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Limosnas para los pobres, millones para banqueros y grandes empresarios. Las medidas económicas y sociales de Duque para sortear el impacto de la pandemia

Por Libardo Sarmiento Anzola*

El nuevo coronavirus detonó una crisis con origen y evolución desde los años 1970. Durante las últimas cinco décadas, la oligarquía colombiana de extrema derecha transformó al Estado en un aparato mafioso y de negocios al servicio de sus intereses, caracterizado por el fascismo, la corrupción, el crimen y las instituciones económicas y políticas extractivas. La pandemia colocó en evidencia las nefastas consecuencias del neoliberalismo al privatizar, desmantelar y precarizar la salud pública. El modelo oligárquico-neoliberal hizo de la enfermedad un rentable negocio privado y financiero, con desprecio de la salud como derecho humano universal. La presidencia de Iván Duque (2018-2022) es ejemplo perfecto de tal régimen.

La política diseñada por el gobierno nacional para enfrentar la emergencia económica, social y sanitaria ocasionada por el covid-19 tiene tres ejes: i) el fortalecimiento del sistema de salud y su capacidad de respuesta; ii) ayuda social a la población en condición vulnerable y iii) la protección del empleo y mitigación de la afectación sobre el aparato productivo. A continuación se describe y analiza la manera cómo el gobierno de Iván Duque intenta conjurar esta triple crisis económica, social y de salud. La primera parte de este artículo explica lo que ha sucedido con los recursos financieros que el gobierno destinó para atender la crisis: cuánto fue, de dónde salió, y los posibles vacíos, fraudes y corrupción que se han presentado; la segunda parte expone una prospectiva de los probables impactos  económicos, políticos y sociales.  

Régimen político, injusticia y sufrimiento socio-económico

La crisis económica, energética y social de los años 1970 dio paso a la hegemonía financiera-terrateniente-comercial de extrema derecha. Desde entonces, las estadísticas oficiales reflejan un crecimiento alarmante y sostenido del sufrimiento socio-económico que la oligarquía dominante ocasiona, impunemente, al pueblo colombiano (ver gráfico 1):

  • El ejercicio violento del poder muestra una segunda ola de terror durante el siglo XX que se inicia en la década de 1970 y alcanza su clímax en el año 1990 al registrar una tasa de homicidios de 81,2 por cada 100.000 habitantes. La guerra deja hasta ahora un saldo de 7’816.500 personas que huyen de la violencia, lo que hace de Colombia el país con más desplazados internos del mundo. A ellos –afros, indígenas y campesinos– los “señores de la guerra” (grupos con poder que tienen de facto el control militar y el poder político) les despojaron más de seis millones de hectáreas de tierra y los obligaron a habitar en medio de la miseria y la indolencia en las grandes ciudades. La tasa de homicidios en 2020 se ubica en 23,5, expresión de una violencia más focalizada y selectiva, pero no menos criminal y clasista. El conflicto armado en Colombia sigue siendo político, social, económico, ambiental e ideológico.

    La quiebra de pequeños y medianos empresarios, unido a la destrucción de puestos de trabajo y a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, implicará que, a finales de 2020, por lo menos seis de cada diez connacionales se encuentre sobreviviendo bajo condiciones de pobreza (alrededor de 30 millones de personas). La pobreza por ingresos insuficientes descendió de 92%, a principios del siglo XX, hasta 27% en 2018. Desde 2019 para acá, la indigencia, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo vienen afectando por igual a pobres (extremos y moderados) y estratos medios vulnerables.

    En medio de los avances del covid-19 en el país y sus cada vez más evidentes daños sobre la economía y el bienestar de millones de hogares, recientemente la universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer, El Tiempo, y la consultora Cifras y Conceptos se asociaron con el fin de realizar una encuesta que permitiera conocer los impactos de la pandemia. El resultado de este trabajo muestra que el 22% de la población económicamente activa se encuentra buscando trabajo y que al 73% se le redujeron los ingresos significativamente a partir de mayo.

    El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía colombiana se hundirá este año por lo menos un 7,8%, y podría caer hasta en 10%. Con una tasa de crecimiento demográfico anual de 1,1% el ingreso por persona desciende en 8,9%.

