“Esta parcela me da el pan para mi familia”

Arriba, la serranía de San Lucas que regularmente se cubre de niebla y guarda retazos de verde selva alto-andina. Abajo el imponente río grande de la Magdalena, el Gran Yuma (río de alta montaña) como lo han llamado nuestros hermanos mayores, los indígenas de esta nación. En esa franja intermedia, en el municipio de Morales, Bolívar, se desanchan esteros, humedales y caños que surten al gran río, y subiendo un poco están las colinas y valles de las estribaciones de la serranía. Allí, enclavado, está el caserío de Micoahumado con comunidades campesinas y agro-mineras que desde comienzos del siglo pasado –cuando esta región era selva y la explotación maderera pudo ser una posibilidad económica– se adentraron, fundaron sus fincas y, ampliando la frontera agrícola, se quedaron en este generoso territorio.

–Mira mi amigo, en este retacito de tierra es donde cultivo. ¡Esta tierra es muy buena, produce de todo! Es tan buena esta parcela que me da el pan para mi familia–, me comenta Pablo Santiago, un reconocido dirigente campesino que junto a su familia se ha dado a la tarea de configurar en Micoahumado un Territorio Campesino Agroalimentario, como los que viene impulsando el Coordinador Nacional Agrario -CNA en diferentes regiones del país.

La necesidad de desarrollar esta propuesta surge porque el Sur de Bolívar y la serranía de San Lucas se reconocen por la producción de oro, pero tanta riqueza y las expectativas de minería a gran escala contrastan con la pobreza de las comunidades campesinas que viven en medio del abandono estatal. Además, porque sobre esta región se adelantan ya varios estudios, uno de ellos involucra en su polígono a once municipios de esta esquina montañosa. El objeto de investigación es implementar figuras de conservación territorial bajo la tutela del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya sea un Parque Nacional Natural, o un Distrito de Manejo Integrado, que pretende focalizar unas zonas para la explotación minera, otras para la explotación agrícola y pecuaria y otras áreas de conservación total.

En este debate, las comunidades organizadas en la región advierten que el diseño y la implementación de cualquier forma territorial debe contemplar la inclusión de los habitantes de la región. Consideran que se necesita una figura territorial con gente que convive, produce y hace su cotidianidad a partir de este espacio físico; gente que cuenta con este espacio intangible, simbólico, cultural, que en consecuencia es un territorio cargado de memoria, de luchas y de resistencia. Es por eso que apuntan a la construcción de una figura territorial propia, con y desde las comunidades campesinas, agromineras y ribereñas.

Asegura Pablo Santiago que las veredas de Micoahumado, denominadas por el Sistema Nacional de Parques como zona 13, hacen parte de ambiciosos proyectos de minería, como ocurre con todo el Sur de Bolívar y la amplia región del Magdalena Medio. A la región la acorrala no solo la minería para la explotación de oro, sino que se ve afectada por el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, por proyectos agroindustriales de palma aceitera y hasta por estos planes de declaratoria de un Parque Nacional Natural de la serranía de San Lucas.

Este territorio “desde que lo conozco, hace más de 35 años, está en disputa. Aquí históricamente han estado las guerrillas, también en un tiempo entraron los paramilitares, esos tiempos fueron muy duros. Aquí también patrulla el Ejército nacional; y por estos lados la presencia del Estado es muy poca, pero eso sí, la militarización es bastante”. Pablo Santiago, como muchos campesinos, ha tenido que sobreponerse a las angustias y al acoso del conflicto social y armado, “no es cosa fácil porque además hay que cargar con la estigmatización que nos hacen los políticos y gobernantes, la fuerza pública y hasta los medios de comunicación”.

En esta región la amenaza de despojo es latente. Seguramente falta mucho oro por explotar, sin contar con otros minerales preciosos que quizá se esconden en esta montaña. Frente a esta preocupación, a las comunidades les urge avanzar en la constitución de una figura territorial que sea confiable, que garantice la permanencia en las parcelas; una figura territorial que sea reconocida, primero por las mismas comunidades y luego por las instituciones y gobiernos.

En estas serranías se cultiva piña, aguacates, fríjol y caña panelera. Abajo, en las llanuras que el Magdalena baña, se cuida ganado y se siembra arroz. Aquí los campesinos hacen soberanía alimentaria con el aporte de cientos de familias, cultivando café, cacao, plátano, maíz y yuca, cuidando de sus gallinas, cerdos y peces, porque no todos los que habitan la región son mineros.

Asegura Pablo Santiago que “nosotros insistimos en implementar el Territorio Campesino Agroalimentario porque entre tantas figuras territoriales, esta es la que nos da posibilidades reales de diseñar un plan de vida pensado y a la medida de nuestras comunidades. En esta construcción seguimos ordenando el territorio de acuerdo a nuestras necesidades y, sobre todo, respetando el entorno, haciendo uso racional de las fuentes de agua, la montaña, las cuencas y bosques, administrando responsablemente los bienes comunes”.

Los campesinos no serían capaces de convertir el río en una espesa y agresiva autopista para la carga pesada. No lo harán porque aman al río, lo admiran, le cantan y lo navegan con respeto en sus livianas canoas. Negros, campesinos e indígenas aseguran que hacen un aprovechamiento proporcionado, tomando lo necesario para la vida y así conservar el entorno, este que les facilita la vida y que esencialmente será la casa amable y segura de las presentes y futuras generaciones.

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Isaac Marín Lizarazo

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