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 En la noche del 29 de marzo de 2020, el país conoció una comunicación oficial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que decretaba un cese unilateral al fuego, entre el 1º y el 30 de abril, el cual caracterizó como “activo” ya que esa guerrilla se arroga el derecho de responder a las agresiones que en medio del cese se puedan presentar contra ellos.

El ELN, sin embargo, no solo se refirió al cese sino que planteó nueve consideraciones de carácter político, social, económico y humanitario. Por ejemplo dijo en su comunicado que la pandemia del coronavirus es una problemática que “va a determinar todo el comportamiento mundial, agravando las crisis estructurales existentes”. También criticó el enfoque que el capitalismo mundial le ha dado a la crisis, privilegiando los negocios y dejando a los más pobres la carga de soportar un confinamiento sin las condiciones básicas para sobrevivir. Condenó las políticas de Iván Duque para enfrentar la pandemia, y criticó las medidas represivas para controlar la cuarentena, la crisis carcelaria y sanitaria; y se refirió al pedido del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un cese al fuego mundial en todos los conflictos armados. Y reconoció que organizaciones sociales y políticas también habían hecho solicitudes similares.

El comunicado contiene quince exigencias. Se destaca el llamado al gobierno a reunirse con su delegación que se encuentra en la Habana, Cuba, para concretar, con la presencia de los países garantes, un cese bilateral y temporal. Dentro de las exigencias de carácter social pide que se ofrezcan las pruebas de detección y los requerimientos médicos básicos para enfrentar el coronavirus de manera gratuita; se reforme la ley 100 de seguridad social para que sea pública y cubierta por el estado; apoyos económicos para desempleados, estratos bajos, pequeños y medianos empresarios y campesinos; cobertura de servicios públicos para toda la población; y la creación de un “fondo especial de 30 billones de pesos para atender la emergencia por el coronavirus, mediante el cobro de un impuesto extraordinario, al sistema financiero, a los grandes industriales, comerciantes y empresas multinacionales.

Para analistas como Victor de Currea Lugo, quien no solo conoce de cerca el proceso de negociación con el ELN, sino que ha escrito varios libros sobre el tema, y sobre los perfiles políticos y humanos de sus integrantes, la declaración de cese unilateral es muy importante porque trae un tono especial de gran madurez política, con reconocimiento a la ONU y los procesos sociales, y con alta valoración del momento político y social de la humanidad, con datos acertados y serios al respecto. De otro lado, de Currea considera que la declaración no viene sola sino que es la continuidad de lo que parece ser unos acercamientos discretos, pues están acompañados de liberaciones previas, por parte del ELN, de retenidos en los departamentos del Cauca y Arauca. Estos gestos, al parecer, fueron una respuesta al gobierno por la liberación de Francisco Galán y Felipe Torres, y su retorno a la condición de gestores de paz.

En las organizaciones defensoras de derechos humanos, los procesos sociales y políticos, y las comunidades en los territorios más afectados, el comunicado fue bien recibido y valorado. El movimiento Defendamos la Paz así lo reconoció, al tiempo que valoró también que el gobierno le devolviera el estatus de gestores de paz a Francisco Galán y Felipe Torres, exguerrilleros del ELN. Defendamos la Paz pidió que se hiciera lo mismo con Juan Carlos Cuellar, gestor recientemente detenido y privado de la libertad: “…consideramos como urgente y necesario que el presupuesto que se ha invertido en la guerra sea ahora destinado para cubrir y atender la situación de salud pública”. Además, exigieron al gobierno tomar las medidas necesarias para que cesen los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, y se unieron al llamado del secretario de la ONU y el Papa Francisco, para que todos los actores armados en Colombia y el mundo cesen el fuego y paren las guerras. Más tarde, se conoció la reacción favorable del secretario general de la ONU, quien acogió con “beneplácito el anuncio” de cese unilateral del ELN, y pidió a otros grupos armados que hagan lo mismo.  

Organizaciones sociales y políticas como el Congreso de los Pueblos, cuya presencia campesina abarca varios departamentos y regiones donde hace presencia la guerrilla del ELN, se manifestaron complacidos con el anuncio de cese unilateral, por considerarlo un alivio para las comunidades; además deja la puerta abierta para que se dé continuidad a los diálogos de paz, y se acuerden condiciones para adelantar acciones humanitarias en los territorios.

Sería fundamental que no paren los gestos de paz, dice el analista Victor de Currea Lugo, y que el gobierno le concediera la libertad a Juan Carlos Cuellar y se le encomendara la tarea de construir los puentes necesarios para reanudar los diálogos de paz. También, como acto humanitario, y dentro de lo establecido en el decreto de emergencia carcelaria, el gobierno no tendría inconvenientes legales y políticos para liberar presos de esa guerrilla.

Debates de analistas y defensores de derechos humanos y constructores de paz, coinciden con estas apreciaciones, y algunos consideran que este es un momento político diferente que llama a pensar de otra manera, y a ponerse a la altura de salidas que privilegien el valor de la vida, la salud de la gente y del planeta.

