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Cuando todavía no se había terminado de asentar el polvo de la caída de las torres gemelas, en el mes de diciembre, a un desocupado se le dio por salir a la calle en tanga narizona pregonando por todo el barrio el feliz año, junto con otro grupo de hombres que le siguieron la corriente, encarnando la festividad de una manera poco tradicional para una época tan coyuntural como lo fue el inicio del milenio. Alcoholizados y tan pelados como el rabito del niño dios, lo que empezó como una apuesta se convirtió en una tradición que se repetiría ininterrumpidamente por ya más de 16 años.  

Esta es la periferia al desnudo en una navidad poco tradicional.

En el barrio Emayá, al sur de la ciudad de Neiva, nació la popular carrera de los “calzoncillos”. Hombres, con nada más que la ropa interior, compiten en una carrera por todo el barrio mientras son bañados por baldados de agua fría y bofetadas de harina que son armonizadas por los gritos eufóricos de las arengas de los vecinos y curiosos. ‘El Sapo’, como es conocido Jorge Narváez, fue uno de los promotores de esta particular maratón tan famosa, a la que hasta en los noticieros nacionales le han dado crédito por su peculiar manera de despedir el año.

“Hace 13 años estábamos tomando trago con unos amigos y se nos ocurrió hacer un desfile en calzoncillos. Estábamos con Hugo Marín, Jairo Perdomo y otras personas del barrio y la carrera consistía en el que primero llegara en un breve recorrido por las cuadras del barrio; en aquella oportunidad salieron como tres o cuatro competidores”.

No hay que subestimar la carrera de los calzoncillos. Corredores de otras latitudes como España o Francia, y de otras ciudades de Colombia, han caído en la tentación de correrle desnudo al año que termina. Es un deporte popular que solo la periferia sabe disfrutarlo. Acá no importa quién gana o pierda; los cuerpos esbeltos y musculosos de abdomen marcado pasan desapercibidos. La pasarela de barrigas, ropa interior color amarilla, hombres barbados, bajitos, morenos, altos, blancos o delgados rompen con los parámetros de belleza comercial. La finalidad misma del evento es la integración entre barrios, vecinos, amigos y desconocidos, como una especie de ritual para dejar las diferencias y empezar el nuevo año con el pie derecho.

Este 31 de diciembre no será la excepción. En una nueva categoría los hijos de estos corredores se podrán integrar en carrera de costalazos. Eso sí, teniendo cuidado de no resbalar por las mojadas calles empinadas y terminar lesionado, porque la meta es llegar unidos, sanos y salvos al 2019.

 

*Estudiante de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Surcolombiana.

El 23 de diciembre, la señora María se alista para salir. El “Willis”, único medio de transporte desde la vereda “Las Gaviotas” hacia el casco urbano de Marquetalia, solo pasa tres veces al día; María no puede perder el turno de las 8:20 a.m.

–Súbase, mijita–, me dice cariñosamente cuando el transporte llega.

La señora María es mi abuela. Vamos al pueblo para hacer las compras de la noche buena

Contrario a lo imaginado, no vamos a comprar regalos para nuestros familiares; emprendemos una búsqueda por alimentos para preparar buñuelos y natilla. Los ingredientes del tradicional sancocho de gallina están listos.

Marquetalia es un pueblito ubicado en el oriente de Caldas, que normalmente es asociado con el nacimiento de las FARC producto de una confusión: ese también es el nombre de la vereda del municipio de Planadas, Tolima, donde ocurrió la génesis de este grupo y existió una “República independiente”. El municipio caldense tiene una vocación cafetera, por lo cual, conseguir los ingredientes para elaborar unos buñuelos y una natilla implica el desplazamiento hasta un supermercado: muy pocos campesinos tienen vacas o comercializan lácteos en las veredas.

El supermercado está atiborrado de gente, en los pasillos no cabe un ser más. Solo es posible ver las manos desesperadas de los compradores en un confuso acto de arrebatamiento de productos. Finalmente, lo logramos: llevamos la leche, el queso, la masa y las cajas de natilla.

Nos sentamos en una cafetería para tomar “pintadito”. El turno de regreso sale a la 1:30 p.m.

–Mijita, yo les voy a hacer también de esta natilla, pero yo tengo mi maíz remojado, usted sabe que la natilla de verdad se hace con el maíz–, suelta una carcajada. Ella tiene razón, su receta tradicional de natilla, elaborada con maíz, panela y canela (al que adiciona un poco de leche para darle el toque mágico) es única y el resultado es delicioso.

–¿Quién le dio esa receta, abuela? –, pregunto.

–Mi mamá me la enseñó cuando tenía nueve años. Como yo soy la mayor, desde pequeña le ayudé con los quehaceres de la casa y a cuidar a mis hermanos. Todos los 24, desde temprano, las dos empezábamos a moler el maíz y así aprendí a hacer la natilla. No hay un año en el que no la haya preparado–.

Finalmente, emprendemos el camino de regreso. En casa, esperamos la llegada de algunos familiares que viven en otras ciudades. Uno tras otro van llegando, hasta que la casa se asemeja a ese supermercado que visitamos más temprano. Los niños corren, las hermanas se reencuentran y las risas no paran. La sonrisa de mi abuela se queda grabada en su rostro.

–Abuela, te noto muy contenta–, le susurro en el oído.

-Sí, mijita, mucho. Esta es la verdadera navidad, ver a mis hijitas y compartir con ellas momentos felices. Ni el sancocho ni la natilla importan mucho, la navidad es la única fecha que nos reúne a todos… eso no lo cambio por nada.

Para Ruby Marcela la navidad es una época especial que inspira hermandad. “Las familias que tenían inconvenientes se abrazan, hay paz, unión, jugamos, compartimos, nos reunimos y es muy bonito”. La felicidad de Ruby inicia a mediados de noviembre, fecha en la que finaliza su colegio para reunirse con su comunidad en el barrio Venecia, en torno a la construcción de una de las cuadras mejor decoradas y más representativas en el mes de diciembre en Pitalito- Huila.

Ruby tiene 12 años y con una gran sonrisa en su rostro menciona que desde que tiene memoria, en su cuadra, diciembre siempre ha sido el mes más especial y de mayor unión. “Todos nos reunimos para la decoración y celebración. Es como si se fueran los problemas y todo gracias a la espera de la llegada del niño Jesús”.

