Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

Friday, 15 February 2019 00:00

Que no muera la esperanza

De nada sirve tener vida si no hay esperanza. 22 años después la llama de la esperanza sigue viva. La esperanza de que volverán, que les dirán por qué se los llevaron, y quién ordenó que se los llevaran. La esperanza de que algo así no vuelva a suceder nunca más.

Entre el 21 de junio de 1996 y el 27 de diciembre del mismo año, paramilitares del Magdalena Medio comandados por Ramón Isaza y un grupo de soldados que integraban la Fuerza de Tarea Águila incursionaron en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral y apresaron a Aníbal de Jesús Castaño, Oscar Hemel Zuluaga, Juan Crisóstomo, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego, Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía, Javier de Jesús Giraldo, Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz, Leonidas Cardona Giraldo y a Andrés Gallego Castaño. Desde entonces nadie los volvió a ver.

En 1996 un tramo de aproximadamente 60 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, que iniciaba en el sector Alto Bonito del municipio del Santuario y finalizaba en el sector Montebello de San Luis, fue catalogado por las autoridades departamentales como un punto crítico por la presencia de grupos guerrilleros. El Ejército creó entonces la Fuerza de Tarea Águila para recuperar y ejercer control en la autopista. La unidad especial, actuando de manera conjunta con los paramilitares del Magdalena Medio, cometió graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición de 12 personas y el asesinato de un campesino de la vereda La Esperanza, ubicada al borde la autopista.

Los esperanzados de La Esperanza denunciaron los hechos ante las autoridades. El personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, asumió el caso y de manera valerosa denunció la participación del Ejército. Helí fue asesinado el 26 de noviembre de 1996.

Pasaban los años y con ellos el silencio y la impunidad. Los familiares continuaron reclamando justicia. Buscaron el apoyo de organizaciones de derechos humanos y en 1999 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Nunca dejaron de acudir a las instancias judiciales colombianas, y lograron obtener la versión de los responsables en las audiencias de Justicia y Paz, luego de que los paramilitares se desmovilizaran entre el 2003 y 2006. Quienes testificaron aceptaron su responsabilidad y admitieron que actuaron conjuntamente con el Ejército. La verdad fue una verdad a medias. Ocultaron los nombres de los militares que participaron y ordenaron las acciones, y tampoco dieron luces sobre el paradero de los desaparecidos. 

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donderesponsabiliza al Estado colombiano por violar el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales. La Corte también ordenó al Estado “continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes”; y “efectuar una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas”.

No son más de 12 los casos colombianos que cuentan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado no manifiesta intenciones de cumplir la sentencia.

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Cada año las familias de La Esperanza le recuerdan al Carmen de Viboral, al Estado y a sus desaparecidos, que para ellas siguen y seguirán vivos; “que la memoria es el alma de los que no están”. En el primer memorial el Ejército realizó varios disparos cerca al lugar donde estaban congregados. En la conmemoración de los diez años pintaron los rostros de cada desaparecido, celebraron una eucaristía y construyeron un monumento. En 2008 depositaron en las aguas del río Cocorná sus anhelos de encontrarlos. Y en 2011 realizaron una caminata.

El año pasado, en el casco urbano del municipio, también realizaron el acto de memoria característico. Además de la carga emotiva, el acto contó con el respaldo de la Comisión de la Verdad representada por Alejandro Valencia. “Estoy aquí como una muestra de reconocimiento a ellas y ellos. Lo que más me sorprende es su capacidad de resistencia, de organización, su capacidad de estar juntos, de caminar y también de recordar”, manifestó al inicio de su intervención el comisionado.

Valencia también aprovechó para recordarles a los que ya lo sabían, y aclararles a quienes no, cuál es la razón de ser de la Comisión de la Verdad, organismo incluido en los acuerdos firmados con las FARC cuyo funcionamiento empezó a finales de noviembre del año pasado. Uno de los propósitos centrales, dijo el comisionado, es promover los ejercicios de memoria que enaltezcan la dignidad y el valor de las víctimas. La Comisión además aspira promover la convivencia en los territorios, y ofrecer una verdad histórica que explique qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y a quién benefició lo ocurrido en el conflicto armado.

Consciente del manto de impunidad que cobija a Colombia, el abogado defensor de derechos humanos, quien ha participado en iniciativas nacionales e internacionales de verdad y memoria, explicó que la Comisión de la Verdad no posee facultades penales ni judiciales, ambos temas son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La intervención dejó claro que la Comisión no escuchará las más de ocho millones de víctimas. “Imposible que una entidad como la nuestra, que tiene un mandato de tres años y bastantes limitaciones humanas y financieras, pueda esclarecer todos los casos. Por eso la Comisión ha decidido que se va dedicar al esclarecimiento de ciertas dinámicas de violencia que se presentaron en épocas determinadas, en regiones determinadas, perpetradas por unos actores armados específicos, y así arropar un número significativo de casos”.

Para identificar tales dinámicas, los 11 integrantes de la Comisión visitarán los territorios e instalarán 26 Casas de la Verdad donde “todos y todas, de manera voluntaria, pueden ir a dar su relato”. En Antioquia habrá tres: una en Medellín, otra en Urabá, y la tercera fue proyectada en Caucasia pero por las condiciones de seguridad que se viven en el Bajo Cauca su instalación fue postergada. “Queremos proponer un gran ejercicio de habla y de escucha. Tenemos un gran desafío porque no solo debemos escuchar a las víctimas, también a los responsables. La única forma de completar la verdad es hablar con empresarios, paramilitares, políticos, policías, militares, y guerrilleros de diversas organizaciones”, finalizó el comisionado.

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El meridiano de la violencia pasa por el Oriente antioqueño. Bombas, masacres, tomas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, desplazamiento y campos minados dejaron cicatrices y conmoción a lo largo y ancho del territorio.

Las comunidades han construido una rica memoria del conflicto en la región después de enfrentarse con su pasado. Fue tan cruda y tan compleja la violencia que quedan muchos dolores y voces por documentar.

Fernando Valencia, director de Conciudadanía, aprovechó la presencia del comisionado de la verdad en la conmemoración para hacerle un llamado a tener en cuenta las memorias de las comunidades en el momento de buscar el esclarecimiento de la verdad, y para pedirle a él y a su equipo de trabajo que estudien el calvario que los conductores de servicio público, conocidos en la región como 'chiveros', sufrieron durante el conflicto. Según Fernando, Conciudadanía logró registrar el asesinato de 55 conductores entre 1996 y 2003 en el Carmen de Viboral.

La principal puerta de acceso al Carmen es la carretera que comunica el municipio con Rionegro, la capital industrial y el centro de servicios del Oriente antioqueño. Su zona rural es muy extensa: se extiende al sur hacia la parte más montañosa de la región, la cual fue retaguardia estratégica de las FARC y el ELN. El municipio limita con Cocorná, territorio rico en agua ubicado a un costado de la autopista Medellín-Bogotá, y con Sonsón, el corredor que comunica al Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.

Los chiveros fueron, y en algunas partes siguen siéndolo, el único transporte público en las zonas rurales. Los conductores de esos jeeps cuadrados, trompones, capaces de soportar el peso de un remordimiento y serpentear cualquier trocha, fueron involucrados en una guerra ajena. 

Hace 20 años todos encontraban utilidad en ellos. Las rutas que conducían a la cabecera urbana les servían a las guerrillas como línea de abastecimiento y de logística para el desplazamiento. Para no entrar en zona de guerra, quienes necesitaban hablar con las guerrillas encontraban en los chiveros el mejor canal de comunicación. Y para los campesinos era la única forma de mantener viva su economía y acceder a diferentes servicios.

En el Carmen y en toda la región hubo una agresión contra este sector. La guerra paró el transporte, bloqueó veredas, acabó con la vida de los conductores y de las flotas. Las culpas recayeron sobre el gremio. Los administradores públicos y la Fuerza Pública los presionaban para que no suspendieran el transporte cuando había un paro armado o para que interrumpieran sus actividades cuando querían bloquear una zona. Los paramilitares los señalaban por colaborar con la guerrilla, y la guerrilla los señalaba por colaborar con los paramilitares.

“Quisiéramos estudiar la situación de los chiveros en el Carmen. Hacer una conversación de territorio: ¿qué pasó en el territorio con los conductores de servicio rural? ¿Qué pasó en el territorio con el servicio de transporte? Aquí hubo un patrón particular que valdría la pena tener en cuenta en la construcción de los ejercicios de memoria”, manifestó Fernando Valencia.

La zona rural del Carmen y del Oriente antioqueño, al igual que cualquier zona rural del país, se caracterizaba por la ausencia estatal. Las veces de Estado las hacían las guerrillas encargadas de tomar decisiones logísticas o de solucionar conflictos. Contra su propia voluntad los chiveros tenían que relacionarse con los grupos insurgentes. 

Otro factor que complejizó los hechos fue la llegada de un grupo residual del EPL. Aunque esa guerrilla se desmovilizó parcialmente en Urabá en 1991, la fracción que no se desmovilizó fue hostigada y se vio obligada a migrar al Oriente antioqueño. El frente Elkin González del EPL se instaló en la zona rural del Carmen. Intensificó el secuestro y la extorsión sobre la autopista, y emprendió el reclutamiento de campesinos que ocasionaría varios muertos entre la población por culpa de los señalamientos. El EPL duró poco tiempo en el territorio. Algunos se desmovilizaron, otros se enrolaron en las filas paramilitares y el resto se convirtió en informante del Ejército.

Todas las expresiones armadas hicieron presencia en el territorio: las FARC que ejercían presión sobre los grupos residuales, el ELN caracterizado por sus campañas de reclutamiento, el sobrante del EPL que debía cumplir con cuotas de señalamiento, las Autodefensas del Magdalena Medio, el Cacique Nutibara y varios batallones del Ejército.

