Periferia

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“Mi nombre es Aureliano Carbonell, hago parte de la Dirección Nacional del ELN, y fui designado para estar en la comisión de diálogos de paz”. Así inició en Ecuador la entrevista que obtuvo Periferia con este sociólogo y revolucionario, quien en los años 80 dejó su profesión y sus compromisos laborales para integrarse de tiempo completo a esta insurgencia. Aureliano nos contó cómo culminó el primer ciclo de negociación con el Gobierno nacional, cuál es el modelo de participación que proponen, y cuáles son las transformaciones sociales que requiere el país y que esperan estén en el centro del diálogo.


Periferia: ¿Nos puede profundizar un poco sobre lo que se trabajó en el primer ciclo de negociación entre Gobierno y ELN, y qué dificultades tuvieron?
Aureliano Carbonell: En este primer ciclo había dos puntos que seguirán en el segundo ciclo; uno sobre la participación de la sociedad, y dos, sobre acciones y dinámicas humanitarias. Esta guerra ha dejado muchos dolores y afecciones a distintos sectores de la sociedad, pero principalmente a las mayorías, al campesinado, al pueblo en general, entonces el Gobierno busca aliviar uno de los tantos dolores, pero él elude su responsabilidad sobre el resto de dolores, y no quiere tomar medidas. Ese es el punto que se está trabajando, y buscamos que haya  un alivio humanitario, que se hagan acuerdos que tengan un efecto inmediato y puedan incidir positivamente, y que el proceso mismo vaya transformando la realidad del conflicto. En ese punto solo se logró un marco de referencia común para abordar estos temas, y ese marco de referencia es el Derecho Internacional Humanitario. También, en este primer ciclo, por fin logramos que se conformara lo que hemos llamado el grupo de países de acompañamiento, apoyo y cooperación, y establecer unos parámetros para el trabajo de ellos. En ese grupo están países europeos, distintos a los países garantes. Está Italia, Suecia, Suiza, Alemania, y Holanda.

En lo de participación, el Gobierno se negó a que saliese algo y a que se ejecutara ya algo en función de la participación, mientras el ELN no hiciera un pronunciamiento explícito de renuncia a las retenciones. Ahí se revivió el enfoque de unilateralidad, de imposiciones, de negar que todo se trate y se acuerde en una mesa. En lo de participación sí se hablaron muchas cosas desde el primer día, pero solo se hicieron unos pre acuerdos, sin que eso haya sido acordado todavía en la mesa, para convocar a unas audiencias preparatorias a distintos sectores de la sociedad para que expresen sus ideas sobre la participación de la sociedad, sobre la metodología, mecanismos, y sus experiencias de participación.

P: Ustedes en un punto de la agenda de negociación hablan de Transformaciones para la Paz ¿Cuáles son esas transformaciones necesarias?
AC: Lo central es la opinión de la gente, la voz de la sociedad, y en particular de aquellos que nunca han tenido voz y que nunca han tenido posibilidades de decisión. Ellos son los que darían los puntos centrales, pero le planteo, es previsible que tengan mucha importancia todas las cuestiones agrarias, para que se genere en el país una economía campesina, soberanía alimentaria, que haya respeto por la naturaleza, que busquemos otras opciones frente a este modelo extractivista, que a la larga no le deja nada al país, solo le deja los huecos y los socavones; también que hayan unas situaciones distintas en el sistema de salud y en el sistema educativo. Esos son temas que es de prever que van a estar y que van a ser examinados. Lo otro es que nosotros buscamos que salga la violencia de la política, y para eso es determinante que las clases dominantes desarrollen otra manera de hacer la política. Hasta ahora la han hecho mediante la violencia, mediante el terrorismo de estado, mediante el paramilitarismo, entonces si ellos no cambian esto pues es imposible que del lado del pueblo no tenga que recurrirse a la lucha armada, a la insurgencia.

P: ¿Para ustedes cómo debe ser la participación de la sociedad, tienen alguna propuesta metodológica o han pensado en algo que garantice que haya una participación efectiva de la sociedad?
AC: Nosotros pensamos que es la sociedad misma la que debe definir cómo va a participar, pero como esto va a ser muy difícil porque el Gobierno no facilita estas cosas, entonces hemos venido construyendo algunos elementos en diferentes intercambios realizados. Le doy algunas ideas básicas: este proceso debe tener un componente tanto territorial como temático o sectorial, y es decisivo que sea de abajo hacia arriba. No puede limitarse a unos cuantos foros, a unas cuantas reuniones, sino que aspiramos que sea lo más amplio, lo más participativo, y que en ese proceso de participación estemos todos los del campo democrático y popular de Colombia.
    
P: ¿En ese sentido, creen ustedes que la sociedad colombiana está dispuesta y preparada para participar activamente?
AC: Ese es un gran reto, porque la cultura tiene a la gente distante de la participación, no hay una lucha o una cultura que lleve y reclame la participación,  y esperamos vencer ese reto a través del entusiasmo que le logren imponer a esto las organizaciones sociales y populares, eso es lo principal, y también que entendamos que esto no es solo del ELN; esto es algo que ayudaría al conjunto del campo popular, al conjunto de todos aquellos quienes queremos otra Colombia, y le planteamos a todos ellos que le metan la mano, y si esto ayuda a acumular fuerzas, pues acumula fuerzas para todos, para el conjunto y para que la lucha en Colombia tenga más opciones y mejores posibilidades.

Esta no es una negociación o un intercambio para buscarle caminos a Colombia solo entre el ELN y el Gobierno. Ahí tiene que estar la sociedad y en particular aquellos sectores históricamente excluidos, y vamos a jugarla para que haya participación. Esta participación no la tiene que garantizar el Gobierno, la tiene que conquistar la sociedad, ese es el reto. El Gobierno no nos va a regalar nada, no nos va a conceder, es lo que logremos arrancarle, y para arrancar hay que tener fuerza, hay que tener entusiasmo, hay que tener unidad, hay que tener movilización, y en eso pueden poner un granito de arena grande ustedes, los espacios comunicacionales.

P: ¿También buscan que en esta mesa participen grandes sectores económicos?
AC: Estamos convocando a todos a participar, y en ese sentido, le cuento que en las audiencias preparatorias que hablamos con el Gobierno están convocados precisamente los gremios económicos.

