Nelson Orrego

Nelson Orrego

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 139 JUNIO 2018)

A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

Se ha vuelto lugar común decir u oír decir que el país está pasando por la peor temporada invernal de los últimos años. Los medios masivos a diario cuentan por miles los damnificados producidos por las lluvias en todas las regiones del país. Lo que nunca se había escuchado es que el ejército sirviera para controlar este fenómeno, producto del maltrato al que la voracidad capitalista ha sometido al planeta.

 

La hacienda Las Pavas tiene aproximadamente tres mil hectáreas de extensión, la mayoría de las cuales están ubicadas en jurisdicción del municipio El Peñón, al sur del departamento de Bolívar. De allí fueron desalojadas el 14 de julio pasado por fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía 123 familias de campesinos, aproximadamente 600 personas, para entregarle el predio a las empresas de palma Aportes San Isidro y Comercializadora Internacional Tequendama, ambas pertenecientes al Grupo Daabon, propiedad de la familia Dávila Abondano del departamento del Magdalena, cuyo pasado deja mucho que desear. Este despojo ha contado con la complicidad de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, que han favorecido irrestrictamente a los empresarios. 

 

 En una acción solidaria con los campesinos desalojados de la hacienda Las Pavas, se organizó una comisión conformada por 25 personas integrantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales. La Comisión se dirigió al corregimiento Buenos Aires del municipio del Peñón, a donde se han refugiado los campesinos sacados a la fuerza de sus tierras. Al llegar allí, nos dispusimos durante varios días a escuchar los testimonios de los campesinos y sobre esos testimonios, Periferia reconstruye la historia del despojo de estas 600 personas.

Camino al despojo
En medio de un campamento construido con palos y plásticos, hay una especie de salón comunal donde nos reunimos con los campesinos; unas 80 personas se dispusieron a contarnos cómo han sido tratados por las diferentes autoridades hasta llegar al más reciente desalojo del 14 de julio. Comienzan contando que en la época de oro del cartel de Medellín, a mediados de los años 80, de vez en cuando hasta predios de la hacienda Las Pavas llegaba un grupo de hombres vestidos de civil y fuertemente armados y que, según los comentarios de los campesinos que vivían alrededor de la hacienda, eran los escoltas del mafioso Pablo Escobar Gaviria, propietario de la finca que iba a descansar allí. “Cuando Pablo venía por acá nos prohibían ir a trabajar a las parcelas y salir del caserío, nos daban plata para nuestro sustento pero durante los días que ese señor estuviera por acá nadie podía hacer nada ni irse para ninguna parte”, cuenta uno de los líderes rememorando sus épocas de juventud. “Posteriormente, poco después que fue asesinado el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el ejército allanó la hacienda buscando a Pablo Escobar”.

Después de este allanamiento, la persona que aparecía como dueña de la  hacienda, el señor Jesús Emilio Escobar Fernández, la abandonó, quedando durante más de 10 años como predio sin ningún tipo de uso productivo. En 1997, y a raíz de la falta de tierras para cultivar y producir sus alimentos, 123 familias ocuparon el predio y comenzaron a cultivar allí productos de pancoger y algunos productos para comercializar, como cacao. Fue ahí cuando decidieron agruparse en la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires – Asocab. Se mantuvieron allí hasta el año 2003, cuando un grupo de paramilitares reunió a los campesinos de Las Pavas y de Buenos Aires y les notificó que a partir de aquel momento quien quisiera preservar su vida tenía terminantemente prohibido volver a trabajar en esas tierras. Simultáneamente los “paras” establecieron su base en el corregimiento Papayal, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y comenzaron a correr por el río que comparten Buenos Aires y Papayal cuerpos humanos descuartizados. Ante las amenazas y la evidencia de que los paras estaban dispuestos a cumplirlas, los campesinos de Asocab decidieron salir de la hacienda y refugiarse en Buenos Aires.

En los siguientes tres años, los campesinos se decidieron a regresar de a poquitos a la hacienda Las Pavas; pudo más la necesidad de cultivar alimentos para resolver al menos el problema del hambre que el miedo que les producían las amenazas de los paras. En 2006 las 123 familias estaban de nuevo ocupando completamente la hacienda y arrancaron nuevamente sus actividades agrícolas. En 2007 acudieron al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder- para solicitar que se iniciara un proceso de extinción de dominio de ese predio, pues, de acuerdo con el artículo 52 de la ley 160 de 1994, el propietario había dejado de ejercer posesión del predio por más de tres años continuos. Y es que justo en ese año se completaban los 10 años desde que Jesús Emilio Escobar dejó abandonada la hacienda. Se realizaron algunas diligencias por parte de la Unidad Nacional de Tierras para verificar la veracidad de lo declarado por los campesinos en el sentido de que el predio había sido abandonado por su propietario, y en vista de que se pudo corroborar se procedió a abrir el proceso de extinción de dominio por parte del Incoder un año después de presentada la solicitud por parte de los campesinos. Este proceso está pendiente de una resolución definitiva.

Las empresas palmeras entran en el escenario
A comienzos de 2009, los campesinos decidieron darle un empujón a su actividad agrícola y consiguieron un crédito para sembrar cacao y obtener así algunos ingresos económicos para subsanar sus necesidades, lo que no significa que renunciaran a su actividad agrícola de cultivar productos de pancoger, sino que la complementan con la siembra de cacao.

Pero entonces entran al escenario las empresas palmeras Aportes San Isidro y Comercializadora Internacional Tequendama, quienes presentan ante la inspección única del municipio del Peñón una querella de amparo de la posesión por ocupación por vía de hecho contra los campesinos y alegan ser los propietarios de este predio que, según dicen, le compraron a Jesús Emilio Escobar. La inspección decide la querella a favor de las empresas, desconociendo que hay un proceso de extinción de dominio de este predio en contra de Jesús Emilio Escobar por abandono de la hacienda, y ordena el desalojo de los campesinos y la “restitución” del predio a las empresas querellantes. Los campesinos interpusieron una acción de tutela y el juzgado Promiscuo de San Martín de Loba falló en su favor y revocó la orden de desalojo emitida por el inspector de El Peñón. El juez argumentó que la inspección violó el debido proceso al ordenar una acción de hecho sin tener en cuenta los antecedentes de las acciones jurídicas adelantadas por los campesinos. Las empresas impugnaron el fallo y el juzgado de segunda instancia revocó la decisión del juez y revivió la orden de desalojo.

