En los llanos orientales Las Zidres beneficiarán a las grandes empresas

El 29 de enero de 2016, el presidente Juan Manuel Santos sancionó en Orocue, municipio casanareño ubicado a orillas del río Meta, la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Social (ZIDRES). En el acto público, el mandatario afirmó que la mencionada ley constituía, ni más ni menos, una “verdadera revolución para el campo”, con la cual se garantizará la seguridad alimentaria del país. “Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”, indicó Santos, sin rubor alguno. La afirmación desde luego no deja de ser un chiste de mal gusto, especialmente para los productores agrícolas del país, grandes y pequeños, que ven cómo, con la venia del Estado, llegan a Colombia cada año millones de toneladas de alimentos importados y se pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de la población, al tiempo que se ha transformado la vocación agrícola del campo, destinado ahora a los grandes negocios agroindustriales.

Que el lugar donde se sancionó la Ley 1776 de 2016 haya sido una población ubicada en los llanos orientales de Colombia, no es un hecho de menor valía, porque está relacionado intereses que el capital, nacional e internacional, han proyectado desde hace algún tiempo sobre esa extensa región del país, para satisfacer jugosos negocios en torno a la tierra y sus riquezas. En efecto, como lo han indicado investigaciones periodísticas y académicas, la región de la Orinoquia en los últimos años –aunque ya desde el siglo XVIII estuviese articulada tímidamente a las demandas del mercado nacional e internacional – ha adquirido una importancia especial en la fase de acumulación capitalista actual, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que la región representa el 22,7% del territorio nacional, y que allí se albergan 10 Parques Nacionales Naturales y una de las cuencas de exploración y explotación de hidrocarburos más importantes del país.

Diversas actividades económicas, articuladas a las demandas del capital internacional, se han posicionado en los llanos orientales, modificando aceleradamente su configuración espacial y agudizando los conflictos sociales. Entre las más visibles se destacan la profundización del modelo del latifundio ganadero, que lejos de perder fuerza, se consolida a tal punto que la ganadería representa un 90% de las tierras con esta vocación en la región. Lo novedoso de la actividad es que se orienta hacia la implementación de cultivos de cereales para ser usados como alimento del ganado, con modelos de alianza entre la agroindustria y ganadería. La otra gran actividad económica estratégica es la producción de petróleo, ampliamente conocida en el país, entre otras razones, por afectar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en los territorios donde hay producción, con pésimas condiciones laborales de los trabajadores contratados para laborar en los campos de extracción.

De otro lado, se destaca la reconversión agroindustrial que estimula el monocultivo a gran escala y suplanta la economía campesina. Este fenómeno ha ocurrido en distintos lugares de la Orinoquia, y viene acompañado del acaparamiento de tierras por medios violentos o legales (a través de triquiñuelas jurídicas, por ejemplo), de las que se benefician grupos económicos del país (como el del magnate Luis Carlos Sarmiento, dueño de la empresa Corficolombiana, que posee más de 12 mil hectáreas de palma y 4 mil de caucho en el Meta, considerado el cultivo de su tipo más grande de América Latina; la empresa Manuelita, que tiene 37 mil hectáreas entre Meta y Casanare; o Riopaila, que tiene 40 mil hectáreas en Vichada), y multinacionales especializadas en la producción de agro-combustibles (Cargill, Pacific Energy y Poligrow, para mencionar algunos nombres), que hoy son propietarias de miles de hectáreas, dando origen a lo que se conoce a nivel mundial como land grabbing o acaparamiento de tierras por empresas internacionales.

Es aquí precisamente donde encaja el modelo de las Zidres, que vendrá a reforzar el proceso de reconfiguración económica que se está imponiendo en la región de los llanos orientales. De las siete millones de hectáreas que se destinarán para las Zidres en el país, varias miles están ubicadas en la Orinoquia, con lo cual se dará continuidad, esta vez de manera legal, a la acumulación irregular de predios, a través de figuras como la concesión o arrendamiento de tierras baldías, como ocurre en otros países del mundo. Lo llamativo de este proceso de adecuación económica auspiciado por el Estado, es que se da en un momento particular para el país, en donde las premisas de la paz y el fin de la guerra (con orígenes muy fuertes en la distribución desigual de la tierra), son mostradas por el gobierno como una meta que supondrá la reconciliación entre todos los colombianos.

Como es apenas lógico, las dinámicas económicas que se impulsan en los llanos orientales han recreado una conflictividad social que involucra, en particular, a las comunidades indígenas, campesinas y a sectores de la clase obrera. Aunque también comienzan a estimular la movilización de pobladores de las ciudades capitales y municipios, empujados por la incomodidad hacia un gobierno que, mientras habla de paz y reconciliación, se empecina en profundizar un modelo económico que impone los negocios y el afán de riqueza para pocos, a costa del bienestar de la mayoría de la población. Por eso muchos afirman que el peor enemigo de la paz es, paradójicamente, el propio presidente Santos y el modelo económico que se empecina en profundizar en el país.

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Jose Abelardo Diaz

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