La violencia biodegradable del Sur de Bolivar

Dependiendo de la parte donde esté el pie en el mapa, el Sur de Bolívar queda al norte: al norte de Antioquia, al occidente del oriente colombiano, al centro-oriente de la costa occidental, al norte de la zona selvática del sur, y al sur de la región Caribe ubicada al norte del mapa.

El Sur de Bolívar no es monótono. Partes de la zona baja, dedicada a la agricultura, están rodeadas por circuitos acuáticos, playones y humedales. En la porción montañosa, consagrada a la minería artesanal, la luna llena posada en el horizonte es un círculo de fuego que deja estelas naranjas de luz sobre y bajo la circunferencia, cual sol derretido sobre la infinitud del mar. Los tajos amarillentos, que parecen las venas varices del bosque montañoso, son trochas pedregosas, viscosas y lisas cuando llueve, con desvíos inesperadamente sinuosos, y minadas de huecos que solo pueden soportar suspensiones y riñones hechos para el vértigo y el rigor del zarandeo durante eternas horas. Luego de un giro, o de conquistar una empinada, surgen islotes de casas de madera y techos de lata empotradas entre los filos de las montañas. Palafitos que desafían todas las teorías de la gravedad y pueden venirse abajo después de que suspire el destino o estornude la tierra. Al parecer, en cada casa hay más de un par de botas pantaneras y un menor de cinco años.

Si el Estado es incapaz de ejercer control y ofrecer garantías en las zonas bajas y planas, en la región montañosa, donde se multiplican las dificultades de acceso, el Estado es como Jesucristo: alguien de quien todo el mundo habla, pero que jamás nadie ha visto.

Los vacíos estatales los llenan las armas y el autoritarismo de personas y grupos que imponen su voluntad utilizando la violencia. El Sur de Bolívar tiene secuelas profundas que volvieron a arder cuando un grupo de 20 hombres armados caminaron varios asentamientos presentándose como una disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

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La región está bordeada por el río Cauca y el río Magdalena. La población es una pintoresca mezcla de costeños, santandereanos y paisas. En el extremo sur, el municipio de Cantagallo limita con Yondó, Antioquia. Al extremo norte, San Martín de Loba y Barranco de Loba comparten linderos con Magangué, Bolívar. 12 son los municipios que integran el Sur del Bolívar, atravesados por el millón de hectáreas que abarca la Serranía de San Lucas.

A partir del año 97 la serranía sufrió una ofensiva paramilitar que sitió los cascos urbanos. El asalto no ocupó las zonas rurales de la parte alta por el alto nivel organizativo de las comunidades y la presencia de las FARC y el ELN. Hubo confrontación armada, masacres, quemas de pueblos y caseríos, desplazamiento, desapariciones, y muchos asesinatos.

La violencia desató en el 98 una movilización masiva llamada Éxodo campesino del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. 12.000 personas salieron a diferentes centros urbanos, entre ellos Barrancabermeja, el referente poblado más importante y cercano del Sur de Bolívar. Algunos desplazados llegaron a Bogotá, se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos y luego buscaron refugio en la Universidad Nacional. Reclamaban el cumplimiento de la inversión en educación, salud, vivienda y servicios públicos pactada con el Gobierno nacional en 1987. Además exigían el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio.

Después de tres meses, la movilización alcanzó un nuevo acuerdo firmado por Andrés Pastrana un mes y medio después de posesionarse como Presidente. Firma que jamás se cumplió. Meses después arreció la represión paramilitar. El Sur de Bolívar quedó acorralado y fragmentado. Los habitantes de los cascos urbanos señalaban de guerrilleros a los habitantes de las zonas rurales, y los campesinos llamaban paramilitares a quienes les decían guerrilleros.

En el 2000 las comunidades organizadas se declararon en resistencia. Generaron mecanismos preventivos y un autogobierno para regular la vida, la producción, y los demás aspectos de la cotidianidad. Estrategias fortalecidas un año después gracias a la Caravana por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar, organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher). El cronograma de la caravana sufrió modificaciones porque los paramilitares impidieron la circulación de los participantes, muchos de los cuales eran servidores públicos, periodistas y representantes de organizaciones europeas. La presión mediática internacional obligó a que el Gobierno prestara atención a la problemática, y a que los paramilitares desescalaran su accionar en la región.

Han pasado 18 años y los tambores de guerra no retumban como antes, pero la violencia, las amenazas de despojo y desplazamiento cambiaron de piel.