¿Quiénes son los propietarios de las empresas palmeras?
Las empresas que han adelantado toda serie de intrigas legales e ilegales para lograr apropiarse de la hacienda Las Pavas son Aportes San Isidro S.A. y Comercializadora Internacional Tequendama. Ambas son propiedad del Grupo Agroindustrial Daabon Organic., que toma su nombre de los apellidos Dávila Abondano y se dedica a tres actividades económicas: Los agrocombustibles, de los cuales se encargan las empresas Aportes San Isidro, Comercializadora Internacional Tequendama, La Comercializadora Internacional Palmares de Río Viejo - Riopalma, La Terminal de Graneles Líquidos del Caribe S.A, y la Planta de Biocombustibles del Caribe S.A. El segundo renglón es el de la producción y comercialización de banano del que se encargan las empresas Comercializadora Internacional La Samaria, la Fundación Social Dávila BioBanana – Fundabanana y la Fundación de los Trabajadores de las Bananeras. El tercer renglón productivo es el de producción y comercialización de café orgánico y otros productos del que se encargan las empresas Comercializadora Internacional Kyoto S.A. y Ecobio Colombia. Su actividad productiva y comercial está orientada fundamentalmente para la exportación de sus productos a Japón, Corea, Holanda, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Alemania, y para ello cuentan con certificaciones de buenas prácticas ambientales y sociales que, según algunas averiguaciones en curso, no han sido conseguidas de manera transparente.

Este grupo fue conformado por la familia Dávila Abondano, de tradición terrateniente en el departamento del Magdalena, pero también conocida a nivel nacional por su tradición politiquera y porque al menos dos de sus miembros se han visto envueltos en asuntos criminales: Eduardo Dávila Armenta pagó una condena por narcotráfico y actualmente está siendo investigado y se encuentra detenido por concierto para delinquir agravado por sus nexos con los paramilitares comandados por Hernán Giraldo, y por homicidio agravado. Otro de los miembros de esta familia, el exgobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, está siendo procesado por paramilitarismo, ya que fue uno de los impulsores del llamado “pacto de Chivolo”, que es un documento que se firmó en una reunión que se llevó a cabo entre diferentes personalidades políticas magdalenenses y el jefe paramilitar Jorge 40. De esa reunión, realizada en el año 2000, José Domingo Dávila salió ungido como candidato a la gobernación del Magdalena, cargo que ganó y ejerció entre 2001 y 2003. Dentro de su tradición politiquera, el grupo Daabon participó también en las más recientes elecciones para la alcaldía de Santa Marta, en las cuales salió electo Juan Pablo Diazgranados Pinedo, que hasta antes de posesionarse era el director de la división de finanzas del grupo Daabon. La familia Dávila Abondano aportó también a través de diferentes empresas pertenecientes al grupo Daabon, al fondo del referendo que busca la segunda reelección de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia. Los aportes, según la página de Internet de periodismo investigativo primerapagina.com, fueron: C.I. La Samaria: 15 millones; C.I. Tequendama: 15 millones; C.I. Banasan: 50 millones.  

Seguramente el grupo Daabon a través de las empresas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama están felices con las acciones de apoyo de la familia presidencial al cultivo de palma africana. Cuentan los campesinos de Las Pavas y algunos pobladores de los municipios de Arenal y Río Viejo del departamento de Bolívar que en los meses de febrero y abril de 2009 Jerónimo Uribe Moreno ha realizado dos visitas a la hacienda Chipre, ubicada en el municipio de Río Viejo; durante estas visitas ha impulsado el incremento del cultivo de palma en la región.  Así mismo cada que ha tenido la oportunidad el presidente Álvaro Uribe Vélez, ha hecho vehementes llamados para que se aumenten el número de hectáreas de palma sembradas en el país, ya que a su juicio “éste es un cultivo que permite generar ingresos hacia la revolución educativa por la competitividad que demanda la producción de la palma. También permite la ampliación de la protección social porque, en la medida que reivindica amplias masas campesinas, facilita el acceso de estas al sistema de protección. Y, estimula la generación de empresas de economía solidaria”. Ha dicho también el presidente que “el cultivo de la palma de aceite permite, de manera excelente, avanzar en el país de propietarios porque, lo que amenaza el concepto de empresa privada es la falta de capacidad del capitalismo para generar nuevas empresas y nuevos empresarios, pero en el caso de la palma de aceite la situación es contraria”.

Así las cosas, nadie puede extrañarse de la posición asumida por los jueces y demás autoridades frente a la querella interpuesta por el grupo Daabon. Por eso el 14 de julio pasado unos doscientos agentes del escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad – de la policía nacional rodeó el predio, impidiendo la entrada y salida de las personas que allí se encontraban, entre las que estaban los campesinos y representantes de diferentes organizaciones sociales que habían llegado hasta allí a acompañarlos y apoyarlos en su acción de resistencia frente al desalojo.

Al frente de los llamados robocops, como les dicen popularmente a los Esmad, se encontraba el inspector de El Peñón, Omaldo García Capataz, y a su lado se encontraba el abogado de las empresas palmicultoras quien, según los campesinos, era el que le daba las órdenes al inspector. También hicieron presencia allí funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal del Peñón, quienes le insistían al inspector sobre la ilegalidad del acto; pero el inspector, alegando no ser abogado, mantuvo su decisión de desalojar a los campesinos para complacencia de las empresas palmeras. Las únicas personas que pudieron mantenerse en el predio fueron tres mujeres cabeza de familia a las que un juez de San Martín de Loba les tuteló su derecho al trabajo, ellas quedaron rodeadas de los policías que custodian la hacienda y tienen expresamente prohibido adelantar cualquier tipo de labor agrícola en estas tierras, así sea solo el mantenimiento de los cultivos de maíz, ahuyama y otros productos de pancoger que se están ahogando en la maleza.