    El choque generado por la crisis es de producción y demanda. Los sectores más afectados son comercio (-11,2%), construcción (-16,1%) y arte, entretenimiento y recreación (-28,2%). Por otro lado, el consumo de los hogares y la inversión caen 6,7% y 17,7%, respectivamente, y el gasto del Gobierno, que crece 4,1%, es el único componente de la demanda interna que contribuye al crecimiento.

    La crisis afecta el mercado laboral, elevando el desempleo. En junio de 2020 la tasa de desempleo nacional fue 19,8%. De acuerdo con el Dane, en junio de 2020 más de 4,2 millones de personas perdieron su trabajo en el país, respecto al mismo mes de 2019; adicionalmente, 2,5 millones de personas se agregaron a la población inactiva a pesar de hacer parte de la fuerza de trabajo potencial del país, es decir que no estaban trabajando ni buscando emplearse en el periodo de análisis debido a la imposibilidad real de encontrar algún trabajo.

    Donde más se registró pérdida de puestos de trabajo fue en las actividades artísticas, con 737.000 personas menos ocupadas; seguido por el comercio y la reparación de vehículos, con 636.000 personas menos; en tercer lugar se ubicó la administración pública, defensa, educación y salud, con 635.000 personas menos ocupadas; y en cuarto lugar, están las industrias manufactureras con 599.000 personas menos. Dos terceras partes de la reducción de la población ocupada en junio de 2020 se dio en empresas de menos de 10 empleados (microempresas). En este tipo de empresas la pérdida de empleo fue de 2,7 millones de personas; las mujeres han sido las más afectadas. Sobre las personas desempleadas, la mayoría tenía educación media y 8,4% contaba con estudios universitarios o de posgrado.

    Al sumar el número de desempleados registrados en junio de 2020 (4.532.731) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que desalentados abandonaron el mercado laboral durante el último año (2.175.817), el número real de desempleados suma 6.708.548 y, por tanto, la tasa de desempleo objetiva es de 29,4%.

    En medio de la pandemia y el crac económico-social, los ricos se hacen más ricos. Los grandes empresarios y banqueros son los ganadores en esta crisis debido a los procesos de centralización y concentración de capital, adquisición de empresas quebradas, monopolización del mercado, el comercio electrónico, el pago de menores salarios y la flexibilización laboral, especulación con los bienes y servicios básicos, y la ampliación de los márgenes de intermediación financiera. El índice de concentración del ingreso volverá a una situación similar a la que registraba a principios del siglo cuando su valor era de 0,6. Una desigualdad superior al 0,4 es un carburante poderoso para aumentar los conflictos sociales y políticos.

    Crisis

    De acuerdo con el índice de seguimiento a la economía –ISE– calculado por el Dane, en mayo de 2020 la actividad productiva del país cayó 13,3%. Por sectores, las actividades primarias descendieron 13% (éstas son la agricultura, caza, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras), las actividades secundarias se desplomaron en 29,6% (éstas son las actividades de industrias manufactureras y construcción) y las actividades terciarias bajaron 13,3% (éstas son las actividades de servicios, comercio, transporte, financieras y de administración pública).

    La distribución del ingreso nacional es la fase necesaria del proceso económico en cuanto relaciona la producción con el consumo. En Colombia, los sectores capitalistas, esto es, patrones y empleadores, representan el 3,7% de la fuerza laboral y se apropian del 35,3% del ingreso nacional. El ingreso mixto equivale al 20% del PIB, concentrado por los trabajadores independientes, informales y micro, pequeños y medianos empresarios que suman el 46,3% en la estructura de la población ocupada. Los asalariados (obreros, empleados y jornaleros) representan el 50% de la fuerza de trabajo ocupada y, en conjunto, reciben el 34% del PIB. Las familias colombianas perderán, en conjunto, el 6,7% de su ingreso en 2020; el golpe más severo lo reciben las familias de asalariados, trabajadores por cuenta propia y micro, pequeños y medianos empresarios.

    El consumo es la utilización del producto social para satisfacer las necesidades.  Los eslabones de enlace entre la producción y el consumo son la distribución del ingreso, la redistribución y la circulación. La tabla 1 registra el impacto de la crisis en el flujo de gasto del país: la demanda interna (consumo final + inversión) cae en 2020 un 9,1% respecto a 2019. La demanda externa (exportaciones – importaciones) desciende un 10,6%. El consumo final (hogares + gobierno) cae en 6,7%. El consumo de los hogares (integrante de los componentes del consumo final) registra una disminución de menos 1,1% en los hogares de los capitalistas, en los de ingreso mixto la caída es de 2,8%, y de 3,9% en los hogares de los asalariados.