Además de la riqueza en flora y fauna, el Sur de Bolívar cuenta con grandes reservas de oro y agua. Recursos no renovables que hacen de ella una zona muy apetecida por las multinacionales que aspiran obtener títulos mineros para apropiarse del territorio y explotar a gran escala sus riquezas.

A esta amenaza de despojo se le suma el auge que ha tenido desde el 2008 la agroindustria de palma de aceite utilizada para producir biocombustibles. En las partes bajas y ribereñas de la serranía incrementan con los años las hectáreas sembradas con esta planta que esteriliza la tierra porque absorbe y seca los minerales del suelo. Las estrategias empresariales y otras formas de presión convencen a los campesinos para que vendan sus tierras dedicadas a la siembra de pan coger. Los gremios empresariales, las administraciones locales y nacionales proyectan multiplicar el número de hectáreas, lo cual generaría un problema de desabastecimiento y una dependencia alimentaria de lo que se produce en otras partes del país y podría ser sembrado en la región.

Las amenazas no terminan allí. Parte de la Serranía de San Lucas, donde habitan comunidades que realizan prácticas económicas de baja escala para su subsistencia, hace parte de Parques Nacionales, una figura de conservación y protección ambiental diseñada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este modelo no permite la presencia de campesinos en los territorios a conservar, considerando como destructores de los ecosistemas a quienes han cuidado de ellos históricamente. La gente de la región sospecha que la intención no es proteger sino desplazar las comunidades para que luego entren multinacionales a sacar provecho de los recursos.

La violencia no solo la ejerce el Estado mediante leyes y propaganda engañosa, el Ejército desde algunos meses viene amedrentando los caseríos Mina Viejito, Mina Gallo, Mina Café y Mina Espada que hacen parte del corregimiento San Pedro Frío, el cual no tiene fronteras claras pues está ubicado en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa, Morales, y Arenal. San Pedro Frío hace parte de todos pero no pertenece a ninguno, las fronteras difusas son utilizadas como excusa por las Administraciones municipales para no invertir en el corregimiento.

Lo que sí está claro es que el Batallón de Selva número 48 es el responsable de ejercer control en la zona. La relación con el Ejército hizo corto circuito. La primera de las situaciones que provoca molestia es que la base capta y contamina el agua que utiliza el corregimiento y los demás caseríos. Y hace unos meses, dicen los pobladores, mandos del Ejército amenazaron a la población diciendo que van a utilizar el corregimiento como un centro de operaciones y que "lo que viene para acá no lo han visto nunca".

Las comunidades además aseguraron que incrementaron los retenes militares y los puestos de control donde preguntan a los arrieros de dónde vienen, para dónde van y qué llevan. Dicen también que el Ejército entabla relación con los jóvenes para conseguir drogas y les da dulces y dinero a los niños a cambio de información. Los líderes sociales también identificaron otro patrón de comportamiento. Cuando ocurrió un caso de abuso sexual y un homicidio, los culpables se presentaron a la base militar. El Ejército llamó a los líderes para que se encargaran de los culpables, para que hicieran las veces de Estado. Los líderes temen que el Ejercito pretenda involucrarlos en este tipo de situaciones con el fin de tener argumentos para controlarlos o judicializarlos.

El último hecho que les recordó las épocas del conflicto sucedió la semana del 20 al 27 de octubre. Alrededor de 20 hombres armados se presentaron en Mina Gallo, Mina Viejito, Mina Café y Mina Espada diciendo que eran una disidencia de las FARC que llegaba para quedarse en el territorio.

Un joven moreno de mirada sigilosa que no supera los 25 años manifestó que mientras estaba en su casa, cerca de Mina Viejito y a cuarenta minutos en carro de San Pedro Frío, vio a un muchacho blanco que se le acercó al cruzar la puerta. El desconocido le preguntó al joven si sabía quién era, y ante la negativa dijo que hacía parte de una disidencia. Con vehemencia el presunto guerrillero dijo que necesitaban hablar con él porque era señalado de integrar el ELN. Yo no, yo trabajo por acá, mi papá tiene minas, respondió.

Le pidieron que los acompañara y no manifestó oposición. Atemorizado, el joven caminó con ellos aproximadamente 100 metros desde su casa. Allí un negro alto lo agarró con furia del cuello y lo "jodió".

