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Ya habíamos pasado una vergüenza mundial cuando en octubre de 2016, casi seis millones y medio de colombianos y colombianas votaron negativamente el plebiscito por la paz, a pesar de los daños irreparables y los sufrimientos que el conflicto armado, social y político les ha provocado a millones de compatriotas humildes. Ese “triunfo”, alcanzado a través de una cifra ridícula de menos del 20% del censo electoral y obtenido mediante engaño, les permitió a las élites económicas y políticas mantener el poder, y catapultarse hacia las elecciones de 2018.

La campaña electoral a la presidencia desarrollada en medio del genocidio de líderes sociales, se encargó de asustar a todo el mundo con el castrochavismo. Prometió luchar contra la corrupción, bajar los impuestos y renovar la política. Se valió de todo para poder ganar, incluso fue preciso juntar a antiguos archienemigos políticos como Uribe, Gaviria y Pastrana, tres expresidentes enmermelados hasta las orejas y desacreditados, que además se habían tratado públicamente entre sí de narcotraficantes, paramilitares y corruptos. Esos fueron los que ganaron el gobierno a nombre de Duque. Esa fue otra vergüenza internacional.

Lo que nadie podría creer era que después de tanto hablar contra la corrupción en la campaña presidencial y señalarla como el peor flagelo de la sociedad, y luego del acuerdo que alcanzaron todos los partidos para aprobar la Consulta Popular Anticorrupción en el Congreso de la República, comprometiéndose a votarla el 26 de agosto, la Consulta se haya perdido. Y se perdió por varias razones: porque los medios se hicieron los locos, y le quitaron el peso real que tenía, porque a los poderosos medios masivos les gusta el show, el amarillismo, el destape de ollas podridas, pero sus dueños les prohíben el compromiso con la sociedad. Tampoco el gobierno del buen joven Duque hizo el más mínimo esfuerzo para impulsarla, y no lo hicieron como era de esperarse los partidos tradicionales quienes se benefician de la corrupción.

Pero hay dos protagonistas a los que se les puede cargar más la mano, tanto por su irresponsabilidad como por su falta de compromiso en esa fundamental tarea de mandatar medidas para atacar la corrupción: al partido de gobierno, el Centro Democrático, y al pueblo colombiano.

El Centro Democrático se ha caracterizado por practicar el cinismo, el doble discurso y la perversidad a la hora de comprometerse con las salidas a las graves problemáticas que afronta el país, como son la violencia estructural, y la morbosa desigualdad social. Y no solamente evade enfrentar estos flagelos, sino que por el contrario es su principal promotor. Centenares de investigaciones judiciales, procesos penales, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad enfrentan sus militantes, y en casi todos los grandes escándalos de corrupción hay como mínimo un uribista. Por eso, aunque no extraña, sí duele y da rabia que hayan aprobado la Consulta Anticorrupción y solicitado su cambio de fecha para que no coincidiera con las elecciones presidenciales, se comprometieran a votarla, y luego, en cabeza de su patrón, la deslegitimaran y desprestigiaran con la misma vehemencia que la habían aprobado. Y es el colmo además que culparan a los promotores de la consulta de despilfarrar más de 300 mil millones de pesos, suma que se conocía desde el mismo día que ellos solicitaron el cambio de fecha.

En cuanto al pueblo colombiano… es muy duro, pero también hay que responsabilizarlo. Las excusas para no salir a votar la consulta sobran: van desde la falta de tiempo, el cuento de que se podían aprobar por vía legislativa, o que eso era para beneficiar a los castrochavistas, hasta la argumentación de que así se ganara el Gobierno no las iba a respetar. Como sea, todos esos argumentos eran pobres frente al principal de todos, y es que aquí se jugaba un nuevo pulso con las élites, los corruptos, y los genocidas que manejan el país.

No hay excusa que valga. El gobierno de Duque no lleva ni un mes en el poder y ya ha engañado una y otra vez a la sociedad toda, y en especial ha castigado a los más pobres con reformas que prometen afectar sus ingresos y sus condiciones de vida. Y en materia de corrupción y renovación de la política es terriblemente cínico; Duque y su bancada le han contado el chiste más flojo de las últimas décadas a los colombianos, nombrando en su gabinete a personajes implicados en actos de corrupción y con antecedentes judiciales como el ministro de Hacienda, la ministra del Interior, o la de Educación. También nos ha hecho pasar otra vergüenza al nombrar al corrupto exprocurador Ordoñez como embajador ante la OEA. Sin contar con el esfuerzo que hicieron sus jefes para nombrar a Lafaurie como Contralor. No hay nada de renovación y mucho menos de ataque a la corrupción, y por eso la gente, el pueblo de a pie, también debe responder y reflexionar ante su falta de compromiso.

Que hay cosas positivas, claro que sí, pero es mejor reconocer que aún nos falta avanzar en la recuperación de cultura política. El futuro no es más que la proyección de lo que hagamos hoy, en el presente. Si seguimos repitiendo que superamos la votación de antier y la de ayer, pero seguimos subordinados, eso de nada nos servirá. Perdimos otra gran oportunidad y será duro reponernos. Con trabajo, dedicación, movilización y confrontación lo haremos, pero hay que remar más fuerte.

Hay algo para destacar: el millón trecientos mil votos de Antioquia, es el doble de los que votaron por Petro en segunda vuelta; y el hecho de que sin lugar a dudas hay una buena cantidad de uribistas en todo el país que por cualquier razón reflexionaron, y le hicieron más caso a su conciencia humana y social que a la voz dañina y engañosa del jefe del Centro Democrático. Eso sí puede ser una buena señal, una cuña clavada en las fisuras del muro que ampara a los que conducen a Colombia por la ruta del odio y la destrucción. Tal vez la creación de un gran frente amplio, social y político sea hoy más que nunca la propuesta que le abra paso a todas esas voluntades políticas que quieren el bien de la Nación.

A un mes de la llegada de Iván Duque al poder, son diversas las inquietudes que ha sembrado el nuevo gobierno. Aunque es muy pronto para realizar un balance general de la gestión, algunas situaciones puntuales han llamado la atención de la opinión pública. Entre las más importantes se encuentran: los discursos contradictorios en la posesión presidencial, pues mientras Iván Duque llamaba a la unidad, el presidente del Senado, Ernesto Macías, criticaba fuertemente la pluralidad democrática. También el nombramiento de ministros luego de que prometió un equipo joven y preparado, dado que muchos de ellos o son viejos dinosaurios del poder, tienen poca experticia en el tema de su cartera o han sido requeridos por la justicia.

Además, hay polémicas como el aumento de los impuestos y reducción de subsidios, cuando una de sus promesas de campaña era no subir los impuestos al bolsillo de los colombianos; y los visibles desacuerdos entre el mandatario y el Centro Democrático, porque mientras la bancada está en contra y pone trabas a temas como la JEP y la Consulta Anticorrupción, la voz solitaria del presidente sale a mediar o en apoyo de las iniciativas.

Con este panorama, es importante revisar cada uno de estos aspectos para proyectar lo que se podría esperar del gobierno Duque.

Discursos contradictorios
Con la posesión presidencial el pasado siete de agosto, arrancó el gobierno de Iván Duque. Lo que se consideraba un acto protocolario normal, pasó a ser un momento polémico cuando el presidente del Senado, Ernesto Macías, realizó su discurso. Macías, inició rindiendo un homenaje al senador y expresidente líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe; enseguida, con una retórica revanchista atacó la gestión del gobierno saliente y exaltó las diferencias políticas que tuvieron dividido al país en la campaña. Hacia el final de su discurso nombró al presidente Duque y las expectativas hacia su mandato. Cuando fue el turno de Duque, este en cambio realizó una intervención sobria y con tono conciliador, en la que invitaba a ir más allá de las diferencias políticas para establecer acuerdos en torno a lo fundamental, a no gobernar con espejo retrovisor y trabajar en unidad para alcanzar el lema de su campaña “construir un país en el que quepamos todos”.

Las marcadas diferencias entre un discurso y otro enviaron mensajes contradictorios al país, que se queda sin saber qué posición es la que realmente tiene la oficialidad y sobre la cual va a actuar. Así mismo, genera aún más dudas de las que ya habían en la campaña sobre quién realmente tiene el poder y va a gobernar, si es el presidente electo o personajes poderosos detrás de él.

¿Renovación y gobierno joven?
Una de las propuestas más atractivas que ofreció la campaña Duque era la de renovar la política con la conformación de un equipo de trabajo joven, que dinamizara su ejercicio, se alejara de las viejas prácticas y representara la diversidad del territorio nacional. Una vez electo, el presidente Duque generó muchas críticas al dar a conocer su gabinete ministerial, ya que muchos provienen de gremios financieros y económicos, otros son veteranos políticos, en su mayoría son de la región central y hay poca representatividad de las demás regiones.