Por su parte, Oscar Bolaños, quien se dedica a la carpintería y es considerado por sus vecinos como uno de los principales impulsores de la iniciativa, manifiesta que “Es común ver que en la ciudad la navidad se celebra de manera individual, cada uno se encierra en su casa y cada vez se pierde la tradición de unión, familiaridad y comunidad. Por eso nosotros quisimos hacer algo diferente, para no perder la valiosa costumbre de compartir con nuestros vecinos y niños, ya que la mayor parte del año estamos ocupados corriendo en nuestros quehaceres y a duras penas nos saludamos; la iniciativa surgió en 2012 y desde ahí hemos decorado en cinco ocasiones”.

En las cinco versiones, la cuadra ha sido decorada con materiales reciclables y cada año va cambiando. Detrás de este atractivo sector, hay un fuerte trabajo comunitario. “Nuestros tiempos son diferentes, así que nos organizamos de acuerdo a eso. Acostumbramos iniciar la decoración a finales de noviembre, nos reunimos a partir de las cuatro de la tarde con las amas de casa, niños y adultos que hayan. Sacamos todos los equipos hasta las puertas de nuestras casas, sintonizamos la misma emisora para ambientarnos con música de diciembre y a veces hasta olvidamos hacer la cena. Los vecinos se unen a medida que llegan de sus ocupaciones y estamos hasta las 11 o 12 de la noche pintando, decorando y demás. Aquí todos ponemos nuestro granito de arena”, manifiesta Yulieth.

Alrededor de la decoración, novena y expectativa de diciembre, cada integrante de la cuadra tiene un aporte y puesto especial. Ruby cuenta que ella y sus amiguitos son los más motivados con las diversas actividades, “como siempre es en material reciclable nosotros vamos a conseguir las tapas, tarros, lonas y lo que sea necesario para ayudar a decorar, también pintamos y damos ideas de cómo nos gustaría que fuera”. El alumbrado y la mayoría de la decoración está lista a partir del ocho de diciembre, día en que se reúnen para encender las velitas, compartir un vino y dar la bienvenida oficialmente al mes de diciembre. “Nuestra navidad es el reflejo del trabajo e ilusión de niños, madres, jóvenes y adultos que creemos en que la navidad en comunidad es lo mejor que nos puede suceder”, expresa José Ignacio López, habitante del sector.

El sueño de una navidad en Venecia es posible gracias a los vínculos que hay entre vecinos y la creencia de que la navidad ayuda a crear lazos sinceros y duraderos que contribuyen a una mejor sociedad.   

 

 

 

 

Abono para la memoria

13 de diciembre de 1998- Los helicópteros empezaron a sobrevolar la zona desde el día anterior. A lo lejos, hacia afuera del caserío, se escuchaban las ráfagas y disparos de lo que en principio era un enfrentamiento entre la Fuerza Aérea y las FARC-EP. Esa noche no hubo calma, y menos al amanecer, cuando los helicópteros ya muy cerca de las casas disparaban con más intensidad.

No había otra opción. Aunque ya habían intentado salir del pueblo y las ráfagas siempre los devolvían, ese día, a las 9:30 de la mañana, todos los habitantes de Santo Domingo, caserío de Tame – Arauca, salieron a la carretera principal, y con camisas, trapos blancos y demás elementos, les demostraron a los militares que ellos solo eran población civil.

Santo Domingo era un caserío pequeño habitado por unas 150 familias. Rodeado de anchos bosques, permitía a sus gentes la sobrevivencia a partir de la madera, que se comercializaba en los principales y más cercanos cascos urbanos. Niños y jóvenes se desplazaban una hora hasta Betoyes, otro caserío cercano, para poder estudiar. Santo Domingo era también un corredor, ubicado al pie de la vía principal que conduce a Tame y a la capital de este departamento petrolero, por eso, aunque no ejercían un control territorial directo, los actores armados transitaban por allí constantemente.

Alba Yaneth tenía apenas 15 años, cursaba el segundo año de bachillerato, y el domingo 13 de diciembre de 1998 sintió uno de los dolores más grandes de su vida. Llevaba más de una hora en la carretera principal, junto con toda la comunidad de Santo Domingo, cuando de repente vio que uno de los helicópteros se acercó al lado de la vía y detuvo su vuelo. “Miren, el helicóptero nos está tirando papeles”, y antes de terminar de decir esa frase, lo único que sintió fue la explosión que caía sobre ellos.

Un dispositivo tipo clúster, compuesto por seis bombas de fragmentación, fue el artefacto lanzado por el helicóptero sobre la comunidad esa mañana. “Fue una explosión muy fuerte. Después solo oía los gritos de las personas, todo el mundo gritaba, lloraba. Yo quedé en medio como desubicada y asustada, entonces intenté salir corriendo para refugiarme al frente en una droguería, pero el brazo no me respondía”. Alba Yaneth estaba cubierta en sangre y con su brazo destrozado. A su alrededor, muertos y heridos.

Los que pudieron ayudaron a los heridos y buscaron refugio, hasta que una hora después un carro tipo planchón de los que cargaban la madera de la zona, los ayudó a salir para buscar asistencia médica en Tame. En el camino, relata Alba Yaneth, sucedió lo más doloroso. “Íbamos prácticamente muriendo, y se vino nuevamente el helicóptero y rafagueó el planchón impidiéndonos el paso. En ese momento yo pensaba que si nos acaban de rematar ahí, nos hacían era un favor. Pero finalmente el helicóptero retrocedió y nosotros pudimos salir a Tame, que en ese tiempo era como a dos horas de camino. Yo tenía mucho dolor, no solo de mi cuerpo, sino de mi alma… muchos de mis amigos murieron de camino por la gravedad de las lesiones”.

Luego de eso Santo Domingo se convirtió en un pueblo fantasma. Todos se fueron huyéndole a una guerra que no era con ellos, pero que ese día les había cobrado ya la vida de 17 personas, incluyendo seis niños.

“¿Qué pasaba por la cabeza de los militares en ese momento?”, es la pregunta que todavía hoy, después de 20 años, se hace la comunidad. Todavía no saben con certeza quién fue el responsable directo del bombardeo, lo que sí saben es que los pilotos cumplían la orden de alguien.

El 12 de diciembre de 2012, gracias a las acciones jurídicas de diferentes organizaciones –como la Asociación para la promoción social y alternativa Minga, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de Santo Domingo, y le ordenó realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, en el que pidiera perdón a la población. Este acto, que tuvo que hacerse en el transcurso de un año luego de dictada la sentencia, fue realizado casi cinco años después, el 31 de agosto de 2017.