Los acuerdos humanitarios en territorios como el pacífico colombiano, especialmente en Chocó, en el departamento del Cauca, y en la zona del Catatumbo del departamento de Norte de Santander, lugares donde las comunidades, los procesos, la insurgencia, los organismos internacionales y el mismo gobierno han tenido experiencias valiosas, son posibilidades más cercanas para que las partes tomen confianza y reanuden el proceso con acciones concretas: desminado, sustitución manual y voluntaria de cultivos de uso ilícito, entrega de retenidos, diálogos territoriales, campañas de salud, planes de vida y autogestión, de soberanía alimentaria, podrían abrir paso a las noticias que esperan los y las colombianas.

 

 

 

 

 

 

Señor Daniel Quintero: Me dirijo a usted, fiel encarnación de la crisis ética y política del país.

 

El 20 de febrero del 2020, usted, otro de los decepcionantes “independientes”, demostró con quiénes se compromete a la hora de gobernar —evidentemente no con quienes fuimos sus votantes... quienes nos dijimos que “¡era el mal menor!”, así de mal está todo. Es importante explicarle por qué es una barbaridad lo que hizo. Por qué está mal que viole la autonomía universitaria, que viole ese recinto con la violencia de los esbirros del orden por el orden. Que vuelva inseguro el único lugar donde tenemos el privilegio de refugiarnos de la violencia de una sociedad podrida por la muerte.

¿Le preocupa la violencia?, ¿le preocupa el terror? ¿Se da cuenta que le escandalizan más unos explosivos artesanales que el asesinato de un joven de 15 años la semana pasada en San Javier? Eso pasó un par de horas antes del asesinato de un hombre de 30, aparentemente por cruzar una frontera trazada por los violentos que ostentan el poder y que también tienen explosivos. Señor alcalde, ¿por qué no les manda al valiente y heroico ESMAD? Esto en medio de las guerras que no son capaces de detener con todas sus operaciones y que parecen acolitar de [la operación] Orión hacia acá. Mientras desenvuelve su show, a nadie le queda duda de que Medellín está repartida en feudos, fiel y terrible representación del orden en Colombia. Solo se les pide a los respectivos señores que mantengan el control y garanticen cierta seguridad —nunca se fue aquello de la donbernabilidad, con sus respectivos cambios de apelativo. Incluso, permiten que se peleen insignificantes fronteras de sus territorios, pues al fin y al cabo no amenazan el orden institucional, no importa mucho a quién se lleven por delante. La ideología de mantener en orden el negocio (o la vuelta) es la misma y todo está bien mientras se mantenga la apariencia de orden para mostrar, ¿no? Lo que importa es que aquí los muertos no hacen tanto ruido como las papas bomba.

 Compañero, —su sonrisa abierta significa que le puedo llamar así, ¿cierto?— hablemos de la universidad pública. A muchas personas les suena a simple egocentrismo aquello de que es difícil comprenderla si no se la ha habitado. Allí se da algo único que parece no darse en las privadas, instituciones de gran calidad académica, sin duda, pero donde tanto los fines como la composición humana varían significativamente.

Quizás debido a las condiciones materiales de muchos de los que llegamos a ella —por mérito y no por privilegio—, realmente la sentimos como una segunda casa. Uno resulta amando cada espacio de la universidad pública. En la universidad pública se come, se duerme, se hacen amigos, se conversa, se comparten ideas, se debate, se hace pereza, se vive, se ama; pero también pasa que uno se ve confrontado y se siente incómodo: ese es el aprendizaje más significativo. Uno se encuentra con personas de todas partes y siente que tiene un deber con la universidad, que no es simplemente un usuario o un cliente. Uno se siente seguro, seguro como no se siente en su otra casa donde la muerte espera en cualquier esquina.

¡Y claro que estudiamos! ¿Vos lo sabés, no? Siempre presumiste de que venías desde abajo. Estudiamos entre todo lo demás porque quienes crecimos en las barriadas sabemos que solo podemos estudiar en la universidad pública, que ella es nuestra esperanza y nuestro lugar. Y no se trata solo de las condiciones materiales. No me refiero solamente a la incapacidad de pagar una universidad privada; algunos nos ganamos becas estatales que nos permitirían estudiar en cualquier universidad, y aun así la buscamos a ella. Cuando uno ha crecido viéndole la cara poco amable a este país, le cuesta encerrarse en una burbuja bonita, llena de futuro y de salvación individual. Solo la universidad tiene ese ambiente, ese espíritu de creer en que la educación, las ciencias y las artes son la solución —o al menos una gran parte— a los problemas del país; y  pensar que nosotros podemos ser los protagonistas de esa solución, no solo los que siempre han protagonizado el problema. Compañero Quintero, ¿en qué clase te enseñaron que los problemas de esta sociedad se solucionaban con pie de fuerza? Así los vienen “solucionando” hace décadas, ¿siglos? Y nada. Y uno cree en eso de la educación, en eso que creías hace unos meses, porque ve crecer a sus compañeros y llega a creer que esto tiene arreglo. Una ingenuidad. Pero así es la universidad pública, es la utopía que aloja utopías.