–Canta pues gonorrea, canta. Di pues quiénes son los guerrilleros. Si usted nos colabora nos va muy bien –, dice que le dijeron.
–Si yo de aquí no conozco a nadie. Yo trabajo, mi familia es de por acá–, respondió.
–Este carechimbita nos está mintiendo. Vamos a cogerlo y a matarlo por allá.
Lo llevaron treinta metros más adentro. Otro tipo moreno sacó un cuchillo e hizo señales de que lo iba a apuñalar. Un compañero de baja estatura le recomendó que no lo hicieran.
–Si esta gonorreita no canta, nos va tocar a las malas.
En el momento del juicio unos aserradores bajaban con sus mulas por el camino más cercano. Los hombres armados los pararon, les quitaron los bolsos, esculcaron y les regaron todo. Se presentaron y mencionaron la razón de su presencia en la zona. ¿Ustedes conocen este carajo?, preguntaron luego. Nosotros lo distinguimos, él es el paisa, trabaja en la mina, la familia está por acá muy cerca, respondieron los aserradores asustados.
—Bueno carechimba, usted se salva porque esos manes hablaron por usted. Pero el día que nosotros lo cojamos, lo vamos a pelar. No le vaya a decir a nadie. Lo que sí diga es que vamos a hacer una reunión el domingo en [Mina] café.

La reunión jamás se hizo. Los armados caminaron por los asentamientos. Entraron, rebujaron, cocinaron y amanecieron en las casas. Preguntaron por el territorio. Intentaron averiguar quién pagaba vacuna al ELN. Y pidieron cédulas en los rumbeaderos de Mina Viejito. La última vez que los vieron caminaban rumbo a La Guarapería, sector ubicado a treinta minutos de donde se encontraba el Ejército por aquellos días, quienes desestimaron las denuncias hechas por la comunidad.

Las fuentes de la región escuchadas para este escrito están convencidas de que los hombres mencionados no integran una disidencia de las FARC. En primer lugar, los frentes 24 y 37 de las FARC que hacían presencia en el Magdalena Medio se concentraron hace dos años en la Zona Veredal Transitoria de Carrizal, localizada en Remedios, Antioquia. Por otro lado, después de convivir tantos años con las guerrillas, los pobladores identificaron características particulares y comportamientos muy similares a los que tiene el Ejército en la región.

Quienes tuvieron un trato directo con ellos aseguran que una parte del grupo vestía de civil y otros de uniforme militar sin ninguna insignia. Algunos tenían acento que relacionan con las personas del golfo de Urabá, no había jerarquía clara y se comunicaban por medio de silbidos.

Los supuestos disidentes se fueron, la zozobra y el recuerdo de las épocas del paramilitarismo quedó vivo.

 

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La violencia en nuestro país desarrolló los anticuerpos para reinventarse, encontrar patrocinadores, y justificar lo injustificable. Es casi imposible dar un paso por el país profundo y no pisar un huérfano, una viuda, una madre que perdió un hijo, una fosa, un verdugo, un dónde está mi desaparecido, un rencor, la cocción de una venganza, proyectos de vida que murieron el día que nacieron, hombres y mujeres que no fueron para la historia sujetos de sus propias decisiones.

La violencia más publicitada es la empapada y manchada de sangre. Nuestra sociedad no acepta reconocer una violencia distinta a la que dice conocer y le han mostrado los medios de comunicación.

San Pedro Frío –al igual que los demás caseríos mencionados– es un asentamiento hecho con la creatividad necesaria para sortear las inclemencias geográficas. El corregimiento no tiene agua potable, ni luz eléctrica –Dumek Turbay, antiguo gobernador de Bolívar, malversó los 17.000 millones que costaba construir una estación eléctrica en el corregimiento–, ni puesto de salud, ni alcantarillado, ni una comisaría de familia, ni psicólogo, ni huellas de progreso o cemento.

Allá, en el sur, se produce y circula mucho dinero, no hay manifestaciones de opulencia pero hay un consumo frenético. La drogadicción, la prostitución y la llegada de venezolanos, tanto en la zona urbana como rural, viene en aumento; al igual que los infiltrados de inteligencia de la fuerza pública que buscan información sobre la actividad minera, las organizaciones y los líderes sociales.

Hay comunidades del país que cien años después viven en condiciones propias del siglo diecinueve, inundados por objetos del siglo veintiuno: lavadoras, antenas de DirecTV, celulares, computadores, bafles estridentes y gigantones: materia que moderniza la pobreza y desvía la atención de lo realmente urgente y necesario.

La violencia más primigenia, la más nociva y envilecedora nunca se ejerce con armas. El Estado incompetente e hipócrita inventó un país que nos obliga a luchar contra las desventajas, contra la geografía y contra nosotros mismos. Somos más territorio que Estado. La violencia es el fin, pero también el medio. Un fósil sin fecha de vencimiento.

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Juan Alejandro Echeverri

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