Entre los nombramientos más polémicos están: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, señalado de la creación de zonas francas especiales en beneficio de empresas privadas, y quien apareció en la investigación de Panamá Papers sobre ocultamiento de propiedades, ganancias, activos y evasión tributaria. El ministro de Defensa Guillermo Botero, con ninguna experiencia en el tema de su cartera, cercano a Álvaro Uribe y polémico por sus recientes declaraciones sobre la regulación de la protesta social. El canciller Carlos Holmes Trujillo, político de vieja guardia de la cúpula del Centro Democrático, junto con la ministra de Trabajo Alicia Arango, quien fuera la secretaria privada de Uribe Vélez en su gobierno. La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez investigada por parapolítica. La ministra de Educación María Victoria Angulo, criticada por sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar, y la ministra de Cultura Carmen Vásquez, duramente criticada por el trato que les dio a 80 mujeres afro provenientes del Cauca, quienes protestaban en el Ministerio del Interior contra la minería ilegal y a las cuales les negó cobijo.

Así, en el tema de nombramiento de ministros, una de las figuras más importantes de gobierno ya que son quienes presentan y lideran proyectos, manejan temas políticos en áreas específicas y son enlace entre el Congreso y el ejecutivo, queda el sabor de la promesa incumplida.

Más impuestos y menos subsidios
Otra de las promesas estrellas del presidente Duque se dio alrededor del tema de los impuestos. En diferentes ocasiones declaró a los medios de comunicación, publicó en sus redes sociales y hasta mencionó en debates presidenciales que no subiría los impuestos, porque no era justo para el pueblo y que estaba en desacuerdo con el cobro del IVA; incluso, criticó con firmeza al gobierno Santos por aumentar este impuesto.

Sin embargo, su ministro de Hacienda anunció gravamen del IVA a todos los productos de la canasta familiar, y la planeación de una reforma tributaria en la que se bajarán los impuestos a las empresas y se les subirán a las personas naturales, se revisará el tema de subsidios y la ampliación a la base de renta personal.

En lo que se califica como un comentario desafortunado, el Ministro dijo, ante la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que “Así como existe un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos”. Dicha expresión prendió las alarmas en diferentes sectores y causó un descontento generalizado en las personas que recuerdan la promesa de campaña y exigen respuesta ante el evidente incumplimiento.

Bancada: ¿En oposición o una simple cortina de humo?
Dos han sido los momentos en los cuales, durante este corto tiempo de mandato, se ha visto una posición contraria entre los intereses del partido de gobierno y el Presidente. Uno de ellos fue en la discusión de las normas de procedimiento de la JEP, en la cual el Centro Democrático obstaculizó criticándolas y queriendo modificarlas. Al respecto, el Presidente mantuvo un tono suave y pidió buscar consenso entre los partidos sin mayor determinación. El segundo evento se dio con la Consulta Anticorrupción, inicialmente apoyada por el partido, el cual solicitó se realizara después de las elecciones para no llegar a favorecer a algún candidato. Una vez elegido Duque, Álvaro Uribe, líder de esta colectividad se manifestó en contra de la consulta, descalificándola y señalando que su costo era un detrimento contra el patrimonio. Mientras tanto, el presidente Duque apoyaba la iniciativa públicamente, e invitaba a la gente a participar.

Una vez más, los mensajes contradictorios de las partes despliegan un manto de duda sobre qué es lo que realmente está pasando, si hay un distanciamiento o es una estrategia para generar sensación de independencia entre el partido de gobierno y el gobierno mismo.

Así las cosas, de este mes de gobierno quedan muchos interrogantes, promesas vacías y la clara necesidad de ejercer como sociedad el derecho al control político y veeduría del gobierno.

El 14 de agosto de 2018 la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, y la estatal petrolera Ecopetrol dieron inicio al proceso de negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Este conflicto laboral se desarrolla en medio de un clima tenso y complejo por la grave situación que atraviesa la empresa de petróleo de los colombianos, y por las poderosas voces de los gremios económicos que le piden al gobierno nacional de Iván Duque la venta de Ecopetrol, o como mínimo de sus principales activos.

La USO, por su parte, se empeña en la defensa de Ecopetrol como empresa pública y Estatal, en la no venta de la sección de transporte Cenit, en la modernización de la refinería de Barrancabermeja y en la no venta de los campos de producción, entre otros aspectos que no tocan asuntos estrictamente laborales sino políticos y sociales.

La venta de Ecopetrol
En julio del presente año Jorge Humberto Botero, actual presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda, anunció su propuesta para el gobierno de Iván Duque de vender la totalidad de Ecopetrol, por una suma que ronda los 130 a 160 billones de pesos, para invertir este dinero en proyectos de infraestructura. Según lo informó Cesar Loza, actual presidente de la USO, en una reunión con organizaciones sociales y populares realizada en Bogotá el 17 de agosto, esta es una propuesta idéntica al modelo que usaron para vender Isagen en el gobierno de Santos, en donde Botero fungía como miembro de su junta directiva. Aunque públicamente no hubo consenso, al parecer se trata de una propuesta del Consejo Nacional Gremial que agrupa a los 21 sectores más poderosos del país, incluida la banca, la industria, y el comercio, entre otros. Los mismos que hoy conducen el gobierno de Duque, afirma Cesar Loza.

Y tienen razón los obreros de la industria petrolera de estar preocupados. Desde hace más de tres años revistas especializadas como Dinero vienen hablando de la necesidad de la venta de activos de Ecopetrol, y en especial de la que llamaron “La joya de la corona, Cenit, que es uno de los activos clave de la industria petrolera colombiana… Con un precio que podría superar los 10.000 millones de dólares”. Recientemente la revista Semana confirmó en un artículo lo que los propios trabajadores y sus asesores vienen denunciando desde hace años: la desmembración de Ecopetrol o su privatización por partes, que es casi lo mismo. En efecto, en la primera edición de agosto la revista Semana publicó el artículo titulado ¿Cómo tapar el hueco fiscal en el próximo gobierno? Allí vuelve a aparecer Cenit como uno de los activos a enajenar por más de 2000 millones de dólares. Cenit es la red de tubos, el área de transporte de hidrocarburos… mejor dicho, el negocio pulpito de Ecopetrol.

La situación actual de Ecopetrol
Dice Cesar Loza que salir de Cenit es como si a una mesa de tres patas se le quitara una, lo más seguro es que se cae. Las tres patas de Ecopetrol son Cenit, los campos de producción, y la refinería de Barrancabermeja, y a esta última se le ha sacado el cuerpo desde 2007 para su modernización.

Según un informe financiero presentado en medio de la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo, Cenit es la red de oleoductos más grande del país con 4543 km distribuidos en 15 oleoductos. Tiene una red de poliductos de 3635 km con capacidad de evacuación de 1.215.000 barriles por día; y una capacidad de transporte de 335.000 barriles diarios. Cenit en los últimos cinco años ha obtenido utilidades por 11,7 billones de pesos, siendo el 47,1% de todas las utilidades de Ecopetrol, las cuales ascienden a 24,8 billones de pesos, en este período. Dentro del segmento de negocio transporte, Cenit representa el 99,1% de las utilidades, a pesar de que Ecopetrol cuenta con una amplia red de oleoductos (17 en total).

Eso solo en transporte, pero existe una cifra que debe poner a pensar a los colombianos: entre 2007 y 2016 Ecopetrol recibió 184 billones de pesos en regalías, impuestos y utilidades (casi la mitad de esa plata es de utilidades), y esta descomunal cifra entró a subsidiar y financiar innumerables áreas sociales. Entonces ¿qué pasaría si la petrolera se vende? Pues que el gasto público que hoy cubre Ecopetrol de todas maneras hay que financiarlo, y al no tener los recursos de Ecopetrol habría que conseguirlos a través de impuestos. De manera que no habría razón para vender los activos de Ecopetrol, y mucho menos aquellos que le proporcionan utilidades nada despreciables tanto a la empresa como al país. Ahora mucho menos si se tiene en cuenta que el precio del petróleo se recuperó y que en el primer trimestre Ecopetrol obtuvo utilidades por casi un billón de pesos.

Una estrategia mediática en contra de los trabajadores
No es la primera vez que los trabajadores de Ecopetrol, representados en su sindicato USO, se enfrentan a situaciones tan críticas en medio de los conflictos laborales, y tampoco la primera en la que tienen que desvirtuar las falsas noticias, o las verdades dichas a medias o sin contexto por parte de los medios masivos de información.

En esta oportunidad, denuncia Cesar Loza que “los medios masivos reproducen la falsa noticia, orientada por las directivas de Ecopetrol, que el pliego de peticiones de los trabajadores en 2018 cuesta dos billones de pesos, y es obvio que si la empresa viene de una crisis económica causada por los bajos precios del petróleo, la opinión pública se les va a echar encima. Pero esa cifra no es cierta y está descontextualizada”.

En 2016 la nómina de Ecopetrol, según Loza, costó 2,1 billones de pesos con todos los beneficios; y en 2017 los gastos laborales de los 9282 trabajadores, incluido el presidente de Ecopetrol, costaron 2,3 billones, lo que significa que hubo un incremento anual del 7% entre 2016 y 2017, como es normal. Es decir que los costos para el 2018 se incrementarían en una suma similar, que estaría alrededor de 200 mil millones de pesos; no dos billones como afirman Ecopetrol y los medios masivos.

