La esperanza está en la tierra

Las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño  han sido escenarios de  despojo a familias campesinas por parte de terratenientes y grupos armados, por eso tras la expedición de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, son también los lugares donde se llevan a cabo gran parte de los procesos de restitución de tierras  en Antioquia. 

Rosa es una mujer cabeza de familia, tiene 42 años, trabaja en oficios varios y vive en Chigorodó; ella no ha retornado y no quiere retornar. “Una persona como yo, que sólo ha trabajado para sobrevivir, no tiene la opción de tener una casita bien arreglada o bien organizada”, afirma convencida. Su vida ha estado marcada por una serie de complejas situaciones que la forzaron a desplazarse, pero también a luchar para sobrevivir con sus hijos. Primero desaparecieron a su padre y a sus dos hermanos; luego, cuando comenzó a vivir con su pareja lejos de la finca de sus padres, su esposo fue asesinado, según ella por las FARC; a su vez, su madre vendió a muy bajo precio la finca donde creció, a causa de la presión que ejercieron grupos paramilitares.

Hasta este momento su vida había sido ver y callar, pero al llegar el 2009, Rosa decidió comenzar el trámite para la restitución de la finca que le arrebataron a su familia. En medio de este proceso, conoció muchos campesinos que como ella abandonaron o vendieron obligados su tierra. Fue allí cuando decidió junto con ellos emprender acciones como marchas que pasaban por predios ocupados por los que la ley 1448 llama “opositores”; personas o empresas que tomaron las tierras a muy bajos costos beneficiados del desplazamiento generado por paramilitares, guerrillas o el mismo ejército. Rosa sostiene que acciones como estas fueron “para que se dieran cuenta que los mismos miedos que sentimos, nos han dado valor para reclamar nuestros derechos”.

Participar de estas acciones la hicieron - sin buscarlo- líderesa. Muchos campesinos se le acercan a pedirle consejos sobre cada uno de sus casos y sobre los trámites para la restitución que van desde el registro de su predio, y si tienen como continuar el proceso, hasta el fallo de un juez. Pero esta visibilización también trajo consigo amenazas de hombres que la buscaban constantemente y la hostigaban a las afueras de su casa; intimidaban a sus hijos, y generaron nuevamente su desplazamiento por diferentes sectores del Urabá, por lo que hoy en día permanece en quietud: “¿Qué hago yo trabajando con la uñas, sin un respaldo del gobierno y yo siendo una mujer?, ¿cuál es mi defensa contra esas personas, si esas personas manejan todo?” se pregunta.

Estas incertidumbres frenan la posibilidad del retorno de Rosa. No se imagina viviendo junto a quienes, relacionados con el paramilitarismo, la han llamado a decirle que no insista más, que sus derechos ya han caducado. La restitución para ella no incluye el retorno: “Ya me arrebataron a uno de mis hijos. Uno tiene que ser realista y yo soy una de esas personas, de pronto que el gobierno me diera una indemnización por eso yo bregaría y me iría pa' otro lado y compraría. Esa gente no se va a quedar con las manos cruzadas”, insiste.

Teresa es ama de casa, tiene 70 años. Llegó aproximadamente hace 40 años, junto a su esposo, a una vereda del municipio del Bagre en el Bajo Cauca antioqueño. Cuando el conflicto se agudizó en la vereda, ella decidió salir junto con su familia. Teresa retornó, con el sueño de un colegio para que sus nietos se eduquen, sin embargo no tiene los papeles de su finca. “Queremos tener una vida mejor, queremos tener una vivienda digna; agua, luz tenemos ya, gracias a Dios” expresa.

Su desplazamiento hacía El Bagre se dio a causa de la zozobra que se vivía en la vereda, “salimos por miedo, por temor, porque pasaron muchas cosas aquí en la vereda y atrás en la finca mataron un señor, me aporrearon un hijo. Entonces estuvimos muy acongojados, fue muy miedoso, temeroso porque uno no sabe. Salimos por unos tres, cuatros días, y no volvimos a ver unos animalitos”, recuerda Teresa.

Para ella el proceso de restitución de tierras se ha convertido en la oportunidad para su familia de legalizar su predio, que paradójicamente se encuentra ubicado en una reserva forestal. Sin la existencia de esta ley, no tendría cómo tener las escrituras de su finca.

Ella se considera una mujer mayor, vieja de cuerpo –en sus palabras-, sin embargo tiene el espíritu con ganas de trabajar, “de seguir adelante”. Tiene que claro que el trabajo que le toca a una mujer en el campo es muy importante: “Nosotras trabajábamos más, atendíamos a los animales, le dábamos de comer a los marranos, atendíamos las gallinas, los pollitos”, y después de decir esto, cuestiona que el trabajo masculino en el campo tenga más valor que el de las mujeres.

Sandra es madre de tres hijos y está en espera de otro, vive en una vereda de Granada en el Oriente antioqueño, y tiene 34 años. Ella retornó y consiguió que el Estado le reconociera un proyecto productivo de ganadería. “A nosotros nos ha ido bien gracias a Dios, porque nosotros teníamos ganas en un principio de meterle a la ganadería, porque la agricultura estaba tan difícil. Entonces para nosotros era mejor vender leche, cualquier poquito de leche diario para ir sobreviviendo”.

Vivir en un corredor estratégico como lo es el Oriente antioqueño, significó para su familia la tragedia de quedar en medio del conflicto entre guerrillas y paramilitares. En el año 2000 su mamá y hermano fueron asesinados y su papá herido; a toda su familia la obligaron a desplazarse. Sus 3 hermanas se fueron a Medellín y Barranquilla, lejos de la vida rural. Ella junto a su esposo e hijos lo hicieron al casco urbano de su pueblo, a la espera de volver al campo porque según ella no veían oportunidad de sobrevivir en una ciudad. “El niño menor tenía 16 mesecitos en ese entonces, y nosotros pensábamos tanto... Era tan duro, uno estaba en una sin salida, sin tener adonde ir”, rememora Sandra con tristeza.

El entierro de su madre fue masivo porque fue asesinada junto a otros 18 campesinos. Después de esto nada volvió a ser igual, su familia se fragmentó, su padre no pudo volver a realizar tareas de agricultor porque “tenía pegado a su estómago una malla”, mientras ella, su esposo e hijos se mantuvieron en vilo sin rumbo ni hogar. Sobrevivir a esta época fue una tarea difícil. “Fue un tiempo muy bravo, si veníamos por el camino muchas veces nos encontrábamos los charcos de sangre de personas que habían matado en la carretera. Me toco encontrarme una vez con personas de esas que llevaban a otras amarraditas para matarlos”, recuerda.

En el año 2013 comenzó los trámites de la restitución, al inicio desconfiaba que alguna ayuda del Estado le pudiera llegar a una campesina como ella. Por eso, tras entregar los documentos solicitados y esperar ocho meses, comenzó a pensar que tal vez algunas personas inescrupulosas podrían quitarle su finca con las firmas y papeles entregados. Sin embargo, esta sospecha se disipó una vez recibió los primeros desembolsos para el proyecto productivo. “Gracias a Dios porque teníamos era una pesebrera pequeñita y la pudimos agrandar”; además de esto ahora tiene mora, zanahoria criolla y una huerta en su finca. “Por ahí se le revuelve alguito sino que la situación ha estado muy dura. Se nos han perdido varios sembrados por una plaga”.

Rosa, Teresa y Sandra no pierden la esperanza, saben que en la tierra están las posibilidades, para ellas y muchas campesinas de conseguir el sustento y condiciones de vida digna para ellas y sus familias.

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Miguel Ángel Romero

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