En cuanto a la justicia interna, el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca ordenó en 2009 una reparación económica a quienes probaran ser víctimas del hecho, y el año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena al piloto y copiloto del helicóptero a 30 años de cárcel, aunque de estos no han pagado un solo día. Pese a estos avances, la reparación integral que tanto han exigido las víctimas, todavía no ha llegado; los daños materiales y simbólicos aún no han sido cuantificados en su totalidad, y no es del todo clara la verdad sobre los hechos, pues aún no han sido juzgados los autores intelectuales.

Si antes de cumplirse los 20 años de la masacre de Santo Domingo la Fiscalía no toma una determinación, prescribirá la acción penal frente a los responsables, y este será otro crimen de Estado más que seguirá quedando en la impunidad.

 

Acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en Santo Domingo. Foto Cajar

 

 

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1 de diciembre de 2001- El Páramo de La Sarna fue testigo de la sevicia de los victimarios. A las siete de la mañana, cuando el sol apenas calentaba estas enruanadas tierras, el bus que había iniciado su ruta una hora antes desde Sogamoso hacia Labranzagrande, en Boyacá, fue detenido por hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare - ACC, grupo que iniciaba su expansión hacia esta cordillera desde el año 2000.

Además del conductor y su ayudante –quien era su hijo– en el bus se movilizaban 17 pasajeros, entre ellos, uno de los integrantes de las ACC, encargado de hacer atravesar el bus cuando los demás hombres hicieron el pare. Dicen que buscaban a un integrante del ELN, lo cierto es que ese día, los 18 civiles que se movilizaban en el bus fueron acusados rápidamente por los paramilitares de ser auxiliadores de la insurgencia, y exceptuando a dos niños y una anciana, fueron obligados a acostarse boca abajo sobre la vía, en donde fueron ejecutados con disparos.


Pese a que las autoridades se enteraron rápidamente del suceso, solo llegaron al lugar cinco horas después. Ese día tampoco estaba el retén militar que funcionaba pocos kilómetros antes del lugar de la masacre. Y aunque los responsables fueron capturados mientras huían, horas después fueron dejados en libertad.

Solo hasta el 2008, en el marco del proceso de Justicia y Paz, miembros de las ACC dieron su versión de lo ocurrido. Según la edición 44 de la revista Noche y Niebla del Cinep, los paramilitares “cuentan que esta masacre fue cometida por el grupo paramilitar conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Narraron además cómo el grupo criminal contaba con apoyo de comerciantes de la región, así como de miembros del ejército, policía y otros organismos de seguridad del Estado”. Además, Josué Darío Orjuela Martínez, alias “Solín”, afirmó en su juramento que la masacre fue perpetuada porque así lo había ordenado el Ejército.

A pesar de que el juzgado 56 de Bogotá ordenó investigar a los militares y funcionarios mencionados en esas declaraciones, hasta el momento además de alias “Solín”, solo están vinculados y condenados por el caso alias “Gavilán”, Hector Buitrago alias “Martin Llanos”, alias “K1”, Nelson Buitrago y Luis Afrodis Sandoval, integrantes del grupo paramilitar.

Es por eso que los familiares de las víctimas y organizaciones sociales siguen tejiendo la memoria para exigir justicia, y no cesan en su esfuerzo de hacer, año tras año y desde el 2007, una peregrinación hacia ese lugar donde un primero de diciembre la crueldad de estos verdugos arrebató la vida de 15 personas. El pasado 2 de diciembre, 17 años después del suceso, se realizó la decimoprimera versión de esta peregrinación.

El cielo azul y el sol golpeando desde arriba, centenares de personas agrupadas, y de fondo un mural que dice “VIDA, MEMORIA Y DIGNIDAD”. Carlos Alberto Mongui, integrante de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro y sobrino de una de las víctimas, tomó el micrófono para decir unas palabras. Mientras su voz se quebrantaba, parecía expulsar de lo más profundo estas palabras: “…que los victimarios no esperen que les odiemos, el odio sería permitirles seguir ejerciendo poder sobre nosotros. Mi homenaje, tío José Antonio, y mi venganza hacia sus asesinos, será mantener viva la memoria de lo que aquí sucedió para que un día encuentren lo que se les ha negado: verdad, justicia y reparación”.

 

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El mes de diciembre tiene marcas imborrables en la historia, aunque el Estado colombiano las quiera vestir de olvido. Son marcas talladas con sangre indígena, campesina y obrera; sangre que, por encima del horror y la crueldad, hoy es abono para la memoria movilizadora y transformadora que tenemos por tarea construir. Que las víctimas de las masacres de Santo Domingo y del Páramo de La Sarna, tanto como las víctimas de las masacres de Las Bananeras (5 y 6 de diciembre de 1928), de la Hacienda El Nilo en Caloto, Cauca (16 de diciembre de 1991), de San Carlos, Antioquia (3 de diciembre de 1998), y de las otras tantas perpetuadas a lo largo y ancho de nuestro país, sean las que nos convoquen a todos y todas a buscar la verdad y a seguir escribiendo nuestra historia.

El fracaso del sistema carcelario
“Las cárceles colombianas históricamente han sido laboratorios de vulneración sistemática de los derechos humanos y han sido llevadas a una grave crisis social y humanitaria al interior de las mismas”. Así describe el Movimiento Nacional Carcelario las condiciones degradantes e inhumanas que viven a diario las aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad en Colombia. A saber, falta de acceso a servicios de salud, corrupción y tortura por los guardianes, una pésima alimentación, violencia e inseguridad, destrucción de la cohesión social y familiar.

Particularmente el hacinamiento masivo es una de las problemáticas más graves. Incluso el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) constata en un informe de febrero de 2018 que en las 142 cárceles del país el nivel promedio de hacinamiento alcanza el 45%. En cifras absolutas esto significa que existe una sobrepoblación de 39.000 personas en las cárceles del país. Paula Robledo de la Defensoría del Pueblo asegura que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista el hacinamiento”.

La lucha contra las drogas, la falta de ofertas de estudio o trabajo para redimir penas y la represiva política criminal del Estado son las causas primordiales del incremento exponencial de la población reclusa en los últimos 25 años, lo cual ha generado pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad. Zuleidys Rizo Ibarra explica que “ha habido un auge desproporcionado de aumentos punitivos y creación de nuevos tipos de delitos penales”. Rizo Ibarra es integrante del Equipo Jurídico Pueblos y fue vocera de la Sociedad Civil en la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, durante la audiencia realizada recientemente por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al fallo. Esta dificultad responde a que el Estado, por lo general, priva de su libertad a personas que cometen delitos menores o aquellos en los que se incurren forzados por las condiciones de marginalidad y la necesidad de subsistencia de la población empobrecida. A todo esto, se suma la aplicación de detención intramural preventiva y la dilación de procesos penales por parte de la justicia. Según el periódico El Espectador, en el año 2018 hay 36.452 personas en las cárceles que esperan una condena.