Las autoridades departamentales también participaron de la maraña bélica. Uno de los gobernadores de la época afirmó que había varios municipios guerrilleros gobernados por administraciones guerrilleras, entre ellas la del Carmen de Viboral. La estigmatización fracturó los territorios. Se hizo evidente la división y la desconfianza entre las cabeceras municipales, controladas por los paramilitares, y la zona rural, plagada de presencia guerrillera. Se multiplicaron los bloqueos y las amenazas al transporte y al comercio. La población entró en estado de zozobra, “en el silencio profundo”. 

Analizar la afectación a los chiveros, aseguró Fernando, permitiría esclarecer hechos que perjudicaron a toda la sociedad. Por ello, reiteró la necesidad y la voluntad de trabajar de la mano con la Comisión de la Verdad. “Cuesta mucho que ese tipo de víctimas silenciosas se reconozcan como gremio en una afectación colectiva. Hay muchas ganas de hacer cosas para comprender estos contextos del conflicto”.

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Colombia se acostumbró a hacer memoria en medio de las balas. Las memorias construidas y las que faltan por construir están en disputa. Hay igual número de personas que anhelan verdad como personas interesadas en enterrar y adulterar el pasado.

Las fechas son una combinación de números, no son motivos. Los que quedaron construyen las memorias todos los días, porque ni el dolor ni los muertos que están vivos dan descanso. Las palabras de Flor Gallego, bandera de persistencia y dignidad en el Oriente antioqueño, demuestran que el fin de la lucha de una víctima es el comienzo de otra: “El día que yo encuentre a mis hermanos y a mi esposo, ese día me voy caminar para buscar a todos los desaparecidos que tiene Colombia. Es que no solo es mi dolor, son miles y miles que tenemos el mismo dolor”

Buenaventura grita que don Temis sigue vivo, carajo 

Muerte es una palabra que sabe a piedra. Pronunciar la palabra muerto es sentir que se desencaja un hueso o tratar de tragarse un cuchillo. 

Hace un año lo esperaban en una reunión a la que nunca llegó. Él sabía que el nudo de esta historia solo podría tener este desenlace. Pero nunca retrocedió. Hace un año dos personas que se desplazaban en una moto asesinaron a Temístocles Machado. Apagaron el alma negra que más brillaba en Buenaventura, el puerto por el que entran y salen el 50% de las importaciones y las exportaciones del país.

Don Temis era un cartógrafo social empírico. Un memorioso. Un padre, hermano y esposo noble que “tuvo la habilidad y la sabiduría de tejer lazos. Sabía qué quería, cómo lo quería y quién le podría ayudar (...) Iba por cada barrio buscando a los líderes para recordarnos que nosotros no podemos interiorizar un discurso de afuera, que no somos una cuna de delincuentes”, recuerda emocionada una lideresa que lo conoció.

Defender los esteros en los que quieren construir plataformas portuarias, denunciar la ocupación ilegal de terrenos, exigir la garantía de servicios básicos y la titulación de tierras para los habitantes de las comunas 5 y 6, denunciar los vicios de corrupción, politizar los vecindarios, entutelar y radicar cuanto derecho de petición fuera necesario, exponer las penurias y las demandas de los bonaverenses en Bogotá, afirmar que “esta tierra es nuestra, totalmente nuestra, y de aquí no nos vamos” le costó la vida a Don Temis.

Buenaventura tiene a Temístocles en la punta de la lengua. A un año del asesinato, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité del paro cívico, la asociación Nomadesc y las juntas de acción comunal realizaron del 25 al 27 de enero varias actividades para honrar su memoria. Entre ellas torneos deportivos, presentaciones culturales y un recorrido territorial por lo esteros del puerto que demostró la degradación natural y los impactos socio ambientales causados por las plataformas comerciales.

Se avecina un año clave para Buenaventura. Las elecciones regionales serán la oportunidad de dejar atrás una estela de malas administraciones, y arriesgarse a tomar un camino distinto para materializar todo lo que soñó don Temis. Quienes los asesinaron solo hacían el trabajo por el cual les pagaron. Esas personas sin nombre ni rostro que dieron la orden lamentarán que después del 27 de enero del 2018, el legado de Temístocles Machado vive y arde en los corazones de los bonaverenses.

Sin negros –sin su memoria, sin su cosmovisión–, no habrá paz. Por el puerto entran y salen las esperanzas del país. Buenaventura vibra. Es digna, recursiva y creativa ante la adversidad. Buenaventura reclama la atención que merece. Él ya no está, pero enseñó el camino, por eso Buenaventura grita que “Don Temis sigue vivo, carajo”.

A Hermes José Burgos le arrebataron la libertad por algo que no hizo. El domingo 30 de septiembre, a eso de las 2:30 de la tarde, lo capturaron en el municipio de Arauquita porque la Fiscalía General de la Nación lo acusa de concierto para delinquir y rebelión.

Hermes hace parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca). Lideró proyectos productivos, organizativos y políticos en el departamento de Arauca y en el Centro Oriente de Colombia. Y defendió los intereses del campesinado en las mesas de interlocución con el Gobierno nacional.  Esos son, para el Estado, sus verdaderos delitos.


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No hay cifra exacta de cuántos líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido capturados por delitos que nunca cometieron. En los primeros meses del año fueron judicializados 12 integrantes de asociaciones campesinas, mineras y pesqueras del Sur de Bolívar. En el Suroccidente, región que comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, llegaron a registrarse 20 líderes judicializados, entre los que se encontraban alcaldes, concejales y personeros. De zonas como la Costa Caribe o los santanderes no hay registro, pero existe la certeza de que hay casos de montajes judiciales.

Defensores de derechos humanos plantean que el sistema culpa a las personas y desconoce la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la fuerza pública, instituciones encargadas de investigar mas no de condenar, hacen un juzgamiento a priori. La persecución judicial en el Centro Oriente y en Colombia es una estrategia tan vieja como la democracia. Liderazgos como los de Hermes Burgos son una piedra en el zapato para el Estado y las empresas que negocian los territorios como si fueran una mercancía.

En Casanare, Meta y Arauca, zona de trabajo de Hermes, la ley Zidres perpetúa el histórico problema de concentración de la tierra en estos departamentos. El Estado, legalizando lo ilegal, permite que conglomerados económicos se apropien de vastas extensiones de tierra que le pertenecen a medianos y pequeños productores, y además les entrega terrenos baldíos para la producción agroindustrial de celulosa, etanol, o para la producción de cárnicos como es el caso de Fazenda.
 
Las comunidades en sus diferentes formas organizativas le han hecho resistencia a este modelo de país, y han construido un plan de vida propio que privilegia la dignidad, la solidaridad, la equidad y el buen vivir. Intereses que van en contravía de la concentración de la riqueza y de la explotación de los recursos naturales por parte de la industria petrolera. Son dos interpretaciones del mismo territorio que se oponen. Mientras Hermes intentaba imponer la suya a través del trabajo comunitario, el Estado y el sector privado trata de salvaguardar la suya rompiendo el tejido social con los falsos positivos judiciales.

“El blanco objetivo ya no son las FARC. Entonces [el Estado] tiene que cambiar de enemigo, y ha identificado al movimiento social como su enemigo interno (…) [Hermes] está siendo señalado de pertenecer a las guerrillas. Ese es un discurso viejo que siempre han utilizado para encartar cualquier persona, sobre todo a los líderes sociales”, aseguró uno de los defensores entrevistados para este artículo.



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Arauquita, finales de los 90.
Hermes José Burgos termina sus estudios secundarios en el bachillerato agrario de Arauca. Estudia, trabaja su finca, y al mismo tiempo lidera los comités de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en las veredas Las Gaviotas y San Isidro. Ese liderazgo lo catapulta a la Inspección de Panamá de Arauca que tiene a su cargo 24 veredas. En el 2000, estalla un carrobomba puesto por las FARC en la ye de Pueblo Nuevo, jurisdicción de Arauquita. Diez soldados muertos, varios civiles heridos, entre ellos Hermes, es el saldo que deja la explosión.

El ecosistema hostil no logra amedrentarlo. Años después, Hermes abandona la ANUC y se integra a Asonalca. Vende su finca en Arauquita, y se asienta en Fortul. Participa activamente en el trabajo comunitario y en las asambleas de Asonalca. Poco a poco la suya comienza a ser una voz relevante en la región. Por ello, más tarde, le encargan responsabilidades en la conducción regional y departamental de la asociación campesina.

2007. Año bisagra para Arauca.
Los campesinos deciden erradicar voluntariamente las 2.116 hectáreas de coca que hay en el departamento. Tanto la coca como la marihuana, explican quienes están a la cabeza de la iniciativa, son una amenaza para la vocación agrícola de la zona. Si bien resulta más fácil producir coca, porque para cultivar plátano o yuca es necesario ciencia, tecnología e infraestructura, los campesinos son los que menos se benefician de la cadena productiva del narcotráfico.

(“Nosotros teníamos un plan de vida, y decíamos que la coca no era posible; porque la coca era utilizada como un sofisma del Estado para perseguirnos, para estigmatizarnos, entonces el campesino sufría mucho”, recuerda Carlos Núñez, compañero de Hermes en el bachillerato agrario y en los diferentes procesos organizativos; testigo del exitoso proceso de erradicación gracias al cual Arauca pasó de tener 2.116 hectáreas de coca en el 2007, a tener nueve en el año 2016).

Los gremios productivos, las cooperativas agrícolas y, sobre todo, la pedagogía política, logran que la coca pase de ser una rentable e ilegal opción de vida a ser una amenaza para la tranquilidad de las comunidades. Y, por supuesto, la contribución de Hermes es fundamental en ese cambio de paradigma.

No contento con esto, años más tarde, se empeña en dinamizar la actividad comunitaria y política de Asonalca en el Casanare. Allí encuentra un departamento dependiente de la economía petrolera con graves problemas de vivienda, salud, educación e infraestructura.