P: ¿Están dispuestos a que en este proceso también participen grupos al margen de la ley, como los paramilitares? ¿Lo ven necesario y prudente?
AC: Eso no lo hemos contemplado, y preferimos hablar con los dueños del circo y no con los payasos.

P: ¿Cómo ven el escenario de la negociación cuando se finalice el Gobierno de Santos, y cómo van a abordar el periodo de elecciones?
AC: Con la misma delegación del Gobierno hemos hablado de dejar este proceso en un punto tal en que el nuevo gobierno de cualquier tendencia que sea, se vea obligado a continuar, y lo segundo es que lo central sería el respaldo social a los procesos de paz. Pensamos que hay que agrandar, darle mucha más fuerza, y tener una mayor convergencia, para que una buena parte de la sociedad se comprometa y respalde los caminos de la paz. Si llega a quedar un Gobierno como el de la tendencia de Uribe, y se encuentra con toda esta fuerza, tendrá más dificultades para hacer lo que quiere, y se verá obligado, por la presión social, a tomar unos caminos que quizá no quisiera tomar.

P: ¿Qué opinan frente a la Jurisdicción Especial para la Paz que fue acordada en el proceso con las FARC? ¿Retomarían algo de ahí, es útil para el proceso de ustedes, o lo harían de otra manera?
AC: Después de lo que sale del Congreso, de lo que aprobó el Congreso, que es como la tercera renegociación de ese acuerdo, nos parece que las cosas quedan muy flojas, y que hay que hacer un gran esfuerzo para que haya un compromiso sobre la verdad. No pueden quedar por fuera de ese compromiso muchos sectores empresariales y financieros de las regiones que han estado comprometidos con todas estas décadas de exterminio, de violencia, igual que las fuerzas militares, las autoridades locales y nacionales. Si eso no se esclarece, no hay ninguna garantía de no repetición, es volver a lo mismo en este país, y en ese sentido, pensamos que hay que lograr cosas distintas. Hicieron un esfuerzo los compañeros de las FARC pero mire cómo les han estado después modificando lo que ellos lograron. Entonces lo que sale ahora deja mucho que desear, y hay que aspirar a más, o luchar por más.

Unas horas antes de la realización de la asamblea del movimiento Progresistas en Antioquia, Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá y una de las figuras alternativas que aparece en los primeros lugares hacia la presidencia en los sondeos de opinión, nos recibió en el emblemático Hotel Nutibara para dialogar sobre la paz y sus propuestas de camino a las elecciones presidenciales del 2018.

Periferia: ¿Cómo lee el actual estado de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC?
Gustavo Petro: Desde antes del plebiscito expresé mis inquietudes un tanto escépticas alrededor de esto que hemos llamado el proceso de paz, básicamente porque creo que la lucha armada en Colombia desde hace bastantes años dejó de tener una pertinencia. Quizás el último eco que pudiera haber producido una transformación democrática a partir de la lucha armada, o por lo menos de la dejación de esa lucha, la ubicamos en el 91, ya hace bastantes años. Entonces un Estado o Gobierno, que es una expresión de un sector de la sociedad, la que siempre ha manejado a Colombia, que no ve en el proceso de paz una excusa para transformaciones democráticas, pone unas líneas rojas de las cuales la guerrilla no debe lograr mayores reivindicaciones, lo que conduce el proceso a prácticamente una desmovilización militar y a unas garantías jurídicas un tanto irrisorias para su comandancia y prácticamente ninguna transformación de la sociedad. Realmente no hubo esa emoción, ese enamoramiento y se debe básicamente a que no se observa que el Acuerdo de Paz sea un acuerdo que transforme las condiciones cotidianas de esta sociedad que sigue desenvolviéndose en la violencia.

P: Precisamente en las negociaciones entre Gobierno y ELN se retoma la participación de la sociedad como un punto central ¿Qué opina usted sobre convocar a la sociedad a participar en la construcción de paz?
GP: El Gobierno, incluso más radical respecto al ELN, mantiene la línea roja, la quiere tender más en su beneficio, es decir cero transformaciones al modelo extractivista y neoliberal y con una alta restricción política. El ELN quisiera transformaciones sociales y quisiera medirse comparativamente con las FARC como que sí lograron más transformaciones. El contexto es mucho más negativo ahora. Primero porque juntos quizás hubieran podido lograr más, segundo porque la impertinencia de la lucha armada sigue vigente, cuando el ELN pide que la sociedad participe, ¿la sociedad quiere participar en eso? O cierto extracto minoritario de la sociedad permeado, que quisiera participar pero que no es representativamente la sociedad.

Si uno quisiera hablar de vinculación de la sociedad en un proceso de paz, uno tendría que estar hablando del poder constituyente, y cuando uno habla del poder constituyente entonces primero la sociedad toda con capacidad de decisión indudablemente, ni siquiera de participación sino de decisión, y en segundo lugar, toda la agenda gravitaría alrededor de las problemáticas de la sociedad, no de las problemáticas de la guerrilla. Es otra lógica y eso es lo que yo llamo la paz mayor.   

P: ¿Ve usted posibilidad de disputarle el poder a las élites con la experiencia de gobierno en la Bogotá Humana?
GP: La experiencia es parte, Bogotá de todas maneras no se puede extrapolar al conjunto del país, los territorios todos son diversos, las poblaciones son diversas, las problemáticas son diversas, pero indudablemente estamos hablando de un gobierno que fue alternativo, aunque sin la posibilidad de cambiar las normas,que se hizo en la principal ciudad de Colombia, en el contexto de un Estado neoliberal y autoritario, y de ahí la tensión que se provocó y las medidas que se tomaron contra mí.  

Esa experiencia sirve para pensar entonces qué pasaría con un acceso al gobierno nacional con capacidad de cambiar las normas, y esto tiene que ver con el poder constituyente más que con tener una mayoría en el Congreso. Un Gobierno progresista en Colombia debe velar por la constituyente en todos los territorios, no una Asamblea Nacional Constituyente, sino en cada territorio, precisamente para que las ciudadanías territoriales tengan la opción de decidir. Eso cambia seguramente el modelo económico depredador, y políticamente también cambia porque lo que hoy tenemos es una especie de alianza entre  una oligarquía santafereña y unas mafias regionales armadas y corruptas que han desplazado en los territorios la decisión del pueblo. Si uno desata el poder constituyente lo que está haciendo es cambiar el poder de esas élites mafiosas hacia la ciudadanía diversa. Me parece que ese debería ser el primer enfoque de un Gobierno alternativo.