A pesar de las sentencias de la Corte Constitucional en 2013 y 2015 que ordenaron superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, el 25 de octubre de 2018 Paula Robledo aseguró en una audiencia sobre la situación carcelaria que hay “graves vulneraciones de los derechos de la población privada de la libertad, pese a los pronunciamientos de la Corte”, y sacó por ello la conclusión de que existe un “fracaso en el sistema carcelario”.

Resistencia ante las condiciones de los presos: el ejemplo de Cúcuta
¿Qué hacer para denunciar las recurrentes violaciones de derechos humanos de los internos y mejorar sus condiciones de vida mientras la institucionalidad se queda con los brazos cruzados? Ángela Ochoa, Mayerli Vergara y Ángela Karina Molina decidieron tomar cartas en el asunto y fundaron hace seis años con otros compañeros la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (ASOFAMINTERCCUC). En representación de los 35 miembros de la asociación las tres mujeres saben de lo que hablan, pues conocen la realidad carcelaria desde adentro.

Ángela Ochoa, una mujer pequeña en estatura, pero grande en carisma, con trenzas gruesas de rojo intenso, respiró con alivio cuando su hermano salió de la cárcel después de dos años por vencimiento de términos. Fue imputado por hurto agravado y porte ilegal de armas, no obstante, nunca se presentó ninguna prueba. En cambio, sus dos compañeras han tenido menos suerte, ya que solamente pueden ver a sus parejas por algunas horas en el centro penitenciario durante las visitas dominicales. Todas conocieron a su pareja en la cárcel.

El esposo de Mayerli es preso político y tiene una condena de 40 años por rebelión y otras conductas conexas, de la cual ya ha cumplido 14 años físicos en reclusión. Ángela Karina tiene por lo menos un rayo de esperanza ya que probablemente su compañero puede salir dentro de algunos meses cuando cumpla la mitad de la condena. Fue condenado a nueve años por rebelión y lleva 36 meses físicos privado de la libertad. Ambas mujeres aseguran que los presos políticos padecen muchas más restricciones que los presos sociales puesto que, por ejemplo, no pueden tener beneficios como casa por cárcel. “En la parte de alta seguridad les rehúsan más beneficios y tienen más limitaciones. La entrada es más difícil y las visitas conyugales son cada mes en vez de cada ocho días”, explica Ángela Karina.

La cárcel de Cúcuta fue creada en 2012 y pertenece al tipo de la tercera generación según el modelo estadounidense. También en este caso, el hacinamiento forma parte de la experiencia diaria de los internos: “En este momento se encuentran aproximadamente 3.600 personas privadas de la libertad en la cárcel de Cúcuta mientras que esta está diseñada para una capacidad de 2700 presos. Todavía hay alrededor de 150 presos políticos pese a que la mayoría de las FARC-EP salieron por amnistía en el marco de los acuerdos de paz”, cuenta Ángela Ochoa. Por lo menos se ha logrado que los paramilitares, los presos políticos y los sociales estén ubicados en diferentes patios, así que hay menos choques entre ellos.

Por la condición de reclusión no sufren solamente los presos, sino también los familiares. Para Mayerli como madre soltera con tres hijos en la casa, es muy difícil salir adelante. “Nosotros afuera tenemos que financiar solas a nuestra familia, pagar arriendo y comida. Y adicionalmente hay que apoyarlos adentro, sobre todo con aseo. Cada tres meses podemos entrar papel higiénico, un jabón y una crema dental. Cada domingo les llevamos comida para que puedan comer algo diferente, porque la comida es pésima, totalmente desagradable”, dice. El INPEC sostiene firmemente que en la cárcel de Cúcuta hay trabajo para los presos, así que tienen la posibilidad de ganar algún dinero. Pero Mayerli rechaza esta afirmación: “Esto no es cierto, no existe una resocialización, dicen que sí existe, pero solamente hay un cupo por cada cien personas”.

Lo que genera más complicaciones es el tratamiento humillante contra los familiares por parte de la guardia y los obstáculos de entrada. “Cada ocho días nos toca vivir los atropellos por cualquier cosa, ya sea por la comida o por el vestuario. La requisa es demasiado fuerte. Nos tratan como delincuentes cuando visitamos a nuestra pareja”, se queja Mayerli. Ya a las cinco de la mañana los familiares y amigos empiezan a hacer cola. Finalmente, a las 7:00 a.m. o 7:30 a.m. se abren las puertas, dependiendo del estado de ánimo de los guardianes. Y por si fuera poco, a veces se niega por completo el ingreso, sin explicación. Los integrantes de ASOFAMINTERCCUC han creado una obra de teatro, a fin de que el público se pueda imaginar las requisas y las interminables horas de maltrato.

El acceso a la cárcel puede demorar varias horas: innumerables filas para que les pongan sellos de control; diligencien fichas con el nombre y el número del patio y del interno; pasen por diferentes detectores de metales; se dejen husmear por caninos que detectan si llevan drogas o dinero; les requisen la comida que muy a menudo toca botarla; y permitan la inspección del cuerpo. En ocasiones, incluso son obligadas a bajarse la ropa interior, retirarse la toalla higiénica y someterse a una intrusión en las partes íntimas para comprobar que realmente la visitante tiene el periodo menstrual. “Por lo general sucede que, aunque uno no lleve algo, de repente el perro ladra o el detector suena, te sacan entonces aparte y te empiezan a presionar psicológicamente. Esto es otro tipo de maltrato. La persona que entra la primera vez tiene miedo y no sabe qué hacer en esta situación. Si uno está acostumbrado uno lo maneja, pero no todo el mundo tiene esta capacidad”, comenta Ángela Karina.

ASOFAMINTERCCUC en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales ayuda a vencer las angustias frente a dichos maltratos. Sin embargo, el objetivo de la asociación no es solamente hacer posible el intercambio de experiencias, sino también apoyar a los familiares con asesoría social y jurídica. “Anteriormente no contábamos con un sitio dónde los familiares pudieran recibir información y hacerles llegar un documento a los presos, pues en muchos casos los guardianes lo desaparecen”, dice Ángela Karina.

Gracias a la asociación este ha sido un cambio fundamental. Una iniciativa supremamente importante es su “casa de paso”. Acá los familiares de otras regiones del país pueden pasar la noche y cocinar, antes de madrugar e ir a la cárcel, pues muchas familias viven muy lejos y tienen que viajar hasta 20 horas y más. No tienen dinero para un hotel y muchas veces les faltan incluso los recursos para el pasaje. Por esta razón muchos presos no reciben visita durante años. En particular, el traslado de presos políticos a centros penitenciarios lejos de su contexto social forma parte de la represión estatal. Así, la “casa de paso” es también un lugar de encuentro para familiares que sufren el mismo destino.