Junto a Miriam Aguilar –que también fue su compañera en el bachillerato agrario y también fue capturada en Yopal el mismo día que capturaron a Hermes– entablan relación con las lideresas de los asentamientos urbanos La Bendición y Mi Nueva Esperanza de Yopal. El 19 de febrero de 2015, representantes de Asonalca, líderes y lideresas de diferentes barrios construyen un pliego compuesto por cuatro puntos: el rechazo a los intentos de desalojo efectuados por la fuerza pública, la exigencia de proyectos de reubicación, el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos, y el aumento de la cobertura y calidad de los servicios públicos.

A eso: a exigir condiciones de vida digna para los campesinos de Arauca y los habitantes de Yopal se dedicaron Hermes y Miriam hasta el día que los capturaron.

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En la mitología griega Hermes es el dios de los viajeros, del ingenio, de la astucia, de la prudencia, era el único dios que tenía permitido entrar al inframundo porque les ayudaba a los difuntos a encontrar su camino al más allá. Por su elocuencia, se le atribuía una habilidad especial para hacer uso de la palabra, por ello hacía las veces de mensajero de los demás dioses.

En el Centro Oriente colombiano, Hermes también era la voz de muchas voces. Fue formador de formadores. La palabra fue la única arma que utilizó en su lucha: “Siempre trabajaba al lado de la olla. En las mingas y movilizaciones nos contaba las luchas que había dado. Él cuenta con orgullo cómo en ese momento [año 2003] lograron que la cartera de educación nacional fuera al departamento y reconociera la deuda que tenían con el Arauca. En ese momento se sentía en las veredas la crisis de la canasta educativa (…) Don Hermes era una persona que enseñaba con el ejemplo. No era de tanta carreta. Era más de cumplir los acuerdos. De ser muy cumplido con su palabra”, dice Carlos Roa, joven integrante de Asonalca que conoció a Hermes Burgos mientras trabajaba con las comunidades de Yopal.

Hermes, el griego, era el dios de las ganancias y las riquezas. Era el responsable de fertilizar la tierra. Personificaba el intercambio: de bienes, de información, de palabras. Por su pericia para el canje también se le conoce como el dios del comercio. Hermes, el araucano integrante de la Federación de Cacaoteros, demostró que si a lo político se le agregan practicas productivas, puede germinar algo rentable que dignifique la vida campesina: “Hermes es un líder campesino integral. Porque una cosa es ser líder, y otra cosa es ser líder y tener finca. Él tiene finca y tiene la experiencia de los aciertos y los desaciertos en la producción. Una cosa es la teoría y otra la práctica –dice Carlos Núñez–.  Eso ha sido Hermes, un campesino con tesón, muy aferrado al trabajo campesino, y con mucha experiencia en el tema agrario”.

Hay hombres que se convierten en dioses. Y hay dictaduras disfrazadas de democracias.

Wednesday, 24 October 2018 00:00

Con-suma responsabilidad

Decidir es también renunciar, elegir solo una posibilidad, descartar formas distintas de hacer las cosas. Muchas veces, aunque el curso del tiempo impida comprobarlo, las decisiones tienen consecuencias significativas por aquello que se descarta más que por aquello que se elige.

Comer —ingerir las calorías necesarias para que funcionen estas cáscaras complejas rellenas de carne— es una necesidad biológica: una obligación. Hace miles de años —cuando no existían los refrigeradores, el hombre no conocía la sal, ni los conservantes— el dueño del granero donde se almacenaban los granos tenía el control sobre aquellos que necesitaban comer esos granos, porque podía decidir el valor de cada grano, podía decidir cuándo comía él y cuándo comían los demás.

Lo que hoy es normal, años atrás no lo era. Históricamente el elemento principal de la dieta humana fueron los cereales. Como estos no aportan la cantidad de proteínas necesarias, los acompañábamos de leguminosas, luego de tubérculos y, si la capacidad adquisitiva lo permitía, acudíamos a los aceites; solo cuando el nivel de vida era lo suficientemente alto se podía acompañar de un trozo de carne. Comer carne fue —y lo sigue siendo— sinónimo de poder. Comían carne no quienes querían sino quienes podían pagar o eran dueños de ella. Comer carne fue una de las primeras fronteras que separó a pobres y ricos.

No solemos darnos cuenta de que lo aparentemente normal, no es tan normal. En apariencia son muchas las posibilidades que tenemos de saciar el hambre: existen 250.000 especies de vegetales de las cuales unas 50.000 son comestibles, pero comemos 250: cereales, raíces, tubérculos, frutas, verduras, hierbas, nueces, especias… El noventa por ciento de nuestras calorías provienen de 15 especies vegetales, dos tercios de ellas producidas por tres plantas: arroz, maíz, y trigo. La mitad de toda la comida que los 7000 millones de humanos comemos cada día es arroz.

El humano fue el primer animal capaz de transformar el alimento. La perfección de la técnica de producción, recolección y preparación, con el paso de los años, encogió nuestro repertorio gastronómico.

Nunca antes fuimos capaces de producir tantos alimentos: —nunca antes fuimos capaces de producir tantos hambrientos: 821 millones— nunca antes fuimos capaces de hacerlo tan mal. Antes comíamos lo que sembrábamos, y vendíamos o intercambiábamos lo que nos sobraba con otros que también sembraban. Ahora compramos lo que comemos a multinacionales que producen alimentos a gran escala, alteran genéticamente los frutos y las semillas, sobreexplotan los suelos y destruyen los ecosistemas, especulan con los alimentos en la bolsa de Nueva York y utilizan agrotóxicos y herbicidas nocivos para la salud.

Es por culpa del uso indiscriminado de agroquímicos que lo que comemos cada vez tiene más toxinas y menos minerales. Anualmente Colombia fabrica 78.469 toneladas de plaguicidas, importa 64.000 y exporta 23.000. De estas, 119.486 toneladas son para consumo interno. Lo que quiere decir que a cada colombiano le corresponderían 2,5 kilos de plaguicidas. Los agroquímicos atracaron en el país en 1962. Actualmente existen 2490 productos con aval para ser utilizados en territorio nacional. Son 376 las empresas nacionales e internacionales que producen este tipo de venenos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Palmira. Las ciudades envían el veneno al campo, y los campesinos lo devuelven a la ciudad transformado en alimento. Dice el adagio que uno recibe lo que da.

Según cifras compiladas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de los 39.709 casos de intoxicación por sustancias químicas registrados en el país en el 2017, 8423 fueron causados por plaguicidas. El informe sobre Antioquia, publicado en 2016 por la misma institución, indica que, de las 2419 intoxicaciones registradas, 501 corresponde a plaguicidas; siendo el químico con mayor número de casos después de los fármacos. En el Norte, Nordeste y Magdalena Medio la mitad de intoxicaciones fueron provocadas por plaguicidas.

Los estudios sobre las consecuencias de los pesticidas en la salud humana escasean en Colombia. Sin embargo, los pocos análisis realizados han demostrado que, por ejemplo, las mujeres expuestas a este tipo de químicos presentan menores índices de colinesterasa —la enzima que permite que una neurona se comunique con otra para que los órganos funcionen e una manera adecuada—. Tambien También se ha comprobado que los problemas respiratorios, la alteración del sistema nervioso, y la degradación de los neurotransmisores que segrega el intestino están íntimamente relacionados con los plaguicidas.

Este no solo es un problema de salud pública, también cultural y económico. La agroindustria promovida por las multinacionales reemplazó las formas ancestrales de cultivar y relacionarse con la tierra. Relegó al campesino al último eslabón de la cadena productiva, le paga poco por su trabajo y lo obliga a pagar grandes cantidades de dinero por los venenos.

El sistema obliga al campesino a resignarse y aceptar sus reglas de juego. Desde que la publicidad empezó a ser utilizada en la industria alimentaria, el primer mordisco lo damos con los ojos. Al mercado —y al consumidor— le interesa la factura —el color, el tamaño—, no los nutrientes del producto. Y la única manera de cumplir con esos estándares publicitarios, según las grandes multinacionales, es utilizando pesticidas y agrotóxicos.

Pasan los años y la agricultura sigue resumiéndose en cinco procesos básicos: seleccionar plantas utilizables, manejar el agua, renovar y enriquecer los suelos, proteger los cultivos de las pestes, usar fuerza de trabajo para recogerlos. Las actuales prácticas agrícolas cada vez utilizan menos plantas, hacen mal uso del agua, alteran los ciclos de la materia orgánica, y envenenan a quien cultiva y a quien consume para evitar las plagas.

“Como se interpreta una crisis determina como se actúa ante ella”, dice Martín Caparrós. El campesino debe replantear sus formas, y el consumidor asumir su responsabilidad en esta cadena de errores. Cuando preferimos ir a un supermercado de cadena en lugar de ir a la plaza de mercado, estamos siendo cómplices del mercado. Algunos comen lo que pueden, el resto cree que puede comer lo que quiere. Muchas veces las decisiones no dependen de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino de los factores económicos y culturales que las condicionan. Ante una situación tan penosa, mientras encontramos una idea clara para cambiar eso, la indignación y el arrepentimiento son el primer paso que nos comprometen a inventar algo mejor. Recuperar la propiedad absoluta de nuestras decisiones —de las consecuencias— tal vez sea el norte que tanto hemos buscado: esa es la verdadera emancipación.

No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

Wednesday, 05 September 2018 00:00

La retoma de Caño Limón

Esta historia comenzó aproximadamente en los años 80 cuando estas tierras fueron colonizadas y la gente subsistía de la naturaleza y del trabajo de sus manos. En el 90 se vino el boom petrolero para el departamento de Arauca, que jugó con la inocencia y la ignorancia de los campesinos, que pensaron que el petróleo iba a traer prosperidad a nuestros terrenos. Nunca se imaginaron que las empresas transnacionales y el Estado iban a desplazarlos, que los campesinos iban a pasar de ser pobres a ser miserables; porque un campesino sin tierra no es campesino.