¿Creés que vas a solucionar el tropel con un grupo de robots desalmados que entran rompiéndolo todo, que interrumpen toda la existencia universitaria?

Uno aprende a convivir con la manifestación violenta llamada “tropel” porque uno conoce peores violencias. Por ejemplo, la protagonizada por el ESMAD. Cuerpo liderado tras bambalinas por vos, el hombre fresco, aparentemente descomplicado, de camisa y blue jean que parece cercano a todos. Que al medio día es sensato convirtiendo un metro ligero en uno pesado y en la tarde le da por violar la institución que en una democracia liberal tiene la función de ser el caldo de cultivo de la sociedad, y que por tanto debe estar libre de la intromisión de los caprichos del gobernante de turno. ¿Quién te está hablando al oído? Vos y yo sabemos que nadie es independiente, que siempre dependemos de los otros, ese es uno de los aprendizajes de la universidad pública, ¿o vos a qué universidad fuiste? No. Es claro que usted no es mi compañero, ni el de ninguno de los que gaseó hoy en aras del falso orden que rige a esta ciudad. Señor alcalde, muchos decían hoy mientras los gases de su horda nos obligaban a salir llorando de los salones, que usted pasó por la universidad pública sin comprender nada. Esto es evidente ahora que se ha reafirmado en su bárbaro error y ha anunciado que lo repetirá. No ha sido el primero en no comprender... ojalá no sea el peor, pues la macabra competencia es reñida.

Pero déjeme explicarle algo: ¿por qué el estudiantado de la Universidad de Antioquia nunca ha atendido ni atenderá a una orden de evacuación? En el momento en que el ESMAD ingresó, los capuchos ya no estaban. Quizás eran infiltrados, quizás no, lo que importa es que, a pesar de los gases, los estudiantes se quedaron haciendo presencia. ¿Por qué? Porque lo público desarrolla el valor de la responsabilidad con lo público, más allá de las diferencias políticas. Y usted está agrediendo lo público. No está agrediendo a los explosivistas, ellos realizan su acto y se van. Su medida es un mal chiste. Usted está agrediendo uno de los resquicios que ha sobrevivido a la privatización de los espacios de socialización y de desarrollo de lo humano, de un “progreso” que no es solo económico. Usted está agrediendo uno de los únicos lugares donde sabemos que nadie nos va a hacer daño indiscriminadamente, hasta que llegue el ESMAD. Usted “tiene” que garantizar “el orden”, pero para hacerlo está dispuesto a violentar a cientos de personas, ¿qué orden es ese? Usted está agrediendo a las personas que se forman en el espacio que encarna la utopía de un país mejor. ¿Entiende la gravedad de agredir ese símbolo? 

Señor alcalde, uno comprende que no es fácil gobernar en este país, menos en esta ciudad. Que lo deben estar presionando de muchos lados, que debe tener favores por pagar. Algo similar le debe estar ocurriendo a Claudia. Nótese que la ingenuidad me alcanza todavía para tenerles buena fe. El truco de la “independencia”, de la política luego del fracaso de los partidos, es la promesa de complacer a todos.

Pero eso es un riesgo demasiado grande. A las alas retardatarias de la sociedad, ustedes —Claudia, Daniel— nunca les han gustado y nunca lo harán, por más que copien la mano dura y la seguridad demoníaca. Al final siempre se toma partido y siempre se le rinde cuentas a alguien. A diferencia del “Presidente”, ustedes todavía pueden enderezar. ¿Para quiénes van a gobernar? El cuento de “gobernar para todos” parece que solo significa gobernar para los mismos, para los de la billetera gorda y la mano en el pretil.

Señor alcalde: recupere la dignidad y retire ese decreto, se lo pido encarecidamente. Respete la universidad. Recuerde sus años en ese recinto que vigila La mujer creadora de energía, de Rodrigo Arenas Betancourt. Y si sigue en la línea que va, está bien. Entonces las cosas están claras. Usted es uno más, nada ha cambiado. Pero no olvide que algo que tampoco cambia es que aquellos que hemos habitado la universidad pública —habitar es diferente a solo transitar por ella, a usufructuarse de ella— no sabemos qué significa abandonarla, por más que usted, un personaje pasajero, dé orden de evacuar. ¿De cuándo acá a uno le ordenan que se vaya de su casa?