Aunque la asociación de familiares y amigos fue iniciada por el colectivo de los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, “ASOFAMINTERCCUC se dedica a todos los presos, tanto políticos como sociales”, reiteran las tres mujeres. Esto significa que apoyan a presos sin familiares y recursos a encontrar asesoría jurídica para diligenciar peticiones y tutelas. “Están muy agradecidos por nuestra labor, sobre todo por que hacemos copias y organizamos el transporte de documentos”, dice Ángela. “Las jornadas de donaciones y movilizaciones fuera de los muros favorecen a todos los presos de la misma manera”, agrega.

Otro pilar importante de la asociación es el trabajo de formación como alternativa a la falta de programas de resocialización. En cooperación con dos universidades crearon un diplomado en paz y derechos humanos y lograron su aprobación por el INPEC. Desde entonces organizan frecuentemente capacitaciones con el colectivo de los presos políticos y los representantes de derechos humanos de cada patio dentro de la cárcel. “Además, trabajamos con mujeres presas, porque el Movimiento Nacional Carcelario ha abandonado esta parte hasta ahora. Siempre se habla de los hombres, de los presos y se olvida que los derechos de las mujeres privadas de la libertad están igualmente violados día a día”. Por ello, la asociación acompaña a los profesores para brindarles apoyo en torno a actividades de recreación y esparcimiento.

Antes de terminar la entrevista, Ángela quiere mandar el siguiente mensaje a los lectores “que no se olviden de las presas y los presos, siéntanse parte de ellos, porque el apoyo a ellas y ellos es muy poco”. Y Mayerli añade: “Los presos políticos no son delincuentes, son luchadores sociales. Ellos son los que nos dan la fuerza de luchar por ellos, porque son nuestra familia. Por lo tanto, esta labor la hacemos para todos. Esto se trata es de la dignidad humana en las cárceles de Colombia”.

La entrevista con ASOFAMINTERCCUC se realizó el 20 de octubre de 2018 en Pelaya, departamento de Cesar, durante el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria. Andreas Hetzer acompañó el encuentro como observador internacional para la Red Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer).

La comunidad de San Francisco, municipio del Oriente antioqueño, goza diariamente del sobrecogedor y apacible susurro del río Santo Domingo. Un susurro que aumenta mientras bajas en espiral por la montaña contemplando las imponentes cordilleras y divisando ocasionalmente algunas quebradas que resaltan entre la vegetación. Adivinas la cercanía por el sonido cada vez más potente. Hasta que vislumbras, finalmente, el imponente río con sus aguas cristalinas y su silueta verde. El Santo Domingo forja el alma de este territorio. Le permite a la comunidad pescar, nadar, y aprovechar su potencial turístico. A cambio, ella lo cuida y lo protege.

Dicha relación y todo el ecosistema que alberga el río corren peligro por la posible construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Santo Domingo. La idea se remonta al año 1978, pero ese primer intento fue frustrado por la presencia en el territorio del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Actualmente el proyecto se encuentra en estudios definitivos luego de que CORNARE, la corporación ambiental encargada de aprobar las licencias, se la concediera a EPM.

La PCH es una de las tantas que Luis Pérez quiso poner en marcha desde que tomó posesión como Gobernador del departamento. Estas, sumadas a las grandes Centrales Hidroeléctricas, pretenden convertir a Antioquia en la generadora del 70% de la energía eléctrica del país. Ahora, la población mediante movilizaciones e incidencia en el Concejo Municipal es la que se opone con fuerza al proyecto.

“Cuando llegan los megaproyectos cambian totalmente la dinámica del campesino (...) cambia su vocación: deja de cultivar y se vuelve trabajador de las empresas por tres años. Luego vuelve a su finca y la encuentra abandonada. Ya no vuelve a ser un campesino”, explica Ancízar Morales, concejal de San Francisco. Las dinámicas comerciales que traen las empresas fisuran el tejido rural, fragmentan el trabajo comunitario, y atraen maquinaria pesada que afecta el medio ambiente.

Por ello, desde el 2007, articulada con el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, y con el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), la comunidad de San Francisco ha manifestado que la PCH Santo Domingo no es sinónimo de desarrollo. La experiencia de otros municipios del Oriente fue fundamental. Los habitantes de San Carlos y Sonsón compartieron con los sanfranciscanos las afectaciones que las centrales hidroeléctricas trajeron a sus territorios: falsas promesas de inversión, contaminación de los ríos con residuos de la construcción y desplazamientos de tierra. Cada testimonio reforzó la convicción por defender la vida digna y la convivencia armónica con el río.

Las PCH's no solo traen afectaciones sociales, también ambientales. Aunque la energía hidráulica –producida por el aprovechamiento del desnivel que impulsa el agua a través de unas turbinas– no genera emisiones contaminantes, su operación es más económica que las termoeléctricas, su construcción es menos costosa que la de plantas nucleares, y pueden proveer energía a gran escala, está demostrado que las hidroeléctricas alteran los cuerpos hídricos por la excesiva acumulación de nutrientes, provocando cambios en la flora, fauna y en la composición química del agua. Así mismo, producen cambios en los relieves que causan deslizamientos de tierra; alteran las dinámicas de erosión y sedimentación; perturban la circulación de los caudales de los ríos; y ponen en amenaza especies endémicas e incluso pueden contribuir a la deforestación.

“El bocachico no salta muros”, reza un cartel en la plaza de San Francisco, haciendo referencia al muro de concreto de 11,5 metros de altura y 30 metros de longitud que generará el desnivel necesario para producir energía y represará cuatro kilómetros del río Santo Domingo, entre el centro poblado de la vereda Pailania y la confluencia del río Melcocho, donde estará ubicada la casa de máquinas. Este muro acabaría con el turismo, dejaría huérfana a la comunidad, y transformaría todo un ecosistema vivo en una triste piscina artificial con una vegetación amarilla. Ya no existiría el apacible susurro, sino un silencio estremecedor.

Antioquia cuenta actualmente con 49 pequeñas, medianas y grandes centrales hidroeléctricas. Según el último informe de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) el sector hidráulico genera el 70% de la energía eléctrica del país. Antioquia produce el 30%, siendo la que más aporta a nivel nacional. El proyecto del Gobernador deja dudas de si realmente busca suplir la demanda a nivel departamental y nacional o pretende represar ríos para exportar energía. La pregunta es si esto justifica el costo social y ambiental.