El Estado usó la Policía nacional y el Ejército contra los campesinos. Tumbaban las casas, arrancaban los cultivos, los envenenan, llevaban a la gente a la cárcel de la capital, los tenían tres meses y luego los soltaban. En el 91, cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Por ese acoso constante la gente decidió salir de los territorios, pero con una promesa del Estado. Hay un acta firmada por el Incora [extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria], la empresa Occidental Petroleum -OXY, y las comunidades, donde el Estado se comprometió a reubicar la gente en un plazo máximo de 30 días. Le pagaron unos dineros irrisorios a la gente, y esos treinta días se volvieron una eternidad. 175 familias se desplazaron de este territorio. En ese tiempo el tema de la planificación no era muy común, entonces las familias eran numerosas.
Un campesino metió una tutela para que restablecieran el derecho a la tierra. Inmediatamente el Consejo de Estado le dio la orden al Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] que reubique a los campesinos. Los campesinos pensaron que era una victoria, que todos íbamos a tener nuestro pedazo de tierra. Pero el Estado no podía titular un terreno donde existiera petróleo. Y desafortunadamente para nosotros los campesinos araucanos, estamos parados encima del petróleo. Eso se nos convirtió en un martirio y en una burla hacia nosotros. Cuando pasaban los campesinos buscando dónde comprar, decían: “ahí van los compradores de tierra”.

El ocho de octubre del 2013 decidimos recuperar el territorio. Entramos e inmediatamente nos encontramos con la Policía, el Ejército, la Sijín, y la seguridad privada de la empresa. Nosotros empezamos a talar y a sembrar, y la Policía detrás a arrancar y envenenar. Era tal la humillación que nosotros no reconocemos a la Policía y al Ejército como una institución, para nosotros son unos mercenarios. Tenemos un compañero que no hace mucho salió de una cirugía, le estaban sacando una bala del cráneo. Otro compañero tiene como veinte tiros.

Tumbaban los cambuches, botaban la comida, se repetía la historia del 95. Hasta que decidimos que si nos iban a sacar de aquí tendría que ser con los pies de pa' delante. Decidimos usar nuestras armas de trabajo y empuñarlas para defendernos. El campesino dijo: “si usted me pega un tiro, yo le pego un machetazo”. El mensaje no era agresivo, sino decirles que estábamos decididos a morirnos por el territorio.

Nos hicieron miles de propuestas. La compañía nos ofreció otros territorios, pero nosotros queríamos nuestro territorio. Muchos de nosotros nacimos aquí, o al menos aquí nos hicieron los papás. El día que mi padre me trajo acá… uno siente como una energía. Él me decía: “mire papá, aquel era el palo, se acuerda, aquí había un zorrocuco, si usted se ponía a llorar lo callábamos era con eso”; que mire, nos encontramos la piedra donde hace veinte años afilaba la rula. Era ese llamado, ese sentimiento, ese interactuar con la tierra lo que nos aferraba más al territorio.

La OXY demanda 16 campesinos por cuatro delitos: daño ambiental, hurto, daño a la propiedad privada, y amenaza a la fuerza pública; nosotros amedrentando a esos pobres señores que llegan aquí como cuando Rambo va a los otros países: fusil, pistola, un cuchillo, granada, chaleco antibalas, cascos, mira telescópica.

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La voz es de Nixon Torres, presidente de junta de la retoma de tierras del complejo petrolero Caño Limón; el drama también.
Estamos reunidos en lo que los habitantes de la vereda El Vivero, del municipio de Arauquita, llaman escuela: aproximadamente 40 metros cuadrados de tierra pura y dura, bancas sin espaldar hechas de madera, 12 vigas también de madera y un techo formado con láminas metálicas. El bochorno anestesia el cuerpo. Un perro negro y famélico es asediado por un ejército de moscas que no lo dejan dormir. El alarido de los insectos y el canto de las aves invade la instancia como una marejada.

A metros de nosotros, al lado de una masa de agua marrón sin oxígeno, entre plataneras y árboles nativos, un cambuche que hace las veces de casa y una cocina artesanal. Según Nixon, el charco en mención es uno de los 29 esteros y ríos navegables que componían la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora destruido por la OXY cuando instaló los más de 200 pozos del complejo petrolero Caño Limón.

De las más de 100.000 hectáreas que componen Caño Limón, Nixon y otras 98 familias han recuperado 4000. Allí siembran plátano, maíz, ahuyama, yuca, cacao, lechuga, maracuyá, papaya, guanábana, y cítricos. Actualmente la comunidad discute la posibilidad de declarar sus tierras como un Territorio Campesino Agroalimentario. Aunque el territorio está en proceso de división, se ha acordado que en el momento de la repartición se les dará la misma cantidad de tierra a todas las familias, sin importar si en el pasado eran dueñas de tres o de 40 hectáreas.

La vocación de Nixon y sus paisanos demuestra que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Tanto Colombia como Arauca son territorios campesinos, agrícolas y pecuarios. Las comunidades no viven del petróleo, subsisten de lo que produce la tierra y la cría de especies menores. Lo que trajo el petróleo a las zonas donde hay reservas, oleoductos o refinerías, es crisis ambiental, social y humanitaria.

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Primero en el vocabulario de la gente era la invasión de Caño Limón. De la invasión cambiamos a la retoma. Hoy en día se habla de la vereda El Vivero. Hemos ido progresando en el lenguaje también.
Han utilizado toda clase de estrategias. Fuimos amenazados con el paramilitarismo. En la entrada de la vereda amanecieron un día los árboles pintados con letreros de las AUC. Manipularon a la inspectora de Arauca para hacer un desalojo en un territorio que no le correspondía. También amenazaron a Jesús Hernando Mancera, personero de Arauquita, porque defendió nuestros derechos, le tocó irse del municipio. Han aparecido personas armadas con ganas de joder a los líderes de la retoma. A mi particularmente me ha tocado salir como tres veces.

En la entrada de la vereda nos pusieron una reja con candando. Después nos hicieron una manga con alambre de púa. Ellos nos tapaban un camino y nosotros nos metíamos por otro. Cuando nos ponían la seguridad ahí, nos pasábamos por los esteros, porque nosotros sí conocíamos el territorio, porque era nuestra casa.
En el trayecto entre Caño Verde y La Yuca no se podía bajar ningún pasajero (el campo petrolero está ubicado entre estos dos sectores. En cada punto existía un retén militar que hasta el día de hoy se mantiene). Era un problema para que los carros lo trajeran a uno. Se metía en líos el conductor porque allá tenía que decir cuántos pasajeros iban, y cuando usted pasaba La Yuca revisaban si se había bajado alguien. Cuando ya sabían que estábamos aquí nos hacían quitar las botas. Se llevaban las cédulas y les tomaban fotos. La compañía tenía un bloqueador de señal, la señal de los celulares y de internet se iba. En los desalojos era un problema para que pudieran entrar al territorio las personas que venían a apoyarnos jurídicamente.

Ahorita les tocó aceptar que estamos aquí, que somos una realidad. A veces se ponen cansones pero El Vivero también se ha ganado una fama de que, si me grita lo grito, y si me toca dar puño pues doy puño.

La compañía nos ha llamado para que pactemos unas reglas de convivencia. Nosotros les decimos que no tenemos nada qué pactar con ellos. Que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros lo que hacemos es labrar la tierra. Quisiéramos que no sacaran el petróleo, pero desafortunadamente ya lo están sacando. En estos días se nos viene una batalla bastante campal con la compañía. La OXY va a construir unas plataformas en unos territorios donde no hay plataformas. Esa va ser nuestra lucha ahorita: no dejar que exploten ese pozo. Yo creo que los jurídicos tienen que irse preparando.

***


Esta retoma continuará…

Wednesday, 05 September 2018 00:00

El evangelio según Wacoyo

Entonces, el mundo era otra cosa: no era de nadie porque era de todos. La propiedad privada era un concepto de otro mundo. No existían las cercas ni las fronteras, tampoco los porteros 24 horas. Todo era para todos.

Los Sikuani hoy pernoctaban en Puerto López - Meta, y la próxima semana en la frontera con Venezuela. Eran nómadas, dueños de una casa que no tenía medidas claras. Así era, así se lo contaron los mayores a Sebastián Yepes, capitán de la comunidad Fundobonito del resguardo indígena Wacoyo.

Las cosas han cambiado. Ahora, cuenta Sebastián –54 años, líneas profundas en la frente que parecen surcos, celular en el bolsillo izquierdo de la camisa azul, pantaloneta negra, y croc's rojos–, la casa está parcelada.

Fueron las espadas de acento español las primeras que alteraron las leyes de ese mundo. Luego las biblias y los crucifijos que empuñaban los cristianos. Años después, las guerrillas y con ellos los cultivos de coca. Más tarde la furia paramilitar. Ahora, las multinacionales.

Wacoyo, ubicado a cuarenta minutos de Puerto Gaitán - Meta, es uno de los nueve resguardos que existen en el municipio, asociados en la organización indígena Unuma. Según resoluciones gubernamentales, los indígenas de los pueblos Sikuani, Piapoco y Saliba asentados en Puerto Gaitán, son dueños de más de 50.000 hectáreas. De estas, 8050 pertenecen al resguardo Wacoyo, una cantidad irrisoria comparada con el tamaño de la casa de sus ancestros.

Sebastián tenía 16. Eran 187 familias y tres comunidades donde actualmente hay 1730 personas repartidas en 34 comunidades. Durante un año administró una tienda familiar. Terminó quinto de primaria y su comunidad lo nombró docente bilingüe de los niños menores de diez años. Terminó bachillerato, ejerció la docencia durante 14 años, conoció a su esposa, tuvieron descendencia, y formaron hace un año la comunidad de la que hoy es la máxima autoridad.

Para Sebastián el español es una patria ajena. Un mecanismo de defensa ante la codicia de los empresarios que ofrecían dinero, falsas promesas, y objetos desconocidos para quedarse con el territorio, para hacerlos sentir extranjeros en su propia tierra. Los empresarios empezaron a llegar en bandada hace 15 años, y se convirtieron en vecinos incómodos.