Es claro que lo que persigue la estrategia mediática de desprestigio es ocultar las verdaderas intenciones del Estado de vender Ecopetrol; y de paso opacar las poderosas argumentaciones de los trabajadores en su defensa. Así como en 1948 con una huelga los obreros presionaron la creación de Ecopetrol, esta vez, según Cesar Loza, los trabajadores están dispuestos a acudir nuevamente a esta para defender a la estatal petrolera de los apetitos del capital privado, de las intenciones y la doble moral de los corruptos que ayer criticaron la venta de Isagen, pero que hoy se les hace agua la boca con el billonario negocio que significaría para ellos vender Ecopetrol.

El pasado 29 de junio se cumplieron 25 años de la partida de Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido en el mundo musical salsero como Héctor Lavoe, también llamado por su interpretación del tema “El Cantante” de Rubén Blades, como “El cantante de los cantantes”. En esta fecha en muchas barriadas de América Latina se conmemora un año más de su partida, y sus gentes lo hacen escuchando su música, recordando sus anécdotas de vida, sus célebres frases, y haciéndolo sobre todo con afecto y cariño, porque a pesar de su fama y de haber pisado el más alto escalón del éxito, Héctor siempre fue un hombre del barrio y sus esquinas, del arrabal, de su gente, a quien caracterizó como “lo mas grande de este mundo”, como lo diría en tono salsero en aquel tributo musical “Mi gente… ustedes, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo”.

Héctor Lavoe nació en Ponce, Puerto Rico, un 30 de septiembre de 1946, y desde entonces su vida estuvo marcada por la tragedia. La primera de ellas fue no poder disfrutar la compañía de su madre, quien murió cuando Héctor apenas tenía tres años de edad. Sucesivamente en cada etapa de su vida fueron ocurriendo hechos lamentables: la muerte de su hermano en un accidente de tránsito en Nueva York cuando era un adolescente; ya en la adultez el asesinato en Puerto Rico de su suegra, a quien consideraba su segunda madre –a ella dedicó la canción Soñando Despierto–; la muerte de su hijo Héctor Jr. en un accidente con arma de fuego –hecho que diría Héctor significó para él su propia muerte–; su tentativa de suicidio al arrojarse de un noveno piso, a causa de la depresión emocional que comúnmente padecía, y finalmente su incursión en el letal mundo de las drogas, de donde nunca pudo escapar.

A pesar de tan difícil existencia, Héctor nunca renunció a ser “El Cantante”, y por ello siempre estuvo dispuesto a cantar a su público, jamás se separó de las tarimas. Pese a su vida infeliz, tuvo el inmenso mérito de contagiar de alegría y sabor a multitudes. Allí también radica parte de su grandeza.

Fue en la ciudad de Nueva York donde transcurrió la mayor parte de su corta vida (47 años), y su decisión de emigrar a los Estados Unidos estuvo determinada por las mismas motivaciones que tuvieron y han tenido millones de latinoamericanos, quienes en busca del falso “sueño americano” huyen de sus países de origen, agobiados por la pobreza y la miseria que genera el sistema económico capitalista. Allá inician una nueva vida laborando en oficios estigmatizados por los “gringos”, en medio de condiciones de humillación, discriminación y explotación laboral. En cumplimiento de esta especie de ley sociológica, en sus primeros años Héctor ejerció diversos oficios como pintor de casas, limpia vidrios y maletero, y a pesar de su posterior logro económico, se puede considerar como una de las miles de millones de víctimas del capitalismo.

En efecto fue sometido a una salvaje sobreexplotación laboral, que permitió engrosar las cuentas bancarias de empresarios ligados al mundo del disco y el espectáculo, quienes de manera inhumana le impusieron un ritmo de trabajo que en los momentos del boom de la salsa hizo que tuviera que cumplir hasta con tres presentaciones diarias.

La legitimidad popular de Héctor Lavoe, además de sus cualidades artísticas, provenía de su condición, ya antes lo dijimos, de hombre del barrio, escenario del que fue un cronista junto al trombonista Willie Colon, con quien a mediados de la década del 60 conformó uno de los duetos más exitosos de la salsa. Ellos a través de su música reflejaron la crudeza del barrio latino en Nueva York, situación de la que fueron testigos presenciales (Colon nació en el Sur del Distrito del Bronx, y Lavoe vivió en el mismo lugar cuando recién llegaba de su natal Puerto Rico). En sus canciones describieron sus estrechas y sucias callejuelas, la nostalgia producto del desarraigo, el hacinamiento, el rebusque y la sobrevivencia, y en general la desigualdad social imperante en una sociedad que posibilitó la existencia de personajes como “Juanito Alimaña” y “Pedro Navaja”.

El surgimiento de esa voz narrativa de la realidad del barrio popular fue el vehículo que movilizó a millones de latinoamericanos de diversos países hacia Héctor Lavoe y sus colegas salseros. Sus relatos cantados se ubican geográficamente en el South Bronx, el East New York Brooklyn, y el Spanish Harlem, sin embargo la histórica realidad de pobreza y miseria en América Latina, tragedia que identifica a los pueblos de esta parte del mundo, permite que Héctor Lavoe sea de especial significación en sus barrios marginales, por igual en el Atahualpa de El Callao en el Perú, o en el Barrio Cuba, en el puerto de Guayaquil en Ecuador, o en el 23 de Enero y Catia en Caracas, o en el populoso barrio Rebolo en Barranquilla.

La versatilidad en el canto fue una de las virtudes de Héctor Lavoe, en este sentido se destacó como un gran intérprete salsero, pero también incursionó con éxito en el exigente mundo del bolero, género desde donde homenajeó a otro grande como Felipe Pirela, en aquel álbum Recordando a Felipe Pirela. Así mismo el contexto musical de Héctor Lavoe fue diverso, además de los hechos sociales también hubo otras temáticas; en su repertorio existen canciones dedicadas al amor, a la madre, a las navidades, a su impuntualidad en llegar a las presentaciones, a los santos, a la finitud de las cosas, a la felicidad, a Colombia, a su querido Borinquen, y en varias de ellas se pueden extraer fragmentos dignos de la filosofía popular, como aquella de que cada cabeza es un mundo, para referir la diversidad del pensamiento humano (canción El Todopoderoso).

Los restos mortales de “El cantante de los cantantes”, que estuvieron por nueve años en Nueva York, fueron trasladados en junio de 2002, tal como fue su voluntad antes de morir, a su natal Ponce. En aquella ocasión una multitud acompañó con música, canto y miles de banderas “monoestrelladas” (como las llaman los puertorriqueños para diferenciarlas de la de las 50 estrellas de los Estados Unidos) el féretro del gran Héctor Lavoe. Dentro de ese alud humano se destacaba la presencia de Ismael Miranda, colega y amigo, quien para despedirlo pronunció unas palabras que tendrán permanente vigencia en el mundo de la salsa, la barriada y nuestra cultura popular: “Él no está aquí con nosotros, pero su música sigue”.

Entonces, el mundo era otra cosa: no era de nadie porque era de todos. La propiedad privada era un concepto de otro mundo. No existían las cercas ni las fronteras, tampoco los porteros 24 horas. Todo era para todos.

Los Sikuani hoy pernoctaban en Puerto López - Meta, y la próxima semana en la frontera con Venezuela. Eran nómadas, dueños de una casa que no tenía medidas claras. Así era, así se lo contaron los mayores a Sebastián Yepes, capitán de la comunidad Fundobonito del resguardo indígena Wacoyo.

Las cosas han cambiado. Ahora, cuenta Sebastián –54 años, líneas profundas en la frente que parecen surcos, celular en el bolsillo izquierdo de la camisa azul, pantaloneta negra, y croc's rojos–, la casa está parcelada.

Fueron las espadas de acento español las primeras que alteraron las leyes de ese mundo. Luego las biblias y los crucifijos que empuñaban los cristianos. Años después, las guerrillas y con ellos los cultivos de coca. Más tarde la furia paramilitar. Ahora, las multinacionales.

Wacoyo, ubicado a cuarenta minutos de Puerto Gaitán - Meta, es uno de los nueve resguardos que existen en el municipio, asociados en la organización indígena Unuma. Según resoluciones gubernamentales, los indígenas de los pueblos Sikuani, Piapoco y Saliba asentados en Puerto Gaitán, son dueños de más de 50.000 hectáreas. De estas, 8050 pertenecen al resguardo Wacoyo, una cantidad irrisoria comparada con el tamaño de la casa de sus ancestros.

Sebastián tenía 16. Eran 187 familias y tres comunidades donde actualmente hay 1730 personas repartidas en 34 comunidades. Durante un año administró una tienda familiar. Terminó quinto de primaria y su comunidad lo nombró docente bilingüe de los niños menores de diez años. Terminó bachillerato, ejerció la docencia durante 14 años, conoció a su esposa, tuvieron descendencia, y formaron hace un año la comunidad de la que hoy es la máxima autoridad.

Para Sebastián el español es una patria ajena. Un mecanismo de defensa ante la codicia de los empresarios que ofrecían dinero, falsas promesas, y objetos desconocidos para quedarse con el territorio, para hacerlos sentir extranjeros en su propia tierra. Los empresarios empezaron a llegar en bandada hace 15 años, y se convirtieron en vecinos incómodos.

–Ahora las multinacionales nos obligan a pedir permiso para movernos por el resguardo.