P: ¿Cuáles son los temas centrales en la propuesta de gobierno que está construyendo?
GP:Hay personas que creen que lo que el país amerita es mantener su sistema económico y político, y echar unos cuantos corruptos a la cárcel. El sistema económico y político que tenemos genera más corruptos y más poderosos porque en sí mismo es corrupto, entonces no se puede plantear una lucha contra la corrupción sino se plantea una  trasformación  del sistema político. La agenda entonces de justicia social, de transformaciones sociales, y ampliación de la democracia me parece muy importante. Lo mismo que la agenda de la paz, hay ciertos sectores de la vida política que parecieran girar alrededor exclusivamente de los acuerdos ya firmados, que son pequeños en su alcance por lo que yo dije, y entonces estos sectores políticos reducirían su peso específico en la sociedad colombiana, porque no le estarían hablando a la sociedad sino a los protagonistas de los acuerdos de La Habana. La verdad es que si uno quiere pensar la paz en serio, tiene que pensar es en una trasformación del sistema político del país, en términos de justicia social, de democracia,  de equidad, es ahí donde yo veo que se puede propiciar una confluencia si somos más audaces, yo creo que la sociedad colombiana está demandando cambios en las cosas que lo están afectando diariamente, esos cambios tienen que ver con la salud, con la educación, con el medio ambiente indudablemente, con el territorio, y si la agenda no toca esos temas entonces no hay una comunicación con el cuerpo social que es finalmente el que determina si se gana o no se gana.

P: ¿Con quiénes se debería hacer una coalición y con quiénes no para estos cambios que propone?
GP: Yo pienso que hay que trazar una línea, no en términos de derechas e izquierdas. Me parece que el concepto está sobrepasado en el siglo XX, ahí quedó; el siglo XXI está afrontando una serie de problemáticas en el globo que nos hacen pensar que  la línea divisoria está entre la política de la muerte y la política de la vida, en realidad quienes ganan elecciones en los centros de poder mundial son la política de la muerte, y se está viendo en un incremento a la barbarie que hace mucho tiempo no veíamos, estamos llegando a una situación como en 1933; el mar mediterráneo se ha vuelto una fosa común, los países petroleros están cautivos en la masacre, en la sangre, de los pueblos árabes no queda ningún recuerdo de su identidad. Por tanto  una reconstitución democrática, de las posibilidades de la libertad, de la diversidad, de la humanidad, está alrededor de una política de la vida. Los que están aquí interesados como fuerzas, como individuos, como ciudadanos,  en construir esa gran coalición ciudadana de fuerzas de la vida, que tendrían que mirar cada tema, territorial, salud, educación, pensiones, economía, desde ese prisma de la política de la vida.

P: Existen diferencias en los sectores alternativos de la política ¿Ve posible de aquí al 2018 lograr que estos se unan en un mismo proyecto?
GP: La diversidad en sí misma no es mala.  Al contrario me parece positiva, no hay que verla como un hecho negativo. Parte de las fuerzas guerrilleras fueron homogeneizadoras al punto que mataban al contrincante político en los territorios, incluso dentro de sus propias filas; los paramilitares son una fuerza homogenizadora, igualmente exterminaban la diferencia; hay fuerzas políticas reaccionarias que son homogenizadoras, Ordoñez, sectores del uribismo; el mismo Polo en su fase final, siendo una fuerza que se planteó la diversidad como agenda al inicio, termina siendo también una fuerza homogenizadora. Yo pienso que esas fuerzas así no tienen capacidad  de convocatoria, terminan reducidas al mínimo desde el punto de vista político, y creo que la diversidad que hoy se ve, podría, si se sabe tratar, ser la explosión de nueva  una gran coalición diversa y dinamizadora, muy amplia, que pudiera incluso aportar a las mayorías nacionales, pero hay que saberlo construir desde esa diversidad, sin quitar y respetando esa diversidad.


Durante el 2017, Periferia dialogará con los candidatos de izquierda o alternativos, hacia las elecciones presidenciales del 2018. Espere las entrevistas en nuestras próximas ediciones.

Por décadas todos los colombianos y colombianas que visitaban  Buenaventura se encontraban con la paradoja de ver tanta pobreza y desamparo social en medio del puerto más rico del país. Pero, si se extiende la mirada a todo el Pacífico se aprecia un panorama similar; el cinismo estatal con esta región es pasmoso, ni un solo Gobierno le ha cumplido a los habitantes de esta región, los niveles de necesidades básicas insatisfechas son del 36%, las más preocupantes del país, a pesar de contar con incalculables riquezas estas son explotadas de manera inmisericorde con el medio ambiente y son comercializadas por mafias, transnacionales, paramilitares y toda clase de delincuencia. La tapa de la olla es la corrupción de la clase política nacional y local, que campea ante la mirada permisiva de los organismos de control.

Ante la gravedad de la situación social, la mañana del 16 de mayo de 2017 el comercio, los trabajadores portuarios, los transportadores, los maestros, los estudiantes y las comunidades en general decidieron apoyar el llamado al paro cívico convocado por las 61 organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, indígenas y negras más importantes de la región. La indignación es total para los habitantes del puerto, ya que según el comunicado publicado por el Comité de Paro, Buenaventura le aporta al año 5,47 billones de pesos a la Nación por concepto de recaudo de aduanas por comercio exterior, y a pesar de ello la sociedad de Buenaventura, en especial los más pobres, atraviesan una situación insostenible.

El paro ha sido declarado desde el día 16 de mayo, con carácter indefinido y bajo el lema “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio” y persigue que el Gobierno declare el estado de emergencia económica, social y ecológica. Los indicadores sociales de marginalidad, discriminación y desconocimiento, manifiesta el comunicado, se agravan por la presencia de grupos armados que han causado miles de víctimas, especialmente en la última década.

El desempleo se ubica en un 62%,  y el empleo informal llega al 90%. La pobreza en la zona rural pasa del 91% y en la ciudad es del 64%. Existen más de 162 mil víctimas del conflicto armado, casi el 40% de la población total. El déficit en salud y vivienda es crítico. Las cuencas de los principales ríos de la región están contaminadas con mercurio. Por otro lado Buenaventura es una ciudad controlada por actores armados ilegales.