–Ahora las multinacionales nos obligan a pedir permiso para movernos por el resguardo.

Cuando Sebastián dice multinacionales, se refiere a empresas como Ecopetrol y Fazenda. La primera realiza exploraciones petroleras en el territorio, y la segunda tiene 22.000 hectáreas sembradas con maíz y soya para alimentar los más de 70.000 cerdos de su megacriadero.

El auge de la agroindustria agudizó un problema histórico en los Llanos, y especialmente en el Meta: la concentración de la tierra. Gente de la región cuenta que Víctor Carranza, esmeraldero y patrocinador de grupos paramilitares, hizo una celebración monumental cuando se supo dueño de un millón de hectáreas entre los departamentos de Meta y Vichada.

Los pastizales infinitos del paisaje llanero, vacíos y estáticos, cada tanto se convierten en miles de hectáreas de caña –que la empresa Bioenergy utiliza para producir etanol y biocombustible–, de maíz, arroz, caucho, palma de aceite y árboles maderables.

–Estamos cultivando 1.000 hectáreas de maíz (…) Hemos logrado algunos ingresos económicos para seguir mejorando el bienestar nuestro –dice Sebastián sentado en una silla plástica, con un cigarrillo en la mano, escoltado por un cielo estrellado. De fondo, el gemido monocorde de la planta eléctrica.

Después de tortuosas negociaciones, los Sikuani le arrendaron algunas tierras a Fazenda con el compromiso de que el 78% de las ganancias sean para ellos, y las personas de la zona representen el 70% de la mano de obra no calificada. Con ese dinero, asegura Sebastián, han puesto en marcha proyectos y convenios educativos, sanitarios, y alimentarios. Sin embargo, la empresa es sinónimo de problemas:

–A través de esos marranos han llegado las afectaciones ambientales como la mosca y el olor. Aquí vivimos con epidemias, se nos han muerto niños, mayores de la tercera edad (…) El río Muco lo taponó el estiércol de los cerdos. Era un río donde nosotros salíamos a pescar. Hoy en día no se puede. Los chigüiros, los cachicamos, los animales se fueron…

***


Las cinco y media marca el reloj. El cielo opaco parece disolverse. Perros y patos vagan por la tierra ácida y húmeda como si todo aquello que pisan fuera suyo. Sopla, el frío es liviano, apenas perceptible. Alrededor, diez chozas hechas con madera y láminas de metal, todas con la misma forma, todas con los mismos metros de largo y de ancho. La niebla fugaz convierte los pastizales infinitos, y todo el horizonte, en siluetas.

Horas más tarde, Edwin Sarmiento me dirá que: “Culturalmente ha sido una etnia muy guerrera que ha defendido principalmente su tradición oral y esto les ha permitido pervivir. A pesar de la presencia de empresas petroleras, de la agroindustria, se han mantenido y siguen practicando sus rituales. Uno de ellos es el rezo del pescado, se les hace a las muchachas apenas les baja su primera menstruación, en su creencia esto permite la reproducción y el mantenimiento de la comunidad. Pero esta cultura se ha visto afectada principalmente por el narcotráfico. Es muy difícil combatir el dinero, la mafia… digamos que se han venido acercando más hacia el consumo. Cuando no había petroleras, cuando no había coca, los líderes, capitanes, y autoridades, caminaban diez, ocho horas, dos, tres días para ir a una reunión. En estos momentos si no tienen una moto, si no les colocan una camioneta, si no les dan viáticos hay dificultades y nace el rechazo. Otra cuestión que ha debilitado la cultura es la perdida de…”.

Edwin interrumpe el relato. En ese instante se acerca Onorio Ruiz, el médico ancestral de la comunidad que tiene 120 años y una corona hecha con plumas de guacamaya. Onorio pregunta dónde está el baño.

–Allá donde está la lona, al fondo, al lado de la mata de plátano–, le responde Edwin.
Onorio Ruiz mira hacia la parte señalada, duda, y vuelve a preguntar, en un español apenas audible y entendible, dónde está el baño.
–Allá en esa lona verde hay un hueco. Hace popó y tapa, como los gatos.

Edwin –un joven fumador que debe pesar más de 120 kilos– es el representante legal de la Corporación Choapo, organización que desde el 2009 estrechó lazos con los Sikuani, Piapoco y Saliba de Puerto Gaitán para realizarle un “juicio ético” a las empresas petroleras. El hecho de que los pueblos indígenas sean dueños de grandes extensiones, convivan con empresas que generan sumas millonarias explotando las tierras, y sus condiciones de vida no sean dignas, es una contradicción que aviva la llama filantrópica de Choapo.

–Otro tema muy complejo es la religión. La religión, sobre todo la evangélica, ha cautivado mucho con el mensaje de que se les va a acabar el mundo y que tienen que irse para el reino de Dios. Los líderes que se vuelven religiosos no van a las reuniones porque es del mundo, así lo dicen.

La misión evangelizadora inició hace diez años y desde entonces nada volvió a ser igual. Cuenta Edwin que prácticas nunca antes vistas, como la imposición del diezmo y el bautizo, ahora son comunes. No me queda claro si se justifica destruir una cultura para salvar una vida, lo cierto es que la religión entorpece los procesos de soberanía y permanencia promovidos por Edwin y Choapo.

–¿Cuando dicen que eso es del mundo, a qué se refieren? – Edwin balbucea, luego se ríe.
–Cuando dicen que es del mundo es porque produce pecado y los puede condenar. Una reunión para discutir que se mantenga la cultura de los payés [médicos ancestrales], ellos la relacionan con brujería.
–¿Con qué interés entra la religión a los territorios?
–Con el interés de… pongamos el ejemplo del resguardo El Tigre que queda a seis horas o siete horas de Puerto Gaitán. Muy difícilmente una persona va a venir desde allá a un culto, entonces hacen brigadas de evangelización, van cautivando los líderes y establecen iglesias dentro de los territorios. El líder se va convirtiendo en el pastor. Líderes que proponían ir a la minga a pelear por sus derechos, ahora dicen “Dios lo quiso así”.

Los indígenas encabezan el ranking de poblaciones sobre diagnosticadas. Las oenegés nacionales e internacionales, las instituciones gubernamentales, y la sociedad en general que mira al indígena con lástima y morbo, inocularon entre los pueblos originarios el asistencialismo. Siempre fue más popular ante los ojos de Dios un “pobre” sumiso dependiente de la limosna, de las migajas del que tiene de sobra, que un pobre que se pregunta por las causas de su pobreza y se revela contra ellas.

El mensaje de Edwin y Choapo –autonomía, vida digna, movilización– es impopular. Romántico, anacrónico si se quiere. Para el indígena, con justa razón, el blanco es y será un agente invasor que ante todo genera desconfianza. Resulta llamativo que, sin ofrecer cosas materiales o dinero, Edwin pueda neutralizar las profundas diferencias y parecer un indígena más, al punto de pedir agua, saludar, y despedirse en lengua Sikuani, ser convidado a sorber yopo o mascar una planta sagrada como el capi, o ser recibido con la cabeza de un araguato –un mico– en cada comunidad que visita. Edwin no es un blanco cualquiera. Esa camaradería no es fruto de la típica superioridad académica y moral que destila el occidental, sino del respeto y la admiración por una cultura que nos puede demostrar que todo este tiempo estuvimos equivocados.

–Una cuestión que me ha llamado mucho la atención es lo espiritual, sus rituales, sus rezos, sus armonizaciones; cosas que uno dentro de toda esa teoría del materialismo desconoce. Es muy sorprendente mirar que está a punto de llover y el payé reza y se va el agua, o necesita que llueva y hace llover.

Aún quedan humanos así, de esos que lo dan todo por nada. Que lo dan todo por otros sin esperar nada a cambio. Edwin no suele preguntarse por qué hace lo que hace. Proyectos de vida como estos –pienso mientras lo escucho– pierden el encanto cuando uno trata de explicarlos, porque –como decía Piglia cuando le preguntaban cómo se convierte alguien en escritor– “no es una vocación, no es una decisión tampoco, se parecen más bien a una manía, un hábito, una adicción, si uno deja de hacerlo se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de vivir (como cualquier otro)”.

Dirá luego que su única retribución es sentir que la comunidad también es su casa: venir a chinchorrear, que lo inviten a pescar, compartir, hablar, estar en el territorio, ver los amaneceres y los atardeceres salvajemente coloridos, aprender qué dicen las estrellas… Dirá, luego, que con eso es suficiente.

–¿Han cambiado ideológicamente desde que trabajas con ellos?
–Decir que han cambiado ideológicamente su forma de pensar y concebir la realidad es muy difícil asegurarlo. Sí se ha sembrado una semilla, y la semilla es venga no pidamos tanto, no mendiguemos, no esperemos que la petrolera nos dé, no esperemos que Fazenda nos dé, sino que es al calor de la lucha, al calor de la movilización, al calor de la organización que se logra. Ellos llevan 39 años organizados. Y se han dado cuenta que la petrolera fue un engaño (…) Que hoy se atrevan a denunciar y decir el nombre de Pacific Rubiales, de Ecopetrol, de Frontera Energy, es un adelanto, es una ganancia. Porque antes era la empresa que les daba, hoy es la empresa la que les está quitando el territorio.
–¿Son muy tensas las reuniones con la empresa?
–A la empresa no le gusta reunirse dentro del territorio. Siempre es lejitos, por allá en una vereda porque temen que les hagan algo, que los secuestren. Pero son tensas. Y como el indígena no maneja ni leyes ni normas, entonces fácilmente se burlan y dicen “no, es que la ley no lo permite”. Además, les ponen camionetas, bufets, platos deliciosos, y los hacen firmar cosas mientras están comiendo. Son todas las artimañas de estos empresarios para no brindarles garantías de vida digna a los indígenas, y sacar el mayor usufructo del territorio.
Los violentos terminan siendo otros.

