Gasolinazo y crisis económica en México

En México el año arrancó con movilizaciones, bloqueos y protestas por el aumento de la gasolina. Los primeros precios de 2017 representarán un incremento para las gasolinas Magna, Premium y el Diésel de 14.2, 20.1 y 16.5 por ciento respectivamente.

Desde el primero de enero y por más de 10 días consecutivos, en 28 estados del país, se vivieron intensas y álgidas protestas. Algunas de las principales vías estuvieron bloqueadas por campesinos, organizaciones, sindicatos y partidos de oposición; muchas estaciones de gasolina fueron tomadas y cerradas por los manifestantes, y las principales plazas y calles de las capitales, incluida la Ciudad de México, presenciaron masivas movilizaciones exigiendo “fuera peña” y “no al alza”.

A la par de estas movilizaciones, los medios de comunicación difundieron ampliamente episodios de saqueo de almacenes y grandes cadenas en las principales ciudades de la nación. Aproximadamente 1.500 personas fueron detenidas en el marco de acciones de la policía federal y estatal contra estos episodios. Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron que los saqueos fueron promovidos y patrocinados por el partido de gobierno -PRI- para justificar la represión de la protesta social contra el alza, y para atemorizar y limitar la participación de la ciudadanía en las acciones de plaza y calle que se venían convocando autónoma y pacíficamente en todo el país.

Pero, ¿qué expresa esta situación? Este gasolinazo es una medida nociva para la economía general del país que afecta a los sectores empobrecidos y ya afectados por el esquema neoliberal. Ya se han observado aumentos en el transporte público, en el precio de alimentos, de productos fundamentales, y en resumen se expresará en una pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los sectores populares, quienes además padecen por la devaluación del peso mexicano, que en los últimos doce meses ha alcanzado ya más de 20%.

Ahora bien, lo que resulta relevante de este gasolinazo no es solo la afectación inmediata en el bolsillo del pueblo mexicano, sino que expresa una crisis económica y política que se viene intensificando desde tiempo atrás. Recordemos que por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto (del PRI), en alianza con el PAN (partido de la derecha en México) en diciembre de 2013 se aprobó la reforma energética que instauró la libre concurrencia privada en todas las actividades petroleras (desde 1937 en México solo el Estado podía participar de estas actividades), es decir, abrió la puerta a la privatización. Además cambió la institucionalidad que reglamenta el sector energético y convirtió a PEMEX en una empresa estatal que se regula bajo las leyes del mercado internacional del petróleo. Así mismo, esta reforma energética decretó para el 2018 (ahora adelantado al 2017) la liberalización del precio de los combustibles de acuerdo a precios internacionales, desmontando los subsidios estatales y abriendo la puerta a un aumento en la carga de impuestos directos y regresivos.

El adelanto de la liberalización de los precios de combustibles y la desesperada explicación televisada del presidente, dejan entrever que el déficit fiscal y la corrupción han llevado a este sector de la economía a un borde peligroso. Recordemos que el petróleo y las remesas provenientes de Estados Unidos son los principales renglones de la economía mexicana. La amenaza de recortar programas sociales y de disminuir presupuesto para obras públicas demuestran que el Estado mexicano, con toda la corrupción involucrada en el sector, fue incapaz de modernizar la infraestructura de producción y refinería en los periodos de bonanza del petróleo en la década anterior (cuando gobernó la extrema derecha del PAN), y que por lo tanto depende totalmente del capital extranjero para reactivar la producción del país.

Además, existe otra debilidad frente al nuevo gobierno de Donald Trump, y es que México importa un porcentaje representativo de combustibles de Estados Unidos. Siendo el sexto país consumidor de gasolina del mundo, México está ad portas de una crisis energética severa, que desde ya se intenta resolver a costa del bolsillo de los sectores populares.

Ahora bien, en términos políticos, la inconformidad frente al gobierno de Enrique Peña Nieto se hace cada vez más palpable; la consigna “Fuera peña” cobra cada vez más fuerza, y ante un panorama económico tan desfavorable para el 2017, no parece haber salidas de mediaciones sencillas. El problema radica en que por más enérgicas que fueron las protestas contra el gasolinazo, no existe una agenda política articuladora, que pueda unir la inconformidad por los efectos del neoliberalismo en la flexibilidad laboral y social, de la altísima corrupción que campea por muchos de los estados, y de la incapacidad de enfrentar las amenazas externas que vocifera Trump desde el norte, o del narcotráfico que ha permeado al Estado y a la sociedad en diferentes niveles de profundidad y territorialidad.

Desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México ha venido viviendo una serie de manifestaciones y protestas, que expresan un agotamiento nacional frente a severos cambios que trajo el neoliberalismo militarizado del PAN y el tratado de libre comercio entre Canadá, EEUU y México. Sin embargo, la violencia de Estado, la violencia del narco y la violencia estructural parecen palidecer las expresiones organizadas que buscan transformaciones sociales. Los siguientes meses son cruciales para desarrollar agendas nacionales políticas y organizativas contra este gobierno, pero sobre todo contra el modelo que se viene instaurando, y va dejando cada vez más vacío al viejo Estado benefactor que fue el Estado mexicano.

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