Mientras tanto la comunidad de San Francisco seguirá resistiendo. Se movilizarán y lucharán por la defensa de su territorio, por su convivencia con el río Santo Domingo, para poder mantener su relación, para seguir disfrutando de aquel gozoso susurro, porque solo si los ríos siguen libres, las comunidades continúan vivas.

Dependiendo de la parte donde esté el pie en el mapa, el Sur de Bolívar queda al norte: al norte de Antioquia, al occidente del oriente colombiano, al centro-oriente de la costa occidental, al norte de la zona selvática del sur, y al sur de la región Caribe ubicada al norte del mapa.

El Sur de Bolívar no es monótono. Partes de la zona baja, dedicada a la agricultura, están rodeadas por circuitos acuáticos, playones y humedales. En la porción montañosa, consagrada a la minería artesanal, la luna llena posada en el horizonte es un círculo de fuego que deja estelas naranjas de luz sobre y bajo la circunferencia, cual sol derretido sobre la infinitud del mar. Los tajos amarillentos, que parecen las venas varices del bosque montañoso, son trochas pedregosas, viscosas y lisas cuando llueve, con desvíos inesperadamente sinuosos, y minadas de huecos que solo pueden soportar suspensiones y riñones hechos para el vértigo y el rigor del zarandeo durante eternas horas. Luego de un giro, o de conquistar una empinada, surgen islotes de casas de madera y techos de lata empotradas entre los filos de las montañas. Palafitos que desafían todas las teorías de la gravedad y pueden venirse abajo después de que suspire el destino o estornude la tierra. Al parecer, en cada casa hay más de un par de botas pantaneras y un menor de cinco años.

Si el Estado es incapaz de ejercer control y ofrecer garantías en las zonas bajas y planas, en la región montañosa, donde se multiplican las dificultades de acceso, el Estado es como Jesucristo: alguien de quien todo el mundo habla, pero que jamás nadie ha visto.

Los vacíos estatales los llenan las armas y el autoritarismo de personas y grupos que imponen su voluntad utilizando la violencia. El Sur de Bolívar tiene secuelas profundas que volvieron a arder cuando un grupo de 20 hombres armados caminaron varios asentamientos presentándose como una disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

***


La región está bordeada por el río Cauca y el río Magdalena. La población es una pintoresca mezcla de costeños, santandereanos y paisas. En el extremo sur, el municipio de Cantagallo limita con Yondó, Antioquia. Al extremo norte, San Martín de Loba y Barranco de Loba comparten linderos con Magangué, Bolívar. 12 son los municipios que integran el Sur del Bolívar, atravesados por el millón de hectáreas que abarca la Serranía de San Lucas.

A partir del año 97 la serranía sufrió una ofensiva paramilitar que sitió los cascos urbanos. El asalto no ocupó las zonas rurales de la parte alta por el alto nivel organizativo de las comunidades y la presencia de las FARC y el ELN. Hubo confrontación armada, masacres, quemas de pueblos y caseríos, desplazamiento, desapariciones, y muchos asesinatos.

La violencia desató en el 98 una movilización masiva llamada Éxodo campesino del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. 12.000 personas salieron a diferentes centros urbanos, entre ellos Barrancabermeja, el referente poblado más importante y cercano del Sur de Bolívar. Algunos desplazados llegaron a Bogotá, se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos y luego buscaron refugio en la Universidad Nacional. Reclamaban el cumplimiento de la inversión en educación, salud, vivienda y servicios públicos pactada con el Gobierno nacional en 1987. Además exigían el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio.

Después de tres meses, la movilización alcanzó un nuevo acuerdo firmado por Andrés Pastrana un mes y medio después de posesionarse como Presidente. Firma que jamás se cumplió. Meses después arreció la represión paramilitar. El Sur de Bolívar quedó acorralado y fragmentado. Los habitantes de los cascos urbanos señalaban de guerrilleros a los habitantes de las zonas rurales, y los campesinos llamaban paramilitares a quienes les decían guerrilleros.

En el 2000 las comunidades organizadas se declararon en resistencia. Generaron mecanismos preventivos y un autogobierno para regular la vida, la producción, y los demás aspectos de la cotidianidad. Estrategias fortalecidas un año después gracias a la Caravana por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar, organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher). El cronograma de la caravana sufrió modificaciones porque los paramilitares impidieron la circulación de los participantes, muchos de los cuales eran servidores públicos, periodistas y representantes de organizaciones europeas. La presión mediática internacional obligó a que el Gobierno prestara atención a la problemática, y a que los paramilitares desescalaran su accionar en la región.

Han pasado 18 años y los tambores de guerra no retumban como antes, pero la violencia, las amenazas de despojo y desplazamiento cambiaron de piel.

Además de la riqueza en flora y fauna, el Sur de Bolívar cuenta con grandes reservas de oro y agua. Recursos no renovables que hacen de ella una zona muy apetecida por las multinacionales que aspiran obtener títulos mineros para apropiarse del territorio y explotar a gran escala sus riquezas.

A esta amenaza de despojo se le suma el auge que ha tenido desde el 2008 la agroindustria de palma de aceite utilizada para producir biocombustibles. En las partes bajas y ribereñas de la serranía incrementan con los años las hectáreas sembradas con esta planta que esteriliza la tierra porque absorbe y seca los minerales del suelo. Las estrategias empresariales y otras formas de presión convencen a los campesinos para que vendan sus tierras dedicadas a la siembra de pan coger. Los gremios empresariales, las administraciones locales y nacionales proyectan multiplicar el número de hectáreas, lo cual generaría un problema de desabastecimiento y una dependencia alimentaria de lo que se produce en otras partes del país y podría ser sembrado en la región.

Las amenazas no terminan allí. Parte de la Serranía de San Lucas, donde habitan comunidades que realizan prácticas económicas de baja escala para su subsistencia, hace parte de Parques Nacionales, una figura de conservación y protección ambiental diseñada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este modelo no permite la presencia de campesinos en los territorios a conservar, considerando como destructores de los ecosistemas a quienes han cuidado de ellos históricamente. La gente de la región sospecha que la intención no es proteger sino desplazar las comunidades para que luego entren multinacionales a sacar provecho de los recursos.

La violencia no solo la ejerce el Estado mediante leyes y propaganda engañosa, el Ejército desde algunos meses viene amedrentando los caseríos Mina Viejito, Mina Gallo, Mina Café y Mina Espada que hacen parte del corregimiento San Pedro Frío, el cual no tiene fronteras claras pues está ubicado en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa, Morales, y Arenal. San Pedro Frío hace parte de todos pero no pertenece a ninguno, las fronteras difusas son utilizadas como excusa por las Administraciones municipales para no invertir en el corregimiento.