Cuando Sebastián dice multinacionales, se refiere a empresas como Ecopetrol y Fazenda. La primera realiza exploraciones petroleras en el territorio, y la segunda tiene 22.000 hectáreas sembradas con maíz y soya para alimentar los más de 70.000 cerdos de su megacriadero.

El auge de la agroindustria agudizó un problema histórico en los Llanos, y especialmente en el Meta: la concentración de la tierra. Gente de la región cuenta que Víctor Carranza, esmeraldero y patrocinador de grupos paramilitares, hizo una celebración monumental cuando se supo dueño de un millón de hectáreas entre los departamentos de Meta y Vichada.

Los pastizales infinitos del paisaje llanero, vacíos y estáticos, cada tanto se convierten en miles de hectáreas de caña –que la empresa Bioenergy utiliza para producir etanol y biocombustible–, de maíz, arroz, caucho, palma de aceite y árboles maderables.

–Estamos cultivando 1.000 hectáreas de maíz (…) Hemos logrado algunos ingresos económicos para seguir mejorando el bienestar nuestro –dice Sebastián sentado en una silla plástica, con un cigarrillo en la mano, escoltado por un cielo estrellado. De fondo, el gemido monocorde de la planta eléctrica.

Después de tortuosas negociaciones, los Sikuani le arrendaron algunas tierras a Fazenda con el compromiso de que el 78% de las ganancias sean para ellos, y las personas de la zona representen el 70% de la mano de obra no calificada. Con ese dinero, asegura Sebastián, han puesto en marcha proyectos y convenios educativos, sanitarios, y alimentarios. Sin embargo, la empresa es sinónimo de problemas:

–A través de esos marranos han llegado las afectaciones ambientales como la mosca y el olor. Aquí vivimos con epidemias, se nos han muerto niños, mayores de la tercera edad (…) El río Muco lo taponó el estiércol de los cerdos. Era un río donde nosotros salíamos a pescar. Hoy en día no se puede. Los chigüiros, los cachicamos, los animales se fueron…

***


Las cinco y media marca el reloj. El cielo opaco parece disolverse. Perros y patos vagan por la tierra ácida y húmeda como si todo aquello que pisan fuera suyo. Sopla, el frío es liviano, apenas perceptible. Alrededor, diez chozas hechas con madera y láminas de metal, todas con la misma forma, todas con los mismos metros de largo y de ancho. La niebla fugaz convierte los pastizales infinitos, y todo el horizonte, en siluetas.

Horas más tarde, Edwin Sarmiento me dirá que: “Culturalmente ha sido una etnia muy guerrera que ha defendido principalmente su tradición oral y esto les ha permitido pervivir. A pesar de la presencia de empresas petroleras, de la agroindustria, se han mantenido y siguen practicando sus rituales. Uno de ellos es el rezo del pescado, se les hace a las muchachas apenas les baja su primera menstruación, en su creencia esto permite la reproducción y el mantenimiento de la comunidad. Pero esta cultura se ha visto afectada principalmente por el narcotráfico. Es muy difícil combatir el dinero, la mafia… digamos que se han venido acercando más hacia el consumo. Cuando no había petroleras, cuando no había coca, los líderes, capitanes, y autoridades, caminaban diez, ocho horas, dos, tres días para ir a una reunión. En estos momentos si no tienen una moto, si no les colocan una camioneta, si no les dan viáticos hay dificultades y nace el rechazo. Otra cuestión que ha debilitado la cultura es la perdida de…”.

Edwin interrumpe el relato. En ese instante se acerca Onorio Ruiz, el médico ancestral de la comunidad que tiene 120 años y una corona hecha con plumas de guacamaya. Onorio pregunta dónde está el baño.

–Allá donde está la lona, al fondo, al lado de la mata de plátano–, le responde Edwin.
Onorio Ruiz mira hacia la parte señalada, duda, y vuelve a preguntar, en un español apenas audible y entendible, dónde está el baño.
–Allá en esa lona verde hay un hueco. Hace popó y tapa, como los gatos.

Edwin –un joven fumador que debe pesar más de 120 kilos– es el representante legal de la Corporación Choapo, organización que desde el 2009 estrechó lazos con los Sikuani, Piapoco y Saliba de Puerto Gaitán para realizarle un “juicio ético” a las empresas petroleras. El hecho de que los pueblos indígenas sean dueños de grandes extensiones, convivan con empresas que generan sumas millonarias explotando las tierras, y sus condiciones de vida no sean dignas, es una contradicción que aviva la llama filantrópica de Choapo.

–Otro tema muy complejo es la religión. La religión, sobre todo la evangélica, ha cautivado mucho con el mensaje de que se les va a acabar el mundo y que tienen que irse para el reino de Dios. Los líderes que se vuelven religiosos no van a las reuniones porque es del mundo, así lo dicen.

La misión evangelizadora inició hace diez años y desde entonces nada volvió a ser igual. Cuenta Edwin que prácticas nunca antes vistas, como la imposición del diezmo y el bautizo, ahora son comunes. No me queda claro si se justifica destruir una cultura para salvar una vida, lo cierto es que la religión entorpece los procesos de soberanía y permanencia promovidos por Edwin y Choapo.

–¿Cuando dicen que eso es del mundo, a qué se refieren? – Edwin balbucea, luego se ríe.
–Cuando dicen que es del mundo es porque produce pecado y los puede condenar. Una reunión para discutir que se mantenga la cultura de los payés [médicos ancestrales], ellos la relacionan con brujería.
–¿Con qué interés entra la religión a los territorios?
–Con el interés de… pongamos el ejemplo del resguardo El Tigre que queda a seis horas o siete horas de Puerto Gaitán. Muy difícilmente una persona va a venir desde allá a un culto, entonces hacen brigadas de evangelización, van cautivando los líderes y establecen iglesias dentro de los territorios. El líder se va convirtiendo en el pastor. Líderes que proponían ir a la minga a pelear por sus derechos, ahora dicen “Dios lo quiso así”.

Los indígenas encabezan el ranking de poblaciones sobre diagnosticadas. Las oenegés nacionales e internacionales, las instituciones gubernamentales, y la sociedad en general que mira al indígena con lástima y morbo, inocularon entre los pueblos originarios el asistencialismo. Siempre fue más popular ante los ojos de Dios un “pobre” sumiso dependiente de la limosna, de las migajas del que tiene de sobra, que un pobre que se pregunta por las causas de su pobreza y se revela contra ellas.

El mensaje de Edwin y Choapo –autonomía, vida digna, movilización– es impopular. Romántico, anacrónico si se quiere. Para el indígena, con justa razón, el blanco es y será un agente invasor que ante todo genera desconfianza. Resulta llamativo que, sin ofrecer cosas materiales o dinero, Edwin pueda neutralizar las profundas diferencias y parecer un indígena más, al punto de pedir agua, saludar, y despedirse en lengua Sikuani, ser convidado a sorber yopo o mascar una planta sagrada como el capi, o ser recibido con la cabeza de un araguato –un mico– en cada comunidad que visita. Edwin no es un blanco cualquiera. Esa camaradería no es fruto de la típica superioridad académica y moral que destila el occidental, sino del respeto y la admiración por una cultura que nos puede demostrar que todo este tiempo estuvimos equivocados.

–Una cuestión que me ha llamado mucho la atención es lo espiritual, sus rituales, sus rezos, sus armonizaciones; cosas que uno dentro de toda esa teoría del materialismo desconoce. Es muy sorprendente mirar que está a punto de llover y el payé reza y se va el agua, o necesita que llueva y hace llover.

Aún quedan humanos así, de esos que lo dan todo por nada. Que lo dan todo por otros sin esperar nada a cambio. Edwin no suele preguntarse por qué hace lo que hace. Proyectos de vida como estos –pienso mientras lo escucho– pierden el encanto cuando uno trata de explicarlos, porque –como decía Piglia cuando le preguntaban cómo se convierte alguien en escritor– “no es una vocación, no es una decisión tampoco, se parecen más bien a una manía, un hábito, una adicción, si uno deja de hacerlo se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de vivir (como cualquier otro)”.

Dirá luego que su única retribución es sentir que la comunidad también es su casa: venir a chinchorrear, que lo inviten a pescar, compartir, hablar, estar en el territorio, ver los amaneceres y los atardeceres salvajemente coloridos, aprender qué dicen las estrellas… Dirá, luego, que con eso es suficiente.

–¿Han cambiado ideológicamente desde que trabajas con ellos?
–Decir que han cambiado ideológicamente su forma de pensar y concebir la realidad es muy difícil asegurarlo. Sí se ha sembrado una semilla, y la semilla es venga no pidamos tanto, no mendiguemos, no esperemos que la petrolera nos dé, no esperemos que Fazenda nos dé, sino que es al calor de la lucha, al calor de la movilización, al calor de la organización que se logra. Ellos llevan 39 años organizados. Y se han dado cuenta que la petrolera fue un engaño (…) Que hoy se atrevan a denunciar y decir el nombre de Pacific Rubiales, de Ecopetrol, de Frontera Energy, es un adelanto, es una ganancia. Porque antes era la empresa que les daba, hoy es la empresa la que les está quitando el territorio.
–¿Son muy tensas las reuniones con la empresa?
–A la empresa no le gusta reunirse dentro del territorio. Siempre es lejitos, por allá en una vereda porque temen que les hagan algo, que los secuestren. Pero son tensas. Y como el indígena no maneja ni leyes ni normas, entonces fácilmente se burlan y dicen “no, es que la ley no lo permite”. Además, les ponen camionetas, bufets, platos deliciosos, y los hacen firmar cosas mientras están comiendo. Son todas las artimañas de estos empresarios para no brindarles garantías de vida digna a los indígenas, y sacar el mayor usufructo del territorio.
Los violentos terminan siendo otros.

