse obstáculos que es necesario sortear con sabiduría, no hacerlo podría minar los ánimos de quienes integran y le dan sentido a la causa de la vida y la paz. Por ejemplo, es necesario reconocer que las multitudinarias y conmovedoras acciones simbólicas y de movilización no han logrado detener la matanza de líderes; a los asesinos, que son poderosos, poco les importa el escarnio público, y al Estado y su gobierno le interesa más desviar la atención y hasta justificar el genocidio.

El cinismo, el desprecio por la vida y la actitud retadora de los asesinos se manifestó con amenazas veladas contra los promotores de las movilizaciones, y con el asesinato de dos líderes sociales el mismo día de la marcha, el 26 de julio. Esta situación desmoralizadora desde todo punto de vista ya se había presentado este mismo año en medio de la Minga y del Refugio Humanitario por la Vida. Al Estado, al Gobierno y a los asesinos parece tenerlos sin cuidado las movilizaciones, las acciones de protesta de la sociedad, y las manifestaciones de los entes internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros organismos que han exigido al Gobierno tomar cartas en el asunto.

De las causas que provocan el genocidio ni se quiere hablar y no se puede esperar más del régimen que gobierna a Colombia. Este es un debate de fondo, por ahora y ante el cinismo y la desfachatez hay que pensar en las estrategias a seguir. ¿Qué hacer ante un régimen autoritario, elitista e indiferente ante el sufrimiento de su pueblo? ¿Qué iniciativas o estrategias adelantar frente a los poderes criminales que de facto dominan en los territorios? ¿Qué acciones podrían detener el asesinato, la persecución y el exterminio de la oposición política?

Son preguntas que increpan a todo el movimiento social y popular, a los partidos y corrientes democráticas, a la iglesia y las comunidades de fe, y a la sociedad en su conjunto. Las preguntas pueden parecer imposibles de resolver, pero las pistas se encuentran en las iniciativas y propuestas que han construido las mismas comunidades en los territorios, en sus escenarios democráticos; la tarea es ayudar a crear el terreno, el ambiente para que ese mundo de ideas se pueda aterrizar y poner en práctica.

Las asambleas humanitarias, por ejemplo, son una posibilidad de retomar toda esa producción y ponerle ruedas; y los refugios humanitarios con blindaje suficiente para proteger y garantizar la vida y la acción política de los pueblos, que incluye la creación de cuerpos de guardias populares y el apoyo financiero y político de embajadas, organismos de la comunidad internacional, partidos, instituciones y procesos sociales de todo el mundo, son fundamentales para ese blindaje, así como la vigilancia permanente de los organismos de la ONU que tienen el mandato de hacer respetar los acuerdos depositados en su seno. Es decir, hay que seguirse movilizando y ganando apoyo de muchos sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo hay que apoyar los planes de vida y las propuestas de las comunidades en los territorios.

Hay otros debates que surgieron a raíz del pronunciamiento del presidente Duque frente a su participación en la marcha del 26 de julio. Las posturas democráticas dan la bienvenida a todos los apoyos y participaciones y son consecuentes con respetar el derecho de libre expresión, sin embargo, para otros sectores que han enfrentado al régimen y sufrido persecución, desplazamiento, cárcel y hasta la muerte, esa voluntad expresada a última hora no era más que una burla y una mueca cínica a quien justamente se le estaba exigiendo responder por el genocidio.

Esas diferencias sugieren un debate más profundo y difícil de resolver. Detener el genocidio y sacar la violencia de la política va de la mano con la necesidad de discutir la relación que tiene el genocidio en curso con el modelo de acumulación capitalista, y con la urgencia de asumir transformaciones económicas y sociales de carácter estructural, que son parte de las causas que durante décadas le han costado la vida a cientos de miles de colombianos que han resistido a la injusticia en este país.

Es posible que se consolide una suerte de frente político que evite que la ultraderecha se perpetúe en el poder, y quizás se frene un poco la violencia contra los líderes y lideresas, pero no discutir o seguir aplazando el necesario debate sobre las causas de la violencia podría generar otro tipo de régimen que termine reciclando las violencias y guerras de hoy. Si bien no es fácil que desaparezcan todas las formas de desigualdad y opresión de la noche a la mañana, una transición requiere de acuerdos serios que toquen los privilegios de muy pocos y alivien y mejoren las difíciles condiciones que viven en carne propia los más pobres y vulnerados de este país. Parar la violencia en Colombia requiere un acuerdo lo más incluyente posible sobre unas transformaciones económicas, sociales y políticas básicas que dignifiquen al ser humano. Y eso no se puede dejar para lo último.

Share this article

Acerca del Autor

Periferia