Miguel Ángel Romero

Miguel Ángel Romero

Tuesday, 26 July 2016 19:00

La paz también es diversa

En medio de la voluntad mayoritaria de construcción de paz a través del diálogo en Colombia, las reflexiones y aportes del movimiento LGBTI se constituyen como elemento primordial para la construcción de una paz duradera y diversa.

En 1982 un grupo de aproximadamente 32 personas realizó la primera marcha en el país para exigir los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales), un hecho de relevancia para el momento ya que hasta 1980 el artículo 419 del Código Penal Colombiano prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo, calificando a quien las practicara de corruptor. La marcha se llevó a cabo el 28 de junio de ese año, en conmemoración a los disturbios de Stonewall, protesta espontánea contra una redada policial realizada en 1969 en un bar con este nombre en Nueva York. El recorrido de la marcha fue desde la Plaza de Toros hasta el Parque de las Nieves sobre la carrera Séptima en Bogotá, liderada por León Zuleta y Manuel Velandia, bajo la consigna “trabajamos por liberación social y liberación sexual”, frase que tomaría eco y es retomada actualmente por los colectivos de disidencias sexuales: Sin libertad sexual, no hay libertad política.

En esta primera marcha “participaron grupos de Medellín y Cali. Cada uno de nosotros marchaba con un triángulo rosado en la mejilla con el número de la cédula escrito en él. Esto era para recordar lo que había pasado a los homosexuales en los campos de concentración en Alemania” señaló Manuel Velandia, en una entrevista para el Colectivo León Zuleta. Esta manifestación pública marcó un hito como apuesta política, y sólo se realizaría de nuevo en una ciudad como Medellín hasta finales de los años 90.

Durante los años setenta, el movimiento político y social liderado por el filósofo y activista León Zuleta, hizo parte de una apuesta latinoamericana conocida como Movimiento de Liberación Homosexual (MLH), desde donde León y su grupo de amigos hicieron reflexiones que hasta el momento pasaban desapercibidas para las luchas populares que gestaban campesinos, indígenas, obreros y estudiantes en el país, poniendo de manifiesto que la sexualidad y el cuerpo son espacio y medio del ejercicio de poder, donde se prolongan los aparatos y las máquinas de dominación; es así como hicieron evidentes otras formas de opresión no vinculadas exclusivamente a lo económico, sino también a lo cultural. En este sentido la búsqueda de la libertad resultaba para León - en sus palabras - como "conciencia de la fuerza vital vuelta cuerpo, símbolo, territorio de la cultura, es decir, conocimiento y compromiso con el sentido y el devenir, en fin, subjetividad histórica en la vida y en el mundo”, aportando de esta manera al movimiento social y popular la idea de que los actos cotidianos también son políticos.

El presente: memoria y participación
En la marcha denominada “por la vida, la diversidad sexual y las identidades de género”, llevada a cabo el 3 de julio en Medellín, un grupo de jóvenes con capuchas de colores se tomó la tarima del evento para leer un manifiesto en el que saludaron los esfuerzos para darle una solución política al conflicto social y armado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, en este afirmaron que defenderán "con la palabra, el canto, el baile y la fiesta, el cese bilateral de fuegos, porque es la posibilidad y la esperanza de que el amor no sea aniquilado ni ensordecido por los estruendos de la guerra que ha causado más de 200.000 muertos y más de 1.000 masacres”. Esta manifestación no es nueva, ya que el papel de la comunidad LGBTI en el proceso de paz ha sido protagónico en el sentido en que diferentes ONG'S y colectivos sociales han alzado su voz para exigir su participación en lo que podría convertirse en un nuevo escenario político.

Dos grandes temas relacionan a la comunidad LGBTI con la construcción de paz. El primero es el reconocimiento de la victimización en el marco del conflicto armado a su población, debido a la falta de una acción estructural del Estado colombiano, que ha restringido el ejercicio de ciudadanía plena a las personas LGBTI y favorecido el uso de violencias por parte de los actores armados que han querido imponer su orden en una lógica heteronormativa, reprimiendo y asesinando a miles de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales a lo largo del territorio colombiano. Si bien este ejercicio de reconstrucción de memoria ya lo han comenzado organizaciones sociales e instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, es una tarea compleja y de largo aliento ya que algo que caracteriza a las violencias heteronormativas ha sido su prolongación en el tiempo, una naturalización por parte de la sociedad y un silencio de las víctimas que no han encontrado en muchas ocasiones cómo y a quién expresar lo sucedido.