 

Sebastián Castro

Febrero 23 de 2020

Medellín

Por Carolina López Giraldo

 

“¿Cómo puede odiarse el pueblo entre sí, si todos padecen la misma hambre y la misma desolación? Pero conviene a los fines de los explotadores este odio, del cual se ríen, porque mientras ustedes se matan por la pasión política, ellos constituyen compañías, reparten dividendos y se apoderan de las tierras”. Grupo de Memoria 2011

 

¿Cómo explicarle al país que un joven, a pocos días de graduarse como bachiller de un colegio público en Bogotá, tenga que dejar cuadernos, lápiz, uniforme y morral por recorrer las calles de la capital de Colombia, exigiendo oportunidades de educación superior para salir adelante junto a su familia? ¿Acaso se le acusa por soñar con educación superior?

¿Cómo explicarle al país y al mundo que el Estado colombiano, en representación hoy del gobierno de Iván Duque, responde con armas letales, balas recalzadas, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos a las nuevas generaciones de estudiantes y trabajadores que le exigen en las calles educación, salud, trabajo digno, pensión, y sobre todo el derecho a vivir en paz? ¿Acaso se les acusa a nuestros jóvenes de exigir un real Estado Social de Derecho?

¿Cómo explicarle al país y al mundo que millones de jóvenes, al igual que Dylan Cruz, han sido asesinados y desaparecidos forzadamente por el Estado en sus territorios; en esa Colombia que ha vivido la guerra silenciosamente en todas sus expresiones y que ha instrumentalizado la vida de las nuevas generaciones para la guerra, o para convertirlos en víctimas de un conflicto armado que tampoco era de ellos y ellas? 

La escena registrada para la historia y la memoria colectiva en la cual un agente del ESMAD le dispara a Dylan a menos de 10 metros de distancia, es la escena que se ha repetido miles de veces en Colombia cuando el Ejército ejecutó extrajudicialmente más de 4000 jóvenes en los parajes solitarios y oscuros de la Colombia rural y olvidada; ni qué decir de los miles de jóvenes desaparecidos forzadamente en tantas regiones del país, que fueron dados de baja en circunstancias parecidas, iguales o peores a las de Dylan, en la "limpieza social" de la diferencia o del enemigo en cada región de Colombia. ¿Acaso se le acusa a las nuevas generaciones de tener memoria de su historia reciente, la de una generación de niños, niñas y adolescentes asesinados y desaparecidos por el Estado?

¿Cómo no entender que la muerte de Dylan es un homicidio cometido por un agente del ESMAD contra un joven indefenso de 18 años? ¿Qué pretende la Ministra del Interior reconociéndolo ante la opinión pública como un “accidente”? ¿Si ya está individualizado mediante pruebas audiovisuales por qué no han capturado y judicializado al agente del ESMAD responsable de este homicidio?

Como Dylan son miles más los jóvenes, hombres y mujeres. Es gran parte de la generación anterior a nosotros la que hoy no está en este mundo terrenal debido a la Criminalidad Estatal en Colombia.

¿Cómo no reconocer que la única arma de las nuevas generaciones son sus esferos, el papel, su voz, sus cantos y su enérgica alegría para escribir en la historia indeleble la agonía de un pueblo que quiere romper sus cadenas? La cuchara y la cacerola constituyen la única estrategia, la propiedad con que las usamos nos habla de las clases sociales a las que pertenecemos y representamos; el sonido nos invita pronto a una comunidad que se toma la plaza pública, esa plaza que nos pertenece desde la Grecia Antigua, la polis, espacio en el que se construye la verdadera democracia.

Se han metido con las generaciones que no tienen nada que perder, esas que con memoria, organización y acciones no violentas recorren diariamente las calles de nuestras ciudades movilizando sensibilidades políticas frente a las injusticias estructurales de esta adolorida Colombia.

En palabras de Eagleton, “La única cura para el terror es la justicia, y el terror surge cuando la legitimidad se desmorona”. Es preciso superar el pacto de sangre y silencio en estas violaciones de Derechos Humanos; el primer paso para restaurar la legitimidad es negarse a la complicidad y la impunidad.

 

 

 Por Hernando Steven Oliveros Yara

En la capital del Huila, según la administración municipal, existen 117 asentamientos sin legalizar a lo largo y ancho del municipio. Estos asentamientos llevan más de 20 y 30 años conformados, y por ende no pueden acceder a inversiones que mejoren su calidad de vida. Hasta el momento, solo 28 asentamientos están legalizados en Neiva.

Actualmente, en todas las comunas de Neiva existe por lo menos un asentamiento. Las comunas 3, 5, 6, 8, 9 y 10 son las que cuentan con el mayor número, mientras que en la 1, 2, 4 y 7 se pueden identificar unos pocos. El proceso de legalización ha sido complicado, lento, y vislumbra un panorama de zozobra. Algunos líderes comunales de los asentamientos mencionan que los Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) del oriente de Neiva son de hace 20 años y desde entonces no han sido actualizados. Por esta razón los procesos de legalización de los asentamientos no han avanzado hasta el momento.

Al ser legalizados, aumentan las probabilidades de que sean tenidos en cuenta por la administración municipal, lo que significaría que son reconocidos como lugares habitados y habitables que requieren proyectos e inversión en infraestructura. Lo paradójico es que muchos asentamientos cuentan con todos los servicios públicos, y pagan por ellos; pero no todos están legalizados.