Lo que sí está claro es que el Batallón de Selva número 48 es el responsable de ejercer control en la zona. La relación con el Ejército hizo corto circuito. La primera de las situaciones que provoca molestia es que la base capta y contamina el agua que utiliza el corregimiento y los demás caseríos. Y hace unos meses, dicen los pobladores, mandos del Ejército amenazaron a la población diciendo que van a utilizar el corregimiento como un centro de operaciones y que "lo que viene para acá no lo han visto nunca".

Las comunidades además aseguraron que incrementaron los retenes militares y los puestos de control donde preguntan a los arrieros de dónde vienen, para dónde van y qué llevan. Dicen también que el Ejército entabla relación con los jóvenes para conseguir drogas y les da dulces y dinero a los niños a cambio de información. Los líderes sociales también identificaron otro patrón de comportamiento. Cuando ocurrió un caso de abuso sexual y un homicidio, los culpables se presentaron a la base militar. El Ejército llamó a los líderes para que se encargaran de los culpables, para que hicieran las veces de Estado. Los líderes temen que el Ejercito pretenda involucrarlos en este tipo de situaciones con el fin de tener argumentos para controlarlos o judicializarlos.

El último hecho que les recordó las épocas del conflicto sucedió la semana del 20 al 27 de octubre. Alrededor de 20 hombres armados se presentaron en Mina Gallo, Mina Viejito, Mina Café y Mina Espada diciendo que eran una disidencia de las FARC que llegaba para quedarse en el territorio.

Un joven moreno de mirada sigilosa que no supera los 25 años manifestó que mientras estaba en su casa, cerca de Mina Viejito y a cuarenta minutos en carro de San Pedro Frío, vio a un muchacho blanco que se le acercó al cruzar la puerta. El desconocido le preguntó al joven si sabía quién era, y ante la negativa dijo que hacía parte de una disidencia. Con vehemencia el presunto guerrillero dijo que necesitaban hablar con él porque era señalado de integrar el ELN. Yo no, yo trabajo por acá, mi papá tiene minas, respondió.

Le pidieron que los acompañara y no manifestó oposición. Atemorizado, el joven caminó con ellos aproximadamente 100 metros desde su casa. Allí un negro alto lo agarró con furia del cuello y lo "jodió".

–Canta pues gonorrea, canta. Di pues quiénes son los guerrilleros. Si usted nos colabora nos va muy bien –, dice que le dijeron.
–Si yo de aquí no conozco a nadie. Yo trabajo, mi familia es de por acá–, respondió.
–Este carechimbita nos está mintiendo. Vamos a cogerlo y a matarlo por allá.
Lo llevaron treinta metros más adentro. Otro tipo moreno sacó un cuchillo e hizo señales de que lo iba a apuñalar. Un compañero de baja estatura le recomendó que no lo hicieran.
–Si esta gonorreita no canta, nos va tocar a las malas.
En el momento del juicio unos aserradores bajaban con sus mulas por el camino más cercano. Los hombres armados los pararon, les quitaron los bolsos, esculcaron y les regaron todo. Se presentaron y mencionaron la razón de su presencia en la zona. ¿Ustedes conocen este carajo?, preguntaron luego. Nosotros lo distinguimos, él es el paisa, trabaja en la mina, la familia está por acá muy cerca, respondieron los aserradores asustados.
—Bueno carechimba, usted se salva porque esos manes hablaron por usted. Pero el día que nosotros lo cojamos, lo vamos a pelar. No le vaya a decir a nadie. Lo que sí diga es que vamos a hacer una reunión el domingo en [Mina] café.

La reunión jamás se hizo. Los armados caminaron por los asentamientos. Entraron, rebujaron, cocinaron y amanecieron en las casas. Preguntaron por el territorio. Intentaron averiguar quién pagaba vacuna al ELN. Y pidieron cédulas en los rumbeaderos de Mina Viejito. La última vez que los vieron caminaban rumbo a La Guarapería, sector ubicado a treinta minutos de donde se encontraba el Ejército por aquellos días, quienes desestimaron las denuncias hechas por la comunidad.

Las fuentes de la región escuchadas para este escrito están convencidas de que los hombres mencionados no integran una disidencia de las FARC. En primer lugar, los frentes 24 y 37 de las FARC que hacían presencia en el Magdalena Medio se concentraron hace dos años en la Zona Veredal Transitoria de Carrizal, localizada en Remedios, Antioquia. Por otro lado, después de convivir tantos años con las guerrillas, los pobladores identificaron características particulares y comportamientos muy similares a los que tiene el Ejército en la región.

Quienes tuvieron un trato directo con ellos aseguran que una parte del grupo vestía de civil y otros de uniforme militar sin ninguna insignia. Algunos tenían acento que relacionan con las personas del golfo de Urabá, no había jerarquía clara y se comunicaban por medio de silbidos.

Los supuestos disidentes se fueron, la zozobra y el recuerdo de las épocas del paramilitarismo quedó vivo.

 

***


La violencia en nuestro país desarrolló los anticuerpos para reinventarse, encontrar patrocinadores, y justificar lo injustificable. Es casi imposible dar un paso por el país profundo y no pisar un huérfano, una viuda, una madre que perdió un hijo, una fosa, un verdugo, un dónde está mi desaparecido, un rencor, la cocción de una venganza, proyectos de vida que murieron el día que nacieron, hombres y mujeres que no fueron para la historia sujetos de sus propias decisiones.

La violencia más publicitada es la empapada y manchada de sangre. Nuestra sociedad no acepta reconocer una violencia distinta a la que dice conocer y le han mostrado los medios de comunicación.

San Pedro Frío –al igual que los demás caseríos mencionados– es un asentamiento hecho con la creatividad necesaria para sortear las inclemencias geográficas. El corregimiento no tiene agua potable, ni luz eléctrica –Dumek Turbay, antiguo gobernador de Bolívar, malversó los 17.000 millones que costaba construir una estación eléctrica en el corregimiento–, ni puesto de salud, ni alcantarillado, ni una comisaría de familia, ni psicólogo, ni huellas de progreso o cemento.

Allá, en el sur, se produce y circula mucho dinero, no hay manifestaciones de opulencia pero hay un consumo frenético. La drogadicción, la prostitución y la llegada de venezolanos, tanto en la zona urbana como rural, viene en aumento; al igual que los infiltrados de inteligencia de la fuerza pública que buscan información sobre la actividad minera, las organizaciones y los líderes sociales.