Paradójicamente, el mismo juez que permitió la permanencia de tres mujeres en el predio sin poder adelantar ningún tipo de labor agrícola, en un acto de malabarismo jurídico sin precedentes tuteló también el derecho que tienen las empresas palmeras a ocupar y trabajar este mismo predio. En una visita que hicimos para verificar las condiciones de las tres señoras, encontramos que las empresas palmeras ya tienen allí un tractor y un grupo de personas trabajando en un pequeño cultivo de palma que lograron sembrar hace unos meses, cuando llegaron y por la fuerza destruyeron el cultivo de cacao de los campesinos. Toda la actividad de las empresas palmeras está siendo protegida por un piquete de unos 20 policías que están allí acantonados y que han tomado la única vivienda que sobrevivió a la destrucción del día del desalojo como su sitio de vivienda. En una de las habitaciones de esa casa, rodeadas de camuflados, fusiles y carpas militares, se hacinan las tres campesinas que permanecen en el predio.

A unos 40 minutos de Las Pavas, las 120 familias restantes que se refugiaron en el corregimiento Buenos Aires se preparan para recuperar estas tierras que ellos consideran propias.

La Comisión de Interlocución del sur de Bolívar conformada por la Federación Agrominera del sur de Bolívar, los espacios humanitarios de la región, organizaciones comunales y que cuenta con el acompañamiento de organizaciones como La Corporación Sembrar y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Red de Hermandad y Solidaridad convocaron a campesinos y mineros del sur de Bolívar, a representantes de los gobiernos locales y nacional a debatir sobre el tema de la vida y el territorio en la región. La reunión, que formalmente era la primera que se realizaría,  estaba pactada para las 9 de la mañana del 30 de enero en el municipio de San Pablo (Bolívar) y había mucha expectativa de la gente por lo que allí se discutiría, más cuando una reunión que había el día anterior entre los alcaldes y los pobladores para conversar sobre el mismo tema no se realizó porque los alcaldes nunca llegaron.

 

Poco antes de las nueve de la mañana, unas 100 personas provenientes de diferentes municipios del sur de Bolívar ya estaban en la puerta del salón donde se realizaría la reunión, pero se abstuvieron de entrar cuando la policía destacada en el municipio intentó tomar los datos a cada uno de los que ingresara al sitio; entonces se habló con el alcalde de San Pablo quien levantó la orden de censar a los asistentes. Ya en el recinto y a punto de iniciar la reunión, ingresó la policía y se ubicó en los 4 costados del salón desde donde se podía ver y controlar fácilmente a los asistentes. Con la policía ingresaron dos jóvenes y uno de ellos de inmediato sacó una pequeña cámara digital y comenzó a fotografiar descaradamente a los campesinos, mineros y dirigentes de las organizaciones presentes en el salón, amparado por la policía de la que no se despegaba. El otro se dedicó a hablar por celular casi todo el tiempo.

Los representantes de la Comisión de Interlocución le pidieron a la representante de la Defensoría del Pueblo que se hallaba en el lugar que exigiera el retiro de los agentes de policía y que identificara al civil que estaba tomando fotos y las razones por las que lo hacía. Las razones para exigir el retiro de la policía es que este es un espacio trabajado desde la civilidad y en pro de la construcción de la paz, además hay una profunda desconfianza hacia la fuerza pública debido a su comportamiento de maltrato y atropello a la población. Pasó casi una hora para lograr que la Defensoría convenciera a la policía de salirse del salón y llevarse a los civiles que estaban con ellos allí. No se logró identificar al sujeto que tomaba las fotos, aunque se rumoraba que era un agente de la Sijín, tampoco se logró que borrara las fotografías que había tomado. Más tarde nos comentaron que era un muchacho de la región que había sido paramilitar y se mantiene con la policía para todos lados. Ninguna de las dos versiones pudo ser confirmada, pero sea lo que fuere, la policía los alejó del sitio de la reunión en un carro de la institución policial.

Con el ambiente tenso se inició la reunión. Además de los campesinos y los líderes regionales, estaban representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Medio Ambiente y del Incoder. Tres voceros de la Comisión de Interlocución presentaron una breve síntesis del camino recorrido para la defensa de su vida y su territorio, las movilizaciones, los incumplimientos del gobierno, las persecuciones y agresiones de las que han sido víctimas y la voluntad de campesinos y mineros de mantener espacios de diálogo y concertación con el gobierno nacional. Por su parte, los funcionarios gubernamentales plantearon su disposición a hacer acuerdos con los pobladores sobre el tema de la tierra en el sur de Bolívar.

Los intereses en juego
A propósito, este espacio de interlocución se denomina “Mesa de Vida y Territorio en el sur de Bolívar” y fue propuesto por organizaciones de la región con el fin de discutir con el gobierno nacional sobre la tenencia, la distribución y los usos de la tierra. Tema que tiene una actualidad tremenda hoy, cuando empresas multinacionales que explotan diversos recursos naturales han comenzado a explorar riquezas como el oro y el petróleo que contiene la región y han hecho acuerdos con el gobierno nacional para que se les entreguen esos recursos para su explotación. Así mismo, empresarios de la palma africana están muy interesados en expandir sus cultivos y apropiarse de una mayor cantidad de hectáreas que las que actualmente tienen. El tema de la tierra es muy sensible en la región sur de Bolívar, tanto campesinos como mineros saben que los recursos naturales abundantes que contiene la región despiertan la codicia de muchos.

En este contexto, hay una diferencia importante entre el gobierno nacional y las organizaciones de la región. El gobierno pretende levantar los impedimentos jurídicos que no le permiten titular de manera individual los predios en gran parte de la región, estos impedimentos están contemplados en las declaratorias de zona de reserva forestal y zona de reserva campesina que cubre una importantísima parte de los municipios del sur de Bolívar. A pesar de ello, el Incoder ha titulado algunos predios irrespetando lo establecido en la ley y ahora pretende hacer un nuevo delineamiento de la cobertura de las zonas de reserva campesina y de reserva forestal para así poder llevar a cabo o autorizar la realización de una serie de actividades que no están permitidas hasta ahora y que fundamentalmente son de orden económico a favor de las grandes empresas que  tienen interés en los recursos naturales de la región.