El segundo elemento es la participación eficaz en las políticas públicas del país, pues como lo demuestra la experiencia de la Constitución del 91, si bien es necesario un marco jurídico para los derechos civiles, también lo es una real voluntad política, plural y popular que garantice los derechos y libertades de los disidentes sexuales. Como lo manifestó Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo y representante de la comunidad ante la subcomisión de género de la Mesa de Negociación del Gobierno Colombiano y las FARC- EP: "Gran parte del origen actual de estas problemáticas radica en que la Constitución Política no incorporó la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivos de discriminación expresamente prohibidos", es importante recordar que aunque la Constitución determinó al país como pluriétnico y multicultural, sólo hasta recientes fallos de la Corte Constitucional se le han hecho efectivos derechos a personas disidentes sexuales y de género, como por ejemplo el de nombrarse en matrimonio, adoptar hijos o cambiarse el nombre y sexo en la cédula de ciudadanía.

La historia y el presente de construcción de paz tendrá que tener en cuenta las reflexiones y aportes que desde León Zuleta, hasta las organizaciones sociales LGBTI, han hecho en materia de derechos civiles, sobre la relación del poder con el cuerpo y la participación plural en la política, donde se incluya nuestra experiencia con lo cotidiano. Aunque el panorama para esto luce alentador, las advertencias frente al postacuerdo no garantizan que éste sea más seguro en términos de violencia sexual y de género, como afirma Mauricio Alzate, miembro del Colectivo Deformación: “Con el auge de la extrema derecha a nivel internacional, se pueden profundizar los problemas del proyecto neoliberal en contra de la paz, pero no se puede tener miedo a la paz. Lo de nosotros es un proyecto de país donde no haya miedo a ser asesinados. El postacuerdo reforma el escenario político pero otra cosa es el proyecto de paz con justicia social".

El camino a la paz implica el fin de las violencias heteronormativas, la no repetición de casos como el de León Zuleta, apuñalado y asesinado el 23 de Agosto de 1993; un homicidio calificado por las autoridades como crimen pasional, ignorando así la participación de este personaje como disidente político y sexual. Ante este nuevo panorama, es significativo evocar al movimiento social la consigna con la que finalizó el manifiesto leído el pasado 3 de julio por un grupo de jóvenes en la marcha de la diversidad: “Amando Venceremos”.

El proyecto de plan de desarrollo de la administración de Federico Gutiérrez, difiere a la apuesta que ciudadanos y organizaciones plantean  en materia de construcción de paz.

El debate del plan de desarrollo y posconflicto es un tema importante para Medellín debido a que por esta ciudad han cruzado todos los actores del conflicto; cifras de la Unidad de Reparación de Víctimas y la Secretaria de Inclusión Social de Medellín, señalan que la ciudad registra un total de más de 600 mil víctimas, donde un 72% corresponde al desplazamiento intraurbano. Por esta razón, el posconflicto en la ciudad pasará por la dignificación de las víctimas hasta la reintegración a la vida civil de los excombatientes, asuntos que está poniendo en cuestión la actual propuesta de plan de desarrollo de la ciudad.

El nuevo alcalde de Medellín quedó electo por el movimiento “Creemos” bajo el lema de ser un candidato independiente, alejándose de la sombra de sus anteriores mentores políticos, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, su cercanía al uribismo es innegable, ya que a pesar de haber enfrentado en las pasadas elecciones al candidato del Centro Democrático, en 2011 Federico fue el candidato a la alcaldía de Uribe y en 2014 hizo campaña presidencial a Óscar Iván Zuluaga, desde donde criticó fuertemente el proceso de paz de La Habana con las FARC.

En el pasado plan de gobierno Federico afirmó que “La Habana es un tema mucho más político que efectivo, y que la firma de un acuerdo – cualesquiera sean las características del mismo– no significarán paz en nuestros territorios”. A pesar de esto, durante la pasada campaña electoral a la alcaldía el tono de sus críticas bajó, e inclusive el entonces candidato firmó un compromiso en una agenda de posconflicto propuesta por la Corporación Región, el cual incluye asuntos como la continuidad en la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, el Informe de Memoria Histórica "Medellín ¡Basta ya!" y la convocatoria del Consejo Municipal de Paz. Ahora en la Alcaldía, estos temas vuelven a generar un debate con la presentación del Plan de desarrollo de su administración.

El plan de desarrollo ha tenido algunos traspiés debido a las múltiples críticas desde la presentación del anteproyecto, la entidad “Medellín Cómo Vamos” señaló que las metas del plan eran poco ambiciosas, cuestionó aspectos técnicos como el uso de indicadores y la falta de justificación de los enfoques de éste. Para el caso de la propuesta que actualmente está en discusión en el concejo, lo que ha sorprendido a algunos sectores es el menosprecio por la paz e invisibilización de los diálogos de La Habana. El malestar parte del no cumplimiento de compromisos adquiridos en la campaña electoral, y de que la propuesta de construcción de paz que plantea la administración se supone es desde el territorio, pero las voces ciudadanas no comprometen ni cambian lo que la administración propone. Este es el caso de los encuentros ciudadanos que sea realizaron al iniciar la administración nombrados como “La Ruta de Medellín”, lugar en el que muchos ciudadanos se dieron cita para proponer asuntos de importancia para la ciudad, entre ellas las víctimas del conflicto, que ahora, en plan de desarrollo, no ven reflejadas sus propuestas.