Hay comunidades del país que cien años después viven en condiciones propias del siglo diecinueve, inundados por objetos del siglo veintiuno: lavadoras, antenas de DirecTV, celulares, computadores, bafles estridentes y gigantones: materia que moderniza la pobreza y desvía la atención de lo realmente urgente y necesario.

La violencia más primigenia, la más nociva y envilecedora nunca se ejerce con armas. El Estado incompetente e hipócrita inventó un país que nos obliga a luchar contra las desventajas, contra la geografía y contra nosotros mismos. Somos más territorio que Estado. La violencia es el fin, pero también el medio. Un fósil sin fecha de vencimiento.

Colombia, 2018

Mamá, estos últimos cuatro meses he aprendido lo que es luchar por la universidad, por los derechos, por la vida. Sabes que la educación superior está en crisis, pero millones de manos de maestros y estudiantes se han unido para construir una fuerza inquebrantable ante el Gobierno, somos una misma causa reflejada en un clamor que profiere que nuestras justas exigencias sean cumplidas. El Estado, con sus directrices mercantiles, ha hecho que nuestras universidades agonicen; nosotros, abrigados con resistencia, queremos evitar que esto continúe sucediendo. El desgaste físico empieza a notarse, pero mi mente está más inquieta que nunca. Sí, mamá, ya sé qué es la frustración, la impotencia, sé qué es levantarme agotada para ir nuevamente a la universidad, sé qué es una discusión de más de diez horas donde nos pensamos un país mejor. Ya sé lo que es resistir y todo lo que ello implica, sé lo que es trabajar en conjunto, salir de la universidad con una sonrisa en el rostro y una determinación inefable, lo que es saberse acompañada y actuar de la misma manera. Estos últimos cuatro meses no he visto ni una sola clase. Todo, mamá, lo he aprendido fuera del aula.

Me rehúso a la quietud, a la indiferencia. No soy la misma después de estos meses, siento que en mí habitan todos, que mis pasos son los pasos de un niño, que la voz con la que grito en las calles en cada marcha es el designio de un futuro. Cada día constato más aquella frase de Rimbaud, el poeta francés que te gusta: “yo es otro”, que esta lucha se traduce en todos y es para cada uno el anhelo de un porvenir con justicia. Mamá, la educación lo es todo, es donde construimos y deconstruimos, donde nos pensamos, dudamos y cuestionamos las grandes verdades, es la posibilitadora de sueños, de vida, de horizontes. Mientras grito las arengas y veo las personas que me rondan aspiro que cada una de ellas tenga una educación con calidad, que el dinero no sea limitación para hacer realidad sus sueños, que tenga la oportunidad de habitar y ser en un lugar como lo es la universidad. ¿Cuándo podremos ver sonrisas genuinas, verdadera felicidad en este país de huesos arrumados? La educación que pedimos es el único camino para ello, ¿no lo crees, mamá? Nos hemos caminado un lugar donde nuestro futuro tiene cabida, no imaginas el ahínco de todas las ciudades, bajo diferentes acentos en diferentes paisajes de nuestro país se están gestando las ganas del cambio profundo y real, el eco de estas voces hace retumbar la tierra.

Hemos triplicado las fuerzas internas que anhelan el cambio, intentamos crear y creer en medio de la turbulencia. Pero a pesar de esto, nos señalan por querer cambiar nuestro país, por ser estudiantes, por tener la esperanza como bandera. No sé si alguna vez se llegó a ver al Estado como protector de nuestros derechos, sabes que nunca he confiado en él, pero hoy –más que nunca– lo siento como mi enemigo; desconfío y temo profundamente de sus fórmulas enmascaradas. En este país se asesinan las ilusiones, el ESMAD es un escuadrón que representa la muerte, sus armas han acallado voces de quienes buscan justicia, hieren las pieles que están repletas de sueños, atentan la mirada, la respiración, la voz de quien se pronuncia ante las formas déspotas; en los mismos corazones en los que se cosecha esperanza ellos siembran terror.

El Estado ha desbordado su fuerza represiva, ¿es posible que nos maten por querer justicia, por querer reivindicar nuestros derechos, por querer darle un poco de luz a un país en sombras? Sí, mamá, nuestra geografía está cubierta de sangre, las grandes ideas reposan bajo tierra, la historia de Colombia se ha escrito con muertos, con ideologías atrasadas e inhumanas. Por eso temo por mi seguridad y la de mis compañeros. Intentando no retroceder, recuerdo las tantas detenciones arbitrarias que en esta coyuntura ha habido, los cientos de abusos y violaciones de derechos de la fuerza pública e incluso las agresiones por parte del mismo pueblo que defendemos. Vi en Popayán cómo niños se veían afectados por los gases lacrimógenos del ESMAD, vi cómo se reprimieron manifestaciones en menos de diez minutos, vi cómo en Bogotá golpeaban brutalmente a un estudiante, vi su cara cubierta de sangre, vi cómo cuando una marcha llegaba era atacada indiscriminadamente, vi a estudiantes resguardados en un establecimiento público temiendo por la violencia de las fuerzas estatales y cómo los medios de comunicación le hicieron creer al pueblo colombiano que los estudiantes eran criminales, estos mismos medios que hacen ver nuestras movilizaciones como actos vandálicos y deslegitiman nuestra causa.

He visto tantos abusos, mamá, la fuerza pública le rinde culto a la violencia y temo cuando el mismo pueblo colombiano la avala. Pero persistimos, sobreponemos nuestras fuerzas ante la podredumbre de un Gobierno que convierte nuestros derechos en servicios, que nos vulnera, que nos ataca. Y a pesar de que hay días donde flaquean las fuerzas, donde el cansancio se apodera de nuestros cuerpos y entra una debilidad que parece ponderar, aparece poco a poco una insospechada esperanza que nos cubre y nos dice que cada gota de sudor que dejamos en la calle vale la pena, que cada discurso emancipa una mente y que cada día que nos hallamos enfrentando a un gobierno represivo es un día más en el que podemos emprender vuelo, en el que moldeamos nuestras exigencias por la educación que por derecho debemos tener.

Estoy segura de que estos meses, y los que vienen, quedarán inscritos en la historia. Hoy siento que tengo mi esperanza intacta y que iré hasta donde sea necesario en esta lucha por nuestros derechos. Por eso, mamá, quiero que sepas que si algún día no vuelvo el culpable fue Estado; el único que por mantener sus intereses infectos podría agotar una vida.

Aquí sigo y aquí estaré siempre resistiendo.

Con amor,
Tu hija.

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