  • El comercio exterior de Colombia ha sido muy golpeado por la contracción de la demanda global. El Dane informó que las exportaciones de Colombia en junio fueron de 2.278,1 millones de dólares, lo que representó una disminución de 26,4% en relación con junio de 2019. De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en mayo de 2020, las importaciones fueron de 2.877,3 millones de dólares y presentaron una disminución de 39,9% con relación al mismo mes de 2019. En el periodo enero-mayo 2020, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana 4.018,6 millones de dólares, en el mismo periodo 2019 se presentó un déficit de 3.659,1 millones de dólares. Toda esta situación es el desencadenante de un profundo desequilibrio macroeconómico que impacta negativamente el gasto público y la deuda del estado.

    Como resultado de la magnitud del choque macroeconómico que experimenta actualmente el país, y la necesidad de utilizar la flexibilidad permitida por la ley 1473 de 2011, el gobierno decidió suspender la Regla Fiscal para los años 2020 y 2021. La estrategia fiscal del gobierno nacional establece que en el 2021 se llevará a cabo un ajuste sustancial del déficit fiscal, desmontando buena parte de los gastos extraordinarios de la emergencia; así mismo, fija las metas de déficit de 2020 y 2021 en 8,2% y 5,1% del PIB, respectivamente.

    Producto de la recesión, los flujos de Inversión Extranjera Directa –IED– disminuirán 38.5% en el presente año. En el financiamiento externo, la caída de estos ingresos sería compensada por el aumento en el endeudamiento externo del sector público para hacer frente a la crisis; lo anterior se reflejará en un mayor déficit de cuenta corriente de 4,8% del PIB.

    Recientemente, la administración Duque llevó al Congreso el proyecto presupuestario para 2021 tasado en $314 billones, con un crecimiento del 15,5% frente al ejecutado en este año ($271,7 billones). En la iniciativa se destaca un mayor nivel de endeudamiento público con más inversión para atender las necesidades causadas por la pandemia del covid-19. El Presupuesto de la Nación para 2021 destinará $75 billones para servicio a la deuda, esto es 6,7% del PIB, debido al alto endeudamiento contraído por el gobierno en 2020. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el presupuesto para el próximo año se mantendrá en un nivel similar al de la vigencia fiscal actual, cerca del 21% del PIB. En la iniciativa presupuestal de 2021, el gobierno garantiza los recursos para los programas sociales de carácter asistencialista como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción; igualmente, se incluyen recursos para continuar con la devolución del IVA y para seguir atendiendo el programa de Ingreso Solidario, que fue extendido hasta el primer semestre del próximo año.

    Subsidios, población en pobreza y clase media vulnerable

    El 4 de junio de 2020 se aprobó el Decreto presidencial 812 mediante el cual todos los programas de subsidio (enfoque asistencialista) quedaron en cabeza del Departamento de la Prosperidad Social (DPS). Estos son cinco: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución de IVA, Colombia Mayor y el recientemente creado Ingreso Solidario que se implementó para ayudar a 3 millones de familias (actualmente solo llega a 2,7 millones) que no recibían subsidios.

    Según Susana Correa, directora del DPS, los subsidios están beneficiando al 90,7% de los colombianos más pobres y vulnerables, es decir 8,3 millones de familias, algo más de 27 millones de colombianos. Los recursos para financiar estos programas sociales salen del presupuesto nacional en su gran mayoría, sin embargo algunos pagos extraordinarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, por la pandemia, salen del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

    Para el año 2021, los programas asistenciales de subsidios serán financiados en su totalidad con recursos del presupuesto nacional. El grueso de los recursos que destina el gobierno para financiar el gasto social del Estado, además de los programas asistenciales, se orienta al pago de pensiones, régimen subsidiado de salud, educación pública, vivienda, servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico (el total del gasto social –asistencia poblacional + sectorial – representa alrededor del 10% del PIB).