  

La actual administración ha legalizado diez asentamientos de diferentes sectores de Neiva. Algunos de ellos venían con un proceso avanzado de años atrás. En la comuna 10, por ejemplo, se han legalizado los asentamientos Neiva Ya, Palmas II, San Bernardo, Sector Barreiro y Camelias. Y están ad portas de una posible legalización Machines, Palmas III y Álvaro Uribe, este último tiene la particularidad que dentro de los terrenos ocupados hay predios privados. Sin embargo, la comunidad no está del todo satisfecha con el proceso de legalización. De las 185 familias que habitan en Camelias, solo legalizaron 73, y en Sector Barreiro solo 52 de las 140 familias.

Las personas que habitan los asentamientos están a la expectativa de que la próxima administración tenga un compromiso con esta sentida necesidad. Piden que se haga un Plan de Ordenamiento Territorial que incluya los asentamientos del municipio, que se actualice el estudio del AVR, y se ejecute el proyecto de mitigación de riesgo que necesitan. La legalización es un gran beneficio para estas personas, pues así contarían con un terreno propio, y contarían con las escrituras necesarias para poder acceder a créditos y construir o realizar mejoras. De momento, muchas familias no tienen la posibilidad de aplicar para el programa de mejoramiento de vivienda que ofrece el municipio, precisamente por no estar en un asentamiento legalizado.

Por su parte la Alcaldía de Neiva, por medio del Área de Asentamientos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, ha informado que continúa ejecutando el Plan de Acción de la Política Pública para los Asentamientos Informales del municipio de Neiva. Hasta la fecha, ha recuperado 88 predios ubicados en los asentamientos informales. Además, las personas ubicadas en 300 predios que se encontraban en zona de alto riesgo, fueron reubicadas y accedieron al beneficio de subsidio y vivienda gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varios presidentes de las Juntas de Acción Comunal aseguran que a pesar de contar con muchos problemas dentro de los asentamientos, su mayor deseo es que sean legalizados. Aclaran que si bien es un proceso que tiene unas directrices, sus asentamientos cumplen con los requisitos, y conviene la legalización debido a que muchos de los habitantes quieren mejorar sus viviendas, pero temen hacerlo y que luego estas les sean arrebatadas o demolidas. Debido a que con la actual administración ese deseo no se pudo materializar, piden diligencia por parte de la próxima.

Entre los ciudadanos de a pie, hay quienes afirman que los asentamientos son un negocio que da muy buenos réditos económicos. “Muchas de estas personas se especializan en esta actividad, con el apoyo de políticos y funcionarios inescrupulosos. Una vez invaden le aplican una mejora al terreno y a los pocos meses o años lo venden por intermedio del documento de "compraventa", y quedan listos para invadir en otro sector de la ciudad. Las autoridades saben cómo opera este negocio, pero no aplican ningún control, a sabiendas de que este tipo de asentamientos o barrios son la principal razón del crecimiento desordenado y sin ninguna planificación de la ciudad”.

Negocio o no, lo cierto es que tanto la administración municipal, los líderes, y presidentes de las JAC deben ponerse de acuerdo, y trabajar mancomunadamente para hallar soluciones a la problemática. A diario siguen apareciendo nuevos asentamientos en donde, muchas veces, se vive en condiciones precarias, a diferencia de los que, tal y como lo mencionan algunos ciudadanos, habitan personas que solo pretenden lucrarse económicamente del asunto.

 

 

 

Seis conversatorios con periodistas e integrantes de organizaciones sociales hacen parte de la programación principal.

 

El auditorio del Claustro Comfama (San Ignacio) será el escenario principal de esta celebración, que tendrá como centro el debate y reflexión alrededor del periodismo alternativo y la comunicación popular, temas que durante 15 años han sido el eje articulador de Periferia.  

El evento iniciará a las 9:30 a.m. del próximo 15 de noviembre, y estará dividido en seis conversatorios, en los que se pondrán en debate diferentes posturas alrededor de preguntas inquietantes y polémicas; se darán pistas sobre el devenir y los retos de los medios alternativos, y se abordará el contexto social, económico y político en las periferias de Medellín y otros lugares del país.

De esta manera, no solo se recogerá la experiencia y el trasegar en estos años de trabajo de Periferia, sino que se generará un diálogo con otros medios alternativos y procesos sociales, para reconocer y visibilizar el aporte que la comunicación popular tiene para hacerle al país.