Tras el debate del anteproyecto, los cambios en materia de paz se dieron sólo en diagnósticos e indicadores de programas, que anteriormente no estaban o quedaban cortos, pero en el fondo no hubo modificaciones, de hecho la apuesta de la actual administración sigue siendo la misma a la del plan de gobierno. Lo cual, en términos programáticos es lo que suele suceder, pero deja en la discusión muchas preguntas frente a la escucha de las propuestas ciudadanas en los espacios como la llamada “Ruta de Medellín”.

La ruta que plantea la alcaldía
Los temas relacionados a la paz en el plan de desarrollo no son una dimensión; se encuentran como un reto dentro de la dimensión “entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”, en donde se aborda la seguridad, la convivencia, y finalmente la paz. Se debe mencionar que en todo el plan de desarrollo, la palabra posconflicto aparece cuatro veces, mientras la palabra seguridad aparece 388 veces. Sobre el reto de la construcción de paz, en el plan de desarrollo no se hace mención al conflicto armado, ni a los procesos de paz con la insurgencia. La historiadora Marta Villa dice que “hay que tratar una noción de la paz que es el acuerdo, la negociación del conflicto armado y hay que trabajar una noción de la paz que es cultura de paz, que es el tema de trabajar con la sociedad, pero las dos son necesarias, entonces el interrogante que nos queda es qué postura va a tomar esta ciudad y esta administración si hay un acuerdo en La Habana; eso creemos que no está claro”.

Por esta razón, no hay claridad frente a cuál dependencia municipal se encargará de las acciones de la Alcaldía en materia de paz, pero además, proyectos relevantes para las víctimas del conflicto con relación a la verdad, como lo son búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, no aparecen. Igualmente, se mencionan dos aspectos importantes como lo son integración y educación para la paz, pero de manera general, lo cual no permite conocer cómo será la apuesta por la reintegración, a la vez que tampoco se menciona a quiénes se buscará reintegrar, y tampoco se menciona la pedagogía sobre los procesos de paz para informar a la ciudadanía.

Lo que exigen las víctimas
El pasado 16 de abril, en el concejo de Medellín, se dieron cita las organizaciones de víctimas de la ciudad para poner su voz en el debate sobre el plan de desarrollo. Mientras los concejales brillaron por su ausencia, las tribunas estaban abarrotadas de mujeres y hombres, la mayoría adultos, que llevaron pancartas con consignas que pedían más presupuesto para vivienda, garantías para su ejercicio político, no más represión, entre otras cosas.

“Disminución en presupuesto para el cemento y represión, y aumento para cerrar la brecha de desigualdad” expresó Gloria Cecilia Quiceno, de la Mesa de Víctimas, durante su intervención. Recordaron que muchas de estas organizaciones se han constituido para garantizar la subsistencia de las personas víctimas. Igualmente, de manera respetuosa pero decidida, exigieron correspondencia en los ejercicios de incidencia en los que participaron durante todo este año; piden que se les reconozcan y les den espacio en la política pública de atención a víctimas. En conclusión, exigen una política que trascienda las condiciones de su victimización, no sólo una política que visibilice las cifras de reparación, y en palabras de Martha Cecilia Suescún: “las propuestas para víctimas no tendrán sentido si al implementarlas no tienen en cuenta a la población víctima del conflicto, como lo contempla la ley”.

El pasado 5 de abril la entrada del senado de la República fue tomada por el colorido de los mercados campesinos; por primera vez el salón que ha visto pasar las castas que han dirigido el rumbo del país durante 200 años se llenó de campesinos comerciando los productos de sus propias manos.  La presencia de los agricultores en el Congreso se dio en el marco de la presentación de la reforma constitucional  propuesta por Alberto Castilla, vocero del Congreso de los Pueblos y senador por el Polo Democrático Alternativo.

Este  proyecto  se realizó basado en audiencias que se llevaron a cabo en Cauca, Antioquia y Boyacá; su objetivo es reformar el artículo 64 de la constitución en búsqueda de que se reconozca al campesino como un grupo de especial protección por la carta magna y de esta manera se reemplazaría  el concepto de “trabajador agrario” propiamente por el de “campesino” y “campesina”. Por medio de este acto legislativo se busca reconocer al campesinado como sujeto de derechos,  su derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y adoptar disposiciones sobre la consulta popular.

