Imprimir esta página

El riesgo de la privatización de Cenit

Por: Miguel Rojas

La mesa de negociación entre la Unión Sindical Obrera (USO), Ecopetrol y Cenit, concertada por la posible venta de esta última, aún no ha llegado a un acuerdo. El conflicto inició con la expedición del decreto presidencial 811 del 2020, que permite la enajenación de empresas en las que el Estado colombiano tiene participación, como es el caso de Cenit, empresa que transporta crudo y combustibles en Colombia.

La instauración de la mesa se dio el 11 de julio luego de que dos miembros de la USO se encadenaran en el Machín de la Resistencia en Bogotá, ubicado cerca de las instalaciones de Ecopetrol, además más de 400 trabajadores se encuentren en protesta permanente en 54 plantas de los oleoductos de Ecopetrol, así como una movilización nacional del sindicato. Que no hayan llegado a un acuerdo se debe a los intereses de las partes, tal como expresa Fabio Díaz, representante de la USO en la mesa por parte de la USO, “es una negociación compleja, la administración de Ecopetrol y Cenit intentan que la discusión solamente sea en el plano laboral, es decir, el cambio de contrato de Ecopetrol a Cenit, pero este conflicto tiene un contenido político que es: cuál es el futuro de la empresa”.

Si la venta de Cenit se concreta, lo cual el gobierno no ha confirmado, se tendrían que cambiar alrededor de 870 contratos de Ecopetrol a Cenit, perdiendo estos empleados beneficios acordados con la empresa, y quedando en riesgo la estabilidad laboral de más de 22.000 trabajadores tercerizados, es decir, quienes son subcontratados por Ecopetrol a través de otra empresa.

Cenit tiene una gran importancia en un país dependiente del crudo como lo es Colombia. Gracias a esta empresa, Ecopetrol, además de recibir el 40% de sus utilidades, es dueña del 82% de la capacidad de transporte de petróleo y del 100 % del transporte por poliductos de gasolina, diésel y jet fuel, siendo el principal transportador de hidrocarburos con 8.467 kilómetros de tubería. Igualmente, es el mayor inversor del sector: para el 2018 representó 3.500 millones de dólares y el año pasado 4.000 millones de dólares.

En palabras de Fabio Díaz, que Cenit pase a manos de privados implicaría “que ese ingreso permanente para la nación ya no se tendrá. Segundo, que un sector estratégico, como son los oleoductos, estaría bajo el control del capital privado. Tercero, vender Cenit hoy pone en dificultades a Ecopetrol dado que los crudos que explota se encarecerían porque dependería de las tarifas que un privado le imponga.”

La opción de vender la participación del Estado en empresas como Cenit surge como una medida dentro del Plan Fiscal de Mediano Plazo con el propósito de recaudar 12 billones de pesos para el 2021. Los recursos provenientes de estas ventas irán directamente para el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado para afrontar la crisis económica debido al covid-19.

También es importante resaltar que Cenit no es la única opción para vender, y debería considerarse como la última debido a su importancia. El Estado colombiano tiene presencia en 105 empresas cuyo valor suma poco más de $170 billones.

Que el país se vea en la necesidad de vender se debe no solo a la crisis, sino al manejo de la política fiscal que le han dado gobiernos pasados. De acuerdo con Mauricio López González, coordinador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, Colombia ha tenido una política fiscal procíclica, es decir que los gobiernos no han ahorrado en periodos de auge económico para así tener una fuente de recursos que pueda utilizar en momentos de crisis o recesión. 

Actualmente, según cifras del Viceministro de Hacienda, se estima que el PIB puede tener una caída del 5,5% y el déficit fiscal puede ascender a 8,2%. A la par, de acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo está en un 20 % y antes de la pandemia el empleo informal se acercaba el 50%.

Con este panorama, explica el profesor Mauricio López: “No tenemos ahorro para aplicarlo a la economía. Nuestras empresas públicas no están generando una rentabilidad que pudiese capturar el Estado, como es el caso de Ecopetrol, que con un barril de petróleo a cuarenta dólares apenas si logra sostenerse la empresa. No podemos aumentar los impuestos porque la economía está caída, y la deuda ya está en niveles que superan el 50% del PIB. ¿En esas circunstancias que le queda al gobierno? enajenar o vender activos”.

Otro de los inconvenientes de la enajenación es que representa un ingreso que se tiene una sola vez, más no un flujo constante como sucede con los impuestos o las rentas de las empresas estatales. Además, como expresa el Representante de la Cámara por el Polo Democrático, Jorge Gómez, se estaría vendiendo Cenit a "precio de huevo", pues debido a la crisis el precio de sus acciones se encuentra a la baja.

Desde el Congreso ya se presentó, por parte del Polo, un proyecto de ley para derogar el decreto 811 que abre la puerta a la enajenación. Otra preocupación que existe es la posible venta también de ISA, la empresa de interconexión eléctrica de Colombia. Para el Representante Jorge Gómez que se contemple la venta de estas dos empresas es preocupante: “Es vender un patrimonio que es rentable para el Estado, supuestamente para atender la crisis, y no recurrir a otras fuentes. Es que hay más fuentes para atender la crisis. El gobierno se ha negado a usar reservas transnacionales, Colombia tiene 53 mil millones de dólares en reservas internacionales ociosas, es plata que tenemos en el exterior, una fiducia que no le resta nada al estado, o sea es un plata ociosa que podríamos gastar una parte, no toda porque son reservas”.

 

 

Share this article

Acerca del Autor

Periferia