***


Participó en la fundación de la asociación indígena Unuma. Fue Presidente del Concejo municipal de Puerto Gaitán. Fundó una IPS. Su papá era oficial del Ejército venezolano. Ahora representa los nueve resguardos, es líder, es cacique; y dice que vive aquí “hace 398 años”.

Cada sílaba que pronuncia Mauricio Rosales está llena de pasión. Habla con fervor. Habla como hablan los que están convencidos de ser dueños de la verdad, y la repiten cada que pueden. Habla español, y cuando habla –como todos los Sikuani aquí citados– pone conjunciones, a veces preposiciones, en el lugar equivocado. Habla de cosas que para él son sencillas, pero muchos no entienden. Habla como si pensara todo el día en lo que va decir. Habla.

Mauricio cree tener una idea, una luz, una forma distinta de hacer las cosas, un destino. La esperanza de que el mundo sea otra cosa: menos irritante, menos vulgar. La certeza de que la ausencia permite el deterioro de la tradición.
–El mundo occidental al indígena no nos va matar con plomo, ni a cuchillo, ni a espada, es con elementos, con inteligencia que nos va acabar. Sobre eso es que tenemos que despertarnos, es ahí donde está la necesidad de elaborar el plan de vida.

El plan de vida que predica Mauricio prioriza cuatro ejes: unidad, tierra, cultura y autonomía. Da cuenta de las principales necesidades indígenas, y está compuesto de tres momentos: el pasado: analizar qué elementos culturales se han perdido; el presente: determinar qué prácticas siguen vivas y cuáles corren el riesgo de perderse; el futuro: trazar una meta y multiplicar aquello que vale la pena ser rescatado.

–De lo que vale la pena rescatar, ¿qué sería prioritario?
–La parte intelectual es lo primordial. O sea, la formación, la educación, la lengua, el pensamiento: transcripción de pensamiento en la escritura. Es primera necesidad para que no se pierda la etnia, el pensamiento indígena. En segundo lugar, están los elementos materiales. La yuca amarga, por ejemplo; alimento propio de la tradición indígena porque tiene una historia, tiene un origen. Es el elemento primordial de alimento para el pueblo para que no haya etnocidio.

Mauricio afirma, convencido de sí, que los planes de vida elaborados por las alcaldías y gobernaciones son colecciones de información que carecen de tres ingredientes: las concepciones socioeconómicas, socioculturales, y sociopolíticas. Ingredientes que solo pueden aportar las comunidades. Si el plan de vida no incluye las normas, los usos y costumbres de los indígenas, no sirve, no funciona.

–Nuestras normas son consuetudinarias, cosmovisionales, tradicionales, ágrafas, colectivas y espirituales. Viene una avalancha más grande, más rara, que es la evangelización. La secta religiosa acaba con la parte espiritual, acaba con la etnia, diciendo “no ame a esta tierra porque es del diablo, ame a dios que es del cielo”, pero cuándo él va a llegar al cielo, me pregunto yo, o quién vino del cielo para contar la historia. No hay, simplemente es un engaño para ellos apropiarse de su territorio. También es una manera de tomar el poder, porque el indígena aplica justicia no como toma de poder, sino como decisión para acabar con el mal. Ustedes los blancos utilizan leyes artificiales, nosotros utilizamos leyes naturales. Los usos y las costumbres son una manera de gobernarse. El gobierno propio ya no existe. Hay es propio gobierno que es distinto. Lo único que existe en el Unuma, aquí en lo Sikuani, es la justicia propia.

Está en un hilito, llega a reventarse ese hilito… adiós pueblo indígena, se acabó. La justicia la manejan los médicos tradicionales. Voy a poner un ejemplo contundente y claro. A usted le hicieron un mal, lo mataron por x o y razón. Materialmente o espiritualmente lo matan. Usted dice: “médico mataron a mi pariente, vengo a que usted le devuelva el mal”. Él dice: “bueno, si usted dice eso voy hacerle, yo no soy el que voy a matar, espiritualmente el que la hace la paga”. Esa persona que mató a la otra persona, vaya donde vaya, se muere. Esa es la justicia que aplica.

–El que la hace la paga.
–En tierra, vaya donde vaya, en el país que quiera allá le llega. Esa es la justicia que maneja el indígena. Eso es lo que quiere el evangélico, acabar con eso, ese es el reto del evangelismo: la espiritualidad. Porque si el hombre indígena no tiene la espiritualidad se acabó como indio, no tiene defensa.

Se acabó el gobierno propio. Y el evangelio según Wacoyo dicta que el responsable debe pagar las consecuencias. De esa condena no lo salva ni el más poderoso de los todopoderosos –aunque su Dios diga lo contrario.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

La unidad es el mandato

Los Congresos mandatan. Moldean, reforman y avalan normas que ordena la sociedad: los Congresos determinan el por-venir de millones. El Parlamento colombiano ha estado compuesto por amigos de paramilitares, hijos y sobrinos de políticos, de ricos, de terratenientes, de empresarios, de almas déspotas, ambiciosas, individualistas, cínicas y clasistas. La mayoría de Parlamentarios colombianos han mandatado para una minoría rica, déspota, ambiciosa, individualista, cínica y clasista, idéntica a ellos.

La minoría enquistada en el poder deambula por los salones del Estado y saquea los territorios, con el consentimiento de ese Congreso que mandata en contra de los intereses y las exigencias de esa mayoría oprimida.

Pero los pueblos son soberanos, son el verdadero gobierno. Hace ocho años el Congreso de los Pueblos se consolidó como un entramado de sectores, fuerzas políticas, movimientos sociales, y procesos organizativos diversos y singulares que no se sienten representados por la clase política tradicional. Mandatar y construir una propuesta de país que privilegie la vida digna antes que la acumulación y la explotación, es y sigue siendo la razón fundamental que moviliza al Congreso de los Pueblos.

Los tiempos han sido adversos, y lo seguirán siendo estos próximos cuatro años. La crisis ambiental, alimentaria, energética y territorial que atraviesa el mundo desató una lucha de rapiña entre capitalistas –Estados Unidos, Rusia, China, entre otros países árabes y europeos– que se disputan los alimentos, el agua, la energía, el territorio, la fuerza de trabajo, el capital y la ganancia. La solución de una crisis –¿inevitablemente? – genera otras crisis; unos casi siempre ganan, otros casi siempre pierden: así es la matemática infalible del capitalismo.
El capitalismo es la empresa transnacional con más sedes en el mundo, Colombia es una de ellas. La llegada de Ivan Duque al poder –del uribismo, del capitalismo más ortodoxo– perpetúa un modelo que amplía la brecha entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, que se apropia de los territorios y los sobreexplota, que ejerce violencia política a través de la judicialización, los asesinatos y las amenazas, que financia y aplaude grupos armados paraestatales, que instrumentaliza el rol de la mujer en la política, que asocia el disenso y la desobediencia con el delito. La reforma pensional, laboral y tributaria, más la privatización de la industria petrolera, la continuación del extractivismo, las zancadillas al acuerdo de paz y la regulación del derecho a la protesta social que pretende implementar el próximo gobierno, lo confirma.

Cada día trae su afán y cada gobierno sus intereses. El modelo opresor no se derrota con fórmulas mágicas ni con saludos a la bandera. El momento histórico nos exige volvernos a encontrar, con nuestras diferencias y nuestros anhelos comunes, para deliberar y construir una propuesta de país.

Hemos demostrado que no somos salvajes. Podemos autogobernarnos. Las guardias indígenas, afros y campesinas, los territorios campesinos agroalimentarios, las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, los territorios colectivos afros, entre otras figuras, son experiencias exitosas que nos han permitido avanzar en la construcción de poder popular, autoprotegernos, ejercer soberanía, cuidar los bienes de uso colectivo, establecer normas de convivencia, ordenar colectivamente el territorio y la economía. Construyamos sobre lo construido. Hemos sentado precedente con las mingas, los paros y las movilizaciones. En las calles reclamamos lo que nos niega el Estado burgués, y nos han tenido que escuchar. Aunque no quieran, nos han tenido que escuchar.

Sabemos que necesitamos precisar agendas, saldar debates y diferencias. Expandir la fuerza social y política. Convertir la expectativa en proyecto, en propuesta y en ejercicio de poder. Atrevernos a teorizar, aprovechar el saber y la filosofía populares para combatir la deslegitimación del pensamiento. Empoderar a nuestras mujeres y nuestros jóvenes, reconocer su necesidad y su importancia en esta lucha. Defender la paz, no como mercancía política sino como un derecho fundamental y emancipador de la sociedad. Establecer un diálogo, una comunión, entre el campo y la ciudad, entre el obrero y el campesino. Incidir en la opinión pública, pujar en la lucha de sentidos y defender el derecho a comunicar e informarse. Superar la brecha entre la democracia formal y la democracia real. Movilizar las bases y las voluntades desde las causas, no desde los nombres ni los colores. Y aunque la muerte y el terror acechen en cada esquina, es hora de recurrir a la valentía, a las convicciones, que al fin y al cabo también son esperanzas.

Es momento de la madurez. Mientras la derecha se une en torno a lo fundamental –la riqueza, el cristo, la mentira, la muerte, y el poder–, la izquierda pelea entre ella. La Asamblea Legislativa de los Pueblos es la oportunidad para reivindicar lo que nos une –la soberanía, la equidad, la justicia, la dignidad, la diversidad, la vida– y discutir aquello que nos divide. Estamos gobernados por el “futuro más antiguo: el que no cambia”. Un escritor argentino contemporáneo dijo que “lo difícil no es conseguir algo que parece imposible; lo difícil es definir ese algo”. Nosotros mandatamos porque tenemos nociones de ese algo. Somos muchos, más de los que creemos, pero solo seremos juntos.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

Contra la coca, contra la gente

“La guerra contra las drogas es también una guerra contra la gente”. Con esta sentencia, el representante de Estados Unidos cerraba su intervención en la asamblea general extraordinaria que convocó Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas en el 2016.