    La tabla 2 muestra que el alcance real de los programas asistenciales es de 21,2 millones de personas netas, es decir 5,3 millones de familias. El número de subsidios brutos es de 27,2 millones; en consecuencia, 6 millones de beneficiarios son receptores de 2 o más subsidios. En promedio, los programas asistenciales subsidian apenas el 40,4% del valor de la Línea de Pobreza y cubren solo el 70,7% de la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El promedio del valor del subsidio individual es de $932.721 al año. La suma total de los recursos públicos ejecutados a través de la política asistencial es de $25,4 billones, esto es, 2,5% del PIB.

  • El análisis del gasto social asistencial permite hacer cuatro inferencias:

    • Si bien las instituciones oficiales publicitaban, por razones de interés político y manipulación de la opinión pública, que el índice de pobreza monetaria era de 27%, la realidad muestra que actualmente las condiciones de pobreza y vulnerabilidad afectan al 60% de los colombianos (alrededor de 30 millones de personas); además, el 73% del total de las personas viene registrando pérdidas de ingresos.
    • Las políticas asistenciales financian parcialmente las necesidades esenciales de consumo de los hogares pobres, sin embargo la inyección de recursos líquidos estimula la demanda interna y en última instancia aumenta las utilidades del capital.
    • El gasto público asistencial reproduce y mantiene a la población prisionera de las condiciones y causas de la pobreza. El objetivo de los subsidios es populista, no busca la superación, el desarrollo y la autonomía de estos grupos sociales marginales y excluidos. El propósito subyacente es la obtención de réditos políticos por parte de los sectores dominantes que controlan al Estado, evidente en épocas de elecciones a través del chantaje con los subsidios sociales y la compra de votos que les garantiza mantenerse el poder.
    • El valor oficial de la línea de pobreza es insuficiente para alcanzar un mínimo de dignidad por parte de las familias pobres. Este valor es definido arbitrariamente, la suma de $275.232 mensuales establecidos por el gobierno como umbral para diferenciar las personas “pobres” de las “no pobres” equivale apenas al 31,4% del salario mínimo legal vigente ($877.803), y representa el 27,9% del valor mensual de la canasta familiar requerido por cada persona de un hogar de ingresos bajos ($898.309).

    Sorteando la emergencia

    El choque generado por la triple crisis ha provocado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas de desarrollo en Colombia. Un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico que amenaza y hace victimas a 6 de cada diez colombianos y colombianas (entre pobres extremos, medios y clase media vulnerable suman alrededor de 30 millones de personas, es decir 7,5 millones de familias). En resumen, la pandemia, la crisis económica y las políticas del gobierno Duque están conduciendo el país a la ruina.

    El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Duque ha dictado más de un centenar de disposiciones para conjurar la crisis. Si bien todas las medidas implementadas buscan mitigar los impactos desde distintos enfoques, estas se pueden clasificar de acuerdo con los siguientes objetivos:

    • Medidas de aislamiento y distanciamiento social.
    • Medidas para el fortalecimiento del sistema de salud.
    • Medidas de ayuda social a la población en condición vulnerable.
    • Medidas para la protección del empleo y mitigación de la afectación sobre el aparato productivo.
    • Medidas sobre tributos y aranceles.
    • Medidas fiscales y presupuestarias.
    • Medidas para la provisión de liquidez.

    En el marco del Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico, declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional vio la necesidad de buscar fuentes que le permitieran contar de manera inmediata con recursos adicionales a los presupuestados ordinariamente para la vigencia fiscal 2020. En este contexto, el gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 444 de 2020, mediante el cual creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el objeto de dotar de recursos al Gobierno nacional para contener la sangría económica y social.

    El principal instrumento para el manejo de recursos destinados a atender la emergencia ha sido el FOME. Los ingresos estimados del fondo son ingresos corrientes por $287.000 millones, provenientes del impuesto solidario por el covid-19, y recursos de deuda por un monto estimado de hasta $22,9 billones, de los cuales $11,75 billones provienen de préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), $9,7 billones de inversiones forzosas del sistema financiero en títulos de deuda pública denominados Títulos de Solidaridad (TDS), $1,3 billones de créditos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y $202.000 millones de créditos del Fondo de Riesgos Laborales. Las fuentes de recursos del FOME se establecieron en los Decretos Legislativos 444, 552, 562 y 568; y fueron adicionados al Presupuesto General de la Nación de 2020 mediante los Decretos Legislativos 519, 571, 572 y 774 de 2020.