PROGRAMACIÓN:

-9:30 a.m.: ¿Qué tienen para decirles los procesos sociales a los medios alternativos?
La Organización Nacional Indígena de Colombia, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), la Unión Sindical Obrera, y el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, conversan con Olimpo Cárdenas (director de Periferia)


-11:10 a.m.: Periferia: un medio que camina.
Johannes Rivas (distribuidor de Chocó), Polidoro Guaitero (distribuidor de San Gil), Mauricio Martínez (distribuidor de Bucaramanga), y Héctor Jiménez (distribuidor de Medellín) conversan con Juan Alejandro Echeverri (periodista de Periferia)


-2:00 p.m.: Periodismo militante… ¿sí o no?
Santiago Rivas (periodista y presentador), Elkin Sarria (director de Contagio Radio), y Olimpo Cárdenas (director de Periferia) conversan con Sara López (editora de Periferia)


-3:20 p.m.: Formatos y lenguajes: diversas manifestaciones de lo alternativo
María Paula Murcia (Mutante), y Gustavo Adolfo Hincapié (Producciones El Retorno), conversan con Mariana Álvarez (directora de Enfoque de Oriente)


-4:40 p.m.: La caricatura y el arte callejero: una irrupción gráfica en los medios.
Orión y Puro Veneno conversan con Átomo Cartún


-6:00 p.m.: Medellín y sus periferias.
Memo Ánjel (escritor) y Reinaldo Spitaletta (escritor) conversan con Juan Alejandro Echeverri (periodista de Periferia)

 

Para estar enterados de las actualizaciones de este evento, pueden visitar la programación en Facebook.

 

De putas: crímenes y corrupción

Soy puta de profesión y estoy putamente indignada por el desfalco que un exfuncionario de la Universidad Distrital hizo con dineros públicos que debieron ser invertidos en las incontables necesidades latentes de este centro educativo.

Acá no me enreden, ser puta me enseñó a ser astuta, audaz, inteligente y a no dejarme meter los dedos en la boca o por lo menos a no dejármelos meter si no es porque un cliente me está pagando por eso.

Para muchas de nosotras las putas es desgarrador, después de extenuantes horas de trabajo, tacones y shows, llegar a la U y no tener un salón para estudiar o un docente para ver la clase.

Así que acá no me enreden.

¿Y la plata de la universidad? Ah… pues me la mecatié en cositas

Para entrar en contexto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un centro educativo de carácter público ubicado en Bogotá, donde personas de las clases más populares acceden a la educación superior.

Presuntamente, un exfuncionario, quien fue removido de su cargo a propósito de las investigaciones, se mecatió la plata de esta universidad en cositas, se farreó la plata… literalmente se la farreó.

Esta información fue publicada el 14 de agosto del presente año en la página web de la universidad en mención:

“Gracias a la denuncia presentada por el rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Ricardo García Duarte, en enero de este año (2019), la Procuraduría General de la Nación acaba de abrir juicio disciplinario verbal con audiencia pública contra el exdirector del Instituto de Extensión (Idexud), Wilman Muñoz Prieto.

[…] Se evidenciaron situaciones irregulares y posibles casos de corrupción en la gestión de este exdirectivo […] fueron descubiertos hechos que evidencian irregularidades en el manejo de recursos del Idexud […] las pruebas obtenidas mostraban la utilización de una tarjeta de crédito de la Universidad, de cuya existencia no se tenía conocimiento”. 

Según una nota publicada por RCN el 26 septiembre 2019, cuando estaba en su cargo, Wilman Muñoz Prieto se compró (con dinero de la universidad) una camioneta Mercedes Benz y dos costosos carros más, lujosas cenas, estadías en casas de prostitución, entre otras “cositas más”, por el valor de 11 mil millones de pesos.

Se mecatió 11 mil millones de pesos de dineros públicos, mientras la Universidad Distrital se cae a pedazos. Basta con observar cómo los estudiantes de la Facultad de Artes Asab deben estudiar en una sede en la que corren el riesgo de que el techo les caiga encima.

Mientras tanto, el ahora exfuncionario “habría pagado tiquetes de avión, hoteles, cenas en restaurantes, así como ropa y cursos de inglés en línea, entre otras excentricidades como la mensualidad de Netflix… pagó dos vehículos de gama alta (una camioneta y un carro deportivo)”, según publicó El Espectador el 26 de septiembre de 2019.

Chimba, el señor coleccionando carros y comiendo rico mientras que los estudiantes, que casi ni tenemos para comer, debemos ir a estudiar con el estómago vacío en instalaciones realmente precarias, con hacinamiento, falta de inversión en la planta docente, escazas salidas de campo y pocos recursos para investigación.

El crimen no es pagar por putas, el crimen es robarse la plata

¿A quién no le gusta irse de farra? Pareciera que lo criminal del caso fuera pagar por putas y no que se hubiera robado la plata de la universidad. O eso es lo que se rastrea en los medios de comunicación, que en sus titulares llaman la atención sobre este tema en particular: “han pagado putas”, “pagaron prostíbulos”, “estuvieron en casas de prostitución”.