Una vez el Gobierno nacional declare la emergencia económica, social, y ecológica, los organizadores del paro se pondrán a disposición para iniciar un proceso de negociación de ocho puntos fundamentales: cobertura en prevención y atención de salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional; recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados; cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria; fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas; saneamiento básico e infraestructura de operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios; acceso a la justicia y reparación a las víctimas individuales y colectivas; ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo, con reparación y nuevas viviendas para las familias; fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias.

En pocos días se espera que toda la comunidad se sume y fortalezca el paro cívico, manifestaron los líderes del movimiento, e invitaron a las regiones cercanas y al país a solidarizarse con Buenaventura y sus pobladores.

El primero de mayo de 2017 se cumplieron doce años del vil asesinato en Bogotá del adolescente Nicolás Neira a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Para su familia y sus amigos era tan solo un niño de 15 años, para el Esmad seguramente un peligroso delincuente, a juzgar por la violencia desatada contra su pequeño cuerpo. Nicolás fue descerebrado y aún no se sabe si fue a causa de los golpes de bolillo que recibió en su cabeza o presuntamente por un disparo de lanza granadas que desde entonces acostumbran dirigir los armagedontes contra las muchedumbres.

Como director del periódico Periferia, fui citado por el fiscal quinto de derechos humanos a declaración jurada con el fin de que diera datos precisos sobre los autores de las fotografías y las declaraciones publicadas en 2005 y 2009 en el periódico; allí se observa claramente al Esmad, a Nicolás desvanecido y a otros jóvenes arrebatándoselo a las fieras. Pero estas pruebas y muchas más ya habían sido aportadas hace 12 años al proceso, que ha pasado de fiscal en fiscal sin resultados hasta ahora. Aún no se sabe concretamente quién o quiénes fueron los que provocaron la muerte de Nicolás, pero lo que está claro, incluso para el fiscal, es que hubo encubrimiento de altos oficiales de la policía, tal como ocurrió en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en 2016, también asesinado por la policía en otras circunstancias todavía más absurdas, y también encubiertas y desviadas.

Esta tragedia no solo acabó con la vida de Nicolás, sino que destruyó literalmente su hogar: casi le cuesta la vida a Yuri Neira, su padre, quien recibió atentados, fue amenazado, exiliado y hostigado presuntamente por agentes del Estado que se incomodaron con su férrea lucha por esclarecer el crimen contra su hijo. Así mismo sufrieron y se destrozaron las vidas de los familiares de Diego Felipe, del indígena Belisario Camayo, de Oscar Salas, de Jonhy Silva, y de decenas de víctimas bajo la brutalidad policial y militar en general. Esto llevó al representante a la cámara Alirio Uribe a solicitar el desmonte del Esmad, basado en la escalofriante cifra de 448 agresiones con el resultado de 3905 víctimas. De los miles de casos de falsos positivos a manos de las fuerzas militares ni hablar.

Recientemente el columnista del periódico El Colombiano de Medellín, Michael Reed Hurtado, reflexionaba y condenaba la actitud del Ministro de Defensa, cuando “sonriente” acompañaba la libertad del cabo Elvin Andrés Caro y el soldado Luis Emiro Sierra, beneficiarios de amnistía a pesar de haber incurrido en crímenes atroces, probados en varias instancias por la justicia. Uno de tantos asesinatos en los que participaron los militares amparados por el fuero y la autoridad militar fue el del joven de 17 años Samir Díaz, a quien hicieron pasar por muerto en combate. También aquí como en los más de cinco mil casos de falsos positivos, organizaron todo para simular un combate, en esta oportunidad en una cancha de futbol de Bello, Antioquia.

Hasta dónde ha llegado la perversidad de las élites que gobiernan este país, para elevar a la categoría de héroes a los militares y policías que ejecutan miles de crímenes, y hasta dónde la sociedad es cómplice y se come el cuento completico.

La insensibilidad de la sociedad toca fondo. Es increíble que casi nadie se ponga en el cuerpo y alma de las víctimas y hagan el ejercicio de comprender cuánto daño les hace toda esta burla. Se burlan el Ministro de Defensa y los altos oficiales, se burla el presidente de Fedegan, quien cínicamente niega la existencia de los ejércitos anti-restitución que asesinaron a 68 reclamantes de tierra, y se burla también del informe detallado del investigador Ariel Ávila que demuestra que el mayor porcentaje de despojo de tierra fue contra los más pobres y a manos del paramilitarismo; se burlan Uribe y todos los del Centro Democrático cuando niegan el conflicto armado y sus orígenes, así como el genocidio de la Unión Patriótica; se burla el Gobierno negando la sistematicidad de los 160 asesinatos de líderes y lideresas sociales en los últimos 14 meses. Todos se burlan de las víctimas y del pueblo humilde.

Se burlan las élites descaradamente al saquear el erario público, al manipular la opinión y conducir todo el odio acumulado contra otra Nación como Venezuela. Se burlan del proceso de paz con las FARC y tratan de hacer lo propio con el ELN. Se burlan de la paz, porque en lugar de cambiar la doctrina militar del odio contra los pobres, en vez de reducir el tamaño de las fuerzas militares, acabar con sus cuerpos élite de criminales y con el ambiente de guerra, lo incentivan con publicidad, con recursos y con matrices mediáticas que ponen a los militares como ejemplo de ser humano a seguir.

Se burlan los medios masivos de comunicación, como por ejemplo Caracol Televisión, cuando en su noticiero del medio día, el 12 de mayo, transmitió una nota dedicada a las madres resaltando la loable tarea de dos mujeres, Cristina y Nicole, pertenecientes a los escuadrones del Esmad, quienes con las mismas manos que acarician a sus pequeños hijos, usan la violencia contra las legítimas protestas de las comunidades, contra los humildes despojados, contra otras madres. Notas como esas alimentan en el que sin importar quién sea, desde que vista un uniforme y se muestre rudo o ruda, es un héroe o heroína. Notas que no hacen pedagogía de paz sino de guerra.