    El FOME ha recibido recursos del orden de $22.546mm (miles de millones), los cuales se encuentran administrados mediante portafolio independiente en la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

    El 5 de agosto de 2020, la Corte Constitucional tumbó uno de los decretos más controvertidos de la pandemia, el decreto 568 de 2020 que creó el impuesto solidario. Para la Corte, el decreto violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal. Así, consideró el alto tribunal, este impuesto no era generalizado sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no fue válido. Según el alto tribunal, el impuesto debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, etc. Unicamente se les cobró a los trabajadores del Estado. El tributo ordenó que a estas personas se les descontara en mayo, junio y julio desde un 10 hasta un 20 por ciento de su salario o pensión, dinero que sirvió para alimentar con unos 287.000 millones de pesos al FOME.

    A la Corte Constitucional llegaron múltiples demandas de empleados públicos que pedían tumbar ese tributo afirmando que era desproporcionado. A la fecha, el Estado cuenta con 1.198.834 servidores públicos; ninguno de estos ha sido afectado en su empleo o ingresos a causa de la emergencia que enfrenta el país.  Los ingresos de la burocracia son, en promedio, cinco veces superiores al promedio que devengan los trabajadores asalariados. Cada uno de los congresistas devenga 57 salarios mínimos mensuales; este grupo privilegiado también ha sido reacio a donar, o a que le quiten, cualquier peso (inclusive de los gastos de representación que en tiempos de confinamiento no los requieren). La solidaridad que piden los funcionarios del Estado es solo para los ciudadanos comunes y corrientes; es fácil ser generoso con la plata de los demás. 

    El Comité de Administración del FOME ha aprobado usos de recursos del fondo por un total de $21.864mm, discriminados así: $8.243mm para la atención de la emergencia sanitaria, $6.627mm para conjurar los efectos adversos de la pandemia sobre la población en condición de vulnerabilidad y $6.994mm para la protección del empleo y la reactivación económica. De estos usos totales de los recursos, únicamente $17.843mm corresponden a un mayor gasto fiscal del gobierno nacional, mientras que la porción restante corresponde a usos de financiamiento.

    En este sentido, para la atención de la emergencia se han distribuido presupuestalmente $4.669mm a las diferentes entidades del Presupuesto General de la Nación, de los cuales $901mm fueron distribuidos con anterioridad a la creación del FOME y $3.768mm desde el rubro presupuestal FOME.

    Es importante resaltar que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, la distribución presupuestal no configura una ejecución de los recursos, sino que apropia a la entidad del Presupuesto General de la Nación los recursos para poder ejecutar y comprometer su presupuesto en desarrollo de su autonomía presupuestal (artículo 110 del Decreto 111 de 1996). Así, con información reportada por las diferentes entidades del presupuesto general en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), al 19 de junio de 2020 se han girado recursos para la atención a la emergencia, con cargo al rubro presupuestal del FOME, por el orden de $3.397mm. Dando como resultado un saldo disponible en la caja del FOME de $19.148mm.

    Finalmente, en línea con la proyección fiscal para la vigencia 2020, se estiman usos adicionales para la atención de la emergencia financiados por el FOME del orden de $10,0 billones, a través de los cuales se fortalecerán los programas de ayudas sociales a la población vulnerable y se adoptarán medidas para la protección de las empresas y la infraestructura, y la reactivación económica. Reconociendo las fuentes con las que cuenta actualmente el FOME y los usos aprobados por su Comité de Administración, el Fondo requerirá recursos adicionales del orden de $8,5 billones para la financiación de los usos estimados en lo restante de la vigencia, los cuales serán financiados a través de organismos multilaterales de crédito.

    Considerando lo anterior, el gasto fiscal total realizado a partir de los recursos del FOME asciende a $25,4 billones, destinados principalmente a la atención de la emergencia sanitaria, dar ayudas a la población vulnerable, y proteger el empleo y las relaciones comerciales del tejido empresarial. Por su parte, los usos de recursos de financiamiento ascienden a $6,5 billones, destinados a proteger las empresas nacionales de los efectos de la emergencia económica, dar apoyos de liquidez a otras entidades públicas y financiar los subsidios de los servicios públicos de los estratos 1 y 2 (tablas 3, 4, 5 y 6).