Con esta propuesta de reforma se reabrió el debate frente al lugar que tiene el campesino en la constitución, ya que al no ser un grupo étnico no gozan de algunos derechos como sí lo hacen indígenas y afrodescendientes, sin embargo el senador Castilla - de origen campesino- sostiene que: “Es claro que aunque los campesinos no somos un grupo étnico, sí somos un grupo cultural particular; necesitamos ser reconocidos como un grupo social y que se reconozcan nuestros derechos. Hay una diferenciación como grupo en las formas de producción, en cómo concebimos la familia, el territorio”.

Aunque pueda parecer que la reforma a este artículo no tiene mayor implicación para la vida nacional, durante el foro “El campesino a la constitución” realizado el 8 de abril en la Universidad Nacional, diferentes voces apuntaron a que este era el primer paso en la construcción de derechos y formas de participación propias para  el campesino.  En este sentido  organizaciones como el CINEP señalaron que actualmente existe una marginación de participación política del campesino y cooptación por parte de clanes políticos de su representación, y encendieron la alarma frente a la vulneración de derechos sobre todo de las mujeres rurales.

Para Arcesio Romero, apicultor del norte de Santander, este proyecto “es importantísimo, porque existe la ley 70 que defiende a los afrocolombianos, y  el acuerdo 169 de la OIT, que defiende a los indígenas, por ejemplo en el caso de la consulta previa; a nosotros los campesinos no, no estamos visibilizados en la ley, por eso si se logra que haya una reforma constitucional pues vamos a tener el reconocimiento del Estado”.

Contexto adverso para el campesino
Para nadie es un secreto que el campo colombiano ha sido la principal víctima del conflicto armado, y también que la mayoría de gobiernos desde el siglo pasado lo han abandonado, como ejemplo de esto no se han logrado llevar a cabo las reformas agrarias que López Pumarejo y Lleras Camargo propusieron, a la vez que han existido diferentes escándalos de corrupción como el reciente “Agro Ingreso Seguro” durante el gobierno de Uribe. Es por esto que  tras  45 años sin censo agrario, el más reciente realizado en 2014 por el DANE, arrojó un panorama adverso para los campesinos del país.

De acuerdo con el DANE, la población campesina actualmente asciende a 11.414.753 personas, el 23,4% del total de la población nacional. En cuanto a condiciones de la vivienda del área rural dispersa, establece que el 82,6% tiene conexión al servicio de energía, el 42,6% a acueducto y apenas 6% a alcantarillado. Lo más alarmante es que mientras la pobreza a nivel nacional es de 28,2%, en  los “Centros poblados y rurales dispersos” llega a 40,1%. De acuerdo a esto, el Índice de Pobreza Multidimensional para el área rural dispersa se eleva a un 45,5%. Por otra parte, según el Ministerio de Agricultura, para el año 2014 la concentración de la tierra arrojaba las siguientes cifras: el 4% del área corresponde al micro y minifundio (predios entre 3 y 10 hectáreas), mientras que la gran propiedad (predios de más de 200 hectáreas) ocupa el 72% del área.

En este sentido, líderes del agro han manifestado que el actual proyecto es “importante porque somos en este momento como el 25% de la población que alimentamos a nuestro país y le aportamos a Latinoamérica y al mundo;  importante porque el campesinado es un sujeto social con derechos específicos, que no han sido reconocidos a través de la constitución política del país”, señaló Ricardo Herrera, vocero del Coordinador Nacional Agrario.
En este contexto, sumado a las discusiones de las dos mesas de negociación entre gobierno y guerrillas, en donde por una parte se discute con las FARC- EP el tema de desarrollo agrario y con ELN se discutirá el tema de participación de la sociedad civil, y transformaciones para la paz, esta reforma tendrá eco durante los ocho debates que le esperan en el congreso, cuatro en senado y cuatro en cámara, y desde ya cuenta con el apoyo de miembros de diferentes bancadas del Polo, Alianza Verde, Mais,  Aico y del partido Liberal, y el respaldo de algunas organización sociales como Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario otras y otras  ONG´S. Para el senador Castilla este  proyecto se  inscribe en la oportunidad que tiene Colombia de terminar la guerra y avanzar en la construcción de  la paz.

 

Principios del Proyecto de Acto Legislativo

1) El campesino debe verse cobijado en la figura de sujeto de especial protección.
2) La garantía del derecho a la tierra y al territorio, desde un enfoque que garantice la equidad de género.
3) El derecho a la autodeterminación del sujeto campesino.
4) El derecho a la participación política directa por parte del campesino en la toma de decisiones que les afecten.
5) Garantía en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales  del campesino.

Page 3 of 3

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.