Por su parte, las organizaciones de la región plantean que antes que tomar decisiones, es necesario que el gobierno les informe a las comunidades sobre los recursos que ha identificado, las cantidades estimadas de los mismos, las propuestas que ha recibido para su explotación, la manera como serán explotados y qué se va a hacer para evitar el impacto económico, ambiental, social y cultural que se presentaría con la explotación indiscriminada de estos recursos.

Disposición del gobierno
Durante la reunión fue evidente el afán del gobierno nacional de allanar el camino para superar los limitantes jurídicos que impiden la titulación individual de predios, porque ellos saben que si esto no se logra será mucho más difícil cumplir los compromisos adquiridos con las multinacionales  para la explotación de los recursos de la región. Además porque saben que si hay titulación individual de los predios lograrán dividir a los pobladores entre quienes quieren título individual y quienes quieren título colectivo; sabe también el gobierno que la titulación individual es el primer paso para la expropiación legal o ilegal de las tierras.

En el transcurso de la reunión los campesinos presentaron muchas denuncias sobre el tratamiento de guerra que se les sigue dando, campesinos del municipio de Regidor denunciaron que están siendo despojados de las tierras por parte de empresarios de palma africana, agricultores de la zona centro de la región denunciaron con mucha preocupación la llegada de paramilitares de alias “don mario” que están ofreciendo dinero para financiar nuevos cultivos de coca, de una especie más rendidora que las conocidas en la región. Otros denunciaron las agresiones y señalamientos que la fuerza pública hace permanentemente contra los líderes señalándolos de guerrilleros y de enemigos del ejército. Por eso, aunque las organizaciones sociales de la región manifestaron claramente su disposición a seguir participando en los espacios de interlocución establecidos con el gobierno, tienen la suficiente claridad de que solo con el fortalecimiento organizativo, la unidad y la movilización podrán enfrentarse al propósito gubernamental de feriar los recursos naturales del sur de Bolívar.

A finales del año que acaba de terminar la junta organizadora del Carnaval del Diablo en Riosucio – Caldas le informó al maestro Ovidio Rúa Figueroa, teatrero y músico, que había sido nombrado “hijo adoptivo de Riosucio”. Esto en reconocimiento a su aporte cultural al carnaval, a su constancia en la participación activa en él y cómo reconocimiento a la vinculación estrecha de su hermano, el fallecido juglar Juan Guillermo Rúa, el primero de la familia que se enamoró de esta fiesta popular.
Conversamos con Ovidio a propósito de esta distinción y aquí está lo que nos contó.

Los orígenes del Carnaval del Diablo:

Sobre los orígenes del Carnaval del Diablo, les puedo contar lo siguiente: en la época de la colonia, lo que hoy es el municipio de Riosucio estaba dividido en dos caseríos: Quiebralomo y La Montaña. Quiebralomo estaba habitado por los esclavos negros traídos de África para trabajar en la minería y por los europeos, especialmente ingleses, dueños de las minas de oro de esa región. El otro caserío, La Montaña, estaba habitada por indígenas originarios de la región y por religiosos españoles que cumplían su labor de evangelizadores.

“La jornada de trabajo de nosotros comienza a las 3 de la mañana, cuando nuestras esposas se levantan a prepararnos la comida que llevamos para el ingenio, continúa al salir una hora  más tarde para el corte donde nos corresponda, y se extiende durante las 13 horas que toca estar allá voliando machete. Solo termina hacia las 9 de la noche, cuando regresamos a nuestras casas. Así día tras día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Así me ha tocado a mi desde hace 33 años que trabajo como cortero”. Estas son las palabras con que  José Roosvelt Cobo, uno de los dirigentes del paro que, desde el  15 de septiembre, adelantan 17.000 corteros de caña en Colombia, comenzó esta conversación con Periferia.

 

La esclavitud del cortero

“Yo soy casado y tengo tres niñas pequeñas. Mi esposa se encarga del cuidado de ellas y entonces la parte económica de la casa está a cargo mío. Pago 120 mil pesos de arriendo, de servicios más o menos 45 o 50 mil pesos, en comida, no muy buena, me gasto 200 mil pesos cada 15 días, y aparte de eso los gastos del estudio de las niñas y otros que no dejan de resultar. Entonces como uno no se gana lo que necesita para poder solventar los gastos de la familia, la manera de solventarlo es que en la tienda  pide fiado el mercado y cada que recibe el pago va abonando a la deuda para que le suelten otra vez más mercado. Entonces uno va quedando con una deuda acumulada que solo se puede pagar cada año, cuando le dan las cesantías, uno paga lo que debe y queda listo para empezar a fiar nuevamente al otro año.

Pero eso no es todo. En mi caso, que trabajo en el ingenio Providencia, tengo que estar en el corte a las 6 de la mañana. La madrugada depende de qué tan lejos esté el corte; por ejemplo, hay veces que me toca ir a trabajar a dos horas de donde vivo y en esos días salgo de la casa desde las 4 de la mañana. A las 6 empieza la jornada, cuando afila el machete, después el cabo le asigna un tajo de 6 matas de frente por 38 metros de largo. Uno empieza a cortar la caña voliandole machete todo el día, hasta las 7 de la noche que termina el turno.

A nosotros no nos pagan por día trabajado sino por lo que pese lo que cortamos en el día. Generalmente yo corto dos o dos toneladas y media diarias, que las pagan a 5.700 pesos cada una; o sea que en el día me gano unos 15.000 pesos. De ahí me descuentan la salud, la pensión, los parafiscales y un aporte para la cooperativa de trabajo asociado, eso suma el 30% de lo que me gano. En resumen, cada quince días recibo realmente unos 200.000 pesos. En la jornada de trabajo no hay tiempos de descanso, ahí como eso es al destajo y es lo que usted se haga, si trabaja fuerte gana un poquito más; por ejemplo, el horario de comida no está establecido, uno apenas le da hambre come a las carreras y sigue trabajando. Tampoco hay día de descanso ni vacaciones, se trabaja de lunes a lunes y los únicos días de vacaciones al año son tres: 30 y 31 de diciembre y 1 de enero; pero esos no los pagan porque no trabajó. Los días 24 y 25 de diciembre es obligatorio trabajar, tan obligatorio que si falta le cobran una multa de 50.000 pesos por cada uno de esos días que no vaya.