    La asignación realizada en Colombia es mezquina, modesta e insuficiente en comparación con los enormes paquetes fiscales de emergencia de los demás países en el mundo que están inyectando dinero a la economía para mitigar los efectos de una crisis económica global que, según los pronósticos de expertos y organismos internacionales, será la peor desde la Gran Recesión de los años 30. La administración Duque asignó 25,4 billones de pesos para enfrentar la emergencia ocasionada por la pandemia, equivalente a 2,5% del PIB. En contraste, Japón asignó el 21% del PIB, Estados Unidos el 13, Perú el 9, Brasil el 8 y Chile el 5, por mencionar solo algunos.   

  • Frente al plan financiero de 2020 presentado a comienzo de año, la meta de déficit fiscal del gobierno se ampliaría 6,0 puntos porcentuales, hasta llegar al 8,2% del PIB. Esta meta generará más adelante una espiral inflacionaria que terminaran pagando la clase trabajadora y los sectores populares al aumentar el precio de los bienes y servicios de la canasta básica familiar. Por ahora, debido a la caída de la demanda, la economía está cayendo en la deflación que acarreará más quiebras de negocios. En julio de 2020 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 0,00%, la variación durante el año corrido fue 1,12% y la anual 1,97%.

    La deuda neta, por su parte, presentaría un incremento de alrededor de 15 puntos porcentuales del PIB, jalonado por el mayor déficit fiscal, el menor PIB nominal y un fuerte efecto de la depreciación, que incrementa el valor de la deuda externa en pesos. En resumen, la respuesta oficial a la crisis generó un aumento desmesurado del déficit fiscal y de la deuda pública que, al finalizar el presente año, alcanzará probablemente el 10 y el 70 por ciento del PIB, respectivamente. Para el año 2021 se viene una riada imparable de reformas estructurales: laboral, pensional, tributaria y de recorte de los recursos de los programas sociales.

    La crisis económica, social y de salud devasta la capacidad empresarial y laboral del país. En particular, micro, pequeños y medianos negocios están en bancarrota. Sin embargo, la segunda encuesta “Pulso Empresarial”, elaborada por el Dane, señala que mientras en abril de 2020 el porcentaje de empresas con normalidad en sus operaciones era de 31,4%, un mes más tarde este había subido al 45,6%. En ese mismo periodo también se registró una leve mejoría en aquellas empresas que mantienen una operación parcial, al pasar del 40,5 al 43,4 por ciento en ese mismo periodo.

    El avance más significativo se registra en aquellas firmas que habían tenido que acudir al cierre temporal o definitivo de sus compañías; mientras en abril el porcentaje de empresas en esa condición era del 28,2%, un mes más tarde descendió al 11%. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica que en Colombia 140.000 empresas formales están en riesgo de colapsar por la crisis en curso. El Fondo Monetario Internacional advierte que bancarrotas de micro y pymes se triplicarán por el covid-19, es decir que las quiebras de empresas podrían aumentar del 4% registrado antes de la pandemia, al 12%. La incertidumbre generada por la improvisación y arbitrariedad de arranque y freno de la actividad económica, cuarentenas recurrentes, estrategias de “acordeón”, entre otras impuestas por el gobierno nacional y las autoridades regionales y locales, conduce ineluctablemente a la destrucción del sistema económico.

    Pese a que la crisis potenciada por el coronavirus ahondó la debilidad del empresariado por cuenta propia y los pequeños negociantes, las medidas económicas tomadas por el gobierno en medio de la actual recesión son para sus aliados y socios, quienes dirigen parte de los ministerios. Gobierno de ricos para ricos. El 90% de los recursos inyectados por el gobierno en el marco de la atención de la emergencia fluyen a través del sector bancario para mantener la liquidez financiera y apoyar la rentabilidad bancaria.

    De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante mayo de 2020, los 25 bancos comerciales que operan en el país reportaron utilidades por $3,4 billones; las ganancias de los 15 bancos nacionales fueron de $2,57 billones y los 10 bancos extranjeros tuvieron rendimientos positivos por $750.386 millones; con esta tendencia, los bancos colombianos continúan teniendo mayor participación en las utilidades acumuladas del sector y, en mayo de 2020, ganaron 3,4 veces más que las compañías internacionales. Los bancos de Colombia que mayores ganancias obtuvieron son: Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Davivienda, BBVA Colombia y Banco de Occidente.

    Además, mediante la reforma tributaria o “Ley de financiamiento” tramitada por Duque al inicio de su gobierno y en medio de las protestas por la desigualdad, ya le habían “regalado” a los grandes empresarios la suma de $9 billones  mediante exenciones o reducciones tributarias.