***


Participó en la fundación de la asociación indígena Unuma. Fue Presidente del Concejo municipal de Puerto Gaitán. Fundó una IPS. Su papá era oficial del Ejército venezolano. Ahora representa los nueve resguardos, es líder, es cacique; y dice que vive aquí “hace 398 años”.

Cada sílaba que pronuncia Mauricio Rosales está llena de pasión. Habla con fervor. Habla como hablan los que están convencidos de ser dueños de la verdad, y la repiten cada que pueden. Habla español, y cuando habla –como todos los Sikuani aquí citados– pone conjunciones, a veces preposiciones, en el lugar equivocado. Habla de cosas que para él son sencillas, pero muchos no entienden. Habla como si pensara todo el día en lo que va decir. Habla.

Mauricio cree tener una idea, una luz, una forma distinta de hacer las cosas, un destino. La esperanza de que el mundo sea otra cosa: menos irritante, menos vulgar. La certeza de que la ausencia permite el deterioro de la tradición.
–El mundo occidental al indígena no nos va matar con plomo, ni a cuchillo, ni a espada, es con elementos, con inteligencia que nos va acabar. Sobre eso es que tenemos que despertarnos, es ahí donde está la necesidad de elaborar el plan de vida.

El plan de vida que predica Mauricio prioriza cuatro ejes: unidad, tierra, cultura y autonomía. Da cuenta de las principales necesidades indígenas, y está compuesto de tres momentos: el pasado: analizar qué elementos culturales se han perdido; el presente: determinar qué prácticas siguen vivas y cuáles corren el riesgo de perderse; el futuro: trazar una meta y multiplicar aquello que vale la pena ser rescatado.

–De lo que vale la pena rescatar, ¿qué sería prioritario?
–La parte intelectual es lo primordial. O sea, la formación, la educación, la lengua, el pensamiento: transcripción de pensamiento en la escritura. Es primera necesidad para que no se pierda la etnia, el pensamiento indígena. En segundo lugar, están los elementos materiales. La yuca amarga, por ejemplo; alimento propio de la tradición indígena porque tiene una historia, tiene un origen. Es el elemento primordial de alimento para el pueblo para que no haya etnocidio.

Mauricio afirma, convencido de sí, que los planes de vida elaborados por las alcaldías y gobernaciones son colecciones de información que carecen de tres ingredientes: las concepciones socioeconómicas, socioculturales, y sociopolíticas. Ingredientes que solo pueden aportar las comunidades. Si el plan de vida no incluye las normas, los usos y costumbres de los indígenas, no sirve, no funciona.

–Nuestras normas son consuetudinarias, cosmovisionales, tradicionales, ágrafas, colectivas y espirituales. Viene una avalancha más grande, más rara, que es la evangelización. La secta religiosa acaba con la parte espiritual, acaba con la etnia, diciendo “no ame a esta tierra porque es del diablo, ame a dios que es del cielo”, pero cuándo él va a llegar al cielo, me pregunto yo, o quién vino del cielo para contar la historia. No hay, simplemente es un engaño para ellos apropiarse de su territorio. También es una manera de tomar el poder, porque el indígena aplica justicia no como toma de poder, sino como decisión para acabar con el mal. Ustedes los blancos utilizan leyes artificiales, nosotros utilizamos leyes naturales. Los usos y las costumbres son una manera de gobernarse. El gobierno propio ya no existe. Hay es propio gobierno que es distinto. Lo único que existe en el Unuma, aquí en lo Sikuani, es la justicia propia.

Está en un hilito, llega a reventarse ese hilito… adiós pueblo indígena, se acabó. La justicia la manejan los médicos tradicionales. Voy a poner un ejemplo contundente y claro. A usted le hicieron un mal, lo mataron por x o y razón. Materialmente o espiritualmente lo matan. Usted dice: “médico mataron a mi pariente, vengo a que usted le devuelva el mal”. Él dice: “bueno, si usted dice eso voy hacerle, yo no soy el que voy a matar, espiritualmente el que la hace la paga”. Esa persona que mató a la otra persona, vaya donde vaya, se muere. Esa es la justicia que aplica.

–El que la hace la paga.
–En tierra, vaya donde vaya, en el país que quiera allá le llega. Esa es la justicia que maneja el indígena. Eso es lo que quiere el evangélico, acabar con eso, ese es el reto del evangelismo: la espiritualidad. Porque si el hombre indígena no tiene la espiritualidad se acabó como indio, no tiene defensa.

Se acabó el gobierno propio. Y el evangelio según Wacoyo dicta que el responsable debe pagar las consecuencias. De esa condena no lo salva ni el más poderoso de los todopoderosos –aunque su Dios diga lo contrario.

Ante un auditorio con cerca de un centenar de campesinos enruanados y de algunos foráneos, en el municipio de El Cocuy, la voz de Tránsito Leal estalla con el sentir de los asistentes a este evento: “nosotros no entendíamos la palabra delimitación, pero lo que nos querían decir era que se iban a robar los páramos”, exclama indignada.

Esta mujer hace parte del grupo de cocuyenses que también se nombran como parameros, y que se oponen a la delimitación del páramo producto de la Ley 1930 del 27 de julio de 2018. Esta ley afecta su vocación como agricultores, y por ende las formas de vida de la mitad de la población en el casco urbano, pero sobre todo de la que vive en el área rural de este municipio que hace parte del complejo de la Sierra Nevada del Cocuy, Chita o Güicán, localizada en gran parte del norte de Boyacá, en límites con Arauca y Casanare.

Debajo de un sombrero negro, Tránsito lleva un par de trenzas en su cabello tupido con canas, se cubre del frío con una chalina azul y un suéter vinotinto. A medida que avanza, su acento boyacense y su voz se exaltan con más fuerza: “que nos paguen lo que producen nuestros páramos, y que no se los entreguen a todas las multinacionales que son las que más contaminan el ambiente. Yo no entiendo artículos ni códigos, pero no nos los vamos a dejar quitar, ¿cierto? Los páramos son de nosotros”, finaliza mientras con eufóricos aplausos, los campesinos en el recinto responden a su intervención en un foro donde se aborda esta problemática.

En Colombia, los conflictos por la tenencia y usos de la tierra no son nuevos, y al contrario son caldo de cultivo para el surgimiento de otros. Sin embargo, la novedad en este que inmiscuye a los habitantes del municipio y al Estado, es que se debe a las políticas de conservación de un ecosistema tan importante como escaso para el mundo: los páramos.

Este ecosistema es un reto en materia de protección, debido a que Colombia posee la mayor parte existente en el mundo con cerca del 50 %. La gran singularidad de los páramos es equivalente a los servicios ecosistémicos que brindan. Es allí donde nace el agua que luego toma forma en ríos o lagunas, pero además proveen otros recursos. Es debido a su generosidad que han estado ligados a los asentamientos de comunidades a través de la historia. “Si uno toma el servicio ecosistémico que presenta un páramo, la población de impacto es mucho más grande que la población local que vive en las faldas del páramo. El páramo de Belmira, por ejemplo, cumple un nivel ecosistémico más amplio que el municipio de Belmira, que afecta toda la zona occidental norte de Medellín, entonces el tratamiento se hace complejo”, explica el investigador en geoconservación Miguel Ángel Tavera.

La vida y el habitar han sido siempre inherentes al páramo. Cuenta Miguel Ángel que los primeros en llegar fueron los indígenas andinos, que se movilizaban por las altas montañas y habitaban estos páramos con respeto espiritual, luego fueron los españoles, que los nombraron tomando referencia a las parameras de Castilla y León, que distan tantos kilómetros como en características al páramo del trópico. Ellos, con avaricia, vieron la oportunidad de explotar su riqueza asociada también al oro y a otros minerales. Desde entonces estos territorios siguen siendo observados de maneras distintas.

El turismo
“Yo desde que abrí los ojos al mundo, hace 65 años, conocí ese nevado, y les digo, los primeros pasos que yo di, los di al pie del nevado, cuidando ovejas y cabras, y ninguna cabra u oveja se atrevió a pisar el nevado”, recuerda Abdenago Buitrago, otro paramero de El Cocuy que, al igual que Tránsito, considera que el papel que ha jugado Parques Nacionales Naturales ha ido en contravía con su propósito de desarrollar alternativas para el manejo y la gestión hacia la conservación de este territorio. Al contrario, para él, con la llegada de esta entidad a los territorios hace 41 años, también lo hicieron los ríos humanos de turistas, que, con picas, palas, y otras herramientas han ido acabando con el nevado.