Los pobres de Colombia siguen poniendo los muertos y también a sus victimarios, mientras la élite se burla. La ruleta rusa que tienen que jugar los más humildes en repetidas oportunidades se ha encargado de dar lecciones de vida. Sería terrible que un día esos niños y niñas, hijos de militares, terminaran siendo víctimas de sus acciones criminales, de sus perversidades, de sus encubrimientos. Sería terrible que un día un Esmad, un militar u otro agente del Estado cegara la vida de uno de sus hijos o hijas, y peor si sucediera en medio de la defensa de una causa justa. Tal vez así entenderían el dolor de las madres y los familiares de tantas víctimas del conflicto y de la ignorancia que por necesidad o voluntad, nos arroja a los brazos de la muerte. Tal vez así algunos de ellos dejarían de burlarse.

 

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¿En qué va la mesa?

A principios del mes de abril de este año culminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes iniciaron una fase pública de diálogos desde el pasado siete de febrero, con el propósito de buscar caminos que permitan  “terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, como lo plantea el acuerdo del 30 de marzo de 2016, en el cual se estableció la agenda temática de dicho proceso.

En este primer ciclo, las delegaciones del ELN y el Gobierno abordaron simultáneamente dos puntos esenciales para avanzar hacia la solución política y la construcción de la paz: Acciones y dinámicas humanitarias, y Participación de la sociedad.

En cuanto al punto de Acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno de Juan Manuel Santos exige la renuncia pública del ELN a las retenciones, reduciendo este tema de la agenda a un aspecto puntual de la misma, a la vez que manifiesta que debe ser el ELN quien dé muestras unilaterales de querer la paz. Por su parte la organización insurgente ha manifestado que está dispuesta a examinar el tema de las retenciones y su accionar en el transcurso de los diálogos, pero dejando claro que no harán gestos unilaterales que obedezcan a imposiciones y condicionamientos por parte del Gobierno, más aún cuando este no se compromete a frenar el genocidio sistemático contra lideresas y líderes sociales, y no asume su responsabilidad en los crímenes y estigmatización a las organizaciones sociales.

Al final del primer ciclo, lo más concreto que existe en materia de este punto son aproximaciones hacia un desminado humanitario, asunto que buscarán acordar en el segundo ciclo en la perspectiva de bajarle intensidad al conflicto, aunque el ELN y múltiples sectores de la sociedad insisten en un cese bilateral al fuego, mientras el Gobierno mantiene la decisión de dialogar en medio de la confrontación.

Con respecto al punto de Participación de la sociedad, las cosas no son muy distintas. El Gobierno hace también en este punto la exigencia al ELN de su renuncia a las retenciones como condición para la participación de la sociedad, la cual entiende como una formalidad, acotada, consultiva y no vinculante. Por su parte, para el ELN la participación de la sociedad reviste una importancia fundamental, según lo han expresado en su órgano oficial Insurrección en múltiples ocasiones, debido a que las voces de la sociedad no deben ser solo para opinar, sino que su participación debe ser protagónica y vinculante, porque en esencia es la sociedad quien ha padecido y padece las causas y consecuencias del conflicto armado.

Por ello en este primer ciclo no se han logrado acuerdos al respecto, aunque como lo señala el ELN en una carta dirigida a algunos sectores de la sociedad que conforman diversas iniciativas de paz: “Para tomar definiciones en lo referente al proceso mismo de participación, mecanismos, metodología, alcances, etc, estuvimos trabajando en la mesa la realización de unos intercambios previos, con distintos sectores de la sociedad tendientes a recoger las iniciativas, propuestas y experiencias de los mismos, sobre la participación. A estos intercambios los hemos llamado Audiencias Previas”.

Una carta de la sociedad con ecos distintos
El pasado mes de marzo la Red Prodepaz, el comité de impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, igual que la Campaña por una Paz Completa, dirigieron conjuntamente una carta a los jefes de las dos delegaciones sentadas en Quito, en la cual manifiestan que “Varias organizaciones sociales y comunidades locales, plataformas, gremios y centros de pensamiento, venimos intercambiando visiones para consensuar una propuesta de diseño de un proceso de participación que responda al espíritu de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y que sobre todo, contribuya a la democracia colombiana”, y se dispusieron para contribuir al buen desarrollo de la mesa de conversaciones, para lo cual proponen una reunión de intercambio para construir una ruta común que permita la más amplia participación social en los diálogos adelantados en Quito.

Tanto el Gobierno Nacional como el ELN respondieron a dicha carta y en la respuesta una vez más quedó en evidencia la importancia que una y otra parte le dan a la participación.  La corta respuesta del Gobierno deja ver que para este la participación es secundaria y hasta incomoda, al señalar que “Cuando las negociaciones entren en la fase de las consultas a la sociedad habrá el espacio para que la ciudadanía, organizaciones sociales, y otros actores, presenten sus visiones y planteamientos sobre los temas de la agenda”.    

El ELN en su respuesta reveló que la postura de la delegación del Gobierno en la mesa de Quito es buscar siempre imponer sus planteamientos, desconociendo un elemento central de toda negociación y es que las partes dialogantes deben reconocerse como interlocutores políticos, lo que implica que a los acuerdos se llegan por decisión de ambos y no por imposiciones de uno de ellos. A su vez dicha insurgencia ratificó que solo mediante la unión de voluntades y esfuerzos compartidos, la sociedad logrará la presión suficiente para hacerse escuchar en la mesa.

Invisibilizar para negar la participación
Según fuentes cercanas a la mesa, así como a las iniciativas de Paz que insisten en la participación, la respuesta del ELN, en la que hicieron públicos varios detalles de la negociación, no fue del agrado del Gobierno, pues este insiste en que dicho proceso debe ser confidencial y de espaldas a la sociedad. Es por ello que los medios masivos de comunicación, afines a los intereses de los sectores dominantes del país, poco despliegue dan a lo que se discute en Quito entre el Gobierno y la Insurgencia, y logran de ese modo aislar el proceso de la gente, y que la sociedad no pueda incidir, para presionar así al ELN hacia una negociación rápida que no toque los problemas que a la sociedad le competen. Se trata de aplicar una fórmula basada en la premisa de “lo que no ves, no existe” y así, si el conjunto de la sociedad colombiana no puede ver ni saber lo que se discute y cómo se discute en dicha mesa, termina por volverse inexistente dicho espacio y de ese modo mantenerla al margen del mismo.


Por ello las organizaciones sociales, las diversas iniciativas de paz y todos y todas quienes le apostamos a la construcción de la paz con cambios, con participación significativa y decisiva de la sociedad, no solo estamos llamados a presionar y exigir dichos espacios de participación, sino también a exigir que la mesa tenga un carácter más público; que tenga un cubrimiento por parte de los medios de comunicación, acorde con la importancia que tiene para el país el estar discutiendo acuerdos en la búsqueda de la solución política y la paz; que haya equilibrio en el manejo de la información, dando a conocer de igual manera los planteamientos del Gobierno como de la Insurgencia, y mucho más, los de la sociedad.