Cuando se presenta un accidente de trabajo, como que un compañero se corte con el machete, lo que se hace es prestarle entre nosotros los primeros auxilios y esperar a que termine la jornada de trabajo para poderlo llevar a donde el médico a que lo atiendan.

Nosotros no tenemos contrato de trabajo con el ingenio. En el 2005 nos obligaron a formar unas cooperativas de trabajo asociado y son las cooperativas las que contratan con el ingenio. A la cooperativa le pagan 8000 pesos por cada tonelada que nosotros cortamos, pero somos nosotros los que nos responsabilizamos de todo el funcionamiento administrativo de esta; además de nuestra propia seguridad social, todos los gastos, hasta los de la herramienta con que trabajamos sale de los bolsillos de nosotros mismos.

Adicionalmente existe un grave riesgo y es que los ingenios quieren acabar con nosotros. Ya ningún ingenio permite que las cooperativas lleven personal nuevo a trabajar, así que cortero que se retira no es reemplazado y poco a poco los corteros se van acabando. Eso lo impulsan los ingenios porque el interés de ellos es mecanizar el proceso de cortada y recolección de la caña”.

Las utilidades que arroja la producción
En contraste con lo anterior, en Colombia, durante 2007 se produjeron, según Asocaña, 2.277.120 toneladas de azúcar, de las cuales se vendieron 1.546.686 en Colombia y se exportaron 716.380 que se vendieron a un precio promedio de 309 dólares la tonelada. En su informe anual 2007 – 2008, Asocaña reconoce unas utilidades para el sector azucarero de 148 mil millones de pesos.

Los ingenios implicados en esta situación son: Incauca, Providencia y Risaralda, del industrial Carlos Ardila Lulle; Central Castilla y Río Paila, propiedad de la familia Caicedo González; Mayagüez, de la familia Hurtado Holguín; La Cabaña, de la familia Seinjet; San Carlos, de la familia Sarmiento Lora; Pichichí, de la familia Cabal; Central Tumaco, de la familia Salcedo Borrero; Carmelita, de la familia Garrido Amezquita, y el Ingenio María Luisa, del conglomerado Harinera del Valle.

Un paro por física hambre
“Los corteros nos decidimos a parar, porque día por día nos están apretando más y más y nos queda casi imposible sostenernos junto con nuestras familias. Entonces hemos buscado diálogo con los ingenios para que nos mejoren las condiciones de trabajo y que aumenten un poco más el precio que nos pagan por la caña, para uno poder subsistir; pero ellos simplemente nos dicen que estudiemos, porque eso se va a acabar. Ese es el dicho de ellos para no colaborarnos en nada. Por eso nos fuimos al paro, porque en realidad no tenemos siquiera para comer.

El pliego de peticiones se lo presentamos a Asocaña, que es el gremio que agrupa a los propietarios de todos los ingenios, el 15 de julio de este año. También lo tienen cada uno de los ingenios y además el Ministro de Agricultura que es uno de los accionistas mayoritarios del ingenio Mayagüez, se lo hicimos llegar también al Ministerio de Protección Social. Pero hasta la fecha no se han querido sentar a negociar. En vista de que seguimos trabajando y no nos llamaron siquiera a conversar sobre el pliego, el 15 de septiembre iniciamos el cese de actividades.

En el paro estamos 17 mil corteros, de los 19 mil que somos. Hay corteros de 3 ingenios que no están participando porque los están obligando a trabajar amenazados; por ejemplo, a los de Riopaila, los buses que los  llevan van escoltados por la policía; lo mismo los del ingenio La Cabaña, incluso hasta a la casa  llegan con la escolta de la policía. La mayoría de los trabajadores están de acuerdo con el paro, pero les da miedo por lo que le acabo de contar.

Nosotros tenemos claro que no levantamos el paro si no obtenemos las garantías que están incluidas en el pliego, y de esas, la más importante es la contratación directa de nosotros por parte de los ingenios. Porque si nos contratan directamente, ellos tendrían que asumir la responsabilidad laboral que les corresponde con nosotros y eso nos daría un poco de mejores condiciones; al menos mejores que las que tenemos ahora, que hasta la comida nos falta. Nosotros estamos convencidos que las cooperativas son para que se beneficien terceros, porque mucha gente quiere vivir de las cooperativas que nosotros conformamos. Además, las responsabilidades que le corresponden al patrón se las trasladan a esas cooperativas. Y para completar, los dueños de los ingenios nos quieren hacer creer que nosotros somos los dueños de las cooperativas, que somos empresarios, dueños de nuestra propia empresa, y la realidad es que somos dueños es de nuestra propia hambre, porque es lo único que tenemos: hambre”.

Cómo se desarrolla el paro
“El pliego lo preparamos durante 8 meses. Nos reunimos en todos los pueblos donde hay corteros, hablamos, discutimos, nos pusimos de acuerdo. Y también estábamos claros que si no había negociación nos íbamos al paro. Eso se decidió desde los corteros y no como dice el gobierno que fue porque un senador nos incitó o porque las Farc están detrás de esta protesta.

Al empezar el paro, los corteros nos quedamos cada uno en el ingenio en el que trabajamos, montamos carpas y unos campamentos con plásticos alrededor de cada ingenio para vivir allá durante el tiempo que sea necesario. El paro lo hemos mantenido, a pesar de que las condiciones en que estamos son muy malas. Por ejemplo, nosotros los del ingenio Providencia somos 1.148 corteros y hemos recurrido a la gente de los pueblos cercanos para pedir solidaridad, nos han apoyado pero como nosotros somos los que movemos el comercio y ahora no tenemos ingresos, entonces toda la gente está muy pobre. Pero de a poquitos nos siguen colaborando. Nos agrupamos de acuerdo a la cooperativa a la que pertenecemos y desde ahí se coordina todo, nos hemos organizado en grupos de 400 personas, a cada grupo se les entregan 10 libras de arroz, dos latas de sardina y lo que consigamos de yuca y plátano. Eso se prepara y es la única comida que consumimos durante el día, que viene a ser como dos cucharadas de arroz con unas muestras de sardina y un poquito de plátano y yuca.