La molestia de los parameros dista mucho de alguna fobia hacia lo diferente, en cambio se sustenta en hechos que han afectado a los habitantes y al mismo ecosistema. Por ejemplo, el acueducto de Agua Blanca, Llano Grande, Laureles y Zanjón, que está conformado por 320 familias, se vio afectado debido a que los turistas comenzaron a contaminar con residuos orgánicos el lugar de captación ubicado en Campanillas, en donde suben y bajan los visitantes. Este acueducto que abastece a familias humildes, y a cuatro colegios, empezó de esta manera a registrar mediciones preocupantes en los controles que realiza la Secretaría de Salud, por lo cual campesinos como Emilio Carreño comenzaron a quejarse ante Parques Nacionales.

Pese a las denuncias, la entidad ignoró a los campesinos y continuó construyendo baños a 100 metros hacia arriba de la captación. “Nosotros tenemos que darle agua buena y de calidad a nuestros usuarios, pero en los análisis de la Secretaría de Salud estaba saliendo entre un 70- 76%, que es un riesgo muy alto. Los señores de Parques decidieron hacer unos análisis por aparte, y muy milagrosamente de un mes al otro bajaron al 19%; los análisis anteriores jamás habían bajado eso. Sin hacerle ningún tratamiento al agua, milagrosamente bajó”, explica Emilio.

Este problema, sumado al escándalo de un grupo de supuestos ambientalistas que se grabaron jugando un partido de fútbol en pleno glaciar, y prácticas de turistas como deslizarse con cojines de aserrín, llevó a que los campesinos en conjunto con los indígenas U'wa decidieran cerrar el parque con el fin de exigirle a esta entidad una regulación del turismo. Fue así como gracias a la unidad entre la guardia indígena y los campesinos comenzó el cierre del Cocuy el 29 de febrero de 2016, que se llevó a cabo durante 14 meses, finalizando en abril del 2017.

Emilio cuenta que durante esta época las mediciones al agua bajaron sus índices hasta un 38%, además consiguieron que Parques Nacionales se comprometiera con una serie de medidas como hacer un estudio sobre las especies nativas y las afectaciones a los acueductos que dejan los visitantes. Sin embargo los índices, una vez se reabrió el parque, volvieron a subir, y entonces en agosto de ese mismo año los campesinos intentaron bloquear nuevamente el acceso, pero en esta ocasión la fuerza pública intervino evitándolo, y ahora los campesinos que participaron, como Emilio, tienen un proceso judicial en curso.

“Nosotros no estamos en contra del turismo, aquí se puede hacer turismo, que lo haya, pero le hemos rogado a Parques Nacionales que lo reglamente y nunca lo ha hecho, y si se hace un reglamento al otro día ellos se encargan en violarlo porque ha sido así, entonces para qué nos sentamos con esta gente a dialogar”, reclama Abdenago Buitrago.

La delimitación
La desconfianza, al igual que la confianza, se cultivan. En el caso de la relación de las comunidades del Cocuy con el Estado, la primera ha cosechado sus frutos más conflictivos; la relación con Parques Nacionales es uno de ellos, y también lo ha sido la apuesta de delimitar el páramo que compromete al Gobierno nacional, a la Corporación Autónoma Regional – Corpoboyacá- y al Instituto Humboldt.

Esta apuesta comenzó en el 2011 con el Plan Nacional de Desarrollo –PND– del primer gobierno de Juan Manuel Santos, en el que el artículo 202 determinó que “en los ecosistemas de páramo no se podrán adelantar actividades agropecuarias”. Esto fue ratificado en su segundo PND y posteriormente en la Ley 1930 que se firmó a un mes de finalizar el periodo presidencial de este mandatario en 2018.

La delimitación, sustentada en los estudios llevados a cabo por el Instituto Humboldt, determina que la cota del páramo comienza a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar, y comprende una zona de 300 metros de amortiguación. El proceso, según los campesinos, se ha llevado a espaldas de la comunidad, la cual aún hoy no comprende cómo le van a prohibir hacer algo de lo que toda la vida ha vivido. Para los parameros no tiene sentido que se les persiga como si fueran narcotraficantes, “claro, hay que proteger los páramos, estamos de acuerdo con que hay que hacer prohibiciones de todo tipo de exploraciones y actividad minera, pero no se puede igualar el impacto que generan la minería, las grandes multinacionales, con las actividades agropecuarias”, sostiene Faiber Ricardo Garzón, representante del sector pecuario en el Comité del habitante y campesino del municipio de El Cocuy.

La defensa de los campesinos radica en que principalmente ellos siembran pocas hectáreas: “la mayoría de gente lo máximo que siembra son 10 cargas de papa que eso da únicamente para el sustento de sus familias”, dice Campos Tarazona, ex alcalde, presidente de la asociación de las JAC y miembro del Comité. Los campesinos alegan que son ellos, al igual que los indígenas U'wa, quienes realmente están protegiendo los páramos.

Otro ejemplo de este conflicto en el departamento se presenta en el páramo Guantiva-La Rusia, ubicado en la margen de Boyacá con Santander. La resolución que delimita este páramo salió en junio del 2017, y según los campesinos del municipio de Tutazá, al día de hoy Corpoboyacá no ha siquiera socializado sus implicaciones.

Para Carlos Fuentes “la mayoría de campesinos no conoce la problemática de los de páramos. Mirando mi municipio, Tutazá, el 76% del municipio es páramo, que en este caso es la zona productiva del municipio, donde se mueve la economía y está la mayor cantidad de población. Pero con las zonas de amortiguación que el gobierno plantea, el municipio se vería afectado el 100%, porque el 24% restante alcanza a estar a 500 metros de lo que coge la zona de amortiguación”. Este joven campesino hace parte de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – ANJECO –, vive durante la semana en la academia y los fines de semana en el jornal, e insiste en que esta apuesta hace parte del proyecto de país de un campo sin campesinos. Carlos es alto, muy atento y siempre sonríe al hablar, él ha heredado la experiencia de defensa del territorio de su familia.

La alternativa que propone el Gobierno a los campesinos para dejar su vocación agrícola es el pago por servicios ambientales, unos bonos por dejar de cultivar, pero que según Carlos son rechazados por ser una miseria: 30 mil pesos por hectárea cada mes, máximo 40 mil, y teniendo en cuenta que los campesinos en esta región si mucho tienen 10 hectáreas, deja a todos los habitantes sin siquiera considerar hacer cuentas con estos bonos.

Mientras recorremos el páramo, Carlos me continúa comentando que las malas prácticas agrícolas que existen en el territorio son generadas principalmente por grandes empresarios del cultivo de la papa. En el caso de Tutazá, son apenas tres personas que siembran entre 3000 y 4000 bultos, que son aproximadamente entre 100 y 200 hectáreas: "como se puede observar, alrededor de los acueductos se encuentran envases de agrotóxicos, costales, ellos destruyen y por culpa de unos pocos somos estigmatizados”.

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –Asonalca–, con presencia en ambos municipios, expone que la gobernanza es un término que queda totalmente fuera de contexto con este tipo de políticas: “aquí no hubo acuerdos, ni mucho menos interacción entre Gobierno y los campesinos, por el contrario, con esta ley hay cada vez menos oportunidades y más problemas”.

La realidad con el descontento de los campesinos, a causa del mal manejo del proceso de delimitación, es un llamado a los actores institucionales para pensarse las metodologías para la construcción de una política pública, que debe incluir en la toma de decisiones a quienes son actores principales en cada uno de los territorios. Abdenago, Carlos Fuentes, Emilio y Tránsito tienen una mirada sobre el páramo que responde a una experiencia vivida por años y deben ser incluidos en el ejercicio de la gobernanza del páramo.

Al respecto Miguel Ángel Tavera afirma: “los campesinos en cualquier lugar de Colombia saben qué es un páramo y la riqueza natural del páramo, además porque la ven, la viven y la comen, no la desconocen. Al lado del páramo hay ciervos, dantas, el campesino sabe; el problema es que los tenemos que meter en la cadena de tomas de decisiones de la delimitación, no como agentes donde se les socializa el punto final, no. Son agentes tomadores de decisión, para llegar a eso seguramente hay que empoderarlos de conocimientos, pero forma parte de una metodología... el Estado no puede delimitar un páramo si el Estado no vive al lado del páramo, no lo va a gobernar, lo va a gobernar el grupo ilegal o el campesino, ¿qué es mejor? Empoderar el campesino en la gobernanza del páramo correctamente”.

En este mismo sentido, el reconocimiento de las propuestas de los campesinos y de sus figuras de ordenamiento territorial pueden ser pistas para la solución de los conflictos. Este es el caso de los Territorios Campesinos Agroalimentarios que algunas organizaciones de la región, como Asonalca, vienen promoviendo. Son territorios que se organizan bajo planes de vida que deben tener en cuenta los procesos socio ambientales, como las prácticas y producción con relación a la tierra, la naturaleza y el agua, pero que además promueven el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que sigue siendo en últimas uno de los grandes asuntos sin solucionar en Colombia, y que podría ayudar a solventar parte de estos conflictos.