Pero no basta con ello. Es necesario que quienes estamos por la solución política y acompañamos estos diálogos, del mismo modo que se acompañaron los de La Habana, nos movamos para exigir la implementación de los acuerdos alcanzados entre FARC y Gobierno, sin más dilaciones y triquiñuelas por parte del establecimiento, a la vez que se exige el cese bilateral al fuego entre el ELN y el Gobierno. Esto implica no solo que se detenga el accionar de la insurgencia para generar un clima favorable hacia la paz, sino también, de manera prioritaria, que frenen los asesinatos y criminalización de líderes y lideresas sociales, y que el Gobierno se comprometa en el desmonte efectivo del paramilitarismo y todas las formas estructurales de terrorismo de Estado, porque de lo contrario, si en la búsqueda de la paz, las clases que nos han gobernado por 200 años no son capaces de renunciar a la violencia como forma de hacer política: ¿Qué tipo de paz podríamos esperar?

Se cierra el primer ciclo de negociaciones en Quito entre el ELN y el Gobierno Nacional, sin embargo en el país del sagrado corazón el auditorio para el tema de paz, participación, democracia y transformaciones que requiere la Nación está casi vacío. Algunos se fueron para la marcha uribista contra la corrupción (así suene a chiste), otros están en Mocoa llorando los muertos que se habrían podido evitar si a esta élite que gobierna, donde se incluyen los uribistas, algún día le hubiera interesado la gente pobre; los demás siguen rebuscándose en medio de una economía en quiebra la posibilidad de algún empleo precarizado. Definitivamente las élites siguen gobernando en un ambiente de ensueño, un lugar de zombis en donde cada uno camina porque ve caminar, en donde cada uno mira para otro lado cuando se le llama a tomar su responsabilidad en la reconstrucción de un país saqueado por la clase política, y ofrecido por esta a las transnacionales.

Los medios masivos de desinformación juegan al ritmo de los desastres, como aves carroñeras están ahí listos para devorar los restos del moribundo país. Igual que en el proceso de diálogos con las FARC, en la mesa con el ELN no le apuestan a la pedagogía de paz, ni a la verdad, ni a la memoria ocultada; le apuestan a la desesperanza, a la tragedia, a la construcción de discursos contrainsurgentes, en favor de las transnacionales y en contra de los movimientos y luchas ambientalistas que defienden el agua, la tierra y la vida. En ese marco ocultan más de 160 asesinatos de líderes y lideresas sociales en el último año.

Desastres como los de Mocoa y el robo descarado de billones de pesos al erario público a manos de la élite oligarca, antes que servir para desenmascararla, se convierten en materia prima de una prensa amarillista que vende en sus páginas cadáveres y espectáculos bochornosos, en los que el fondo, el humanismo y el contexto se pierden, y los responsables quedan con la cara más limpia que antes.

Este desastre generalizado solo lo enfrentan con grandeza los campesinos de Cajamarca en contra de la todopoderosa Anglo Gold Ashanti; el pueblo ibaguereño que hace lo propio para que su municipio no sea concedido a las explotaciones mineras; los movimientos sociales del Oriente antioqueño asociados en el Movete, que luchan y obtienen pequeñas pero valiosas victorias contra la proliferación de hidroeléctricas en sus territorios; los campesinos del Quimbo y  los que están en contra de Hidrosogamoso; las comunidades urbanas en contra de la minería en los cerros orientales de Bogotá, entre otras decenas de organizaciones y comunidades, que son ejemplos de dignidad popular.

O sea que participar sí sirve. Las comunidades lo vienen haciendo por siglos, pero al parecer ni ellas mismas creen en su poder inconmensurable, y también es entendible porque es una participación sufrida, que cuesta sangre, muertos, y demasiado esfuerzo. Para las organizaciones sociales y populares el sabor dulce de ganar una batalla, casi siempre se amarga en la boca con la hiel que producen los golpes y las muertes. Aunque se le pueda ganar con la participación a las élites, es fácil adivinar por qué las comunidades no emprenden esas iniciativas más a menudo. La verdadera participación lleva una alta dosis de pragmatismo, de acción real, de lucha callejera, de movilización, y las clases políticas asesinas que gobiernan lo saben y se encargan de que la participación de calidad cueste víctimas. Y esto es porque las élites le tienen pánico a la democracia, porque esta les arrebataría sus privilegios.

No hay otra razón para explicar la actitud evasiva y mezquina de la oligarquía a la hora de cumplir los compromisos adquiridos en medio de los procesos de paz, en materia de pedagogía, educación y promoción de ambiente de paz, y a la hora de incentivar la participación ciudadana, y la democracia en la toma de las decisiones más importantes del país en materia económica, política y social.

El gobierno ha firmado miles de compromisos con los movimientos sociales, con los campesinos, con los indígenas, con los afrodescendientes, y por miles los ha incumplido. También lo hizo en las agendas de paz con las guerrillas, y estos incumplimientos no afectan solamente a los líderes, a sus organizaciones, y a los insurgentes, sino a toda la Nación. Por varias razones: porque alimentan una cultura de la trampa, del atajo, de faltar a la palabra; ahondan los problemas por los cuales la sociedad se moviliza; profundizan la antidemocracia, la desigualdad; evitan el debate necesario y rico de las transformaciones que requiere el país; desgastan a la administración de justicia, al propio Gobierno; promueven la salida violenta a los conflictos sociales y armados. En general esta es una pésima medida para una sociedad que pide a gritos los cambios.

El Gobierno ha dicho públicamente que uno de los objetivos en el proceso de paz en Quito es sacar la violencia de la política, y sería fundamental que la sociedad entera comprara ese debate. Las organizaciones políticas, la fiscalía, los organismos de control, entre otros, deberían iniciar un examen detallado de cómo, quiénes y en qué circunstancias han utilizado las armas para tomar el poder político, económico y militar, y a quiénes ha beneficiado esa práctica; quién ha elegido en el Congreso de la República hasta un 35% de paramilitares, cómo lo hizo y para qué; quiénes han asesinado más de tres mil sindicalistas en los últimos 20 años y con qué fin; quiénes eliminaron más de cinco mil militantes de un partido político de izquierda; quién asesinó de manera desalmada a por lo menos 5300 personas y las hizo pasar por muertos en combate; quién responde por la política de salud que deja morir a los ciudadanos en las puertas de los hospitales; quién ha provocado tanta desigualdad y pobreza en el país. Tal vez, señores del Gobierno y de la oligarquía, sea el momento de sacar la violencia no solo de la política sino de nuestros territorios y de nuestras ensangrentadas vidas.