Cada que la ONU publica su informe anual sobre el tema, se escucha decir en Colombia y en el mundo que la lucha contras las drogas “la estamos perdiendo”; los expertos saben, aunque no lo digan, que si no se modifica la actual política antidrogas la guerra estará perdida, y solo se podrá escalar el problema a proporciones manejables –aunque no haya consenso sobre dónde empieza y dónde termina el termino manejable–.

Históricamente Colombia ha combatido las drogas, en especial la siembra y producción de coca, con un enfoque prohibicionista y punitivo. Las cifras de kilos incautados, la cantidad de áreas cultivadas y el número de personas judicializadas permiten determinar avances o retrocesos y justificar dicho enfoque, pero impiden abordarlo de forma integral y atacarlo con medidas a largo plazo que erradiquen el problema de raíz.

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC planteaban la posibilidad de resolver conflictos históricos con la ayuda de las comunidades, sin necesidad de recurrir a medidas represivas ni militares. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), consignado en el punto cuatro de los acuerdos, pretendía ofrecer alternativas productivas para que de manera voluntaria los campesinos reemplazaran la coca por otra actividad agrícola que les permitiera tener condiciones de vida digna y los integrara a la economía formal del país.

Pero una firma resuelve poco y nada. Por culpa de las trabas burocráticas y la incapacidad del gobierno Santos para poner en marcha lo pactado, los cultivos de coca se multiplicaron y la aspersión aérea de glifosato se consolidó como medida coyuntural ante la presión del norte. Según cifras del gobierno estadounidense, las hectáreas de coca pasaron de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017, un incremento del 11%. Análisis de la fundación Paz y Reconciliación determinaron que 10 municipios concentran el 50% de la coca sembrada en el país. En el listado de territorios con mayor cantidad de hectáreas aparecen ranqueados Tumaco, en Nariño, Tibú, en Norte de Santander, El Tambo, en Cauca, Valle del Guamuez, en Putuyamo, entre otros municipios de estos cuatro departamentos que tienen altos índices de violencia, desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

En octubre del 2015, sin haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión del glifosato acatando el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la erradicación de cultivos ilícitos con este método, tras estudiar una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare en Guaviare, que alegaba estar siendo afectada por el uso del herbicida, que según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer tiene efectos cancerígenos en el cuerpo humano.

El rechazo a las soluciones caídas del cielo no es nuevo. En 1978 el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) alertó al gobierno de turno por las consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales que provocaría fumigar 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como lo proponía Estados Unidos. La presión estadounidense aumentó con los años influenciando negativamente nuestra política anti-drogas. Entre 1984 y 1987 más de 30.000 hectáreas de marihuana fueron fumigadas con glifosato.

El cultivo neto de marihuana aumentó más de 150% entre 1985 y 1987. Desde el gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato terminó en 1998, se han fumigado cerca de dos millones de hectáreas en el país. Entre 2003 y 2007 las hectáreas de coca se mantuvieron entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Los años posteriores, sobre el Putumayo las lluvias de glifosato fueron las mismas durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En 2014, disminuyó un 30% la aspersión en Meta y Guaviare, y las hectáreas sembradas disminuyeron un 3%.

Aunque las cifras demuestran que además de cancerígeno, el glifosato es costoso y poco efectivo, el 26 de junio del presente año el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó el uso de drones de baja altura para que las Fuerzas Militares y la Policía fumigaran con este químico los cultivos ilícitos. Cabe señalar que en septiembre del año pasado Trump amenazó con descertificar al país debido al aumento de hectáreas cultivadas. Santos justificó la medida del CNE afirmando que: “Son avioncitos no tripulados y por su altura se asimilan a una aspersión terrestre”.

Los cultivos ilícitos engrosan la larga lista de fracasos y promesas incumplidas del gobierno Santos: hoy el país tiene 140.000 hectáreas de coca más que las que tenía en 2010 cuando se posesionó el Presidente saliente. En estos ocho año,s Santos le allanó el camino al uribismo. Durante la campaña presidencial el Centro Democrático, Álvaro Uribe y su alfil Iván Duque prometieron enfrentar con todo el rigor necesario los cultivos de coca, considerando las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada como las soluciones más viables al problema, pues la estrategia de erradicación voluntaria la consideran una concesión a las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, de Antioquia y del Cauca han manifestado públicamente su voluntad de erradicar de manera voluntaria los cultivos de coca. El pasado cinco de julio, Eduardo Díaz, director del PNIS, aseguró que hasta la fecha 124.745 familias se habían acogido al programa. Sin embargo, a principios de marzo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que la judicialización y los incumplimientos del gobierno los obligaba a reconsiderar su participación y su confianza en el PNIS. Además, entre el primero de junio del 2017 y el 26 de junio de 2018, asesinaron 36 cultivadores y líderes que apoyaban iniciativas de sustitución voluntaria, 12 de ellos en el Cauca, 11 en Nariño, y seis en Antioquia.

La coca nunca ha sido un proyecto de vida para el campesinado colombiano; sí un método de supervivencia. Allí donde el Estado solo hace presencia con fusiles y metralletas, donde sembrar café o plátano genera más perdidas que ganancias, donde el puesto de salud y la comercializadora más próxima está a tres horas de camino, las comunidades no tienen otra alternativa que insertarse en la cadena productiva del narcotráfico.

En zonas remotas del Catatumbo y el Putumayo siguen esperando el alumbrado público, la maquinaria, y las vías terciarias que les prometieron hace veinte años para conformar un mercado local que sea productivo y legal. Los campesinos siembran la coca, raspan la hoja, la mezclan con cal, cemento, y gasolina, la cristalizan, la filtran con ácido sulfúrico y amoniaco, la secan hasta que quede la pasta, la escurren, la presan, la secan, y la empacan al vacío. Son ellos los que hacen el trabajo sucio, los que son fumigados con veneno, los que son estigmatizados, perseguidos y judicializados. Son ellos los que reciben la porción más pequeña del negocio.

Hace veinte años el periodismo le demostró a la sociedad colombiana que el narcotráfico —el cartel de Cali— financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Mientas Samper presidía la secretaría general de UNASUR, viajaba muy majo por todo el continente y daba clases de moral en Universidades, los cocaleros de la periferia temían ser envenenados, arrestados o asesinados: la guerra contra la coca es, sobre todo, una guerra contra la gente.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 136 MARZO 2018)

Eras un hombre pero tenías la determinación de una catástrofe. Nervios y voluntad de acero. Te llamabas Temístocles, pero tu hermana Eloísa te bautizó ‘Temis’ porque a sus compañeras de colegio les parecía muy largo tu nombre, y los bonaverenses tienen la costumbre de acortarlos para hablar más rápido. En el Barrio Oriente, donde fuiste presidente de la Junta de Acción Comunal, creían que eras un desocupado por ir de casa en casa preguntando si las tarifas del agua y la luz habían subido, por recoger los recibos y traerlos de nuevo con las tarifas normalizadas, “ya viene don ‘Temis’ a cansar, dele lo que sea”, decían. Gracias a Maricel Murgueitio te graduaste como Administrador de Empresas, tú estudiabas y trabajabas en Acuavalle al mismo tiempo, ella te hacía las tareas.

Era normal que a las cinco de la tarde aún no hubieras almorzado. Entrabas a las oficinas de la Alcaldía sin necesidad de pedir cita. Lograste intervenir en un consejo comunitario organizado por el ex presidente Álvaro Uribe, cosa que –dicen– era tan difícil de hacer. Tenías un archivo de más de 90.000 folios que contenía leyes, fallos, derechos de petición, y otros documentos que fuiste reuniendo en casi 30 años de lucha. Te lanzaste varias veces al Concejo Distrital, pero las comunidades por las que tanto luchaste no te respaldaron. Trataron de amedrentarte echándole pintura roja a las pancartas de tu candidatura. Estabas convencido de que sin territorio no había vida y que no valía la pena tener vida sin territorio, eso te trajo problemas.

A Luis Bravo y a ti los amenazaron más de seis veces. “Ese man como que tiene algún santo que lo cuida, yo he venido dos veces a matarlo y no lo he encontrado”, respondían los malos cuando iban a tu casa y tu mujer les decía que no estabas. Te ofrecieron un esquema de seguridad pero pediste protección colectiva, “yo necesito que toda la comunidad sea cuidada”, decías. INVÍAS te llevó a hoteles cinco estrellas en Cali y te ofreció cinco mil millones para que “dejaras de joder”. También te ofrecieron puestos en la Alcaldía. Nunca aceptaste. Para muchos –tal vez para ti también– era muy extraño que no te hubieran asesinado antes. Ese sábado 27 de enero, cuando Dionicia Rocendo le dio a su nieta la noticia del asesinato, la niña de seis años respondió: “Ay abuela, ¿por qué mataron a ese señor tan bueno?”.

–Yo creo que a ‘Temis’ no lo vamos a dejar de llorar. A una persona como ‘Temis’ no la deberían de asesinar porque era una persona útil para la sociedad que defendía los derechos de las comunidades. Los barrios por los que él transitaba, y Buenaventura, hoy están como un barco sin timón porque al capitán le quitaron la vida–, asegura Dionicia, líder de la Comuna 2.

***

Temístocles Machado nació en Bagadó, Chocó, el 12 de diciembre de 1958.  Fue –algunos dicen que todavía es– uno de los nueve hijos de Juan Evangelista Machado y Raquel Rentería. Estando Temístocles muy chico, su papá vendió sus pertenencias y se trasladó con su familia a Buenaventura, Valle del Cauca.  Los Machado se instalaron en la Comuna 6, que para ese entonces era una zona selvática donde Juan Evangelista les enseñó a sus hijos a cultivar guama, yuca, sandía, coco, cacao y otros productos.

Además de padre, Temístocles también fue madre, pues según cuenta Rodrigo Machado, uno de sus hijos, su mamá abandonó el hogar cuando él y su hermano estaban muy pequeños.