Para nuestras familias es peor, porque no tienen nada en la casa; de lo poco que nosotros recolectamos algo les aportamos, pero a nuestras esposas les toca hacer cualquier cosa para conseguir lo de la comida: lavar ropa ajena, pedir limosna, y cosas así. Según el cálculo que tenemos, los hijos de los corteros de caña son 25 mil niños y niñas, ellos son víctimas también de la negativa de los dueños de los ingenios a brindarnos mejores condiciones de trabajo. Y eso que el Ministro de Protección Social dijo que iban a mejorar las condiciones de vida de los niños en el país, entonces ¿será que nuestros hijos no tienen ese derecho? ¿Por qué el ministro no les para bolas a estos 25 mil niños hijos de corteros de caña que están aguantando hambre?”.

La publicitada “mediación” del presidente Uribe Vélez
Después de haber señalado reiteradamente que el paro de los corteros era obra de las Farc, el presidente Alvaro Uribe viajó al Valle, supuestamente a servir de mediador entre los corteros y los propietarios de los ingenios. Cuentan los corteros que el presidente llegó hasta allá a brindar “miserableza”, “porque lo que él dice es que sobre lo que estamos ganando nos puede colaborar hablando con los dueños de los ingenios para que nos aumenten una miniatura en dinero y dice que eso se lo rebusca él para nosotros. Nosotros lo rechazamos porque eso no sirve ni para comprar una librita de arroz más”.

“El presidente se reunió con el gobernador, con los gerentes de los ingenios y con algunos sindicatos patronales. Estos últimos llegaron fue a hacer propuestas, sin contar con nosotros los corteros y nos tocó hijueputiar a uno de esos “sindicalistas” para que aprenda a respetar. Al presidente no le gustó esto y ahí terminó toda su “mediación”. Y es que ellos, los que estuvieron en esa reunión, creen que nosotros estamos es buscando miserablezas o migajas. Y yo repito que la única manera de levantar el paro es que nos reconozcan nuestros derechos que están expresados en el pliego”.

Futuro incierto
“Los corteros tenemos muy claro que con la intención de los ingenios de mecanizar el proceso de recolección de caña quedaríamos 19 mil familias sin empleo, tirados en la calle sin hacer nada, sería más delincuencia, más prostitución. Todo esto se nos vendría encima porque no tenemos nada más que hacer, porque simplemente vivimos de la caña. Entonces ¿qué van a hacer con nosotros?

Nosotros los corteros de caña, que somos la gran mayoría negros, decimos hoy que así como a nuestros antepasados les pusieron grilletes en los pies, ahora a nosotros nos los pusieron en la barriga, y contra eso es que estamos luchando”. 

Las comunidades campesinas y mineras que habitan el sur de Bolívar adelantan desde hace mucho tiempo una lucha intensa en defensa de su territorio y de la vida, contra la persecución del estado a través de sus fuerzas militares y paramilitares, orientada esta a despojarlos de un territorio rico en recursos naturales (oro y petróleo sobre todo), apetecidos por la voracidad de los capitales privados (la Anglo Gold Ashanti y Ecopetrol). Por eso las comunidades denominan a su lucha, lucha por la defensa del territorio y la vida. Teofilo Acuña, presidente de la Federación Agrominera del sur de Bolívar nos cuenta cómo ha sido el proceso de trabajo y lucha durante este año y las expectativas que tienen para 2009 los mineros y campesinos de esta región del país.

 

Por las buenas o por las malas nos quieren robar
Durante estos cinco años en los que la Anglo Gold ha estado acechando el oro de la serranía de San Lucas, ha recurrido a diferentes estrategias para quedarse con nuestro territorio. Primero contrató a todos aquellos que habían trabajado en un proyecto del Ministerio de Minas y Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD para mejoramiento minero en la región; fue una especie de infiltración para ganarse la confianza y afecto de las comunidades. Luego, en la medida en que ha encontrado resistencia de parte de nosotros, recurre a testaferros para que soliciten estas áreas a nombre de empresas ficticias o de papel que han creado en Panamá. Así mucha gente que se resiste a la entrada de la multinacional cree que estas son empresas diferentes y acepta negociar con ellas cuando les proponen vender sus posesiones o asociarse para trabajar en compañía.

Los titulares de estas empresas son exfuncionarios de la secretaría de minas de la gobernación de Bolívar. Está, por ejemplo, el señor Javier Pineda, que fue secretario de minas de la administración que terminó en diciembre de 2007 y ahora hace parte de la empresa “Cosa Colombia”, con sede en Panamá. Esta empresa les ha propuesto a las comunidades de los municipios de Tiquisio y Montecristo que negocien con ellos y muchas comunidades, como creen que no tiene nada que ver con la multinacional, están por caer en la trampa y entregar 2800 hectáreas que luego se entregarán a la Anglo Gold porque ya sabemos con certeza que Javier Pineda es empleado de esta multinacional.

Pero no solo el oro de la región es apetecido por la avaricia de las multinacionales, la región también es rica en petróleo y por eso se está proyectando un oleoducto que cruza la serranía de San Lucas, viene desde Córdoba y llega hasta Santander. Para ello se han comenzado a hacer exploraciones en las zonas rurales de San Pablo, Cantagallo y Simití, y se le está diciendo a los campesinos que tienen que vender sus fincas porque no pueden estar al lado de zonas de trabajo petrolero. Es en últimas un desplazamiento y despojo anunciados por parte de esta empresa petrolera que está en proceso de privatización.