Tuesday, 04 April 2017 19:00

Desinformados

Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional avanzan, y la característica principal de este proceso, hasta el momento, ha sido la falta de información hacia la sociedad. Poco se sabe desde que los medios masivos de información, como en una carrera, compitieron para ver quién restaba más créditos y presionaba de mejor manera a la insurgencia para que decretara un cese al fuego unilateral, luego que esta se atribuyera los ataques en Bogotá, en los que resultó muerto un policía.

Sólo se sabe que los diálogos “van bien”, que avanzan “en condiciones óptimas”, y que esperan lograr pronto un cese bilateral, según palabras de los jefes negociadores de cada una de las partes. Así mismo, que una comisión del Polo Democrático viajó a Quito para entregar una propuesta que contribuiría en el camino para dicho propósito. Además, que las dos delegaciones se han reunido con los garantes de otros países y con una comisión de obispos colombianos que apoyan el proceso de paz, y que el guerrillero Alirio Sepúlveda viajó a mediados de marzo desde Colombia para integrarse a la delegación de paz del ELN.  

También se sabe, gracias a un saludo que dio el negociador del ELN, Aureliano Carbonell, en el Seminario Nacional por la Unidad en Bogotá, donde estaban reunidos representantes y delegados de diversos sectores sociales y políticos del país, que en este momento la mesa de conversaciones  se encuentra en un primer ciclo que terminaría a principios de abril, y que gira alrededor de dos temas: uno, sobre dinámicas y acciones humanitarias para lograr acuerdos bilaterales que disminuyan la intensidad del conflicto, y dos, sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, lo cual es para la guerrilla el corazón del proceso.  Pero estos avances, importantes y benéficos para el proceso, han pasado desapercibidos o han sido cubiertos de manera desinteresada por los medios masivos de información. Paradójicamente, en los últimos días solo resuena que el Ministro de Defensa atribuyó al ELN la muerte de líderes sociales.  

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, con motivo de un encuentro de periodistas que cubren el proceso de paz, envió un saludo en el que advirtió que “sin información no hay participación”, y se refirió a tres estereotipos reproducidos en la matriz mediática que impiden un reconocimiento de los alcances del proceso de paz con esta guerrilla. El primero, dice Beltrán, es considerar que este proceso y el de las FARC son una estafa; el segundo es que en los diferentes intentos de diálogo con el Gobierno, el ELN no llega a nada; y el tercero, que con el acuerdo entre el Gobierno y las FARC ya hay paz completa, y por lo tanto con el ELN no habría que negociar nada nuevo.

Es por eso que la preocupación de algunos sectores sociales, promotores de una participación activa y vinculante de la sociedad, es que la desinformación y el miedo opaquen la necesidad de seguir construyendo la paz de Colombia, con todas las transformaciones necesarias. Información completa y verídica será entonces un gran aporte en este camino para que la sociedad se entere, participe y decida de manera activa sobre el futuro del país.

Tuesday, 04 April 2017 19:00

La JEP pasó por el Congreso

Tras el aplazamiento a falta de quórum, los debates acalorados y el pulso de poder entre los partidos de la Unidad Nacional, el pasado lunes 14 de marzo  el Senado de la República aprobó  en cuarto debate el proyecto de reforma constitucional que da vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  el cual incluye a la sonada Jurisdicción Especial de Paz -JEP- acordada entre el Gobierno y  las FARC durante el proceso de paz. La JEP según su ponente, Roosvelt Rodríguez del partido de la U, podrá “investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de conflicto". Su  aprobación se dio  a través del mecanismo de Fast Track, el cual no sólo bajó el número de debates sino que también limita cualquier modificación del articulado a la aprobación del Gobierno.  

Este debate final tomó casi ocho horas y contó con las distintas voces de los partidos. Durante su intervención el senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, calificó esta sesión como un deber histórico del Congreso. “Ese deber histórico consiste en romper el ciclo de eterna  impunidad que ha habido en Colombia con relación al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las graves violaciones de derechos humanos, que han sido perpetrados por décadas por parte de agentes estatales, miembros de grupos insurgentes, estructuras paramilitares y que han contado con la anuencia, el apoyo, la financiación de empresas y de particulares en distintas regiones del país”, enfatizó Cepeda, mientras en las gradas, la ciudadanía, entre ella las víctimas del conflicto, le exigían aprobar al pleno de la corporación este proyecto.

El proyecto de acto legislativo no pasó en blanco, la puja de los partidos que dificultó en principio la realización de los debates se reflejó en una serie de proposiciones que el  Gobierno tuvo que aprobar, la mayoría  provenientes de miembros de Cambio Radical, o cercanos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, como el Fiscal General de la Nación.  Entre los cambios quedó la incertidumbre sobre la posible inhabilidad para participar en política de miembros de las FARC, de acuerdo a las sanciones y las obligaciones que imparta el Tribunal de Paz;  también se blindó de manera específica a terceros que se sospeche hayan participado o financiado a grupos armados paramilitares, a quienes no se les podrá ordenar comparecer sólo con informes y a quienes se deberá comprobar una “participación determinante” en acciones de dichos grupos.

Esta serie de cambios generaron malestar en algunos congresistas, y en las mismas FARC. En la mañana siguiente al debate, en su cuenta de Twitter, Iván Márquez  manifestó: “Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón”.

Con la ya acostumbrada abstención del Centro Democrático, fue aprobada esta reforma constitucional con 62 votos a favor y 2 en contra, y paradójicamente quienes se opusieron fueron los senadores de la Alianza Verde, Claudia López y Antonio Navarro Wolf. Este último dijo que votó así para llamar la atención, no porque estuviera en contra de la JEP, “la ponencia mayoritaria decía que era obligatorio presentar a la JEP los casos de financiación voluntaria de paras ¿Por qué lo excluyeron?... La financiación voluntaria de paras por la Chiquita Brand fue declarado delito de lesa humanidad, ¿porque excluyen hechos similares de la JEP?”, preguntó el senador y exguerillero del M19.