    Por otra parte, el gobierno nacional y las administraciones regionales y locales favorecen con la contratación de los recursos para atender la pandemia a los empresarios que les financiaron sus campañas políticas. Según la Contraloría General de la Nación, la entrega de millonarios contratos, bajo la sombrilla de la emergencia sanitaria del covid-19, sigue arrojando anomalías. De acuerdo con los hallazgos del ente de control, los aportantes a las campañas políticas ganadoras logran a través de los contratos que firman con el Estado un retorno del dinero “invertido” cercano al 1.000%.

    La pandemia también ha evidenciado los síntomas de otra plaga crónica en Colombia: la corrupción. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han denunciado sobrecostos en contratos públicos de entidades del Estado, alcaldías y gobernaciones. De acuerdo con los organismos de vigilancia y control, los sobrecostos alcanzan el 25% en el valor de bienes y servicios.

    Política y disrupción pospandemia por covid-19

    Superar la crisis que amenaza la supervivencia de la clase trabajadora y los sectores populares en Colombia exige una transformación radical del régimen político, el modelo de desarrollo hegemónico y de las relaciones e instituciones sociales. El marco constitucional fundamentado en el Estado social y democrático de derecho ofrece la base jurídica y, a la vez, permite orientar y animar las luchas por venir. Democracia radical y plural, garantía integral de los derechos humanos y un sistema económico justo, sostenible y socialista constituyen los principios básicos para construir una agenda alternativa impulsada por un amplio frente social que enfrente la oligarquía mafiosa, cínica, corrupta y criminal que gobierna al país desde las últimas cinco décadas. Superada la pandemia Duque, el escenario de esta confrontación serán las próximas elecciones presidenciales y de gobiernos locales y regionales.

    Al movimiento social, plural y democrático, en unión con las clases trabajadoras y populares dentro de un gran frente social, le corresponde construir un programa político alternativo que responda a los retos actuales de corto, mediano y largo plazo.

    Durante los procesos electorales del último siglo la abstención registra un promedio del 52% y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2%. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió al 47% y el voto por la izquierda aumentó a 42%. Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida, trabajo digno y democracia real, y los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, son una evidencia empírica que muestra un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de formas de existencia humana más decentes, sostenibles, inclusivas y dignas.

    Las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática y plural, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país. Según las encuestas realizadas dos días después de que el 21 de noviembre de 2019 se declarara el Paro Nacional y se iniciaran las movilizaciones, el 70% de los colombianos se mostraba favorable a las protestas y a la creación de un gran frente social.

    Adicionalmente, tras cumplir los  primeros 100 días de gobierno, solamente el 27,2% de los encuestados aprobaba el desempeño del presidente Iván Duque. Estos resultados reflejaban el ánimo que vivía el país a finales de 2019 y comienzos de 2020: el 73,8% de los colombianos encuestados por Invamer para SEMANA, Blu Radio, y Noticias Caracol, afirmó que sentía que las cosas iban “por mal camino”. Para los colombianos, en aquel momento, la corrupción (26.9%), el desempleo (21.7%) y la inseguridad (9.6%) eran los principales problemas del país; le seguían  la calidad y el cubrimiento de la educación (7.7%), la salud (6.8%) y los efectos de la situación de Venezuela (5.5%).

    En Colombia, la pandemia se ha usado por el gobierno para tender cortinas de humo sobre la crisis social, laboral y económica, la impunidad respecto a la corrupción, el terrorismo de Estado y la ilegitima elección del presidente Duque debido a los votos comprados con recursos financieros proveídos por narcos y paramilitares. La crisis social, económica y de salud le permitió a los partidos y grupos de derecha bloquear la movilización social e imponer una dictadura civil constitucional. Una dictadura cualquiera sea la forma que ella adopte, es siempre el peor de los males y debe ser combatida por todos los medios legales y pacíficos.

    En agosto de 2020, a mitad de camino de su administración, la aprobación de la gestión del presidente Iván Duque está en el 61%, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Uno de los asuntos en los que no le va muy bien al gobierno es el relacionado con la corrupción, en el que la mitad de los encuestados consideran que es mala su gestión. Y si bien en el ideario popular se podría pensar que el principal problema del país es el coronavirus, los encuestados creen otra cosa. La mayoría, el 37%, estimó que es la corrupción, seguida, eso sí, por la pandemia, con el 27%. Otro problema relacionado con el covid-19, como es el desempleo, se ubica en el tercer lugar con el 14%.