Esta historia comenzó aproximadamente en los años 80 cuando estas tierras fueron colonizadas y la gente subsistía de la naturaleza y del trabajo de sus manos. En el 90 se vino el boom petrolero para el departamento de Arauca, que jugó con la inocencia y la ignorancia de los campesinos, que pensaron que el petróleo iba a traer prosperidad a nuestros terrenos. Nunca se imaginaron que las empresas transnacionales y el Estado iban a desplazarlos, que los campesinos iban a pasar de ser pobres a ser miserables; porque un campesino sin tierra no es campesino.

El Estado usó la Policía nacional y el Ejército contra los campesinos. Tumbaban las casas, arrancaban los cultivos, los envenenan, llevaban a la gente a la cárcel de la capital, los tenían tres meses y luego los soltaban. En el 91, cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Por ese acoso constante la gente decidió salir de los territorios, pero con una promesa del Estado. Hay un acta firmada por el Incora [extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria], la empresa Occidental Petroleum -OXY, y las comunidades, donde el Estado se comprometió a reubicar la gente en un plazo máximo de 30 días. Le pagaron unos dineros irrisorios a la gente, y esos treinta días se volvieron una eternidad. 175 familias se desplazaron de este territorio. En ese tiempo el tema de la planificación no era muy común, entonces las familias eran numerosas.
Un campesino metió una tutela para que restablecieran el derecho a la tierra. Inmediatamente el Consejo de Estado le dio la orden al Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] que reubique a los campesinos. Los campesinos pensaron que era una victoria, que todos íbamos a tener nuestro pedazo de tierra. Pero el Estado no podía titular un terreno donde existiera petróleo. Y desafortunadamente para nosotros los campesinos araucanos, estamos parados encima del petróleo. Eso se nos convirtió en un martirio y en una burla hacia nosotros. Cuando pasaban los campesinos buscando dónde comprar, decían: “ahí van los compradores de tierra”.

El ocho de octubre del 2013 decidimos recuperar el territorio. Entramos e inmediatamente nos encontramos con la Policía, el Ejército, la Sijín, y la seguridad privada de la empresa. Nosotros empezamos a talar y a sembrar, y la Policía detrás a arrancar y envenenar. Era tal la humillación que nosotros no reconocemos a la Policía y al Ejército como una institución, para nosotros son unos mercenarios. Tenemos un compañero que no hace mucho salió de una cirugía, le estaban sacando una bala del cráneo. Otro compañero tiene como veinte tiros.

Tumbaban los cambuches, botaban la comida, se repetía la historia del 95. Hasta que decidimos que si nos iban a sacar de aquí tendría que ser con los pies de pa' delante. Decidimos usar nuestras armas de trabajo y empuñarlas para defendernos. El campesino dijo: “si usted me pega un tiro, yo le pego un machetazo”. El mensaje no era agresivo, sino decirles que estábamos decididos a morirnos por el territorio.

Nos hicieron miles de propuestas. La compañía nos ofreció otros territorios, pero nosotros queríamos nuestro territorio. Muchos de nosotros nacimos aquí, o al menos aquí nos hicieron los papás. El día que mi padre me trajo acá… uno siente como una energía. Él me decía: “mire papá, aquel era el palo, se acuerda, aquí había un zorrocuco, si usted se ponía a llorar lo callábamos era con eso”; que mire, nos encontramos la piedra donde hace veinte años afilaba la rula. Era ese llamado, ese sentimiento, ese interactuar con la tierra lo que nos aferraba más al territorio.

La OXY demanda 16 campesinos por cuatro delitos: daño ambiental, hurto, daño a la propiedad privada, y amenaza a la fuerza pública; nosotros amedrentando a esos pobres señores que llegan aquí como cuando Rambo va a los otros países: fusil, pistola, un cuchillo, granada, chaleco antibalas, cascos, mira telescópica.

***


La voz es de Nixon Torres, presidente de junta de la retoma de tierras del complejo petrolero Caño Limón; el drama también.
Estamos reunidos en lo que los habitantes de la vereda El Vivero, del municipio de Arauquita, llaman escuela: aproximadamente 40 metros cuadrados de tierra pura y dura, bancas sin espaldar hechas de madera, 12 vigas también de madera y un techo formado con láminas metálicas. El bochorno anestesia el cuerpo. Un perro negro y famélico es asediado por un ejército de moscas que no lo dejan dormir. El alarido de los insectos y el canto de las aves invade la instancia como una marejada.

A metros de nosotros, al lado de una masa de agua marrón sin oxígeno, entre plataneras y árboles nativos, un cambuche que hace las veces de casa y una cocina artesanal. Según Nixon, el charco en mención es uno de los 29 esteros y ríos navegables que componían la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora destruido por la OXY cuando instaló los más de 200 pozos del complejo petrolero Caño Limón.

De las más de 100.000 hectáreas que componen Caño Limón, Nixon y otras 98 familias han recuperado 4000. Allí siembran plátano, maíz, ahuyama, yuca, cacao, lechuga, maracuyá, papaya, guanábana, y cítricos. Actualmente la comunidad discute la posibilidad de declarar sus tierras como un Territorio Campesino Agroalimentario. Aunque el territorio está en proceso de división, se ha acordado que en el momento de la repartición se les dará la misma cantidad de tierra a todas las familias, sin importar si en el pasado eran dueñas de tres o de 40 hectáreas.

La vocación de Nixon y sus paisanos demuestra que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Tanto Colombia como Arauca son territorios campesinos, agrícolas y pecuarios. Las comunidades no viven del petróleo, subsisten de lo que produce la tierra y la cría de especies menores. Lo que trajo el petróleo a las zonas donde hay reservas, oleoductos o refinerías, es crisis ambiental, social y humanitaria.

***


Primero en el vocabulario de la gente era la invasión de Caño Limón. De la invasión cambiamos a la retoma. Hoy en día se habla de la vereda El Vivero. Hemos ido progresando en el lenguaje también.
Han utilizado toda clase de estrategias. Fuimos amenazados con el paramilitarismo. En la entrada de la vereda amanecieron un día los árboles pintados con letreros de las AUC. Manipularon a la inspectora de Arauca para hacer un desalojo en un territorio que no le correspondía. También amenazaron a Jesús Hernando Mancera, personero de Arauquita, porque defendió nuestros derechos, le tocó irse del municipio. Han aparecido personas armadas con ganas de joder a los líderes de la retoma. A mi particularmente me ha tocado salir como tres veces.

En la entrada de la vereda nos pusieron una reja con candando. Después nos hicieron una manga con alambre de púa. Ellos nos tapaban un camino y nosotros nos metíamos por otro. Cuando nos ponían la seguridad ahí, nos pasábamos por los esteros, porque nosotros sí conocíamos el territorio, porque era nuestra casa.
En el trayecto entre Caño Verde y La Yuca no se podía bajar ningún pasajero (el campo petrolero está ubicado entre estos dos sectores. En cada punto existía un retén militar que hasta el día de hoy se mantiene). Era un problema para que los carros lo trajeran a uno. Se metía en líos el conductor porque allá tenía que decir cuántos pasajeros iban, y cuando usted pasaba La Yuca revisaban si se había bajado alguien. Cuando ya sabían que estábamos aquí nos hacían quitar las botas. Se llevaban las cédulas y les tomaban fotos. La compañía tenía un bloqueador de señal, la señal de los celulares y de internet se iba. En los desalojos era un problema para que pudieran entrar al territorio las personas que venían a apoyarnos jurídicamente.

Ahorita les tocó aceptar que estamos aquí, que somos una realidad. A veces se ponen cansones pero El Vivero también se ha ganado una fama de que, si me grita lo grito, y si me toca dar puño pues doy puño.

La compañía nos ha llamado para que pactemos unas reglas de convivencia. Nosotros les decimos que no tenemos nada qué pactar con ellos. Que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros lo que hacemos es labrar la tierra. Quisiéramos que no sacaran el petróleo, pero desafortunadamente ya lo están sacando. En estos días se nos viene una batalla bastante campal con la compañía. La OXY va a construir unas plataformas en unos territorios donde no hay plataformas. Esa va ser nuestra lucha ahorita: no dejar que exploten ese pozo. Yo creo que los jurídicos tienen que irse preparando.

***


Esta retoma continuará…

Con el último rayo de sol, asiste también la incertidumbre. En el sur de Yopal, Casanare, 776 familias se aferran a lo poco que tienen, que para ellas es tanto como su esperanza de vida, deseando que no llegue esa noche en que funcionarios con su fuerza pública intenten de nuevo despojarlas. Luego de soportar durante años la exclusión, la pobreza y un conflicto ajeno, en el 2016 se asentaron en predios de la que hoy es conocida como ciudadela La Bendición, y pese a que solo piden una oportunidad para vivir mejor, hasta allí solo llega la fuerza brutal del Estado, y el estigma de una sociedad que les ve como drogadictos, prostitutas o ladrones.

I


Marly García parece de acero. Vive en La Bendición y es una de las líderes más importantes de su comunidad. Su andar y su fuerza se dejan ver inagotables, pese a que desde que tiene memoria ha estado inmersa en un círculo en el que nunca eligió estar: el de la violencia y el abandono estatal. Nació en San Bernardo, Cundinamarca, y a los 10 años quedó embarazada de uno de los tíos que abusaba sexualmente de ella. Aunque quiso abortar, finalmente su hija nació. Esa misma tarde una enfermera la sacó de la habitación, pero nunca regresó con ella; la familia de Marly se la había llevado y dado en adopción.