A los medios de comunicación esto les escandaliza más que el mismo desfalco. Más que la crisis de las universidades públicas, o que las condiciones paupérrimas a las que están sometidos estudiantes, docentes y trabajadoras. Más que el hecho de que el trabajo sexual haya financiado más universidades que el mismo Estado. Más que el hecho de que las putas tengamos que ir a putear para poder pagar nuestros propios estudios, y muchas veces el estudio de nuestros hermanos o de nuestras hijas. Más que el hecho de que muchas personas trans ni siquiera puedan acceder a la educación superior.

Soy prostituta, soy estudiante de universidad pública y en las vísceras me efervesce la rabia de saber que aparentemente este exfuncionario se mecatió la plata de la universidad en cositas.

Señor Muñoz Prieto, usted no solo se robó la plata de la universidad, usted se robó miles de sueños. Para muchos de los jóvenes es un sueño entrar a la universidad pública; para muchas de las estudiantes es una pesadilla ver cómo nuestra segunda casa se sume en la precarización.

Este es realmente el crimen, robarse la plata de la universidad pública.

Pagar por putas no es un crimen. Pagar por putas es pagar por un servicio sexual, erótico, de compañía y/o entretenimiento, así como se le paga a un doctor, a una abogada, o a un mesero. Así que no nos estigmaticen siempre relacionándonos con la criminalidad, las drogas y la violencia. La discusión es de dónde salió el dinero, no que se nos pague por nuestra labor.

Crimen es siempre estigmatizarnos y condenarnos a las putas, esto promueve más violencia simbólica, física y verbal hacia quienes ejercemos de manera libre y autónoma el trabajo sexual.

Delito es que el dinero de la educación superior –que debería ser gratuita y de calidad– se pierda y nadie diga nada. ¿Cómo se van a perder 11 mil millones de pesos y nadie se va a dar cuenta? ¿Quiénes eran/son responsables de esa veeduría?

Es un crimen no reconocer el aporte social de las putas a la humanidad, todos los orgasmos proporcionados, el infinito valor de nuestra compañía al sinnúmero de identidades sumidas en la depresión que llegan a nuestros brazos buscando consuelo, escucha y algo de cálidas palabras, todo el entretenimiento que posibilitamos en un sistema capitalista que nos bombardea con realities y abrumadores trancones, la ejemplar resistencia que las trabajadoras sexuales hemos hecho dentro de los movimientos sociales y el movimiento feminista.

El delito es que se roben toda esa plata mientras que nosotras las trabajadoras y los trabajadores de las clases populares, tengamos inhumanas y eternas jornadas de trabajo para que alguien de nuestra familia logre ir a estudiar.

El crimen es que yo, siendo trabajadora sexual, no pueda acceder a un crédito, porque ningún banco, ni el mismo ICETEX, le prestan a una puta y aunque quiera estudiar con crédito no puedo por puta. Nuestra educación nos toca financiarla a nosotras mismas con nuestro trabajo, con nuestra empresa, con nuestro negocio, es decir con nuestras vaginas –algunas con su falo–, con nuestros shows, nuestros tacones, nuestra compañía,  nuestros labios de colores exóticos, nuestra astuta capacidad de convencimiento y nuestra sagrada inteligencia.   

Por eso nosotras, las trabajadoras sexuales que estudiamos con la convicción de que la educación nos debe posibilitar construir un país para la vida digna, llamamos al rector de la Universidad Distrital Ricardo García Duarte a que renuncie voluntariamente a su cargo, una licencia no remunerada no nos basta. ¿Cómo así que se pierden 11 mil millones de pesos y usted hasta ahora se viene a dar cuenta?

Nosotras las prostitutas, que después de salir del puteadero nos vamos a la universidad, le exigimos al Estado colombiano, a la Procuraduría y a la Fiscalía que esclarezcan cómo se permitió tal acto delictivo y quiénes fueron los cómplices, y que se responsabilicen de hacer lo necesario para que se reintegre el dinero robado a nuestra universidad. ¿Se robaron la plata y ahora qué? ¿Qué se van a hacer los bienes adquiridos a través de este dinero malversado? ¿Quién y cómo nos va a responder por esta abyecta fechoría?

La premisa es condenar este presunto criminal que se mecatió la plata de la universidad en cositas y no condenarnos a nosotras las putas que somos trabajadoras de la clase popular como usted que está leyendo esto.

Nosotras las trabajadoras sexuales exigimos respeto, no somos víctimas, no somos los residuos de la sociedad como los medios de comunicación quieren vendernos, nosotras las putas estamos trabajando, estudiando y organizándonos políticamente para incendiarlo todo, volverlo a crear y construir un país para la vida digna.

 

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Colón cruzó el Atlántico motivado por la avaricia, pero los nueve internacionalistas españoles que durante estos días navegaron por los brazuelos del río Magdalena y se internaron en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, llegaron a Colombia para demostrar que les preocupa la reactivación del conflicto interno, denunciar ante el Estado español y la comunidad internacional la vulnerabilidad en la que se encuentran los liderazgos sociales y los procesos organizativos, y comprobar que es falso, tal como se cree en Europa, que Colombia atraviesa su época más pacífica de la historia.