El pasado 29 de marzo se aprobó la conciliación del texto final entre cámara y senado, ahora resta la evaluación de la Corte Constitucional, para así poder continuar la discusión de la  Ley Estatutaria que desarrollará la aplicación de la justicia transicional,  y su entrada en vigor, a la que aún le falta.

Tuesday, 28 March 2017 19:00

Editorial 126: Ronda el miedo

Se siente en el ambiente, se deja ver por todos los rincones, se toma los noticieros, las páginas de los periódicos, los programas de radio, y especialmente el espacio por el que navegan a diario miles de millones de mensajes. Es el miedo, el contenido básico de un discurso que se vende en todos lados, a diario, y que busca normatizar a la humanidad, uniformarla, ponerle en su boca las mismas palabras, en su cerebro una sola y única forma de pensar y actuar.

El miedo no solo paraliza sino que impulsa a abrazar al más fuerte, a sumarse a sus causas, así estas vayan en contra de la justicia, de la libertad y las transformaciones. El miedo empuja a abrazar el atraso y la violencia. El miedo ya no es solo una forma de protección y de preservación de la humanidad, es un arma letal en manos del sistema y se mueve vertiginoso por sus venas: los medios masivos de información.

Y no es de ahora, el miedo ha estado ahí siempre. En la iglesia, en la escuela, en el hogar, en la política que siempre se ha hecho con armas y en el poder que se soporta en ellas y en el miedo que provocan. Los Estados y sus regímenes han impuesto una estructura social, económica y política injusta, y han construido un andamiaje ideológico, una forma de pensar que permite aceptar y defender ese estado de cosas; lo han hecho a sangre y fuego, y con sutiles formas en las que el miedo está siempre presente. Primero, el miedo al comunismo justificó en América Latina las dictaduras militares de los años 70, y la intromisión de los Estados Unidos en Centro América para evitar las revoluciones en en los años 80 y parte de los 90; después llegó el miedo al terrorismo en el mundo entero a partir del 2001, cuando fueron derribadas las torres gemelas, y se le dio patente de corso a los Estados Unidos para invadir a Irak y Afganistán en busca de armas químicas de destrucción masiva, y del responsable de derribar las torres.

Y en nuestro maltrecho país, las élites se convirtieron en maestros del uso y el abuso de ese dispositivo, instalado en los cerebros de la gente. Aquí se combinan todos los miedos al comunismo, al narcoterrorismo, y a un tal castrochavismo que nadie sabría explicar, pero al que le tienen miedo. Ese miedo a lo que la gente no sabe qué es ni cómo opera es lo que ha permitido a las élites la morbosa concentración de la riqueza en sus manos y la vergonzosa pobreza en las de la inmensa mayoría. Y es lo que ha impedido por décadas la construcción de una propuesta social y política fuerte, y el levantamiento popular en contra de esas élites. ¿O de qué otra manera podríamos explicar la sumisión y la paciencia con la que colombianos y colombianas soportamos toneladas de injusticias todos los días de nuestras vidas?

En un artículo, el periodista mexicano Luis Alberto Rodríguez, quien usa el seudónimo “Alberto Buitre”, presenta los fundamentos de un médico, neurobiólogo y científico social noruego, Gernot Ernst, para explicar las razones por las que las mayorías en el mundo se están sesgando hacia comportamientos conservadores, reaccionarios, de derecha. Según Ernst, “el contexto social actual es el caldo de cultivo para esto. Internet literalmente bombardea con mierda los cerebros de las personas… las redes están plagadas de pseudoargumentación, generan egoísmo y con ellas es fácil burlarse de asuntos realmente serios, como una tragedia humana, un acto de corrupción política, y la lucha de un grupo de personas por sus derechos… Y los más peligroso de todo: generan miedo. Y el miedo es la materia prima de la derecha”, y dice además que “la derecha crea enemigos abstractos: Migrantes, homosexuales, mujeres, anarquistas, y en ellos se funda el miedo, y un candidato o candidata de derecha aparece como una figura paternal que es capaz de arreglar tus problemas. Provoca patriarcado”. Y al padre, dice, se le cree todo.

Aram Aharonian, periodista e investigador uruguayo, experto en temas de comunicación, explica en su libro “El asesinato de la verdad” cómo es que vivimos en una sociedad conectada, espiada y controlada, a través de un multimillonario negocio monopolizado por seis grandes transnacionales de la comunicación, que incluye la web, el internet y todas sus derivaciones. Millones de mensajes que se mueven a diario en ese universo virtual suman a la estrategia de construcción de un discurso único, basado en un nuevo concepto que se abre camino, el de la post verdad, que consiste en alimentar a las sociedades con información que atienda a las emociones, las creencias y los imaginarios personales por encima de los hechos objetivos. Es decir que hoy en día preferimos que nos mientan de manera reiterada, y lo peor es que somos conscientes de ello.

Detener esta difícil realidad, por supuesto, no es tarea fácil, ya que se trata de un acumulado que durante décadas ha elaborado detalladamente el sistema y sus élites. Su mayor logro es el individualismo como una religión; ponernos a pensar solos, por separado, a tener amigos y amigas virtuales que se consiguen por las redes, a los que casi nunca podemos abrazar ni besar; impulsarnos hacia la competencia por alcanzar niveles de riqueza y reconocimiento. Nos tienen sentados y sentadas frente a un dispositivo digital o electrónico en donde recibimos sus instrucciones egoístas.

Aunque pareciera que no hay salida, podríamos insistir en un elemento básico para escapar de la burbuja, advirtiendo que por básico no es sencillo, así como en el fútbol “lo más difícil es hacer la jugada fácil”. Pero hay que intentarlo. Para escapar del opresor y del esclavo que tenemos por dentro es necesario pensar en colectivo, relacionarnos con gente de carne, hueso, y corazón; desarrollar pensamiento y economía propia, sospechar de la “verdad” mediática, atrevernos a pensar y actuar diferente; participar en los espacios sociales que plantean transformaciones y otras formas de hacer la política; construir procesos de comunicación popular y medios propios; desarrollar en nuestros territorios formas de autogobierno. En suma, se trata de creer en nosotros y nosotras mismas y construir poder popular.

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