Marly salió en búsqueda de su hija. Sin encontrar resultado, calló en la drogadicción y tocó fondo. Durante cinco años conoció las penurias de la calle, hasta que un día un angelito, como ella la llama, la encontró y la llevó a una fundación. A los 19 años salió de allí renovada, sin saber que el camino que le esperaba era todavía largo. Llegó a Planadas, Tolima, y de allí la desplazaron los paramilitares. Entonces se fue para Florencia, Caquetá, y los mismos la desplazaron nuevamente. Regresó a Cundinamarca, y en Pasca la desplazó la guerrilla.

Con fuerza todavía, reinició su vida en Fusagasugá. Trabajaba y tenía una relación sentimental. Pero un día, al regresar de su trabajo, observó cómo su pareja sacaba las pertenencias de su casa. Marly lo siguió en un taxi y se percató de llamar a la Policía. Al llegar, encontraron un expendio de drogas y otras tantas cosas robadas; en ese instante fueron capturadas cinco personas. A Marly la amenazaron, y días después la hirieron brutalmente. Quedó en coma durante 16 días, y con una fractura más en su ya golpeada vida…
Entonces se fue para Casanare. Conoció a su actual compañero, un hombre, como ella, maltratado por la vida. Empezaron a trabajar en fincas, pero el pago era ridículo para tanto trabajo. Se fueron a Yopal a pagar un arriendo y se atrasaron dos meses, por lo que la dueña de la casa le sacó todas las cosas a la calle.

Era 2016, y el asentamiento en La Bendición apenas iniciaba. Su mejor y quizá última opción fue sumarse a ese grupo de personas que, desplazadas y ultrajadas por un sistema excluyente, se estaban tomando esas tierras para levantar un techo y construir vivienda. Fue allí donde, sin dimensionarlo, tanta adversidad se convirtió en su mayor fortaleza para ayudar a quien la necesitara y liderar con entereza este proceso colectivo de enormes dimensiones.

II


La ciudadela La Bendición abarca 75 hectáreas. Estas tierras, ubicadas en la vereda San Rafael, pertenecían inicialmente a Jhon Jairo Pérez Barreto, testaferro del narcotraficante Germán Sánchez, alias “Coletas”. Y aunque la Fiscalía ya había ocupado estos terrenos con fines de extinción de dominio, Pérez Barreto se los vendió a Jhon Jairo Torres, conocido en la región como Jhon Calzones, con la condición que estas tierras fueran utilizadas para la siembra de palmeras.

Pero Jhon Calzones tumbó todos los árboles y, pese a que no obtuvo licencia de Planeación municipal para construir, ni de Corporinoquia para hacer pozos profundos, empezó a lotear. Miles de lotes de 6 x 15 metros fueron vendidos a familias pobres con la esperanza de construir por fin su vivienda propia.

Por las “facilidades” que Jhon Calzones ofreció a las personas, algunas pagaron 30 millones de pesos, otras pagaron cinco millones, y otras apenas 500 mil pesos. Con esto, Calzones logró constituir un movimiento también llamado La Bendición, que fue su principal palanca para llegar a la alcaldía de Yopal en el 2015, a pesar de que días antes de las elecciones ya había sido privado de la libertad por su responsabilidad en esta urbanización ilegal y por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, fue en los lotes que no habían sido vendidos –unos 2000 de los 10.000 que eran en total– en los que Marly y las 776 familias se asentaron desde principios de 2016. Se organizaron como comunidad y empezaron a instalar lo básico. Los problemas empezaron desde el primer día, tanto por las amenazas y persecución por parte de Calzones, como por la estigmatización proveniente, en la mayoría de los casos, de sus otros vecinos de la ciudadela que no hacen parte del asentamiento. Todo esto sin contar con la situación de precariedad con que han tenido que subsistir durante este tiempo, y con la amenaza constante de desalojos masivos o selectivos por parte de la administración municipal.

III


“Nosotros no tenemos agua potable… el agua está contaminada con materia fecal, porque al no haber alcantarillado lo que tenemos es pozos sépticos, y están filtrando y contaminando los pozos profundos y acuíferos. De las personas que hemos llegado aquí, la mayoría somos desplazadas, madres cabeza de hogar, discapacitados y de tercera edad. Dentro del 80% de personas que son desplazadas, hay un 20% de tercera edad, un 30% en pobreza absoluta, y los otros son discapacitados. También hay una gran parte de población afro. Ahorita hay nueve pacientes con cáncer... cáncer terminal, cáncer de huesos, de páncreas, en la matriz, de seno, y otra señora que tiene cáncer en una piernita”, es lo que explica Marly en cuestión de segundos cuando indagué por las condiciones de vida en el asentamiento.

–¿Esas enfermedades tienen que ver con el entorno en que viven?–, le pregunté con inocente esperanza.

–Claro mami. Yo le preguntaba a un doctor por qué a la señora le dio cáncer de páncreas, y me dijo: “porque se le reventó el hígado, se le contaminó todo el organismo”, ¿y por qué? Porque aguantan hambre. La señora nos cuenta que cuando tenía para comer no tenía para almorzar ni nada, y le tocaba era darle de comer a los niños. Con los pacientes que tienen cáncer de huesos, el médico me decía que es porque muchas veces llegan de trabajar cansados, se bañan, y eso produce el cáncer de huesos. Entonces, la pobreza que tenemos muchas personas nos está llevando es a buscarnos un cáncer–.

IV


Eran las 8:00 de la noche y el aire del Llano sofocaba todavía. Los zancudos atacaban sobre las pieles sudorosas. Aproximadamente 50 personas, entre habitantes de La Bendición, periodistas y defensores de derechos humanos estábamos reunidos en el asentamiento. Medio cubiertos por un techo de lata, escuchábamos las denuncias de la comunidad frente a su situación social. Marly ordenaba las intervenciones de cada persona, y en ocasiones complementaba lo que quizá por pena muchos no se atrevían a decir.

En un momento interrumpió entre angustiada y resignada para advertir a todos los foráneos que, en caso de que se fuera la luz, ingresáramos al salón, también de madera, latas y tierra, que estaba justo detrás de nosotros. Se generó un murmullo, por lo que Marly precisó su advertencia con una aclaración: “Lo que pasa es que aquí cualquier reunión que haga la comunidad, intentan sabotearla, pero no se preocupen”.

Aunque la reunión terminó en calma, la tensión en Marly era evidente. Y no era para menos, porque desde que asumió el liderazgo de la comunidad, organizada en la Asociación Juntos por una Vivienda Digna, ha recibido varias amenazas. Me contó más tarde que ese mismo día, estando en la Procuraduría, le llegó un mensaje de texto con una amenaza, “dicen que tengo hasta mañana a las 5 de la tarde para salirme de La Bendición, o que sino amanezco con la jeta llena de moscas”.

Por estos motivos, desde noviembre de 2017 Marly tiene un esquema de seguridad, y aunque al principio no quería aceptarlo, se dio cuenta que para poder ayudar a su gente, también tenía que proteger de alguna manera su propia vida, aunque fuera absurdo: “para mí es muy triste levantarme muchas veces y salir de la casa sin tener con qué tomarme siquiera un tinto, pero con dos personas armadas al lado mío y en un carro bien bonito… además ellos solo trabajan 10 horas, entonces estoy sola por la noche que es cuando me han disparado o cuando aparece gente con armas”.

V


Marly debe tener unos 35 años, y aunque las marcas de su trajinada vida son visibles en su rostro, no ha perdido la firmeza. Por eso persiste, no se abandona ni abandona a ninguno. No quiere defraudar la confianza que la comunidad depositó en ella cuando la eligió como presidenta del proceso, luego de que otros desistieran producto de las mismas amenazas. “Eso fue cuando iban a hacer uno de los tantos desalojos que han intentado hacernos. Entonces nos reunimos y empezamos a decirnos que tocaba organizarnos, y como yo gestionaba para la gente enferma, dijeron que querían que yo empezara a liderar”.

Ahora como líder sabe que muchos en el barrio dependen de ella, porque por su gestión es que varios tienen comida o acceso a la atención médica. “Muchas veces me voy para las universidades a tratar de buscarles capacitaciones a las mujeres, para que hagan manualidades desde sus casas y puedan trabajar mientras cuidan a sus hijos, y tener con qué darles de comer”, expresa satisfecha.

–Marly, ¿cómo te sueñas el barrio?

–Yo me lo sueño con sus casitas, con su cancha, con su parque, con un jardín infantil, con un colegio, y lo primordial, un centro de salud. A nosotros nos gustaría una reubicación porque ahí así legalicen, la problemática va a continuar y seguiría la discriminación por parte de los que dicen ser engañados.

–¿Pero en caso de una reubicación te gustaría que pudieran continuar todos juntos y organizados?

–Claro, sí. Para eso es que luchamos y por eso yo acepté liderar. En los estatutos de la asociación, que está legalmente constituida, dice que la lucha se va a dar hasta que quedemos todos reubicados, todos legalizados, pero unidos y con una vivienda digna.

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