    Como insumo político convocante de un frente social, plural y democrático se debe retomar la “agenda del comité nacional de paro para la negociación con el gobierno nacional”, la cual está integrada por 13 capítulos: i) garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; ii) derechos sociales; iii) derechos económicos; iv) anticorrupción; v) paz; vi) derechos humanos; vii) derechos de la madre tierra; viii) derechos políticos y garantías; ix) agraria, agropecuaria y pesquera; x) cumplimiento de acuerdos entre el gobierno, procesos y organizaciones; xi) retiro de proyectos normativos; xii) derogatoria de normas; xiii) construcción normativa. Está claro que es necesario actualizar esta agenda, la disrupción pospandemia por covid-19 así lo exige.

    En la perspectiva estratégica es necesario el rediseño del Estado, la política y el modelo de desarrollo. Es necesario destruir el actual estado oligárquico,  mafioso, corrupto, cínico y violento para hacer realidad el Estado social, democrático y garantista de los derechos humanos que quedó plasmado en la Constitución de 1991.

    La coyuntura plantea la urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades sociales, económicas y laborales, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones. La economía colombiana tiene la oportunidad de ahondar en su diversificación productiva en nuevos escenarios de comercio internacional, reforzar la industria manufacturera, recuperar el agro, incentivar el trabajo digno y decente, y fomentar la creación de cadenas de valor ambientalmente sostenibles. Un programa de izquierda democrática tiene que plantearse la necesidad de transformar las formas de propiedad privada sobre los medios de producción hacia un proceso cooperativo y socialista; adicionalmente, se deben transformar radicalmente las relaciones sociales de producción capital-trabajo hacia nuevas formas más humanas, dignas, solidarias y justas.

    La crisis sanitaria ha sacado a relucir todas las debilidades de una economía dependiente de la exportación de materias primas, y una economía extractiva que, además de estar monopolizada por una oligarquía financiera y mafiosa que pareciera no importarle esa debilidad, no cuenta con un sujeto social organizado y consciente que empuje una estrategia dirigida a enfrentar esa situación. Es necesario, en el corto plazo, fortalecer el sector público en la provisión universal de los bienes y servicios sociales básicos: trabajo, salud, educación, vivienda, servicios domiciliarios, comunicación y transporte. El sector financiero, el crédito y el control monetario deben volver a ser públicos y regulados democráticamente.

    Sin embargo, el modelo debe ser esencialmente socio-céntrico. Las alternativas estado-céntricas y mercado-céntricas neoliberales han fracasado en el último siglo. Las soluciones no pueden partir desde el Estado o desde el capital transnacional. El motor de estas estrategias de cambio debe provenir de la misma sociedad auto-organizada. Existen experiencias exitosas que deben escalar a nivel nacional y macroeconómico, tales como las empresas asociativas o cooperativas de producción, comercio y financieras.

    Además, localmente se vienen construyendo desde las bases sociales algunas experiencias productivas comunitarias y cooperativas que combinan la más alta tecnología y eficiencia, con la participación de profesionales y científicos comprometidos con las causas populares, sin dejar de lado los temas de tipo ecológico-ambiental, o de seguridad, autonomía y soberanía alimentaria. La autogestión y la autonomía libertaria, democrática, plural y socialista, deben animar y orientar estos procesos.

    En el corto plazo, los colombianos deben enfrentar las reformas que vienen en camino: tributaria, laboral, pensional y de políticas sociales. Es necesario contar con propuestas de reformas inspiradas en el espíritu de cambio señalado. La renta básica es una reivindicación importante en el corto plazo; ésta debe ser universal y equivalente al valor real de la canasta básica familiar para garantizar a cada persona un mínimo de vida digna y de seguridad en su existencia cotidiana.  

    La alianza en un frente popular democrático y plural, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerzas entre la oligarquía mafiosa, criminal y cínica, y la clase trabajadora plural, democrática y socialista. En efecto, la relación de fuerzas entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase media y populares; articuladas y animadas por un profundo proyecto digno y emancipador.

     

    *Economista y filósofo. Escritor e investigador independiente

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