Entre el 16 y el 18 de septiembre, los abogados, periodistas, y los defensores de derechos humanos españoles que integran la Caravana Internacionalista -organizada por Paz con Dignidad, Fedeagromisbol y el Cisca-, se reunieron con lideresas, campesinos, jóvenes, mineros, y autoridades del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, dos regiones golpeadas entre los años 80 y 90 por el paramilitarismo, y en la primera década del 2000 por la represión militar y estatal.

Aunque la nueva oleada de violencia tiene como protagonistas al ELN, grupos paramilitares y a la Fuerza Pública, las causas estructurales siguen siendo las mismas de siempre: el petróleo, los minerales, los corredores estratégicos y la cohesión social y organizativa presente en los territorios.

Pareciese que en estas regiones se apaga la luz de esperanza que trajo consigo lo firmado entre el Gobierno y las FARC. En repetidas ocasiones, diferentes voces del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio manifestaron desesperanza y preocupación por el incumplimiento en los programas contenidos en el Acuerdo de Paz, el incremento del microtráfico y la prostitución, las amenazas a mujeres víctimas de falsos positivos y a candidatos a alcaldías y concejos, los abusos de las autoridades, y la persecución judicial.

Después de escuchar a funcionarios delegados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para estas regiones, queda entre los caravanistas la sensación de que estos no hacen lo suficiente para salvaguardar los derechos humanos, tomar medidas eficientes que mitiguen las consecuencias de tal conflicto social, y se escudan en una exagerada imparcialidad cuando de repudiar el paramilitarismo se trata. Los funcionarios alegan que hacen todo aquello que la ley les exige. Además, admiten que el capital humano y su capacidad de decisión no basta para recuperar el control administrativo de la zona.

Justamente -a diferencia del terror que traía en los bolsillos Colón- los Internacionalistas esperan que su visita sirva para que se fortifiquen y se reinventen todas esas expresiones organizativas golpeadas y amenazadas por el conflicto. Entre el 20 y el 22 de septiembre, ese mismo propósito esperan esparcirlo por el Catatumbo.

 

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se realizará este fin de semana la Asamblea Constitutiva de la Organización Nacional ‘Ciudad en Movimiento’, con la participación de diferentes organizaciones y colectivos que construyen la propuesta de un nuevo país desde los territorios urbanos. 

El objetivo del encuentro es consolidar una Organización Nacional en la que converjan distintos procesos que trabajan para la construcción de territorios urbanos con dignidad y justicia social. Así, ciudades como Popayán, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Pamplona, Bogotá y Cali, estarán reunidas este fin de semana aportando insumos a un pliego de exigencias nacional que tendrá en cuenta las particularidades de cada ciudad.

“Toda lucha urbana debe considerar la protección de los ecosistemas estratégicos que, aunque no estén en los territorios urbanos, inciden indirectamente en la sostenibilidad de las áreas que sí lo están. Los ecosistemas estratégicos valen más que una inversión extranjera, es por eso que defendemos y protegemos en nuestro caso el páramo de Santurbán” comentó Jesús Maldonado, integrante de Ciudad en Movimiento Bucaramanga.

Los ejes fundamentales de Ciudad en Movimiento -CEM- son cinco:

1.Ideológico: comunicación popular, cultura y formación.
2.Derechos Humanos y defensa de la vida.
3.Económico: economías solidarias, trabajo digno, proyectos y formas de autogestión.
4.Movimiento Social y Político: Lucha sectorial, territorial e institucional.
5.Movilización, articulación y alianzas.

Ciudad en Movimiento también rechaza la militarización en las ciudades, la guerra económica, así como la violencia a la que se enfrenta el pueblo colombiano. Esta se ha recrudecido durante el mandato de Iván Duque, dejando como resultado altos índices de asesinatos, inseguridad y desplazamiento interno.

Asimismo, esta organización enfatiza en su carácter antipatriarcal, priorizando espacios de discusión para el tema de mujeres, género y disidencias sexuales.

Una de las principales apuestas es la lucha institucional. En varias ciudades hay candidatas y candidatos al concejo, asamblea y ediles, que buscan combatir y hacer veeduría a la corrupción, un elemento muy marcado en los dirigentes políticos actuales que continúan reproduciendo el modelo neoliberal que ha empobrecido, no sólo a las ciudades, sino a todos los pueblos y territorios de Colombia. 

“Desde Cúcuta, ciudad frontera, estamos participando de esta Asamblea Constitutiva esperando después de esto articular con mayor fuerza e incidencia los trabajos locales que estamos llevando a cabo, para salir de ese centralismo que es otro obstáculo que se nos presenta a las ciudades que no somos principales o que no somos un motor económico para el país, pero que también sufrimos, tenemos necesidades, y que trabajamos por la construcción de poder popular”, afirmó Jessica Ortega, integrante de la Coordinación Transitoria Nacional de Ciudad en Movimiento. 

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