Represión
El ejército nacional desde que llegó permanentemente a la zona, hace unos cuatro años, no ha parado de asediarnos ni agredirnos. El hecho más grave para nosotros fue el asesinato de Alejandro Uribe, por las tropas del ejército, cuando se desplazaba de un caserío a otro en cumplimiento de sus labores como directivo de la Federación. También han detenido temporalmente a algunos compañeros, los amenazan, los hostigan y en algunos casos tratan de chantajearlos con ofertas de dinero y mejores condiciones de vida. Simultáneamente, la presencia paramilitar se mantiene, en algunas partes se presentan como águilas negras, en otras como los machos, los rastrojos, e incluso los llamados gaitanistas; y nuevamente están copando diferentes vías de entrada y en su nuevo intento de invasión han asesinado varios campesinos y adelantan acciones de limpieza social. Lo más llamativo de la presencia de estos criminales es que se están asentando allí donde hay establecidos proyectos de palma africana y donde mayor presencia de la fuerza pública hay.

Lo que vemos es que están haciendo un corredor en los municipios ubicados más al norte de la región. Además, simultáneamente a la agresión contra algunos campesinos, le ofrecen a la gente dinero dizque para apoyar proyectos productivos, pero también para fraccionar a la Federación y crear organizaciones que nos dividan y nos pongan a pelear entre nosotros.

Lucha y movilización por la vida
Nosotros entendemos la movilización como todas aquellas acciones que nos permiten ganar cada vez más capacidad de lucha y mayores niveles de conciencia. Por eso consideramos movilización a las jornadas de formación, los encuentros inter zonales, las asambleas y en general todo aquello que nos permite encontrarnos y trazar caminos juntos. Nuestras asambleas y jornadas de movilización han sido hostigadas y se han hecho circular amenazas con el fin de inmovilizarnos; sin embargo, nosotros seguimos hemos incrementado el número de asambleas, movilizaciones y jornadas de reclamos. Hemos ido a Cartagena a reclamar directamente ante la gobernación, y nos hemos movilizado en las diferentes cabeceras municipales de la región, visibilizando nuestra situación y propuestas.

En agosto realizamos en Barrancabermeja, con la presencia de unos 600 pobladores, la Audiencia Ciudadana por la Verdad, en la que denunciamos las diferentes formas de agresión a que somos sometidos cotidianamente. El propósito de acciones como esta es hacernos ver, que se sepa que existimos y lo que están tratando de hacer con nosotros, el despojo al que nos están sometiendo. La gente en la región está cada vez más inconforme y preparando acciones más contundentes si no somos escuchados y nuestros reclamos por territorio y vida no son resueltos.

En ese mismo sentido, venimos trabajando por recuperar nuestros símbolos más importantes como el río Magdalena. En agosto de este año salimos unos 600 campesinos y mineros de la región a recorrer el río, a reconocerlo como parte de nuestras vidas y como testigo de los crímenes cometidos contra nosotros, porque queremos revivirlo a través de un festival del río que realizaremos durante 2009. El propósito del Festival es exorcizar el río Magdalena, arrebatándoselo a la muerte, y recuperarlo para la vida... es el ejemplo de cómo la alegría es un elemento fundamental para la resistencia y forma parte de las propuestas de construcción de planes integrales que garanticen la vida en nuestro territorio.

Friday, 09 January 2009 14:01

Casi todo está podrido en la minorista

Hace unos meses publicamos un artículo titulado “algo se pudre en la plaza minorista”. En ese escrito se denunciaban los atropellos de que son víctimas los cargadores de mercado en la plaza y también anunciábamos que durante nuestras entrevistas con los cargadores de mercados se acercaron muchas personas a decirnos casi en secreto que en la plaza pasaban cosas muy graves. Después de mucho investigar y de encontrarnos con el temor de quienes tienen la información, logramos acopiar una serie de testimonios de muchos comerciantes de la plaza que develan la gravedad de lo que sucede y el nivel de posicionamiento de grupos ilegales y sus dineros en este centro de mercado público de Medellín.

La plaza Minorista de Medellín es el mayor centro de abastecimiento de mercado para los sectores más pobres de la población que han tenido como tradición ir allí a hacer sus compras porque “las cosas se consiguen más baratas”. Pero esta plaza de mercado ha sido también epicentro de muchos actos de violencia, asesinatos, amenazas, guerras internas entre diferentes grupos armados. Esta guerra que la vivieron casi todos los comerciantes que se encuentran en la plaza actualmente “la ganaron los paracos” y desde hace unos 6 años son ellos los que, de diferentes formas, “controlan absolutamente todo aquí”. Eso es lo que nos dicen varias de las personas que, a pesar del miedo, accedieron a contarnos lo que sucede allí. La identidad de estas personas la mantendremos en secreto debido a las graves consecuencias que para ellos puede tener haber dado a conocer estas denuncias.

La presencia del narcotráfico
El nombre de Luís Carlos Molina Yépez no es desconocido en el país porque tiene un historial íntimamente ligado con las actividades del narcotráfico en el departamento de Antioquia, en ese mundo ha sido conocido como “el banquero del cartel de Medellín”. Además, era uno de los hombres más cercanos al capo Pablo Escobar Gaviria y fue quien desembolsó el dinero para pagar a los sicarios que asesinaron al director del periódico el Espectador, Guillermo Cano. Esta corta síntesis de la vida de Molina Yépez no termina ahí, muchos de los más antiguos comerciantes de la Plaza Minorista de Medellín recuerdan cuando Luis Carlos Molina y su hermano Iván se paseaban por el sector del Pedrero, donde antes funcionaba el mercado público minorista de la ciudad. Allí contactaban personas dedicadas especialmente al negocio de las carnes y poco a poco se fueron adueñando o haciéndose socios de varias carnicerías, muchas de las cuales todavía funcionan.

Poco después, cuando la plaza de mercado fue reubicada en el sitio donde hoy se encuentra, Luis Carlos Molina cambió de negocio, sin que se sepa porqué, y se dedicó a invertir por medio de testaferros, entre los que se encuentra su hermano recién fallecido Iván Molina, en el negocio de las salsamentarias. Hasta donde hemos podido investigar, ninguno de los negocios que pertenecen realmente a Luís Carlos Molina aparece a nombre de él. Unos cuántos están a nombre de su hermano Iván o de algunos otros familiares y el resto aparecen a nombre de diferentes personas. Según el rastreo que pudimos hacer, y desechando información que presentara alguna duda sobre la propiedad o incidencia del señor Molina en dichos negocios, pudimos establecer con certeza que 38 locales de la plaza, de los dedicados a las salsamentarias, son propiedad de éste. Además nos aseguran quienes hacen estas denuncias, que al menos dos personas muy reconocidas por su cercanía con los Molina y por los cargos que desempeñan en la Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista – Coomerca - que administra la plaza, adelantan de manera permanente acciones tendientes a ubicar negocios que no estén siendo rentables o que estén quebrados para comprarlos. El grueso de locales propiedad de Molina se encuentran ubicados en los sectores 9 y 10 de la plaza.