—Él nos cambiaba y nos peinaba para ir a la guardería. No le gustaba que andáramos descalzos ni con los pies sucios–, recuerda Rodrigo.

 

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Nadie sabe cómo nace una vocación, al parecer don ‘Temis’ heredó el liderazgo de su padre, quien fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Isla de La Paz.

Como líder de la Comuna 6 Temístocles logró que los barrios Isla de la Paz, Oriente y La Cima tuvieran acceso al agua y al alumbrado público. Se reunió con los victimarios que asesinaban a los jóvenes de la comuna. Y también gestionó casetas comunales, vías de acceso, y lugares de esparcimiento.

—Gracias a nuestras travesuras [con ‘Temis’], hoy contamos con 3 o 4 horas de agua—, dice Dionicia Rocendo.

—¿Diarias?

—No, cada tres días. Aquí usted abre la llave y se asusta, es más probable que le salga una culebra que una gota de agua.

De aquellos cultivos y matorrales donde trabajaba el papá de Temístocles nada más queda el recuerdo. Hoy en la Comuna 6 truenan las carrocerías y roncan los motores de las tractomulas que transitan día y noche por la zona.

A finales de los 90’s, cuando el INVÍAS propuso construir una arteria vial que atravesaría la Comuna 6 por la mitad, los tres barrios por los que luchaba don ‘Temis’ se convirtieron en territorios estratégicos para dinamizar y expandir la actividad portuaria de la ciudad. Desde entonces –y hasta el día de hoy– los habitantes de Isla de la Paz, Oriente y La Cima han sido hostigados por personas ajenas a la comunidad que alegan ser herederas de los predios donde están construidos los barrios.

Temístocles, indómito y valiente como su padre, asumió la defensa del territorio. De forma empírica se volvió un experto en jurisprudencia. Logró demostrar que el título de propiedad que poseía uno de los reclamantes había sido expedido por el INCODER cuando este organismo aún no existía. Y demostró que la cédula de la abuela –que supuestamente le había sucedido los predios al despojador– era falsa.

—‘Temis’ le podía hablar a usted dos días de leyes y normas –asevera Dionicia.

Para cada alegato Temístocles tenía un documento que lo respaldaba. Durante 18 años viajó un sinfín de veces a Bogotá para exigir la titulación de los predios que les pertenecían y demostrarles a los diferentes organismos estatales que su comunidad estaba enfrentando un intento de despojo.

—Él siempre andaba con tres maletines. Sabía exactamente en qué sitio y en qué maletín estaba la prueba. Y se sabía de memoria el texto. Tenía una memoria fotográfica (…) Hablaba mucho. Era un hombre que necesitaba ser escuchado —dice Daneyi Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), movimiento político que acompañó de cerca la lucha de don ‘Temis’.

***

“Irme sería como olvidarme de mí mismo, de mi historia. Las necesidades las he padecido desde niño, no se lo niego. Así también le tocó a mi papá y él nunca se fue, siempre estuvo en el territorio, no le dio miedo. Si yo me llego a ir, los jóvenes que me escuchan dirán que me ganó el miedo a las amenazas, a los grupos armados. Nunca lo haría”, le dijo don ‘Temis’ a un reportero de Pacifista el diciembre pasado.

***

Más de 400.000 personas viven en Buenaventura. Esta ciudad –de caos meticuloso, en cuyo firmamento sobresalen grúas gigantes como si fuese atacada por un pulpo de acero, construida con mucho ímpetu y poca planeación, rodeada de mar y esteros, y donde al parecer hay más comercio que capacidad adquisitiva– es un triunfo del hombre sobre la naturaleza.

La mayor parte de lo que hoy es Buenaventura hace siglos fue mar. Con basura, tierra, barro, y piedras los colonos fueron ganándole terreno hasta convertir una selva llena de zancudos en un hervidero humano.

—Eso lo hicimos lo más de fácil. Nosotros le dábamos el voto al político de turno, y él nos daba la basura (…) En el trabajo de relleno nosotros peleábamos, nos enamorábamos…  la mamá le decía a uno: “hoy viene fulanito, póngalo a tirar pala a ver si sirve”. ¿Y el muchacho por visitar la muchacha qué no hacía? –, comenta Dionicia Rocendo entre risas.

Buenaventura también ha sido teatro del crimen y el horror. Según el Centro de Memoria Histórica “entre 1990 y 2012 se cometieron 4.799 homicidios, y entre 1990 y 2014 un total de 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado”.

—Creemos [como PCN] que nosotros no somos víctimas del conflicto armado, sino que somos víctimas del desarrollo; porque el conflicto armado no es un fin, sino un medio para consolidar la plataforma económica del enclave portuario—, argumenta Daneyi.

Este recodo del pacífico está incluido en 17 Tratados de Libre Comercio. Y cuenta con cuatro plataformas portuarias a las cuales el Gobierno nacional pretende añadirle 14 más. A pesar de los miles de millones que circulan a diario por el puerto de Buenaventura –tal como lo explica Víctor Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico y del PCN–, este frenesí económico ha consolidado la desigualdad y la pobreza:

—Nosotros vivimos en conexión con el mundo. Por su ubicación estratégica, en Buenaventura hay dinámicas formales y hay dinámicas informales que mueven gente, mueven droga, mueven armas, etc. Somos conscientes que eso es un potencial y a la vez un riesgo; todo el mundo quiere controlar lo que genera riqueza, y Buenaventura genera mucha riqueza. El tema de Buenaventura no es una cosa de riñas callejeras, ni de pandillas. Aquí hay un control armado que intenta controlar el territorio y la comunidad para controlar negocios. Nosotros insistimos que el problema no es de los grupos armados, el problema es del modelo económico que ve a Buenaventura, simplemente, como un potencial económico.

—¿Proponen algún modelo para evitar esa maldición armada? – le pregunto.

—En un puerto como el de Buenaventura por donde solo pasa la carga –aquí no hay fábricas, aquí no hay nada– es totalmente inequitativa la relación producción portuaria-calidad de vida. Hay un puerto público, pero en concesión a un privado, entonces la actividad portuaria es privada. Toda esa riqueza se genera para unas 20 familias. Controlar a Buenaventura territorialmente es controlar la actividad portuaria, el mercado local, el mercado regional, controlar la política. Por otra parte, cuando usted hace estudios sobre la violencia en Buenaventura, se da cuenta que los barrios con más violencia son aquellos donde hay o se va desarrollar un megaproyecto. Para solucionar la problemática hay que tomar medidas muy grandes: concientizar al Estado, y a los llamados empresarios, de que la vida debe estar por encima de la producción. Nosotros no decimos que no haya actividad económica, pero necesitamos que eso compense a todos. La actividad portuaria no se hace si no hay territorio, si no hay bahía, si no hay canal, y eso es de todos los bonaverenses, no es de la empresa. Para que pueda existir la actividad portuaria los ciudadanos tenemos que sacrificar nuestro medio ambiente, nuestra movilidad, nuestra tranquilidad, nuestra salud. Todos nos sacrificamos para que funcione pero no todos nos beneficiamos. Necesitamos disminuir los impactos pero potenciar los beneficios.

***

Estoy reunido en una de las casetas comunales de la Comuna 6 con varios líderes que conocieron a don ‘Temis’. La humedad y el calor se pegan silenciosos por todo el cuerpo. Miradas marchitas, silencio sepulcral y músculos tensos reinan en el salón.

Don ‘Temis’ siempre le aconsejó a doña Ana Campaz que dejara de fumar. Ella lo veía e inmediatamente botaba el cigarrillo. Doña Ana –piel tostada, pelo pajizo, camisa rosada, poseída por el llanto y el dolor– es la primera en invocarlo: “No era un amigo trásfuga. No hemos tenido un líder como él, ni lo conseguiremos así: honesto, respetable, y verdadero”.

Luego interviene Armando Torres: “Por él fue que no nos sacaron del barrio. Este líder no solamente lo perdió Buenaventura sino Colombia. No hay otro líder que lo reemplace. No creo que alguien más dedique el tiempo, y disponga de su capital, para servirle a la comunidad como Temístocles Machado”.

Hablar de don ‘Temis’ duele tanto como escuchar hablar de él. Luis Bravo no recuerda cómo lo conoció, pero asegura que no pasaba más de 15 días sin hablar con él: “He perdido hijos, enterré a mis abuelos –dice tembloroso y preso del llanto–. Pero no sé qué me pasa con ‘Temis’. Creo que no voy a ser capaz de superarlo. Hay mucho que hablar de ‘Temis’, es una cosa infinita”.

***

Tu historia con Leila Andrea Arroyo –cofundadora del PCN– comenzó con un regaño. Ella te llamó para proponerte unas capacitaciones sobre jurisprudencia y derechos humanos en la Comuna 6, tú la “vaciaste”. Te molestó que contrataran gente externa para realizar una tarea que tú tenías la capacidad de asumir.

–Después de escuchar a Leila me queda claro que miles de lágrimas, miles de palabras, nunca serán demasiadas–.

—El que se haya concretado el asesinato es demasiado duro. Aunque uno espera que pueda ocurrir por el contexto tan complejo, no perdemos la esperanza de vivir por lo que hemos luchado, y verlo. Los ojos de don ‘Temis’ no lo van a ver; pero creo que era suficiente lo que había hecho. Había días que se sentía extremadamente solo y frustrado. Había que sacar valor, y hablarle muy fuerte, y decirle que no era tiempo de desmoronarse (…) No se fue de cualquier manera. Ese mismo sábado estaba programando una reunión en la Comuna 6 para el día jueves. Murió en su ley. No les dio el gusto a los demás de retroceder. Nunca se vendió. Por sus principios se mantuvo firme y eso solo lo hacen personas honestas. No se llevaron solo al líder, se llevaron a esa persona humana. La mejor forma de honrarlo es promoviendo que haya más gente como él: personas íntegras y de valores, no perfectas. Personas convencidas de que hay que luchar por lo que se es, sin dejarse pisotear por nadie.

 

 

 

 

 

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