Los negocios de los paramilitares
En la ciudad de Medellín los pobladores de a píe saben que las inversiones de los paramilitares son muchas y muy variadas, basta mirar en los barrios más pobres de la ciudad la cantidad de panaderías, los almacenes “todo a mil”, las apuestas de chance o muchos negocios de fachada que realmente esconden a prestamistas del llamado gota a gota. En la Plaza Minorista de Medellín también hay inversiones de los paras, son quizás estos los que más intereses económicos tienen actualmente allí y los que se encuentran en una guerra por el control de la plaza, que según se comenta, se está disputando don Mario con los herederos de diferentes mandos paramilitares y narcotraficantes.

En el sector de carnicerías encontramos el mayor número de inversiones de los paras. Allí, al igual que con las inversiones de los narcos, son testaferros quienes aparecen formalmente como titulares de los negocios, aunque los propietarios reales son otros.

Por ejemplo, los paramilitares del Bajo Cauca Antioqueño tienen varias carnicerías en la minorista. Al menos una de ellas es administrada por un sujeto a quien en la plaza todos conocen como el “paraco mayor” de la minorista y otra muy reconocida allí justamente porque es llamada “la carnicería de los paracos”.

Así mismo, La estructura paramilitar del Magdalena Medio Antioqueño, comandada por Ramón Isaza, tiene presencia allí. Coinciden todos los testimonios y averiguaciones que logramos adelantar que 8 de las más grandes carnicerías de esta plaza son propiedad de esta estructura paramilitar o son controladas mayoritariamente por ella. Estructuras paramilitares de Córdoba y Urabá también tienen inversiones en carnicerías, 6 de ellas lograron identificarse claramente como las que funcionan con dinero y bajo la supervisión de estas estructuras.

Pero los paramilitares no solo han invertido en carnicerías. Un comerciante de yuca nos contó que el negocio de este tubérculo estuvo patrocinado y respaldado por el comandante paramilitar conocido como “El Alemán”, jefe del bloque Elmer Cárdenas, y que quienes lo han sucedido en el cargo después de su “desmovilización” mantienen su apoyo, inversiones y control del negocio de la yuca en la plaza. Lo mismo ocurre con el mercado del plátano, el cual fue controlado durante mucho tiempo por una cooperativa que crearon los paramilitares de Córdoba y Urabá y que después de la “desmovilización” de esta estructura cambió de razón social y quedó en manos de un testaferro de alias “Don Mario”, quien actualmente la administra.

El recién capturado jefe paramilitar Luís Arnulfo Tuberquia, alias “Memín” ha sido patrocinador de mayoristas del negocio de las frutas que llegan a la plaza. La mayoría de estas son procedentes de la zona occidental del departamento de Antioquia que se encuentra controlada por las águilas negras, bajo el mando de este sujeto.

El nefasto gota a gota
La Plaza Minorista no escapa a la modalidad de préstamo que popularmente se conoce como gota a gota. Allí actúan a la vista de todos los prestamistas de esta modalidad cuyo interés alcanza el 20% mensual y al que diariamente hay que abonar la cuota establecida por quienes otorgan el crédito. Los administradores directos de esta modalidad de préstamo en la plaza minorista son un grupo de personas que hace unos años eran parte de grupos de “milicianos” que se tenían el control militar de la plaza, control que mantuvieron después de una “desmovilización” que en el año 1994 adelantaron auspiciados por el entonces alcalde Sergio Naranjo y por Alonso Salazar que hacía parte de la Consejería Presidencial para Medellín. Aunque estas personas aparentemente se “desmovilizaron” hace más de 14 años, permanecen ligadas a una estructura paramilitar que opera en el barrio Moravia de Medellín y que es liderada por un sujeto conocido como “Julio”, que a su vez recibe el patrocinio del jefe narcotraficante y paramilitar “don Mario” y la protección de la estructura militar sobreviviente de lo que en otra época se conoció como la banda La Terraza. Es desde allí desde donde se controla toda la actividad prestamista en la plaza y desde donde se decide qué hacer con quienes incumplen con los pagos.

Otras inquietudes
La Minorista de Medellín es administrada por la cooperativa Coomerca que, en razón a su actividad de administración, tiene contacto permanente tanto con los comerciantes de la plaza como con las autoridades municipales. Además, al interior de la plaza hay un puesto de policía permanente que ejerce las labores de vigilancia y control en este sitio de la ciudad. Simultáneamente en la plaza muchísimas personas conocen y comentan los hechos aquí denunciados; para nadie allá es un secreto lo que aquí se denuncia, entonces las preguntas que surgen son: ¿conocen los directivos de Coomerca lo que allí ocurre? ¿Lo han denunciado a las autoridades competentes? ¿Cuál es el papel que cumple la policía destacada en la plaza frente a estas situaciones tan delicadas? ¿Saben las autoridades municipales de lo que acontece en la plaza? ¿Qué han hecho las autoridades para atacar la evidente e innegable presencia de dineros y estructuras ilegales en la plaza minorista?

Al cierre de esta edición obtuvimos dos informaciones relacionadas con la incidencia del jefe paramilitar “Don Mario” en la ciudad y particularmente en la plaza minorista. En primer lugar se nos informa que “Don Mario” le notificó al actual alcalde de Medellín Alonso Salazar que tenía que renunciar a la alcaldía. En segundo lugar, el mismo “Don Mario” le notificó a la administración de la cooperativa Coomerca que estaba necesitando plata (según nuestras fuentes en alusión a una manera de recordarles el pago de la “vacuna”) y que tuvieran presente que él iba a quedarse con la totalidad del control de la plaza.

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